LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR EN EL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN. DESCARGA EN AUDIO TEXTO IMPLICA QUE LO PUEDE ESCUCHAR AL TEMA POR INTERNET O DESCARGAR ESTE CONTENIDO EN AUDIO EN SU PC.

 Por el doctor Juan Carlos Muse Generch.

 

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EL CONTRATO DE AGENCIA DE SEGUROS - EL AGENTE INSTITORIO Y EL NO INSTITORIO - MODALIDADES CONTRACTUALES - OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR CON RESPECTO A LA LEY, AL ASEGURADOR Y AL CLIENTE - PERSONAS A QUIENES DEBE PROTEGER Y BENEFICIAR EL PRODUCTOR O AGENTE DE SEGUROS - JURISPRUDENCIA EN LA APLICABILIDAD DE LA LEY DE DEFENSA AL CONSUMIDOR - LA NATURALEZA DE LA RELACIÓN INTERNA Y JURÍDICA ENTRE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y EL PRODUCTOR O AGENTE DE SEGUROS - EL DERECHO A REMUNERACIÓN DEL AGENTE O PRODUCTOR - EL PRODUCTOR O EL AGENTE NO SON CONSIDERADOS CORREDORES - COMO SE ESTABLECE EL MONTO DE LAS COMISIONES - DIFERENCIA ENTRE PRODUCTOR, AGENTE Y ASESOR - CONTRATOS DE FALTA DE INTERÉS SOCIAL - FALTA DE INSTRUMENTACIÓN ESCRITA - CONSECUENCIAS. 

 

¿Existe obligación indemnizatoria en los contratos de distribución?

 

Introducción al tema.

 

Jurisprudencia ocasionada por los correctos y incorrectos planteos.

 

Primera conclusión y errores de planteos de los abogados.

 

Conclusión Final.

 

 

Introducción al tema.

 

El contrato de distribución "strictu sensu" es aquél mediante el cual la empresa productora o fabricante otorga a otra empresa (distribuidora) sus productos para que ésta, obrando a su propio nombre, por su cuenta y riesgo, los coloque masivamente en distintos lugares y diversos clientes del mercado.

Suprema Corte de Buenos Aires, Acuerdo 67254 Sentencia del 17-12-2003, Juez RONCORONI, carátula: Fernández, Eugenia y otro c/ Escudero, Roberto Rubén s/ Daños y perjuicios

Magisrados de Origen: de Lázzari-Negri-Hitters-Salas-Roncoroni-Soria-Domínguez

Señala Ghersi en Contratos Civiles y Comerciales:

“Si vincula a las partes una relación de colaboración interempresarial, operada por sujetos jurídicamente autónomos, vinculados en una actividad mercantil integrada, en la que el productor derivó la comercialización de sus productos hacia distintas bocas de venta, regulando su penetración en el mercado para potenciar el mutuo beneficio, puede decirse que las partes  mantuvieron una relación contractual de distribución. La falta de instrumento que acredite por escrito el contrato no es óbice para admitir su existencia, en tanto se trata de una figura innominada y no formal” (CNCom, Sala C, 10/5/94, DJ, 1995-1-763). Ghersi contratos Civiles y Comerciales, ed. Astrea, pág. 331, 332. Tomo I.

Es que, el productor de bienes y de servicios, siempre, a los efectos de colocar sus productos en el mercado, utiliza el contrato de distribución, que es el contrato madre, en su acepción lata, siguiendo distintas modalidades ( concesión, franquicia, agencia, etc. ).

El contrato de distribución strictu sensu, se diferencia de las demás formas de distribución en el mercado, desde los siguientes puntos:

1.- No pueden distribuirse otros productos, bienes, o servicios que no sean los del productor con el que contrató.

2.- Tiene esencialmente un carácter precario, en cuanto al plazo, en cuanto a las formas y debe guardarse un deber de fidelidad por lo mismo. Esencialmente es una forma de dependencia para con el productor de los bienes y servicios con los cuales se distribuye.

