AMPARO DAÑO AMBIENTAL - PROBLEMAS AMBIENTALES - TIPO DE DAÑO AMBIENTAL - DAÑOS POR CONSTRUCCIONES - PERDIDA DEL VALOR DE VENTA - INDEMNIZACIÓN CONSTRUCCIONES - BELLEZA DEL LUGAR - FALTA DE AIRE Y LUZ - INDEMNIZACIONES - RESPONSABLES - JUICIOS POSIBLES -

LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL AMBIENTE EN EL QUE VIVIMOS.

Por el Doctor Juan Carlos Muse Generch

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Posible sentido por el daño estético ambiental – La obligación de “recomponer”. ¿La acción directa por los particulares? ¿Por qué se exige ser “vecino” de un lugar donde se genera el impacto ambiental? ¿Qué entendemos por jurisdicción? El daño colectivo y ¿Cuáles son las generaciones futuras? Necesidades puntuales de munirse de acabada prueba. ¿Sólo dinero?

No es espacio este para detenernos en todo lo que el hombre ha tratado de arruinar – en vano – el planeta en el que vivimos, sino, solamente, ver cuáles son los mecanismos que tenemos para evitar que esta propagación de basura en la que estamos viviendo ( Monóxido y Dióxido de Carbono, plásticos que se quemarán al estallar el sol, elementos tan simples, como latas, papeles, vidrios, y todo aquello que no es biodegradable ) conforman un entorno que tiene tres caracterizaciones que solemos olvidar:

1.- Ambientes sucios, pero no tóxicos.

2.- Ambientes tóxicos, pero no sucios.

3.- Ambientes tóxicos y sucios.

La Constitución Nacional reformada establece que todos los habitantes de la nación tenemos derecho a un ambiente sano y equilibrado.

Es escaso lo que se dice ¿Qué es un ambiente sano o equilibrado?

Textualmente la Constitución de la Nación Argentina dice:

“Artículo 41- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.”

Como podemos observar la sanidad está condicionada a un equilibrio, y este equilibrio queda definido con las actividades productivas.

Luego señala la posibilidad de un “daño ambiental” que dará derecho a un resarcimiento, obviamente económico o indemnizatorio.

La norma condiciona la actividad productiva a no alterar el medio, o ambiente, sino en la condición de que, en la balanza – por decirlo de alguna manera -, se supere el desarrollo humano, o, lo que es lo mismo que decir, que la actividad productiva del hombre, si ha de ocasionar un daño ambiental, debe ser examinada a la luz de los beneficios que tal actividad productiva trae consigo.

Los Estados, Nacional, Municipales, y Provinciales, han dejado en manos de los particulares la tarea productiva de devolvernos el ambiente. Si esta función no se cumple – como no se la ha cumplido hasta ahora – el desarrollo humano va solamente de la mano de la invención y del bienestar producto de tales invenciones.

Parecería que el concepto de “sanidad” está referido exclusivamente a la porción de salud del hombre y no a la belleza estética de la que está dotada la naturaleza a nuestros ojos.

Por lo cual, un basural que no sería actualmente tóxico, no daría lugar a ninguna acción en pos de su cuidado, cuando la cuestión sería de orden “estético”.

De lo que se deduce que, siguiendo la tesis del derecho actual que desde antaño se viene aplicando: no habría acción sin derecho subjetivo, esto es, sin un perjuicio particular y egoísta, la simple falta de estética natural, no daría lugar a un reclamo indemnizatorio, por cuanto no existiría para el caso, una afectación personal en la salud de la persona. Así varias leyes dictadas en las distintas Provincias Argentinas, dan lugar a la acción por amparo, en términos de afectación puramente individual. Por ejemplo la ley jujeña nro. 7070 señala que los autorizados, o sea los legitimados para promover una acción de amparo son:

a)      Cualquier persona que habiendo sufrido un daño actual y directo en su persona o patrimonio, se encuentre de algún modo vinculada a las consecuencias dañosas de los actos u omisiones descriptos en este artículo. Cuando los daños ocasionados afecten los bienes del Estado Provincial, se dará intervención a Fiscalía de Estado de conformidad al Art. 149 de la Constitución Provincial.

b)      Todas las asociaciones abocadas a la defensa del Medio Ambiente registradas conforme a la Ley.

c)      El Ministerio Público.

En el orden nacional, la ley Nacional 25675 de ambiente señala como legitimados o autorizados, lo siguiente:

-      el afectado,

-       el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 de la Constitución Nacional,

-      el Estado nacional, provincial o municipal; asimismo,

-       quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción.

      ¿Qué es lo que sucede con el resto de los habitantes?

      El texto legal señala:

      Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros.”

