EL CONTENIDO IRRESPETUOSO DE LA RESOLUCIÓN "HACER SABER" - LA DISIDENCIA DE OPINIONES - EL RESPETO A LA INVESTIDURA DEL ABOGADO. DESCARGA EN AUDIO TEXTO IMPLICA QUE LO PUEDE ESCUCHAR AL TEMA POR INTERNET O DESCARGAR ESTE CONTENIDO EN AUDIO EN SU PC.

 

Por el doctor Juan Carlos Muse Generch.

 

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Puede hacer clic en el tema que mas le interesa, aunque para este caso recomiendo muy especialmente una lectura completa.

Que son las resoluciones judiciales.

 

¿Cuáles son los fundamentos que debe contener una resolución?

 

Excesos.

 

La disidencia de opiniones.

Conclusión.

 

 

Que son las resoluciones judiciales.

 

Las normas de las resoluciones se dividen en tres:

Providencias simples: son las que no se discuten, se resuelven meros trámites.

Sentencias o resoluciones interlocutorias: Son las que resuelven cuestiones atinentes a rumbos del proceso judicial y, son susceptibles de sustanciación, o sea de debate.

Sentencias definitivas: Son las que resuelven un proceso, poniendo fin al litigio, sin perjuicio de la facultad de hacer revisar su justicia por los tribunales revisores, Cámaras de Apelaciones, Tribunales de Casación, y, en definitiva, lo que se da en denominar "alzada", lo cual verifica que la sentencia definitiva dictada en el marco de un proceso terminado, al considerársela injusta, se promueven los recursos respectivos para que, en Derecho, sean revisadas las sentencias de los jueces de grado, llamados también "a quo" o inferiores.

Pero todas estas resoluciones tienen un denominador común.

Deben tener en cuenta las normas del Código Procesal Civil para su dictado.

Al respecto el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone:

 

Art. 34. - Son deberes de los jueces...

 

3) Dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos:

a) Las providencias simples, dentro de los tres días de presentadas las peticiones por las partes o del vencimiento del plazo conforme a lo prescripto en el artículo 36, inciso 1) e inmediatamente, si debieran ser dictadas en una audiencia o revistieran carácter urgente.

b) Las sentencias interlocutorias y las sentencias homologatorias, salvo disposición en contrario, dentro de los diez o quince días de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado.

c) Las sentencias definitivas en juicio ordinario salvo disposición en contrario, dentro de los cuarenta o sesenta días, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado. El plazo se computará, en el primer caso, desde que el llamamiento de autos para sentencia, dictado en el plazo de las providencias simples, quede firme; en el segundo, desde la fecha de sorteo del expediente, que se debe realizar dentro del plazo de quince días de quedar en estado.

d) Las sentencias definitivas en el juicio sumarísimo, dentro de los veinte o treinta días de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez unipersonal o tribunal colegiado. Cuando se tratare de procesos de amparo el plazo será de 10 y 15 días, respectivamente.

En todos los supuestos, si se ordenase prueba de oficio, no se computarán los días que requiera su cumplimiento.

4) Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia.

 

Asimismo señala:

Art. 161. - Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren sustanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deberán contener:

1. Los fundamentos.

2. La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

3. El pronunciamiento sobre costas.

Sentencias homologatorias

Art. 162. - Las sentencias que recayesen en los supuestos de los arts. 305, 308 y 309, se dictarán en la forma establecida en los arts. 160 ó 161, según que, respectivamente, homologuen o no el desistimiento, la transacción o la conciliación.

Sentencia definitiva de primera instancia

Art. 163. - La sentencia definitiva de primera instancia deberá contener:

1. La mención del lugar y fecha.

2. El nombre y apellido de las partes.

3. La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio.

4. La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior.

5. Los fundamentos y la aplicación de la ley.

Las presunciones no establecidas por ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica.

La conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones.

6. La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte.

La sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos.

7. El plazo que se otorgase para su cumplimiento, si fuere susceptible de ejecución.

8. El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de temeridad o malicia en los términos del art. 34, inc. 6.

9. La firma del juez.

Sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia

Art. 164. - La sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia deberá contener, en lo pertinente, las enunciaciones y requisitos establecidos en el artículo anterior y se ajustará a lo dispuesto en los arts. 272 y 281, según el caso.

