TARINGA - POST DE DERECHO - BUENA Y MALA FE - BUENA FE Y TORPEZA - BUENA FE Y FALTA DE DILIGENCIA - BUENA FE Y ERROR LEGAL - BUENA FE Y DESCONOCIMIENTO - BUENA FE Y FALTA DE LEGALIDAD - BUENA FE Y OBRAR INOPERANTEMENTE - LA BUENA FE SE PRESUME - CONTRATOS

LA PRESUNCIÓN DE BUENA FE - EFECTOS - LA NULIDAD - LA POSESIÓN - LA MALA FE Y LA NECESARIEDAD, EN DERECHO, EN ALGUNOS CASOS, DE TENER MALA FE. LA BUENA FE Y LAS DILIGENCIAS DE UN BUEN HOMBRE DE NEGOCIOS - LA BUENA FE Y EL DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO - FORMAS DE NO COMPORTARSE DILIGENTEMENTE Y, NATURALMENTE, DE NO EXISTIR BUENA FE. A PROPÓSITO DE UN CONCEPTO VERTIDO EN TARINGA.  DESCARGA EN AUDIO TEXTO IMPLICA QUE LO PUEDE ESCUCHAR AL TEMA POR INTERNET O DESCARGAR ESTE CONTENIDO EN AUDIO EN SU PC.

Por el Doctor Juan Carlos Muse Generch

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Crítica a un post de Taringa.

Requisitos de la Buena Fe.

Los recaudos razonables.

El requisito de actuar como un buen hombre de negocios, tanto en el Derecho cuanto en el obrar.

La buena fe se presume.

La buena fe goza de la protección legal.

La nulidad tiene relación con el derecho de defensa y no con la buena o mala fe.

La mala fe es actuar contra derecho, no contra la ley.

Efectos jurídicos legales en casos de mala fe.

 

Crítica a un post de Taringa.

He encontrado en Taringa, concretamente en el enlace http://www.taringa.net/posts/noticias/12022081/Diferencias-entre-Buena-fe_-Mala-fe_-Culpa-y-Dolo-Publicado.html

La siguiente argumentacíón allí volcada:

La buena fe es un requisito legal de todo contrato.

La buena fe puede describirse como un estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, de un título de propiedad o de cualquier otro título del que se pretenda un derecho, del derecho pretendido, o de la rectitud de una determinada actuación o conducta. Es importante destacar el hecho que la buena fe no implica necesariamente tener la razón, si no creer honestamente que se tiene la razón sobre lo que se pretende o sobre el acto realizado, bien sea esta cierta o no. Contrario a lo que muchos piensan, la presunción de buena fe no existe en el Código Civil, con la excepción de lo que establece su artículo 789º referido específicamente a la cuestión posesoria, más no a la contractual. No obstante, debe tenerse presente que la Presunción de Inocencia es uno de los Principios Generales del Derecho, pero de igual forma, la inocencia no es necesariamente equiparable a la buena fe, sino que depende del acto. Las leyes en determinados casos permiten la presunción de mala fe salvo prueba en contrario. Actuar de buena fe no garantiza un derecho, pero la ley otorga a la parte que actúa de buena fe una protección preferente. Por ejemplo, todas las partes de un juicio que actúan de buena fe deben tener garantizados sus derechos procesales en igualdad de condiciones, pero evidentemente una de ellas resultará vencedora y otra resultará perdedora. Ahora, si una de las partes actúa en el proceso con mala fe o con dolo, parte de esta protección se pierde y las presunciones se vuelcan en su contra antes de la sentencia, tal como lo establece el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. La mala fe es lo contrario a la buena fe. Actuar de mala fe es tener el conocimiento o la conciencia que el acto que se pretende no es legítimo y a pesar de esto, llevarlo a cabo. Actuar de mala fe es actuar con deshonestidad, con falta de lealtad y probidad, es actuar con el conocimiento de un vicio y aún así pretender un derecho. Se actúa de mala fe cuando se pretende un derecho que se conoce le corresponde legítimamente a otro. Actuar de mala fe no implica tener la intención de causar un daño, ya que estaríamos en presencia de un acto doloso, sino que, al actuar de mala fe, se tiene el conocimiento que la actuación es ilegal y/o podría causar un perjuicio a parte, o a terceros.

