MODELO DE AMPARO PARA OBRA SOCIAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SIN CITACIÓN A ORGANISMOS NACIONALES EN JURISPRUDENCIA ORDINARIA. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Por el doctor Juan Carlos Muse Generch.

SI ESTE TEMA NO LE INTERESA HAGA CLIC DEBAJO PARA IR A OTRO TEMA DE DERECHO DEL ÍNDICE GENERAL

ACTOR: XXX

ACCIONADO: XXX

MATERIA: AMPARO POR OMISIÓN DE PARTICULAR DE NATURALEZA MÉDICA – SOLICITA MEDIDA CAUTELAR.-

DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑADA: XXX

Señor Juez:

                     XXX, argentina, D.N.I. Número XXX, divorciada, con domicilio real en calle XXX XXX, de XXXX Provincia de Buenos Aires, de profesión XXXX, hija de XXXX, con el patrocinio letrado de XXXX inscripto al Tomo XXX, Folio XXX (Monotrib, cuit  XXX, Ing. Brutos XXX, Legajo Previsional XXXX), constituyendo ambos domicilio procesal en calle XXX, de la localidad de XXXX, Partido de XXXX, a V.S. respetuosamente me presento y digo:

              I.-

              OBJETO:

              Que vengo a iniciar proceso sumarísimo en los términos de la ley 13.938, art. 10 de la mencionada ley ( persona inc. 2do. “persona privada”, art. 14 en cuanto hace alusión a la misma ), art. 20 inc. 2 párrafo segundo de la Constitución de la Provincia – que señala la competencia de cualquier juez - pudiendo correrse traslado de la demanda en los términos del art. 321, inciso 1 del C.P.C.C., a efectos de que, V.S. ordene lo pertinente, a fin de que la mentada obra social, con domicilio XXXX y contra XXXX, con domicilio real en de la Capital Federal, a efectos de que ellos, dejen de suspender el tratamiento con quimioterapia que se me ha suministrado, con carácter semanal, por dos semanas, con una aplicación por semana, y luego la tercer semana que era de descanso, no obstante lo cual, por problemas ignotos, presuntivamente con el Laboratorio xxxx, la droga ha sido suspendida en las siguientes ocasiones: 17 y 19 del presente mes de Junio, y el 21 por habérseme alegado ser feriado, también se suspendió el día 4 de Junio, y esa aplicación se ha hecho el día 6 del mismo mes. Asimismo se suspendió el día 21 y 23 de Mayo, realizándose hasta el día de hoy solamente dos aplicaciones, que fueron los días lunes 27 de mayo y el día miércoles 5 de junio.

                 O sea que en el mes de mayo hice una aplicación, y otra en el mes de Junio – día 5 de Junio -, desde ese entonces, no se ha hecho nada.

                 Desde el día 24 de Junio sigo sin aplicaciones de quimioterapia, lo que supera con creces el denominado “descanso” de una semana. Esto está indicado por el Doctor xxxx, médico oncólogo que figura en el documento que indica la medicación, la cual es, como figura en ese certificado xxxx, xxxx, y xxxx que es el denominado comercialmente “xxxx”, figura cada “ciclo 3 ó 4 semanas”.

                 Las sucesivas suspensiones, me han sido comunicadas telefónicamente alegándose que el laboratorio no entrega la droga, consistente en xxxxx, xxxxx, y xxxx.

                 Se argumentó, telefónicamente, que el laboratorio carecía de la droga, que estaba suspendida, que la iban a conseguir, etc.

                 Esta irregularidad en el tratamiento, producto de las relaciones entre el laboratorio y la Obra Social, son ajenas a mi persona.

                 Esto genera un estado de incertidumbre en mi persona de orden objetivo y una consecuencia lógica disvaliosa también en el orden psíquico, atento a la incertidumbre que ello conlleva ya que no se ha hecho por la Obra Social estudio alguno, luego de las dos quimios.

                 Estoy enferma de cáncer, presentando en la actualidad una tercera recidiva.

                 En el informe de la TAC de fecha 7/05/2013 se lee “PONER DESCRIPCIÓN DE INFORME TAC”,

                 Obsérvese que puede estar comprometido un ( poner órgano ).

