EL AGUA Y LAS TARIFAS TASAS - LA ZONIFICACIÓN - EL CONTENIDO IMPOSITIVO DE LA TARIFA - EL NECESARIO JUICIO DE AMPARO - LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE SUMINISTAR AGUA - EL ESTADO TITULAR DE SERVICIO PUBLICO - CONSUMO AGUA METROS CUADRADOS O POR INDIVIDUO

 

EL PROBLEMA SUPUESTAMENTE TARIFARIO DEL AGUA - DERECHO DE INCIDENCIA COLECTIVA - AMPARO POR CUADRO TARIFARIO - NECESIDAD Y OBLIGACIÓN DEL ESTADO EN LA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE DE MANERA GRATUITA.

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Por el doctor Juan Carlos Muse Generch. 

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El cuadro tarifario actual y el derecho a la salud y a la vida.

La tarifa como impuesto por la defensa de nuestros derechos. El cobro por el lote de terreno en lugar de considerar la necesidad biológica. El cuadro productivo de la tarifa, precio o mejor dicho impuesto para proteger nuestro derecho a la salud.

¿Relación de consumo u obligación del Estado de proveer a los seres vivos ( humanos ) de agua?

Derecho de orden biológico irrenunciable.

TRATADOS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES.

 

 

 

El cuadro tarifario actual y el derecho a la salud y a la vida.

Con el reciente cuadro tarifario del agua potable, se impone entender primeramente que no conforma una necesidad exclusivamente humana. Hay un componente biológico insuperable, ya que ha sido un elemento esencial para el desarrollo de la vida en nuestro planeta, y configura una necesidad biológica elemental.

Pagar por ese derecho, es desconocerlo, desconocerlo como el derecho a la vida y, directamente a la salud.

Nadie debería pagar por tener la condición de ser, algo vivo.

La pregunta es, cuánta agua necesita una persona humana por día para la protección de dicho derecho.

Todo exceso puede ser materia de un cuadro tarifario incluso elevado, pues, todo consumo más allá del razonable perjudica a la otra persona viva, y le conculca ese derecho a la salud y a la vida misma, poniendo en peligro además la salud pública general.

El acceso al agua potable es un derecho humano que se sitúa en los denominados Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y en el desarrollo de las observaciones sobre estos

pactos proferidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

También se impone otra pregunta, y es la medida que tenga que ver con una vida digna. Sin embargo, no dejo de desconocer que el concepto es ambiguo, y depende de los múltiples razonamientos seguidos para esa conclusión.

Pero y sin embargo, el derecho al que me refiero, es de orden biológico y tiene relación con el pago por ese derecho.

El Estado, en materia de salud pública, no nos permite de hecho, el acceso a cualquier fuente de agua. Sin ir más lejos, el abolido, de facto y de derecho, camino de sirga, nos impide llegar a la costa de un río, o a un arroyo, con el objeto de conseguir agua para nuestras necesidades biológicas y nuestro derecho a la salud, imponiéndose como una necesidad, higiene y derecho a la salud.

Se ha llegado al ridículo de suponerlo como elemento tarifario de regadío, aun cuando no lo necesitemos para tal efecto, cuando no pase un caño de agua por un determinado lote de terreno, que incluso pudiéramos usar para cualquier otra cosa menos el hábitat humano.

Recuérdese el caso de Tito Lecture, que por sólo una canilla que poseía en una playa de estacionamiento se multiplicó su pseudo tarifa a niveles irracionales, por el sólo hecho de poseerla.

 

La tarifa como impuesto por la defensa de nuestros derechos. El cobro por el lote de terreno en lugar de considerar la necesidad biológica. El cuadro productivo de la tarifa, precio o mejor dicho impuesto para proteger nuestro derecho a la salud.

 

El solo hecho de poseer un lote de terreno, hace imponible la tarifa de servicio de agua por el sólo potencial de poseerla.

En este contexto, es claro el componente impositivo del agua. Pero, a decir verdad, los impuestos no tienen un destino prefijado, no son “para”, o sea no se fija anticipadamente la finalidad o destino.