El término "mala fe" fue acuñado por el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre para describir una situación en la que se actúa como si no se tuviera nada que ver con lo que le ocurre. Sartre describe la mala fe en su obra "El Ser y la Nada" con un ejemplo: "Dos jóvenes están sentados en un café; ella sabe que el hombre intenta seducirla, la charla avanza y él toma la mano de la joven. Pero la mujer no responde, deja estar las cosas, ni retira la mano ni confirma la intención del hombre, evita tomar una decisión (aceptar o rechazar la insinuación) dejando su mano en la de él como si realmente no fuese consciente de la situación: se trata a sí misma como un objeto, como algo pasivo, como si no fuese protagonista, como si le ocurriesen las cosas y no fuese propiamente libre'". [fuente] Eso es lo que Sartre denominaba "actividad-pasiva", se actúa simulando que no se actúa, se piensa y se calcula lo que ocurrirá con la acción-inacción estratégica, el objetivo es que los demás no adviertan que en verdad está actuando, que está decidiendo, que quiere manejar la situación sin que se note, suprimiendo las manifestaciones visibles de esa acción. Tener mala fe es intentar comunicar que se es víctima de las circunstancias. Es intentar borrar el "Yo". La frase central de la mala fe es: "Yo no fui", o más in extenso y preciso: "Yo no soy". Determinar la buena fe o la mala fe es de especial importancia en aquellos procesos de la jurisdicción civil en la que existe una controversia judicial por la incertidumbre o el desconocimiento de un derecho. Al respecto, las leyes protegen a los contratantes que actúan de buena fe, quedando bajo su decisión si los instrumentos viciados (y sus obligaciones) deben ser anulados o deben continuar existiendo. No obstante esta protección tampoco es ilimitada, dado que generalmente, la inexistencia del consentimiento o la existencia de vicios del consentimiento (ej. error, violencia y dolo) tienen efectos frente a cualquier otro adquiriente, bien sea de mala fe o de buena fe, pero solo estos últimos pueden reclamar en repetición por daños causados. Una parte contratante actúa de mala fe por ejemplo, cuando conoce un vicio en el contrato y aún así persiste en otorgar o adquirir la obligación. Actúa de mala fe quien adquiere un inmueble con conocimiento que no pertenece a quien lo está vendiendo. También actúa de mala fe quien pretende obtener un derecho de un contrato simulado con conocimiento del vicio. Un poseedor actúa de mala fe cuando adquiere un dominio sin título o con el conocimiento que el título está viciado. Determinar la mala fe en ocasiones puede no ser una tarea fácil, ya que no es posible entrar en la psiquis de las personas para determinar sus conocimientos e intenciones al momento de contratar o al realizar determinadas actuaciones. Pero para determinar si hubo mala fe en esta área, y de hecho para determinar la verdadera intención volitiva de las partes contratantes, se debe estudiar el modo en las que fueron otorgadas y/o adquiridas las obligaciones contractuales. Esto se debe a que el artículo 1.160º del Código Civil establece la obligación de las partes contratantes a ejecutar de buena fe sus respectivas obligaciones recíprocas. Culpa y Dolo La culpa y el dolo son elementos esenciales del delito, pero al igual que sucede con los actos realizados de mala fe, pueden estar sujetos al resarcimiento por daños y perjuicios. La culpa en el sentido estricto consiste en una omisión de la conducta debida para prever y evitar un daño. Se trata de una conducta atrevida o descuidada del sujeto activo, con la que se provoca un daño o perjuicio, sin haber tenido la intención de causarlo. La culpa puede manifestarse en diversas formas: imprudencia, negligencia, impericia o mediante la inobservancia de reglamentos o deberes. Se configura un delito culposo cuando se realiza un hecho tipificado como delito sin haber tenido la intención de realizarlo. Un ejemplo de delito culposo puede darse en accidentes vehiculares, donde no suele haber intención (dolo) pero si culpa. La culpa en sentido amplio abarca a la culpa en sentido estricto, y al dolo. Cuando un Tribunal encuentra culpable a una persona por la comisión de un delito, se está refiriendo a una culpabilidad en el sentido amplio, por una conducta punible que puede ser a su vez dolosa o culposa. El dolo por su parte es actuar con la intención de causar un daño. En el dolo hay mala fe y más. Es la intención de cometer un acto ilegal y a su vez, de producir sus consecuencias. Puede manifestarse cuando se tiene conocimiento que un acto que se pretende realizar será ilícito, y aún así proseguir a cometerlo. En derecho penal, el dolo implica la intención de realizar una conducta típica prohibida por la ley (Ej. homicidio, invasión, estafa, hurto, robo, etc.). En derecho civil el dolo es la característica esencial del ilícito civil; por ejemplo, cuando una de las partes contratantes se encuentra en la posición de poder cumplir con una obligación adquirida (ajustada a la ley), pero intencionalmente la incumple; o cuando se induce intencionalmente en error a una de las partes contratantes. Para terminar... La mala fe es una conducta pasiva (actuar sin actuar) que produce un daño, la culpa es una conducta omisiva (dejar de hacer algo requerido) que produce un daño, y el dolo es una conducta activa destinada intencionalmente a producir un daño. La clave para separar la buena fe y la mala fe parece estar en el mero conocimiento, mientras que la clave para separar la culpa y el dolo se encuentra en la intención. Podríamos decir que la buena fe se equipara a la honestidad, la mala fe se equipara a la malicia, la culpa se equipara a la imprudencia y el dolo se equipara a la maldad. El término "malice" en el derecho anglo-americano se equipara al término "dolo" empleado en nuestro sistema. En ambos casos se trata de la "intención delictuosa".

Primer error.

Requisitos de la Buena Fe.

a) "La buena fe puede describirse como un estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, de un título de propiedad o de cualquier otro título del que se pretenda un derecho, del derecho pretendido, o de la rectitud de una determinada actuación o conducta."

La buena fe no puede describirse de esa manera. La sola convicción de que lo que se está haciendo es honrado, no es por sí solo constitutivo de esa buena fe.

Para tener buena fe en un negocio jurídico determinado, es menester cumplir con la ley.

En segundo lugar, tomar todas las diligencias que el caso requiere para celebrar el contrato, o realizar un negocio jurídico cualquiera.

La ignorancia de las leyes, y el error sobre las mismas, no se erige en buena fe.

Así lo dispone el art. 20 del Código Civil "La ignorancia de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por la ley."

No basta pues, la honradez. Es menester la diligencia. Se entiende por tal, todos los actos que prudentemente deben realizarse. Y en cuanto a leyes se refiere, con mayor razón.

Ninguna convicción en cuanto a verdad o exactitud de un asunto, hecho, u opinión, significa buena fe, para nuestro sistema legal.

Los recaudos razonables.

b) No puede admitirse buena fé, si, al celebrar los negocios jurídicos, no se tomaron los recaudos razonables.

Una cosa es actuar de buena fe, y, muy otra, es el comportamiento tonto.

Para redondear el tema verificamos lo que la jurisprudencia ha dicho:

Partes: Pirolo Rafaela María Dolores s/ prescripción

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 7-abr-2011

Cita: MJ-JU-M-65405-AR | MJJ65405 | MJJ65405

El adquirente que al momento de efectuar la compraventa omite voluntariamente realizar la verificación física del automotor, no puede ser considerado adquirente de buena fe para obtener el dominio mediante la prescripción adquisitiva.

Partes: Sorridi S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Bs. As. Sec. de Salud Hospital Alvárez s/ preparación de la vía ejecutiva

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 10-jul-2007

Cita: MJ-JU-M-14816-AR | MJJ14816 | MJJ14816

Si bien se trata el caso de un contrato administrativo inexistente, en los hechos se verificó una transacción entre las partes; se impone aplicar a éstas los efectos de la nulidad; la cual sin dubitación corresponde calificarla como absoluta y manifiesta ante la falta de un elemento esencial para que se configure el contrato administrativo.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda interpuesta por el pago de un contrato de aprovisionamiento con la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para la elaboración y distribución de comidas, destinadas a la población hospitalaria y personal autorizado de los hospitales dependientes de esa Municipalidad. Debe aplicarse a las operaciones realizadas entre las partes los efectos de la nulidad de los actos jurídicos y, en consecuencia, imponer a la actora la obligación de restituir las sumas de dinero que le fueron pagadas y a la demandada la de restituir el valor de los insumos efectivamente recibidos por la misma causa.

2.-La invocación de la falta de agotamiento de la vía administrativa no se compadece con nuestro ordenamiento positivo actual, en virtud de la incorporación -art. 75, inc. 22 , de la CN- de convenciones y tratados internacionales, entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ART. 10; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , art. 14; la Convención Americana sobre derechos humanos , art. 8, los que establecen, en sentido concordante, el derecho de todas las personas a obtener, en plena de igualdad, un rápido acceso a un tribunal de justicia independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos, en tanto que la exigencia legal invocada por la apelante en sustento de su postura impone un procedimiento previo ante el mismo órgano contra el cual se endereza el reclamo.

