ACCION AUTONOMA DE NULIDAD - COSA JUZGADA IRRITA -   REVISIÓN DE LA SENTENCIA FIRME - SENTENCIAS CON PRUEBAS FALSAS - REVISIÓN COSA JUZGADA - PROCESO FRAUDULENTO -  LA JUSTICIA O LA SEGURIDAD JURÍDICA -  FRAUDE PROCESAL -  PRECRIPCION ACCION AUTÓNOMA

LA DEIDAD JURÍDICA DE LA COSA JUZGADA Y LA ACCIÓN AUTÓNOMA DE NULIDAD - LA LLAMADA COSA JUZGADA IRRITA. DESCARGA EN AUDIO TEXTO IMPLICA QUE LO PUEDE ESCUCHAR AL TEMA POR INTERNET O DESCARGAR ESTE CONTENIDO EN AUDIO EN SU PC. 

Por el doctor Juan Carlos Muse Generch.

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Introducción.

 

La revisión de la sentencia firme.

 

Los cuestionamientos y condicionamientos.

 

El problema subjetivo del acto fraudulento.

 

El cuestionamiento del plazo de caducidad y el de prescripción.

 

Jurisprudencia en materia de prescripción.

 

Jurisprudencia Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

¿Se admite la acción autónoma de nulidad sólo por motivos de fraude, y falsedades incorporadas al procedimiento que ocasionan su desvío y/o otras circunstancias subjetivas en la jurisprudencia?

 

¿Puede la acción autónoma de nulidad presentarse en un incidente o en otro proceso, por ejemplo, en la verificación de un crédito de una sentencia írrita?

 

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Introducción.

 

Como sabemos se llama cosa juzgada a la sentencia insusceptible de ser revisada por adquirir firmeza en virtud de no haberse sometido a ésta, a instancias superiores que la revisen en cuanto a su acierto o error. Sin embargo, suelen presentarse situaciones, donde, en el proceso civil de cognición, las partes conciertan un proceso que en su origen, es inexistente, con el supuesto objeto o fin de perjudicar a terceros, o hacer brillar un determinada posición jurídica y, las impensables formas en la que las partes involucradas en un juicio, aparente, pero no real, conciertan en virtud de otros intereses, un litigio falso. Otras veces una de las partes engaña a la otra, mediante ardid procesal, por ejemplo, acompañando prueba documental falsa, la que, procesalmente, es admitida como verdadera, en virtud de un resto de pruebas adicionales, como testimonios e informes, que llevan a la falsa convicción a un juez, de tener que sentenciar en un sentido injusto.

 

La doctrina de los autores que han admitido a la acción autónoma de nulidad como Morello y Berizonce, ponen de relieve la cuestión de la justicia de la decisión.

 

El problema se centra en un proceso viciado, por algún tipo de falsedad en la realidad de los hechos materia de investigación y, posterior de decisión judicial. El tema se cierne entonces en una sentencia que, por no cumplir una labor de pacificación social, no hizo a la justicia. La mayor parte de los procesalitas ponen condicionamientos a la revisión de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

 

La revisión de la sentencia firme.

 

Una vez concluido un debate en juicio y agotadas las instancias, su prosecución no puede proseguir, en principio. No hay nada específicamente regulado en el sistema procesal argentino respecto a qué sucede si a posteriori, de una etapa procesal, se determina la existencia o inexistencia o inexactitudes de elementos probatorios, o, de la falta de alguna notificación, que ha colocado a una de las partes en indefensión, o si se ha extraviado algún escrito del expediente en el que se materializa el proceso. O se ha determinado un ardid, un engaño, que incluso puede extenderse a una cuestión documental, incluso de documentos obrantes en poder de una de las partes, o se ha demostrado que una pericia, no es tal, por, ejemplo, no ser el perito experto en la materia llamada a investigar, no estar en las listas oficiales, etc. En definitiva, algún vicio que lleva al juez a ponderar los elementos obrantes en el expediente en un sentido que hubiese sido distinto, de tener la verdad en el cuerpo del expediente, o, a lo menos, lo que se da en denominar, la verdad formal.

