¿Existe la información seria de internet? ¿Es internet un medio de comunicación serio? ¿Tiene la entidad para generar los daños que la justicia argentina admite como tales? ¿Hay deber de demostrar el honor mancillado?. ¿Existe algún problema o algún cimiento jurídico se puede tambalear por el deber de acreditar la deshonra que surge según los jueces objetivamente de los contenidos?. El caso de los buscadores. La carga dinámica de la prueba. La responsabilidad supuestamente objetiva es compartida en un sistema entre consumidores y proveedores de servicios de Internet.

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RESPONSABILIDAD DE LOS BUSCADORES - GOOGLE - YAHOO Y SEMEJANTES - LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN - LA ADICCIÓN A INTERNET - LA EXPOSICIÓN AL RIESGO - LA PROBABILIDAD DE PROBAR EL DAÑO AL HONOR - LA CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA

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¿Existe la información más seria de internet? ¿Es internet un medio de comunicación serio? ¿Tiene la entidad para generar los daños que la justicia argentina admite como tales? ¿Hay deber de demostrar el honor mancillado?. ¿Existe algún problema o algún cimiento jurídico se puede tambalear por el deber de acreditar la deshonra que surge según los jueces objetivamente de los contenidos?. El caso de los buscadores. La carga dinámica de la prueba. La responsabilidad supuestamente objetiva es compartida en un sistema entre consumidores y proveedores de servicios de internet. La responsabilidad de los buscadores.

 

Introducción.

 

Internet es una herramienta, que fue utilizada como un canal de información veloz. Así ha sido concebido. La primer pregunta que me formulo es si el honor puede ser materia de prueba. Si bien se presume, nada impide la prueba del mismo, la que puede surgir de múltiples circunstancias que rodean a un caso específico como de la propia víctima.

La expansión de la dinámica de internet llevó a la propia en el ámbito comercial. El problema queda residente en las personas físicas o jurídicas en sí mismas que, apareciendo en la red, no son materia de comercio.

Nuestro Código Civil lo establece.

La información expandida por internet, dentro o fuera del ámbito comercial, no tiene la seriedad, o potencial convictivo – por el anonimato mismo que lo potencia – de ser tomada como un elemento referencial de la misma envergadura que una publicación escrita, o una vinculación  personal y directa con un contratante.

Quienes vean que internet les ofrece un sistema de seguridad, corre por cuenta del consumidor esa visión, que rayana es a la web adicción.

El creer que todo lo que aparece en la red es real, es más una cuestión psicosocial.

Los contenidos son hoy tantos y preexistentes a los buscadores, que éstos, no hacen más que unir a un mundo que está globalizado en esos términos.

Aquellos que se sienten “ofendidos” por los contenidos, son los que castigan a los buscadores por medio de los cuales se enteran de publicaciones y fustigan al propio buscador que les enteró.

Si hay responsabilidad objetiva, como señalan algunos fallos, es la misma responsabilidad de quien se siente afectado, pues, se trata solo de un mecanismo informático, endeble por el anonimato mismo y la velocidad de circulación de la información.

Agradezco a quienes creen en los contenidos informáticos que he alojado, pero debo decir, que, no he tenido experiencias como abogado, en las cuales el particular que me ha consultado, no haya tomado otros recaudos.

Las noticias se basan sobre un buscador, Google. La red y los sitios web son preexistentes al buscador. Lo que han hecho los buscadores es procurar facilitar el encuentro con los temas respecto de los cuales se requiere información asociándose de manera muy específica a la faz comercial, o mundo de los negocios.

Es reconocido internet por facilitar el intercambio de bienes y servicios. Cuando se trata de personas, se pone en evidencia la carencia de relevancia, pues, objetivamente, y salvo excepciones, no es interés de las personas el causar un daño sin relevancia económica o, mejor dicho, aprovechamiento económico.

Dentro de los medios de intercomunicación, estoy convencido que internet ocupa el último lugar en importancia, o mejor dicho, poder convictivo, dentro de parámetros de personas que no poseen adicción a la red.

Un indicativo de la carencia de poder convictivo, desde lo objetivo, lo demuestra el menor costo de la publicidad en internet, por visualización por persona que el poder de llegada en convicción, por persona, por consumidor, que posee la Televisión o un medio periodístico en papel.

Es un hecho consumado e imparable ya, incorregible y descontrolado, la charlatanería que existe por la red, muy vinculado al aspecto comercial.

Si el consumidor, ignora esto, cuando debiera conocer el mundo real, y lo vincula mas vigorosamente de lo debido, a éste último, en verdad hay una subjetividad llamativa.

Ya hemos hablado de la legalidad de los contratos celebrados por internet y la validez relativa de su alcance ( clic aquí ).

La charlatanería volcada y la información poco convictiva desde un punto de vista objetivo, hace perder el norte a muchos magistrados, asociando de igual forma los contenidos informáticos de la red con las previsiones de libertad de expresión y sus consecuencias.

Expresarse por internet, no es lo mismo que expresarse verbalmente o por escrito, o por nota dejada en un periódico de mayor o menor circulación.

Es sabido que los periódicos más locales, son los que proveen de información más certera sobre lo que en una zona determinada ha sucedido. Cuanto más amplia la cantidad de consumidores, menor la posibilidad de información precisa.

Es enorme y nunca antes vista la cantidad de información circulante por la red.

Por ello la necesidad de buscadores, herramienta que permite clasificar la información más seria, por parte del consumidor.

Esta herramienta nace como consecuencia de la expansión de contenidos informáticos, y surge para los que la necesitan, como una necesidad.

Pero esta herramienta se enmarca dentro de una expansión tan amplia de la información, que por esa misma razón nace, y nadie puede sobreexigir a un buscador mas allá de sus posibilidades o imponerle más costos operativos sobre la red porque la misma sigue en expansión. Este costo adicional, es motivo de alarma, desde que constituye un obstáculo para la libertad de expresión. Buscadores que deberán, por motivos de fallos judiciales aumentar los costos por los controles de manera descomunal.

Los consumidores se consideran cada vez más víctimas de los contenidos de la red y atribuyen responsabilidades en muchos casos inexistentes.

Son los propios consumidores los que quitan esa seriedad a la información, subiendo constantemente cantidad de contenidos.

Cuadra por lo tanto decir, que es el propio consumidor quien le puede otorgar credibilidad al contenido informático.

Que los propios consumidores, que hoy se consideran víctimas y son los que destrozan la credibilidad de la red, contraigan noviazgos, luego matrimonios, sólo por dar algunos ejemplos, no les exime del propio deber de auto control, por cuanto las consecuencia futuras adecuadas y previsibles, está también en manos de los mismos.

Los buscadores no juzgan sobre la seriedad relativa de los contenidos de las páginas web, solamente funcionan con relación a la masa de consumidores. Pero gran masa de consumidores no ha usado internet con el objeto de recabar información, sino solamente se constituyó en una adicción.

Funcionalmente los buscadores no tenían problemas años atrás, cuando la masa de consumidores era menor, y lo mismo ocurría con el contenido fotográfico.

Lo primero que se debería distinguir, en este aspecto, es lo siguiente: la posibilidad en el área de internet de evitar la fotografía, recordando que la misma puede ser descargada en un ordenador y reenviada, mas los retoques que pueden hacerse con software.

Lo segundo que debe distinguirse es la información fotográfica de la información textual.

Lo tercero es reconocer que el anonimato es regla en internet y no la excepción.

De donde poco importa a los fines de resguardar la intimidad el depender de dónde ha salido el contenido, si reconocemos estos hechos.

El buscador ahora selectivo, podría impedir la suba de contenido fotográfico, pero no puede controlar la seriedad de la información textual.

Cuando una actividad aparece como onerosa, entonces debe estarse a la regla establecida por el artículo 953 del Código Civil al señalar: “El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición, son nulos como si no tuviesen objeto.” A su vez, lo que está en el comercio puede ser transmitido indefinidamente, lo notamos en el artículo 1444 del Código Civil, al decir: “Todo objeto incorporal, todo derecho y toda acción sobre una cosa que se encuentra en el comercio, pueden ser cedidos, a menos que la causa no sea contraria a alguna prohibición expresa o implícita de la ley, o al título mismo del crédito.”

Por tal motivo, previamente los magistrados debieron señalar qué es lo que puede comerciarse, ya que se trata de una red mundial, y la moral u buenas costumbres pueden transmitirse de país en país.

Las palabras moral y buenas costumbres se encuentran en el Código Civil innumerable cantidad de veces, a saber: está señalada en el sistema codificado, sin perjuicio de los demás,  en los arts. 14, 174 inc. 3,  en la nota al art. 159, 169 inc. 4, 205, 215, 236, 307 inc. 3, nota al 309, 317, 321 inc. d, 326 inc. c,  nota al 325, 376 bis, nota al 450, 456, 522, nota al 531, 564, nota al 795, nota al 842, nota al 938, 937 y 936, nota al 953, nota al 962, 1047, 1071, 1078, nota al 1078, nota al 1083, 1099, nota al 1169, 1206, nota al 1206 y 1207, 1208 y su nota, 1501, 1626, nota al 1648, 1824, 1861, 1891, nota al 2053, 2365, nota al 2478, nota al 2570 que abarca a los arts. 2567 a 2570, nota al 3136, nota al 3307, nota al 3553, nota al 3574, nota al 3576 bis, nota al 4008.

Esto indica que en la misma ley codificada, o se expresa a la moral como fuente de Derecho Positivo o se explica la génesis del artículo. Esto solamente en el Código Civil.

En cuanto a las “buenas costumbres”, la mencionan, los arts. 14, 21, 530, nota al 530, 792, 795, nota al 842, 953, nota al 953, nota al 956, 1071, nota al 1316, 1501, 1503, 1507 inc. 2, 2261, nota al 3246, 3608, nota al 3608, nota al 3609.

Pero la determinante es el art. 17 del Código Civil señala que “Los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente.”

Ahora bien, las sociedades se transforman, lo que antes era moral, hoy es admitido como amoral. Por lo dicho, el daño se generará siempre cuando lo que no está en el Comercio, lo está. Todos aquellos derechos que no son patrimoniales, y que pueden ser usados con fines de lucro. Vélez Sársfield ha sido muy estricto en esto, admitiendo el libre comercio y recomercialización, a través de la disposición del art. 1444 del Código Civil.

El buscador, atento a lo expuesto precedentemente, no juzga según la jurisprudencia argentina, por lo que se debe recurrir a los tratados internacionales.

Y por fin, debe asumirse por la víctima la carga de la prueba de un hecho social por todos conocido, la web adicción, o la adicción a internet. El uso continuado de la red, por parte de la víctima la expone, sus contenidos y fotografías pueden ser aprovechados. Basta con una simple impresión de pantalla, luego recortada con un soft, para poder reenviarse por cualquier medio electrónico, incluyendo el mail.

El Estado podrá tomar todas las medidas de control sobre los ISP, Internet Service Provider, o no, pero fundamentalmente debe atacar la raíz del problema: un consumo descomunal pocas veces visto, de información colectada por internet. Al no instrumentarse ley alguna, considero viable la carga dinámica de la prueba.

Para quienes no la conocen, ante un hecho social de consumo desmesurado de una red que muchas veces hasta hace confundir el mundo real con el virtual, se necesitará por parte del Poder Judicial, imponer la carga que antes no existía, la prueba del daño al honor. Y la misma sólo puede surgir a partir de de un parámetro relativo a la cantidad de contenidos informáticos de la víctima, subidos por la propia víctima, o sea su situación ajena.

Esta prueba dinámica, como carga de prueba dinámica, ante el hecho peligroso que personas que permanecen en el anonimato pueden aprovechar, involucra que, quien sube contenidos, puede no actuar diligentemente, como se lo han exigido a Google.

La buena fe implica la acción con los siguientes requisitos:

Requisitos de la Buena Fe.

a) "La buena fe puede describirse como un estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, de un título de propiedad o de cualquier otro título del que se pretenda un derecho, del derecho pretendido, o de la rectitud de una determinada actuación o conducta."

La buena fe no puede describirse de esa manera. La sola convicción de que lo que se está haciendo es honrado, no es por sí solo constitutivo de esa buena fe.

Para tener buena fe en un negocio jurídico determinado, es menester cumplir con la ley.

 

En segundo lugar, tomar todas las diligencias que el caso requiere para celebrar el contrato, o realizar un negocio jurídico cualquiera.

La ignorancia de las leyes, y el error sobre las mismas, no se erige en buena fe.

Así lo dispone el art. 20 del Código Civil "La ignorancia de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por la ley."