O sea que seguimos con la vieja escuela del Derecho – NO HAY ACCIÓN LEGAL SIN DAÑO RESARCIBLE, en el sentido de que NO TIENE ACCIÓN, quien no ha sufrido un perjuicio particular. Reservándose, en consecuencia las entidades mencionadas, la titularidad de la acción de amparo, por el hecho dañoso que ocurra “dentro de la jurisdicción”.

      ¿Qué entendemos por jurisdicción?

      Supongamos que el daño se produce, o se genera, en la provincia de Buenos Aires, pero esta afectando también a habitantes de la Provincia de Córdoba. Una muy buena pregunta para realizarse es: si los habitantes de la Provincia de Córdoba, y las entidades allí mencionadas, pudieran presentar una acción de amparo por los daños que ellos sufren, por una determinada actividad industrial en la Provincia de Buenos Aires, en un lugar muy cercano a la Provincia de Córdoba. ¿Qué pueden hacer éstos mas allá de recurrir a las autoridades y entes reconocidos cuya inactividad es la norma de conducta?

       Los jueces, primeramente, han establecido que, para que tengan la posibilidad de accionar, por estos daños, los particulares, deben ser “vecinos” de la Provincia de la que se trate. O sea que el cordobés, a pesar de haber sufrido un daño particular, no tendría posibilidad de detener de solicitarle a un juez que tome las medidas que las leyes y la Constitución le permiten.

       Es la posición clásica. Por ejemplo, se hace uso de esta posición en este fallo: “La condición de vecino de una comuna afectada por la contaminación ambiental -en el caso, por desechos de la red cloacal domiciliaria que se vuelcan sin tratamiento previo al curso de un río- confiere legitimación activa para promover acción de amparo tendiente al cese del daño al medio ambiente y su recomposición, pues tal pretensión expresa un interés colectivo y difuso que poseen todos los integrantes de la comunidad a la salubridad del medio ambiente -arts. 41 y 43, Constitución Nacional-, sin cuya tutela y amparo no puede lograrse la del interés particular que tendría el amparista  Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes, sala II •  06/04/2004 •  Spagnolo, César A. c. Municipalidad de Mercedes •  LA LEY 2005-C, 60, con nota de Eduardo Pablo Jiménez - LLBA 2004, 536 - LA LEY 2004-D, 778, con nota de Marcelo Alberto López Alfonsín; Adriana N. Martínez; Germán J. Bidart Campos - DJ 2004-2, 799.

        Otra resolución judicial en el mismo sentido ha sido del siguiente tenor: “Los actores --como vecinos de la Ciudad de Buenos Aires-- están legitimados para solicitar la medida cautelar tendiente a la suspensión de la ejecución del decreto 357/98 (Adla, LVIII-B, 1570) por el daño ambiental que produciría la ejecución de las obras de ampliación del Puerto de Buenos Aires, en tanto "afectados", en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional, pues tal perjuicio los afectaría, en principio, en forma directa.” Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala I •  27/04/1999 •  Béliz, Gustavo y otros c. Poder Ejecutivo Nacional. •  LA LEY 1999-E, 221 - DJ 1999-3, 543

          En el mismo sentido clásico se ha resuelto: “Ha quedado probado que la industria demandada produce emanaciones de efluentes gaseosos, polución ambiental por polvillo de aserrín y ruidos que exceden los decibeles autorizados, además de ignorar expresas disposiciones reglamentarias de la actividad, lo que constituye una actividad manifiestamente negligente productora de un daño ambiental y ecológico que ha generado el derecho del actor vecino, no sólo a la cesación de sus turbaciones sino a ser resarcido pecuniariamente”   

        Esta posición clásica se utiliza para daños puntuales, en zonas determinadas, como puede observarse, donde potencialmente no afectaría a vecinos de otras provincias.

        Sin embargo, la jurisprudencia ha avanzado, y ha entendido la capacidad que estos daños son capaces de realizar. Por ejemplo, es claro que el impacto ambiental, no reconoce fronteras políticas.

        Considero que en los fallos precitados, mas allá del interés egoísta del que promueve una acción de amparo, se debaten entre las normas reglamentarias de la Constitución Nacional. Pero, bien puede argumentarse que ante las inacciones de los entes que ejercen, en este sentido, o debieran ejercer, un poder de policía ambiental, tienen derecho a entablar una acción de amparo, ya que ciertos daños, no quedan circunscriptos a determinadas fronteras políticas. Y en este sentido, tenemos que tener en cuenta de que se trata de una garantía constitucional, y por lo tanto, no necesita de una ley, y, lo que es mas, ni del texto constitucional expreso. Por lo que, entiendo, que estos debates no han sido debidamente planteados.