La admisión de la revisión de la cosa juzgada, o sea aquella sentencia que quedó notificada y firme, sea definitiva o interlocutoria, es poco admitida. En algunos casos como en el del maestro Palacio, la parte deberá promover un incidente de nulidad. Un incidente, o sea un proceso dentro del otro, o lo que es lo mismo que decir, no es factible un medio de impugnación sino dentro de los plazos de los procesos madre. aunque posteriormente admitió que luego de la sentencia pudiera ser factible un nuevo dictado de la misma en un comentario a un fallo publicado en La Ley 1997-E-584 titulado "La cosa juzgada fraudulenta y los límites temporales de su impugnación"

En general ha habido una fuerte resistencia a la admisión de un proceso autónomo, con independencia funcional del proceso principal, o se ha concedido la posibilidad bajo severos cuestionamientos.

 

Los cuestionamientos y condicionamientos.

 

O bien porque este tipo de proceso no se encuentra legislado para los procesos judiciales en sí, pero sí para los laudos arbítrales ( Alsina, Tratado, T. I., p. 668 ), Podetti, en igual sentido ( Tratado de los actos procesales, t II, p. 484 ). Chiovenda ha sostenido la posibilidad de la revisión teniendo en cuenta que la llamada "cosa juzgada" se debe considerar en función de su utilidad y oportunidad poniendo de resalto la justicia ( Instituciones, t. II. p. 405 ), Carnelutti, que la admite cuando la sentencia se ha hecho intolerable, o socialmente intolerable y considera solamente la hipótesis de una decisión aparente y no real, como consecuencia de un proceso ficto y arreglado entre las partes. Rosemberg quien la admite en circunstancias graves, o Couture ( Fundamentos pág. 386 ), como una acción revocatoria en caso de dolo o colusión.

Esta resistencia, o circunscripciones, que, como veremos, importan también una limitación en el tiempo ( un tiempo de interposición de la demanda en virtud de caducidad de la acción o de prescripción de ella ), es notable por parte de los procesalistas. Se advierte, a partir de que, el proceso es una herramienta para la justicia, por lo que no es poco habitual que los jueces mismos entiendan o crean entender que, mediante el proceso mismo y el Derecho Procesal, se llega a una sentencia justa, o así, a lo menos, lo crean. Se trata de una costumbre muy arraigada, que trae, a mi consideración, una suerte de deificación de la cosa juzgada. Coincido con Alberto Luis Maurino, en "Nulidades procesales" en pág. 297 cuando dice: "El planteamiento de procedencia de una acción de nulidad contra la sentencia firme, vuelca el terreno de la discusión dos disyuntivas clásicas" "La primera de ellas se pregunta si la cosa juzgada es intangible o no. La segunda, de carácter axiológico, coloca al jurista en la opción entre los valores justicia o seguridad. Y este discurrir teórico resulta vital para dar luz a la cuestión". Señala, seguidamente "En relación con la dicotomía axiológica justicia - seguridad, no es tal. No hay valor y disvalor que se polaricen"

De todos modos, la necesidad de un fraude, en el que se apoya Couture, y otros elementos subjetivos, no entiendo, no alcanzo a comprender qué tienen en relación al valor justicia, como tampoco la necesidad tan acentuada de una legislación específica.

¿No podría basarse sobre un error en un elemento de prueba, por ejemplo un informe judicial cuya errática respuesta podría dar lugar a interpretaciones equívocas y sin necesidad de el elemento doloso? ¿Por qué reparan los procesalistas en los elementos subjetivos de los actos procesales? ¿Por qué los condicionan a favor de terceros como Couture?. Un oficio, solicitando informes a una entidad pública o privada que es prueba vital, y que se puede advertir en un grave error decisivo para el sentido de una sentencia ¿Que le agrega o qué le quita el elemento doloso o fraudulento? La parte queda afectada, y con ello su consabido derecho de defensa en juicio. Y de esta afectación surge naturalmente la nulidad, sea cual fuere la forma en que se instrumente.

 

El problema subjetivo del acto fraudulento.