No basta pues, la honradez. Es menester la diligencia. Se entiende por tal, todos los actos que prudentemente deben realizarse. Y en cuanto a leyes se refiere, con mayor razón.

Ninguna convicción en cuanto a verdad o exactitud de un asunto, hecho, u opinión, significa buena fe, para nuestro sistema legal.

Los recaudos razonables.

b) No puede admitirse buena fé, si, al celebrar los negocios jurídicos, no se tomaron los recaudos razonables.

Una cosa es actuar de buena fe, y, muy otra, es el comportamiento tonto.

Para redondear el tema verificamos lo que la jurisprudencia ha dicho:

Pirolo Rafaela María Dolores s/ prescripción

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 7-abr-2011

Cita: MJ-JU-M-65405-AR | MJJ65405 | MJJ65405

El adquirente que al momento de efectuar la compraventa omite voluntariamente realizar la verificación física del automotor, no puede ser considerado adquirente de buena fe para obtener el dominio mediante la prescripción adquisitiva.

Partes: Sorridi S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Bs. As. Sec. de Salud Hospital Alvárez s/ preparación de la vía ejecutiva

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 10-jul-2007

Cita: MJ-JU-M-14816-AR | MJJ14816 | MJJ14816

 

Quien contrata con internet, en cualquiera de sus formas, debe tomar los recaudos suficientes, así, por ejemplo, salvo que sea más necesario o funcional a la página web el abstenerse de subir fotografías. Este es un hecho determinante a la hora de juzgar una responsabilidad. Si una persona física, sube innecesariamente fotografías, el anonimato de la masa de consumidores puede aprovecharla. Nótese que basta una sola con contenido aprovechable.

Cuando se señala que la responsabilidad es objetiva, propia del ISP, entonces, habrá de tener que objetivizarse también al consumidor que forma parte del sistema, que forma parte de la red.

De nada sirve como señala un fallo que transcribiré el lucro que obtiene una empresa para la determinación de una responsabilidad objetiva, como en este caso, por cuanto el riesgo está creado también por el consumidor y el lucro ha sido creado por éste. No corresponde a un ISP abstenerse de lucrar por los gustos particulares de quien demanda la prestación de servicios, so pretexto que, según el parecer del titular del ISP, afecta, según su discreción, moral o buenas costumbres.

De allí que no surgen elementos objetivos, por cuanto del lado del consumidor hay una exposición. Ciertamente es necesario acreditar cierta desvinculación con internet, y no presionar sobre los buscadores para que los mismos hagan de un poder de policía más allá de sus posibilidades fácticas y legales.

La ajenidad a la internet, puede demostrarse sencillamente. El no estar ajeno, puede involucrar, verosímilmente enemigos virtuales pues, no se habría obrado con el debido cuidado o previsión al que alude el art. 901 del Código Civil.

El fallo que transcribiré habla de un “buen hombre de negocios” pero no hace mención a un “buen hombre de consumo”.

No comprendo la razón que ante la web adicción imperante en nuestra sociedad, no se exija la carga de la prueba de la razonabilidad de los contenidos que la persona coloca en internet como referencia personal.

No es por lo tanto víctima, quien constantemente ha distribuido o colocado fotos en sitios web atento a que sabía o debía saber el anonimato existente en la red.

Nadie puede ser víctima y aducir tal calidad delante de un riesgo que voluntariamente aceptó.

En consecuencia, en estos casos, el daño al honor deberá ser demostrado, cuando los contenidos que la víctima coloca en la red, superan a la información personal y necesaria a su actividad.

Es que existiría en otra hipótesis un daño patrimonial importante en exigirle a los ISP, y buscadores, que los mismos tengan que efectuar mayores controles ante una muy extensa red de consumidores.

En ninguno de los fallos revisados, he advertido que el poder de policía del Estado se vuelque al reclamante del daño resarcible, con el objeto de verificar este último extremo, lo cual, puede hacerse por el Poder Judicial.

No se analiza a la víctima por ser pecaminoso hacerlo.

Victimiología es el estudio de las causas por las que determinadas personas son víctimas de un delito y de cómo el estilo de vida conlleva una mayor o menor probabilidad de que una determinada persona sea víctima del mismo. El campo de la victimología incluye o puede incluir, en función de los distintos autores, un gran número de disciplinas o materias, tales como: sociología, psicología, derecho penal y criminología.

La Victimología es una ciencia que estudia científicamente a la víctima y su papel en el hecho delictivo.

El estudio de las víctimas es multidisciplinar y no se refiere sólo a las víctimas de un delito, sino también a las que lo son por consecuencia de accidentes (tráfico), desastres naturales, crímenes de guerra y abuso de poder. Los profesionales relacionados con la victimología pueden ser científicos, operadores jurídicos, sociales o políticos.

El estudio de las víctimas puede realizarse desde la perspectiva de una víctima en particular o desde un punto de vista epistemológico analizando las causas por las que grupos de individuos son más o menos susceptibles de resultar afectadas. Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Victimología

Los análisis realizados por la jurisprudencia no se han volcado a la conducta del reclamante.

Se ha analizado mucho, la libertad de expresión, consagrada por nuestra Carta Magna, y protegida por la ley 26.032 u su decreto reglamentario 1279/97.

Esta ley, alude únicamente a la libertad de expresión, señalando en su artículo primero “La búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión”.

El decreto sólo menciona en su artículo 1°-“ Declárase que el servicio de INTERNET, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión, correspondiéndole en tal sentido las mismas consideraciones que a los demás medios de comunicación social.”

Pero la libertad de expresión comprende a los consumidores como también a los proveedores de distintos servicios de internet. Por lo que los fallos dictados haciendo alusión a este derecho, no tienen para los servicios de internet, un alcance idéntico, dada esa fluidez aludida, de canales de información, y suerte de asociación entre usuarios o consumidores y proveedores de servicios ISP.

Por lo tanto no considero válidos los argumentos relativos a la libertad de expresión, tantas veces apreciado por los jueces. Lo cual se ha volcado en múltiples consideraciones, como los casos “Da Cunha, Virginia C/ Yahoo De Argentina S.R.L. y otro" (Expte. 99.620/06 “Da Cunha Virginia c/ Yahoo de Argentina SRL y otro s/ Daños y Perjuicios” Recurso Nº541.482. Juzgado Nº 75.-) donde el juez hizo lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios promovida por la modelo, cantante y actriz Virginia Da Cunha (ex integrante del grupo musical "BANDANA"), condenando a los buscadores Google Inc y Yahoo! de Argentina S.R.L a abonarle la suma de $ 100.000 en concepto de daño moral por el uso indebido y no autorizado de su imagen personal. Más allá del resultado justo o injusto, nada tiene que ver la libertad de expresión, pues en la libertad de expresión justamente no existe el anonimato. El sistema en sí mismo es esencialmente anónimo. El uso ya aceptado universalmente del Nick, del nombre de usuario, y de registración es esencialmente anónimo, y no puedo concebir una libertad de expresión y alusiones a la libertad de expresión de la persona en el anonimato, menos en los buscadores que sólo automatizan la búsquedas de sitios.

De tal modo que, no habiendo impedimento alguno para la vigilancia impuesta a los buscadores como a otros ISP de distintas funcionalidades, con el criterio jurisprudencial imperante, menester es saber si ha habido, por parte del reclamante, una asunción de riesgo más allá de lo razonable ante una sociedad que podemos reconocer como viciada por la comunicación anónima..

Muchos fallos aluden al peligro, y aplican sin más la teoría del riesgo creado. Sin embargo, en el mismo consumidores ignotos y proveedores de servicios de internet participan formando un conjunto funcional, que en algún momento puede quebrarse.

E incluso, cantidad de fotografías en color que pueden obtenerse escaneando revistas deber ser evaluado, ya que las nuevas tecnologías hacen necesaria una actitud más preventiva de parte de quien se expone.

Una cámara digital, propia de un celular y la intimidad desapareció. Esto nos da una idea del cambio en el sentido de la intimidad, por muy respetuosa que la víctima sea de los derechos de los demás. Se trata de obrar con cuidado y previsión ( arts. 901 y 902 del Código Civil ).

En un mundo virtual en el que el comercio es dominante, personas de amplio conocimiento público, pueden ser fácilmente utilizadas por cualquiera que manipule lo básico de la red internet.

Pero por estos motivos, la víctima, no tiene el grado de daño al honor que genéricamente se da a entender, como en otras esferas de la vida. Quien no conozca este riesgo a raíz de las actuales tecnologías, no surge como un individuo informado de las posibilidades que la misma trae consigo.

No se trata de señalar que el obrar causante del daño no sea antijurídico, se trata de evaluar su potencial, siendo, por lo menos en internet, o debiendo ser, escaso, por no poder estar a los caprichos de un sistema que integran consumidores y proveedores de servicios de internet.

En ese contexto, y sabiendo o debiéndose saber que, los comentarios hechos en ese anonimato, son poco creíbles, por falta de cuerpo de firma, por falta de localización, la enfermedad de una sociedad no puede recaer solamente sobre una arista, como lo sería solamente el ISP.

El Estado tiene un rol educativo, como los padres, a fin que la orientación al consumidor sea adecuada y eficaz. Es una responsabilidad educativa y de información. Ya hemos visto la cantidad de engaños relativos a las magias de celulares, equipos de audio, y computadoras entre otras cosas y la omisión del Estado en la aplicación debida de la ley de derecho de defensa al consumidor. A saber nadie informa:

Por razones de economía de tiempo del lector, transcribo lo obrante en el tema 138, y doy ejemplos de absoluta desinformación.

La computadora personal.

Una computadora, como tal, lo que habitualmente se compra con el nombre de PC, no es estrictamente hablando la acepción de una computadora. Recién en 1979 se inventó un juego de damas que aprendía de sus propios errores. Se intentó con ello, que las computadoras pudieran reemplazar al servicio humano. El proyecto se conoció como "Introducción a la inteligencia artificial". La idea, no era, que el cálculo matemático se repitiera miles de veces, por ejemplo, para encender nuestro ordenador, la pc, vuelve a realizar el cálculo matemático que hizo antes, cuando en otra oportunidad la encendimos. La idea no era magia, sino la de crear y llegar a tener a nuestra disposición algo que, era semejante a un pensador, o actuaba de distintas formas. En Japón se había creado un robot para limpieza del departamento. Todas estas ideas fueron abandonadas por la magia de la PC.

La computadora personal o PC, ha tenido una invasión de soft que en la década de los 80 - nada más ni nada menos - cumplía las mismas funciones, o casi todas, que nuestra actual y super moderna, mal llamada computadora.

 

Efectivamente, por aquella época, existía el chat, en páginas web, de mejor calidad que las de ahora, como las que tenía UOL. El Messenger, permitía discar a ciertos países del mundo a teléfonos, además de computadoras, con un costo ínfimo: 20 centavos de dólar por hora. Microsoft lanzó una promoción que funcionaba con máquinas de apenas 133 Mhz y aún menos con apenas 64 MB de RAM. Permitió por lapso, que se pudieran comunicar a teléfonos en forma gratuita para los usuarios argentinos, por ejemplo a Estados Unidos y a Canadá sin pagar un peso, y a teléfonos de red fija. Hablé con mi madre que vivía en los Estados Unidos, por aproximadamente una hora, a su teléfono y sin costo alguno. Estaba Windows 98 soportando esa comunicación. Ahora resulta, que, para hacer lo mismo, necesitas una computadora que tenga no menos de 2.000 Mhz y 1024 de memoria RAM, y la diferencia en la calidad de audio, no existe. Luego se cobró por ello 20 centavos de dólar por hora.

El 90 por ciento de lo que las pc hacen ahora, por la década de los 90 lo hacían igual. Existía, incluso un procesador de texto, llamado Word Perfect, que, cuando abandonabas el trabajo, lo cerrabas, y lo retomabas, iba a la página donde dejastes el trabajo, que podía ser o estar en el medio del texto que elaborastes, o al final. También encuadernaba, esto es para imprimir doble faz, podías darle esa instrucción o generar una plantilla para usarla luego.

Es falso que los nombres de los documentos fuesen de ocho caracteres, tenías la opción de darle una descripción y se llamaba "Nombre del documento largo".

Hacías una carpeta, por ejemplo Clientes y miles de subcarpetas para cada cliente en particular. E incluso podías escanear o a página entera, con un escáner de mano chico o grande, o con escáneres comunes, que aún se usan. Yo los uso por su calidad.

Existía el Norton Change Directory, que permitía pasar de una carpeta a otra con una velocidad que ningún sistema actual puede emular.

Windows y la multitarea.

