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LA CULPA DEL PEATÓN QUE EXIME DE RESPONSABILIDAD AL CONDUCTOR DEL AUTOMÓVIL – RIESGOS CREADOS POR LOS PEATONES – PRUEBA DE LA CULPA DEL PEATÓN – LA PRUEBA TESTIMONIAL – RESULTADOS DAÑOSOS POR ACTOS DEL PEATÓN.

 

 

 

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La previsión.

El caso fortuito.

El caso fortuito y la fuerza mayor.

Siniestro por el que se debe responder aunque medie culpa de la víctima o de un tercero.

La previsibilidad en el caso fortuito y la fuerza mayor.

La culpa de la víctima y la prueba. La prueba testimonial.

El aumento del riesgo del peatón y la prueba.

El aumento del riesgo con resultados dañosos para el conductor del automóvil.

La obligación de resultado y la fuerza mayor.

Los resultados. La compensación de daños. Daños al conductor del automóvil por impericia del peatón.  La prueba.

 

La previsión.

Sabemos que por el artículo 1113 del Código Civil, se responde por el vicio o riesgo, e instaura la teoría de riesgo creado. Cuestión a la que nos  remitimos ( clic aquí ).

Pero que, por el mismo artículo se puede acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por el cual no se tiene obligación de responder.

La previsión exigida al conductor hace a la restricción del examen de la culpa en la víctima. Salvo que se demuestre lo contrario, existe una suerte de presunción de culpa del lado del conductor, y, aunque, la jurisprudencia no habla de presunción de culpa, sino del hecho objetivo de poseer una cosa riesgosa, aunque no medie culpa, para poder entendernos, hablo entonces de presunción de culpa, sólo y tan sólo para señalar que la mera posesión de una cosa riesgosa, que se ha incorporado al Código Civil, como teoría del riesgo creado, o de responsabilidad por la cosa, ya sea su vicio, ya sea su riesgo, lo da por inmerso en la misma cosa de la que nos valemos.

Se ha hablado mucho respecto de este tema abandonándose la idea de presunción de culpa.

Sin embargo, como he señalado antes, la jurisprudencia exige sólo que la culpa de la víctima o de un tercero que aleje a esa responsabilidad objetiva por la que debemos responder, sea fehacientemente acreditada.

López Cabana, añade otra causal de exención de responsabilidad, el caso fortuito.

El caso fortuito.

“Como consecuencia de la atribución de responsabilidad por un factor objetivo, el sindicado sólo se libera acreditando la ruptura del nexo causal; esto es probando el caso fortuito, la culpa de la víctima o la culpa de un tercero por el cual no debe responder” ( página  44 de su obra: RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTES - ACCIDENTES DE TRÁNSITO - ACCIDENTES POR RIESGOS DEL TRABAJO - ACCIDENTES POR PRODUCTOS ELABORADOS - RESIDUOS PATOLÓGICOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL - ACCIDENTES DERIVADOS DEL TRANSPORTE MARÍTIMO - DAÑOS Y ACCIDENTES EN LA HOTELERÍA - RESPONSABILIDAD CIVIL EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS - LOS DAÑOS Y LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL - LOS ACCIDENTES DE CONSUMO – LIMITACIÓN INDEMNIZATORIA EN MATERIA DE ACCIDENTES, de editorial Abeledo Perrot, Bs. As. 1998 ).

El caso fortuito y la fuerza mayor.

Más adelante en su obra citada en página 52 añade a la fuerza mayor.

En efecto, señala allí: “Se trata de una obligación de resultado, por lo cual su incumplimiento trae aparejada una presunción de responsabilidad con atribución objetiva. Para liberarse de responsabilidad deberá plantear las defensas en el plano de la relación causal, demostrando que el perjuicio se ha producido por una causa ajena: el caso fortuito o fuerza mayor, o la culpa de la víctima o un tercero”

Si bien la distinción entre caso fortuito y fuerza mayor es muchas veces confusa en nuestro Derecho. Lo define el artículo 514 y su nota marcan el distingo.

El art. 514 señala que “Caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse.”

El distingo no es sólo conceptual, desde que a la fuerza mayor le comprende la calidad de especie, dentro del caso fortuito. Los casos fortuitos se dividirían, desde un mero punto de vista conceptual con efectos jurídicos distintos. Se distinguirían, en principio, en hechos de la naturaleza y hechos propios del hombre. No hay acuerdo en cuanto a las diferencias.

