CROTOXINA AL DÍA DE HOY - INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE MEDICAMENTOS - TERAPIAS ALTERNATIVAS - MATERIAS PENDIENTES DE LA MEDICINA - AMPARO POR NO PERMITIR TERAPIAS ALTERNATIVAS - LA FARMACOPEA Y LA RESPONSABILIDAD - ENFERMEDAD TERMINAL

EL SUMINISTRO DE CROTOXINA A LOS ENFERMOS DE CÁNCER.

Por el Doctor Juan Carlos Muse Generch.

 

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Por el doctor Juan Carlos Muse Generch.

Protocolos Médicos.

 

Habitualmente, cuando median los llamados “protocolos médicos” existe una mala predisposición, a que un paciente sea tratado con crotoxina. Esto no significa en modo alguno que el paciente pueda ser tratado con lo que se da en denominar “terapias alternativas”. Pues lo que este intenta, es salvar su vida, derecho que inobjetablemente posee.

Pero hay que diferenciar entre “la autorización” de las entidades administrativas, y la concesión de la crotoxina. El alcance de la “autorización” refiere a que el paciente sea tratado con ese tratamiento en Hospitales Públicos o Privados. Pero no veda que el paciente sea tratado con esa, o con cualquier otra medicación. Lo que habitualmente sucede es que, pacientes, que deben recibir medicaciones múltiples, tengan que ser tratados con crotoxina u otra de las llamadas “terapias alternativas” para lo que la medicina, considera, es “su” materia pendiente, esto es, el cáncer.

Un problema se ha planteado en lo tocante a la autorización, que por vía de acción de amparo se había interpuesto, cuyas partes pertinentes del fallo transcribiré y que refiere al uso de la crotoxina en concordancia con otros medicamentos llamados oficiales, o legales, o autorizados, por el Ministerio de Salud de la Nación. El amparo ha sido desestimado, sin embargo – desde el punto de vista de lo perseguido – se obtuvo éxito por vía de “recomendación” ( algo pocas veces visto en los pronunciamientos judiciales ) El caso se refiere a un paciente terminal y el fallo dice:

“La decisión administrativa que autorizó el suministro de crotoxina A y B a los pacientes que se venían tratando con la misma, adoptada con muy dudosas facultades, pero con fundamento en insoslayables razones humanitarias para que a partir de allí quedará instrumentada de una manera científica y formal la experimentación que hasta entonces se había desarrollado, impide extender a otros pacientes, aunque presentaran condiciones similares o, todavía, peores de salud, un tratamiento que se halla a cargo de facultativos sobre los que la autoridad administrativa sólo ejerce control a través de la comisión de expertos en oncología, siendo obvio que tal impedimento alcanza, incluso a los tribunales de justicia. (En el caso se interpuso una acción de amparo por un enfermo no incluido en la autorización dada por la autoridad administrativa).

“El incumplimiento en la especie de las etapas y las exigencias que funcionan como presupuestos legales para considerar a un producto determinado habilitado para su expendio hace que administrativamente, siquiera sea examinada esa posibilidad, resultando, por lo demás ajeno por completo a la competencia de los tribunales judiciales que en ese aspecto puedan sustituir a la autoridad administrativa, aun en situaciones como las que se tratan, ya que son disposiciones adoptadas en beneficio de la salud pública y como tales, en su observancia se halla interesada la comunidad toda.

Procede la acción de amparo interpuesta por una enferma no incluida en la resolución 522 del Ministerio de Salud y Acción Social por razones humanitarias debiendo la actora procurarse la aplicación del compuesto de crotoxina por los profesionales que hoy tienen a su cargo la atención de dichos pacientes, atento sólo a la mayor capacitación que, cabe admitir en ellos en esta materia novedosa en el terreno de la medicina. (Del voto en disidencia del doctor Estéves).