No es cierto que no pudieras utilizar más de un documento a la vez, con Word Perfect, copiabas y pegabas como al día de hoy. La multitarea se hacía en el MSDOS mediante un soft que se llamaba DOSHELL que se colocoaba manualmente en el comando config sys y que podía hacer que. cuando se encendiera la computadora, lo hiciera directamente en Windows. Y el MSGOS asi, entregaba a Windowa el control operativo. Al encender la pc, directamente se encendía Windows, u otro sistema operativo entregado por línea config sys. Si nosotros poníamos Windows, entonces encendía directamente en Windows, ya sea windows 3 o cuialquier otro. Sólo cambiaron el orden de encendido. Y también MSDOS permitía el trabajo con varios archivos.

 

La limitación de los 640 KB ( no llegaba a un mega ese sistema operativo MSDOS ) no impedía mediante el comando memmaker liberar esa memoria. Pero el no liberarla obligaba a los programadores a hacer buenos y rápidos programas. Debían hacer un esfuerzo notable.

La Pc que poseo es lenta.

Las pc no son lentas. Los lentos son los programas. Una máquina de 66 Mhz, podría estar haciendo casi todo lo que el XP, VISTA, y SEVEN hacen. Cada vez, se preocupan menos por hacer programas que, con menor cantidad de cálculos matemáticos, lleguen a la misma función. Esto así, por dos razones. La primera, son las conveniencias económicas. El poner un programa lento, o sea malo, para obligarte a cambiar de pc, culpando a la misma, de ser lenta. Mientras que lo lento ( por mal hecho ) es el programa.

IBM lanza un sistema llamado VGA, que por lo contrario de la digitalización - término que se usa para confundir a los consumidores. Era un emulador de la realidad. Ese emulador, pasa a llamarse luego Súper VGA, donde la emulación de la realidad, se traduce en dibujos, presentaciones gráficas innecesarias y que consumen cada vez más recursos de los cálculos matemáticos de las pc.

Microsoft pasa a Windows su primer sistema operativo con el Windows 95.

Absolutamente falso, los sistemas operativos anteriores, como el MSDOS, permitían el encendido directo en Windows escribiendo una línea llamada shell=: y aquí se señalaba la ruta del sistema operativo que queríamos usar evitando el DOS, dentro de ellos estaba la opción Windows. O sea, que Windows, jamás ha sido un ambiente operativo. Sólo estaba en desarrollo y no querían que la gente viera lo mal que funcionaba.

La tecnología LCD.

La tecnología LCD, en modo alguno ayuda a la vista, sólo por ser plano, lo que existe en el mercado monitores CRT planos y que nada tienen que envidiarle al LCD, que la gente confunde con PLASMA. El Plasma es un sistema basado en la utilización de la luz externa para poder ver los contenidos en nuestra pantalla. No usaba un disparador de electrones, como los LCD y los CRT, a efectos de que se pueda visualizar el contenido de la pc. Usaba y aprovechaba los fotones externos. La luz de nuestra casa, del sol, etc.

La resolución de la Cámara Digital.

La Cámara Digital podrá tener la resolución que quieras, es tu dinero. Pero 10 megapíxeles no los vas a ver en el monitor. Sólo y tal vez, en los pósters de los políticos. Por otro lado, una cámara análoga, supera en cientos de veces la resolución digital, como la llaman. Nadie repara ni le informan, que, lo más importante, es el zoom de la máquina digital, lo que contraría, por supuesto, el tamaño, pequeño, que les conviene a los vendedores.

El router no baja la velocidad.

Los medidores de velocidad que posee internet, se refieren a puertos específicos. No hay magia en esto. Si dos pc están navegando, usando, por lo tanto el mismo puerto, la velocidad se divide en dos. Internet tiene miles de puertos, y se supone que, mientras una computadora, o, mejor dicho, ese electro doméstico que llamamos computadora, distribuya entre puertos iguales la misma velocidad, no estamos pensando en otra velocidad denominada data transfer compression. O sea, que lo que va a variar, forzosamente, es la velocidad en la compresión de los datos que se consultan o bajan por internet. Eso explica que conexiones mas lentas, surjan más rápidas-

Los equipos de audio.

Generalmente son informados de manera inadecuada las personas. No se les informa la distorsión por intermodulación de ondas como tampoco la armónica. No se les dice el tipo de bobina que hace a la resistencia eléctrica ( ohms ). Se les miente, además con eso de que ese agujerito que sale por el parlante es para que salgan los sonidos graves que están en la caja que contiene el parlante. En realidad, al usar bobinas de 4 ohms como mucho, no pueden comprimir el aire, con lo que el agujerito, les viene al pelo para tomar, precisamente, el pelo, a los consumidores. La caja de resonancia debe estar absolutamente tapada, y con el tamaño adecuado a la potencia, con bobinas capaces de comprimir debidamente el aire, y con eso, generar la suspensión acústica.

No se les informa el porcentual de distorsión por intermodulación de ondas.

Este porcentual es una medida que se toma con respecto a amplificadores y parlantes en sus cajas. Cuando un equipo es exigido, y están las cajas cerradas, no puede comprimir el aire dentro de la misma, por lo que reverbera, entonces genera rechazo. Asimismo, si nos informaran respecto de la distorsión por intermodulación de ondas del amplificador, nos mentirían, si saben qué cosa es. Nos dirían por ejemplo 0,01 por ciento en el sonido total. Y es cierto, es ese porcentaje, pero cuando subes la potencia lo más probable, es que, dicha distorsión esté cerca del 5 %, lo que no sucedía con la sinceridad de la información que se nos daba en los años 70 y 80. Comienzan a entrar basuras de Japón, son más chicos, y todo lo más chico rinde menos.

La palabra volumen.

La palabra volumen es mal utilizada por nuestro vendedor. El volumen se refiere a la cantidad de aire que mueve un sistema determinado. No al ruido que hace el aparato. Podemos usarlo muy bajo, y ver como se mueven las cosas, por efecto del aire ( volumen ).

Las frecuencias.

Tampoco se nos informa de las frecuencias que usa el aparato, para reproducir. Si decimos 20 a 20.000 hercios, estamos hablando del espectro del oído humano. Si el amplificador tiene esa capacidad a toda su potencia, debes primero fijarte, si los parlantes, son capaces de reproducir a las mismas. Es lo mismo que me compre una Cámara Digital cuya resolución no pueda ver en pantalla.

Las vías de los parlantes, dos, vías, tres vías, etc.

Es cierto que, dentro de esa basura que está en el mercado, hay vías por donde salen los agudos, los medios y los graves. Pero no nos informan a cuantos decibeles por octava cortan. Y eso es importante, por cuanto no vas a evitar que por los medios salgan algunos agudos, ni por los graves.

Los sonidos inaudibles del procesador de nuestro amplificador.

¿Te has preguntado si tus parlantes son capaces de reproducir esos inaudibles?

La distorsión por intermodulación suplida por la distorsión armónica.

La armónica es una distorsión que evita la que es por intermodulación de ondas. El aire disparado hacia atrás y salido por ese agujerito frontal, permite que un sonido menos repulsivo. Esa es una causa de la distorsión armónica, mas la que viene del amplificador, mas la calidad y bobinaje de las bocinas.

Reproductores y grabadores de MP3.

Los reproductores y grabadores de MP3, por lo general graban en formato wav y no en MP3, con lo cual, comprime, el aparato el formato wav de tal manera que reduce muy considerablemente la calidad de sonido. Al margen de lo expuesto, un equipo de audio, sea de la clase que fuere, necesita material, y cuanta mayor cantidad, tanto mejore la calidad de audio. Se señala que tiene una capacidad de 2, 3 ó 4 megas para grabar. Lo que no dicen, es que eso es equivalente a 4.000 horas y no hay pila ni batería que aguante. Forzosamente, llegados, en el mejor de los casos, 12 horas de grabación ( y no 4.000 ) hay que pasarlos a la pc. O sea de nada vale que tenga 512 MB de grabación, 1 mega, dos, tres o cuatro o más.

Las lámparas de bajo consumo.

Otra de las mentiras que suelen decirnos u ocultarnos es que, las lámparas de bajo consumo no afectan la vista. Si reparamos, en lo que antes he dicho, en el sentido de que todo reflejo blanco, producido en los antiguos monitores, afecta la vista, no se imagine el lector, la cantidad de reflejos blancos que tendrá por toda la casa. Forzosamente le afectará la visión y, por supuesto, no se imagine, de qué manera.

Equipos de audio para automóviles.

Por supuesto no nos van a informar los porcentuales de distorsión tanto armónica como por intermodulación de ondas. Estos equipos para autos, poseen una reverberación en las chapas, que deja mucho que desear. La distorsión armónica es enorme. Para que se sepa qué es la distorsión armónica, la expongo: con un ejemplo. Deben salir ondas de 40 Hz, pero, le acompañan, casi inaudiblemente, para la cultura de hoy día, otros armónicos, como de 35, 46, 50 hercios, y, una cantidad más. Acompañan a la frecuencia principal, en el caso, 40.

Sin embargo están en un segundo plano, por lo que los vendedores callan, y el comprador, alegre.

Agua corriente potable.

Ya sabemos que el agua corriente, por hervirla no es potable. Si hiervo una cantidad de agua, que contiene tóxicos inorgánicos, y hay hasta orgánicos que resisten los 100 grados de temperatura, el agua no es potable.

Pero además de esto, el agua, tampoco es potable por el cloro que usted cree que le llega. Como las cañerías son muy viejas, y están quebradas a lo largo de su trayectoria, entrando tierra, incrustándose raíces, no le llega el cloro, que atacó, primero, a los gérmenes que atacaron la cañería. Debe purificar lo que usted llama agua corriente. A lo menos, póngale unas gotas de cloro, por litro de agua.

El celular.

Se venden celulares cada vez más pequeños y los vendedores nos dicen que cumplen varias funciones y que tienen más potencia.

Para comenzar, lo uno es contrario a lo otro. Si quieres potencia, entonces necesitas material vibrante. Canal 13, canal 11, no pusieron celulares para la transmisión de ondas. Tampoco el radio, de la segunda guerra mundial, era una persona que le gustaba portar la radio en la espalda, bastante pesada, por cierto, por hacer gimnasia.

Cuanto mayor el material que vibre para generar ondas electromagnéticas, tanto más, el celular puede arrojar más potencia.

Con esto nos han engañado. Primeramente no vinieron celulares grandes o enormes, por razón de un retraso tecnológico. Vinieron de tamaños grandes, sin radios, ni de FM, ni de clase alguna, por cuanto, si lo hacían, no encontraba el celular los metros de altura para poder llegar a la cañería de distribución de señal de radio de Movistar, Claro, etc. Lo que, por otra parte hacen ellos, es poner más antenas, así, no necesitas tanta potencia en tu celular. Además de ello, para no gastar en antenas, aumentan la frecuencia, para que pueda atravesar paredes, por ejemplo, con notable desconsideración a nuestra salud y despilfarro de energía eléctrica que tanto necesitamos.

Un celular es un transceptor de radio: recibe y emite. Para recibir, no tiene tamaño, puede tener el tamaño de un transistor. En los 70 se vendían equipos de FM, que se colgaban en llaveros, pero, ese material, era imposible para que, vibrando, pasase el metro de altura. Por ende, cuando llueve, hay muchas nubes, no hay señal, puesto que, un celular, debe alcanzar. Con la invasión de altas frecuencias, que estamos sufriendo, no es necesaria gran cosa, diría casi nada. Por supuesto que estas muy altas frecuencias, generan cáncer y son receptadas por el celular que lo ponemos en el oído externo, cuando no, auriculares.

Nadie nos informa de esto, la salud pública y el derecho de los consumidores, como su ley, está sistemáticamente violada, y organismos que debieran tener algún conocimiento del tema, como la Comisión Nacional de Comunicaciones, nada hacen, por lo poco y nada que saben.

E incluso antes me he referido al grado extremo con el que se allanan domicilio y se secuestran computadoras y se llevan equipos completos sólo por desconocimiento de la determinación de un destino y un origen de un correo electrónico. Puede verse este tema presionando aquí 186.

En conclusión: la responsabilidad de la información útil está en manos del Estado. Y es inconcebible que, por incumplimiento a sus propios deberes, se persiga a los ISP.

Si de la carga dinámica de la prueba, a la que lastimosamente debemos llegar, surge ese desconocimiento, pues, la víctima de contenidos ofensivos al honor, es víctima de una sociedad cuyos conocimientos y creencias son bastante débiles.

Basta reparar la vista en cada hogar, donde antes no existía la internet, hoy se la considera un elemento de indispensable uso y para distracción.

