EL HECHO CONSUMADO ANTE EL CASO FIBERTEL Y LA AFECTACIÓN DE UN DERECHO ADQUIRIDO EN LA RELACIÓN SERVICIO - CONSUMIDOR - TELEFONÍA IP - ANÁLISIS EXEGÉTICO DE LA LEY - IRRAZONABILIDAD DE LA MEDIDA - GRAVES CONSECUENCIAS - PLANTEOS QUE EL PODER EJECUTIVO NO PUEDE REALIZAR. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ANTE SU DEBER JURÍDICO DE ACTUAR - FALTA DE CONTROL SOBRE FIBERTEL, EL CUAL ES OBLIGATORIO EN EL PRESENTE. DESCARGA EN AUDIO TEXTO IMPLICA QUE LO PUEDE ESCUCHAR AL TEMA POR INTERNET O DESCARGAR ESTE CONTENIDO EN AUDIO EN SU PC.

 

 

Parte 1 del resumen disertado                                                             Parte 2 del resumen disertado

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Introducción.

 

Resolución contraria a los fines tenidos en cuenta.

 

¿Qué es la exégesis o el análisis exegético de una ley?

 

Jurisprudencia a nivel Nacional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y desde antiquísimos tiempos ( ver fechas de los fallos ) en  materia de exégesis en la interpretación de las normas.

 

Los hechos hacen al Derecho.

 

El hecho consumado y el poder de policía del Estado.

 

Si se cumplen las normas pero no se obtuvo la licencia. ¿Que ocurre en Derecho?

 

Consecuencias de la pérdida de la Licencia y la responsabilidad del Estado. Afectación a nuestro orden legal institucional, de consumo y de mercado.

 

El abandono de la función de policía del Estado que ocurre en este momento y su obligación jurídica de actuar. La actual responsabilidad del Estado ante esta situación.

 

¿Puede existir un alegato atendible por parte de los abogados del Poder Ejecutivo en cuanto a proyecciones relativas a defensa de los consumidores?

 

¿En qué consiste la exposición de motivos de un decreto o de una norma?.

 

Ver legislación ilustrativa del tema antes tratado.

 

 

 

Introducción.

 

En el año 2010, concretamente el 19/8/2010, La Secretaría de Comunicaciones, lanza una resolución ( la 100 ) por medio de la cual, sostiene que Cablevisión absorbió a Fibertel, ambas sociedades anónimas, y que por consiguiente, la primera de las citadas desapareció, perdiendo, en consecuencia, la Licencia establecida mediante el decreto 764/2000.

La mencionada licencia, consiste, básicamente en una autorización para funcionar, como proveedor de los servicios de Internet. El decreto de referencia ha sido dictado en el marco de una finalidad de competencia. Lo señala en su propia exposición de motivos. Y dice textualmente:

 

"Que, de manera concordante con la política privatizadora, por el Decreto Nº 2284/91, ratificado por Ley Nº 24307, se adoptó en el país el régimen jurídico de la desregulación y de la desmonopolización.


Que el referido régimen, se sustenta en los principios que gobiernan la libertad de comercio, el libre acceso al mercado, la fluida y libre circulación de toda información útil, la ausencia de intervenciones que lo distorsionen y la exclusión del ordenamiento jurídico de toda disposición que favorezca los monopolios y/o privilegios.


Que, posteriormente, el artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL estableció expresamente el deber de las autoridades de proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales y a la calidad y eficiencia de los servicios públicos.

 

Que el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones se encuentra sometido al cumplimiento estricto de cláusulas constitucionales, de tratados internacionales y de normas legales, tendientes a garantizar los derechos de opción de los usuarios y a establecer definitivamente la competencia, evitando toda forma de distorsión de los mercados.


Que el Decreto Nº 264/98 estableció un sistema de competencia de sólo cuatro prestadores, por un período limitado que concluye el 8 de noviembre de 2000, con limitaciones a la competencia que deben cesar para cumplir con las obligaciones de apertura irrestricta del mercado, asumidas por el Estado Nacional.


Que, asimismo, el marco regulatorio del sector, conjugado con los principios constitucionales, requiere que se adopte una regulación exenta de todo privilegio, que garantice la igualdad y la libertad de comercio y de industria en el mercado de las telecomunicaciones, sin barreras a la incorporación de nuevos operadores, ni obstáculos a la dinámica de servicios e incorporación de nuevas tecnologías.