Las sentencias de cualquier instancia podrán ser dadas por publicidad salvo que, por la naturaleza del juicio, razones de decoro aconsejaren su reserva, en cuyo caso así se declarará. Si afectare la intimidad de las partes o de terceros, los nombres de éstos serán eliminados de las copias para la publicidad.

Monto de la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios

 

Vale decir que, el juez debe pronunciarse sobre temas sometidos a su juzgamiento siguiendo un silogismo, para resolver un asunto.

 

Resuelven diferendos, o tramitan la causa siguiendo un principio denominado de congruencia, que significa, que lo establecido en secuencias anteriores del procedimiento, deben ser respetadas.

 

¿Cuáles son los fundamentos que debe contener una resolución?

 

No mas que los necesarios para determinar la justicia o injusticia de un caso. Los jueces no tienen obligación de pronunciarse sobre todos los aspectos que obran en un expediente, sino sólo los estrictamente necesarios para dilucidar la causa con justicia.

 

Al respecto se ha dicho:

 

"Si bien los jueces no tienen la obligación de valorar todas las pruebas, sino las que fueren esenciales y decisivas, pudiendo preferir unas a otras; si se está frente a una única prueba, el juez debe expedirse sobre el valor de la misma a los efectos de la resolución de la causa." conf. Cons. Prop. Ed. Pasaje Sacoa c/ Hansen, Orfilia Rene s/ Sucesión s/ Concurso s/ Incidente de Revisión Cámara Civil Primera sala primera de Mar del Plata, Registro de Sentencias -164-90 del 23-3-1990.

 

Excesos.

 

Sin embargo, muchos decisorios de cualquiera de los tipos indicados, tienen una costumbre judicial que no se arraiga en un silogismo para resolver un asunto. Y sobran. Así por ejemplo, cuando el juez señala, "Hágase saber al peticionante el contenido del artículo tal o cual.

 

Eso no forma parte de un silogismo o razonamiento que sirva para resolver un tema.

No solamente ocurre seguidamente, sino que, además, es habitual hacer saber, en una providencia, resolución o sentencia, el contenido de doctrina, jurisprudencia o modo de pensar.

 

Ahora bien, los abogados y los magistrados, se deben la misma consideración y respeto.

En el orden de la provincia de Buenos Aires esta obligación abarca a los magistrados y se lee al respecto:

 

ARTICULO 57°: (Texto Ley 12.277) El ejercicio de la profesión de abogado comprende las siguientes funciones:
a) Defender, patrocinar o representar causas propias o ajenas, en juicio o proceso o fuera de ellos, en el ámbito judicial o administrativo y en cualquier otro donde se controviertan derechos o intereses legítimos.
b) Evacuar consultas y prestar todo tipo de asesoramiento en cuestiones en que se encuentren involucrados problemas jurídicos. Dichas funciones le son propias y exclusivas, salvo lo dispuesto en relación al ejercicio de la procuración.

En el desempeño de su profesión, el abogado será asimilado a los magistrados en cuanto atañe al respeto y consideración que debe guardársele. Cometerá falta grave quién no respete esta disposición, y su violación podrá dar lugar a la pertinente denuncia ante el superior jerárquico del infractor, debiendo ser sustanciada de inmediato. El profesional afectado se encuentra legitimado para la radicación e impulso de los trámites respectivos.

 

ARTICULO 58°: (Texto Ley 12.277) Es facultad de los abogados y procuradores, en ejercicio de su función, recabar directamente de las oficinas públicas, bancos oficiales o particulares y empresas privadas o mixtas, informes y antecedentes, como así también solicitar certificados sobre hechos concretos atinentes a las causas en que intervengan. Estos pedidos deberán ser evacuados por las oficinas y entidades aludidas dentro del término de quince días. En las solicitudes, el profesional hará constar su nombre, domicilio, carátula del juicio, juzgado y secretaría de actuación. Las contestaciones serán entregadas personalmente al profesional, o bien remitidas a su domicilio, según lo haya solicitado; no habiendo realizado ninguna solicitud en tal sentido, serán remitidas al Juzgado de la causa.

Con la sola exhibición de la credencial profesional, el abogado o procurador podrá examinar y compulsar actuaciones judiciales y administrativas, provinciales y municipales y registros notariales. Cuando un funcionario o empleado de cualquier manera impidiera o trabare el ejercicio de este derecho, el Colegio Departamental pertinente, a instancia del afectado, pondrá el hecho en conocimiento del superior jerárquico de aquéllos, a los efectos que correspondan, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 y sin perjuicio de otras medidas a que hubiere lugar.