Sin embargo, si tomamos el ejemplo de la nota, al hablar la misma del hecho del hombre y del hecho de la naturaleza, mientras que en la fuerza mayor se habla de hechos del hombre, en plural y de otra envergadura, podría darse la hipótesis de la falta de previsión excusatoria, en los casos extremos del hombre, o de los hombres, como se señala en el caso de fuerza mayor, guerras, hecho de soberano ( por ejemplo, la obligación incumplida por causa de una norma que luego prohíbe el cumplimiento de la obligación ). Se tratan entonces casos de fuerza mayor a hechos sociales o políticos ), que, si lo entendemos como obligaciones impuestas a la sociedad y que hacen imposible el cumplimiento de la obligación, impondrían la necesidad de someterse a nuevas reglas.

Si bien el Código, no le da mucha importancia al tema, ciertamente la tiene, desde que si de la obligación legal se prohíbe el cumplimiento, como por ejemplo, la entrega de dólares, por prohibirse la entrega de dar divisas, debiendo cancelar en moneda nacional – hecho éste bastante menudo en nuestra organización social -, estaríamos hablando de un caso fortuito con carácter de fuerza mayor. Lo cual haría posible eximir de responsabilidad al que tenga una obligación aún de resultado.

La nota al art. 514 dice:

L. 11, tít. 33, Part. 7a y L. 6, tít. 24, lib. 4, Cód. romano. Los casos fortuitos o de fuerza mayor son producidos por dos grandes causas; por la naturaleza o por el hecho del hombre. Los casos fortuitos naturales son, por ejemplo la impetuosidad de un río que sale de su lecho: L. 15, Dig. "Loc. Cond."; los terremotos o temblores de la tierra (íd.), las tempestades; L. 2. Dig. "Si quis caution"; el incendio: Dig. "De incendiis"; las pestes, etc. L. 5, § 4, Dig. "Commodato". Más los accidentes de la Naturaleza no constituyen casos fortuitos, dice TROPLONG, mientras que por su intensidad no salgan del orden común. No se debe por lo tanto calificar como caso fortuito o de fuerza mayor, los acontecimientos que son resultado del curso ordinario y regular de la Naturaleza, como la lluvia, el viento, la creciente ordinaria de los ríos, etc.; pues las estaciones tienen su orden y su desarreglo, que producen accidentes y perturbaciones que también traen daños imprevistos.

Los casos de fuerza mayor son hechos del hombre, como la guerra, el hecho del soberano, o fuerza de príncipe, como dicen los libros de Europa. Se entienden por hechos del soberano los actos emanados de su autoridad, tendiendo a disminuir los derechos de los ciudadanos. Las violencias y las vía de hecho de los particulares, no se cuentan en el número de los casos de fuerza mayor, porque son delitos, y como tales están sujetos a otros principios que obligan a la reparación del mal que causen.

El artículo habla de "casos fortuitos previstos", pero no debe entenderse de una previsión precisa, conociendo el lugar, el día y la hora en que el hecho sucederá, sino de la eventualidad de tal hecho que puede, por ejemplo, destruir los frutos de la tierra, sin que sea posible saber dónde y cuándo sucederá. Por esto, el art. 1773 del Cód. francés dice "La estipulación que pone los casos fortuitos a cargo del tomador de una hacienda de labranza, no se entiende sino de los casos fortuitos ordinarios, tales como el granizo, el hielo, la seca, y no de los casos fortuitos extraordinarios, como la guerra, los terremotos, etcétera".

Salas en su Código Civil Anotado Tomo 1 ( Bs. Asa. 1981 ), de editorial Depalma sostiene que “Para que exista fuerza mayor es menester que el acontecimiento que se invoca haya hecho imposible el cumplimiento de la obligación, de manera que las dificultades o la mayor onerosidad no la configuran, siempre que para vencer a aquellas no sea necesaria una diligencia superior a la requerida por la naturaleza de la obligación, conforme a las circunstancias del caso. En tal sentido se ha resuelto que no constituye fuerza mayor, la escacez de películas virgen invocada por la empresa cinematográfica, el aumento de las tarifas ferroviarias, o de los impuestos que hacen más onerosa la entrega de mercaderías, las dificultades económicas del deudor, aunque se trate del Estado y consista en el agotamiento de la partida presupuestaria, la enfermedad del deudor, cuando no se trate de prestaciones que deben cumplirse personalmente por éste; las disenciones entre los condóminos de la cosa vendida. Esta imposibilidad debe ser absoluta, es decir, que debe existir para todos, no sólo para el deudor”

Cita innumerable cantidad de fallos en pág. 514 de dicho tomo. En cuanto a que la imposibilidad debe ser absoluta, es decir, para todos, cita a un fallo de la Cámara Federal, del 12/4/1940, publicado en La Ley 18-377 y de la Cámara en lo Comercial Nacional del 30/4/1945 y un fallo en contra en este sentido de la Cámara Nacional en lo Comercial del 26/10/43.

