EL DEBER DEL ESTADO DE DICTAR SENTENCIA AÚN CUANDO MEDIE PREJUDICIALIDAD - EXPEDIENTES PENALES PERDIDOS - DEMORAS EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - SUSPENSIÓN DE LOS MISMOS A RESULTAS DE OTROS PROCESOS. EL DERECHO A UNA SENTENCIA.

DESCARGA EN AUDIO TEXTO IMPLICA QUE LO PUEDE ESCUCHAR AL TEMA POR INTERNET O DESCARGAR ESTE CONTENIDO EN AUDIO EN SU PC.

 

Por el doctor Juan Carlos Muse Generch.


 

SI ESTE TEMA NO LE INTERESA HAGA CLIC DEBAJO PARA IR A OTRO TEMA DE DERECHO DEL ÍNDICE GENERAL.

PUEDE HACER CLIC EN CUALQUIERA DE LOS SUBTEMAS, AUNQUE RECOMIENDO ESPECIALMENTE LA LECTURA O ESCUCHA COMPLETA.

¿Qué es la prejudicialidad?

 

Diferencia entre cosa juzgada y sentencia definitiva.

 

Casos en los que debe ceder el principio de prejudicialidad.

 

Los derechos que el individuo posee contra la sociedad.

 

Sistemas de prejudicialidad.

 

El control de la oportunidad de dictar sentencia haciendo caso omiso a la prejudicialidad.

 

Primera conclusión. El deber del estado de la permisión y fomento del “buen vivir”.

 

Los formalismos inertes o exagerados y su impacto sobre el individuo y el deber de dictar sentencia.

 

Conclusión final.

 

 

 

¿Qué es la prejudicialidad?

 

Muchas veces no debe dictarse sentencia civil sin que a su vez, se produzca un pronunciamiento penal. Y otras veces, no puede hacerse lo mismo a la inversa.

¿Cuál es la necesidad que lo justifica?

La prejudicialidad es un concepto que nace a partir de una doble necesidad:

1.- Por un lado, la mejor administración de justicia, buscando una sentencia más justa.

2.- Por otro lado, la prejudicialidad tiene un sentido de orden público, que denota que el Estado, ante el administrado, tiene a su respecto una sola posición.

El tema es tratado en el Código Civil en el art. 1101 y en el art. 1102. El art. 1101 señala “Si la acción criminal hubiere precedido a la acción civil, o fuere intentada pendiente ésta, no habrá condenación en el juicio civil, antes de la condenación del acusado en el juicio criminal, con excepción de los casos siguientes:

1º. Si hubiere fallecido el acusado antes de ser juzgada la acción criminal, en cuyo caso la acción civil puede ser intentada o continuada contra los respectivos herederos;

2º. En caso de ausencia del acusado, en que la acción criminal no puede ser intentada o continuada.

El art. 1102 señala: “Después de la condenación del acusado en el juicio criminal, no se podrá contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituya el delito, ni impugnar la culpa del condenado"

También se ha hablado de la “prejudicialidad civil”, cuando la condena penal, depende de una resolución en materia civil.

Un ejemplo nos ilustraría al respecto: El adulterio que estuvo tipificado como delito en el Código penal ecuatoriano hasta el 10 de Junio de 1983, para iniciar la acción penal en contra del cónyuge adúltero, era indispensable obtener previamente el pronunciamiento definitivo del juzgador en el fuero civil que estuviera conociendo el juicio tendiente a resolver sobre la demanda de divorcio por la misma causal. Mas, como el trámite en lo civil, debido a la forma en que marcha desde hace varios años la administración de justicia en este país, demora casi siempre más de dos años, para cuando se tenía sentencia ejecutoriada declarando disuelto el vinculo matrimonial por divorcio, la acción penal por el delito de adulterio ya había prescrito pues habían transcurrido más de 180 días (Art. 101 CP). En lugar de encontrar una solución formal adecuada a este problema de tipo procesal, como hubiere sido, por ejemplo, ampliar el tiempo para que opere la prescripción, se resolvió suprimir del Código penal el delito de adulterio, lo que, por lo demás, ocurrió, curiosamente, con la expedición del Código de procedimiento penal de 1983. De ese modo se reconoció que el problema era procesal, y no de fundamental concepción punitiva de la conducta, pese a lo cual se la descriminalizó.” ( fuente http://www.analisisjuridico.com/publicaciones/la-prejudicialidad/ ).