El actual gobierno aumenta aún mucho más esa esencia impositiva zonificándola cuando un cuadro impositivo diferente como lo es el Impuesto a las Ganancias, el de emergencia sobre Premios de Determinados Juegos de Sorteos y Concursos Deportivos, más el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta más el Impuesto sobre los Bienes Personales, la Contribución especial sobre el Capital de las Cooperativas, los. Impuestos a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, los relativos a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, sumados a los Impuesto al Valor Agregado, y los internos más los propios a la energía eléctrica. Combustibles, gas, cigarrillos, video gramas, servicios audiovisuales, gas oil, y gas licuado para uso automotor, naftas y GNC, impuestos a la telefonía celular, a la importación y exportación, pasajes aéreos, entre otros, ya suman una política impositiva que, relativa a la redistribución del ingreso, supera todo lo imaginable la imposición a lo que mal se llama “tarifa” ·

Los incrementos según la zona, de lo que el actual gobierno llama “tarifas” en lo que respecta al agua potable, ponen de acuerdo al cuadro impositivo ya existente, en ridículo conforme a la visión de solidaridad social ya antes instrumentada por el Estado.

Y no voy a entrar en el debate de la doble imposición, pero resulta ser evidente que se presenta unas cuantas veces.

Ahora bien, se ha dicho por la jurisprudencia que “El derecho al ambiente halla ingreso en el ordenamiento jurídico como un derecho de la personalidad, atento inclusive que otros de ellos hoy indiscutidos (como la integridad física y la salud), se sustentan en el equilibrio ecológico propicio e indispensable para el bienestar psicofísico del hombre. Máxime en virtud que la categoría de los derechos personalísimos no configura un elenco cerrado y debe recibir en su seno nuevos intereses surgentes de las transformaciones sociales. SCBA LP A 72041 RSD-92-16 S 11/05/2016 Juez HITTERS (OP) Carátula: Fundación Cariló c/ Municipalidad de Pinamar y Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar s/ Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley

El art. 42 de la Constitución nacional y su par provincial (art. 38) garantizan el derecho de usuarios y consumidores a una información adecuada y veraz como así también la protección de sus derechos económicos, garantías y derechos que se replican en las leyes tuitivas de la relación de consumo (art. 4 ley 24.240 y capítulo V ley 13.133) como así también en las propias del marco regulatorio actual del servicio de agua potable (conf. art. 35, 50 y 88 decreto 878/2003).SCBA LP A 72408 RSD-331-14 S 03/12/2014 Juez GENOUD (SD), Carátula: Negrelli, Oscar R. y ots. c/ Poder Ejecutivo y ots. s/ Amparo. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley.

 

¿Relación de consumo u obligación del Estado de proveer a los seres vivos ( humanos ) de agua?

 

No hay jurisprudencia directa en este punto que estoy tratando, desde el orden biológico, desde el que estoy partiendo, y no enmarca conforme al fallo precedentemente citado como derecho del consumidor, ya que el consumidor, como tal, se encuentra protegido, por lo menos en el plano teórico para una multiplicidad de productos y servicios, que no pueden equipararse con el derecho al consumo del agua. En este sentido, la ley 24.240 define como consumidor o usuario a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

Sin embargo, no estamos en el caso de hablar de beneficios.

Las más vinculada al tema que trato es la siguiente: Ref. Jurisprudencia Sumariada Oficial. Provincia de Buenos Aires. Año 2012. Base JUBA: SUMARIO: A 71.263, 25/04/12, “Florit, Carlos Ariel y otro c/Provincia de Buenos Aires y Aguas Bonaerenses S.A. (A.B.S.A. S.A.) s/Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”. Magistrados votantes: de Lázzari - Genoud - Kogan - Hitters. Agua potable - Acceso - Derecho a la salud. La Suprema Corte resolvió rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar la sentencia impugnada en todos sus alcances (art. 289 inc. 1, C.P.C.C.) -que rechazó los recursos de apelación deducidos por la Provincia de Buenos Aires y la firma Aguas Bonaerenses S.A. y confirmó la sentencia de primera instancia que hiciera lugar a la acción de amparo interpuesta, y asimismo, dispuso la intervención del ente público de contralor Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires-; al no hallar en el caso fundamento suficiente para el obrar de A.B.S.A., la que, al prestar el servicio de agua potable por fuera de los módulos de calidad contemplados en el Anexo A del marco regulatorio aprobado por ley 11.820 y art. 982 del Código Alimentario Argentino (dec. ley 18.284, conf. adhesión ley pcial. 13.230), afecta el derecho a la salud de las personas (arts. 36 inc. 8 y 75 inc. 22, Const. nac.). DERECHO A LA SALUD - PROTECCIÓN. DERECHO A LA VIDA - PROTECCIÓN. Contenido: 5. El derecho a la salud se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida y desde el punto de vista normativo, está reconocido en los tratados internacionales con rango constitucional -art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional- siendo extensivo no sólo a la salud individual sino también a la colectiva. En tal sentido, este Tribunal ha señalado que el derecho a la salud de los habitantes (art. 36 inc. 8, Constitución provincial) implica que la actividad estatal -o en su caso la privada- no generen situaciones que la pongan en peligro genérico, sin olvidar que el Estado debe garantizar la preservación de dicha prerrogativa con acciones positivas (doctor DE LAZZARI, sin disidencia). CITAR UTSUPRA A00413848.