“El tribunal no puede permanecer ajeno a las inquietudes que humanamente derivan de la situación que padece la actora y la indudable angustia que de ellas se traduce por ello, se hace un deber recomendar se acepte la posibilidad de que aquélla, frente a su requerimiento, resulte comprendida entre quienes figuran incluidas en la lista oficial, siempre y cuando satisfaga los recaudos reglamentarios indicados en la resolución 522/86 y cuente con la anuencia de los profesionales a cargo de la investigación clínica aplicada. (En el caso se interpuso una acción de amparo por un enfermo no incluido en la autorización dada por la autoridad administrativa).

“En materia de policía sanitaria la normativa vigente la constituye la ley 16.463 y su decreto reglamentario 9763/64 (Adla, XXIV-B, 968; XXIV- C, 2317); y en cuanto atañe específicamente a la regulación de los estudios o investigaciones en farmacología clínica, se encuentra en vigor la disposición 3916, del 2 de julio de 1985, dictada en el ámbito del Ministerio de Bienestar Social.

Las especialísimas circunstancias que rodean la cuestión -administración y uso de la crotoxina, permiten hacer caso omiso a las notorias deficiencias formales de que adolece el escrito de amparo, tanto en su inicio cuanto en la interposición del recurso de apelación, pues óbices de tal índole deben superarse para introducirse en el fondo del tema debatido, máxime si se recuerda que lo que está en juego, es la propia vida, valor ante el cual ceden los reparos de orden ritual.

“Los jueces tienen como deber inexcusable ajustar sus pronunciamientos al orden jurídico, cuya vigencia constituye la fuente de las funciones que ejerce y la garantía de los derechos del ciudadano.” Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala I •  12/08/1986 •  Bassi, Elida R. •  LA LEY 1986-D, 466, con nota de Enrique Luis Abatti e Ival Rocca (h.) - DJ 1987-1, 94

COMO HA SIDO ANALIZADO EL CASO EN LA SEGUNDA INSTANCIA:

Considerando: I. El magistrado titular del Juzgado Nº 2, en su fallo de fs. 67/72, rechaza la acción de amparo deducida a fs. 9/14, con el objeto de que se ordene a la autoridad competente la autorización que corresponda para ser tratado con el compuesto denominado "Crotoxina A + B", así como eventualmente, su provisión en cantidad suficiente.

“II. Contra esa decisión recurre la actora a fs. 75/77, mediante puntualizar, en primer término, que el objeto del amparo no lo constituye la sola provisión de dicho compuesto, sino que comprende, asimismo, obtener se supla la autorización ministerial indispensable para concretar la posibilidad de que se disponga su administración a una paciente no incluida en el listado oficial. Se extiende en consideraciones acerca de cómo debe manifestarse la actividad jurisdiccional y las facultades con que contarían los jueces para cumplir sus funciones a través de una jurisprudencia cuya característica esencial estribaría en realizar una interpretación progresiva de la ley, adecuada a las transformaciones jurídicas y científicas que repercuten en el derecho, adaptando, en lo posible su texto a las exigencias de su tiempo. Por todo ello, solicita, en concreto, que se revoque la sentencia y se admita la solicitud formulada según lo explícita al comienzo.

III. Una reseña de los antecedentes allegados, obviando el relato de todas aquellas alternativas que son del dominio público y que. por ende, no corresponde reiterarlas aquí, toda vez que conviene sujetarse al encuadre jurídico del tema, de comenzar por la resolución 522, dictada por el Ministerio de Salud y Acción Social, del 25 de julio de 1986, según la cual se autorizó la investigación clínica aplicada del compuesto de mentas, a los enfermos actualmente sujetos a esa experiencia farmacológica, de acuerdo con la nómina proporcionada por los médicos Guillermo J. Hernández Plata, Carlos M. Coni Molina y Luis A. Costa; indicándose que las personas nominadas deberán prestar expresa conformidad por escrito para su sometimiento a la investigación.

Dicha resolución se sustenta en la necesidad de adoptar las medidas extraordinarias para atender una situación atípica que no presenta otra vía para su abordaje, habida cuenta que tanto las investigaciones como la suspensión y suministro de la droga, que tomaron estado público, fueron realizadas al margen de las normas vigentes y ajenas a toda decisión de la autoridad sanitaria. Asimismo, se pone también de resalto para ello la disponibilidad limitada de la sustancia y que la excepcional decisión adoptada tiene por objeto el deseo supremo de preservar la vida humana.