3.-Debe determinarse que, en el caso de autos, no ha existido contratación válida que dé sustento a la prestación que se reclama, por lo que la contratación invocada resulta nula a la luz de las normas de derecho administrativo aplicables en la especie. Ello, en tanto conforme al art. 9 de la ley 13.064 y art. 55 del decreto-ley 23.354/56, las contrataciones de la ex Municipalidad deben hacerse, por regla general, previa licitación pública. De las constancias de autos no surge que se halla llevado a cabo licitación pública alguna. El Decreto 1548/97, no brinda sustento al vínculo contractual que se articula. Es que si bien su art. 1 deja sin efecto la licitación pública N 45/97, la contratación directa que se autoriza es únicamente con las firmas participantes de la Licitación Pública ; y la accionante no se halla incluida en el mentado listado.

4.-La validez y eficacia de los contratos administrativos se supedita al cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones legales pertinentes en cuanto a la forma y procedimientos de contratación. Es que la prueba de la existencia de un contrato administrativo se halla íntimamente vinculada con la forma en que dicho contrato queda legalmente perfeccionado. Cuando la legislación aplicable exige una forma específica para su conclusión, dicha forma debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial de su existencia

5.-Corresponde descartar por completo la aplicación al caso del art. 1055 del CCiv. en atención a que no se verifica en ninguna de las partes el requisito de la buena fe. Ello es así porque ésta debe ser entendida en los términos de los arts. 512 y 929 del citado Código; y al respecto al menos, ha mediado -tanto en la actora como en la demandada- una negligencia culpable que las inhabilita a invocar el primer precepto señalado. En efecto, ni la ex-Municipalidad cuando recibió los insumos, ni la accionante cuando percibió los pagos, podían ignorar sin culpa la irregularidad del acto que ambos llevaban a cabo. Debe tenerse en cuenta que el art. 1055 del CCiv. es una excepción a la regla general de la restitución en caso de acto nulo o anulado, de manera que su interpretación tiene que ser estricta.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de Julio de dos mil siete, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala "B", para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: "Sorridi SA c/Gobierno de la Ciudad de Bs As Sec de Salud Hospital Alvarez s/Preparación de la Vía Ejecutiva". respecto de la sentencia de fs. 679/685, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: MAURICIO LUIS MIZRAHI.- CLAUDIO RAMOS FEIJOO - GERONIMO SANSO.-

A la cuestión planteada el Dr. Mizrahi, dijo:

I. Antecedente

La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por "Sorridi S.A." y, consecuentemente, condenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al pago de una suma de dinero, con más sus intereses y las costas del proceso.

La causa tuvo su origen en el escrito de postulación, en el cual la actora manifiesta que suscribió un contrato de aprovisionamiento con la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para la "elaboración y distribución de comidas, destinadas a la población hospitalaria y personal autorizado de los hospitales dependientes de la Secretaría de Calidad de Vida" de esa Municipalidad; aunque la provisión respectiva de comidas estaba restringida al Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Alvarez. La accionante afirma haber dado cumplimiento a lo encomendado, por lo que presentó las respectivas facturas para el cobro.Sin embargo, declara que sólo percibió alrededor del 70 % de ellas; reclamando entonces el saldo pendiente, con más sus intereses, incluyendo los devengados "desde la fecha de presentación de cada una de las facturas".

La admisión parcial de la demanda determinó las quejas de la encartada -que fueron respondidas por la actora-; así como también los agravios de esta última, por considerar insuficiente el alcance de la condena, los que también merecieron réplica de su contraparte.

La sentencia de Cámara -que obra a fs. 679/685- dictada por la Sala "E" de este Tribunal, dispuso confirmar el fallo de primera instancia en lo principal que decide. Contra este pronunciamiento se agravió la emplazada conforme al recurso extraordinario agregado en autos, lo que impulsó a la Corte Federal (tras la queja interpuesta por denegación del recurso) a emitir -el 29 de agosto de 2006- la sentencia que corre a fs. 933.

El referido fallo de la Corte Suprema resuelve hacer lugar a la queja, declara procedente el recurso extraordinario, y revoca la sentencia apelada. En consecuencia, ordena que "por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento". Para así disponer, la Corte se remite a los fundamentos y conclusiones vertidos en la causa "Ingeniería Omega S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" , publicado en "Fallos" 323:3924.

Dada la situación relatada corresponde, consecuentemente, proceder a dictar nueva sentencia con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Federal; aclarando desde ya que la presente causa reviste características prácticamente idénticas a la que dio lugar el pronunciamiento de esta Sala en el Expte. libre n 346.941, del 12/4/2007, de igual carátula.

II.Alcance del análisis de los agravios

Para el estudio del presente he de seguir el rumbo de la Corte Federal, quien ha sentenciado que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, "Fallos": 258:304; 262:222; 265:301; 272 225; Fassi Yañez, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado", Tº I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado", T 1, pág. 620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine , del ritual; CSJN. "Fallos": 274:113; 280:3201; 144:611). Ello sentado, abordaré las cuestiones que considero sustanciales.

III. Acerca del reclamo administrativo previo

El primer agravio de la demandada es que la actora no agotó la vía administrativa prevista en el Decreto 225/96 y que, por ende, no tenía expedita la vía judicial.

Propondré a mis colegas no hacer lugar a este agravio. Es que, conforme a reiterados antecedentes de esta Sala, se ha dicho que la invocación de la falta de agotamiento de la vía administrativa no se compadece con nuestro ordenamiento positivo actual (cfr. R. 233.485, del 27/11/97; íd., R. 253.102, del 16/6/98; íd., R. 258.216, del 17/11/98), en virtud de la incorporación -art. 75, inc. 22 , de la Constitución Nacional- con rango constitucional y en consecuencia, por encima de las leyes nacionales, de una serie de convenciones y tratados internacionales, entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos (A.G. res. 217-A-III), ART. 10; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (A.S. res. 2200-A), art. 14; la Convención Americana sobre derechos humanos , art.8, los que establecen, en sentido concordante, el derecho de todas las personas a obtener, en plena de igualdad, un rápido acceso a un tribunal de justicia independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos, en tanto que la exigencia legal invocada por la apelante en sustento de su postura impone un procedimiento previo ante el mismo órgano contra el cual se endereza el reclamo.

Por otra parte, en los presentes autos es bien claro que el Gobierno de la Ciudad ha adoptado una postura que hace presumir la ineficacia cierta del referido procedimiento. Por lo tanto, se torna aplicable la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia relativa a que -en casos como el aquí ventilado- se "transforma el reclamo previo en ritualismo inútil" ("Fallos": 301:99). Corolario de lo señalado, pues, es la desestimación de la queja en estudio.

IV. Inexistencia del contrato administrativo

El segundo agravio de la emplazada se dirige a que el juez de grado no ha tenido en cuenta que en el caso de autos no ha existido contratación válida que dé sustento a la prestación que se reclama, por lo que -se afirma- "la contratación invocada resulta nula" a la luz de las normas de derecho administrativo aplicables en la especie (ver fs. 653).