Que el Gobierno Nacional, por imperio del bloque de legalidad y en defensa de los principios que éste instaura, ha asumido la obligación de levantar las barreras de acceso establecidas previamente; haciendo cesar privilegios explícitos o subyacentes derivados del régimen de exclusividad; estableciendo la competencia sin más transiciones, impidiendo que se mantengan rémoras de un régimen de monopolio o de competencia restringida.

 

Que el término perentorio e improrrogable otorgado al régimen de exclusividad o de restricción a la competencia implica, una vez cumplido, el deber de reconocer tanto los derechos adquiridos de los usuarios a consumir servicios de telecomunicaciones en un marco de libre competencia, cuanto el derecho de los prestadores, presentes o entrantes, a operar en el mercado bajo reglas competitivas claras, estables, igualitarias, no discriminatorias e imparciales.


Que la experiencia indica que en los mercados donde imperan reglas competitivas, se logra reducción de costos y multiplicación de servicios de telecomunicaciones, posibilitando el crecimiento del conjunto de las actividades económicas del país.


Que los principios establecidos para el dictado del Reglamento General de Licencias, previstos por el artículo 9 del Decreto Nº 264/98, podrían provocar distorsiones que condicionen el marco de la libre competencia en el que deben desarrollarse los servicios de telecomunicaciones.


Que es rol indelegable del Estado, en esta etapa, regular para la competencia y, en el ejercicio de tal potestad, fundar toda la regulación en el derecho de los usuarios, razón última legitimante de todas y cada una de las disposiciones de la reglamentación propuesta.


Que la clave de estas reformas, en aras de la promoción de mercados competitivos, es posibilitar el ingreso de nuevos operadores a la industria de las telecomunicaciones.


Que, con relación al régimen de licencias, en un mercado liberalizado, éste debe ser lo suficientemente flexible como para facilitar la entrada de prestadores competitivos de servicios de telecomunicaciones, de manera que garantice una competencia efectiva.


Que la apertura a la competencia debe traducirse en una amplia oferta de servicios disponibles para los consumidores, aumento de la productividad por el mayor acceso a la información y a la tecnología y fomento del desarrollo económico, en beneficio de la comunidad en general.

 

Que el régimen de licencias no debe constituir una traba, sino un incentivo a los prestadores, tanto para los ya instalados como para los que ingresen al mercado, que encuentren en él las garantías de respeto por sus inversiones y por su capacidad de propuesta de servicios, generando mecanismos responsables y suficientemente flexibles, para que el sector pueda receptar e incorporar toda innovación que permita atender mejor al usuario, haciendo a la Argentina un país líder en materia de prestación de servicios de telecomunicaciones, en beneficio de sus habitantes.


Que diferentes actores del mercado han señalado que deben eliminarse las distinciones artificiales vigentes entre servicio telefónico, de telecomunicaciones en general y de valor agregado, indicando que las tecnologías existentes en un momento determinado, no pueden condicionar los criterios de prestación de los servicios.

 

Que, de mantenerse el régimen anterior, las restricciones impuestas por estas licencias limitarían, de forma artificial, los tipos de servicios que las empresas están en condiciones de brindar a sus clientes y sofocarían la aptitud de los prestadores de responder velozmente a los requerimientos de aquéllos y a una mayor demanda de servicios.

 

Que, dadas las actuales políticas en telecomunicaciones aplicadas por los países de vanguardia, se estima necesario establecer un régimen que permita a todo prestador responsable que esté en condiciones de invertir y contribuir a aumentar la oferta de servicios y la posibilidad de elección de los clientes y consumidores, que pueda hacerlo sin restricción alguna, tal como lo disponen los compromisos internacionales recientemente asumidos y ratificados por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. Que se optó por un régimen de licencia única, abierto, no discriminatorio, con un procedimiento de adjudicación transparente —a demanda—, sobre la base del cumplimiento de requisitos documentales y de información enumerados en el Reglamento, cuyo contenido no impone condicionamientos que obstaculizan el acceso al mercado de las telecomunicaciones..


Que, para hacer ello posible, es necesario elaborar un régimen de licencias que resista el paso del tiempo, en un sector en donde la convergencia tecnológica y la integración de servicios tornan impropias, en pocos meses, definiciones que imponen restricciones artificiales; que no ciña con normas rígidas a cambiantes tecnologías; que no pretenda imponer un diseño de prestación de servicios preestablecido por la Administración, en un campo en donde debe ser respetada la libre iniciativa de los prestadores, quienes sabrán adaptar sus modos de brindar servicios a las cambiantes realidades del mercado.

 

Que deviene necesario dictar un nuevo reglamento de licencias que regule en su integridad el régimen de licencias, que promueva el desarrollo del mercado, la iniciativa de los operadores e incentive la competencia, garantizando a su vez la evolución, calidad, eficiencia y continuidad de los servicios de telecomunicaciones en resguardo del interés general.