                 No se ha indicado cirugía por el momento, esperando que la quimio terapia, reduzca los tumores, con lo que quedaría en ese caso con un solo riñón siendo esta una posibilidad, pero es muy peligroso. De ahí la necesidad de la quimioterapia, que no sea más suspendida, a lo menos eso.

                 Menos cuando en el año 2005 se me descubrió en un Cáncer de….. de expansión II-C, es decir, metastásico, produciendo implantes de cáncer…..

                 ANTCEDENTES CLÍNICOS ONCOLÓGICOS QUE DEMUESTRAN LA ENVERGADURA DEL PROBLEMA.

                 HECHOS PRETÉRITOS - SIGFICADO E IMPORTANCIA.-

                 Describir antecedentes.

                 III.-

                 DERECHO:

                  Los hechos narrados cumplen acabadamente las interfaces procesales que habilitan la presente acción:

a)            Arbitrariedad manifiesta: de la prueba y de los hechos surge acabadamente que la sucesivas suspensiones en una enfermedad tan habitual, se generan dos efectos: un estado de incertidumbre intenso, mencionado y la formación de un cuadro médico,  por medio de presuposiciones, que pone en riesgo la vida de la que suscribe, toda vez que, si de presuposiciones hablamos, podríamos entender que existiría un tumor en la cabeza, en los pulmones,  etc, y que correspondería una segunda intervención quirúrgica por vía de hipótesis o conjetura ya que no cuenta el oncólogo con mas estudios radiológicos sino sólo los que yo le llevé.

                 Como no es dable aceptar que el valor máximo protegido directamente por la Constitución Nacional en el art. 33, esto es el derecho a la vida, que se pueda tratar a un enfermo o supuesto enfermo, por vía de suposiciones, máxime cuando existen meras teorías respecto de lo que ontológicamente es el cáncer, materia pendiente de la medicina, tanto en lo que respecta a la enfermedad, cuanto en lo que refiere al tratamiento más adecuado.

                 Es por ello, que en el presente proceso, me permito afirmar que no estoy llevando un trato médico digno y aceptable o creíble, dados mis antecedentes, y las suspensiones, y cambios de opiniones que el oncólogo actual realiza, sin siquiera sacarme nuevos marcadores tumorales.

                Me asiste el derecho, de, a lo menos, realizar ese examen a cargo de la accionada porque de otra manera, se estaría en presencia de una acción bastante ligera en lo que respecta a mi salud, especialmente en lo concerniente a las consecuencias por todos conocidas de las “quimioterapias”.

                 Hablo, como correlato de lo dicho, de que, este trato, constituye una negativa,  una omisión de envergadura que la califica de arbitrariedad manifiesta respecto de un derecho directamente tutelado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de jerarquía aún superior a la Constitución Nacional.

                Como ejemplo: Declaración Universal de Derechos Humanos, A.G. res. 217 A (III), ONU Doc. A/810 p. 71 (1948),                               La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) es una resolución de la Asamblea General de la ONU adoptada en 1948. Como resolución, no es legalmente obligatoria por sí misma a pesar de que se asume lo contrario. Sin embargo, la DUDH establece principios y valores importantes que fueron posteriormente consagrados en tratados legalmente obligatorios de la ONU. Asimismo, algunas de sus disposiciones han formado parte del derecho internacional consuetudinario. El Artículo 3 establece el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona.

Doctrinariamente se sostiene que “Si bien el formalismo tiene raíz constitucional desde que tiende a garantizar la defensa en juicio de la persona y de los derechos pudiendo ser considerado como el antemural de la arbitrariedad del individuo o del Estado y como un elemento básico de la libertad civil, esa indiscutible jerarquía del principio exige que sea cuidadosamente dosado para evitar caer en el culto de la forma”. (SC, Mendoza, Sala I, Abril 3-1991). ED, 143-757.- Con nota de Germán J. Bidart Campos.

La Carta Magna y las leyes que se dictan en consecuencia, no pueden ser dictadas a contramano de los derechos de los administrados.