Esta web adicción, por la falta de orientación del Estado, debe ser compensada, pues, la omisión de parte de las autoridades de aplicación en la ley de defensa del consumidor 24240, cuando en su Capítulo II establece las obligaciones de información al consumidor. Por los ejemplos dados más arriba, podemos concluir que esta ley, no se cumple sino es para la venta del producto elaborado y su conocimiento.

Una sociedad mal formada, sin conocimientos básicos, elementales, y con un Estado que no está al día con las circunstancias del consumo masivo, que hacen al poder educativo y de policía que ejerce sobre las actividades productivas, le hace pasible, por tan continuada omisión, de una demanda por los daños y perjuicios ocasionados en la ignorancia, de lo que adquiere y usa.

En efecto, en dicha ley podemos observar que, en su art. 5 se establece el siguiente imperativo: “Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios.”

No le obsta esta acción al Estado, no se impone como carga solamente al que presta el servicio o producto. Es realmente inconcebible pensarlo de otra forma, desde que, la ridiculez recae sobre el poner a cargo de quien percibe una renta el ir contra su propio negocio.

Obsérvese que el art. 6 de la misma ley señala que: “Las cosas y servicios, incluidos los servicios públicos domiciliarios, cuya utilización pueda suponer un riesgo para la salud o la integridad física de los consumidores o usuarios, deben comercializarse observando los mecanismos, instrucciones y normas establecidas o razonables para garantizar la seguridad de los mismos.·

Y si bien impone al que hace entrega de las cosas o presta un servicio, la exigencia de un manual, no se entiende ese párrafo que sigue, como reglamentario del expuesto..

De donde se sigue la obligación solidaria del Estado y del productor de información, y no solamente de este último.

Si la sociedad decae en una crisis educativa e informativa donde el Estado tiene el rol principal, no podemos admitir que el mismo no se encuentre legitimado para la acción por la cual, se le ha ocasionado un daño a una persona en su honor.

Siempre ocurre lo mismo, el ridículo de que el Estado delegue y haga aumentar significativamente los costos, por controles que el Estado mismo debiera realizar.

De donde se sigue como conclusión forzosa, que, ante un hecho ocurrido, por o con intermediarios, o de manera anónima, no es un impedimento para que una sociedad educada mantenga distancia con las creencias relativas a la tecnología.

Por tal motivo, no hay víctima sin victimario y cómplice, con la propia ignorancia del reclamante, con una falta completa de educación que se nota a partir del referido secuestro de computadoras.

Por el momento, el Estado desaparece de su rol activo, lo mismo la justicia no investiga el rol de la víctima en internet y le hace responsable en virtud de la libertad de expresión, como si en la misma sólo intervinieran los operadores de la red subordinando al consumidor.

Ellos consumidores y prestadores son los que hacen a las víctimas reales, sólo hay que establecer que quien reclama por los daños y perjuicios ocasionados, no sea al mismo tiempo quien se encuentre como un consumidor tan adicto a la red, que, por el producto se su adicción haya recaído el daño que sostiene.

En este juego de adicciones, el Estado no puede tenerse por ausente, porque sería lo mismo que dejar pasear a un motociclista sin el caso puesto. El ejemplo es bastante.

No estoy juzgando sobre este o aquel caso, sino sobre la posición jurisprudencial general.

Y dentro de este contexto de una sociedad adicta a la web, entiendo y considero necesaria, por lo menos, que, ante la justicia, la misma, tome un rol más activo en pos de ese valor buscado y de la consecuente pacificación social y faz educativa a la que los mismos magistrados siempre aluden como ejercicio propio de sus funciones.

He aquí el fallo con el que discrepo, por lo dicho, con muchos de sus fundamentos, no con la conclusión en sí misma, sosteniendo el suscripto, que, por lo general, la asimilación a medio de difusión, sin más, lleva a parámetros indemnizatorios que pueden ser bastante injustos.

Fallos dictados:

“Bluvol, Esteban Carlos c / Google Inc. y otros s/ daños y perjuicios” (Exp. n° 59.532/2009).- Rec. N° 607.911.- Juzg. N° 105.-

En Buenos Aires, a los    5     días del mes de diciembre de 2012, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos “Bluvol, Esteban Carlos c / Google Inc. y otros s/ daños y perjuicios”, y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Kiper dijo:

                                                                                                          Contra la sentencia dictada en primera instancia (fs. 349/54), que hizo lugar parcialmente a la demanda por la cual el actor reclamó la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por lo publicado en un “blog”, expresan agravios el actor (fs. 503/4) y las demandadas Google Inc. y Google Argentina SRL (fs. 508/16). A fs. 518/9 estas últimas contestaron el traslado conferido, y a fs. 521/7, lo hizo el actor.

                                                                                                          El actor se agravia del monto admitido en concepto de indemnización ($10.000). Solicita que se lo eleve a la suma de $30.000 reclamada en la demanda.

                                                                                                          Las demandadas cuestionan que se les haya atribuido la responsabilidad de lo publicado. En primer lugar, sostienen que el factor de imputación no puede ser objetivo, como hizo el fallo apelado. Alegan que no se trata de una cosa ni una actividad riesgosa. En segundo lugar, hacen referencia al funcionamiento de un blog, al contenido del cuestionado en este caso, y a la importancia del anonimato en Internet y de la protección de la libertad de expresión. Finalmente, en subsidio, cuestionan que se haya admitido la existencia de un daño, así como su cuantía.

                                                                                                          Ambas partes sostienen que debe declararse desierto el recurso de la contraria, pero entiendo que a ninguna de ellas le asiste razón en este punto. Ambos recursos contienen fundamentos suficientes y constituyen una crítica a la sentencia apelada con entidad mínima para ser tratada en esta instancia.

                                                                                                          Por razones de método, como es obvio, comenzaré por el examen de los agravios de las demandadas, vinculados a la responsabilidad por el hecho que motivó estas actuaciones.

                                                                                                          Es un hecho no controvertido en esta instancia la existencia del blog, creado con el nombre del actor. En efecto, según el relato del actor admitido en el fallo apelado, aproximadamente a mediados del mes de diciembre de 2008, por intermedio de diferentes llamados y avisos que en persona le fueron realizando tanto amigos, como familiares y personas de su ámbito laboral, tomó conocimiento que ingresando su nombre como patrón de búsqueda en el sitio www.google.com o www.google.com.ar; como resultado de la búsqueda, la demandada guía hacia el sito http:/estebanbluvol.blogstot.com, el cual no solo no ha sido creado por el actor, sino que además contiene información falsa y agraviante respecto de su persona y su desempeño profesional.

                                                                                                          Que dicha circunstancia, a fin de poder ser acreditada fue constatada mediante Acta de Constatación de fecha 7/01/09 pasada por ante escritura nº2 por ante el Escribano Alfredo Rafael Parera. Manifiesta ser una persona de 34 años de edad (a la fecha de inicio del juicio), contador público, casado con dos hijas menores de edad, que ejerció posiciones gerenciales en Vital –Socorro Médico Privado SA- desde el año 2004 hasta el año 2006. Sigue relatando que, en el año 2007, se incorporó a Universal Assistance SA en el puesto de Director de Operaciones. Que en el mes de septiembre de 2008, fue promovido a Gerente General de la Compañía, desde donde conduce toda la empresa, estando todos los directores y gerentes de todas las áreas a su exclusivo cargo. Indica que, la circulación de dicho material agraviante es una fuente de enorme y constante perturbación en su vida, lo que hace que todos sus días de trabajo sean muy difíciles de sobrellevar, lo que afecta su productividad.

                                                                                                          Surge también del fallo que a través del sitio de Internet www.blogger.com, Google permite que cualquier usuario pueda crear un sitio web personal que será identificado como http://xxx.blogspot.com donde “xxx” es el nombre que libremente el usuario da al sitio en cuestión. Para acceder al uso de esta herramienta de publicación de contenidos en Internet, es menester que el usuario que crea el sitio de Internet acepte las condiciones de uso que Google le impone –se trata de aquellas que el actor acompaña a su demanda- Entre esas condiciones, por su relación con el caso de autos, vale la pena destacar las siguientes que Google exige a los usuarios que utilicen el servicio de acuerdo con las leyes, normas y regulaciones locales que resulten aplicables.

                                                                                                          Google prevé que, a pesar de las condiciones de uso del servicio que se imponen a los usuarios, estos pueden no respetarlas y con esa conducta afectar derechos de terceros. Para ello, si un tercero se sintiera afectado por los contenidos publicados en un sitio “blogspot.com” se puede acceder a una opción para denunciar abusos en el uso del servicio Blogger.

                                                                                                          La responsabilidad de los proveedores de servicios de internet (ISP) y en particular, de los buscadores de internet, es materia de debate en el ámbito doctrinario y jurisprudencial. Mucho se ha escrito sobre el asunto pero no se ha legislado al respecto.

                                                                                                          Las demandadas alegan que el buscador no es responsable por el contenido publicado en sitios o páginas web de terceros. El responsable es la persona que escribió o publicó el contenido difamatorio. El buscador es un mero intermediario (una suerte de operador entre usuarios y sitios y/o páginas) que no responde por el contenido que "simplemente vinculó" pero que no creó ni publicó.

                                                                                                          En este sentido, recuerdan Tomeo y Abieri que en otros países se han adoptado soluciones distintas. A modo de ejemplo mencionan el caso ocurrido en el Reino Unido en donde "Metropolitan Internacional School", un proveedor europeo de cursos de entrenamiento para adultos, demandó a Google U.K. y a un boletín on line por comentarios negativos sobre sus prácticas de negocios. El 16 de julio de 2009 el juez inglés David Eady (High Court Judge) resolvió que Google no era responsable por el material difamatorio que aparecía en sus resultados de búsqueda ya que sólo había actuado como un mero facilitador de acceso a la información (conduit to the information) pero no podía considerarse su editor. El juez hizo una comparación con una persona que compila información en un catálogo de librería: si un estudiante consulta un catalogo de librería encontrará distintos libros con distinto contenido pero no puede atribuirse responsabilidad por el contenido de los libros a quien ha compilado el catálogo (Responsabilidad de los buscadores de Internet, RCyS 2009-XII, 66).

                                                                                                          No creo que sea tan lineal la solución, sino que ella depende de las circunstancias particulares que presente el caso. En el caso, el primer punto a resolver gira en torno al factor de atribución. Adelanto que no coincido con la teoría del riesgo aplicada en la sentencia apelada, y en algunos otros fallos, que conduciría inexorablemente a los buscadores a responder, cualquiera sea su conducta. Además, la responsabilidad objetiva puede habilitar la profusión de juicios por difamación y/o la auto-creación de páginas de difamación para que sean indexadas por el Buscador que objetivamente deberá responder.

                                                                                                          Se resolvió, por mayoría, que a efectos de analizar la responsabilidad de los buscadores de Internet por los contenidos a los cuales puede accederse a través del software proporcionado por ellos, debe estarse a lo previsto en el art. 1109 del Código Civil, resultando inaplicable la teoría del riesgo creado, ya que si bien los buscadores actúan proporcionando al usuario una herramienta que utiliza una computadora para localizar contenidos determinados, éstos no son creados o puestos en la red por los buscadores (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D, D. C., V. c. Yahoo de Argentina S.R.L. y otro, 10/8/2010).

                                                                                                          Entiendo que no deben responder en forma automática por las conductas ilícitas de terceros, teniendo en cuenta que en internet circulan millones de noticias, lo que torna extremadamente dificultoso el control previo de todo lo que se difunde. Ello implicaría obligar a las empresas a monitorear constantemente los miles de perfiles o comentarios que se suben cada minuto. En mi opinión, para que se configure la responsabilidad deben darse algunas circunstancias, además de la existencia de una noticia difamatoria o injuriosa.

                                                                                                          Se dijo en el citado precedente de la Sala D que la responsabilidad civil de los buscadores de Internet sólo puede hacerse efectiva con posterioridad al reclamo del afectado solicitando el bloqueo del contenido que considera agraviante y disponible en la red, ya que sólo en ese momento, se configuraría una falta propia susceptible de ser apreciada en los términos de los arts. 512, 902, 1109 del Código Civil. En sentido similar puede  verse el fallo de primera instancia, del 24 de junio de 2011 dictado por el juez Juan Pablo Rodríguez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 62, en el caso “A. P. K. contra Google Inc y Yahoo de Argentina SRL” (luego revocado por la Sala J de esta Cámara, que aplicó el sistema de responsabilidad objetiva).