Por estos motivos se ha llegado a decir, que, en la fuerza mayor no existe relación entre la previsión y la maniobrabilidad.

Estos supuestos de distinción son importantes, por cuanto si la previsión no juega, o la posibilidad de cumplimiento por tratarse normativamente de hechos, como en los casos, citados en la nota, al artículo 514, de cumplimientos prohibidos de las obligaciones por fuerza, es decir, por normas o por conductas sociales, imperativas en el complejo normativo, la fuerza mayor, exoneraría de responsabilidad aunque la obligación sea de resultado.

Siniestro por el que se debe responder aunque medie culpa de la víctima o de un tercero.

Es el caso del transportador, quien, aunque haya existido culpa de la víctima o de un tercero por el cual no tiene obligación de responder, se compromete a un resultado.

Por el solo hecho que el pasajero sufra un daño en el curso del viaje queda comprometida la responsabilidad del transportador, sin necesidad de acreditar su culpa, pues ésta se presume cuando es contractual, o queda establecida por el incumplimiento material del deudor de una obligación determinada, incumbiendo, a quien pretende exculparse, la prueba de que tal incumplimiento fue efecto de un caso fortuito o causa de fuerza mayor no imputable al deudor (CNCiv., Sala A, Julio 30 1962). ED, 4-870.

Y en todas aquellas obligaciones en las que legal o convencionalmente, el compromiso es de resultado asumiéndose dentro del concepto legal previsto en el art. 513 del Código Civil, aunque se trate de circunstancias que rodearon la contratación. Señala esta disposición: “El deudor no será responsable de los daños e intereses que se originen al acreedor por falta de cumplimiento de la obligación, cuando éstos resultaren de caso fortuito o fuerza mayor, a no ser que el deudor hubiera tomado a su cargo las consecuencias del caso fortuito, o éste hubiere ocurrido por su culpa, o hubiese ya sido aquél constituido en mora, que no fuese motivada por caso fortuito, o fuerza mayor.”

La previsibilidad en el caso fortuito y la fuerza mayor.

El caso fortuito mencionado en el art. 514 del Código Civil no lo constituyen los acontecimientos que ocurren normalmente; ha de tratarse de algo extraordinario, superior a lo común. Cuando se alude a hechos que no han podido preverse, o que previstos no han podido evitarse, ha de ser en el entendimiento del carácter relativo de tales circunstancias, no en forma absoluta, porque en rigor nada es imprevisible e inevitable, sino relativamente, de acuerdo con las circunstancias de persona, tiempo, lugar, etc.” (CNCiv., Sala C, Mayo 18 1961). ED, 1-57.

El caso fue señalado por el autor indicado, en página 124 al señalar respecto de la obligación de seguridad, lo siguiente:

Ante todo consideramos conveniente un análisis de la denominada obligación de seguridad. Ha sido definida como la obligación expresa o tácita, anexa e independiente del deber principal, existente en todo tipo de contrato, por la cual el deudor garantiza objetivamente al acreedor que, durante el desarrollo efectivo de la prestación planificada, no le será causado daño en otros bienes diferentes de aquel que ha sido específicamente concebido como objeto del negocio jurídico. Con cita a Agoglia, María M. - Boragina, Juan Carlos - Meza, Jorge, Responsabilidad por Incumplimiento Contractual, Hammurabi, Buenos Aires, 1993, págs. 161 y sigs.

También se sostiene que se trata de una obligación tácita, derivada del deber de buena fe (art. 1198 , 1ra. parte, Cód. Civ.), que es accesoria de la obligación principal. Con cita a Alterini, Atilio A. - Ameal, Oscar J. - López Cabana, Roberto M., Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales, 2a. ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, nro. 1816, pág. 761 .

El punto de partida de tal obligación de seguridad se halla en una sentencia de la Corte de Casación Francesa del 21 de noviembre de 1911 con relación al transporte de personas, Con cita a . Bustamante Alsina, Jorge, Teoría general de la Responsabilidad Civil, 8ª ed., Abeledo¬Perrot, Buenos Aires, 1993, pág. 382. Alterini, Atilio A. - Ameal, Oscar J. - López Cabana, Roberto M., Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales, 2a. ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, nro. 1816, pág. 761

Desde otra óptica autoral, la obligación de seguridad encaja en la teorización de los "deberes de protección", la que tuvo su origen en Alemania. Con cita a Vázquez Ferreyra, Roberto A., "La obligación de seguridad y la responsabilidad contractual", en Responsabilidad Contractual, T. I, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal¬Culzoni, Santa Fe, 1998, pág. 85.