 

Entiendo que, mediando cualquier vicio, que implique una indefensión, que pudo dar origen a una sentencia de otro sentido, hace factible la procedencia de la acción autónoma de nulidad. En este sentido no es dable deificar de tal manera al proceso, que tenga que existir y demostrarse un concilio fraudulento, la intención de afectar intereses de terceros, la cosa juzgada, se convierte en una injusticia que afecta a la paz social, y, debo señalar, que, para nuestro ordenamiento constitucional, de neto orden liberal, con destino a la protección del individuo y sus derechos y garantías, por la seguridad jurídica, de jerarquía colectiva, no es dable aceptar que la retórica colectivista se imponga sobre la base del sacrificio del individuo y sus derechos, en ofrenda a la seguridad jurídica, o, lo que es lo mismo que decir, social. Es imponer un concepto netamente autoritario, propio de una visión colectivista, por encima de dichos derechos y garantías del individuo, consagradas ya en el inicio de nuestra Carta Magna, en el preámbulo mismo, operativo per se. Y ni que hablar de los tratados internacionales en la materia.

El sacrificio del individuo o de sus derechos "por la sociedad" es ajeno a nuestro sistema, propio de los regímenes colectivistas, en los que impera una corriente filosófica racionalista, inaceptable para nuestra constitución formal y material, teniendo en cuenta el cúmulo de derechos subjetivos que el individuo tiene contra la sociedad habiéndose llegado a la altura de los llamados derechos sociales, o sea lo que surgen a partir de la evolución del Estado gendarme, al Estado de bienestar. Son los derechos del individuo con respecto a la sociedad jurídicamente organizada ( Estado ) y no constituye el Estado, ni por asomo, en "imperator", de los derechos del individuo y del ciudadano. Según BIDART CAMPOS "lo que realmente existe en el mundo y, por ende, en la sociedad y en el Estado, son hombres individuales, hombres concretos, de carne y hueso, Hay Estado porque hay hombres; sin ellos, realidades sustanciales cada uno, con singularidad existencial, no habría Estado, que es el todo" Germán J. BIDART CAMPOS Teoría general de los Derechos humanos, pág. 169 .

Imponer a la cosa juzgada, por un principio de seguridad jurídica, las estabilidades que proponen muchos procesalistas, involucra un orden tan rígido que los derechos de las personas, conculca a favor de una retórica colectivista.