                                                                                                          Recuerdan Tomeo y Abieri (ob.cit.) que en 2009 fue presentado un proyecto de ley por el Senador Jujeño Guillermo Jenefes, entonces Presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, que tiene por objeto, entre otras cosas, regular la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet, incluyendo, por supuesto, a Los Buscadores. El proyecto define como Proveedores de Servicios de Internet (ISP) a los proveedores de acceso (Internet Acces Providers IAP), los proveedores de alojamiento (Hosting Service Providers) y los proveedores que ofrecen públicamente programas especiales que se utilizan para la ubicación de contenidos que tengan las particularidades definidas por el usuario (en otras palabras, los buscadores). Más adelante, el artículo 2 del proyecto, menciona que "cuando existan contenidos con información que se considere perjudicial a los derechos personalísimos, el eventual damnificado deberá notificar dicha circunstancia en forma fehaciente al ISP. Recibida la notificación, deberá iniciar de inmediato todas las medidas necesarias para impedir el acceso de cualquier usuario a los contenidos cuestionados, siempre que éstos fueren objetiva y ostensiblemente ilegales, nocivos u ofensivos para la persona afectada...".

                                                                                                          En este punto el proyecto recoge un procedimiento de notificaciones denominado "notice and take down", instituto previsto en el art. 512 de la "Digital Millenium Copyright Act" (DMCA) del año 1998 de los Estados Unidos. Constituye un mecanismo extrajudicial que implica quitar (takedown) de Internet los contenidos que se denuncian como difamatorios o ilegales luego de recibida la notificación pertinente (notice). Al recibir esta notificación el ISP debe actuar rápidamente y dar de baja o bloquear un contenido que le sea notificado como "difamatorio" o que atente contra un derecho personalísimo o de propiedad intelectual. Luego, el proyecto establece que el ISP que no cumpla con las obligaciones mencionadas (esto es, bloquear el contenido dañoso) será responsable de los daños y perjuicios materiales y morales que se ocasionen a la persona afectada. Y, finalmente, consagra una suerte de "responsabilidad solidaria" entre los ISP con representación local y sus controlantes extranjeros  por las condenas que se dicten en el territorio de la República Argentina cuando la causa o título de dicha condena fuesen responsabilidades definidas en la ley, concluyendo que todos los demás ISP extranjeros deberán someterse a la jurisdicción exclusiva de la República Argentina cuando los contenidos tengan un efecto sustancial directo y previsible en nuestro país. Esto último en una suerte de redefinición de normas de derecho internacional privado. La iniciativa presentada en el Congreso constituye un antecedente valioso y un primer paso para encontrar soluciones legislativas a esta materia.

                                                                                                          En el marco jurídico europeo existe la Directiva sobre Comercio Electrónico 2000/31/CE adoptada por el Parlamento y el Consejo Europeo en junio de 2000 (ver: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl---lang=en---ihmlang=en---lng1=en,es---lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl, pl,pt,ro,sk,sl,sv,---val=236968:cs---page=). Esta norma establece un marco legal europeo con una serie de directivas básicas comunes que los Estados miembros luego implementan con leyes internas. A diferencia del régimen norteamericano, la Directiva establece en su sección 4 una regulación única referente a la responsabilidad de los ISPs sin distinguir sobre el tipo de responsabilidad, ni la materia sobre la que se trate. La normativa europea exime de responsabilidad a los intermediarios que cumplan una serie de requisitos según el tipo de servicio. Así, la Directiva distingue tres tipos de servicios: mera transmisión de datos, alojamiento en memoria tampón (transitoria o cache) y alojamiento de datos. Sin embargo, no menciona a los motores de búsqueda.

                                                                                                          Si bien la Directiva no establece un mecanismo específico de notice and takedown, sí dispone que los ISPs que alojen información deberán, a fin de estar exentos de responsabilidad, retirar los datos que tengan conocimiento que son ilícitos. En cuanto al alojamiento de memoria tampón o caché los ISPs deberán retirar la información en cuanto tengan conocimiento que ésta ha sido retirada del lugar donde estaba o que un tribunal o autoridad administrativa ha ordenado que sea eliminada. A pesar de que la Directiva, no incluye a los motores de búsqueda entre los ISPs, y que no contiene un sistema de notice and takedown, los Estados miembros pueden incluirlos en sus legislaciones domésticas (ver sobre el tema: Zunino, Marcos, La responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet y la libertad de expresión, LA LEY 31/10/2012).

                                                                                                          España promulgó la ley 34/2002, según la cual los prestadores de servicios que faciliten enlaces o instrumentos de búsqueda no serán responsables si no tienen conocimiento efectivo que la información es ilícita y que si lo tienen actúan con diligencia para suprimir el enlace. Finalmente, en lo tocante a los proveedores de servicios de alojamiento y almacenamiento, no serán responsables por los contenidos alojados siempre y cuando no tengan conocimiento efectivo de la ilicitud de la información y que bloqueen el acceso a ésta con diligencia en caso de que lo tengan. La ley considera que un ISP tiene conocimiento efectivo de la ilicitud una vez que un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenando su retirada y el prestador conociere la resolución. Por lo tanto, solamente podría ser responsabilizado un ISP que incumpliera una orden de autoridad competente. Esta regulación, a diferencia de otras, no circunscribe la potestad de ordenar el bloqueo de un contenido a una autoridad judicial, sino que permitiría una fiscalización administrativa.

                                                                                                          Si bien es cierto que se trata (en la Argentina) de un Proyecto, o bien de legislación extranjera, creo que esta es la forma de encontrar equilibrio a los intereses en juego. En mi opinión, como dije, la responsabilidad no debe ser automática por el mero hecho de la difusión, pero sí puede configurase si la búsqueda sigue siendo posible a pesar de haber tomado conocimiento de la eventual ilicitud de la información que se difunde.

                                                                                                          Ahora bien, según algunas legislaciones, como la chilena (ley 24.435, dictada en abril de 2010), y algunas opiniones doctrinarias, se considera que el ISP solamente tendrá conocimiento efectivo cuando sea notificado por un tribunal de justicia competente. De esta forma, recién nacerá su responsabilidad si mantiene la información a pesar de que un tribunal le haya ordenado quitarla. En febrero de 2011 un proyecto de ley regulatorio de los proveedores de Internet fue presentado al Congreso por el diputado Federico Pinedo siguiendo también esta línea.

                                                                                                          Se afirma que de no ser así, se delega la función de determinar el carácter ilícito del contenido en los ISPs, lo que potencialmente podría llevar a que éstos supriman datos legítimos afectando así la libertad de expresión. Así, se aseguran las garantías del debido proceso a los supuestos infractores y no se erige a entes privados como juzgadores (Zunino, ob.cit.).

                                                                                                          En mi opinión, que se restrinja la responsabilidad de los ISPs por contenidos de terceros a los casos en que se nieguen a cumplir una orden judicial, como acontece en algunos países, es una exigencia un tanto engañosa.

                                                                                                          Es obvio que si alguien no cumple una orden de un juez está asumiendo una responsabilidad por su actitud; es una verdad de Perogrullo que no necesita que ninguna ley especial la establezca. En el Estado de Derecho es un acto relevante y que produce consecuencias no acatar mandatos judiciales. Esto no es posible ni siquiera discutirlo.

                                                                                                          Lo que no acepto es que la responsabilidad dependa de tal incumplimiento. A nadie se le ocurre que para demandar, por ejemplo, a entidades privadas que difunden datos erróneos, sea menester que primero desobedezcan una orden judicial (ejemplos de lo que sostengo pueden verse en la jurisprudencia en el caso del “Veraz” o de bancos que informan una inexistente morosidad). Si alguien difunde sin permiso la imagen de otro, su responsabilidad no nace cuando judicialmente se le exige que la retire y no lo hace; la responsabilidad es preexistente.

                                                                                                          En este sentido, comparto lo afirmado por la Dra Mattera en el sentido de que “...no sólo es poco práctica, además de onerosa para la víctima, sino que va de contramano de lo que se denomina actualmente ‘acceso a justicia’ que no implica judicializar los conflictos sino, por el contrario, procurar resolverlos con la mayor sencillez y celeridad y al menor costo mediante la implementación de métodos alternativos…” (CNCiv, Sala J, caso citado; conf. Tomeo, Fernando, Nuevo Proyecto de Ley para Proveedores de Servicio de Internet, Suplemento Actualidad del Diario La Ley, 3/5/2011).

                                                                                                          Claro que las demandadas no son las que han generado la información lesiva, sino que es volcada por terceros, muchas veces en forma anónima o con nombres falsos. De ahí que, atendiendo a esta situación, es que afirmo que la responsabilidad se configura cuando toma conocimiento efectivo y la mantiene. Obviamente, nadie mejor ni más interesado que el propio ofendido para ponerlas en conocimiento.

                                                                                                          Esto, claro está, asumiendo el argumento de la demandada de que no se encuentra en condiciones de fiscalizar todo el contenido de la red, lo que puedo entender como razonable en este caso, pero quizás no en otros (v. gr.: páginas con contenido pedófilo que lesionen derechos de un menor). Pero tampoco debo formular consideraciones abstractas, sino que debo ceñirme a las circunstancias del presente.

                                                                                                          Se dice que este sistema puede afectar la libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El rol que tiene Internet como ámbito para la libertad de expresión fue consagrado expresamente mediante el Decreto 1279/97 y la Ley 26.032. Estas, normas extendieron las garantías constitucionales de libertad de prensa a las expresiones vertidas en Internet.

                                                                                                          La libertad de expresión se reconoce en general como el derecho de hacer público, transmitir, manifestar, difundir y exteriorizar un conjunto de ideas, opiniones, críticas, imágenes, sentimientos, creencias, etc., a través de cualquier medio, ya sea oralmente; mediante símbolos y gestos; en forma escrita o gráfica; a través de la radio, el cine, el teatro, la televisión, Internet, el dibujo, la música, la pintura, la danza y, en general, toda otra actividad humana que tienda a la comunicación con los demás. El derecho fundamental a expresarse libremente tiene una naturaleza dual: es tanto un derecho subjetivo como un derecho colectivo.

                                                                                                          Sin embargo, no creo que el sistema que adopto afecte tal garantía. Hay que observar que si una persona se considera afectada y le pide al buscador que quite de sus búsquedas tal información supuestamente lesiva, eso no impide que el ofensor siga haciéndolo. Por ende, si alguien pretende difundir sus ideas, aún ofensivas, a través de internet, no será censurado. De lo que se trata es de que las demandadas no amplíen o difundan la opinión de un tercero que puede causar un daño.

                                                                                                          Quien pretenda difundir ideas a través del sistema lo puede hacer libremente y, como corresponde, es responsable de sus actos. Aquí no hay ninguna censura. Bien puede una persona crear una página y buscar la manera de que otros la conozcan para que la lean (v.gr.: publicando afiches, avisos, enviando mails, etc.). Es cuestión de saber la dirección.

                                                                                                          Además, el buscador puede, aún en contra del pedido del afectado, seguir difundiendo si le parece, al menos hasta que un juez se lo prohíba. Claro que una vez que una persona afectada pide ser sacada, tomará la decisión de seguir difundiendo o permitiendo la búsqueda, o no hacerlo. En tal caso, como en otros órdenes de la vida, tomar una decisión implica asumir una posible responsabilidad. Esto no es censura.

                                                                                                          Para completar el cuadro, es sabido y ha señalado esta Sala en numerosas oportunidades que así como la Constitución garantiza la libertad de prensa y de expresión, también protege el honor y la intimidad de todos los ciudadanos.

                                                                                                          Se discute en doctrina si la libertad de expresión es un derecho absoluto o reconoce ciertos límites. El debate desatado en este punto ha permitido establecer, con infinidad de matices, dos posturas centrales. Por una parte, se sitúan aquellos que entienden a la libertad de expresión como un derecho, en cuanto a su ejercicio, de carácter absoluto. Esto es, invocando dicha libertad cualquier expresión (no importa la forma que asuma) debe ser garantizada. Actuar en sentido contrario, llámese autocensurarse o censurar, significaría herir mortalmente una de las libertades básicas de una sociedad democrática.

                                                                                                          Enfrente se encuentran las voces que llaman al ejercicio "responsable" de la libertad de expresión. Se defiende aquí con la misma energía la función que cumple esta libertad para la vigencia de la democracia, pero se llama la atención sobre las consecuencias que un ejercicio "irresponsable" de la misma puede traer.

                                                                                                          La segunda postura, que comparto, en lo que aquí interesa, admite ciertas limitaciones, con apoyo en que los derechos constitucionales no son absolutos, y en que el derecho no debe limitarse a la reparación posterior, y ser un espectador de daños que se consuman permanentemente, sino que debe obrar como una herramienta adecuada para la prevención. Se dice que de esta forma la protección jurisdiccional se brinda en tiempo oportuno, evitando un daño o su agravamiento, y permite “acuñar un rostro más humano, sensible, realista y eficaz de la justicia” (De los Santos, Mabel, El caso “J. V.”, paradigma de la tutela preventiva, ED, 205-761).