Y podemos suponer, muchas situaciones en las que es necesaria la investigación civil previa respecto de cualquier necesidad de pronunciamiento civil previo, como por ejemplo, la culpabilidad del cónyuge, que ha denunciado por el delito de incumplimiento a los deberes de asistencia familiar, pero, al momento de la acusación, instaura un incidente de reducción de cuota alimentaria. O en el caso del recurso de apelación ante un fallo que decrete su culpabilidad. Hasta tanto no se pronuncie la Cámara de Apelaciones en lo Civil, el deber de pasar alimentos o la vocación hereditaria del inocente, quedan suspendidas.

Tiene entonces una función institucional. Y al propio tiempo de coherencia en las decisiones, para una sentencia más justa.

Esto implica que si el Poder Judicial puede tener en sus distintas competencias ( civil, comercial, laboral, etc. ) una necesidad de espera al pronunciamiento.

 

Diferencia entre cosa juzgada y sentencia definitiva.

 

Pero básicamente la prejudicialidad ha sido entendida con un elemento denominado “cosa juzgada”.

La cosa juzgada como tal, no es igual a la sentencia definitiva.

“Para establecer la existencia de cosa juzgada corresponde realizar un examen integral de las contiendas, y así determinar si la sentencia firme ha decidido ya lo que ha formado parte de la pretensión deducida; no es necesaria la concurrencia de las tres identidades clásicas, pues, lo esencial, es determinar si los litigios, considerados en su conjunto, son idénticos o no, contradictorios o susceptibles de coexistir” L. 393. XII. Lavao Vidal, Osvaldo Walter s/ Nulidad, 28/09/89.

Esto ha permitido a nuestro Poder Judicial, en la competencia del Derecho Privado,  indagar en la mecánica de la responsabilidad objetiva, ante la carencia de determinación de dolo o de culpa, en un acto dañoso respecto del cual existe una víctima, pero no hay, respecto del victimario, reproche penal.

El entendimiento por parte de dos jueces, uno civil y otro del fuero penal, implica que el legislador, haya establecido la prejudicialidad sólo ante la acción penal.

Y esto puede involucrar la remisión del expediente civil al fuero penal, o la suspensión del tratamiento civil del tema, hasta tanto se dilucide en el fuero penal.

La razón estriba en que la investigación penal, no es formal, no depende de pautas regladas, que muchas veces impiden llegar a la verdad. Por ello se denomina verdad formal, al contenido de las sentencias civiles, y material, al contenido de las penales.

 

Casos en los que debe ceder el principio de prejudicialidad.

 

Sin embargo, estos principios deben ceder, cuando el Estado, por diversas causas, no pueda hacerse del contenido de una sentencia de orden privado o público.

Un caso, que lo ejemplifica, lo constituye el extravío de un expediente penal, o su falta de localización.

El proceso no puede detenerse indefinidamente, y surge nítidamente el derecho a la sentencia en cabeza de quien la reclama.

En este orden de ideas, existe un choque entre dos intereses individuales: por un lado, el de quien plantea el Derecho a una Sentencia, y por otro la organización Estadual. Esta situación es mucho más nítida en la necesidad de una sentencia en la competencia del fuero laboral.

Se supone al Estado como la “Comunidad Jurídica Organizada”, pero, si por algún motivo, no existe esa organización, no se la determina, queda claro que no puede suponerse ni entenderse que el derecho de los individuos, quede a merced de uno de los Poderes, por cuanto los habitantes de la Nación, son los administrados, y los que han suscitado la actividad jurisdiccional.

Al respecto la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha señalado:

Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.” Declaración Universal de Derechos Humanos, A.G. res. 217 A (III), ONU Doc. A/810 p. 71 (1948).

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. ( art. 6 ).

La Declaración Americana sobre los Derechos del Hombre (Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, 1948), en el mismo sentido, en el art. 18 señala que: Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.