Por lo mismo, la jurisprudencia ha dicho:

Aun cuando las partes omitieran dar fijeza a la relación mediante el pacto de sus derechos y obligaciones en forma escrita, resulta procedente el derecho del distribuidor a percibir indemnización por la súbita interrupción de provisión de mercadería adoptada por voluntad unilateral de la productora (CNCom., Sala D, Mayo 30 1979). LL, 1979- D-306

El incumplimiento de la cláusula del contrato de distribución por la cual el distribuidor se obliga a fijar a sus vendedores, por el término de si e meses, una cuota de venta mínima o establecerse de común acuerdo entre las partes, sólo da derecho a responsabilizar al distribuidor por no haber cumplido en la medida fijada por las partes y como consecuencia de ello, a indemnizar el daño producido, pero no al pago de la totalidad de los productos no vendidos (CNCom., Sala C, Noviembre 9 1972). LL, 150-85.

La jurisprudencia española ha sido muy vacilante, en conceder a los distribuidores derecho a indemnización. Una Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 de marzo de 1988 la cual, aunque anterior a la citada Ley del contrato de agencia, constituyó un auténtico referente en la materia, dejando fijados los siguientes aspectos fundamentales: a) En el contrato de distribución en exclusiva convenido sin fijación de plazo o que haya devenido indefinido, el empresario tiene derecho a desistir libre y unilateralmente del mismo, según convenga a su interés. No obstante, cuando este desistimiento se produzca de forma abusiva o de mala fe, el distribuidor tendrá derecho a ser indemnizado por todos los daños y perjuicios sufridos, b) Sin perjuicio de ello, el desistimiento del contrato producido de buena fe puede dar lugar también a indemnización cuando vaya seguida de un disfrute por el empresario de la clientela aportada por el distribuidor, y ello en aras a evitar el injusto enriquecimiento de aquél.

Careciendo entonces de legislación y poseyendo ley de agencia en general, se acudió a principios de leyes análogas.

Nuesra jurisprudencia se mantiene igual, con algunos avances exigiendo una suerte de “preaviso” “No habiéndose comunicado la rescisión unilateral del contrato de distribución con antelación suficiente, corresponde fijar indemnización por el daño producido en ese período.”  Cámara Civil y Comercial Primera de Mar del Plata, sala II, MP 102518 RSD-309-97 S 11-9-1997, Juez OTERINO (SD)  “Pérez, Ramón Alberto c/ Alpesca S.A. s/ Indemnización daños y perjuicios”. Acuerdo Suprema Corte bajo el n° Ac. 70150, DJBA 154,289

Ese preaviso, es el aceptado doctrinariamente. Ghersi, al tratar el tema, entre páginas 102 a 103 sin tomar posición, en Contratos Civiles y Comerciales, tomo segundo, señala: La planificación comercial hace a la sustancia de este contrato; es uno de los rasgos más característicos de la distribución, y se vincula con su carácter de contrato de colaboración empresaria. Para que el contrato se tipifique se requiere la configuración de este elemento, a través de cláusulas que establecen precios unitarios, régimen de mercados, programas de publicidad, obligatoriedad de tener establecimiento abierto, stock de una determinada cantidad de mercaderías, etcétera.

La jurisprudencia ha reconocido la importancia de este elemento al permitir que cualquiera de las partes denuncie el contrato de distribución, sin necesidad de preaviso, cuando no se dé ésta, porque en realidad el contrato no se habría caracterizado como tal.

Sin embargo sostiene que es un contrato “intuitu personae”, expresando al caracterizar el contrato que Las aptitudes de las partes (morales, técnicas, financieras) son tenidas en cuenta cuando se selecciona al cocontratante. Esta particularidad traerá efectos en cuanto al error en la persona y la posibilidad de cesión del contrato.

Asimismo indicó: Originariamente, estas funciones de intermediación y colaboración eran ejercidas por agentes dependientes del productor o fabricante, quienes se encargaban de la distribución al público de los bienes o servicios producidos por el primero, hasta que dicha función comenzó a ser ejercida por empresas autónomas, surgiendo así esta modalidad contractual. Esta modificación en la forma de comercialización de los bienes y servicios incidió de tal modo en la realidad socioeconómica, que como respuesta a dicha transformación, y para adecuarse a la nueva realidad, surgió esta práctica contractual, evidenciándose el dinamismo y adaptación constante a las circunstancias, propios del derecho comercial, y reforzándose así la noción del contrato como instrumento jurídico que posibilita el acceso a bienes y servicios.