Que, en lo sustancial, el Reglamento de Licencias que por el presente se aprueba confiere título para la prestación de servicios de telecomunicaciones cuyo otorgamiento es sin límite de tiempo, a requerimiento del interesado y siempre que éste cumpla con los requisitos previstos en el mismo.

 

Que, en síntesis, las condiciones fijadas por el Reglamento de Licencias resguardan el libre acceso al mercado de los eventuales operadores, estableciendo requisitos que no son obstáculos para el desarrollo de un mercado competitivo y garantizan razonablemente, entre otros, el cumplimiento de los siguientes objetivos: a) la eliminación de las restricciones que impidan el acceso de operadores al mercado de las telecomunicaciones; b) la prestación del servicio bajo requisitos técnicos y de calidad; c) el comportamiento competitivo de los operadores, los que deberán abstenerse, conforme el principio general prohibitivo contenido en la reglamentación, de incurrir en conductas anticompetitivas o de precios predatorios; d) la protección de los usuarios en todo cuanto se relaciona con la calidad, alcance y costo de los servicios; e) la interconexión de redes necesaria para asegurar la interoperabilidad de los servicios, en los términos del Reglamento Nacional de Interconexión (RNI) que por el presente se aprueba y f) la protección de los intereses de la defensa nacional y de la seguridad pública.

 

Que el eje central del régimen de competencia, la denominada clave de bóveda, cruz del sistema, es el régimen que regula el acceso a las redes existentes, por lo que, si desaparece o se dificulta la garantía de acceso, no hay mercado ni competencia.

 

Que lo expuesto se halla estrechamente relacionado con la imposición de obligaciones positivas tendientes a prevenir comportamientos anticompetitivos por parte de los prestadores con Poder Dominante y con Poder Significativo, debido a que ciertos elementos y funciones de ésta constituyen un recurso esencial, sin cuya disposición, el acceso al mercado de nuevos prestadores resulta imposible.


Que la determinación de un marco jurídico para la interconexión debe evitar abusos de posiciones dominantes o barreras de entrada que distorsionan el mercado, permitiendo así la efectiva incorporación de nuevos prestadores y la diversificación de la oferta de servicios de buena calidad, a precios accesibles, en beneficio de los usuarios.

 

Que resulta útil destacar que, independientemente de los intereses de los prestadores en pugna, es el bienestar del usuario el objetivo principal de la interconexión, en la medida que ésta permite a los usuarios de una red conectarse con los usuarios de otra red o acceder a servicios prestados desde otra red.


Que, para asegurar una competencia efectiva en el mercado, la regulación para la competencia debe prever la imposición de obligaciones positivas a aquellos operadores que, por su condición de dominantes o con poder significativo, se encuentran en una posición de ventaja competitiva, respecto de sus competidores.

 

Que la desagregación de los distintos elementos y funciones de red, así como la identificación de aquéllos que tienen carácter de esenciales, deviene de suma importancia para la generación de un mercado altamente competitivo.

 

Que, con relación al Servicio Universal, durante muchos años se ha argumentado que a raíz de la provisión en régimen monopólico del servicio telefónico, se ha alcanzado la penetración actual del servicio, por lo que cualquier reestructuración del sector, habría de operar en detrimento de los objetivos de su universalización del servicio.


Que la experiencia mundial ha demostrado que cuando crece la competencia, los precios bajan y la penetración del servicio aumenta.


Que el avance tecnológico puede posibilitar la conversión del cliente rural de un área remota, en uno rentable, mediante la selección de la tecnología adecuada.


Que también debe tenerse en cuenta que los clientes hasta hoy no rentables generan, para los prestadores, beneficios relacionados con las externalidades de red, así como la posibilidad de que dichos clientes cambien su condición al aumentar su consumo.


Que es necesario desarrollar todas las acciones tendientes a asegurar que la prestación del Servicio Universal se desarrolle con la apertura del sector, así como determinar su alcance y los costos asociados a su prestación y financiamiento.


Que resulta conveniente asegurar el acceso de los habitantes de la Nación a los servicios esenciales de telecomunicaciones, sin importar sus circunstancias económicas, localización geográfica o limitaciones físicas.


Que, en ese marco, en el Reglamento General del Servicio Universal que por el presente se aprueba, se ha establecido que el propósito del Servicio Universal es lograr que aquella parte de la población que no podría recibir los servicios esenciales de telecomunicaciones en condiciones normales del mercado, tenga acceso a ellos.