El principio de la doble instancia, hace pasible de recurso de apelación y de recurso extraordinario, a toda omisión del dictado de sentencia ante hechos ajenos al individuo, lo que hace abstracta a la acción de amparo, más allá de no reconocérsela judicialmente, cuando se puede interponer un recurso, e incluso, un recurso extraordinario federal.

Y ello así por cuanto, al signar la Argentina, y formar parte esas Declaraciones de nuestra Carta Magna, conforman una armonía con la Constitución Nacional, conforme al art. 22 de la Constitución Nacional Argentina que señala: La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención Sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.

Es que, en efecto, la Constitución Nacional, organiza al Estado Federal, pero no es fuente de la propia desorganización.

Por lo contrario, los Derechos reconocidos en la Constitución Nacional, son oponibles al Estado, aún en su organización Federal.

 

Los derechos que el individuo posee contra la sociedad.

 

Son los llamados derechos que el individuo tiene contra la sociedad.

Y al decir de Germán Bidart Campos "lo que realmente existe en el mundo y, por ende, en la sociedad y en el Estado, son hombres individuales, hombres concretos, de carne y hueso, Hay Estado porque hay hombres; sin ellos, realidades sustanciales cada uno, con singularidad existencial, no habría Estado, que es el todo" Germán J. BIDART CAMPOS Teoría general de los Derechos humanos, pág. 169.

Por ello, este autor ha sostenido que:

El poder del estado se ejerce por hombres. A los hombres que asumen esa tarea se les llama órganos, y su conjunto compone el gobierno.

“En los órganos estatales se acepta un doble enfoque: a) el “órgano-individuo”, que es la persona física (una o varias) que realiza la función o actividad del poder; b) el “órgano-institución”, como repartición con una determinada esfera de competencia. El órgano-individuo se visualiza desde el orden de la realidad, porque hemos dicho que es un hombre, o varios; el órgano-institución se visualiza desde el orden de normas que lo describe.

“Así, el “congreso”, el “poder ejecutivo” y el “poder judicial” son órganos-institución, que el orden de normas configura y describe, en tanto los diputados y senadores son los órganos-individuo del congreso; el presidente de la república es el órgano-individuo del poder ejecutivo; y los jueces son los órganos-individuo del poder judicial.

“El poder del estado como capacidad o energía para cumplir su fin es “uno” solo, con “pluralidad” de funciones y actividades. Lo que se divide no es el poder, sino las funciones y los órganos que las cumplen. Cuando el derecho constitucional habla de “poderes” -en plural- quiere mentar los “órganos institución” con sus respectivas competencias.”

“Los órganos del poder no son personas jurídicas, no tienen personalidad; la persona jurídica con “personalidad” es el estado. Por eso, ni los órganos de poder separadamente considerados (cada uno en particular), ni el “gobierno” que integran en conjunto, pueden ser demandados en juicio; al que hay que demandar es al “estado”. (Las excepciones son escasas)”

Germán Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformada, Tomo III, “El gobierno y los órganos” I. EL PODER del CAPÍTULO XXX, “LA PARTE ORGANICA”

Desde antaño nuestra jurisprudencia admite esa orientación inclusive, otorgando Derechos al individuo contra el Estado mismo.

No es calidad del sujeto pasivo la que confiere a un derecho del sujeto activo naturaleza constitucional; y, por ende, no en la calidad del sujeto pasivo que viola un derecho la que permite hablar de inconstitucionalidad. Los derechos de los individuos son en s¡ mismos de naturaleza constitucional cuando surgen de la Constitución y se imponen frente a todos; por esa razón, de cualquier  ámbito de donde provenga la transgresión, debe admitirse la inconstitucionalidad de la actividad lesiva y el remedio jurisdiccional eficiente. No interesa entonces, de dónde viene el ataque, sino a dónde se dirige; siendo constitucional el derecho subjetivo su agresión es lesiva de la Constitución, emane del Estado o de otros individuos privados” (del Voto del Doctor Fait. Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“La aplicación del derecho está  reservada al estado y a sus  órganos que constituyen el Poder judicial. Las leyes de fondo y de procedimiento crean una serie de garantías para los individuos objeto de la justicia contra la interpretación equivocada de los preceptos legales; cada participante de la relación procesal tiene derecho a ser oído, a expresar sus puntos de vista y a interponer los recursos que la ley prevé” (CNFed., Sala I Civil y Com., Noviembre 12 1976). ED, 71-328.