Conforme al art. 9 de la ley 13.064 y art. 55 del decreto-ley 23.354/56 (aplicables a tenor de la ordenanza municipal 31.655) las contrataciones de la ex Municipalidad "se hará por regla general previa licitación pública", y si bien excepcionalmente se podían aplicar otros procedimientos, tenían que estar determinado específicamente los supuestos; operando estos casos particulares sólo en situaciones de emergencia, que debían justificarse mediante los informes pertinentes y una adecuada motivación que acreditara la real existencia de dichas circunstancias.

De las constancias de autos no surge que se halla llevada a cabo licitación pública alguna.Adviértase que la actora invoca en su demanda el Decreto 1548/97, y este ordenamiento no brinda sustento al vínculo contractual que se articula. Es que si bien su art. 1 deja sin efecto la licitación pública N 45/97, la contratación directa que se autoriza es únicamente "con las firmas participantes de la Licitación Pública"; y sucede que la accionante no se halla incluida en el mentado listado; ello dicho más allá de la defensa de la encartada relativa a que el mencionado Decreto tampoco legitima la pretensión de la actora en razón de los períodos que comprenden las facturas que se reclaman. De aquí se sigue la terminante irregularidad del supuesto contrato al que hace alusión la accionante.

Al respecto, siguiendo la doctrina de la Corte Federal, cabe precisar que la validez y eficacia de los contratos administrativos se supedita al cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones legales pertinentes en cuanto a la forma y procedimientos de contratación . Es que la prueba de la existencia de un contrato administrativo se halla íntimamente vinculada con la forma en que dicho contrato queda legalmente perfeccionado. Cuando la legislación aplicable exige una forma específica para su conclusión, dicha forma debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial de su existencia (ver "Fallos", 308-618 ; 316:382; y 323:3924). Es a mérito de estas consideraciones, por ende, que he de propiciar acoger el agravio de la demandada.

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, es evidente que -por un lado- la realidad ha sido que la encartada recibió los insumos que dan origen a la presente demanda, tal como se desprende del material existencial de la causa (ver constancias de fs. 329, 386 y 389, experticia de fs. 481/492, y su ampliación de fs. 522/523). Por otro lado, tampoco puede discutirse que la actora -por los mentados insumos- recibió las sumas de dinero que expresamente se reconocen en el escrito inaugural de fs.159/162.

Así las cosas, si bien conforme a lo decidido por la Corte Suprema ("Fallos", 323:3924) en la especie estaríamos ante un contrato administrativo inexistente, no es menos cierto que en los hechos se verificó una transacción entre las partes (en el sentido de convenio o negocio); y es precisamente por ella que se entregaron los alimentos y se pagó una determinada cantidad de dinero. Entonces, al perder base de sustentación aquellas operaciones, se impone aplicar a éstas los efectos de la nulidad; la cual sin dubitación corresponde calificarla como absoluta y manifiesta ante la falta de un elemento esencial para que se configure el contrato administrativo (ver Marienhoff, Miguel S., "Tratado de derecho administrativo", t. II, 1981, ed. Abele do Perrot, ps. 530/533).

Sobre el punto vale la pena recordar que la Corte Federal tiene sentenciado que las reglas de los arts. 1037 y siguientes del Código Civil, acerca de la nulidad de los actos jurídicos, son extensivamente aplicables al derecho administrativo con las discriminaciones impuestas por la naturaleza propia de lo que constituye la sustancia de esta última disciplina (ver "Fallos", 190:142; 303:1862; 310:1589; 321:174 ; 326:3115).

A la luz de lo delineado, corresponde aplicar en la presente causa los arts. 1050, 1052 y concordantes del CCiv. Las cosas deberán volver al mismo o igual estado en que se hallaban antes del acto anulado, lo que significa decir que las partes estarán obligadas a restituirse mutuamente lo que han recibido o percibido en virtud del acto anulado. En el caso concreto, la actora tendrá que proceder a reintegrar todas las sumas de dinero que le fueron pagadas, y la demandada reintegrar el valor de los insumos efectivamente recibidos; todo lo cual será determinado en la instancia anterior en el procedimiento de ejecución de sentencia (art. 511 y concordantes del ritual) (ver los pronunciamientos de esta Sala con el voto de mi distinguido colega Dr. Ramos Feijóo, in re "Elmo, Ricardo R.c/ Ciudad de Buenos Aires", del 29/3/2005, JA 2005 II-169, JA 2005 III-173; íd., in re "Vulovich c/ GCBA", del 22/2/2006; y también, CNCiv., Sala C, en autos, "Rapel S.A.C.I.F. y A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", del 3/5/2005, JA, 2005-III-174).

Desde luego que los créditos que recíprocamente resulten a favor de cada parte, una vez establecidos, se compensarán automáticamente hasta donde alcance la suma menor (art. 818 y concordantes del Código Civil).

Descarto por completo la aplicación al caso del art. 1055 del Código Civil en atención a que no se verifica en ninguna de las partes el requisito de la buena fe. Ello es así porque ésta debe ser entendida en los términos de los arts. 512 y 929 del citado Código; y al respecto me parece obvio que, al menos, ha mediado -tanto en la actora como en la demandada- una negligencia culpable que las inhabilita a invocar el primer precepto señalado. En efecto, y para decirlo en muy pocas palabras, ni la ex-Municipalidad cuando recibió los insumos, ni la accionante cuando percibió los pagos, podían ignorar sin culpa la irregularidad del acto que ambos llevaban a cabo. A mayor abundamiento, resalto que el art. 1055 del Código Civil es una excepción a la regla general de la restitución en caso de acto nulo o anulado, de manera que su interpretación tiene que ser estricta (ver Cifuentes, Santos, en Belluscio-Zannoni, "Código Civil y leyes complementarias", t. 4, p. 742, ed. Astrea, Buenos Aires, 1982).

En atención a lo que se acaba de proponer al Acuerdo, se torna innecesario el tratamiento de los restantes agravios de la apelante, como los que fueron expresados por la actora.

Las costas de ambas instancias se imponen por su orden, dada la forma en que se resuelve y la compleja situación debatida en autos.

IV.Conclusión

Teniendo en cuenta las argumentaciones desplegadas a lo largo de este voto, y lo resuelto por la Corte Federal a fs. 933, propongo al Acuerdo: a) Revocar la sentencia de fs. 592/594 y rechazar la demanda interpuesta obrante a fs. 159/162. b) Aplicar a las operaciones realizadas entre las partes los efectos de la nulidad de los actos jurídicos y, en consecuencia, imponer a la actora la obligación de restituir las sumas de dinero que le fueron pagadas según se denuncia en el escrito de fs. 159/162, y a la demandada la de restituir el valor de los insumos efectivamente recibidos por la misma causa, a la luz de lo probado en autos; todo lo cual será determinado en la instancia anterior en el procedimiento de ejecución de sentencia. Los créditos que recíprocamente resulten a favor de cada parte, una vez establecidos, se compensarán automáticamente hasta donde alcance la suma menor. c) Las costas se soportarán por su orden en ambas instancias (art. 68, segunda parte , y 71 del ritual).