En este orden de cosas, debe agregarse que en el informe producido por el titular del citado ministerio, cuya veracidad no ha sido objeto de cuestionamiento por parte de la actora, se puntualiza que el compuesto referido "no es medicamento", no puede ser empleado como tal, ni aun cuando su suministro lo fuera a título gratuito, pues "no se peticionó autorización para su empleo como medicamento, ni posee certificado habilitante -expedido por la autoridad sanitaria- que posibilite su aplicación con fines terapéuticos u otros diferentes al de la investigación aplicada".

Conviene acotar que dentro de esta materia de policía sanitaria, la normativa vigente la constituye la ley 16.463 y su dec. reglamentario 9763/64; y en cuanto atañe específicamente a la regulación de los estudios o investigaciones en farmacología clínica, se encuentra en vigor la disposición 3916, del 2 de julio de 1985, dictada en el ámbito del Ministerio de Bienestar Social.

IV. Antes de proseguir resulta imprescindible consignar que en el sub júdice las especialísimas circunstancias que rodean la cuestión permiten hacer caso omiso a las notorias deficiencias formales de que adolece la presentación analizada, tanto en su inicio cuanto en ocasión de interponerse el recurso ante esta instancia, pues óbices de tal índole deben superarse para introducirse en el fondo del tema debatido, máxime si se recuerda que lo que está en juego, es la propia vida, valor ante el cual ceden los reparos de orden ritual.

V. En tales condiciones, la pretensión ensayada radica por una parte en obtener la autorización imprescindible para permitir el suministro del compuesto de marras a pacientes afectados de cáncer, con carácter "terminal".

En este sentido, para desestimarla basta con recordar no haberse cumplido en la especie ni las etapas ni las exigencias que funcionan como presupuestos legales para considerar a un producto determinado habilitado para su expendio, de modo que resulta a todas luces improcedente que administrativamente, siquiera, sea examinada esa posibilidad.

Por lo demás, ese menester resulta ajeno por completo a la competencia de los tribunales judiciales sin que en este aspecto quepa sustituir a la autoridad administrativa, aun en situaciones como las de autos ya que se trata de disposiciones adoptadas en beneficio de la salud pública y como tales, en su observancia se halla interesada la comunidad toda.

Robustece la negativa el hecho que tampoco se cuente en el caso concreto con la opinión médica responsable acerca de la conveniencia de afrontar el tratamiento, ya que la recomendación que en este sentido formuló el facultativo que por ahora atiende a la actora doctor Emilio Poblet Cigorraga, carece de toda seriedad científica, si se repara en que, según el mismo lo admite, desconoce las propiedades de la sustancia.

Frente a estas circunstancias, por lamentables que parezcan las consecuencias que esta conclusión traduce y sin dejar de reconocer las posibles razones de humanidad que se invocan, lo cierto es que los jueces tienen como deber inexcusable ajustar sus pronunciamientos al orden jurídico, cuya vigencia constituye la fuente de las funciones que ejerce y la garantía de los derechos del ciudadano.

VI. Descartada la petición desde este primer punto de vista, en el sub júdice se reclama en subsidio la inclusión de la causante en el grupo de personas comprendidas en la faz experimental que en la actualidad se cumple con arreglo a las previsiones de la mentada Resolución Ministerial 522/86.

Va de suyo que esa decisión administrativa, adoptada con muy dudosas facultades pero con fundamento en insoslayable razones humanitarias, no hizo más que autorizar se prolongara una situación de hecho existente con relación de quienes se les venía suministrando el compuesto por parte de los médicos que tanta notoriedad adquirieron por estos días, para que a partir de allí quedara instrumentada de una manera científica y formal la experimentación que hasta entonces se había desarrollado dentro del desorden que públicamente quedara en descubierto.