        Por ello, correctamente se ha resuelto: “Es procedente otorgar a los actores una indemnización por menoscabo al "ius utendi", si se encuentra acreditado que la contaminación producida por la demandada por la emisión de partículas de carbón de coque crudo, ha sido continua permanente e ininterrumpida a lo largo de 23 años y con ella la invasión de polvillo negro sobre sus propiedades, cuyos derechos de uso goce se han visto francamente menoscabados.” Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, sala III •  28/03/2006 •  Sagarduy, Alberto O. c. Copetro S.A. •  LLBA 2006, 798 - RCyS 2006-VIII, 102 - IMP 2006-17, 2178 - JA 2007-I, 305

 

        El daño colectivo:

        Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo.

       “Sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras” ( dice la Constitución Nacional ) Esto significa que, sin derecho a indemnización alguna, es procedente la acción de amparo, en la problemática de los basurales que no tienen actualmente toxicidad pero podrían tenerlo meses o años adelante.

       Obviamente dicho “compromiso” ha de ser evaluado en función de los proyectos industriales que se presenten por un demandado por una acción de amparo. Y esta cuestión, esto es, el mencionado “compromiso”, lamentablemente, debe surgir en términos inmediatos, como consecuencia de la inflexibilidad judicial en torno al progreso humano, y la permanente duda – como lego que es un magistrado – respecto a ese mencionado compromiso para las “generaciones futuras”.

        Por lo tanto, lo aconsejable es munirse de todo elemento probatorio en el sentido de que, inexorablemente, en algún momento se producirá un impacto ambiental imposible de corregir. De otra manera, no será muy satisfactoria la sentencia que vaya a dictarse. Las pericias deben, por consiguiente, ser muy amplias en lo que respecto a las posibilidades dañosas.

        ¿Qué es la obligación de recomponer?

         Producido un daño en la salud de una persona, la obligación de recomponer, será en todo caso una indemnización en dinero a una persona afectada, que pueda paliar los efectos de una toxicidad, y abarquen la cura clínica, de los efectos tóxicos, y de la minusvalía que ello significa para la calidad de vida de la persona afectada para lo sucesivo. Como se ha señalado, la jurisprudencia de nuestros tribunales, la aplica en tanto y en cuanto exista un daño particular a una persona determinada o conjunto de personas. No así, si lo que se pretende es proteger el medio ambiente solamente. No podemos estar de acuerdo con esta tesitura. Y algún fallo se ha dictado y sin decirlo abiertamente ha reconocido que el ambiente y su afectación, no tiene relación con intereses patrimoniales. La obligación de recomponer, también abarca la posibilidad de que sea el mismo poder judicial, a través de los peritos, la que disponga las medidas para paliar los efectos sobre la biodiversidad y el medio en general. En efecto se ha dicho por la jurisprudencia que:

         En otro caso la obligación de recomponer es de difícil entendimiento, ya que producido un tóxico y liberado a nuestro hábitat ¿cómo se recompone por medios judiciales?

         La Constitución señala que esa obligación de recomponer será “según lo establezca la ley”, lo que significa que no existiría solución desde el Poder Judicial mas allá de las sanciones que se pueden imponer a los funcionarios, judicialmente por la omisión ante el deber jurídico de actuar o una indemnización para el afectado. Pero la inacción de los funcionarios puede ocasionar, además, sanciones pecuniarias progresivas y geométricas.

         El Poder Judicial puede cursar órdenes en torno a la cesación parcial o total, o arbitrar medios para evitar la continuación de la afectación a nuestro hábitat, de conformidad a lo que los peritos expongan como soluciones posibles.

         Sin embargo ¿Quiénes son los afectados?

         Por el momento, las organizaciones de defensa del medio, de la biodiversidad, son las únicas autorizadas para promover las acciones pertinentes. Sin perjuicio de esto, seguimos con la tesitura clásica de que tiene derecho a ejercer la acción de amparo como individuo y no más que ello, quien sufra particularmente el daño ambiental. Sea o no sea vecino de una Provincia o de otra. Esta no es una cuestión de división política territorial.

        Un lamentable fallo – Que no debiera repetirse – y sólo dinero:

        Lo cito porque es verdaderamente una rendición ante ciertas circunstancias en las cuales aún cuando el Poder Judicial prevé un daño futuro cierto, lo deja pasar, en pos del supuesto progreso o por la confortabilidad de vida. Este es el fallo: “Dado que la empresa demandada ha producido, produce y producirá un daño ambiental porque le es intrínseco y propio de la actividad que desarrolla, ya que evitar el daño sería equivalente a impedir la actividad y ordenar su cierre, se impone compatibilizar el daño ambiental con la perspectiva fundamental de la sustentabilidad, teniendo en cuenta la valoración del ambiente desde un punto de vista social, económico y ecológico, la consideración de su posible y concreto menoscabo y la necesidad de la reversión de tal perjuicio en términos monetarios. ( Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, sala III •  28/03/2006 •  Sagarduy, Alberto O. c. Copetro S.A. •  LLBA 2006, 798 - RCyS 2006-VIII, 102 - IMP 2006-17, 2178 - JA 2007-I, 305 )

        El caso, sienta un incorrecto precedente, se trataba de vecinos inmediatos de la empresa demandada que acumularon pretensiones abarcativas de dos clases de daños, una referida al cese de la contaminación ambiental que aquella producía debido a la emisión de partículas de carbón de coque crudo a la atmósfera.