En el mismo sentido: El estado tiene la obligación de justicia de promover un régimen social en el cual todos los hombres pueda obtener medios suficientes para la plena protección de la salud mediante el desempeño de su actividad, pero no tiene como deber el suministrar directa, individual y concretamente a cada individuo un determinado tratamiento, salvo que haya asumido en forma expresa esa obligación, confiriendo a cada habitante un derecho subjetivo a exigir su cumplimiento. Las declaraciones constitucionales que consagren semejantes derechos a favor del hombre, prescindiendo de las ecuaciones de gastos y recursos que puedan posibilitar su cumplimiento, no pasar n de enunciados teóricos, de alto contenido emotivo, pero lamentablemente impracticables bajo los condicionamientos de desarrollo técnico y económico del respectivo país (del fallo de primera instancia) (CNCont.-Adm. Fed., Sala III, Agosto 12 1986). ED, 120-476.- Con nota de Germán J. Bidart Campos.

Se ha señalado que El Estado, tal como lo conocemos en la actualidad, no surgirá sino hasta avanzado el Renacimiento. Sin embargo, las raíces del pensamiento político occidental se encuentran -sin lugar a dudas- en la Grecia Antigua.

A partir del Siglo VI A.C. aparece en Grecia un nuevo tipo de reflexión sobre los asuntos comunes, distinto al pensamiento mítico, y caracterizado por una conceptualización filosófico-política vinculada a las prácticas individuales y sociales.

La polis o ciudad-estado griega representará el centro de la vida del individuo, en la medida que un griego se considerará, a sí mismo, un ciudadano.

Es la pertenencia a aquella unidad política y de organización social de los individuos, lo que diferenciará al griego del bárbaro. ( Introducción a la Teoría del Estado, de Matías Castro Achával, página 8 “La ciudad-estado en la Grecia Antigua”

En página 20 sostiene este autor.

Lo dicho hasta aquí se encuentra íntimamente vinculado al concepto de comunidad política natural aristotélica. Si bien la familia es la comunidad originaria, la polis es la comunidad perfecta, 'ya que posee, para decirlo de una vez, la. conclusión de la autosuficiencia total, y que tiene su origen en la urgencia de vivir, pero subsiste para el vivir bien. Así que toda ciudad existe por naturaleza del mismo modo que las comunidades originarias. Ella es la finalidad de aquellas, y la naturaleza es la finalidad. De este modo, la polis aparece como anterior y suprema con respecto a la familia y al individuo particular. Estos últimos son componentes de la primera, por lo que es allí donde encuentran no solo la posibilidad de su subsistencia, sino también la aptitud de lograr el "vivir bien" ( obra citada ).

Entre los sistemas de prejudicialidad se ha criticado al germánico, señalándose que según este sistema, todas las situaciones jurídicas que tengan relación o conexión con el asunto principal de carácter penal tienen que ser resueltas por el mismo Juez penal, permitiendo así que tenga jurisdicción total en todos los campos para resolver el asunto controvertido en su totalidad y no solamente en lo que dice relación con la aplicación de sanciones; por lo tanto, el Juez penal tendría que resolver lo que corresponda a su campo específico como también lo concerniente a aspectos civiles, bastando, para ello, que se trate de un mismo hecho, bien entendido que la administración de justicia, emana de una sola y única función pública, es decir, es un todo, que solo se ha dividido por razones prácticas.

Sin embargo no es nuestro sistema, desde que, esta los países que han seguido este sistema han descubierto que si bien es cierto se agilita notablemente el despacho de las causas, no puede soslayarse que para que funcione correctamente, es indispensable contar con jueces penales de altísima preparación y vastos conocimientos jurídicos que con igual versación conozcan de la legislación vigente en lo penal, en lo civil, en lo laboral, etc. lo cual no es posible pensar para el Ecuador del Siglo XXI, más aun cuando el mundo moderno tiende a la especialización del conocimiento humano en todas las ramas del saber. ( página citada ).