Los Dres. Ramos Feijóo y Sansó, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Mizrahi, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto:

MAURICIO LUIS MIZRAHI

CLAUDIO RAMOS FEIJOO

GERONIMO SANSO

Es fiel del Acuerdo.-

Buenos Aires, 10 de Julio de 2007.-

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, y teniendo en cuenta las argumentaciones desplegadas, y lo resuelto por la Corte Federal a fs. 933, a) Se revoca la sentencia de fs.592/594 y se rechaza la demanda interpuesta obrante a fs. 159/162. b) Se aplica a las operaciones realizadas entre las partes los efectos de la nulidad de los actos jurídicos y, en consecuencia, se impone a la actora la obligación de restituir las sumas de dinero que le fueron pagadas según se denuncia en el escrito de fs.159/162, y a la demandada la de restituir el valor de los insumos efectivamente recibidos por la misma causa, a la luz de lo probado en autos; todo lo cual será determinado en la instancia anterior en el procedimiento de ejecución de sentencia. Los créditos que recíprocamente resulten a favor de cada parte, una vez establecidos, se compensarán automáticamente hasta donde alcance la suma menor. c) Las costas se soportarán por su orden en ambas instancias (art. 68, segunda parte, y 71 del ritual).

Notifíquese y devuélvase.

El requisito de actuar como un buen hombre de negocios, tanto en el Derecho cuanto en el obrar.

2 ) El requisito de actuar como un "buen hombre de negocios".

2-1) Como concepto de derecho:

Como vamos a ver, es contrario a la buena fe no actuar como un buen hombre de negocios. Otro de los términos acuñados por la doctrina y la jurisprudencia. Nadie, en consecuencia, puede alegar "Buena fe" cuando no se ha comportado conforme al criterio de un buen hombre de negocios. Este fallo que transcribiré, ata el concepto a la ley, en sentido material. Pero, jurisprudencia y doctrina exigen mucho mas.

Partes: Mayorga Agüero David Justo c/ Ascensores Carli S.R.L. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 29-sep-2010

Cita: MJ-JU-M-60088-AR | MJJ60088 | MJJ60088

El pago no registrado de parte de los salarios de la actora implica, para el gerente de la entidad empleadora, una violación radical de las leyes laborales de orden público, ya que incurrir en las prácticas de contratación clandestina contraviene los deberes de conducta que configuran el paradigma que impone el actuar con buena fe, como un buen hombre de negocios y como un buen empleador.

ef. Fallos Sumarios Oficiales. Origen: RJCCOM 2009 Repertorio 3a parte. Cuestión: 2529. SOCIEDADES: SOCIEDAD ANONIMA. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION. DIRECTORIO. MAL DESEMPEÑO DEL CARGO (ART. 274).CONSENTIMIENTO DE PAGOS EN NEGRO. RESPONSABILIDAD. 19.6.16.

Incoada una demanda contra una sociedad anónima concursada, con motivo en el despido injustificado del actor que se desempeñaba bajo relación de dependencia, procede imputar responsabilidad a sus directores, pues no resulta controvertido que fueron abonados parte de los salarios "en negro", y que dicha modalidad de pago fue consentida por los directores durante la vigencia de la relación laboral. En efecto, pues los codemandados no probaron haberse opuesto al indebido actuar societario ni dejaron asentada su protesta y anoticiamiento de ello al síndico, único medio eximente de la responsabilidad que aquí se les imputa (LSC: 274-2°). En ese sentid o, cabe señalar que la modalidad de pago "en negro" está expresamente prohibida por la LCT: 140 y por la Ley de Empleo -N° 23.014-(LE) y constituye un típico fraude laboral y previsional, que constituye un recurso para violar la ley, el orden público laboral, la buena fe y frustrar derechos de terceros y que, en definitiva, perjudica al trabajador; al sector pasivo, que es víctima de la evasión previsional, y a la comunidad al disminuir los costos laborales (CNT, Sala III, in re "Delgadillo Linares, Adela c/ Shatell S.A.", del 11/04/97) (LCT: 6 y 63, y Cciv: 1198); circunstancia que no puede ser desconocida ni desatendida por los defendidos en su calidad de directores (Cciv: 902). Sentado ello, la modalidad de pagos "en negro" consentida por los directores configuró un fraude laboral ya que la circunstancia de haber incurrido en prácticas de contratación clandestina contravino los deberes de conducta que configuran el paradigma que impone el actuar de buena fe, como un buen hombre de negocios y como buen empleador -LCT, 62 y 63-(CNCom, Sala B, in re "Alarcón, Miguel A. c/ Distribuidora Juarez SRL", del 17/06/03). MARSICANO, OSCAR C/ SAN SEBASTIAN SACIF Y OTROS S/ DESPIDO. Bargalló Piaggi. Cámara Comercial: B., 20090428 Ficha Nro.: 000053638 UTSUPRA: A00295186981.-

Fuente: Sumario PJN - RJCCOM 2009 Autor: Sumario PJN - RJCCOM 2009.

Jurisprudencia Sintetizada. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial 2009.

Ref. Fallos Sumarios Oficiales. Origen: RJCCOM 2009 Repertorio 3a parte. Cuestión: 2466. SOCIEDADES: ADMINISTRACION Y REPRESENTACION. ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDAD (ART. 59). 6.2.1.

En el plano societario, la Ley de Sociedades Comerciales establece que la sociedad es un sujeto de derecho (LSC: 2) y, en su mérito, un ente distinto de las personas de los socios y también de sus directores (misma ley, arts. 1, 58 y ccdtes). La gestión empresaria, que se encuentra a cargo del órgano de administración y les impone a los administradores ciertas pautas a las que deben ajustar su conducta. En ese sentido, el artículo 59 determina que los directores deben actuar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Esta pauta, es la concreción en el ámbito societario del principio de diligencia y buena fe contenido en el Cciv: 512 y 1198. Frente al mal desempeño en el ejercicio de las funciones de los directores y en los casos en que mediante su obrar se infrinja la ley, el estatuto o el reglamento o cuando obrando con dolo, abuso de facultades o culpa grave se produzca cualquier otro daño, la LSC: 274 los responsabiliza en forma ilimitada y solidaria hacia la sociedad, los accionistas y los terceros. TRANSPORTES PERPEN SA S/ QUIEBRA C/ PERPEN, ERNESTO Y OTROS S/ ORDINARIO. Bargalló Monti Uzal (Sala Integrada). Cámara Comercial: B., 20090907 Ficha Nro.: 000054689 UTSUPRA: A00295130218.-

Fuente: Sumario PJN - RJCCOM 2009 Autor: Sumario PJN - RJCCOM 2009..