Así, esta obligación de seguridad apunta a mantener indemne al contratante que puede llegar a experimentar daños con motivo de la ejecución de tal contrato.

El fundamento básico de la obligación de seguridad está dado por la buena fe contractual.

Atilio Alterini sostiene que el contrato debe ser celebrado, ejecutado e interpretado "de buena fe" (art. 1198 , Cód. Civ., según ley 17711 ). Esta regla en uno de sus perfiles, incluye por ministerio de la ley un cortejo de obligaciones accesorias en la obligación contractual y, en sentido inverso, impide que el contratante pueda reclamar algo que sería desleal o incorrecto (Jordano Fraga). "El ordenamiento jurídico exige este comportamiento de buena fe, no sólo en lo que tiene de limitación y de veto a una conducta deshonesta (v.gr., no engañar, no defraudar, etc.), sino también en lo que tiene de exigencia positiva prestando al prójimo todo aquello que exige una fraterna convivencia (v.gr., deberes de diligencia, de esmero, de cooperación, etc.)" (Díez-Picazo). El comportamiento de buena fe impone al sujeto ciertas conductas positivas, por lo cual es insuficiente que no haya actuado con mala fe (Mosset Iturraspe). Con cita a    Alterini, Atilio Aníbal, Contratos, Civiles, Comerciales, de Consumo - Teoría general, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, pág. 34 .

Ya hemos indicado que, en este tipo de contratación, con el llamado “deber de seguridad” existe una correlativa aceptación por parte del consumidor, frente al hecho probable que pudo bien representarse. El tema lo hemos tratado en el Contrato de Caja de Seguridad al que allí remitimos ( clic aquí ). Y respecto del contrato de transporte de cosas, la del cargador, ya nos hemos referido al mismo, considerando a la obligación netamente de resultado ( clic aquí ), habiendo así sido receptado por la jurisprudencia.

La obligación de resultado puede ser pactada, o surgir de las mismas circunstancias del caso por las cuales elementalmente, alguien se compromete a un resultado frente al consumidor, y referente al mismo, no es oponible ni el caso fortuito ni la fuerza mayor.

Distinto es mi criterio en cuanto a Cajas de Seguridad, pues, al aumento de seguridad propio de un Banco, el correlativo aumento del riesgo, a través del reconocimiento o previsión en el sentido que en las mencionadas cajas, se encuentran por lo general elementos de valor, codiciados por los delincuentes, y, por lo tanto, aumenta correlativamente el riesgo. Sin embargo, esta posición no es así vista por la doctrina ni la jurisprudencia ( ver tema clic aquí ).   

Vale decir que, de todos modos, no es necesaria la actuación de personas, puede ocurrir, que la imprevisibilidad provenga de elementos o cosas que no estén siendo cuidadas o custodiadas por persona o máquina alguna. La previsibilidad, es el elemento a sopesar, salvo excepciones.

La previsibilidad, es justamente la que he considerado al tratar el tema de la caja de seguridad. Pues, he tenido en cuenta la previsibilidad de ataque por parte de delincuentes por parte del consumidor y los contratos de caja de seguridad no se celebran como obligación de resultado.

En todos los demás casos, en los que no se asume ni convencional ni legalmente la obligación de resultado, la previsibilidad de los acontecimientos es la norma guía en materia de responsabilidad. Y por ello se habla de exención de la misma en el caso fortuito y fuerza mayor.

La culpa de la víctima y la prueba. La prueba testimonial.

Con esto de fehaciencia, en la prueba de la culpa de la víctima, no se quiere señalar ni significar, que el hecho ocurrido, deba ser contundentemente probado por varios medios, o un medio categórico. Basta con el hecho de que la prueba no se preste a equivocidades o interpretaciones. Es lo que habitualmente ocurre con los testigos.

Así se ha sostenido que: “No se ha acreditado fehacientemente que el suceso ocurriera fuera de la senda peatonal merced la imprecisión de los declarantes como que las exposiciones testimoniales dan cuenta del conocimiento meramente referencial del episodio, ya que no fue presenciado por estos en el preciso momento de su ocurrencia, lo cual le quita la eficacia probatoria que los accionados pretenden otorgarle para abonar la tesis del pretenso resbalón o caída previa de la infortunada, poco queda para prohijar una culpa de la víctima que morigere la total responsabilidad del demandado (arts. 456, su doct. del CPCC y 1113 segundo párrafo segunda parte del C.C.).