“Los ciudadanos poseen los derechos públicos subjetivos como correlato de la obligación del Estado de respetar el ordenamiento jurídico. El Estado ejerce su imperium como poder de dominación sobre todos sus súbditos (ciudadanos incluidos); por tal razón ‚él es quien crea el derecho; pero lo hace constreñir a respetar sus obligaciones: las que impone el ordenamiento jurídico cuando reconoce los derechos públicos subjetivo de los individuos; derechos que no puede desconocer, pues si ello ocurre, desaparece el Estado. (ST, La Rioja, Enero 26-1990). ED, 143-444.- Con Nota de Germán J. Bidart Campos.

El uso preferente de la expresión -persona- en vez de -individuo- para referirse a los titulares de los derechos humanos tiene un profundo contenido de filosofía política; ya que la noción de -persona- expresa la imposibilidad de pensar al hombre fuera de los grupos a los que está  integrado de manera indisociable -como el Estado mismo- los cuales no son más que medios al servicio del hombre. De todo esto se deduce que no es el -individuo-, sino la -persona-, situada en la sociedad la que resulta sujeto de los nuevos derechos sociales y solidarios. (Corte Constitucional de la República de Colombia, Sala de Revisión Nro. 5, agosto 11-1992). ED, 155-66. - Con nota de Germán J. Bidart Campos.

El derecho a la personalidad jurídica presupone toda una normativa jurídica, según la cual todo hombre, por el hecho de serlo, tiene derecho a ser reconocido como sujeto de derechos, con dos cualidades adicionales, titularidad de derechos asistenciales y repudio de ideologías devaluadoras de la personalidad que lo reduzcan a la simple condición de cosa. Ahora bien, este derecho fundamental no debe ser confundido con los clásicos derechos de la personalidad, es decir, el nombre, el domicilio, la nacionalidad, el patrimonio, el estado civil y la capacidad y, menos aún, con el concepto de persona jurídica o ficta; en efecto, el derecho a la personalidad jurídica, consagrado por la Constituyente de 1991, es una declaración de principio que acoge a la -persona-, en lugar del -individuo-, como uno de los elementos esenciales del nuevo ordenamiento normativo. (Corte Constitucional de la República de Colombia, Sala de Revisión Nro. 5, agosto 11-1992). ED, 155-66. - Con nota de Germán J. Bidart Campos.

En materia de Convenciones Internacionales, no sólo el respeto por el Derecho a la Vida, conf. Art. 14, sino como consumidora de los servicios profesionales médicos, y en protección de amparo contra los actos u omisiones que atenten contra la vida de mi persona ( arts. 42 y 43 de la C.N. ).

No debe soslayarse que en la especie se encuentra comprometido el derecho a la vida, que es el primer derecho inherente a la condición humana, y dentro del cual está comprendido el derecho a la salud (conf. CSJN, fallos 316:479), que remite a un concepto amplio de bienestar psicofísico, integral de la persona y tiene a su vez una directa relación con el principio de la dignidad humana, soporte y fin de los demás "derechos humanos", encontrándose el mismo reconocido y garantizado por la Constitución Nacional (Preámbulo; arts. 42 y 75 inc. 23) y Provincial (Preámbulo; arts. 10, 11, 12, incs. 1 y 3; 36 inc. 8), así como también mediante la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (arts. 1, 11 y 16), la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 3, 8, 25, 28), la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- (arts. 1, 4, 5, 25), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12), y el, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 6); todos ellos de jerarquía constitucional (arts.131 y 75 inc. 22 de la Carta Magna).

La C.I.D.H. ha afirmado que "el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos" (caso "Ximenes Lopes", sentencia de 4 de julio de 2006, Serie C, No. 149, párr. 124; caso "Baldeón García", sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C, No. 147, párrs. 82 y 83), y añadió que "los derechos a la vida y a la integridad humana se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención de la salud humana" (Corte I.D.H., caso "Albán Cornejo y otros. Vs. Ecuador", sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C, No. 171, párr. 117).

"El derecho a la salud y en especial cuando se trata de enfermedades graves (discapacidad de naturaleza motora, respiratoria, neurológica, etc.) está íntimamente relacionado con el derecho a la vida y con el principio de autonomía personal, toda vez que un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su propio plan de vida" (SCBA, 9/9/2009, causa C. 103.950, "R. , V. M. contra O.A.M. amparo", JUBA SUM. B31745).