Para ello, como se ha visto, se encomienda a una comisión de expertos en oncología a coparticipar con dichos profesionales en los trabajos de evaluación que realicen con los enfermos nominados y en todos los aspectos relativos a su contralor.

Siendo ello así, la circunstancia anotada impide extender a otros pacientes, aunque presentaran condiciones similares o. todavía, peores de salud. Un tratamiento que se halla a cargo de facultativos sobre los que la autoridad administrativa sólo ejerce control a través de la comisión aludida, siendo obvio que tal impedimento alcanza, incluso, a los tribunales de justicia.

VII. Sin embargo y sin perjuicio de todo ello, como el Tribunal no puede permanecer ajeno a las inquietudes que humanamente derivan de la situación que padece la actora y la indudable angustia que de ellas se traduce, se hace un deber recomendar se acepte la posibilidad de que aquélla, frente a su requerimiento, resulte comprendida entre quienes figuran incluidas en la lista oficial, siempre y cuando satisfaga los recaudos reglamentarios indicados en la resolución 522/86 y cuente con la anuencia de los profesionales a cargo de la investigación clínica aplicada.

Por estas consideraciones y con los alcances expresados, se confirma el pronunciamiento de fs. 67/72, en cuanto ha sido materia de recurso.- Teobaldo A. Esteves (en disidencia).- Alvaro J. Mari Arriaga. - Valerio R. Pico. (Sec.: Bernardo Licht)

Disidencia: El doctor Esteves dijo:

Juegan aquí su papel el rigor y la prudencia científica que debe observarse en situaciones que conciernen a la salud de la población; el rigor jurídico con que debe resolverse el caso y la misericordia que anida en todo ser humano para encarar la solución que en la especie urge adoptar. No llegan a compadecerse cabalmente aquellos dos primeros con esta última, que gravita en mi ánimo.

Se trata de una enferma atacada de cáncer en un estado avanzado de su mal, con días contados de vida, si hemos de atenernos a la ficha clínica de fs. 8. quien desea ansiosamente ser sometida al mismo "tratamiento" que las pacientes alcanzadas por la resolución 522 del 25 de julio de 1986 del Ministerio de Salud y Acción Social. Para ella, cabe suponerlo con rigurosa lógica, ésa es la única esperanza que le queda de vivir siquiera un poco más.

Siendo ello así. forzado por mis sentimientos a apartarme de aquella severidad impuesta por la ciencia, habida cuenta muy especialmente de que existen alrededor de ochenta personas que vienen siendo tratadas en la forma que postula para sí la actora, y además, lo que ésta ha peticionado claramente, me pronuncio por el progreso de la acción de amparo promovida en estos autos, con costas por su orden.

No está de más decir, aunque pueda parecer redundante, que mi decisión no significa de ningún modo aceptar, en el estado actual de las investigaciones que se llevan a cabo acerca de la crotoxina A y B, la eficacia del compuesto para el tratamiento del cáncer. Se trata de un terreno que sólo compete a los científicos que estudian este delicado asunto.

Queda bien entendido que la actora deberá procurarse la aplicación del compuesto por los profesionales que hoy tienen a su cargo la atención de dichos pacientes, atento sólo a la mayor capacitación que cabe admitir en ellos en esta materia novedosa en el terreno de la medicina.

Lo dicho sin dejar de hacer notar la desprolijidad con que han venido actuando tales profesionales en punto a las exigencias a las que debieron ceñirse para el manejo de la materia de que se trata; observación que también cabe señalar con respecto a la tramitación de la causa.- Teobaldo Esteves.

No existe hasta el día de hoy, prohibición alguna en tratarse con crotoxina, desde que la ley 16.463 dispone en su art 3º que “Los productos comprendidos en la presente ley deberán reunir las condiciones establecidas en la farmacopea argentina y, en caso de no figurar en ella, las que surgen de los patrones internacionales y de los textos de reconocido valor científico.”