Por ende, a la inversa que todos los procesalistas, propongo la idea de una amplia admisión de la revisión de la cosa juzgada, sin condicionamientos tales como culpa, dolo, concierto fraudulento, plazo de caducidad, plazo de prescripción. El autor precitado, ob. citada: Alberto Luis Maurino, restringe siguiendo a Berizonce citándole en pág. 300 en ( Medios de impugnación de la cosa juzgada, "Revista del Colegio de Abogados de La Plata", enero- junio de 1971, t XII, nro. 26, p. 259 y siguientes" lo que señala pautas concretas y dice al respecto, que las mismas son: a) Una acción autónoma, b) "Es la cosa juzgada con vicios intrínsecos ( dolo, violencia, fraude o simulación prohibida ), c) Legitimación Procesal: Pueden solicitar la nulidad las partes afectadas, los terceros perjudicados y el Ministerio Público, sosteniendo en el punto siguiente que el tipo de procedimiento a seguir, de carácter ordinario y dividido en dos etapas ( una destinada a la investigación del vicio, otra al dictado de una nueva sentencia ). Pero estos elementos subjetivos ( dolo, violencia, fraude o simulación prohibida ), condicionan a la acción, de una manera tal, que es realmente muy difícil la proposición de la existencia de este tipo de proceso, considerando, especialmente, que el error puede tener origen en independientes fuentes, y la sentencia incurrir en injusto, grave, leve o gravísimo, no importando la mancha que se deje a la cosa juzgada - como se ha propuesto - o a la seguridad justicia, si, por "afianzar la justicia" se obligará a los magistrados, de otra manera, a redoblar los esfuerzos tendientes a establecer la verdad material, que, es la que en oriente y en occidente, imperan para la conocimiento y decisión de las causas. Al decir de Alberdi: "No basta que la Constitución contenga todas las libertades y garantías conocidas. Es necesario, como se ha dicho antes, que contenga declaraciones formales de que no se dará ley que, con pretexto de organizar y reglamentar el ejercicio de esas libertades, las anule y falsee con disposiciones reglamentarias. Se puede concebir una constitución que abrace en su sanción todas las libertades imaginables; pero que admitiendo la posibilidad de limitarlas por la ley, sugiera ella misma el medio honesto y legal de faltar a todo lo que promete"  "Temer que los tratados sean perpetuos, es temer que se perpetúen las garantías individuales en nuestro suelo. El tratado argentino con la Gran Bretaña ha impedido que Rosas hiciera de Buenos Aires otro Paraguay". "No temáis enajenar el porvenir remoto de nuestra -92- industria a la civilización, si hay riesgo de que la arrebaten la barbarie o la tiranía interiores. El temor a los tratados es resabio de la primera época guerrera de nuestra revolución: es un principio viejo y pasado de tiempo, o una imitación indiscreta y mal traída de la política exterior que Washington aconsejaba a los Estados Unidos en circunstancias y por motivos del todo diferentes a los que nos cercan". No está por demás citar al art. 7mo. de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano: "Todos somos iguales ante la ley y tenemos, sin distinción, derecho a igual protección de la ley". Considerando, el que escribe, que este derecho, no puede ser vulnerado generando desigualdad de situaciones por medio de la seguridad jurídica, que bien que tambalea, cuando de sentencias anómalas se trata. Por lo contrario de lo que sostiene la mayor parte de los procesalistas. La doctrina judicial no requiere mas que el error grave, no imponiendo la carga de tener que demostrar dolo o culpa. Así se ha decidido sin miramientos de esta índole, en los autos Pérez Alfredo Hipólito c/ Bank Boston Association Partes: Pérez Alfredo Hipólito c/ Bank Boston Association s/ acción autónoma de nulidad Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora Sala/Juzgado: I Fecha: 3-mar-2011 Cita: MJ-JU-M-63095-AR | MJJ63095 | MJJ63095 A través de la acción autónoma de nulidad no se pueden cubrir negligencias de las partes, pues el motivo que autoriza la revisión de la cosa juzgada debe ser siempre una auténtica novedad respecto del proceso donde se dictó la sentencia que se impugna.” Sumario: 1.-Por la vía de la acción autónoma de nulidad no puede pretenderse ni la reiteración de juzgamiento, ni el reexamen del mismo estado de cosas ya valorado, sino por el contrario, el estudio de una nueva situación fáctica respecto del mismo caso, mas siempre que tales nuevos elementos de juicio que pueden llegar a modificar el conocimiento son descubiertos o lle-gan al conocimiento o son creados con posterioridad al fallo pasado en autoridad de cosa juzgada. 2.-No se trata de cubrir negligencias de las partes de un proceso a través de una demanda de este tipo, pues el motivo que autoriza la revisión de la cosa juzgada debe ser siempre una auténtica novedad respecto del proceso donde se dictó la sentencia que se impugna, sea que se trate de un hecho nuevo o, cuanto menos, que sea nuevo el conocimiento que de él tenga la parte que lo promueve. 3.-Las distintas posturas asumidas por el quejoso denotan que no existe una sentencia o resolución írrita -presupuesto base para promover la acción autónoma de nulidad como se ha hecho-, sino una esforzada pretensión de modificar un estado de cosas, circunstancia que excede el marco de la acción planteada. Pérez Alfredo Hipólito c/ Bank Boston Association s/ acción autónoma de nulidad Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Za-mora Sala/Juzgado: I Fecha: 3-mar-2011 Cita: MJ-JU-M-63095-AR | MJJ63095 | MJJ63095

 

El cuestionamiento del plazo de caducidad y el de prescripción.

 

En consideración con lo expuesto, considero, aún, contra el derecho comparado, que no corresponde computar plazos de caducidad o de prescripción. Es de recordar que, la caducidad es un medio de extinción automática de la acción, no dispensable, como sí lo es el plazo de prescripción, que supone el abandono del ejercicio de un derecho. La primera puede ser declarada de oficio, mientras que la segunda a petición de la parte interesada. La primera extingue definitivamente el derecho, mientras que la segunda, sólo la acción judicial. Una es un cómputo matemático de tiempo, o ello comporta, mientras que la prescripción liberatoria, supone, en exégesis, el abandono de un derecho.