, "El derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y protegido por la Constitución, tanto provincial como de la Nación Argentina. El hombre es centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental" (CSJN, Fallos 302:1284; 310:112; 316:479, 323:3229).

b)            Imposibilidad de acudir a otro tipo de procedimiento. Con respecto a la Obra Social, no existe procedimiento alguno, referente al tratamiento a seguir, ni administrativo, ni de ninguna índole en la mera espera, siendo, que, por otro lado, el parecer médico, en el sentido de que, en su opinión, la falta de suministro de la droga a la Obra Social y las consiguientes suspensiones, no representan una amenaza, opiniones contradictorias, sin sustento como he dicho y expuesto ( no hay otros estudios, ni radiológicos, ni de sangre, ni de ninguna otra clase que presupongan que no hay riesgo potenciado ).

c)            Amenaza: Esta omisión se condice con el requisito de amenaza respecto de un bien que me es propio, desde que, estadísticamente,  la forma de expansión del cáncer supera holgadamente factores de multiplicación, hasta mucho más que geométricos.

d)            Efectos donde se producirán las consecuencias lesivas: Y toda vez que me domicilio en calle xxxx de xxxxx, provincia de Buenos Aires, solicito la competencia de V.S. desde que es mi domicilio, acompaño fotocopia de mi DNI.

                 IV.-

                 DERECHO.

                 A más de la jurisprudencia, doctrina y convenciones y tratados mencionados, expongo que el Derecho también se funda en:

En materia de garantías la Constitución Nacional establece un mínimo de protección que debe ser respetado en las respectivas constituciones provinciales, en virtud de la norma genérica establecida en Constitución Nacional.

Así, el mínimo de tutela de la Constitución Nacional, el que debe aplicarse con prevalencia sobre cualquier otra norma (conforme también arts. 15 de la Const. Provincial;- y ley 13.928).

El amparo procede siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Esta es la carga que tiene la parte: demostrar la mayor idoneidad del medio elegido. Esta es clara,, y surge de la AMENAZA INMINENTE del riesgo que corre mi vida. Existe una situación de urgencia que requiere una vía expedita y rápida que permita adoptar al magistrado interviniente una cautela inmediata, situación

que ninguna otra vía procesal puede solucionar. Las notas esenciales en el accionar de la autoridad pública están presentes, porque resulta manifiestamente violatoria de derechos de raigambre constitucional en forma ilegal y arbitraria. La demandada hace oídos sordos a mi reclamo por  la cobertura antes señalada, silencio que resulta  conculcante del derecho a la salud y a la vida que me  asiste como habitante de este suelo.

También resulta idónea la vía intentada teniendo en cuenta la restricción probatoria de la misma, ya que las cuestiones planteadas son fácilmente demostrables. El acto lesivo en este caso, es evidente, notorio y arbitrario; no da lugar a una cuestión opinable o discutible.

En consecuencia, es el medio judicial más idóneo porque permite otorgarme una protección inmediata a fin de garantizar el derecho a preservar mi vida y a disfrutarla en salud. Este derecho-deber impone al Estado la obligación de tutelar la salud individual y pública en el marco de los principios y las reglas de la bioética, abarca la debida atención integral del enfermo y hace a la humanización de la asistencia sanitaria. El derecho constitucional a la protección de la salud, se trata del derecho a condiciones saludables como interés colectivo o social compartido por todos y cada uno de los hombres que forman el grupo comunitario.

La doctrina y jurisprudencia avalan mi postura:

"Donde está en juego el derecho a la salud, y como corolario el derecho 3 la vida, la vía del amparo resulta un instrumento eficaz para concretar la protección frente a situaciones de desatención, desvalimiento, etc. (Augusto M. Morello-Carlos A. Vallefín, "El amparo. Régimen Procesal", 5' Ed., págs. 242/243, Editora Platense, 2004).

"La identificación del derecho a la salud como un derecho de raigambre constitucional, constituye un primer paso para asegurar su tutela jurisdiccional habilitando así, por ejemplo, el empleo de la acción de amparo (Christian Courtis, "La aplicación de tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos y la protección jurisdiccional del derecho a la salud: apuntes críticos", en "La aplicación de los Tratados sobre derechos humanos en el ámbito local. La experiencia de una década", obra compilada por Víctor Abramovich, Alberto Bovino y Christian Courtis; C.E.L.S., Buenos, Aires, año 2007, pág. 706; art. 15 de la Const. de la Ptcia. de Buenos Aires)".