La teoría que dispone ese artículo, esto es “El titular de la autorización y el director técnico del establecimiento, serán personal y solidariamente responsables de la pureza y legitimidad de los productos” no significa nada o casi nada con respecto a las “materias pendientes de la medicina”. Siendo esto así, y existiendo una máxima en derecho respecto de lo cual, todo lo que no tenga eficacia no tiene, asimismo, validez, no pasa la norma por una declaración de principios.

El art. 4to. señala que “No podrá autorizarse la instalación de nuevos laboratorios y se cancelarán los permisos de los existentes, cuando no elaboren sus propios productos y sus actividades se limiten a envasar especialidades preparadas por terceros” involucra un fuerte poder de policía en cuanto a la discrecionalidad que dicha norma importa, no pudiendo escapar del control de razonabilidad judicial.

 

Por el art. 14 se Crea el Instituto de Farmacología y de Normalización de Drogas y Medicamentos destinado a:

 

 

a) Efectuar el análisis y contralor farmacológico de las drogas, medicamentos, productos dietetoterápicos, cosmetológicos, aguas minerales y otros productos cuya administración pueda afectar la salud humana, percibiendo los derechos arancelarios que fije la reglamentación;

 

 

b) Estudiar y proponer las normas técnicas generales que deben reunir los productos enunciados en el inciso a);

 

 

c) Determinar para las drogas no incluidas en la farmacopea argentina las normas y condiciones que deben reunir, y proponer a la Comisión Permanente de la Farmacopea Argentina modificaciones a las normas en vigencia oficial;

 

 

d) Establecer las normas y condiciones a que deberá ajustarse la preparación y la conservación de los patrones nacionales de drogas y medicamentos;

 

 

e) Realizar y promover la investigación integral en el campo de la farmacología en general y, de manera especial, referida a la indagación de las riquezas naturales nacionales;

 

 

f) Realizar los trabajos técnicos que le soliciten personas o instituciones públicas o privadas, mediante los recaudos y la percepción de los derechos arancelarios que fije la reglamentación.

 

 

Los derechos arancelarios referidos en los incisos a) y f) ingresarán al Fondo Nacional de la Salud, con destino al mencionado instituto.

 

Nuevamente podemos observar el ejercicio del Poder de Policía a Nivel Nacional de alta discrecionalidad, pues, decide, libremente, cuáles son los medicamentos que se van a incorporar a la farmacopea argentina, todo en el contexto de la ignorancia de cómo combatir el cáncer. Lo cual es irrazonable y es pasible de declaración de inconstitucionalidad por cualquier magistrado. No escapa a ninguno de ellos, conforme su pacífica jurisprudencia, el control de razonabilidad de todo tipo de normas ( leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones, circulares, etc. ).

Esto, en especial, para el inciso “c” indicado, que vuelvo a transcribir: “c) Determinar para las drogas no incluidas en la farmacopea argentina las normas y condiciones que deben reunir, y proponer a la Comisión Permanente de la Farmacopea Argentina modificaciones a las normas en vigencia oficial”

Vale decir, que las drogas incluidas en la farmacopea argentina son de orden estático, o dicho de otra manera, resolutorias de problemas puntuales de salud. Conforme con ello se entiende semejante poder de policía sobre quienes reconocen, no haber podido resolver enfermedades como esta de la que estoy tratando.

Por otro lado, el ingreso de drogas extranjeras, deben ajustarse a esta ley, con lo cual, se pierde por completo el dinamismo investigativo, y, en orden a la enfermedad cáncer, no se promueve ningún avance.

Esta ley concentra un monopolio en materia medicamentosa, el cual no sería reprochable, si no fuera por los resultados.

Contra esta ley se alza por el vértice, la nro. 23.877 de “PROMOCION Y FOMENTO DE LA INNOVACION TECNOLOGICA” sancionada el Setiembre 28 de 1990 cuyo artículo primero destaca “La presente ley tiene por objeto mejorar la actividad productiva y comercial, a través de la promoción y fomento de la investigación y desarrollo, la transmisión de tecnología, la asistencia técnica y todos aquellos hechos innovadores que redunden en lograr un mayor bienestar del pueblo y la grandeza de la Nación, jerarquizando socialmente la tarea del científico, del tecnólogo y del empresario innovador.”