Si pensamos con seriedad, descubriremos que ello es muy difícil en una sociedad que vive con la celeridad de los tiempos actuales buscando la especialidad en todas las profesiones y a todo nivel. Solo al legislador ecuatoriano se le podía haber ocurrido que los Ministros Jueces de las Cortes Superiores podían conocer, juzgar y resolver acertadamente todo lo que se les ponía por delante, situación que pretendió ser remediada en el COFJ (Art. 206) en donde se define la organización de las Cortes Provinciales en salas especializadas. ( página citada ).

 

Sistemas de prejudicialidad.

 

Separación jurisdiccional absoluta o sistema francés

Se pretende, según este sistema, que los asuntos penales y civiles sean considerados, tratados y resueltos en forma independiente por el juez al que le corresponda la competencia en razón de la materia; así, el Juez penal deberá resolver el asunto penal en el campo de su exclusiva competencia, y el Juez civil, los asuntos civiles que se originen o tengan relación con el delito.

De esta forma, se distribuye convenientemente el conocimiento y resolución del asunto conexo entre jueces civiles y penales, debiendo desenvolverse cada uno según lo que le corresponda en su respectiva esfera de actividad jurisdiccional.

Este sistema tiene también sus inconvenientes: aparte de que se pueden producir pronunciamientos contrapuestos, como ya se vio en el ejemplo (y sobre todo en el caso de O.J. Simpson, en Estados Unidos, en el que dicho personaje al ser juzgado penalmente fue declarado no culpable, pero al resolverse sobre la demanda de indemnización de daños y perjuicios en lo civil, que propusieron los familiares de las víctimas del homicidio, fue condenado), la administración de justicia se retarda considerablemente, pues no siempre los procesos tienen igual trámite, ni se les presta la misma atención, y, lo que es peor, no se los resuelve con los mismos criterios. Esto para no mencionar inconvenientes de otra índole ( página citada ).

Es que a la separación de funciones, o de poderes, sigue, su colaboración, la misma idea persiste en la función judicial. Y esta ponderación de situaciones, es la que impera, o debiera imperar en materia de prejudicialidad propia o impropia. Esto se encuentra asociado con el control de razonabilidad y de la propia división de funciones, dentro de la misma competencia.

Frente a la sentencia presuntivamente injusta y a las demoras del procedimiento, cuando no, a las negativas de los dictados de las sentencias.

No es lo mismo el extravío de un expediente, que su incineración, como tampoco lo es, que atraviese en demasía un período irrazonable de tiempo. Pues, justo es el derecho a una sentencia conforme al estado de la causa, sin demorarlo más, en función de las constancias del expediente.

 

El control de la oportunidad de dictar sentencia haciendo caso omiso a la prejudicialidad.

 

El llamado control de razonabilidad de las medidas que el Estado puede tomar contra el individuo, han sido delimitadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, necesitándose, para la suspensión de algunas garantías constitucionales, los siguientes requisitos:

1.- Situación de Emergencia general.

2.- Duración en el tiempo breve y apropiada para paliar esa situación.

3.- Que los remedios sean razonables o apropiados a los fines propuestos.

En tal sentido nuestra Corte Nacional ha sostenido que dichas circunstancias habían variado cuando declaró la constitucionalidad del decreto 1570/01  en los autos “Smith c/ Estado Nacional” (fallos 325:28, año 2002) eran absolutamente diferentes a la causa  causa B.1141 XXXVII "Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ solicita se declare estado de emergencia económica", sentencia del 28 de diciembre de 2001, lo que habilita pues, un tratamiento diverso a las que aludía el decreto referido. Se señaló en la segunda de las causas citadas, en el considerando 9: Que se encuentra fuera de discusión en el caso la existencia de una crisis económica por lo que no cabe cuestionar el acierto o conveniencia de la implementación de medidas paliativas por parte del Estado. Pero ello no implica que se admita, sin más, la razonabilidad de todos y cada uno de los medios instrumentales específicos que se establezcan para conjurar los efectos de la vicisitud. Máxime cuando ha existido, en un breve período, una profusión de normas sobre el tema que, en algunos casos, más que propender a la fijación de pautas claras sobre la disponibilidad de las sumas depositadas en instituciones bancarias y financieras por los particulares ha generado un inédito y prolongado estado de incertidumbre. En este contexto cabe recordar que esta Corte ha subrayado, en reiteradas oportunidades que, el fundamento de las normas de emergencia es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que, atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto (Fallos: 136:161; 313:1513 y 317: 1462). El Tribunal ha reconocido la constitucionalidad de las leyes que suspenden temporaria y razonablemente los efectos de los contratos como los de las sentencias firmes, siempre que no se altere la sustancia de unos y otras (Fallos: 243:467), a fin de proteger el interés público en presencia de desastres o graves perturbaciones de carácter físico, económico o de otra índole (Fallos: 238:76). En estos casos, el gobierno está facultado para sancionar las leyes que considere conveniente, con el límite que tal legislación sea razonable, y no desconozca las garantías o las restricciones que impone la Constitución.