"La acción de amparo es particularmente idónea en 1

materias relacionadas con la preservación de la salud o la

integridad física. Y frente a un grave problema como el planteado en autos, no cabe extremar la aplicación del criterio según el cual dicha vía no procede cuando el afectado tiene a su alcance ún camino distinto al cual acudir, pues los propios valores en juego y la  normalmente presente urgencia del caso, se contraponen al ejercicio de soluciones de esa índole" (CSJN, Fallos 328:4640).

“Atento el carácter precipuo del bien jurídico que en el caso se propende, en el que se conjugan el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física entre otras cimeras garantías, hace que la existencia o no de reclamo previo a quien debe cumplir la prestación a su cargo, deje de ser relevante cuando existen necesidades impostergables que imponen no sólo la provisión inmediata del objeto querido, sino además asegurar en lo sucesivo el suministro de los medios conducentes para la protección de la salud. La importancia de la eventual lesión o daño grave impone que la decisión atienda esencialmente a prevenirlos, aún en ausencia de conducta de la accionada que justifique la ocurrencia a la instancia jurisdiccional" (Cám. Apel. San Martín, Sala II, en causa "Azard, Zaira C/IOMA s/recurso de amparo" causa 48.581/3, R.I. 181/01 del 21 de junio de 2001).

 

Debo resaltar también la necesidad de la observancia, por parte del Estado Nacional, de la operatividad de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional:

"El Estado debe buscar el effet utile, no sólo el Poder Legislativo, sino también los jueces que a través de la interpretación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos deben acompasar el modelo interno con el transnacional. De lo contrario se originan injusticias en los pleitos y se genera responsabilidad internacional del país por actos u Omisiones de cualquiera de los tres poderes” (CIDH, caso de la "Masacre de Mapiripán vs. Colombia", sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C, No.134, párr. 111).

"Ya en el antiguo y conocido caso "Ekmekdjian c. Sofovich" (7 de julio de 1992, Fallos 315:1492) la Corte Suprema de Justicia de la Nación claramente alertó sobre la operatividad de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución nacional y reiteradamente ha advertido sobre la responsabilidad de carácter internacional del Estado por la estricta observancia, que pesa sobre todos los órganos internos, incluidos los locales de carácter judicial -a quien por otra parte le corresponde la expresa misión, constitucional e indeclinablemente asignada, de verificar la correspondencia de las leyes con la Constitución nacional- de las normas establecidas en los tratados internacionales de los que el Estado forma parte" (Fallos C. 547.XXI, 22-VI1987; C. 732.XXXV, 30-IX-2003; N. 19.XXXIX, 16-XI-2004; E. 224.XXXIX, 23-XII-2004;

conf. SCBA, causa A. 69.412, 18/8/2010, "P.L., J. M. contra I.O.M.A. Amparo. Recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley").

"Este deber general del Estado Parte implica que las medidas del derecho interno han de ser efectivas (principio del effet utile), para el cual el Estado debe 'adaptar' su actuación a la normativa de protección de la convención" (C.I.D.H., caso "Yatama Vs. Nicaragua", párr. 170; caso "Caesar", párr. 91; caso "Lori Berenson Mejía", párr. 220; caso "Instituto de Reeducación del Menor", párr. 205; caso "Bulacio", sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C. No. 100, párr. 142"; conf. SCBA, causa A. 69.412, 18/8/2010, "P.L. , J. M. contra I.O.M.A. Amparo. Recursos extraordinarios de nulidad e inaplicábilidad de ley").

"Está en juego aquí el- "art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, lo que le otorga preponderancia al Instrumento internacional por sobre cualquier ley doméstica". "Tal obligatoriedad redunda -y esto es muy importante- en la responsabilidad que tienen los magistrados judiciales de cumplir a cabalidad con los tratados internacionales, aun contradiciendo a su derecho interno (art. 27 de la Convención de Viena sobre el referido Derecho de los Tratados), y de controlar a los demás poderes, ya que aquéllos tienen prioridad sobre éste" (conf. SCBA, causa A. 69.412, 18/8/2010, "P.L. , J. M. contra I.O.M.A. Amparo. Recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley"; Ac. 90.751, sent. del 18-VII-2007; C. 85.363, sent. del 27-VIII-2008, entre otros).