En este otro fallo se el tribunal ha quedado convencido por los testigos.

Siendo los automotores cosas riesgosas o peligrosas, los casos de daños causados a consecuencia de la colisión entre automotores deben resolverse aplicando el régimen objetivo de responsabilidad establecido para las mismas por el ordenamiento fondal (art. 1113C.C.) el que supone que cada partícipe soporte el daño causado al otro, salvo que logre acreditar el quiebre del factor de atribución causal, probando la culpa de la víctima ( art. 111C.C.) de un tercero por quien no debe responder o el caso fortuito. 2- En el supuesto de riesgo de la cosa, probada su intervención en el evento, se presume la relación de causalidad, siendo las causales de exhoneración de interpretación restrictiva, de modo que en caso de duda prevalece el deber resarcitorio provisoriamente atribuido al no funcionar en forma clara algún factor de fractura del nexo causal adecuado.- Frente a la presunción legal de causalidad, no pesa sobre la víctima la prueba de un estricto vínculo causal entre el riesgo o vicio de la cosa y el daño sino que es suficiente un nexo de causalidad aparente, compitiendo al dueño de la cosa la prueba de la causa extraña al riesgo o vicio en la producción del daño, siendo severa la apreciación de tales eximentes. 3- Corresponde al juzgador determinar la credibilidad y grado de eficacia probatoria que le merezcan los testimonios, de acuerdo con los principios de la sana crítica racional y atendiendo a las condiciones extrínsecas e intrínsecas de cada uno y a la calidad e ilustración demostrada por los testigos. Cabe resaltar que la versión coincidente de dos testigos que se encuentran contestes en la forma en que ocurrió el hecho y en sus circunstancias esenciales, legalmente examinados y que hayan dado razón de sus dichos constituye prueba plena de la veracidad de sus afirmaciones. Si sus dichos están controvertidos solo por el relato de un solo testigo de la contraria, en principio, debe considerarse que reúne mayor valor de convicción el relato de lo que haya declarado el número mayor de testigos. La excepción estaría dada en caso de que lo dicho por el testigo único aparezca como más verdadero por demostrar estar mejor instruido de los hechos, por parecer más imparcial y verídico o por hallarse su relato más conforme con las restantes pruebas producidas en el proceso. 4- El hecho de que el impacto no haya sido frontal provocando hundimiento en el rodado embestido, sino un simple "rozamiento" no le quita el carácter de embistente al vehículo que lo provoca. La condición de embistente tiene un valor relativo en materia de culpabilidad. Aún cuando no se hubiera demostrado tal calidad, la responsabilidad no cedería si no ha logrado desvirtuar la presunción de causalidad que el ordenamiento fondal atribuye al dueño o guardián del automotor que no ha demostrado la fractura del nexo causal presumido. Para excluir la responsabilidad del dueño o guardián no basta la mera conducta culpable sino debe tratarse de culpa exclusiva con aptitud para fracturar el nexo y que aparezca como única causa del daño por sus calidades de inevitabilidad e imprevisibilidad propias del caso fortuito. 5- Para que exista desvalorización venal es menester la concurrencia de vestigios o secuelas en el vehículo, aún luego de haber sido correctamente reparado, y sin necesidad de que sean perceptible a simple vista a la mirada del hombre común, sino que basta que las huellas puedan advertirse por vía de la recurrencia al examen de técnicos o entendidos en la materia. El criterio amplio de la desvalorización del automotor afirma que es un daño forzoso e inevitable en todo accidente que afecta al vehículo pues constituye una consecuencia natural y ordinaria de las cosas que lleva a presumir el daño "re ipsa", por la evidencia misma de la situación dañosa. Para el criterio estricto, en cambio, la desvalorización venal es un perjuicio solo eventual cuya configuración debe necesariamente supeditarse a la afectación de partes estructurales del automotor y que debe ser acreditado a través de un peritaje técnico. Ninguna de ambas posturas deben admitirse con fuerza rígida y dogmática, correspondiendo, en cambio, atender a las particularidades circunstanciadas de cada caso para adoptar una postura acorde a la naturaleza del daño de que se trata pues la desvalorización venal no es un perjuicio inexorable en todo choque pero tampoco puede erigirse como recaudo insoslayable la afectación de partes vitales pues puede suceder que aunque no haya compromiso estructural sin embargo exista desvalorización, por existir huellas o indicios con virtualidad para producir una retracción de los eventuales compradores. Debe demostrarse que la recomposición del vehículo no logrará dejarlo en el estado precedente al accidente sino que persistirán las secuelas significativas de la lesión. 6- La circunstancia de que el experto no haya inspeccionado el rodado no es óbice para la procedencia toda vez que su estimación se basa en la mecánica del accidente, claras fotografías y consideraciones efectuadas por el perito basadas en su experiencia, conocimiento científicos y apreciaciones técnicas que si lucen adecuadamente fundadas y de las que no cabe apartarse si no se oponen a ellas fundamentos técnicos de igual envergadura en contrario.