                                                                                                          Es doctrina pacífica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que: "En el sistema de nuestras instituciones, no hay derechos absolutos sino que todos deben ejercerse con arreglo a las respectivas leyes reglamentarias, indispensables para el orden social. La normativa constitucional es genérica en este ámbito, es decir, enunciativa de los derechos y principios fundamentales que las leyes regulan para su ejercicio, las cuales siendo razonables no pueden impugnarse con éxito" (Fallos, 132: 360). El mismo Tribunal ha señalado reiteradamente que "La admisión de un derecho ilimitado importaría una concepción antisocial. Los derechos que la Constitución consagra no son absolutos; están sujetos a limitaciones o restricciones tendientes a hacerlos compatibles entre sí y con lo que corresponden a la comunidad" (Fallos, 253:133).

                                                                                                          La Corte Suprema también ha señalado que el derecho de expresión comparte con los demás derechos su condición "no absoluta" y naturalmente presenta límites, más allá de los cuales está el derecho de otro sujeto que merece igual consideración. "No todo lo que se difunde por la prensa escrita o se emite en programas radiales o televisivos o por cualquier otro medio, goza del amparo otorgado por la prohibición de la censura previa, sino aquello que por su contenido encuadra en la noción de información o difusión de idea" ("Servini de Cubría, María Romilda s/amparo", Fallos, 303:292, LA LEY, 1995-B-253). La medida de cada derecho, en particular si posee una naturaleza "social", determina, al mismo tiempo, la consiguiente contrapartida de responsabilidad que esa prerrogativa lleva implícita, y en tanto a los medios de comunicación y de prensa, así como a las expresiones artísticas, se les reconoce una amplia libertad por entender que es útil y bueno para la comunidad el enriquecimiento por medio de la difusión, reflexión o la confrontación de las ideas o de las expresiones del arte, esa libertad conlleva una igualmente grande responsabilidad social.

                                                                                                          A medida que la sociedad humana va evolucionando y los medios de comunicación van facilitando la interacción entre los individuos, a los que pueden hacer llegar con suma facilidad tanto noticias como opiniones, la comunidad también queda expuesta a engaños, patrañas, falsedades, ofensas o manipulaciones de todo tipo que pueden afectar a terceros o a grupos y hasta provocar conmociones sociales, situaciones de pánico, violencia, daños, etc. Pero como las sociedades evolucionadas consideran que bien vale la pena correr el riesgo, y consagran primero el derecho a la libre expresión antes que admitir la censura previa, admiten también que si durante el ejercicio de ese derecho se han violado garantías reconocidas a terceros, la sanción no puede quedar exenta de rigor. Como frente a dos derechos en pugna, la libertad de expresión es el principio a resguardar en primer término, la responsabilidad por el mal uso de tan importante libertad requiere una proporcional apreciación y justipreciación (Cabriza (h.), Ramón, Libertad de expresión, derechos religiosos y daño indemnizable, La Ley Online).

                                                                                                          Para concluir con el argumento vinculado al derecho de expresión, no se puede soslayar que en este caso no se trata de críticas personales o profesionales al actor, de comentarios más o menos desfavorables, sino de la inclusión injustificada de su nombre e imagen en un sitio que aparentemente le pertenece pero que fue creado por alguien falseando la verdad. Un tercero se hizo pasar por el actor para crear el blog; lo que escapa al ámbito de la libertad de expresión.

                                                                                                          No se trata de un tercero que opina desfavorablemente sobre el actor, sino de alguien que usurpó su identidad.

                                                                                                          Para combatir la idea de una responsabilidad ulterior se afirma que dado el volumen enorme de información que se maneja en la Red, si se extendiera la responsabilidad por intermediación de manera amplia, los ISPs de mayor envergadura se podrían enfrentar a un sinnúmero de demandas por diversas infracciones cometidas utilizando sus servicios. El impacto financiero que esta situación tendría sobre los ISPs llevaría a que para evitar los litigios, éstos restrinjan el intercambio de ideas en Internet o sencillamente no puedan seguir operando en el mercado. Esta situación evidentemente afectaría el intercambio de ideas que se canaliza por Internet.

                                                                                                          Este razonamiento lo considero inaceptable. En primer lugar, es meramente hipotético, ya que ninguna prueba existe en esta causa sobre la cantidad de demandas que se promueven contra los mencionados buscadores. No obstante, buscando en los repertorios de jurisprudencia, no son tantos los casos que se encuentran.

                                                                                                          En segundo lugar, no puedo ignorar que las demandadas son empresas muy poderosas desde el punto de vista económico, y que obtienen lucro por la actividad que realizan. Es un hecho público y notorio. Para el sitio, más usuarios significa mayor rentabilidad y valor económico. Son muchas las versiones sobre el valor de Google y sus ganancias anuales: en todos los casos los números son millonarios en dólares. Más aún, en lo que concierne a Google Argentina SRL, obran en el expediente actas sociales que revelan aumento del capital social, así como importantes ganancias (ver fs. 262/3).

                                                                                                          En suma, para no seguir extendiéndome, considero que puede configurarse la responsabilidad civil del buscador por el contenido incorporado por un tercero, si toma efectivo conocimiento, lo que se concretaría una vez requerida la quita por el eventual afectado, y esta no se lleva a cabo.

                                                                                                          Además, este es el sistema instrumentado por Google, ya que prevé que a pesar de las condiciones del servicio que impone a los usuarios –en el caso creador de un blog-, estos no pueden afectar derechos de terceros. A su vez, si un tercero se siente afectado por los contenidos publicados en un sitio “blogspot.com” puede acceder a una opción para denunciar abusos en el uso del servicio Blogger. Es decir que Google ofrece un sistema a los supuestos afectados para remediar la situación.

                                                                                                          Aceptado lo anterior, examinaré lo acontecido en el presente caso, en función de las pruebas aportadas.

                                                                                                          Surge de autos que el actor tomó conocimiento de la existencia del blog el 5 de enero de 2009 (fs. 4/5). Hubo un intercambio epistolar en el cual el 5 de enero intimó a la demandada a que impida la visualización del sitio. Google Inc. le comunicó con fecha 13 de febrero de 2009 que había procedido a dar de baja el sitio en cuestión, indicando que, sin perjuicio de que el accionante no hubiese concurrido por la vía de contacto que Blogger.com tiene dispuesta para realizar cualquier tipo de reclamos en relación al contenido de los sitios.

                                                                                                          Asimismo, en la carta documento de fecha 28 de enero de 2009 Google Inc. le dio las instrucciones que debe seguir cuando para el particular haya un presunto documento difamatorio, y le hace saber que: Blogger no elimina blogs que contengan insultos o comentarios negativos, si bien los blogs que contienen este tipo de contenido pueden ser desagradables, Blogger no está en condiciones de arbitrar las controversias del blog y quien pueda considerarse afectado. Ante ello, el actor con fecha 23 de febrero de 2009 le remitió una carta documento indicando que, aún se accede al blog, motivo de la presente litis. Y se fijó fecha de mediación el 26/02/09 a la cual la demandada no contestó.

                                                                                                          Lo cierto es que Google accedió a dar de baja el blog cuestionado, “no por su carácter supuestamente injuriante sino por existir un uso no autorizado del nombre del actor”, conforme lo manifestado por la demandada a fs. 333vta.

                                                                                                          Si bien la demandada se avino a proceder a la baja del blog ante el requerimiento del actor por carta documento, la juez de primera instancia admitió el resarcimiento considerando “el tiempo transcurrido durante el cual, el actor estuvo expuesto en el blog, esto es, desde diciembre de 2008 hasta marzo de 2009 aproximadamente, lo cual le ocasionó padecimientos en su fuero íntimo”. Agregó que “las herramientas técnicas ofrecidas on line por Google para rectificar o dar de bajar el contenido de un blog, no resultan sencillas y habituales para el manejo del usuario común. Por lo cual considera la suscripta que lo manifestado por Google respecto a que el actor no hizo uso adecuado de las herramientas on line, no resulta eximente de responsabilidad como organizador del sitio, quien debe asumir el riesgo por ser una actividad riesgosa” (ver fs. 351 y 353 vta).

                                                                                                          Es un tanto confuso el tema de las fechas, pues del acta de constatación obrante a fs. 6, surge que el día 7 de abril de 2009 el actor aún se quejaba de la existencia de dicho blog, y de la posibilidad de ser visto a través de la opción “en cache” (ver también carta documento de fs. 15).

                                                                                                          Lo cierto es que la conclusión de la a quo, de que estuvo alrededor de dos meses expuesto a las búsquedas, no es controvertida en esta instancia.

                                                                                                          Como señalé a lo largo de este voto, considero que el buscador puede ser responsable a partir de que toma conocimiento efectivo. Esto es, a partir del conocimiento, habrá que evaluar cuál fue su conducta; si obró con diligencia o por el contrario su obrar fue descuidado.

                                                                                                          En el caso de autos, entiendo que haber demorado dos meses para quitar al actor del blog creado falsamente con su nombre, y con la finalidad de ponerlo en ridículo, no fue una actividad diligente. Creo que excedió el plazo razonable, máxime teniendo en cuenta que no era necesario evaluar el contenido sino constatar que se usaba el nombre del actor sin su permiso.

                                                                                                          A su vez, entiendo que esa demora le causó un daño al actor, ya que he leído el contenido y es evidente que se lo ridiculiza, al hacerlo aparecer dando consejos impropios de su actividad. Propongo entonces que se confirme lo resuelto al respecto.

                                                                                                          Se agravian las partes del monto fijado en concepto de indemnización. Se ha dicho en numerosas oportunidades que no es fácil determinar la cuantía del daño moral, sujeta en definitiva a la prudente valoración judicial.

                                                                                                          En el caso, considero que la suma fijada en primera instancia es insuficiente para compensar los padecimientos sufridos, y propongo que se la eleve a la cantidad de pesos veinte mil ($20.000).

                                                                                                          Por último, se agravia Google Argentina SRL de que también se la haya incluido en la condena, pues en su momento opuso la excepción de falta de legitimación pasiva. Dice en el memorial que “expresamente alegó y demostró en autos que no presta ni participa del servicio Blogger, que motivara el reclamo del actor” (fs. 515 vta).

                                                                                                          A fs. 193 y ss se encuentra la escritura pública de constitución de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Google Argentina SRL. Dice el art. Tercero que tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y de terceros “en cualquier parte de la República Argentina o del extranjero a la venta y comercialización de productos y servicios en materia de búsquedas por Internet” (ver fs. 193 vta). Posteriormente, en abril de 2006, cambió su denominación a G-Le SRL (ver fs. 197 vta), pero volvió a la denominación original en junio de 2006, dado que la sociedad forma parte del grupo Google. Este se hizo a expreso pedido del representante de Google International LLC (ver fs. 200). Las cuotas sociales de G-Le fueron cedidas a este último (ver fs. 205, 221). De fs. 230 surge que Google Argentina le pertenece en un 3,7% a Google International LLC y en un 96,27 % a Google INC, aunque esta integración ha ido cambiando en el tiempo (ver fs. 259).

                                                                                                          Esta es toda la prueba, y no encuentro que la apelante sea ajena a la cuestión que se discute en este expediente. Como dije, su objeto social revela que su actividad está centrada en la búsqueda a través de Internet.

                                                                                                          Por todo lo expuesto, voto que se modifique la sentencia apelada, elevándose el monto de la indemnización a la suma de $20.000, y que se la confirme en todo lo demás que decide; con costas de esta instancia a las demandadas vencidas.

La Dra. Abreut de Begher dijo:

Adhiero a las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper en su voto, proponiendo  la solución allí indicada.

Se deja constancia de que la Vocalía 22 se encuentra vacante (art. 36 del RLFMyEJN).

Con lo que se dio por finalizado el acto, firmando los señores Jueces por ante mí de lo que doy fe.-

Buenos Aires,                                                                                      5              de diciembre de 2012.-

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente, por unanimidad, el Tribunal decide:

I.- Modificar la sentencia apelada, elevándose el monto de la indemnización a la suma de $20.000, confirmándose el fallo recurrido en todo lo demás que decide; con costas de esta instancia a las demandadas vencidas.

II.- En atención a lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal, corresponde dejar sin efecto las regulaciones efectuadas en la instancia de grado y establecer los honorarios de los profesionales intervinientes adecuándolos a este nuevo pronunciamiento.

Sentado lo anterior se tendrá en cuenta el objeto de las presentes actuaciones y el interés económicamente comprometido,  naturaleza  del  proceso  y  su  resultado, etapas procesales cumplidas, y el mérito de la labor profesional apreciada por su calidad, eficacia y extensión, considerando además lo dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 9, 10, 19, 37, 38 y concs. de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432-.