 

Que se establecen mecanismos que garantizan la neutralidad competitiva, de manera de no beneficiar a ningún prestador en particular, ni privilegiar una tecnología en desmedro de otras, por lo que se prevé la instrumentación de subastas de subsidios mínimos y de financiación conjunta de servicios deficitarios, tal como lo sugiere la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico."

 

Vale decir que la exposición de motivos expuesta por el decreto 764/2000 era de fomento de la competencia, tratando de incorporar al mercado, a aquellos que estaban en condiciones de prestar servicios de telecomunicaciones y que, por el anterior régimen estaban excluidos.

 

En el marco de dicho decreto, y por no haber obtenido la licencia Cable Visión, por mentado decreto, que sólo desde el punto de vista formal, ha sido dictado en consecuencia con el decreto mencionado, 10 años antes, pone de relieve que la resolución ha sido dictada en consecuencia con un decreto 10 años anterior.

 

De lo que se observa que, la interpretación de la ley, es contra los motivos expresados en el decreto de referencia. Por cuanto el Estado, durante, 10 años, y ante la expansión de las telecomunicaciones, hecho macreoeconómico innegable, ni siquiera intimó a Cablevisión a regularizar su situación en lo tocante a lo formal, la obtención de la Licencia, y debido a ello, 10 años después, la Secretaría de Telecomunicaciones, en una resolución exorbitante, y por lo tanto irrazonable, decide la caducidad de Licencia, con la consiguiente imposibilidad de CableVisión, de brindar servicios de internet.

 

Resolución contraria a los fines tenidos en cuenta.

 

Es de público conocimiento que las leyes han sido dictadas para resolver casos puntuales, y no puede ser interpretada en sentido contrario. Si la norma superior - el decreto del año 2000 -  ha sido dictado con miras a la competencia, la falta formal, ante quien realmente ha competido, no puede resolverse en su contra. El Derecho, debe interpretarse en el sentido buscado por el legislador. Si este hecho se produjo, entonces la falta de licencia no es mas que un argumento formal. Pero lo relevante es que la competencia y la observancia a la ley, se produjo durante 10 años.

 

Que desde el punto de vista de los políticos que gobiernan actualmente nuestro país, esta cuestión fáctica, no se ha dado, corresponde sólo al punto de vista de los funcionarios, pero no puede ejercerse el poder de policía, o de contralor estatal 10 años después. Es mas o menos lo mismo que, ante un robo, aparezcan los uniformados, con el objeto de evitarlo, 10 días después.

 

La exégesis de la ley, en nuestra jurisprudencia señala en miles de fallos todos concordantes entre sí:

 

La ley ha de ser interpretada en forma sistemática y en función de los fines que se propone alcanzar. SUPREMA CORTE DE BUENOS AIRES, Acuerdo 36983 S 13-9-1988, autos “Lojo Vilela vda. de Baban, Josefa c/ Caride, Rubén Julio s/ Daños y perjuicios”, publicado en Acuerdos y Sentencia 1988-III, 366 y en  Diario de Jurisprudencia de Buenos Aires1988-135, 313

En igual sentido:

SUPREMA CORTE DE BUENOS AIRES, Acuerdo 54485 S 24-10-1995, autos Vaamonde de Niz, Marisa Cristina c/ Provincia de Buenos Aires s/ Cobro de australes publicado en Diario de Jurisprudencia de Buenos Aires150, 38 – Acuersos y Sentencias, 1995 IV, 9

También se ha dicho: “En la interpretación de la ley no se trata de obviar sus palabras para resolver la cuestión de fondo, sino de dar preeminencia a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho, de modo que cuando la inteligencia de una norma basada exclusivamente en la literalidad de sus términos conduzca a resultados que sean adversos a ellos o provoque consecuencias notoriamente injustas, sea posible arbitrar otras compatibles con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial.”  SUPREMA CORTE DE BUENOS AIRES, Acuerdo 49730 S 17-2-1998, autos Gómez, “Jacinta Feliciana  y otro c/ Rolero, Rubén Darío s/ Daños y perjuicios”

En el mismo sentido la  SUPREMA CORTE DE BUENOS AIRES, en Causa 85797 del 27-6-2012 , en autos “B., S. M. c/ Policía de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ Daños y perjuicios

 

Y se ha dicho además:

 

“La ley ha de ser evaluada en forma sistemática y en función de los fines que se propone alcanzar. SUPREMA CORTE DE BUENOS AIRES, Acuerdo 69271 del 29-2-2000, autos: “Jockey Club de la Provincia de Bs. As. Quiebra s/ Incidente de verificación de crédito por Provincia de Buenos Aires”, Sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación  el 18-12-02 ( publicado en La Ley del 24-4-03, 4) y el fallo de la Corte Provincial en la Ley de Buenos Aires 2000, 1202