Jurisprudencia Sintetizada. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial 2009.

Ref. Fallos Sumarios Oficiales. Origen: RJCCOM 2009 Repertorio 3a parte. Cuestión: 2096. HONORARIOS: BENEFICIARIO DE LA REGULACION. ESCRIBANO.RECLAMO DE COBRO. PROCEDENCIA. QUIEBRA. PLANTA INDUSTRIAL.COMPRA. PROTOCOLIZACION DE ACTUACIONES. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. LEY 6925: 5 (REF. POR LAS LEYES 7803 Y 8566). 10.7.

Cabe hacer lugar a la demanda por cobro del saldo de sus honorarios, incoada por el escribano que otorgó la escritura traslativa de dominio de una planta industrial que los accionados adquirieran en el marco de un proceso falimentario; toda vez que:. 1. Ha quedado acreditado que la causa del crédito que reclama el accionante fue la tarea profesional plasmada en la escritura y que el efectivo cumplimiento de tal labor no fue discutido por la accionada; y, si bien ésta postula que las partes pactaron previamente un honorario para la tarea notarial encomendada; aún cuando constituye una conducta habitual que quien contrata un escribano para otorgar una escritura que involucra un bien de significación económica, acuerde con el notario el honorario que este último percibirá y que si la designación del profesional es delegada en el adquirente, como ocurrió en la especie -el Juez designaría el propuesto-, es natural que evalúe diversos presupuestos antes de proponer al escribano; sin embargo, para que tal convenio pueda ser opuesto a las partes, en particular en sede judicial y frente a un litigio, es prudente que éste sea hecho por escrito y suscripto por ambos interesados, lo que no invalida su demostración por otros medios de prueba; pero las dificultades que pueden presentarse en tal propósito, exigen de un buen hombre de negocios que otorgue formalidad al convenio, y la accionada, que es quien afirma la existencia del acuerdo, no ha declamado que el mismo fue plasmado por escrito, sino que sólo alegó que la factura, presuntamente enviada por el accionante, constituía un suficiente medio de prueba para acreditar tanto el pacto como el importe fijado; sin embargo, no acompañó la referida factura para abonar sus dichos, pues alegó haberle sido remitida por "fax", pero ni siquiera agregó tal copia fotostática, sólo exhibió sus libros como modo de demostrar tal recepción; empero tales constancias carecen de validez. 2. Ello así, y en tanto no parecen existir dudas en punto a ser de aplicación la legislación provincial, pues fue un acto cumplido en aquella jurisdicción, la ley arancelaria aplicable sería la número 6925: 5 de la Pcia. de Bs. As. (ref. por las leyes 7803 y 8566), dado que la escritura otorgada por el accionante constituyó una protocolización de actuaciones y no la instrumentación de una compraventa ordinaria; dicha norma en su redacción original que data de 1964 establece un monto fijo para operaciones de escasa trascendencia económica; y fija luego alícuotas diferenciadas según una escala que determina en la medida que la operación cobre mayor importancia; sin embargo esta diferenciación la concreta tomando como pié montos que especifica a la moneda vigente en aquel tiempo -pesos moneda nacional-, lo cual priva de toda utilidad la mentada división; mas, estos importes son periódicamente actualizados, por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y la última escala aprobada por su Consejo Directivo es la vigente desde el 1 de abril del año en curso. 3. De allí que cabe diferir la cuantificación del monto que resulte de aplicar al quantum de la venta objeto de protocolización -$ 6.420.000-las alícuotas correspondientes a la fecha de aquella escritura 19.2.2002-, según el ajuste vigente de las alícuotas previstas por la Ley 6925: 5, para la etapa de ejecución de sentencia; a la suma que resulte deberá detraerse el importe ya abonado -$ 10.000-y, el saldo resultante devengará intereses, a partir del momento en que la accionada reconoció haber sido objeto de reclamo -9.12.2002hasta el efectivo pago conforme la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días sin capitalizar. GIANNINI, JUAN CARLOS C/ CORPORACION ARG. DE PRODUCTORES DE CARNES SA S/ ORDINARIO. Vassallo Heredia. Cámara Comercial: D., 20090728 Ficha Nro.: 000054174 UTSUPRA: A00294797248.-

Fuente: Sumario PJN - RJCCOM 2009 Autor: Sumario PJN - RJCCOM 2009.

Jurisprudencia Sintetizada. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial 2009.

Referencia. Fallos Sumarios Oficiales. Origen: RJCCOM 2009 Repertorio 3a parte. Cuestión: 2529. SOCIEDADES: SOCIEDAD ANONIMA. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION. DIRECTORIO. MAL DESEMPEÑO DEL CARGO (ART. 274).CONSENTIMIENTO DE PAGOS EN NEGRO. RESPONSABILIDAD. 19.6.16.

Incoada una demanda contra una sociedad anónima concursada, con motivo en el despido injustificado del actor que se desempeñaba bajo relación de dependencia, procede imputar responsabilidad a sus directores, pues no resulta controvertido que fueron abonados parte de los salarios "en negro", y que dicha modalidad de pago fue consentida por los directores durante la vigencia de la relación laboral. En efecto, pues los codemandados no probaron haberse opuesto al indebido actuar societario ni dejaron asentada su protesta y anoticiamiento de ello al síndico, único medio eximente de la responsabilidad que aquí se les imputa (LSC: 274-2°). En ese sentido, cabe señalar que la modalidad de pago "en negro" está expresamente prohibida por la LCT: 140 y por la Ley de Empleo -N° 23.014-(LE) y constituye un típico fraude laboral y previsional, que constituye un recurso para violar la ley, el orden público laboral, la buena fe y frustrar derechos de terceros y que, en definitiva, perjudica al trabajador; al sector pasivo, que es víctima de la evasión previsional, y a la comunidad al disminuir los costos laborales (CNT, Sala III, in re "Delgadillo Linares, Adela c/ Shatell S.A.", del 11/04/97) (LCT: 6 y 63, y Cciv: 1198); circunstancia que no puede ser desconocida ni desatendida por los defendidos en su calidad de directores (Cciv: 902). Sentado ello, la modalidad de pagos "en negro" consentida por los directores configuró un fraude laboral ya que la circunstancia de haber incurrido en prácticas de contratación clandestina contravino los deberes de conducta que configuran el paradigma que impone el actuar de buena fe, como un buen hombre de negocios y como buen empleador -LCT, 62 y 63-(CNCom, Sala B, in re "Alarcón, Miguel A. c/ Distribuidora Juarez SRL", del 17/06/03). MARSICANO, OSCAR C/ SAN SEBASTIAN SACIF Y OTROS S/ DESPIDO. Bargalló Piaggi. Cámara Comercial: B., 20090428 Ficha Nro.: 000053638 UTSUPRA: A00294344545.-

Fuente: Sumario PJN - RJCCOM 2009 Autor: Sumario PJN - RJCCOM 2009

Jurisprudencia Sintetizada. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial 2009.