No debe darse a las limitaciones constitucionales una extensión que trabe el ejercicio eficaz de los poderes del Estado (Fallos: 171:79) toda vez que acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios (Fallos: 238:76). La restricción que impone el Estado al ejercicio normal de los derechos patrimoniales debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato, y está sometida al control jurisdiccional de constitucionalidad, toda vez que la emergencia, a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales (confr. Fallos: 243: 467; 323:1566).

Por último se ha hablado de nuestro sistema de Prejudicialidad como “relativa”.

Separación jurisdiccional relativa

Con este sistema se trata de mantener separado el ámbito civil del penal, de tal manera que las resoluciones en uno y otro campo se produzcan de modo autónomo, originándose, cada una, tanto en el Juez civil  como en el Juez penal, pero tan solo en aquellos casos en que la ley así lo disponga de manera expresa, o, también, cuando el Juez penal considera prudente, según su propio juicio, que los aspectos civiles del asunto sometido a su conocimiento, y, por lo tanto, extraños a su competencia y resolución, deben ser dilucidados previamente por el juez correspondiente, a fin de evitar que existan resoluciones o fallos contradictorios sobre el mismo asunto o hecho controvertido.  Página citada.

Pero si bien se fijan pautas de prejudicialidad, ciertamente el prudente arbitrio judicial, la razonabilidad mentada, y la colaboración judicial, habrá de tener que tenerse en cuenta.

Siempre con especial cuidado en la llamada, hoy, prejudicialidad civil, debido a que el Derecho de Defensa en Juicio, no tiene en la competencia penal, el mismo alcance que el pautado con cargas en el proceso civil de cognición.

En definitiva, el control de razonabilidad en el fuero civil, ante un expediente penal que no se remite, o que no se encuentra, hace que el juez deba ponderar razonablemente las circunstancias del caso, y dictar sentencia en ciertos casos, prescindiendo de las constancias penales.

 

Primera conclusión. El deber del estado de la permisión y fomento del “buen vivir”.

 

Se trata, como he señalado, de una división de funciones dentro de la tarea judicial, y de colaboración para el “mejor vivir” aludido, del administrado. Todo evitando en Derecho, la deidad de la cosa juzgada, elemento que tratamos en otra área de esta página ( clic aquí ) a y que permite nulidificar una sentencia firme, definitiva o interlocutoria, en última instancia.

Por su parte, el reconocimiento que ha tenido el llamado “exceso ritual manifiesto” desde antaño, justifica el dictado de la sentencia, desde que el proceso es una secuencia lógica para la más eficiente llegada de la justicia, no siendo un fin en sí mismo,

Y aunque se reconozcan impedimentos o suspensiones en el proceso civil a partir de normas procesales en un cuerpo sustancial, como lo es el Código Civil, no deja, por ello, de ser un elemento de procedimiento y de rito.

 

Los formalismos inertes o exagerados y su impacto sobre el individuo y el deber de dictar sentencia.

 

Al respecto se ha dicho que: “Si bien el formalismo tiene raíz constitucional desde que tiende a garantizar la defensa en juicio de la persona y de los derechos pudiendo ser considerado como el antemural de la arbitrariedad del individuo o del Estado y como un elemento básico de la libertad civil, esa indiscutible jerarquía del principio exige que sea cuidadosamente dosado para evitar caer en el culto de la forma”. (SC, Mendoza, Sala I, Abril 3-1991). ED, 143-757.- Con nota de Germán J. Bidart Campos.

La Carta Magna y las leyes que se dictan en consecuencia, no pueden ser dictadas a contramano de los derechos de los administrados.