"El Judicial como Poder del Estado está obligado a "acatar" y hacer "acatar" los preceptos internacionales, y estos deberes son quizás más fuertes que los del Ejecutivo y los del Legislativo, por ejercer aquél el control de los controladores (custodit ipso custodit) (conf. SCBA, causa A. 69.412, 18/8/2010, "P.L. , J. M. contra I.O.M.A. Amparo. Recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley").

Destaco que el pedido que se formula mediante esta vía lo es en salvaguarda del interés superior que se intenta proteger ante la urgencia de la situación, en miras  de evitarme un nuevo tránsito por las instancias administrativas y judiciales (ver doctrina C.S.J.N., "Monteserrín", Fallos 324:3569; "Lifschitz", Fallos 327:2413; "Segarra", Fallos 331:1449), por lo que debe accederse al reclamo efectuado de conformidad con los dispositivos legales y constitucionales que rigen la materia, en perfecta armonía con lo establecido -con alcance subordinante- por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la jurisprudencia elaborada por la Corte Interamericana de Derecho Humanos.

Fundo también el derecho en la Constitución Nacional (Preámbulo; arts. 42, 43 y 75 inc. 23 de la C.N.); Constitución Provincial (Preámbulo; arts. 10, 11, 12, incs. 1 y 3; 15, 36 inc. 8); D.A.D.D.H. (arts. 1, 11 y 16); D.U.D.H. (arts. 3, 8, 25, 28); C.A.D.H. -Pacto de San Jose de Costa Rica- (arts. 1, 4, 5, 25); P.I.D.E.S. (art. 12); P.I.D.C.P.

(art.      6);        todos   ellos     de        jerarquía constitucional (arts. 31 y 75 inc. 22 de la Carta Magna); artículos 1, 2, 4, 9 y cc. de la ley 13.928 (modif. por ley 14.192).

La normativa constitucional, a nivel nacional y provincial, como la supranacional citada,           es, absoluta y meridianamente clara y prohibitiva de omisiones como las que por este medio se pretende impugnar. Se trata de una omisión de un ente de carácter público que en forma actual lesiona arbitrariamente mi derecho a la salud y a la vida.

Repare, V.S. especialmente en el art. 38, inc. 8° de la Constitución provincial: "La Provincia garantiza todos sus habitantes el acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos...E1 medicamento por su condición de bien social integra el derecho a la salud".

Por citar algunas normas supranacionales que avalan mi postura, encontramos el art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reza: 1. "Los Estados Partes en el presente Pacto, reconocen el derecho a toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental"; 2. "entre las medidas que deberán adoptar "Tos Estados Partes en el Pacto, a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a)...d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad".

                 IV.-

                 PRUEBA:

a)            Documental que aporto en este acto:

b) Documental en Poder de tercero:

INFORMATIVA:

                 b ) PERICIAL:

                 Sabido es que en casos como el presente la cognición de V.S. debe ser meramente suficiente, por lo que pido se designe Perito Médico: a efectos de que evaluando mi situación le ilustre a V.S. respecto de los siguientes puntos

a)            sobre los tópicos a que he hecho mención en materia médica

b)            las referidas informaciones de orden médico y los efectos del abandono de la quimioterapia, con mas mi cuadro específico, ilustrándose al respecto con mi marcador tumoral, el CA ( indicar el marcador tumoral correspondiente )

c)            ilustre a V.S. respecto de los informes de las imágenes.

d)            Ilustre a V.S. el grado de agresión del cáncer destacado, conforme a las constancias de autos, y de los antecedentes.

e)            Si puedo perder un órgano o varios, y cuáles serían los más factibles de expansión metastásica, que peligro engendrarían.

f)             Si las suspensiones y demoras pueden ocasionar esta situación descripta en los dos puntos anteriores.

                c.- TESTIMONIAL A LOS FINES DE LA SENTENCIA DEFINITIVA Y DE LA ORDEN JUDICIAL DE DACIÓN DE LA MEDICACIÓN QUE SE SOLICITA:

Se ofrece, respecto de los hechos, y de las sucesivas suspensiones y de todos los problemas planteados por la Obra Social, la declaración testimonial de:

       V.-

       COMPETENCIA LUGAR Y JURISDICCIÓN ORDINARIA.