Ref. Fallos Sumarios Oficiales. Origen: RJCCOM 2009 Repertorio 3a parte. Cuestión: 2466. SOCIEDADES: ADMINISTRACION Y REPRESENTACION. ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDAD (ART. 59). 6.2.1.

2-2) Como concepto de hecho, o de obrar.

Ref. Fallos Sumarios Oficiales. Origen: RJCCOM 2009 Repertorio 1a parte. Cuestión: 327. CONCURSOS: EXTENSION DE LA QUIEBRA Y RESPONSABILIDAD DE TERCEROS. RESPONSABILIDAD DE REPRESENTANTES (ART. 166).PRINCIPIO GENERAL (CONCEPTO). PRESIDENTE. RESPONSABILIDAD LC 173 Y 175. DOBLE ENCUADRAMIENTO. 26.6.1.

Procede la acción de responsabilidad incoada contra el codemandado, quien se desempeñaba como director de la sociedad fallida, en tanto la conducta desplegada produjo la situación de insolvencia de la sociedad fallida. Ello así, por cuanto, en el caso, la operatoria reconocida por los propios accionados, consistió, por un lado, en el otorgamiento de préstamos a la sociedad controlante de la compañía financiera fallida, por una suma importante de australes cuando dicha sociedad se encontraba en estado de cesación de pagos. A más, se otorgaron préstamos a otras sociedades todas ellas sociedades controladas por aquella controlante, entregando éstas en garantía, una hipoteca sobre un campo de propiedad de las referidas, situado en la provincia de San Juan. Asimismo, dichas sociedades prestaron, a su vez los montos concedidos a su controlante quien como se indicara, se hallaba en cesación de pagos. Es así que no procede la alegada ignorancia o falta de conocimiento de la situación patrimonial de las deudoras, ya que ello únicamente puede provenir de haber incumplido con el standard de diligencia del "buen hombre de buen" previsto en el artículo 59, ya que no puede ser así calificado quien otorga préstamos por la suma en cuestión, sin efectuar las pertinentes averiguaciones respecto de la situación financiera de los deudores. Máxime, teniendo en cuenta, que la compañía en cuestión tiene como principal actividad económica, el otorgamiento de préstamos a sus clientes. Asimismo, si eso fuese aceptado se estarían violando claramente, además, las previsiones fijadas por el Banco Central de la República Argentina, en punto a la ponderación que debe efectuarse de la situación económica y financiera de los beneficiarios de los créditos. Sin perjuicio de lo expuesto y a mayor abundamiento, es del caso señalar que resulta inverosímil y no puede ser aceptado que el codemandado quien se desempeñaba como presidente del directorio de tales sociedades y de la entidad fallida, ignorase la situación de insolvencia en que se hallaban sumergidas las empresas en cuestión. Desde este enfoque es claro que le cabe en plenitud, el encuadramiento en los supuestos previstos por el artículo 173 LCQ, tal como han sido caracterizados supra. No obsta a la atribución de la responsabilidad hasta aquí sostenida el hecho de que se hayan remitido los informes pertinentes de los préstamos al Banco Central de la República Argentina, tal como lo sostuvo la Sra. Defensora Oficial-lo cual igualmente no fue probado en forma alguna -. Ello es así, toda vez que el cumplimiento del deber de informar a la autoridad monetaria sobre los préstamos otorgados, no permitía eximir a los directores del cumplimiento de las obligaciones impuestas tanto por la ley de entidades financieras como por las Circulares del Banco Central de la República Argentina, así como tampoco, del resto de las obligaciones emergentes del principio contenido en el artículo 59 de la Ley de Sociedades, de obrar con "lealtad" y con la diligencia de un "buen hombre de buen" configurando la situación de insolvencia de la luego fallida. Es claro pues, que la conducta examinada es susceptible, también, del doble encuadramiento bajo el alcance del artículo 175 LCQ. COMPAÑIA FINANCIERA DEL PLATA SA S/ QUIEBRA C/ CARLINO REYNALDO F. Y OTRO S/ ORDINARIO. Uzal Míguez Kölliker Frers. Cámara Comercial: A., 20090514 Ficha Nro.: 000053735 UTSUPRA: A00293147515.-

Fuente: Sumario PJN - RJCCOM 2009 Autor: Sumario PJN - RJCCOM 2009

De tal manera quedan excluídos del concepto de obrar de buena fe, por mas honradez con la que hayan actuado, las personas siguientes:

1.- Quienes desconozcan o aleguen desconocer las leyes.

2.- Quienes obren en desacuerdo con las mismas.

3.- Quienes no tengan la debida diligencia que el caso impone.

De tal manera queda incluído en el concepto de buena fe:

Aquellos que sin honradez alguna supieron manejarse dentro de la legislación, actuaron con las diligencias que le impone la ley, y las circunstancias del caso.

SALAS – TRIGO REPRESAS LOPEZ MESA exponen la debida diligencia en:

e) A los socios administradores se les exige la diligencia de un buen hombre de negocios, cartabón o standard jurídico que fija la ley al juez para apreciar la debida diligencia del director en el desempeño de sus funciones . Autores: SALAS – TRIGO REPRESAS LOPEZ MESA ( CÓDIGO CIVIL anotado Tomo 4 A Arts. 1 a 2310 Actualizacion Depalma )

 

Segundo error en las consideraciones del expositor. Señala que:

La presunción de buena fe no existe en el Código Civil, con la excepción de lo que establece su artículo 789º referido específicamente a la cuestión posesoria, más no a la contractual. No obstante, debe tenerse presente que la Presunción de Inocencia es uno de los Principios Generales del Derecho, pero de igual forma, la inocencia no es necesariamente equiparable a la buena fe, sino que depende del acto. Las leyes en determinados casos permiten la presunción de mala fe salvo prueba en contrario. Actuar de buena fe no garantiza un derecho, pero la ley otorga a la parte que actúa de buena fe una protección preferente. Por ejemplo, todas las partes de un juicio que actúan de buena fe deben tener garantizados sus derechos procesales en igualdad de condiciones, pero evidentemente una de ellas resultará vencedora y otra resultará perdedora. Ahora, si una de las partes actúa en el proceso con mala fe o con dolo, parte de esta protección se pierde y las presunciones se vuelcan en su contra antes de la sentencia, tal como lo establece el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

Dividiendo los tantos. Tomamos el primer párrafo:

La presunción de buena fe no existe en el Código Civil, con la excepción de lo que establece su artículo 789º referido específicamente a la cuestión posesoria, más no a la contractual. No obstante, debe tenerse presente que la Presunción de Inocencia es uno de los Principios Generales del Derecho, pero de igual forma, la inocencia no es necesariamente equiparable a la buena fe, sino que depende del acto.