Con buen criterio, la jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que: “No procede la indemnización por daño moral por la ruptura de un contrato de distribución, cuando quien lo demanda es una persona jurídica, a la que no se ha afectado en su buen nombre, y, siendo una de las características del mismo la posibilidad de rescisión unilateral.” Cámara Civil y Comercial Primera de Mar del Plata 104499 Registro de Sentencias Derfinitivas -88-98 S 24-3-1998  Juez ZAMPINI, en los autos “Prosur S.R.L. y Aguilar Zapata Justo c/ Laboratorios Ferrini S.A.C.I.F s/ Daños y perjuicios”

Creo que todas las bases en función de las cuales se concede o no un derecho a la indemnización, no provienen, de la actitud del contratante sino del daño sufrido por el distribuidor, el cual, puede ser verificado a partir de su calidad.

En este sentido, y siguiendo la doctrina en torno al art. 1198 del Código Civil, la condición de distribuidor, previo a la celebración del contrato, no causaría, por sí mismo un daño específico, en cambio, sí, para las personas físicas que se abocan a la tarea distribucionista por primera vez, y a las personas jurídicas que se han constituido con ese propósito.

Además de ello, como ha quedado dicho, es el manejo empresarial, el que decide que mercados abarcar, resultando, por lo mismo, abusivo, que ante una cantidad importante de ventas respecto de las cuales pueda aprovecharse el productor, se deje sin efecto el contrato, por una cuestión de política empresaria, por una cuestión de proyección económica de su parte, o por motivos no alegados.

Que si bien es cierto, existe cierta confidencialidad en materia de producción y competencia y que no es válida su revelación a los magistrados, ciertamente esta se producen los concursos y quiebras ( art. 11 inc. 2 de la ley 24.522 ).

De tal forma el art. 152 de dicha ley establece que “La quiebra se extiende:

1) A toda persona que, bajo la apariencia de la actuación de la fallida, ha efectuado los actos en su interés personal y dispuesto de los bienes como si fueran propios, en fraude a sus acreedores;

2) A toda persona controlante de la sociedad fallida, cuando ha desviado indebidamente el interés social de la controlada, sometiéndola a una dirección unificada en interés de la controlante o del grupo económico del que forma parte.

De tal manera que, siendo que el concurso y la quiebra producen modificaciones en las sentencias dictadas en otros procesos, dado que la verificación de créditos, no está sujeta al examen de la sindicatura, pudiendo la misma apartarse de sus conclusiones ( art. 39 Ley de Concursos y Quiebras ), encuentro que la ruptura intempesiva haciendo posible la revisión de la cosa juzgada, en función de la investigación sindical, y la incidencia cada vez más notoria de la acción autónoma de nulidad, la teoría del levantamiento del velo societario, y rondando una cuestión de buena fe ( art. 1198 Código Civil ), no creo factible que, el productor de bienes y de servicios, pueda simplemente alegar esa mera facultad discrecional. En definitiva, siendo el proceso concursal eminentemente documental, entiendo que la inexistencia de responsabilidad por parte del fabricante, se encuentra excluida, en función, especialmente, de la inserción, mediante estos métodos, de la verdad material en orden a la condición del productor.

Por lo tanto, encuentro más altamente posible la concesión de la facultad indemnizatoria, especialmente si tenemos en cuenta que, la terminación del contrato puede ocasionar la destrucción de la actividad distribuidora.

En el contrato, el distribuidor puede y debe hacer ventas directas, máxime cuando existen exclusividades que, por lo general, son señaladas en los contratos respectivos.

Se ha dicho: “Encontrándose acreditada la exclusividad concedida en el contrato de distribución celebrado entre las partes, la reserva del comitente de efectuar por sí ventas directas, en atención a tratarse de una excepción a la regla general, debe ser acreditada por la misma, pues una reserva de tal índole no puede ser presumida (CNCom, Sala C, 6/6/94, DJ, 1995-1-967).”

Se ha señalado, incluso, jurisprudencialmente que el contrato de distribución como "un contrato atípico, de naturaleza mercantil, en virtud del cual, en nombré propio," se  promueve la introducción en el mercado de una demarcación territorial, de un determinado producto manufacturado por otro, mediante un sistema de reventas o cesiones en uso, previamente planificadas en cuanto a la unidad de precio, tiempo determinado, y con exclusión de la competencia a cargo de uno solo de los contratantes o de ambos" (CNCiv, Sala C, Í4/3/78, LL, 1978-,B-213).