En el mismo sentido  SUPREMA CORTE DE BUENOS AIRES, en Acuerdo 80375  5-3-2003, en autos “larralde de López, Alicia y otros c/ Ferrosur S.A.. y otros s/ Daños y perjuicios” publicado en Diario de Jurisprudencia de Buenos Aires, 219; en la Le Ley de Buenos Aires 2004, 482; y en Jurisprudencia Argentina, 2004 II, 237

Se ha dicho también:

"Cuando la inteligencia de un precepto, basado exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos conduzca a resultados concretos que no armonicen con los principios axiológicos enunciados en otro de rango superior y produzca consecuencias notoriamente disvaliosas, resulta necesario dar preeminencia al espíritu de la ley, a sus fines, al conjunto armonioso del ordenamiento jurídico, y a los preceptos fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el ordenamiento normativo". SUPREMA CORTE DE BUENOS AIRES, Acuerdo 70180 S 13-12-2000, B.,P. s/ Adopción, publicado en Diario de Jurisprudencia de Buenos Aires 160, 35 y en El Derecho, 193, 62, como también en La Ley de Buenos Aires 2001, 1019 con comentario.

Se ha dicho también:

Es regla de interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución nacional, y en casos no expresamente contemplados debe preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulta aquella armonía y los fines perseguidos por las reglas. SUPREMA CORTE DE BUENOS AIRES, Acuerdo 79615 S 19-2-2002, autos “Fedzuk, Jorge Adrián c/ Macias, Alberto Diego s/ Daños y perjuicios”

 

En el mismo sentido: SUPREMA CORTE DE BUENOS AIRES, Acuerdo 76885 S 9-10-2003, autos “Vega Pérez, Mariano F. y otra c/ Coll, Rubén Gustavo y otro s/ Indemnización por daños y perjuicios”

En el mismo sentido: SUPREMA CORTE DE BUENOS AIRES, Acuerdo 86016 S 16-2-2005, : Appio, Orietta c/ Alberti, Eliceo y Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios”

En el mismo sentido SUPREMA CORTE DE BUENOS AIRES, C 98327 S 1-9-2010, “Parodi, Carlos alberto y otros c/ Banco Integrado Departamental Coop. Ltdo. (su quiebra) s/ Cancelación de hipoteca.”

 

¿Que es la exégesis o el análisis exegético de una ley?

 

Cuando se analiza una norma, se trata de establecer, la voluntad del legislador en el momento de dictarla, el problema concreto a solucionar, y, por consiguiente los fines tenidos en cuenta por el mismo. En el caso la resolución 100 si bien formalmente ha sido dictada en consecuencia con el decreto 754/2000, no así en su sustancia.

 

 Jurisprudencia a nivel Nacional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y desde antiquísimos tiempos ( ver fechas de los fallos ) en  materia de exégesis en la interpretación de las normas.

 

“No es admisible la exegesis estática, referida a las circunstancias de la oportunidad de la sanción de la ley, particularmente en el  ámbito de la interpretación constitucional y de las leyes de su inmediata reglamentación, pues se trata de normas destinadas a perdurar regulando la evolución de la vida nacional (CS, Setiembre 30 1963). ED, 8-595.

 

“En la exegesis del art. 14 de la ley 15775, el "resultado", como criterio que ha de presidir la tarea del intérprete, tiene particular relevancia (CNCiv., Sala D, Febrero 3 1964). ED, 7-544.”

“Las leyes deben interpretarse de manera que se compadezcan con los Derechos, Principios y Garantías de la Constitución Nacional, en Tanto tal Exégesis Pueda Practicarse sin Violencia de su Letra o de su Espíritu CS, Febrero 24 1965). ED, 12-496.

Las leyes deben interpretarse de manera que se compadezcan con los derechos, principios y garantías de la Constitución Nacional, en tanto tal exégesis pueda practicarse sin violencia de su letra o de su espíritu. Entre tales principios figura el derecho a la intervención judicial en los supuestos de aplicación de sanciones de índole penal, como son las multas (CS, Febrero 24 1965). ED, 12-406.

 

Las exégesis de las leyes impositivas debe efectuarse a través de una razonable y discreta interpretación de los preceptos propios de su régimen y de los principios que los informan, con miras a determinar la voluntad legislativa, de tal modo que el propósito de la ley se cumpla (CS, Septiembre 8 1967). ED, 20-400.