La jurisprudencia dice lo contrario.

La buena fe se presume.

8.- La directiva que impone el principio de que la buena fe se presume, no significa en absoluto que no se atienda a las alegaciones de las partes y a los hechos de la causa que en su invocación no quedan al margen de la carga que impone el artículo 377 del CPCCN porque la buena o mala fe no dejan de ser conformados por la confluencia de hechos que deben ser analizados según cada caso concreto que permitirá, aún por presunciones, concluir sobre el conocimiento o no, o el que se debió tener, de la causa de la nulidad del matrimonio existente en el momento de su celebración. 

Partes: L., J. P. c/ A., B. F. s/ nulidad de matrimonio

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 16-jul-1997

Cita: MJ-JU-M-9052-AR | MJJ9052 | MJJ9052

Voces: JUICIO EJECUTIVO - CHEQUE - ENDOSO - BUENA FE

Partes: Vidal Pedro Daniel c/ Herrera Alberto Hermenegildo s/ ejec. camb.

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 14-dic-2009

Cita: MJ-JU-M-52317-AR | MJJ52317 | MJJ52317

Se presume legalmente la buena fe del portador del título ejecutado, siendo insuficiente la denuncia policial de robo del cheque.

Jurisprudencia Sintetizada. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Año 2008.

Ref. Fallos Sumarios Oficiales. Bol 2-08. Voces: 374. CONCURSOS: EFECTOS SOBRE CIERTAS RELACIONES JURIDICAS EN PARTICULAR. BOLETOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES. ESCRITURACION. OPONIBILIDAD AL CONCURSO. BUENA FE. POSESION. LC 146-2° PARTE. ALCANCES. 25.3.1.1.

"NO ES NECESARIO ACREDITAR LA BUENA FE DEL PRETENSO ADQUIRENTE DE UN INMUEBLE DE LA FALLIDA, POCOS DIAS ANTES DEL CONCURSAMIENTO DE ESTA, PUES ELLA SE PRESUME; TAL PRESUNCION NO DERIVA NECESARIAMENTE DEL CCIV: 2362, QUE LA ESTABLECE A FAVOR DE "TODO POSEEDOR", NI DEL CCIV: 4008 -REFERENTE A LA POSESION PARA USUCAPIR- PUES, POR HIPOTESIS, EL TITULAR DEL BOLETO AL QUE SE REFIERE LA LEY 24522: 146, PARTE 2ª, PUEDE NO SER POSEEDOR DEL INMUEBLE VENDIDO, YA QUE LA OPERATIVIDAD DE LA NORMATIVA CONCURSAL NO REQUIERE RELACION POSESORIA ALGUNA; EN RIGOR, LA BUENA FE EXIGIDA POR ESTA NORMA, SE REFIERE A LA NECESARIA PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO, ES DECIR PARA LA CELEBRACION DE LA PROMESA DE VENTA QUE INSTRUMENTA EL BOLETO (CCIV: 1198) Y SOBRE ELLA SE CIERNE LA PRESUNCION DE EXISTENCIA SEÑALADA (CFR. HEREDIA, PABLO D., "TRATADO EXEGETICO DE DERECHO CONCURSAL", T. 5, P. 201 Y DOCTRINA ALLI CITADA). BEDACARRATZ, MIGUEL S/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE ESCRITURACION PROMOVIDO POR CAVALLINI, RAUL. VASSALLO - DIEUZEIDE - HEREDIA. CAMARA COMERCIAL: D., 20080416 Ficha Nro.: 000050700 UTSUPRA: A00360148060.-

Fuente: PJN SEC CNACOM BO 2-2008 Autor: UTS PJN

Donde sigue diciendo:

La buena fe goza de la protección legal.

"Actuar de buena fe no garantiza un derecho, pero la ley otorga a la parte que actúa de buena fe una protección preferente. Por ejemplo, todas las partes de un juicio que actúan de buena fe deben tener garantizados sus derechos procesales en igualdad de condiciones, pero evidentemente una de ellas resultará vencedora y otra resultará perdedora. Ahora, si una de las partes actúa en el proceso con mala fe o con dolo, parte de esta protección se pierde y las presunciones se vuelcan en su contra antes de la sentencia, tal como lo establece el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil."

¿Querrá decir tal vez que no garantiza la eficacia del derecho? Es decir, ¿El ver plasmado éste en la realidad?. La buena fé, a todo lo extenso de nuestra legislación es protegida.

El art. 170 del Código Procesal Civil señala: "La nulidad no podrá ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración. Se entenderá que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco días subsiguientes al conocimiento del acto"

La nulidad tiene relación con el derecho de defensa y no con la buena o mala fe.

Este artículo sólo se refiere al Derecho de Defensa en Juicio, cuando, por alguna razón, dentro del proceso civil, alguna de las partes en contienda no pudo o no se le dejó defenderse. Y es la oportunidad procesal para hacerlo, dentro del quinto día, deberá decir esto mismo, pero, ello, no tiene nada que ver con presunciones de buena o de mala fe, sino que, como dije, con el derecho de defensa. Son hechos que pueden suceder por error. Y nada tienen que ver con tintes de mala o buena fe.

También alcanzo a leer:

"La mala fe es lo contrario a la buena fe. Actuar de mala fe es tener el conocimiento o la conciencia que el acto que se pretende no es legítimo y a pesar de esto, llevarlo a cabo. Actuar de mala fe es actuar con deshonestidad, con falta de lealtad y probidad, es actuar con el conocimiento de un vicio y aún así pretender un derecho. Se actúa de mala fe cuando se pretende un derecho que se conoce le corresponde legítimamente a otro. Actuar de mala fe no implica tener la intención de causar un daño, ya que estaríamos en presencia de un acto doloso, sino que, al actuar de mala fe, se tiene el conocimiento que la actuación es ilegal y/o podría causar un perjuicio a parte, o a terceros."

La mala fe es actuar contra derecho, no contra la ley.

Primer error: lo "legítimo" es lo amparado por la ley. Lo que el autor habrá querido decir, es "ilegal" que significa "contrario a derecho". Es decir, todo el plexo normativo y su interpretación por la doctrina judicial como por la de los autores.

Efectos jurídicos legales en casos de mala fe.

No necesariamente es actuar con deshonestidad, falta de lealtad o probidad, ni actuar con el conocimiento de un vicio, aunque la mayor parte de las veces, esto es lo que ocurre. La mala fé puede tener efectos legítimos, como en el caso de la prescripción adquisitiva veinteañal, tema que tocamos en http://www.consejosdederecho.com.ar/51.htm y en http://www.consejosdederecho.com.ar/57.htm .