UTSUPRA: A00113856703.-

CC0001 QL 9803 RSD-68-7 S 21-8-2007 , Juez BUSTEROS (SD)

Rossotti, Julio Carlos c/ Olivera Gerasimeig, Waldemar s/ Daños y perjuicios

El aumento del riesgo del peatón y la prueba.

Por ejemplo, la prueba de indicios, puede ser suficiente, cuando de los mismos se desprende que el peatón se ha manejado de una manera riesgosa, no siendo necesario, para este caso, precisar la manera exacta cómo ha ocurrido el siniestro.

Es por motivo del riesgo introducido. De lo que se trata, en la teoría de compensación de los riesgos, es que, dentro del punto de vista estático, una cosa, ciertamente, es más riesgosa que otra. Pero ello de por sí, no indica que, en las circunstancias del caso, quien resulta ser la víctima, no haya incrementado su posición de peligro. Una cosa es comportarse como peatón, y muy otra es aumentar el riesgo de siniestro mediante una conducta que no se compadece con la de un peatón.

Provincia de Santa Fe. Culpa del peatón que cruza mal la calzada. El valor de la prueba testimonial.

1. El hecho de la víctima no reúne las condiciones de imprevisibilidad e inevitabilidad respecto del demandado requeridas para considerar que fue la causa exclusiva del daño y eximir a los demandados de responsabilidad, pues, en efecto, la posibilidad de cruce de un peatón cuando se advierte la presencia de un grupo de personas a la vera del camino no puede ser descartada por el conductor previsor de las contingencias del tránsito (Zeus 9-R-46).

2. Sólo la culpa grave y decisiva del transeúnte opera como eximente, lo que ocurre en supuestos excepcionales (Zeus 9-R-46).

Cám. Civ., Com. y Lab. de Reconquista, 24-3-94, Espíndola, Roberto M. y otra c/Carr de Hutto, Judit Ana y otro s/Indemnización de daños y perjuicios, Zeus 65-R-7, Nº 14.817

No es correcto sostener -ni tampoco legalmente exigible- que ante la actitud riesgosa del peatón -que es uno de los peligros del tránsito- sea el conductor quien deba asumir todas las precauciones o se maneje con extraordinaria pericia para evitar el accidente.

Cám. Pen. de Rafaela, 24-11-94, M., G. R. s/Lesiones culposas, Zeus 67-R-15, Nº 16.210

El peatón distraído y aun imprudente es un riesgo común del tránsito automotor, por lo que los automovilistas como guardianes de cosas esencialmente peligrosas deben extremar la prudencia en el manejo de los vehículos y tener en cuenta la prioridad del peatón sobre los vehículos, en zona urbana, para atravesar la calzada por la zona de seguridad, pues en todo accidente producido en dicha zona se presume la culpabilidad del conductor. Dicha presunción habrá de hacerse valer en el correspondiente juicio por indemnización de daños y perjuicios que deberá promover el peatón víctima de los numerosos conductores que hacen caso omiso de esa y de otras normas (Zeus 10-R-42).

Cám. Civ., Com. y Lab. de Rafaela, 28-6-95, Pochettino de Boetto, Dominga c/Botello, Gustavo S. s/Ordinario, Zeus 69-J-63

Por ello es que valoramos como conducta riesgosa y fuera de la normativa vigente el cruce de los peatones fuera de la senda peatonal y además con patines, que como dijimos, es un elemento que imprime velocidad, lo que aumenta el peligro del cruce.

También la atención en el devenir del tránsito, a la que hiciéramos referencia cuando juzgamos la conducta del demandado, es una norma que deben respetar conductores y peatones, ya que si bien los vehículos son cosas peligrosas, cruzar y transitar en general, sin atención y prudencia, hace a quienes se encuentren en esa situación, exponerse a un riesgo anormal e imprevisto, que bien puede evitarse colaborando con la prudencia a un tránsito más seguro para todos. Esto tiene relación con la confesión de la víctima, de no haber visto en ningún momento al vehículo, sino que sólo sintió el impacto y se encontró debajo del mismo.