EN SÍNTESIS Y CONCLUSIÓN:

-      NO SE HA PLANTEADO LA CUESTIÓN DEL DAÑO ESTÉTICO ( VER SIN EMBARGO ART. 2do inc. a LEY 25.675, 4TO. PRINCIPIO PRECAUTORIO, LA "Vocación de cada zona" ( art. 10mo inc. "a" ), en contra evaluación del art. 11 y 12. Relación educación ambiental art. 14, 15 e inciso "h" del art. 2. Pero solo se habla de educación.

-      TAMPOCO SE HAN VERIFICADO DEBIDAMENTE, NI SE HA DEBATIDO  JUDICIALMENTE LA CUESTIÓN ATINENTE A LA “PROYECCIÓN PARA GENERACIONES FUTURAS”

Sin perjuicio de esto, NADA OBSTA, lo puedo afirmar con contundencia, a promover una acción de amparo por dichas recién mencionados temas.

POLÍTICA AMBIENTAL NACIONAL  Ley 25.675

 

 

Presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Principios de la política ambiental. Presupuesto mínimo. Competencia judicial. Instrumentos de política y gestión. Ordenamiento ambiental. Evaluación de impacto ambiental. Educación e información. Participación ciudadana. Seguro ambiental y fondo de restauración. Sistema Federal Ambiental. Ratificación de acuerdos federales. Autogestión. Daño ambiental. Fondo de Compensación Ambiental.

Sancionada: Noviembre 6 de 2002

Promulgada parcialmente: Noviembre 27 de 2002

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

 

 

LEY GENERAL DEL AMBIENTE

Bien jurídicamente protegido

 

 

ARTICULO 1º — La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.

 

ARTICULO 2º — La política ambiental nacional deberá cumplir los siguientes objetivos:

a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas;

b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria;

c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión;

d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales;

e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos;

f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica;

g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo;

h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal;

i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma;

j) Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional

k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental.

 

ARTICULO 3º — La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son de orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta.

Principios de la política ambiental

 

ARTICULO 4º — La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política Ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios:

Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga.

Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir.

Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente. .

Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras.

Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos.

Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan.

Principio de subsidiariedad: El Estado nacional, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales.

Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras.

Principio de solidaridad: La Nación y los Estados provinciales serán responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos.

Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional, El tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta.

ARTICULO 5º — Los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en la presente ley.

Presupuesto mínimo

ARTICULO 6º — Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable.

Competencia judicial

ARTICULO 7º — La aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia, o las personas.

En los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal.

Instrumentos de la política y la gestión ambiental

ARTICULO 8º — Los instrumentos de la política y la gestión ambiental serán los siguientes:

1. El ordenamiento ambiental del territorio

2. La evaluación de impacto ambiental.

3. El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas.

4. La educación ambiental.

5. El sistema de diagnóstico e información ambiental.

6. El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.

Ordenamiento ambiental

 

ARTICULO 9º — El ordenamiento ambiental desarrollará la estructura de funcionamiento global del territorio de la Nación y se generan mediante la coordinación interjurisdiccional entre los municipios y las provincias, y de éstas y la ciudad de Buenos Aires con la Nación, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA); el mismo deberá considerar la concertación de intereses de los distintos sectores de la sociedad entre sí, y de éstos con la administración pública.

 

ARTICULO 10. — El proceso de ordenamiento ambiental, teniendo en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y nacional, deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y promover la participación social, en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable.

Asimismo, en la localización de las distintas actividades antrópicas y en el desarrollo de asentamientos humanos, se deberá considerar, en forma prioritaria:

a) La vocación de cada zona o región, en función de los recursos ambientales y la sustentabilidad social, económica y ecológica;

b) La distribución de la población y sus características particulares;

c) La naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas;

d) Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales;

e) La conservación y protección de ecosistemas significativos.

Evaluación de impacto ambiental

 

ARTICULO 11. — Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución,

 

ARTICULO 12. — Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados.

 

ARTICULO 13. — Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos.