 

La exégesis de las leyes impositivas debe realizarse a través de una razonable y discreta interpretación de los preceptos y de los principios, con miras a determinar la voluntad del legislador, de forma tal que se asegure el cumplimiento del propósito de la ley (CS, Abril 29 1968). ED, 30-178.

Es el decreto-ley 4776/63, ratificado por la ley 16478, el texto legal con todos sus requisitos y modalidades, el que proporciona los elementos y datos que deben ser tomados en cuenta para la interpretación por el exégeta de la ley penal (TS Santa Cruz, Sala II, Marzo 19 1969). ED, 28-503.

 

No es admisible una interpretación que equivalga a la prescindencia del texto lega, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad, pues la exégesis de la norma, aun con el fin de adecuación a los principios y garantías constitucionales, debe practicarse sin violencia de su letra y de su espíritu (CS, Mayo 23 1978). ED, 79187.

 

“Carece del debido fundamento la sentencia que se aparta de doctrina de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la categórica posición sentada por el tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y las leyes. Ello as¡, pues, para efectuar una exégesis diversa de las leyes federales aplicables, el a quo debió haber señalado aquello que la Corte no tuvo en cuenta al establecer la inteligencia que debía darse a tales normas no siendo suficiente dejar consignado que "simple y respetuosamente" se discrepa con su doctrina. (En el caso, se trataba de la presunta falsificación de cédulas de identidad) (CS, Noviembre 17 1981, Balbuena, César A.).

 

“No es admisible una interpretación que equivalga a la prescindencia del texto legal sino media debate y declaración de inconstitucionalidad pues la exégesis de la norma, aun con el fin de adecuación a los principios y garantías constitucionales, debe practicarse sin violencia de su letra y de su espíritu (CS., Mayo 23 1978, CASFEC c. Casa de las heladeras y televisores SA). (ídem, julio 26-1979, Velazco, José‚ L. C cinco entidades de bien público Marplatense); (ídem, Octubre 25 1979, Mondino, Néstor R. C. Trosolino, Juan c.).

“Una de las pautas más seguras para verificar la razonabilidad en la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que pertenece, es considerar sus consecuencias, porque las reglas de interpretación presuponen ponderar las circunstancias tomadas en cuenta para dictar la ley, mas la verificación de los resultados a que su exégesis conduce en el caso concreto (CS, Julio 2-1981). ED, 95-237- Con nota de Germán J. Bidart Campos.

 

“Si bien es cierto que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador también lo es que uno de los índices mas seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que esta engarzada, es la consideración de sus consecuencias, y que tales reglas tienen como presupuesto una adecuada ponderación de las circunstancias tomadas en cuenta para sancionar la ley y, además, la verificación de los resultados a que su exégesis conduzca en el caso concreto (CS, Julio 2-1981, Ballarda, Jos‚ L. y Otros).

“En materia de interpretación de las leyes tributarias (sustanciales y formales) su exégesis debe efectuarse a través de una razonable y discreta interpretación de los preceptos propios del régimen impositivo y de las razones que los informan con miras a determinar la voluntad legislativa debiendo recurrirse a los principios del derecho común, con carácter supletorio posterior, cuando aquellas fuentes no resulten decisivas (CS, Agosto 3 1982, Caille y Vola SRL).

“Uno de los índices mas seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias, y que tales reglas tienen como presupuesto una adecuada ponderación de las circunstancias tomadas en cuenta para sancionar la ley además de la verificación de todos los resultados a que se exégesis conduzca en el caso concreto ( CC Lomas de Zamora, Sala II, Junio 29 1982). ED, 100-228.

 

“No es admisible una interpretación de la ley que equivalga a la prescindencia del texto legal, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad, pues la exégesis de la norma, aun con la finalidad de adecuarla a los principio y garantías constitucionales, debe practicarse sin violencia de su letra y de su espíritu (CS, agosto 5 1982). ED, 102-372; ( ídem, Octubre 21 1982). ED, 102-603.

“Estando en juego la exégesis de normas procesales, es aplicable el principio con arreglo al cual las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta su contexto general y los fines que las informan, de la manera que mejor se compadezca con los principios y garantías constitucionales, en tanto con ello no se fuerce indebidamente la letra o el espíritu del precepto que rige el caso (CS, Marzo 22 1983). ED, 103-705.