                 Atento a que mi domicilio es en xxx de la Provincia de Buenos Aires, y los efectos de la omisión se están ocasionando en la localidad V.S. es competente en razón del territorio ( art. 3 de la ley 13928 al decir:  “En la acción de amparo será competente cualquier Juez o Tribunal letrado de primera o única instancia con competencia en el lugar donde el hecho, acto u omisión cuestionados tuviere o hubiese de tener efectos”.  En el caso, es mi domicilio, el lugar de mi hábitat, donde mi salud corre riesgo ( ver domicilio en boleta de Claro, resumen de tarjeta de crédito donde consta mi domicilio y fotocopia de DNI donde consta lo mismo ).

Jurisprudencialmente se ha dicho: “El art. 20 inc. 2 párrafo segundo de la Constitución de la Provincia expresa que el amparo procede ante "cualquier juez" y su reglamentación legal precisa que "de primera instancia o de única instancia" (art. 3 de la ley 13.928 -B.O. 11-II-2009-, estableciéndose que los juzgados de paz serán hábiles en la medida de su competencia territorial (conf. S.C.B.A., art. 1, resol. 1358/2006 -texto según resol. 1794/2006-).

CONB Art. 20 2do. párrafo Inc. 2 ; LEYB 13928 Art. 3 ; RES. 1358/ 2006

SCBA, Ac 106432 I 11-3-2009

CARATULA: Ríos, Carlos A. c/ Poder Ejecutivo s/ Amparo.Inc. de comp. e/ Juzg. Civil y Comercial n° 3 de San Isidro y Juzg. Civil y Comercial n° 13 de La Plata

MAG. VOTANTES: Genoud-Negri-Kogan-Pettigiani

SCBA, Ac 107607 I 24-6-2009

CARATULA: C.,N. s/ Amparo. Inc. de comp. e/ Juzg. de Garantías del Joven n° 2 La Plata y Juzg. Correccional n° 2 Morón

MAG. VOTANTES: Genoud-Kogan-Negri-Pettigiani

SCBA, Rc 113450 I 2-3-2011

CARATULA: Galliano, Alfredo Antonio c/ Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) s/ Amparo- Conflicto competencia

MAG. VOTANTES: Pettigiani-Soria-Genoud-Hitters-Negri

TRIB. DE ORIGEN: JZ

                 VI.-

                 PETITORIO:

                 Por todo lo expuesto, a V. S. solicito:

1.            Me tenga por presentada, por parte, por denunciado mi domicilio real y mis datos personales, por constituido el domicilio procesal en el indicado.

2.            Se ordene inmediatamente la reanudación de la quimioterapia para lo cual se solicita declaren inadutita parte los testigos propuestos a ese efecto.

3.            Se le imprima a las presentes actuaciones el carácter de proceso sumarísimo, por cualquiera de las vías procesales indicadas.

4.            Se intime al oncólogo referido a su domicilio laboral, a presentar la documentación que le entregado y a la que he hecho referencia.

5.            Se disponga la prueba testimonial ofrecida con carácter de urgente, y en la forma pedida – es decir, notificar en el día a todos los intervinientes.

6.            Se disponga la prueba informativa ofrecida, para que quede bien aclarado el cuadro de mi situación y toda mi historia Clínica en materia oncológica, librándose, al respecto oficio al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 2 de San Isidro, a fin de que remitan los referidos autos, “XX c/ XX s/”

7.             Se produzca un examen pericial con los informes que acompaño, y luego uno final con el resto de la documentación obrante en dichos actuados.

8.            Atento a la importancia del tema en cierne, solicito que las cédulas a librarse, lo sean con notificación “en el día”, como se estila pretorianamente en estos casos.

9.            Se impongan costas.

10.          Dejo reserva de acciones penales y por daños y perjuicios.

11.          En función de las normas expuestas ( tratados, Convenciones, y Declaraciones y todo el Derecho expuesto en orden al derecho a la vida y su preservación ), dejo asentada la cuestión Federal en los términos de la ley 48.

PROVEER DE CONFORMIDAD

SERÀ JUSTICIA