Educación ambiental

 

ARTICULO 14. — La educación ambiental constituye el instrumento básico para generar en los ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la población.

 

ARTICULO 15. — La educación ambiental constituirá un proceso continuo y permanente, sometido a constante actualización que, como resultado de la orientación y articulación de las diversas disciplinas y experiencias educativas, deberá facilitar la percepción integral del ambiente y el desarrollo de una conciencia ambiental,

Las autoridades competentes deberán coordinar con los consejos federales de Medio Ambiente (COFEMA) y de Cultura y Educación, la implementación de planes y programas en los sistemas de educación, formal y no formal.

Las jurisdicciones, en función de los contenidos básicos determinados, instrumentarán los respectivos programas o currículos a través de las normas pertinentes.

 

Información ambiental

ARTICULO 16. — Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deberán proporcionar la información que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan.

Todo habitante podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada.

 

ARTICULO 17. — La autoridad de aplicación deberá desarrollar un sistema nacional integrado de información que administre los datos significativos y relevantes del ambiente, y evalúe la información ambiental disponible; asimismo, deberá proyectar y mantener un sistema de toma de datos sobre los parámetros ambientales básicos, estableciendo los mecanismos necesarios para la instrumentación efectiva a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

 

ARTICULO 18. — Las autoridades serán responsables de informar sobre el estado del ambiente y los posibles efectos que sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales y proyectadas.

El Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, elaborará un informe anual sobre la situación ambiental del país que presentará al Congreso de la Nación. El referido informe contendrá un análisis y evaluación sobre el estado de la sustentabilidad ambiental en lo ecológico, económico, social y cultural de todo el territorio nacional.

 

Participación ciudadana

ARTICULO 19. — Toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general.

 

ARTICULO 20. — Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente.

La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública.

 

ARTICULO 21. — La participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados.

Seguro ambiental y fondo de restauración

 

ARTICULO 22. — Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación.

 

Sistema Federal Ambiental

ARTICULO 23. — Se establece el Sistema Federal Ambiental con el objeto de desarrollar la coordinación de la política ambiental, tendiente al logro del desarrollo sustentable, entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo será instrumentado a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

 

ARTICULO 24. — El Poder Ejecutivo propondrá a la Asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente el dictado de recomendaciones o de resoluciones, según corresponda, de conformidad con el Acta Constitutiva de ese organismo federal, para la adecuada vigencia y aplicación efectiva de las leyes de presupuestos mínimos, las complementarias provinciales, y sus reglamentaciones en las distintas jurisdicciones.

 

Ratificación de acuerdos federales

ARTICULO 25. — Se ratifican los siguientes acuerdos federales:

1. Acta Constitutiva del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), suscrita el 31 de agosto de 1990, en la ciudad de La Rioja, cuyo texto integra la presente ley como anexo I.

2. Pacto Federal Ambiental, suscrito el 5 de junio de 1993, en la ciudad de Buenos Aires, cuyo texto integra la presente ley como anexo II.

Autogestión

 

ARTICULO 26. — Las autoridades competentes establecerán medidas tendientes a:

a) La instrumentación de sistemas de protección de la calidad ambiental que estén elaborados por los responsables de actividades productivas riesgosas;

b) La implementación de compromisos voluntarios y la autorregulación que se ejecuta a través de políticas y programas de gestión ambiental;

c) La adopción de medidas de promoción e incentivos. Además, se deberán tener en cuenta los mecanismos de certificación realizados por organismos independientes, debidamente acreditados y autorizados.

 

Daño ambiental

ARTICULO 27. — El presente capítulo establece las normas que regirán los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen daño ambiental de incidencia colectiva. Se define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos.

 

ARTICULO 28. — El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por la presente, el cual será administrado por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran corresponder.

 

ARTICULO 29. — La exención de responsabilidad sólo se producirá acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

 

La responsabilidad civil o penal, por daño ambiental, es independiente de la administrativa. Se presume iuris tantum la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existen infracciones a las normas ambientales administrativas.

 

ARTICULO 30. — Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 de la Constitución Nacional, y el Estado nacional, provincial o municipal; asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción.

Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros.

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo.

 

ARTICULO 31. — Si en la comisión del daño ambiental colectivo, hubieren participado dos o más personas, o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí para lo que el juez interviniente podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable.

En el caso de que el daño sea producido por personas jurídicas la responsabilidad se haga extensiva a sus autoridades y profesionales, en la medida de su participación.

 

ARTICULO 32. — La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia. El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. Asimismo, en su Sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente su consideración por las partes.

En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de parte.

 

ARTICULO 33. — Los dictámenes emitidos por organismos del Estado sobre daño ambiental, agregados al proceso, tendrán la fuerza probatoria de los informes periciales, sin perjuicio del derecho de las partes a su impugnación.

La sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes, a excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente, por cuestiones probatorias.

 

Del Fondo de Compensación Ambiental

ARTICULO 34. — Créase el Fondo de Compensación Ambiental que será administrado por la autoridad competente de cada jurisdicción y estará destinado a garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos nocivos o peligrosos sobre el ambiente, la atención de emergencias ambientales; asimismo, a la protección, preservación, conservación o compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente.

Las autoridades podrán determinar que dicho fondo contribuya a sustentar los costos de las acciones de restauración que puedan minimizar el daño generado.

La integración, composición, administración y destino de dicho fondo serán tratados por ley especial.

 

ARTICULO 35. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS.

· REGISTRADA BAJO EL Nº 25.675 —

·

EDUARDO O. CAMAÑO.—JUAN C. MAQUEDA. — Eduardo D. Rollano.— Juan C. Oyarzún.

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NOTA: los textos en negrita fueron observados.

 

 

ANEXO I

Acta Constitutiva del Consejo Federal de Medio Ambiente

Las altas partes signatarias:

Declaran:

Reconociendo: Que la preservación y conservación del ambiente en el territorio del país requiere para el mejoramiento de la calidad de vida una política coordinada y participativa, en virtud de que el sistema ambiental es una complejidad que trasciende las fronteras políticas provinciales.

Que el federalismo es un sistema político de distribución territorial de las competencias que puede resolver con eficacia la administración local de los problemas ambientales.

Que resulta igualmente apto para generar una política ambiental de integración entre las provincias y el gobierno federal.

Que nos hallamos frente a un problema de carácter universal que constituye uno de los grandes desafíos que enfrenta la comunidad internacional.

Considerando: Que el ambiente es un patrimonio común de la sociedad y que de su equilibrio depende la vida y las posibilidades de desarrollo del país.

Que la coordinación entre los distintos niveles gubernativos y sociales son indispensables para la eficacia de las acciones ambientales.

Que los recursos ambientales deben ser aprovechados de manera que se asegure una productividad óptima y sostenida, con equilibrio e integridad.

Que la difusión de tecnologías apropiadas para el manejo del medio ambiente, la información ambiental y la formación de una conciencia pública sobre la preservación del entorno son esenciales en la formulación de la política ambiental.

Por ello los estados signatarios acuerdan lo siguiente:

Creación, objeto y constitución

 

Artículo 1º: Créase el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) como organismo permanente para la concertación y elaboración de una política ambiental coordinada entre los Estados miembros.

Artículo 2º: El COFEMA tendrá los siguientes objetivos:

1. Formular una política ambiental integral, tanto en lo preventivo como en lo correctivo, en base a los diagnósticos correspondientes, teniendo en consideración las escales locales, provinciales, regionales, nacionales e internacionales.

2. Coordinar estrategias y programas de gestión regionales en el medio ambiente, propiciando políticas de concertación como modo permanente de accionar, con todos los sectores de la Nación involucrados en la problemática ambiental.

3. Formular políticas de utilización conservante de los recursos del medio ambiente.

4. Promover la planificación del crecimiento y desarrollo económico con equidad social en armonía con el medio ambiente.

5. Difundir el concepto de que la responsabilidad en la protección y/o preservación del ambiente debe ser compartida entre la comunidad y el Estado.

6. Promover el ordenamiento administrativo para la estrategia y gestión ambiental en la Nación, provincias y municipios.

7. Exigir y controlar la realización de estudios de impacto ambiental, en emprendimientos de efectos interjurisdiccionales, nacionales e internacionales.

8. Propiciar programas y acciones de educación ambiental, tanto en el sistema educativo formal como en el informal, tendientes a elevar la calidad de vida de la población.

9. Fijar y actualizar los niveles exigidos de calidad ambiental y realizar estudios comparativos, propiciando la unificación de variables y metodologías para el monitoreo de los recursos ambientales en todo el territorio nacional.

10. Constituir un banco de datos y proyectos ambientales.

11. Gestionar el financiamiento internacional de proyectos ambientales.

Artículo 3º: El COFEMA será una persona jurídica de derecho público constituida por los Estados que lo ratifiquen, el Gobierno federal y las Provincias que adhieran con posterioridad y la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 4º: Los estados partes se obligan a adoptar a través del poder que corresponda las reglamentaciones y normas generales que resuelva la Asamblea cuando se expida en forma de resolución.

En caso de incumplimiento o de negatoria expresa, la Asamblea en la reunión ordinaria inmediata, considerará las alternativas de adecuación al régimen general que presentare el estado miembro o la Secretaría Ejecutiva.

Composición del COFEMA

Artículo 5º: El COFEMA estará integrado por la Asamblea. La Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Administrativa.