En consecuencia, se regula el honorario del Dr. Carlos Federico Bossi Ballester, patrocinante de la parte actora hasta la mitad de la segunda etapa (fs.269), y apoderado desde allí hasta cumplida la tercera inclusive, en la suma de $ 4.000.

Los del letrado apoderado de las demandadas, Dr. Juan Pablo Bonficio, por una etapa del proceso, la suma de $ 1.000. El honorario del Dr. Arnaldo Cisilino, apoderado durante dos etapas del proceso, se regula en la suma de $ 2.000 y el de la Dra. María Eugenia Videla, por su participación en la audiencia de fs. 271, en la suma de $ 500.

III.- En cuanto a los honorarios de los peritos, se tendrá en consideración el monto del proceso conforme lo decidido precedentemente, la entidad de las cuestiones sometidas a su respectivos dictamen,  mérito, calidad y extensión de la tarea, incidencia en la decisión final del litigio y proporcionalidad que debe guardar con los estipendios regulados a favor de los profesionales que actuaron durante toda la tramitación de la causa (art. 478 del CPCC).

Por lo antes expuesto, se regulan los honorarios del perito psicólogo Luis Horacio Mattos en la suma de $ 600.

IV.- Por otra parte, deben ponderarse, en la materia, las particulares características y el contenido normativo que rige en materia de honorarios de los mediadores.

En efecto, con posterioridad a la regulación prevista por el decreto 91/98, se sancionó el decreto 1465/07. Entre los fundamentos volcados en los considerandos de esta última norma, se destaca el que establece que “los montos de los aranceles y de los honorarios que perciben por su labor los mediadores han permanecido inalterados y se han tornado insuficientes, lo que justifica que se aumenten”. Luego, no cabe duda de que la finalidad perseguida por la citada norma fue la de actualizar las escalas contenidas en el decreto originario (91/98). Así lo ha entendido esta Sala en reiteradas oportunidades (conf. esta Sala in re “Casale Gustavo Angel c/ Curtosi Alberto s/ daños y perjuicios” del 12/04/2010, recurso 551.556).

Con la sanción de la ley 26.589 y su decreto reglamentario 1467/2011, se derogaron los decretos 91/98 y 1465/2007 –salvo las excepciones expresamente contempladas– (cfr. art. 8°). El anexo III del citado decreto 1467/2011 contiene una nueva escala arancelaria que, sin duda alguna, actualiza la anterior (del dec. 1465/07) con idénticos fines que los reseñados precedentemente (cfr. esta Sala, 16-5-2012, in re “Oviedo, Lilia Susana c/Cons. de Prop. Arenales 2891/93 Cap. Fed. y otro s/daños y perjuicios”, rec. 600.368).

En consecuencia, se regulan los honorarios de la mediadora Ana María Lemmo en la suma de $ 1.200.

V.- Finalmente, por su actuación ante Cámara, se regulan los honorarios del Dr. Bossi Ballester en la suma de $ 1.200 y los del Dr. Cisilino en la suma de $ 1.000.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.- Fdo.: Liliana E. Abreut de Begher, Claudio M. Kiper.-

En concusión.

Los yerros que conciernen a esta sentencia bien pueden ser posibles por la falta de alegación de puntos cruciales de las partes, pero se pierde en vano en legislaciones comparadas cuyos niveles educativos son superiores el nuestro. El Estado ha dejado caer en la ignorancia de tal modo a las personas, que las mismas bien pueden ser víctimas de esos cambios tecnológicos sin la correlativa información de los riesgos, y generando, al igual que cualquier droga química, una adicción a la internet, que luego no puede mejorar sino es fustigando a ciertos sectores que proveen servicios a consumidores, que a su vez reclaman, formando un conjunto único.

Nada tiene que ver la ganancia, nada tiene que ver la responsabilidad por la misma, o la responsabilidad objetiva, ante el hecho de la legitimación pasiva del Estado en su omisión del deber jurídico de actuar para sanear situaciones sociales, lo que nunca debe ser interpretado como restricción a la libertad de expresión. Como tampoco se habla de la imposibilidad de ser adicto, ciertamente el Estado sí suele actuar en lo concerniente a drogas químicas, aunque sea pálidamente.

Por lo expuesto la carga de las pruebas dinámicas, se impone como solución: la prueba del deshonor residirá en el hecho de la autoexposición en internet, de manera irrazonable a los fines tenidos en cuenta, llegándose, en algunos casos, a la ajenidad en los contenidos, casi completa.

En tanto esto ocurre, una industria del juicio se prepara, para las especulaciones y ganancias económicas afectando al ISP, y delegando el propio Estado, funciones que le son propias y que potencian los gastos de los buscadores, que siempre, desde que existe la red, internet, ha sido la misma función la cumplida. Es más la sociedad que se ha deteriorado en su conocimiento que lo que un ISP, pudo haber hecho en muchos años.

 

Conclusión.

 

Indisputablemente estamos ante un hecho social de la web adicción, y, en este sentido, hay una grave omisión del Estado en su deber jurídico de actuar, incluso en el ámbito del Poder Judicial. El honor, puede ser demostrado, y la ajenidad a esos contenidos, puede ser demostrado por el reclamante de los daños ocasionados.

En este punto nada tiene que ver ni la libertad de expresión ni la analogía con medios de difusión en los que los buscadores nada tienen que ver, ni intervienen. La responsabilidad no puede ser objetiva porque depende solamente de lo que un particular en su domicilio, o privacidad, mejor dicho, hace y deshace. El sistema es esencialmente anónimo, y más allá de las consideraciones de casi todos los fallos, y de la libertad de expresión, la víctima lo es tal, en función de una sociedad adictiva a la red internet, que, como antes dije, no posee la seriedad, no tiene la entidad de causar los mismos daños que la prensa.

El Estado no asume la obligación que le corresponde, está situado en acciones meramente gendarmes, no educa, no informa al consumidor, ni siquiera se comporta como el aviso que le obliga a las tabacaleras, de poner advertencias en los paquetes, como, ya es sabido “El Fumar es perjudicial para la salud”, “El fumar causa cáncer” entre otras advertencias. No, no ha hecho absolutamente nada y, al contrario, se ha introducido en la adicción a la red internet, mediante múltiples mecanismos, por todos conocidos.

Entiendo que ante este hecho generalizado y la falta de información al consumidor, el deber de educación que pesa sobre el Estado, él, y los funcionarios que lo integran son los principales responsables, y, posiblemente la propia víctima quien se ha sometido a un peligro muchas veces innecesario.

El daño, en consecuencia, va a depender siempre de la seriedad que se le conceda a la red internet, que, para el que escribe, es casi inexistente, pero no en el marco de una web adicción en la que la sociedad toda se enmarca en un sistema objetivo de consumo e información en los que los buscadores son sólo una parte de un sistema que se ha pervertido.

No he leído aún fallo judicial o doctrina de los autores relacionado con las adicciones masivas. No se tienen en cuenta, en las sentencias, el hecho social de la decadencia de valores, y ello se hace visible en el consumo. Lo que el público consume, es lo que se comercializa. Si admitimos la responsabilidad de las empresas tabacaleras es entonces inútil el guiarse por este análisis. La diferencia estriba justamente en ello, en la cantidad de imágenes de pornografía que se localizan por medio de los buscadores. Hablar en un fallo, en la que no doy por inexistente, ni decaído, el derecho al honor de quien reclama, y a la dignidad de quien interpuso esta demanda, se estableció una serie de consideraciones, con cita, incluso de tratados internacionales. El reconocimiento de el hecho social del consumo y su degradación, no es tenido en cuenta, pero vale para quien escribe. ¿Por qué no reconocer esta decadencia de valores?.

La llamada adicción a internet, ya referida en estas páginas. debiera ser el centro de atención. Nada de lo que ninguna sentencia es falso, pero siempre se omite toda consideración al tipo consumo para el cual los usuarios se valen de los buscadores.. Por ende, ante circunstancias como la señalada, solamente he indicado, que, ante esta degradación social en el consumo de información, quien pretende el resarcimiento, es hora ya, de tener que probar algo de los extremos que aduce la sentencia en su contenido, como aparece que el actor lo ha hecho, y no basar esa sentencia, en cuestiones meramente abstracta de reconocimiento de derechos que se saben, y se tienen por reconocidos mundialmente, por nuestra condición humana. Decir que una persona debe probar, siquiera indiciariamente, su deshonra provocado por terceros, incluyendo buscadores, incluyendo sitios web, podrá ser considerado como un elemento repulsivo. No puedo dejar de entender tampoco por cuál razón lo es, si bastaría con demostrar la no exposición de la persona a un ámbito de consumo degradado con los valores indicados en esta sentencia. Por ende, quien mercantiliza la información aprovecha, sin dudas, económicamente el fenómeno.

Al respecto, es deber mantener propiamente incólume la dignidad de la persona en todo momento, pues, el Estado es el propio responsable de la degradación del consumo. No existe educación para el consumo, e, incluso, diría que en muchas ocasiones, ni siquiera existe alguna consideración para con el ser humano convertido en cosa, como elemento o engranaje de ganancias Y esto no sucede solamente en la red, internet, sino en todos los ámbitos donde la democracia, considerada como respeto por los derechos y garantías de manera permanente por lo ajeno, es una forma de vida, y no se limita a los sufragios, o elección de autoridades sino al respeto por la singularidad ajena, que lo hace individuo. El masivo consumo hacia el cigarrillo ha sido tolerado por las mismas autoridades capaces de generar las condiciones necesarias para el bienestar social, o el mal llamado "Estado de Bienestar". De manera de "Estado Gendarme", y a sabiendas de las consecuencias posibles de los hechos, las autoridades encargadas de cuidar nuestros derechos individuales, donde, como bien dice un fallo ( Krum, Andrea Paola c/ Yahoo de Argentina S. R. L. y otro s/ daños y perjuicios” ) que , hay un orden lógico de derechos, y cuanto ellos se cumplen en los sectores esenciales de esos derechos, las consecuencias se disparan al reconocimiento de los restantes. El hecho de que en nuestro ordenamiento jurídico completo, se reconozcan todos los derechos vinculados a la intimidad de la persona humana y su dignidad, no significa que el plexo social lo haga.

Por tal motivo se dan estas situaciones conflictivas, donde el anonimato, y el silencio, no permiten recabar datos relativos a los verdaderos daños padecidos. Hablar del Derecho al Honor, de manera genérica, es la mera presuposición que el mismo tiene una existencia y no se ha renunciado, fácticamente, por cuanto jurídicamente es imposible, renunciar a ese derecho. Decir que los derechos humanos son irrenunciables y reconocerlos a todos por igual, genera víctimas que no son tales. Y, en consecuencia, daños que no existen o son meros supuestos. ¿Quien aprovecha a quien de acuerdo a parámetros de un sentenciante que no toma en consideración la prueba aportada por el actor que, a mi entender llevó prueba indiciaria de no haber aportado datos a sitios web?. Pude ocurrir, con estos parámetros de sentencia, que hayas sucedido que uno aproveche al otro, o sea la víctima al victimario, o a la inversa. O que se asocien tácitamente, ni siquiera para una continuidad, puede incluso, ese tipo de asociación tácito derivarse a una conveniencia, siquiera temporal.

Lo que importa es la perturbación al espíritu, al individuo, y no obtener ni inferir, sólo por el extremos del reconocimiento de los derechos, la no renuncia, a lo menos temporal, pues, quien así ha actuado, se ha expuesto voluntariamente a una peligro para su futuro como persona humana. Reconocer en sentido general, no significa que no seamos sujetos singulares y distintos. No me aproximo a decir, de tener la carga de la prueba de la afectación a los derechos humanos mas trascendentales, como el derecho a la dignidad. Me limito a señalar que el mero reconocimiento, no explica, ante este fenómeno de consumo ( en el caso de contenido sexual ), que esté vedada la prueba del daño sufrido. Si bien este daño, muy reconocido como "daño moral", se presume, se entra en una religión cuando se pasa al sentido que ese derecho, irrenunciable, por supuesto, desde el ángulo jurídico, sea igual en todas las personas. Si por sentido inverso, sostenemos a las diferencias que nos hacen únicos e irrepetibles, es decir, entrando al terreno individuo, y el reconocimiento de tales singularidades, es claro y evidente en nuestro ordenamiento jurídico basado en ese respeto, partiendo de una Constitución de corte liberal, para el respeto del individuo de carne y hueso, me pregunto: ¿Cual es el cimiento jurídico que se tambalea si la carga de la prueba, por ínfima que sea, no recae sobre quien reclama la indemnización no sólo ante los buscadores, sino ante los creadores de páginas web, o quienes las aprovechan, conducen, administran y disponen, lo cual demuestra el tipo de consumo masivo, estuvo exento de la exposición de su propia imagen, para poder reclamar la indemnización de un daño. ¿Qué norma jurídica prohíbe la demostración, siquiera indiciaria?. Hay daño en la dignidad de la persona, cuando ese daño, no se auto ocasiona, sometiéndose previsiblemente al curso normal y ordinario de las cosas ( arts. 901 y 902 del Código Civil ). Y si no existe impedimento alguno, para algún tipo de demostración, del daño presumido, en el sentido de la no auto exposición, ¿Por cuál razón ante el evidente distorsionamiento del consumo de información no se exige algún elemento probatorio a la propia víctima?. Sostenemos que todos somos iguales ante la ley. Pero decir que somos todos iguales ante la ley, no significa que todos seamos iguales.