En la ley nacional 23187 se lee en el art. 5 "El abogado en el ejercicio profesional, estará equiparado a los magistrados en cuanto a la consideración y respecto que se le debe."

Asimismo en sus arts. 8 y 9 se lee:

 

ARTICULO 8° – Sin perjuicio de los demás derechos que les acuerdan las leyes, es facultad de los abogados en el ejercicio de su profesión requerir a las entidades públicas información concerniente a las cuestiones que se les hayan encomendado y, asimismo, tener libre acceso personal a archivos y demás dependencias administrativas en las que existan registros de antecedentes. Se exceptúan de esta disposición aquéllas informaciones de carácter estrictamente privados y aquéllos registros y archivos cuyas constancias se declaren reservadas por disposición legal. En estos casos el abogado deberá requerir el informe por intermedio del juez de la causa.

 

ARTICULO 9° – En dependencias policiales, penitenciarías o de organismos de seguridad, deberán proporcionarse al abogado los informes que éste requiera respecto de los motivos de detención de cualquier persona y el nombre del juez a cuyo cargo se hallare la causa.

 

La disidencia de opiniones.

 

Tratando los mismos jueces las criticas que merecen un fallo han sostenido:

"El apelante debe fundar el recurso en relación en un escrito que reúna, en lo pertinente, los mismos requisitos que la expresión de agravios. El incumplimiento de esta carga acarrea la deserción del recurso (arts.246, 260 y 261 del CPCC). No cumple tal carga el escrito en que la recurrente se limita a transcribir literalmente fallos y opiniones doctrinarias sin intentar siquiera vincularlos con la causa ni demostrar por medio de una crítica razonada y concreta de qué modo es equivocado el fallo recurrido."  ( Cámara de Apelaciones de San Isidro, sala primera, Registro de sentencias interlocutorias 358-91 I del 18-7-1991 "B.de P.A. c/ P.J.J. s/ Divorcio art.67 bis"
 

En el mismo sentido la jurisprudencia nacional ha dicho:

No basta disentir con la interpretación dada por el juzgador sin fundamentar la oposición ni concretar pormenorizadamente los errores u omisiones en que éste habría incurrido respecto de la valoración de los elementos traídos a juicio en función de las normas jurídicas que rigen la materia, o sin dar las bases jurídicas de los distintos puntos de vista, como igualmente manifestar la disconformidad con la decisión por considerarla equivocada sin dar ninguna pauta distinta a la evaluada por el sentenciante, para expresar agravios en los términos del art. 265 del Código Procesal (CNCiv., Sala F, Febrero 25 1981, Viviani, Carlos c. Fakelman, Dora y Otros).

 

Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido:

Si bien valorar la expresión de agravios a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso pertinente es facultad privativa del tribunal del alzada, por tratarse de una cuestión de hecho y de derecho procesal ajena a la instancia del art. 14 de la ley 48, tal principio admite excepción cuando se advierte que sobre los puntos que se consideran firmes del fallo de primera instancia, a raíz de la insuficiencia del memorial respectivo, la actora expreso agravios bastantes, tendientes a rebatir lo sostenido en su decisión por el juez de grado. As¡ ocurre en el caso cuando, sin que importe abrir juicio acerca de la virtualidad de tales agravios, no cabe negarles eficacia con relación a su fin específico, sin caer en un rigor formal excesivo, con desmedro cuando por esa vía se prescinde de tratar los demás cuestionamientos formulados al fallo impugnado, tales como si medio o no recepción definitiva de la obra y si los vicios que la afectaban deben tenerse como aparentes u ocultos (disidencia de los doctores Black y Renom) (CS, Agosto 23 1983, Abad, Oscar c. Pezzolla, Ricardo).

 

Conclusión.

 

De la misma manera en la que se exige a los abogados la crítica razonada de las partes de cualquier resolución que se considere equivocada y que traiga consigo un injusto, el contenido "Hacer saber..." ( doctrina, fallos, jurisprudencia o disposiciones legales ) por parte de los jueces en sus providencias, resoluciones o sentencias, constituyen una falta de respeto al profesional interviniente, toda vez, que, al por igual, están destinados a crear soluciones y llamados a la pacificación social en su función. Y no en dar cátedra de su jurisprudencia, legislación, o puntos de vista disidentes.