De la Asamblea

Artículo 6º: La Asamblea es el órgano superior del Consejo con facultad de decisión, y como tal, es la encargada de fijar la política general y la acción que éste debe seguir.

Estará integrada por un ministro o funcionario representante titular o por su suplente, designados expresamente por el Poder o Departamento o Ejecutivo de los Estados miembros.

Artículo 7º: La Asamblea elegirá entre sus miembros presentes por una mayoría de dos tercios de sus votos, un presidente que durará en sus funciones hasta la sesión de la próxima Asamblea Ordinaria.

Artículo 8º: Las Asambleas serán ordinarias y extraordinarias.

Las ordinarias se reunirán dos veces al año en el lugar y fecha que indique la Asamblea anterior.

Las extraordinarias se convocarán a pedido de una tercera parte de los miembros del Consejo o por la Secretaría Ejecutiva.

Artículo 9º: La Asamblea se expedirá en forma de:

a) Recomendación: determinación que no tendrá efecto vinculante para los estados miembros.

b) Resolución: decisión con efecto vinculante para los estados miembros.

Atribuciones de la Asamblea

Artículo 10º: Serán atribuciones de la Asamblea:

a) Dictar el reglamento de funcionamiento del Consejo.

b) Establecer y adoptar todas las medidas y normas generales para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 2º.

c) Proponer los aportes que deberán realizar los estados miembros para el sostenimiento del organismo.

d) Aprobar el proyecto de presupuesto anual del consejo que deberá presentar la Secretaría Ejecutiva.

e) Dictar las normas para la designación del personal.

f) Crear las comisiones y consejos asesores necesarios para el cumplimiento de sus fines.

g) Aprobar anualmente un informe ambiental elaborado por la Secretaría Ejecutiva y que será difundido en los Estados miembros.

h) Evaluar la gestión de la Secretaría Ejecutiva.

Quórum y votación

Artículo 11º: La Asamblea deberá sesionar con un quórum formado por la mitad de los miembros del Consejo.

Artículo 12º: Cada miembro de la Asamblea tendrá derecho a un voto.

Artículo 13º: Las decisiones de la Asamblea serán tomadas por el voto de la mitad más uno de sus miembros presentes, salvo cuando se estipule una mayoría superior.

Artículo 14º: La Secretaría Ejecutiva presidida por el presidente de la asamblea será el órgano ejecutivo y de control. Expedirá las instrucciones necesarias para el cumplimiento de estas resoluciones, indicando en el informe pertinente, que elevará a la asamblea ordinaria, las dificultades y alternativas que crea oportunas.

Artículo 15º: La Secretaría Ejecutiva estará formada por un delegado de cada una de las regiones en que la Asamblea resuelva dividir el país.

La representación será anual y rotativa entre los miembros que formen cada región.

Artículo 16º: La Secretaría Ejecutiva comunicará fehacientemente la convocatoria a asamblea, con una antelación de no menos de diez días y debiendo incluirse el orden del día de la misma.

Artículo 17º: La Secretaría Ejecutiva promoverá la concertación de acuerdos entre los Estados miembros a fin de integrar las jurisdicciones.

De la Secretaría Administrativa

Artículo 18º: La Secretaría Administrativa será designada y organizada por la Asamblea Ordinaria.

Artículo 19º: Sus funciones serán la gestión administrativa y presupuestaria del organismo.

Disposiciones complementarias

Artículo 20º: El presente acuerdo será ratificado por los miembros de conformidad con sus respectivos procedimientos legales.

No se adquirirá la calidad de miembro hasta que este procedimiento se haya concluido.

Artículo 21º: La ratificación y adhesiones posteriores deberán contener la aceptación o rechazo liso y llano del mismo, sin introducir modificaciones.

Artículo 22º: Las ratificaciones y adhesiones serán entregadas a la Secretaría Administrativa, la cual notificará su recepción a todos los miembros.

Artículo 23º: La sede del COFEMA estará constituida en la jurisdicción que representa el presidente de la Asamblea.

Artículo 24º: Para la modificación de la presente acta se requerirá el voto de las dos terceras partes de los Estados miembros.

Artículo 25º: El presente Acuerdo podrá ser denunciado por los miembros del COFEMA con un aviso previo de noventa días y será comunicado, en forma fehaciente, al presidente de la Asamblea, quedando excluido, desde entonces, de los alcances del mismo.

Disposiciones transitorias

Artículo 26º: La Secretaría Administrativa corresponderá hasta su constitución definitiva al representante de la Provincia de La Rioja.