En este orden de ideas, y, como he señalado, contra el Derecho Comparado, no me resulta aceptable el plazo de 60 días establecido en el Derecho Español, en la partida 3ra, Título XXVI, Ley II, como tampoco el plazo de prescripción bienal que menciona Peyrano en "El proceso Civil", pág. 195 y siguientes. Sencillamente por cuanto el art. 4030 del Código Civil, se refiere a genéricamente a la responsabilidad extracontractual, proveniente de hechos ilícitos que dan lugar, precisamente a la promoción de acciones judiciales. En este supuesto, habrá que respetar el plazo de prescripción para el ejercicio del derecho por vía judicial, mientras que, en el caso de la acción autónoma de nulidad, de lo que se trata, es de una desviación procesal, como bien sostiene Peyrano ( ob. cit. ) y ésa es la fuente, y no el acto ilícito, el que da lugar a la acción autónoma de nulidad. Transcribo el contenido del mencionado artículo por los condicionamientos de la doctrina procelista quiere imponer, por esa visión, deificadora, en el sentido de que el proceso, es una herramienta para la sentencia justa, pero, ponen en mal camino toda la fe en el mismo. Esa disposición dice: "La acción de nulidad de los actos jurídicos, por violencia, intimidación, dolo, error, o falsa causa, se prescribe por dos años, desde que la violencia o intimidación hubiese cesado, y desde que el error, el dolo o falsa causa fuese conocida". Como vemos, el derecho de fondo es mas amplio que el doctrinario procesal, al admitir la "falsa causa" además. Pero una cosa es hablar de "falsa causa" que puede ser efecto de la violencia, intimidación, etc. o no, y muy otra es hablar de una "falsa causa procesal", por cuanto si bien los actos procesales son, también actos jurídicos, ciertamente, lo que queda afectado, no son derechos disponibles, sino de instituciones que los procesalistas tanto defienden, como lo es, la cosa juzgada, institución, que no debe estar vacía del elemento justicia al que es llamado a responder el proceso en sí mismo como herramienta. Si admitiéramos un plazo de prescripción, como el propuesto, quedarían sentencias meramente aparentes, y, concluyentemente, con los mismos efectos que un contubernio doloso. Ninguna sentencia puede ser dictada, ni llamada a dictar por un magistrado, que no sirva para administrar justicia, sencillamente pondría a los jueces en papel de papagayos. No pueden constituir ni declarar derechos que jamás existieron.

Tampoco es admisible atender al derecho procesal uruguayo, el que, sólo contempla una suerte de fraude para un proceso inventando entre las partes o por dolo, fraude o colusión.

Las sentencias deben ser serias y dotadas de una orientación clara con sentido de justicia y no un elemento completamente vacío de contenido de justicia, por cuanto, si así pudiésemos animarnos a mantener que, en ello puede consistir una sentencia, o en ello puede quedar concluida la labor jurisdiccional, lamento decir que, entonces, esas sentencias, pueden ser dejadas de lado por acuerdo de partes, lo cual es un absurdo, desde que tal acuerdo, sólo puede ser anterior.

Mención aparte me merecen los derechos adquiridos en virtud de esa sentencia, con respecto a los terceros de buena fe. Pero, igualmente, la sentencia debe ser anulada, aún de oficio, por estar viciada ya la función judicial.

Con esta cuestión de la verdad formal y de la material, la única solución para una sentencia justa, es ésta última. La verdad formal, que suele mencionarse, por la doctrina procesalista, ya abolida en los países comunistas y, también en los capitalistas, no constituye mas que una retórica en función del avance del proceso y la incorporación de datos al mismo y al control letrado.

Las cuestiones ignoradas por la parte que pretende ejercer un derecho, pueden ser presentadas a cualquier juez, para la evaluación, como lo son, las amplias diligencias preliminares que establecen los Códigos Procesales ( desconocimiento de testigos, desconocimiento del demandado, desconocimiento del domicilio, de datos de la personalidad, del daño que eventualmente un hecho pueda generar ), todo lo cual debe ser evaluado prudentemente conforme al orden normal y ordinario de las cosas ( doctrina entorno al art. 901 del CPCC ): "Las consecuencias de un hecho que acostumbra suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas...".