En este último caso, de ser cierta la afirmación, entonces la responsabilidad de todos los buscadores sería debatible. Mientras esta distorsión en el consumo, se mantenga, no puedo determinar a la verdadera víctima, siendo para los jueces, un hecho de conocimiento público. El sexo, como palabra llave, obviamente, en el curso de nuestro tiempo, es una palabra de notable atracción, como otras adicciones, que poco a poco, han ido desapareciendo mientras surgieron otras. Eso significa que un juez deba admitir a una sociedad corrompida en las costumbres de consumo. Pero nadie se anima a decirlo. Todo es Derecho y reconocimiento de Derechos, pero nadie ha investigado a las circunstancias que han rodeado a cada caso en particular. Sencillamente por cuanto la paz social a lo que la justicia dice estar llamada a procurar, necesita de la suficiente valentía de reconocer, como dicen los carteles "el fumar es perjudicial para la salud" y sin embargo el cigarrillo sigue vendiéndose. Pero lo que es mas: las mayor parte de las veces, habrá mucho desacomodo social, si se prohibiera su manufactura, o su circulación. Es deber del Estado resistir esos embates. Como lo hace y lo ha hecho siempre, con respecto a las drogas químicas. Pero no hay legislación, no hay prohibición, y, en consecuencia, estos conflictos ante la inobservancia del poder de policía del Estado, se producen como corolario natural. Tampoco se animan a considerar el hecho sociológico masivo de la adicción generalizada a internet y a ciertos sitios, en general, o mejor dicho, a ciertas temáticas,, los magistrados que evalúan jurisprudencialmente, lo hacen verticalmente, o sea desde el reconocimiento de los derechos, siendo el daño, la suposición, cuando ante este cuadro de consumo masivo conocido por los jueces, les resulta o debería resultar evidente.

Cuando los propios poderes del Estado, no observa ninguno, estos fenómenos sociales y hasta el hartazgo hablan de la paz social y del Estado de Bienestar, obviamente, cerrando los ojos, no importa si el daño está ocasionado o no. Vale decir, se usa a la legislación para probar el daño en toda y cualquier circunstancia. El daño, es un hecho real y para aproximarse a la justicia, en este marco del consumo, menester es, en consecuencia, acreditar siquiera indiciariamente, que la persona llamada víctima, no utilizó sus derechos irrenunciables en pos de alguna satisfacción personal. Los buscadores no pueden saberlo. Se culpa a terceros, se los cita a juicio y todos deben tener la carga de la prueba que los demuestre que el daño no lo han causado. Lo dan por sentado. Todos hablan del daño, y las sentencias se pronuncian sobre ello. Sin embargo, en el ejido social enfermo del consumo de sexo, nada aporta la víctima. Que no es lo mismo que decir el deber de acreditar el tener que demostrar ser una persona que a lo largo de su vida, ha hecho sólo obras de bien, en razón de ser creyente, a modo de ejemplo. Bastaría con la mera prueba de no haberse expuesto, en su alegada dignidad, con algunos indicios, que la justicia nunca reclama. Es elemental que, una modelo, que pudo haberse expuesto mas de lo debido, deba a la justicia esa mínima prueba. De otra manera solo el obrar doloso del buscador, no determinado por la sentencia que transcribiré, haría pasible el resarcimiento. No de la forma en la que las sentencias lo hacen. En este sentido, nada tiene que ver la teoría de los propios actos, sino la de la propia torpeza. Si me expongo a una masa crítica de consumo de sexo, previsible me resulta su divulgación. A circunstancias distintas soluciones distintas. La justicia, empero, parte sólo de una suposición de daño y de víctima, olvidando esos extremos.

Respecto de la teoría de la responsabilidad objetiva consideradas en varias sentencias.

La responsabilidad objetiva, la que surge por el hecho del propio peligro de la cosa, o sea de los elementos que componen la indexación, pergeñados por el propio buscador para el consumo, y por ende para su enriquecimiento de cualquier manera posible en la que es factible dicho enriquecimiento, va tildada de la posibilidad de acudir a la culpa de quien se dice víctima, que será el tercero por quien no tiene el deber de responder ( art. 1113 del Código Civil ). No exime a lo expuesto que los buscadores y además las páginas web dedicadas entre otras cosas al sexo, no puedan demostrar que el supuesto daño lo ocasionó la propia víctima. Lo establece dicha norma. Para esto, y a modo de ejemplo, al indexar, como tienen en cuenta la cuantía de clics, sobre determinadas palabras llave, o Keywords, máxime si el sistema se encuentra robotizado. La previsibilidad de la ocurrencia del daño es otro de los datos a tomar en cuenta. Si bien la norma del art. 1113 del Código Civil, establece una prueba fehaciente, lo hace con respecto a terceros que no resultan ser víctimas de acto alguno. La culpa de la víctima, no necesita mas que algunos extremos de acreditación, pues, no se trata de una odiosidad al propietario ( de la cosa riesgosa ), sino que la víctima imprudente, puede haberse expuesto ante un sistema hoy por todos conocido, donde la reproducción, copia o clonación de contenidos, es sencilla. No podemos olvidar que el buscador vende lo que el consumidor compra. Me resulta previsible, si fumo, el tener cualquier enfermedad pulmonar en lo futuro. De mediar esa situación de culpa, el buscador, que no ha actuado dolosamente, debe quedar exento de responsabilidad.

Teoría de la culpa.

Tampoco puede hablarse de culpa del buscador, cuando el mismo, que toma en consideración los hechos generales que acontecen socialmente, como el consumo de pornografía, incurre por ello en culpa, pues, tal atribución de responsabilidad no lo puede convertir en gendarme de las costumbres sociales y el consumo masivo, de pornografía, por poner un ejemplo.

La advertencia al buscador.

Obviamente la mencionada advertencia a la que hace alusión la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "RODRIGUEZ, María Belén c/ GOOGLE INC. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS" debe hacerse en tiempo propio, que, como dice el peritaje en esta sentencia 7 meses es como remontarse al pleistoceno en internet como se señaló por un perito en el caso "Krum, Andrea Paola c/ Yahoo de Argentina S. R. L. y otro s/ daños y perjuicios” En consecuencia, advertida una persona que un contenido se ha elevado a la red, inmediatamente debe actuar como un buen hombre de negocios, como señala la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vale decir, que el deber de obrar con velocidad es recíproco. Y cuanto mayor el conocimiento posible de las cosas, mayor la carga de la evitación de la propagación de los contenidos. Ante sistemas robotizados, como la sentencia lo destaca, en el caso Yahoo, el volumen de información no resulta muy controlable, sumado a la dinámica propia de los contenido de la web. La persona puede hacer la advertencia en cualquier momento, y nunca necesitará esperar a que un contenido sea propagado manteniéndose en estado de total indiferencia durante el lapso posible de propagación de fotografías, textos o filmaciones. Vale este comportamiento diligente, que señaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ambos. Uno por el interés personal, y el otro, advertido, por procurar eliminar al máximo posible la difusión, tal como en los mencionados autos KRUM, Expte. N° 84.103/2007 de la sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la capital Federal en fallo del 31 de agosto de 2012, en el caso, ha hecho Yahoo.

La doctrina de la C.S.J.N.

En el citado fallo compara culpar a la ruta por los actos ilícitos de dos ciudades unidas o conectadas por la ruta. El derecho a internet, en variados planteos, se hace imposible sin la existencia de buscadores.

La instrumentalidad. Un instrumento no documental, es esencialmente estático. No es lo mismo un periódico, cuya dinámica no existe en el ejemplar que se adquiere, que hablar de instrumentalidad en contenidos que constantemente cambian. Eso no es un documento ni público ni privado, puede ser un instrumento, pero como elemento cambiante y bastante dinámico, es imposible atribuirle carácter documental, incluso, aunque provenga de Organos del Estado.

Relevancia.

Como se ha dicho y repetirlo hasta el hartazgo: "Expresarse por internet, no es lo mismo que expresarse verbalmente o por escrito, o por nota dejada en un periódico de mayor o menor circulación. Es sabido que los periódicos más locales, son los que proveen de información más certera sobre lo que en una zona determinada ha sucedido. Cuanto más amplia la cantidad de consumidores, menor la posibilidad de información precisa. Es enorme y nunca antes vista la cantidad de información circulante por la red. Por ello la necesidad de buscadores, herramienta que permite clasificar la información más seria, por parte del consumidor. Esta herramienta nace como consecuencia de la expansión de contenidos informáticos, y surge para los que la necesitan, como una necesidad. Pero esta herramienta se enmarca dentro de una expansión tan amplia de la información, que por esa misma razón nace, y nadie puede sobreexigir a un buscador mas allá de sus posibilidades o imponerle más costos operativos sobre la red porque la misma sigue en expansión. Este costo adicional, es motivo de alarma, desde que constituye un obstáculo para la libertad de expresión. Buscadores que deberán, por motivos de fallos judiciales aumentar los costos por los controles de manera descomunal. Los consumidores se consideran cada vez más víctimas de los contenidos de la red y atribuyen responsabilidades en muchos casos inexistentes. Son los propios consumidores los que quitan esa seriedad a la información, subiendo constantemente cantidad de contenidos. Cuadra por lo tanto decir, que es el propio consumidor quien le puede otorgar credibilidad al contenido informático. Que los propios consumidores, que hoy se consideran víctimas y son los que destrozan la credibilidad de la red, contraigan noviazgos, luego matrimonios, sólo por dar algunos ejemplos, no les exime del propio deber de auto control, por cuanto las consecuencia futuras adecuadas y previsibles, está también en manos de los mismos. Los buscadores no juzgan sobre la seriedad relativa de los contenidos de las páginas web, solamente funcionan con relación a la masa de consumidores. Pero gran masa de consumidores no ha usado internet con el objeto de recabar información, sino solamente se constituyó en una adicción." La libertad de expresión. Sostener la indemnización por los perjuicios causados, en base sólo y tan sólo a derechos reconocidos y la libertad de expresión, sobre la base de la dinámica apuntada, el software existente que lo que menos permite es el copiado y pegado, hurto de páginas o de su contenido, aún con violación de los derecho de autor, no es el elemento gobernante en la red internet. La misma tiene una instrumentalidad reconocida, pero la libertad de expresión, se refiere a lo que el individuo quiere comunicar, como noticia o parecer. Es insustentable la idea de libertad de expresión en los marcos donde nadie sabe quien escribe o habla. El daño y su prueba. En presencia de un mundo globalizado por la red internet, donde los cambios son incalculables, nada impide la colaboración en materia probatoria, tanto respecto de quien se dice víctima como de quien se dice victimario. Como antes señalé: no existe un solo cimiento jurídico que se tambalee. La cosa riesgosa y su uso. Casi todos hacen uso de la llamada "cosa riesgosa", es decir, internet, y el Estado lo mismo. La vida social, ha cambiado, cualquiera fuere el punto de vista, para bien o para peor, pero eso no justifica un desconocimiento de una persona aislada de un sistema que nació hace ya muchos años, y del que todos o casi todos aprovechan, aún hasta en la telefonía. La falta de reconocimiento por parte de los jueces, y el desconocimiento de la adicción a internet, hechos que jamás han considerado en sus sentencias, las hacen posiblemente injustas, por la falta de elementos de prueba mas razonables, de acuerdo a cada circunstancia en particular. Por el momento, el dolo o la intención de perjudicar. Mientras esto no se acepte, habrá que estar a la disposición que necesita la intencionalidad de lastimar. La que surge del propio Código Civil, cuando dice: "El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias; además, podrá éste, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente para una adecuada reparación. Nota de Actualización:* Artículo 1071 bis del Código Civil, agregado por ley 21.173.

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