Ahora, como bien dice la doctrina, la validez de una ley, depende del éxito de sus efectos, la mencionada, puede decirse, ha sido reemplazada, por la segunda de las normas citadas entre otras.

En Argentina se crea el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica) en 1958, lo que configura un hito importante para la definición de políticas y la promoción científica tanto para el desarrollo de la investigación básica y la aplicada como para el desarrollo económico social y cultural. Se crearon también el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y se reforzó la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) con enorme impacto en el área de la producción y en la valorización social de la ciencia y la técnica.

El Conicet creó un programa de repatriación de científicos en el exterior, programa muy bien diseñado que abarcaba desde el pago de los gastos de transporte para el investigador y su familia, la provisión de equipamiento hasta el fortalecimiento del laboratorio para que pudiera continuar sus investigaciones y la actualización de las bibliotecas.

El propósito del programa era la recuperación de los científicos que estaban en el exterior prosiguiendo su especialización o que habían decidido dejar las universidades argentinas a causa de la política académica peronista, y el retenimiento de los mismos en el sistema científico, tecnológico y productivo del país. Se organiza dentro del Conicet una Comisión de Repatriación de Científicos. La Comisión de Repatriación estudiaba cada caso en particular, haciendo acuerdos con las Universidades de Buenos Aires, Tucumán, Rosario y Córdoba para ubicar los investigadores en áreas consideradas necesarias. Se crea la carrera de Investigadores en 1961 para formar equipos con los retornados.

Las áreas de investigación que se privilegiaron eran las de hidráulica, la física biológica, astronomía, química, biología molecular, oceanografía, matemáticas aplicadas, física, farmacología, geología, electromecánica, fisicoquímica, embriología.

El Dr. Houssay consideraba el retorno de los científicos como una obligación con el país y favorecía especialmente los programas de retorno, considerando la vinculación una complementariedad de gran importancia. Sus cartas a los becarios externos tienen párrafos significativos con respecto a lo que el Director del Conicet consideraba la especialización fuera de las fronteras, el retorno al país y el desarrollo científico de Argentina.

El Dr. Houssay consideraba el retorno de los científicos como una obligación con el país y favorecía especialmente los programas de retorno, considerando la vinculación una complementariedad de gran importancia. Sus cartas a los becarios externos tienen párrafos significativos con respecto a lo que el Director del Conicet consideraba la especialización fuera de las fronteras, el retorno al país y el desarrollo científico de Argentina.

Esta ‘generación del 60’ dio gran impulso a la ciencia de la Argentina y la colocó en un crecimiento acorde con las pautas internacionales. Muchos investigadores y docentes de esta generación del 60 eran parte de los retornados con el programa del Conicet que organizaron centros de investigación y escuelas científicas y en el área de las ciencias sociales y humanas dieron lugar a la formación de recursos humanos de importante relevancia.

El programa decayó a partir de 1994 afectado por los planes de austeridad y reducción de inversión en ciencia y tecnología, la reforma de las universidades, la problemática situación de las economías regionales y la disparidad de criterios de las asociaciones de profesionales y científicos con la política científica estatal.

La opción preferencial por la vinculación – especialmente con la colectividad científica residente en los Estados Unidos – del Dr. Liotta se obstaculizaba por las características mismas de dicha gestión, los megaproyectos de la 1° Ciudad de la Ciencia presentada como “la primera tecnópolis internacional” , la escasa transparencia en la asignación de premios o prioridades científicas (el premio al Dr. Cooley y el caso de la crotoxina) junto al discurso nacionalista de Liotta alimentaban la confianza en la vinculación y/o el retorno de los científicos y académicos emigrados a la vez que crispaba la relación con sectores de prestigio de la comunidad científica local.

En la gestión del Dr. Del Bello, el PROCITEXT es prácticamente reducido a declaraciones y esporádicos contactos.

En 1999 decaído el proyecto de vinculación a nivel de política nacional se reactiva a nivel de gobiernos locales y unidades académicas. Se instituye el nodo argentino de la Red Interregional de Científicos de América Latina y el Caribe en el ámbito de la legislatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y desde la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. La finalidad del nodo argentino estaba circunscripta a la creación de una red de profesionales argentinos en el exterior con la potencialidad de crear un espacio académico regional.

La Argentina es un caso emblemático de la situación del área. Un país, que en el pasado había recibido millones de personas como mano de obra calificada y semicalificada en la mayoría de los casos de origen rural, expulsa en la actualidad a la segunda o tercera generación de esa inmigración transformada en profesionales y técnicos.

En definitiva, la pérdida de eficacia de la ley ante la anacrónica e ineficiente ley 16.463 – a pesar de todos sus parches y enmiendas, cada vez mas poniendo mas cimientos a la , que no tiene ya operatividad por falta de eficacia, constituye a esta altura de las circunstancias, no sólo un vacío legal, sino una desprotección a la salud de los habitantes de la Nación, y por ende la reseñada norma, es inconstitucional como consecuencia del alcance de tan alta discrecional prohibida por la Carta Magna y los tratados internacionales ( arts. 14, 14 bis, 15, 16, 17, 18 y 33 de la Constitución Nacional ). Asimismo Declaración Universal de los Derechos Humanos ( art. 3 ), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( arts. 6 y 4 ), Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (1989); entre otros tratados, que tienen preeminencia sobre la Constitución Nacional ( art. 31 de la misma ), hacen que la cuestión ya sobrepase las fronteras, y, en consecuencia, fármacos de procedencia extranjera, se introducen en el territorio de la Nación Argentina, cuando muchísimos de ellos son de nacionales argentinos.

No se puede escapar que el control de razonabilidad de las leyes, les hace pasible de declaración de inconstitucionalidad, total o parcial.

La garantía de razonabilidad debe estar siempre presente en los actos del Estado a tenor del artículo 28 de la Constitución Nacional. La razonabilidad impone un cierto límite que, si se traspasa, se cae en la zona opuesta de lo irrazonable o de lo arbitrario, y esto es lo que ha ocurrido con el decreto impugnado.

Si bien es cierto que la misión más delicada de la justicia es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes, de allí no cabe derivar que el Poder Judicial pueda abstenerse de ejercer el control de razonabilidad. Lo contrario, deja de lado garantías que hacen a la esencia de nuestro sistema Republicano de Gobierno, cuya integridad pretende resguardarse por medio, entre otros, de la subsistencia de dichas garantías.

Todas las medidas que se dicten en el marco de una emergencia económica social deben gozar de razonabilidad. Se trata de asegurar lo previsto en el art. 28 de la Constitución Nacional, cuando con dureza operativa y no sólo programática dispone: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio” según lo expresa inspiración de Alberdi.      

No podemos hablar en este caso de acción de amparo, pues si bien pudiera hablarse de algo fáctico, en torno a la medicina indicada, la cuestión pasaría por un sinnúmero de hechos, en el que el proceso por amparo no lo permite por su propio procedimiento.

Pero en cambio sí el pedido de declaración de inconstitucionalidad previsto por el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que señala que “Podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa, para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiera de otro medio legal para ponerle término inmediatamente.”  

Por todos los motivos expuestos, la ley de medicamentos, habiendo perdido la casi totalidad de su eficacia, perdiendo asimismo su validez, ha permitido irrazonablemente, el control de las drogas que se utilizan tanto, para este tema “pendiente de la medicina” cuanto para otros, en los cuales, ya Clínicas, Sanatorios Privados, Médicos Particulares, Homeópatas, etc., suministran tanto crotoxina o bien “ofidio terapia” como inicialmente se la conoció, mucho antes del Dr. Vidal, consumando un hecho que, de por cierto, revela la ineficacia de la norma cuya inconstitucionalidad de aplicación aquí se señala. A tenor de las normas en juego y del avance científico desde los primeros amparos al tiempo presente, lo que un magistrado conoce bien por lo que en la ciencia jurídica se conoce como “las máximas de la experiencia”