Al respecto, debemos decir, que, las mencionadas diligencias preliminares no son taxativas, y si bien se mencionan algunas ( 1º) Que la persona contra quien se proponga dirigir la demanda preste declaración jurada, por escrito y dentro del plazo que fije el juez, sobre algún hecho relativo a su personalidad, sin cuya comprobación no pueda entrarse en juicio. 2º) Que se exhiba la cosa mueble que haya de pedirse por acción real, sin perjuicio de su depósito o de la medida precautoria que corresponda. 3º) Que se exhiba un testamento cuando el solicitante se crea heredero, coheredero o legatario, si no pudiera obtenerlo sin recurrir a la justicia. 4º) Que, en caso de evicción, el enajenante o adquirente exhiba los títulos u otros instrumentos referentes a la cosa vendida. 5º) Que el socio o comunero o quien tenga en su poder los documentos de la sociedad o comunidad, los presente o exhiba, 6º) Que la persona que haya de ser demandada por reivindicación u otra acción que exija conocer el carácter en cuya virtud ocupa la cosa objeto del juicio a promover, exprese a qué título la tiene, 7º) Que se nombre tutor o curador para el juicio de que se trate, 8º) Que si el eventual demandado tuviere que ausentarse del país, constituya domicilio dentro de los cinco (5) días de notificado, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 41. 9º) Que se practique una mensura judicial. 10) Que se cite para el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas." por un elemental derecho a la defensa en juicio, de los derechos, lo inadmisible, es la negligencia de la parte, pero no la imposibilidad de aumentar el número de diligencias so pena del detrimento al derecho de defensa, dado que la parte pudo haber actuado diligentemente, y, por algún motivo, necesita testigos, y no puede, sino acudiendo a la justicia, hacerse de los mismos, o de algún documento que haga a su derecho.

En este sentido, el procesalista Isidoro Eisner, señala: "Una obvia exigencia de buen sentido y economía aconseja al legislador no sólo crear diversos tipos de procesos que se acomoden a las modalidades de las cuestiones litigiosas que deben someterse a la composición judicial, sino también acordar facultades a los magistrados para escogitar y aun arbitrar el procedimiento que mejor se amolde a las distintas controversias, evitándose así que por el simple acatamiento a reverentes mandatos de la ley se deban utilizar estructuras y mecanismos absolutamente inadecuados, onerosos o superfluos con redacción al fin que en cada caso se persigue. Si bien somos partidarios del sistema de la legalidad de las formas, lo que en materia procesal importa una garantía de certeza y de respeto por los derechos del individuo al ser discutidos en instancia judicial, ello no significa que no hayamos comprendido los riesgos de todo exceso y. por tanto, los de la rigidez y del formalismo inerte y exagerado. Sin llegar al reclamo de la libertad de las formas que lleva implícito el peligro del desorden, de la anarquía y aun del abuso de la autonomía de la voluntad en perjuicio de la parte más débil, consideramos que a su vez cabe admitir la solución que nos ofrece el llamado principio de “elasticidad” del que se mostrara partidario Carnelutti al examinar las “Líneas Generales de la reforma del proceso civil de cognición”, con cita a este autor “Estudios de Derecho Procesal”, vol. 1, traducción de Santiago Sentís Melendo, E. J. E. A., 1952, p. 129.

Mas allá de lo expresado, la sentencia revisada, no puede afectar los derechos de terceros, conforme he expuesto.