Es que existe un deber de lealtad. Se trata de un contrato en virtud del cual el distribuidor, se obliga a adquirir de la otra parte, llamada distribuido, mercaderías generalmente de consumo masivo (bienes de bajo valor o baja tecnología), para su posterior colocación en el mercado, por cuenta y riesgo propio, estipulándose como contraprestación de la intermediación un beneficio margen de reventa.

A diferencia del mero comerciante mayorista, el distribuidor, esta ceñido a los productos elaborados del distribuido.

Se compromete toda su estructura comercial para venderlos en el mercado (ya sea directamente al consumidor o a otro comerciante).

Incluso es habitual que se convenga un número mínimo de ventas, con derecho a resolver el contrato en caso de no colocar la cantidad fijada.

Los productos son adquiridos por el distribuidor y revendidos por el mismo. Y ello representa la remuneración.

Sin embargo, esta circunstancia, no exime de otras responsabilidades, máxime cuando no es un contrato respecto del cual exista regulación normativa.

Pero dichas responsabilidades, mucha jurisprudencia, la atribuye a la actitud del distribucionista habiéndose resuelto:

“Debe desestimarse la reconvención por incumplimiento de contrato o indemnización por lucro cesante basada en que el actor dejó de cumplir sus obligaciones resultantes del contrato de distribución, si ‚éste no tenía ningún termino de duración, ya que en tal caso las partes no podían considerarse indefinidamente ligadas por el mismo, sino que podían desvincularse de él en cualquier momento, salvo caso de dolo o mala fe. No puede admitirse que el hecho de que dos personas hayan mantenido una relación comercial continuada durante un determinado lapso las obligue a seguir manteniéndola indefinidamente cuando ni del contrato escrito- que en el caso no existe-, ni de las circunstancias que rodean la vinculación resulte que se hubieran obligado a mantener sus derechos y obligaciones reciprocas durante un determinado período (CNCom., Sala C, Mayo 11 1972). JA, serie cont. 16-1972-242

Ahora, ¿Cómo probar el dolo y la mala fe si no es investigando a la política empresarial como se ha señalado?. Esto por un lado.

Por otro, si el productor de bienes y servicios se enriquecía, con la actividad del distribuidor, no se advierte razón por la que, por la decisión unilateral del distribucionista, éste, no deba reparar los daños y perjuicios ocasionados, pero, no se considera, a mi entender, que el daño, se deba circunscribir, forzosamente, en los productos no comercializados, volviendo un poco al tema de la condición previa del distribuidor. Hay casos en los que el daño no se produce más allá de ese límite, otros, en los cuales, como se ha señalado, se trata de empresas accidentales, en formación o de empresarios que se han formado con el objeto empresarial, de obtener una ganancia, a través de la distribución. Veces que se trata de empresarios dados y entregados al ramo, y veces que esto no ocurre.

El art. 902 del Código Civil es el que distingue ambos aspectos, al señalar: “Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos”

Ghersi, en su obra citada ha señalado: “El rasgo que caracteriza a este intermediario es su autonomía e independencia con respecto al productor o fabricante, puesto que no lo une a éste relación de dependencia alguna, y ejerce sus funciones en la forma que considera más adecuada (sin perjuicio del derecho del distribuido de fiscalizar la organización y actividad del distribuidor tendiente a lograr los fines  previstos en la relación contractual que los vincula). La planificación comercial, que atañe a la esencia de esta modalidad (al imponer precios de venta, régimen de mercado, programas de publicidad, etc.), no desnaturaliza la independencia del distribuidor.”

No digo, que esas condiciones no desnaturalicen al contrato, y/o lo asemejen a otros, como el de concesión que le resulta próximo. Pero, preconizan una noción de responsabilidad mayor.

Es que, si bien el autor sostiene que no existe una dependencia, con relación al distribuyente, el mismo autor señala su función de colaboración empresaria, y el reconocimiento macroeconómico que el contrato involucra.

Desde esa óptica, hay entonces una sujeción que la hace dependiente, en tales términos, del productor de bienes o servicios.

A lo dicho la responsabilidad del distribuidor frente al consumidor, en su propio nombre y cuenta, por la calidad de los productos vendidos del que no está exento.