Que el control y observación del tránsito vehicular, es un aspecto del cual no se puede el peatón desentender, antes y durante el cruce, ya que así como pretendemos que los conductores de rodados estén atentos a toda contingencia, aun los imprevistos, desatenciones e imprudencias de terceros, de la misma forma hemos de exigir a los peatones que observen la circulación, de otra forma las calles se convierten en una zona de absoluto privilegio para unos y de total responsabilidad para otros. Con mayor razón en este caso, en que se desplazaba la víctima con patines, a velocidad que reduce la posibilidad de maniobra en quienes circulan por la calzada.

Que el artículo 56 de la ley 13.893 es claro en ese sentido, estableciendo la obligación del cruce peatonal por las sendas de seguridad y además estatuye la prohibición expresa de atravesar la calzada corriendo. Dice la norma al respecto: Esto último se considera infracción grave contra el tránsito y crea la presunción de su culpabilidad en los accidentes que se produzcan como consecuencia de la infracción a esta regla.

Es entonces aquí que tenemos que recordar que la menor no solamente cruzó la calle por su mitad, sino que lo hizo con patines, es decir a velocidad que excede, por supuesto, la de una persona corriendo, como menciona la norma, ya que al impulso que dan las propias rueditas de los adminículos mencionados, debe sumarse la pronunciada pendiente desde donde tomaban envión las niñas para cruzar toda la calzada.

Trib. Coleg. Resp. Extrac. Nº 1 de Santa Fe, 26-12-97, Primón, Rubén Omar por otra c/Silva, Darío Esteban y/u otro s/Indemnización de daños y perjuicios y declaratoria de pobreza, expte. 223/92

Esto nos está indicando que por lo menos la actora se había acercado al centro de la calzada, lo que indica que el demandado la debe haber tenido un tiempo en la mira, mientras ella cruzaba, y podría haber tenido tiempo de esquivarla o frenar.

Que la constancia de no frenar a tiempo, o no realizar una maniobra de esquive que evite la colisión nos está dando la pauta de una velocidad mayor que la reconocida por el demandado, o una desatención en el manejo. Las dos posibles circunstancias, nos dan la pauta de que el obrar del demandado no fue el correcto. Es sabido que toda persona que conduzca vehículo en la vía pública debe estar sumamente atento, no sólo al tránsito vehicular, sino también al cruce de peatones, ya que, siendo los rodados cosas generadoras de riesgos, les incumbe a quienes las dirigen reducir ese riesgo a límites más que razonables, para una mayor seguridad en la vía pública.

También resulta conocido por todos que en los avatares del tránsito vehicular de la zona urbana, no sólo se encuentran circunstancias normales o previsibles, sino que se producen hechos imprevistos, producto a veces de la desatención o imprudencia de terceros, a los que los conductores tienen obligación de estar preparados para sortear exitosamente. Si bien en estos autos, el demandado afirma que clavó su birrodado, ello no se encuentra probado en autos, en contraste sí se encuentra probado que la actora sufrió lesiones causadas por la moto en cuestión, por lo que esa frenada que dice que hizo, amén de una maniobra hacia la derecha a la que también el absolvente hizo referencia, no tuvieron el resultado querido o esperado.

Debe también tenerse en cuenta que ni siquiera se alega que la actora haya cruzado corriendo la calzada, por lo cual, a paso lento, es mayor el tiempo durante el cual los conductores pueden verla y evitarla. El demandado confesó que la vio a cinco metros y dijo que salió de entre unos autos estacionados. Dicho relato no encuentra confirmación con ninguna probanza de autos, por lo que, al no estar corroborada, no puede mantenerse como cierta.

Al respecto debemos decir que la senda peatonal es una zona de resguardo para peatones. Pero como tal debe ser respetada no únicamente por los vehículos, sino también por los propios caminantes, ya que sería incoherente que obligásemos a un sector de transeúntes y no a otro, las normas de tránsito deben ser respetadas por todos, porque del cumplimiento de las mismas se deriva la seguridad y el orden en la vía pública no para algunos, sino también para todos. No puede existir una norma sólo para una parte o sector de la población, porque ello implicaría que el resto tuviera el arbitrio de cumplimentarla o no y los obligados no supieran a qué atenerse.

Por ello es que valoramos como conducta riesgosa y fuera de la normativa vigente el cruce de los peatones fuera de la senda peatonal.

También la atención en el devenir del tránsito, a la que hiciéramos referencia cuando juzgamos la conducta del demandado, es una norma que deben respetar conductores y peatones, ya que si bien los vehículos son cosas peligrosas, cruzar y transitar en general, sin atención y prudencia, hace a quienes se encuentren en esa situación, exponerse a un riesgo anormal e imprevisto, que bien puede evitarse colaborando con la prudencia a un tránsito más seguro que todos. Esto tiene relación con la confesión de la actora de no haber visto en ningún momento al motociclista, sino que sólo sintió el impacto.