Por otro lado,  he de citar los arts. 34,. 35 y 36 del CPCC Bs. As. semejantes al CPCC de la Nación, para que comprenda el lector, que todos los procesos judiciales se guían por estas normas básicas o gobernadoras, como si fueran una Carta Magna de los distintos tipos de procesos, e, incluso, alcanzando estas disposiciones, elementos normativos suficientes, para que, un magistrado, con esas solas normas, pueda llegar sin otra disposición específica, a dictar una sentencia justa. Por ello, mantengo, en que, esas normas, son suficientes para llegar al valor justicia, siendo, el resto, todas reglamentarias de las que he mencionado y transcribo:

Art. 34. - Deberes. Son deberes de los jueces:

1º) Asistir a las audiencias de prueba, bajo pena de nulidad, cuando cualquiera de las partes lo pidiere con anticipación no menor de dos (2) días a su celebración, y realizar personalmente las demás diligencias que este Código u otras leyes ponen a su cargo, con excepción de aquellas en las que la delegación estuviera autorizada.

En los juicios de divorcio y de nulidad de matrimonio, en la providencia que ordena el traslado de la demanda se fijará una audiencia a la que deberán comparecer personalmente las partes y el representante del Ministerio Público, en su caso. En ella el juez tratará de avenirlas sobre las cuestiones relacionadas con la tenencia de hijos, régimen de visitas y atribución del hogar conyugal.

2º) Decidir las causas, en lo posible, de acuerdo con el orden en que hayan quedado en estado, salvo las preferencias a los negocios urgentes y que por derecho deban tenerlas.

3º) Dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos:

a) Las providencias simples, dentro de los tres (3) días de presentadas las peticiones por las partes o del vencimiento del plazo conforme a lo prescripto en el artículo 36, inciso 1°, e inmediatamente, si debieran ser dictadas en una audiencia o revistieran carácter urgente.

b) Las sentencias interlocutorias, salvo disposición en contrario, dentro de los diez (10) días o quince (15) días de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado.

c) Las sentencias definitivas, salvo disposición en contrario, dentro de los cuarenta (40) o sesenta (60) días, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado. El plazo se computará, en el primer caso, desde que el llamamiento de autos para sentencia quede firme, y en el segundo, desde la fecha del sorteo del expediente.

4º) Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia.

5º) Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro de los límites expresamente establecidos en este Código:

a) Concentrar, en lo posible, en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sea menester realizar.

b) Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije, y disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades.

c) Mantener la igualdad de las partes en el proceso.

d) Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe.

e) Vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal.

6º) Declarar, en oportunidad de dictar las sentencias definitivas, la temeridad o malicia en que hubieren incurrido los litigantes o profesionales intervinientes.

Art. 35. - Facultades disciplinarias. Para mantener el buen orden y decoro en los juicios, los jueces y tribunales podrán:

1º) Mandar que se teste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos.

2º) Excluir de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso.

3º) Aplicar las correcciones disciplinarias autorizadas por este Código. El importe de las multas que no tuvieren destino oficial establecido en el mismo, se aplicará al que le fije la Suprema Corte de Justicia. Hasta tanto dicho tribunal determine quiénes serán los funcionarios que deberán promover la ejecución de las multas, esa atribución corresponderá a los representantes del Ministerio Público Fiscal ante los respectivos departamentos judiciales. La falta de ejecución dentro de los treinta (30) días de quedar firme la resolución que las impuso, el retardo en el trámite, o el abandono injustificado de éste, será considerado falta grave.

Art. 36. - Facultades ordenatorias e instructorias. Aun sin requerimiento de parte, los jueces y tribunales podrán:

1º) Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. A tal efecto, vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias.

2º) Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes.

3º) Corregir algún error material o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones deducidas en el litigio, siempre que la enmienda o agregado no altere lo sustancial de la decisión, y ésta no hubiese sido consentida por las partes.

4º) Disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito. La mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento.

5º) Decidir en cualquier momento la comparecencia de los peritos y de los testigos para interrogarlos acerca de todo aquello que creyeren necesario.

6º) Mandar, con las formalidades prescriptas en este Código, que se agreguen documentos existentes en poder de las partes o de los terceros en los términos de los artículos 385 y 387.

7°) Impulsar de oficio el trámite, cuando existan fondos inactivos de menores o incapaces, a fin de que los representantes legales de éstos o en su caso, el Asesor de Menores, efectúen las propuestas que estimen más convenientes en interés del menor o incapaz, sin perjuicio de los deberes propios de dicho funcionario con igual objeto.

 

Jurisprudencia en materia de prescripción.