Incluso se ha señalado que "el servicio consistente en tomar la producción para colocarla en comercios 'al menudeo' sitos en una zona geográfica determinada, significa montar un sistema de distribución, aunque no se haya pactado por escrito, ni previsto la estabilidad de la situación, ni convenido la decisión unilateral de no vender más por parte de la productora" (CNCom, Sala C, 5/11/81, ED, 97-691).

El art. 42 de la ley 11.723 – dentro de los contratos regulados – referido al Régimen de Propiedad Intelectual, en los derechos de Edición, da derecho al distribuyente a reclamar una indemnización. Señala la norma: “No habiendo plazo fijado para la entrega de la obra por el autor o sus derechohabientes o para su publicación por el editor, el tribunal lo fijará equitativamente en juicio sumario y bajo apercibimiento de la indemnización correspondiente”

En idéntico sentido el art. 41 de la misma ley dispone: “Si la obra pereciera en poder del editor antes de ser editada, éste deberá al autor o a sus derechohabientes como indemnización la regalía o participación que les hubiera correspondido en caso de edición. Si la obra pereciera en poder del autor o sus derechohabientes, éstos deberán la suma que hubieran percibido a cuenta de regalía y la indemnización de los daños y perjuicios causados”

Incluso, la doctrina se ha inclinado por sostener que es un contrato de adhesión, y consabidas son las consecuencias de ese contrato ( Ghersi, ob. Citada. Por su parte, Alterini en página 82 de Contratos Civiles y Comerciales, de Consumo: sostiene respecto de los derechos discrecionales. “Ciertos derechos son discrecionales (ROUAST) porque la ley defiere su ejercicio a la apreciación subjetiva del titular. (Lo discrecional, sin embargo, es distinto de lo arbitrario: hay arbitrariedad cuando no se sigue "ninguna regla", y se trata de "lo caprichoso, lo antojadizo" [RECASÉNS SICHES]).

Es el caso previsto en el artículo 659 del Código Civil, que da derecho al acreedor de la cláusula penal para elegir entre el pago de la prestación principal o de la pena. Pero la nómina de derechos discrecionales es escasa. Así, por principio, el ejercicio de la rescisión unilateral del contrato "ha de ser conforme a su fin de buena fe" (BOGGIANO); y si bien la rescisión unilateral es una facultad ordinariamente prevista en los contratos de agencia, distribución, franchising o concesión sin plazo de duración, no es admisible que sea ejercida abusivamente (MARZORATI, AGUINIS) o arbitrariamente (ver Cap. XXII, núm. 23).”

Sostiene el autor en la obra citada, pág. 82 a 83:

30. Circunstancias. Tiene poder quien está en situación de imponer la propia voluntad, inclusive venciendo la resistencia que se le oponga.

La posición dominante es una posición de poder, que puede resultar del mayor poder económico, de una situación monopólica u oligopólica, o de cualquier otra circunstancia.

a) Posición dominante contractual. "Hay dominación cuando una parte está en situación de supremacía con relación a la otra, sea en lo económico o en lo jurídico", y "la dominación jurídica puede manifestarse en la celebración, en la ejecución o en la extinción del contrato" (II Jornadas Mendocinas de Derecho Civil, Mendoza, 1991); se ha señalado que en el contrato de franquicia "es frecuente observar una posición dominante del franquiciante" (II Jornadas Nacionales de Profesores de Derecho, Buenos Aires, 1992).

La posición dominante, en sí misma, es incolora, no es ni buena ni mala. Pero el abuso de esa posición dominante, que se refleja en el desequilibrio injusto de la posición relativa de las partes, resulta intolerable.Conforme al Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993, lo dispuesto sobre el ejercicio abusivo de los derechos "se aplicará cuando se abusare de una posición dominante" (art. 584). En la nota respectiva señala la conveniencia de exceder el ámbito limitado de la defensa de la competencia, y "establecer una regla general en un código que contempla todas las relaciones patrimoniales, mercantiles y no mercantiles".

b) Posición dominante en la competencia. En Europa, el artículo 86 del Tratado de Roma de 1957 se ocupó de la cuestión, en términos que han sido afinados por el Tratado de Maastricht de 1992, constitutivo de la Unión Europea. Prohibe "la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo", y considera prácticas abusivas, en particular, a: 1. Imponer directa o indirectamente los precios; 2. Limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores; 3. Aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que les ocasionen una desventaja competitiva; 4. Subordinar la celebración de contratos a la aceptación por la otra parte de prestaciones suplementarias que no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.