Finalmente recordemos también que la actora igualmente admitió haber cruzado en forma oblicua, lo cual tampoco se encuentra permitido por la normativa vigente, ya que dificulta el control y observación del tránsito vehicular, del cual no se puede el peatón desentender, antes y durante el cruce.

Que en consecuencia este Tribunal encuentra que la actora ha violentado las normas de la ley 13.893 en sus artículos 54: El cruce del camino lo harán en forma perpendicular al eje de éste, verificando previamente si la proximidad de vehículos en marcha no lo impide o lo hace peligroso, 56: los peatones sólo tienen derecho a atravesar la calzada por las sendas de seguridad especialmente señaladas con tal objeto y en las que resultan de la prolongación longitudinal de las aceras [...] d) fuera de los casos expresamente previstos en este reglamento, le está prohibido al peatón utilizar la calzada. Si así lo hiciere, ese dolo hecho crea la presunción de su culpabilidad en los accidentes de tránsito que se produzcan como consecuencia de la infracción a esta regla.

Que como resultado de todo ut supra expresado esta Integración encuentra que actora y demandado han contribuido a la producción del accidente de marras, en un porcentaje de responsabilidad que se fija en un 30% para la actora y 70% para el demandado, por aplicación de los artículos 512, 1109, 1111 y 1113 del Código Civil. Lo que alcanza a La Segunda Cooperativa de Seguros, por aplicación del artículo 118 de la ley 17.418.

Trib. Coleg. Resp. Extrac. Nº 1 de Santa Fe, 22-9-97, Pautasso de Burkardt, Lidia C. c/Baiz, Ernesto R. y/u otros s/Indemnización de daños y perjuicios, expte. 262/95

El aumento del riesgo con resultados dañosos para el conductor del automóvil.

Como consecuencia de lo expuesto, la testimonial, a falta de pruebas más idóneas, por supuesto, como en todos los factores de atribución de responsabilidad, es suficiente como para atribuir la culpa al peatón. Ha existido por su conducta un riesgo adicional, que por propia voluntad se dinamiza, y lo hace más peligrosos que lo estático, o lo estáticamente considerado.

Mucho se ha dicho en el sentido de que, la bicicleta es cosa menos peligrosa que el automóvil. Pero sólo y tan sólo para la atribución de la responsabilidad. En este caso, la atribución de la responsabilidad está recae sobre el dueño o guardián del automóvil, pero esta jurisprudencia no niega en modo alguno, la mayor peligrosidad introducida, e incluso, que algo menos riesgoso, en sí mismo, pueda ocasionar un daño mucho más elevado a un otra cosa, supuestamente menos peligrosa.

Se trata de un factor de atribución objetivo de responsabilidad que juega ante la falencia probatoria y no de una odiosidad al propietario.

La obligación de resultado y la fuerza mayor.

Como hemos vista ut supra, la obligación de resultado cuando media fuerza mayor la hacer imposible el cumplimiento, por imperativos sociales actuales que denotan fuerza, imposibilidad de maniobrar en un negocio jurídico, como en el transporte de cosas o de personas, si bien se presenta como cuestión circunstancial, no es menos cierto que aunque se abarque el caso fortuito como no eximente de responsabilidad, la fuerza mayor, exime de la misma.

Los resultados. La compensación de daños. Daños al conductor del automóvil por impericia del peatón.  La prueba.

Al tratarse a la culpa como un elemento circunstancial que demostrada fehacientemente desplaza a la responsabilidad por el riesgo propio de la cosa, de no poderse demostrar acabadamente y por cualquier medio de prueba, la culpa de la víctima o de un tercero por quien no se tiene obligación de responder, se compensan los daños, generándose un crédito, como hemos visto a favor del que más daño ha sufrido, entre dos cosas peligrosas ( por ejemplo, choque entre automotores de la misma envergadura ).

Sólo se trata que uno le pague los daños al otro. Esta llamada “compensación de daños” permite inferir la “compensación de riesgos”. Si la introducción en el Código Civil en el art. 1113 permite la incorporación del riesgo, no se advierte un solo motivo por el cual, tampoco el peatón mismo no los pueda generar, compensando el riesgo del automóvil, y aún aumentándolo incluso ( por ejemplo obligando a una maniobra que ha conseguido estrellar al automóvil y al conductor hiriéndose éste ).