Los ciudadanos poseen los derechos públicos subjetivos como correlato de la obligación del Estado de respetar el ordenamiento jurídico. El Estado ejerce su imperium como poder de dominación sobre todos sus súbditos (ciudadanos incluidos); por tal razón ‚él es quien crea el derecho; pero lo hace constreñir a respetar sus obligaciones: las que impone el ordenamiento jurídico cuando reconoce los derechos públicos subjetivo de los individuos; derechos que no puede desconocer, pues si ello ocurre, desaparece el Estado. (ST, La Rioja, Enero 26-1990). ED, 143-444.- Con Nota de Germán J. Bidart Campos.

“El uso preferente de la expresión -persona- en vez de -individuo- para referirse a los titulares de los derechos humanos tiene un profundo contenido de filosofía política; ya que la noción de -persona- expresa la imposibilidad de pensar al hombre fuera de los grupos a los que está  integrado de manera indisociable -como el Estado mismo- los cuales no son más que medios al servicio del hombre. De todo esto se deduce que no es el -individuo-, sino la -persona-, situada en la sociedad la que resulta sujeto de los nuevos derechos sociales y solidarios. (Corte Constitucional de la República de Colombia, Sala de Revisión Nro. 5, agosto 11-1992). ED, 155-66. - Con nota de Germán J. Bidart Campos.

El derecho a la personalidad jurídica presupone toda una normativa jurídica, según la cual todo hombre, por el hecho de serlo, tiene derecho a ser reconocido como sujeto de derechos, con dos cualidades adicionales, titularidad de derechos asistenciales y repudio de ideologías devaluadoras de la personalidad que lo reduzcan a la simple condición de cosa. Ahora bien, este derecho fundamental no debe ser confundido con los clásicos derechos de la personalidad, es decir, el nombre, el domicilio, la nacionalidad, el patrimonio, el estado civil y la capacidad y, menos aún, con el concepto de persona jurídica o ficta; en efecto, el derecho a la personalidad jurídica, consagrado por la Constituyente de 1991, es una declaración de principio que acoge a la -persona-, en lugar del -individuo-, como uno de los elementos esenciales del nuevo ordenamiento normativo. (Corte Constitucional de la República de Colombia, Sala de Revisión Nro. 5, agosto 11-1992). ED, 155-66. - Con nota de Germán J. Bidart Campos.

 

Conclusión final.

 

En conclusión, vedar el dictado de una sentencia, por estar suspendido el progreso de la acción civil sine die, a causa de una desorganización del propio Estado en torno a un expediente penal, constituye una cuestión federal, que afecta el principio de derecho de defensa en juicio, consagrado en la Carta Magna, situación que siempre suele presentarse y que ha dado lugar a la mencionada doctrina judicial, que de manera breve, pero contundente, la apruebo y transcribo.

Los recaudos procesales tienen por fin cuidar ciertas exigencias de orden externo, pero no para que los derechos se vean vulnerados sino -por el contrario- para que su realización resulte en todos los casos favorecida. De otro modo ese orden deviene en ritualismo, es decir, en una forma vacía de contenido ético y no debe olvidarse que el derecho no es una forma: es un contenido.

SCBA, Ac 35064 S 22-10-1985 , Juez NEGRI (MI)

“Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina c/ Oggero Hnos. y otro s/ Daños y perjuicios”

PUBLICACIONES: Acuerdos y Sentencias 1985-III-217 - DJBA 1986-130, 221

MAGISTRADOS. VOTANTES: San Martín - Negri - Martocci - Mercader - Cavagna Martinez - Sslas - Rodriguez Villar

“Las normas procesales deben ser armonizadas para alcanzar la justa composición del objeto litigioso. El procedimiento en reposo, el que sólo está escrito en el texto, no es más que texto.”

SCBA, Ac 33721 S 23-8-1985 , Juez MARTOCCI (SD)

Tedesco, José y otro c/ Salmena de Iannelli, Lucrecia Noemí s/ Escrituración

PUBLICACIONES: Acuerdos y Sentencias 1985-II-485

MAGISTRADOS VOTANTES: Martocci - Negri - Mercader - Cavagna Martinez - San Martín