"Mediando consenso doctrinario y jurisprudencial -no unánime- acerca de que la revisión de cosa juzgada puede viabilizarse a través de una acción autónoma de nulidad -habida cuenta de la analogía existente entre la "causa petendi" que anima y en última instancia caracteriza a ambas acciones- ello acude en apoyo de la posición hermeneútica que considera que el término decenal que la norma del art. 4023 del C.C. dispone para la prescripción de la acción de nulidad de acto jurídico, resulta de aplicación para la prescripción de la revisión de cosa juzgada."  CCI Art. 4023, CC0000 PE, C 3574 RSD-161-00 S 28-9-2000 , Juez IPINA (SD), CARÁTULA: Ferreyra, Juan I. c/ Dalessandri, María T. s/ Revisión de cosa juzgada MAG. VOTANTES: Ipiña-Gesteira-Levato TRIB. DE ORIGEN: JC0200

Jurisprudencia Corte Suprema de Justicia de la Nación.

No es óbice para el reconocimiento de la facultad de ejercer una acción autónoma declarativa invalidatoria de la cosa juzgada que se considera írrita la falta de procedimiento ritual expresamente previsto, ya que esta circunstancia no puede resultar un obstáculo para que los tribunales tengan la facultad de comprobar, en un proceso de conocimiento de amplio debate y prueba, los defectos de las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada que se impugnan. CSJN E 66 XXV I “Egues, Alberto c/ Pcia de Bs As s/ daños y perjuicios" 29/10/96_ Fallos 319:2527.

Si se encuentra firme la sentencia que concedió la in que estaban reunidas las condiciones para su procedencia, no corresponde librar oficio a fin de evitar que se haga efectiva la condena, por existir un hijo el causante que excluiría a la actora, madre de éste (arts. 1084 y 1085 del C. Civil) sin perjuicio del derecho de la parte a ejercer la acción autónoma declaratoria, invalidatoria de la cosa juzgada írrita. (Voto de loa Dres. Boggiano y Vázquez). CSJN B 142 XXIII “Badín, Rubén y otros c/ Pcia de Bs As s/ daños y perjuicios" 7/8/97. Falloos 320:1645.

Corresponde rechazar la acción autónoma de nulidad por fraude procesal respecto de una sentencia dictada por la Corte, fundada en que mediante un ardid se indujo maliciosamente a error al Tribunal acerca de su competencia originaria, ya que al haber sido precedida dicha sentencia de un proceso contradictorio, en que el vencido tuvo adecuada y sustancial oportunidad de audiencia y prueba, no se hallan reunidos los requisitos a los cuales se subordina la acción autónoma declarativa de invalidez de la cosa juzgada írrita. CSJN S 188 XXXIV “San Luis, Pcia de c/ Dimensión Integral de Radiodifusión SRL" 16/5/00 Fallos 323:1222.

Cualquier objeción relativa a la regularidad del procedimiento desarrollado en sede local debe encontrar su cauce en los procedimientos previstos en el respectivo ordenamiento provincial para la revisión de las resoluciones judiciales, sin perjuicio de la ulterior intervención de esta Corte, si correspondiere, por vía de su competencia extraordinaria, o, eventualmente, mediante el ejercicio de una acción autónoma declarativa invalidatoria de la cosa juzgada que se considera írrita. CSJN R 9 Rodríguez, Luis c/ Pcia de Corrientes Poder Ejecutivo Ministerio de gobierno s/ daños y perjuicios” 5/12/00 Fallos 323:3973.

¿Se admite la acción autónoma de nulidad sólo por motivos de fraude, y falsedades incorporadas al procedimiento que ocasionan su desvío y/o otras circunstancias subjetivas en la jurisprudencia?

Pacíficamente se ha admitido que, en la acción autónoma de nulidad, no es necesario probar o acreditar fraudes, dolos, culpas, pudiéndose entablarse la acción, por ejemplo, por la aportación de hechos o elementos de conocimiento posterior, que indiquen que la prueba es falsa, o la verdadera consiste en otro elemento probatorio que desnaturalice fehacientemente el anterior. Por ejemplo, un acta notarial que contradiga un mero informe de ubicación de construcciones o calles.