Artículo 27º: EL COFEMA comenzará a funcionar a los noventa días corridos, contados desde la fecha de la Asamblea constitutiva, siempre que durante ese lapso haya sido ratificado este acuerdo, o han adherido, al menos siete jurisdicciones, o después de esa fecha, si este número de miembros se alcanzase.

Artículo 28º: Los firmantes de la presente acta, quienes actúan a referéndum de los Poderes Provinciales representan a las siguientes jurisdicciones: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, La Rioja, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán. Firmado: Doctora Cristina Maiztegui, asesora de la Comisión Interministerial de Política Ambiental, Asesoría General de Gobierno, Provincia de Buenos Aires: Arquitecta Julia Mercedes Corpacci, Directora de Medio Ambiente, Provincia de Catamarca; Ingeniero Daniel Esteban Di Giusto, Subsecretario de Gestión Ambiental, Provincia de Córdoba, Señor Emilio Eduardo Díaz, Subsecretario de Recursos Naturales y Ecología, provincia de Formosa; Arquitecto Mauro Nicolás Bazán, Director General de Gestión Ambiental, Provincia de La Rioja; Arquitecto Ricardo Jílek, Director General de Medio Ambiente, Provincia de Mendoza; Licenciado Alberto Morán, Subsecretario de Medio Ambiente, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; Licenciada Janett S. De Yankelevich, Directora General de Gestión Ambiental, Provincia del Neuquén; Arquitecto Sergio Perota, miembro del Consejo Provincial de Medio Ambiente, Provincia de Salta; Licenciado Federico Ozollo, Asesor del Ministerio de Acción Social y Salud Pública, Provincia de San Juan; Ingeniero Jorge Alberto Hammerly, Director General de Saneamiento Ambiental; Ingeniero Julio Oscar Graieb, Director General de Saneamiento Ambiental, Provincia de Tucumán. Previa lectura y ratificación se firman doce (12) ejemplares de un mismo tenor a sus efectos, en la ciudad de La Rioja a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 1990.

 

 

ANEXO II

Pacto Federal Ambiental

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los cinco días del mes de julio del año mil novecientos noventa y tres.

En presencia del señor Presidente de la Nación, Doctor Carlos Saúl Menem, señor Ministro del Interior, Doctor Gustavo Beliz, la señora Secretaria de Estado de Recursos Naturales y Ambiente Humano y señores Gobernadores de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, y el señor Intendente de la Ciudad de Buenos Aires.

Las autoridades signatarias declaran:

Considerando:

Que la preservación, conservación mejoramiento y recuperación del ambiente son objetivos de acciones inminentes que han adquirido dramática actualidad, desde el momento en que se ha tomado conciencia de que el desarrollo económico no puede estar desligado de la protección ambiental.

Que esta situación compromete, no solo a todos los estratos gubernamentales de la República, sino también, a cada uno de los ciudadanos, cualquiera sea su condición social o función.

Que la voluntad reflejada en el Pacto Federal firmado en la ciudad de Luján, el 24 de mayo de 1990, y los compromisos contraídos ante el mundo en la CNUMAD ‘92, hace indispensable crear los mecanismos federales que La Constitución Nacional contempla y, en cumplimiento de ese compromiso, resulta oportuno reafirmar el espíritu y la acción federal en materia de recursos naturales y medio ambiente.

 

 

En consecuencia:

La Nación y las Provincias aquí representadas acuerdan:

I. - El objetivo del presente acuerdo es promover políticas ambientalmente adecuadas en todo el territorio nacional, estableciendo Acuerdos Marcos entre los Estados Federales y entre estos y la nación, que agilicen y den mayor eficiencia a la preservación del ambiente teniendo como referencia a los postulados del Programa 21 aprobado en la CNUMAD ‘92.

II. - Promover a nivel provincial la unificación y/o coordinación de todos los organismos que se relacionen con la temática ambiental, concentrando en el máximo nivel posible la fijación de las políticas de recursos naturales y medio ambiente.

III. - Los Estados signatarios reconocen al Consejo Federal de Medio Ambiente como un instrumento válido para la coordinación de la política ambiental en la República Argentina.

IV. - Los Estados signatarios se comprometen a compatibilizar e instrumentar en sus jurisdicciones la legislación ambiental.

V. - En materia de desarrollo de una conciencia ambiental, los Estados signatarios se comprometen a impulsar y adoptar políticas de educación, investigación científico-tecnológica, capacitación, formación y participación comunitaria que conduzcan a la protección y preservación del ambiente.

VI. - Los señores gobernadores propondrán ante sus respectivas legislaturas provinciales la ratificación por ley del presente acuerdo, si correspondiere.

VII. - El Estado Nacional designa ante el Consejo Federal de Medio Ambiente, para la implementación de las acciones a desarrollarse a efectos de cumplimentar los principios contenidos en este Acuerdo, a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación.