INCONSTITUCIONALIDAD BONO- ANTICIPOS PREVISIONALES - BONOS DE OTRA ÍNDOLE - JUICIO LABORAL - EL PATROCINANTE NO DEBE CARGAR CON COSTO ALGUNO - INCONSTITUCIONALIDAD ANTICIPO DE GASTOS PARA QUIEN PROMUEVE JUICIO LABORAL - LOS LLAMADOS BONOS DE AYUDA

LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEGISLACIONES PROVINCIALES EN CUANTO IMPONEN CARGAS O COSTOS A LA LABOR LETRADA EN EL MARCO DE UN JUICIO LABORAL. O DESCARGAR ESTE CONTENIDO EN AUDIO EN SU PC. GRATUITAMENTE, COMO ASIMISMO PASARLO A UN EQUIPO DE AUDIO O CELULAR, COMO DESEE.

Por el doctor Juan Carlos Muse Generch

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El principio de gratuidad en materia laboral debe hacerse extensivo al letrado que patrocina, desde que, el mismo, debe correr gratuitamente con todos los gastos del proceso de conformidad a lo señalado por la ley nacional, concretamente artículo 20 de la ley 20.744, que señala, específicamente, la gratuidad de los procedimientos judiciales cuando el patrocinio letrado en todos los Códigos Procesales del país, son obligatorios en esos casos. En tanto que la ley 8.480 - Texto según Ley 10.596 – señala que “Además de la cuota anual que establece la Ley 5.177, créase un derecho que se abonará al iniciarse o contestarse toda gestión judicial ante los jueces o Tribunales de cualquier Fuero y ante la Administración Pública, tanto se actúe en carácter de apoderado como de patrocinan-te.”. Y por su lado, un artículo que también choca con dicha ley es el 13°: - Texto según Leyes 10.268 y 11.625 -, pues, señala que “Al iniciar su actuación profesional en todo asunto judicial o administrativo, con la única excepción de las gestiones que no devenguen honorarios, el afiliado deberá abonar como anticipo y a cuenta del diez (10) por ciento a su cargo que fija en inciso a) del artículo anterior, la cantidad de un "jus previsional" cuyo valor monetario móvil representará una suma que no podrá ser superior a un 3 % del monto de la jubilación ordinaria básica normal.

No se tiene en cuenta que el abogado trabaja y percibe por ello una remuneración. Dentro de esa remuneración tiene un esquema financiero propio que debe custodiar para realizarse en la vida, promover trámites judiciales y, en ese esquema, no caben dudas, que siendo que el profesional abogado, sencillamente vive de su profesión, no tiene por qué afectársele el patrimonio con costos que no son conexos al lucro.
Al hacer efectivo el mencionado aporte del diez (10) por ciento el afiliado deducirá la suma abonada por este anticipo actualizada al valor del "jus previsional" vigente a esa fecha.
La inconstitucionalidad para el proceso laboral es indirecta, pues, se trata de leyes provinciales que chocan contra una ley dictada por el Congreso Nacional en uso de sus facultades delegadas.
Si bien pudiera señalarse que los mencionados anticipos están a cargo del letrado patrocinante o apoderado, ciertamente dicha carga, financieramente debe tener un origen no laboral. O lo que es lo mismo que decir, que, la integración de los montos que señalan las dos leyes provinciales mencionadas, al tener un origen que debe, necesariamente, provenir de otras finanzas del abogado, en el ejercicio de su función, la obligación indiscriminada-mente impuesta afecta los honorarios de los abogados en los demás procesos judiciales, produciéndose la situación de doble imposición. Siendo que por otro lado, las mencionadas normas indican “al iniciar” cada proceso en sí. Con lo cual se genera esa doble imposición antedicha.
Y dado que está reconocido en nuestra jurisprudencia que las normas de carácter sustancial pueden tener, por vía de excepción y por su propia naturaleza, a fin de que sean efectivas ( o de otra manera no lo serían ) también de orden procesal, en el caso, de no existir dicho principio de gratuidad, se aplastaría el principio alimentario, de carácter urgente, que poseen las normas laborales. Por lo dicho, no existe otra forma de hacer efectiva la ley laboral, si no es, por medio del llamado principio de gratuidad.
Los cuestionamientos que puedan hacerse en torno a la misma afectarían normas de orden constitucionalidad, como lo es, la igualdad de acceso a la justicia como delante de las cargas públicas, Hay igualdad entre iguales. Mas el procedimiento laboral es sustancialmente distinto al de los demás. Por consiguiente las normas precitadas son inconstitucionales en tan-to y en cuanto afectan la igualdad de los procedimientos. Así, en cuanto a los mismos se refieren, las normas indicadas chocan con el principio de igualdad claramente establecido en el artículo 16 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL en cuanto establecen: La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. También en cuanto al acceso a la justicia en los términos del artículo 14 bis de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, y artículo 17 en cuanto al principio de la no confiscatoriedad o doble imposición ( derecho de propiedad ). Pues, no es admisible, que un letrado deba obsequiar – porque otra terminología no se puede utilizar – por estar patrocinando a un trabajador, desde alguno de sus bienes para cumplimentar leyes provinciales que indiscriminadamente imponen las cargas indicadas.
El principio de gratuidad establecido en el artículo 20 de la ley 20.744 es de actividad. En este caso, el trabajador, el abogado, el oficiado, el perito, brindan su actividad sin retribución a cambio.
Pero cosa muy distinta es un tributo al honor de las leyes cuya inconstitucionalidad se solicita para el presente caso. Pues, tal obligación, por lo expuesto, entorpece la función del letrado, imponiéndole cargas que afectan su derecho de propiedad, y, por sus efectos, entorpecen, al existir el patrocinio letrado obligatorio, los reclamos de los trabajadores.
La defensa de los clientes en los distintos procesos, surge según su igualdad. O dicho de otra manera: acceso a la justicia, de igual entre iguales. No siendo el caso de los procedimientos laborales, cuando, desde ya, por ley nacional ( la 20.744 ) se establece con carácter imperativo y en forma absoluta el mencionado principio de gratuidad.
Por lo mismo, las disposiciones citadas son contrarias al artículo 11 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto establece: “Los habitantes de la provincia son iguales ante la ley, y gozan de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional, los que emanan en su consecuencia a través de los tratados celebrados por la Nación y los que se expresan en esta Constitución”