En la Argentina la ley 22.262 de Defensa de la Competencia caracterizó a la posición dominante (art. 2) como la que resulta de la existencia de único oferente o demandante para determinado producto o servicio, o de que —cuando no es el único— no esté sometido a una competencia sustancial en el mercado nacional; y que varias personas gozan de esa posición dominante cuando "no existe competencia efectiva entre ellas, o sustancial por parte de terceros".

 

Consideró que hay abuso de esa posición dominante (arts. 3 y 41) en los casos en que, mediante acciones concertadas, se la utiliza para fijar, determinar o variar los precios de mercado; para establecer ciertos aspectos de la venta y la comercialización; para negarse, sin razones fundadas en los usos comerciales, a satisfacer pedidos para la compra o venta de bienes o servicios en las condiciones vigentes en plaza; para imponer condiciones discriminatorias de compra o venta de bienes o servicios; etcétera. También hay abuso de la posición dominante cuando se la emplea para subordinar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones u operaciones suplementarias que no guardan relación con su objeto.

 

Primera conclusión y errores de planteos de los abogados.

 

Ya es difícil aceptar que unilateralmente y ante las responsabilidades macroeconómicas del distribuidor, y frente al consumidor, no pueda reclamarse una indemnización que no pueda ir más lejos que la mera pérdida de lucro de productos o servicios no comercializados, si mis planteos se siguen de esta manera, lo que no es habitual.

 

Jurisprudencia ocasionada por los correctos y incorrectos planteos.

 

A nivel nacional, ya que hemos visto la provincial, se ha dicho: “Cabe rechazar el planteo indemnizatorio del accionante como consecuencia de la rescisión anticipada de un contrato de distribución comercial, con sustento en el abuso de posición dominante por parte de las codemandadas. Es que, aún aceptando la condición de parte débil, ello no permite presumir per se la presencia de la nulidad de los acuerdos suscriptos ni la releva de producir prueba sobre su configuración (CPCC: 377). Además de la alegada asimetría económica, lo que debe demostrarse es haber mediado abuso en la utilización de esa posición para causar daño, de modo que puede calificarse a su conducta de ejercicio disfuncional del derecho en los términos del CCiv: 1071. Asimismo, la interpretación de la voluntad de las partes en un contrato impone examinar los documentos emanados de las partes, sin desatender la conducta anterior y posterior de los mismos” -CCom: 218-4°- (conf. CNCom Sala E, 24.11.11, "Transportes Bermejo SH c/ Petrobras Energía S.A." y CNCom. Sala E, 28.11.08, "Cencosud S.A. c/ Refinerías de Maíz S.A."). TRIOMPHE SA C/ DINERS CLUB ARGENTINA S.A.C Y DE T S/ ORDINARIO. 104 Sala - Bargalló. Cámara Comercial: E. Fecha: 20111101 Ficha Nro.: 000060164 UTSUPRA: A00374122387.

En los contratos de duración sin plazo, o bien con lapso indeterminado, el vínculo perdura en el tiempo hasta que se le ponga fin, pero no es razonable concebir que los contratantes se hayan obligado a perpetuidad. Por esta razón, la cláusula de rescisión unilateral es un efecto natural, por tanto válida (conf. Ricardo Luis Lorenzetti, "Tratado de los Contratos", T. I., Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1999, pág. 551). Así, una relación comercial de distribución de plazo indeterminado no puede concluirse sin un tiempo prudencial de preaviso. Si ello no ocurre, habrán de indemnizarse los daños y perjuicios” (Marzoratti, Osvaldo J., "Un fallo polémico sobre representación comercial", Nota a fallo, ED 158-654). CAIQUEN SA C/ AGUAS DANONE DE ARGENTINA SA S/ ORDINARIO. Ojea Quintana - Barreiro - Tevez. Cámara Comercial: F. Fecha: 20111206 Ficha Nro.: 000060378 UTSUPRA: A00374038694.-

 

Conclusión Final.

 

Habrá de estarse a la situación singular en este contrato intuitu personae, de donde se siguen las consecuencias previsibles, conforme he citado, al artículo 902 del Código Civil, las peculiaridades del caso, y, la posibilidad de investigar, dada la dependencia aludida, si la cuestión merece una reparación y su alcance puede ser superior a las meras ventas no realizadas.