 

“La sanción de una ley aclaratoria es un acto de una trascendencia que obliga al legislador a cumplirlo con mesura y prudencia, toda vez que la interpretación de la ley es misión esencial de los jueces. De allí que, tratándose de un estado de derecho, es necesario que el Estado de sujete a la ley que el mismo dictó y a la interpretación que los tribunales hagan de ella, aun cuando tal exégesis pueda ser contraria a sus pretensiones. Ello es igualmente valedero tratándose de decisiones de un tribunal administrativo creado por el propio Estado como garantía de legalidad de la administración, por lo que, en principio, debe acatamiento a sus decisiones (CNcont-adm. Fed, Sala IV, Junio 9 1982, Sentencia fue Revocada por la Corte con Fecha 1/9/83). ED, 101-330.

“Corresponde confirmar el pronunciamiento que admitió¢ la prueba informativa ofrecida si la interpretación asignada por él a quo al art. 3 de la ley 21526 se adecua a su sentido literal, en cuanto tipifica una clara excepción al principio del secreto bancario al disponer en el inc. A) que las entidades comprendidas en esta ley deber n contestar los requerimientos de los jueces en causas judiciales con los recaudos establecidos por las leyes respectivas, y aquella exégesis literal concuerda con la finalidad que inspira la tutela y no altera los propósitos perseguidos por el legislador con la instauración del secreto financiero (CS, Diciembre 9 1982, Taborda, A. C. Banco de la Provincia de Córdoba).

 

“En materia de interpretación de las leyes tributarias- sustanciales y formales- su exégesis debe efectuarse a través de una razonable y discreta interpretación de los preceptos propios del régimen impositivo y de las razones que los informan con miras a determinar la voluntad legislativa; se debe recurrir a los principios posteriores, cuando aquellas fuentes no resulten decisivas. Tal es la regla metodológica de la ley 11683 (T. O. 1974), la que consagra el precepto de la primacía en el terreno tributario de los textos que le son propios de su espíritu y de los principios de la legislación especial, y con carácter supletorio o secundario, de los que pertenecen al derecho privado (CS, Septiembre 1 1983). ED, 106-490.

Los hechos hacen al Derecho.

 

En una secuencia lógica, los hechos hacen al Derecho, y no en sentido inverso. El legislador, toma los hechos de una sociedad y, en función de los mismos, dicta normas para regular y hacer la paz social. La justicia en el mismo sentido. El Derecho, nunca puede hacer a los hechos. No se puede so pretexto de ser un iluminado, momentos que ya vivimos, modificar los hechos a partir de las normas. La función del legislador no es la de cambiar los hechos, sino de recogerlos para hacer de los mismos la paz social, a través del Estado, denominado Comunidad Jurídicamente Organizada.

 

La formas de adquisición del dominio, por ejemplo, la ocupación, que es un hecho, alegado por Inglaterra a nivel internacional, es una forma reconocida internacionalmente de adquirir la propiedad. En el caso de los Estados y en Derecho Internacional, la soberanía, noción equivalente.

 

En materia de usucapión o prescripción adquisitiva del dominio, tras el transcurso del  tiempo fijado por la ley, en función de la posesión de un bien.

 

En materia posesoria, los interdictos posesorios, que el Código Civil recoge, como el interdicto de retener ( la posesión que es un hecho ), el interdicto de recobrar ( cuando se pierde la posesión ), lo mismo que el Desalojo, todo lo cual, no necesita del Derecho de Propiedad, al contrario, los temas posesorios, que son hechos, hacen al Derecho de Propiedad.

 

Es erróneo decir que, en un juicio por prescripción adquisitiva o usucapión el juez que interviene en la causa, constituye el Derecho de Propiedad. El magistrado se limita a reconocerlo. Permite la inscripción del derecho de dominio declarado en la sentencia con carácter retroactivo, la inscripción del reconocimiento en el Registro de la Propiedad Inmueble, pero sólo a los efectos de conocimiento de terceros. Cuando dicta sentencia, declara propietario, al usucapiente, desde el inicio de la posesión comprobada judicialmente.

 

Para los restantes procesos, como los interdictos mencionados, tampoco es necesario ser propietario, o tener un derecho real sobre lo que se posee. La posesión y la tenencia, no en balde está muy protegida por el Código Civil.

 

La misma Constitución Nacional, ha debido partir de los hechos precedentes, incluso los pactos preexistentes, que fueron en virtud de hechos.

 

El hecho consumado y el poder de policía del Estado.

 

El legislador, trata de solucionar problemas y de organizar a la Nación sobre la base de su modo de pensar y de sentir, lo que hace a la esencia de la democracia. Cuando un hecho se encuentra consumado, y no existe reparación posible, el legislador debe abstenerse de resolver lo que ya ha ocurrido, y, en consecuencia, el Poder Judicial, llamado a la pacificación social, debe proceder de la misma manera.

 

Es cierto que, para lo futuro, pueden darse bases nuevas para que hechos ya consumados, no se produzcan, pero, ello es posible, sólo y tan sólo, de aquí para adelante. En el caso de Fibertel, el Poder Ejecutivo, se limitó, solamente, a señalar la caducidad de la licencia, en función de una norma anterior. Pero en términos productivos, para darle una organización a la sociedad, lo que debe hacerse es lo que comúnmente se hace, dictar nuevas normas a los que los habitantes, en aras del bien común, van a tener que adecuarse. Pero esto es sólo con intenciones de futuro, y no ante hechos pretéritos.

 

No se puede ejercer el poder de policía del Estado, cuando ya transcurrieron 10 años aproximadamente, simplemente por cuanto es un absurdo, y vale la comparación de la denuncia de un robo, para que la policía venga a evitarlo dentro de 10 días.

 

Si se cumplen las normas pero no se obtuvo la licencia. ¿Que ocurre en Derecho?

 

La obtención de la licencia es de suma importancia, pues, hace al contenido del sistema audiovisual, pero, en el caso de una señal de internet, realmente la interpretación y aplicación de la ley del Poder Ejecutivo deja mucho que desear, más, si el prestador de los servicios de Internet, ha cumplido regularmente con sus obligaciones y ha competido lealmente. En estos casos, se llama a este tipo de cuestiones, como abstractas, vacías de problemas reales a resolver.

 

Consecuencias de la pérdida de la Licencia y la responsabilidad del Estado. Afectación a nuestro orden legal institucional, de consumo y de mercado.

 

Si el Estado produce la pérdida del servicio de conexión de banda ancha o Internet a los consumidores, una enormidad de los mismos, por lo menos, carecerían del servicio de telefonía IP - el cual es dado por otras empresas necesitándose que otra de banda ancha para ello, y obviamente, no puede competir con Telecom y Telefónica si la banda ancha es suministrada por éstas.

 

Que es el sistema de telecomunicación por medio de una telefonía de red fija, ajenos a las empresas Telecom y Telefónica, afectándose a la ley de defensa de la competencia y creando un impacto generalizado e intenso, tanto cuantitativamente como cualitativamente, en garantías constitucionales. No puede el Poder Judicial, so pretexto de una formalidad, dejar a la población sin siquiera telefonía independiente de Telecom y de Telefónica. La responsabilidad del Estado y de los funcionarios que promuevan este tipo de actitudes, es muy alta, teniendo en cuenta la supresión de los derechos de miles de consumidores, una falta muy, muy grave. Se trata de una garantía constitucional, para todos lo habitantes de la Nación, establecida en el art. 42 de la Constitución Nacional al decir "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

"Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

"La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control."

 

La ley de defensa del consumidor 24.240 quedaría soslayada absolutamente, la cual describe todos los derechos de los consumidores, entre los cuales, se encuentra la competencia., afectándose también a la misma pues, el art. 1 de la ley mencionada, llamada ley de defensa de la competencia número 25156, forma parte de todo el organigrama jurídico y está vinculada, asociada, a la ley de defensa del consumidor, al decir en su artículo "Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general."
 

El abandono de la función de policía del Estado que ocurre en este momento y su obligación jurídica de actuar. La actual responsabilidad del Estado ante esta situación.

 

Es un hecho público y notorio, que al dictarse la resolución 100, a través de uno de los Ministros se hizo abandono del Poder de Policía del Estado en cuanto a las prestaciones de Fibertel que no se controlan. Este abandono, por afirmarse que Fibertel "no existe", involucra una muy grave responsabilidad en términos actuales ante las mencionadas leyes de defensa del consumidor 24.240 y ley de defensa de la competencia número 25156.

 

¿Puede existir un alegato atendible por parte de los abogados del Poder Ejecutivo en cuanto a proyecciones relativas a defensa de los consumidores?

 

No, eso no es posible. El Poder Judicial no es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo.

 

¿En qué consiste la exposición de motivos de un decreto o de una norma?

 

Es precisamente, en la exposición de motivos que acabo de transcribir arriba, las intenciones del legislador, allí sobreabundan las argumentaciones sobre desregulación y competencia. Y es precisamente ello lo que se debe mirar al interpretar el alcance de la aplicación de una ley. Mas que las cláusulas, y los artículos independientes, la observación de todo el conjunto del Derecho, con mas las intenciones y finalidades del decreto que ha dado lugar, formalmente al dictado de la resolución 100 de la Secretaría de Comunicaciones.

 

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