Ref. Jurisprudencia Sumariada Oficial. Provincia de Buenos Aires. Año 2012. Base JUBA: SUMARIO: A 71.263, 25/04/12, “Florit, Carlos Ariel y otro c/Provincia de Buenos Aires y Aguas Bonaerenses S.A. (A.B.S.A. S.A.) s/Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”. Magistrados votantes: de Lázzari - Genoud - Kogan - Hitters. Agua potable - Acceso - Derecho a la salud. La Suprema Corte resolvió rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar la sentencia impugnada en todos sus alcances (art. 289 inc. 1, C.P.C.C.) -que rechazó los recursos de apelación deducidos por la Provincia de Buenos Aires y la firma Aguas Bonaerenses S.A. y confirmó la sentencia de primera instancia que hiciera lugar a la acción de amparo interpuesta, y asimismo, dispuso la intervención del ente público de contralor Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires-; al no hallar en el caso fundamento suficiente para el obrar de A.B.S.A., la que, al prestar el servicio de agua potable por fuera de los módulos de calidad contemplados en el Anexo A del marco regulatorio aprobado por ley 11.820 y art. 982 del Código Alimentario Argentino (dec. ley 18.284, conf. adhesión ley pcial. 13.230), afecta el derecho a la salud de las personas (arts. 36 inc. 8 y 75 inc. 22, Const. Nac.). AGUA POTABLE - ACCESO. Contenido: 2. El decreto 878/2003 se encarga de definir como " agua potable" a aquélla que cumple con todos y cada uno de los límites impuestos por una comisión especial prevista al efecto (arts. 8 inc. a y 33, dec. 878/2003). También prevé la autorización por períodos limitados para la ingesta [rectius: provisión] de " agua corriente para consumo humano e higiene", que es aquélla que no cumple con alguno de los límites impuestos para que el agua sea considerada " potable " (art. 8 inc. a) (doctor DE LAZZARI, sin disidencia). CITAR UTSUPRA A00413845

Muchos en el sentido dado y la vinculación con el Código Alimentario Argentino Sin embargo no se encuentra definido: 1.- Ni la cantidad de agua para sustento biológico de la persona humana, como derecho libre y operativo que posee a la salud, 2.- Tampoco la naturaleza tarifaria o impositiva que posee el servicio, 3.- La obligación del Estado de prestar el servicio como un derecho a la salud que es de exigencia del individuo para con respecto a la sociedad (derechos de incidencia colectiva),  los cuales aun correspondiendo al ejido social, pueden ser reclamados individualmente, ya que la incidencia no tienen algo que ver con la pertenencia.

El método será la acción de amparo, aun cuando no corresponda declarar la inconstitucionalidad de norma alguna. Tal como señala el art. 43 de la Constitución Nacional Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva”

Para lo expuesto bastará saber que se trata de un derecho que se posee, no desde un individuo en particular a otro individuo, o persona física, sino contra el Estado, que es el titular de los servicios públicos.

 

Derecho de orden biológico irrenunciable.

 

Habrá que hacerle reconocer al mismo que hay derechos como a la vida o a la salud, que son irrenunciables, y que no debemos pagar tarifa, tasa o impuesto alguno para que nos lo sea reconocido. Como ejemplo podemos citar la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros, que garantizan el derecho a la vida, como un derecho fundamental y autónomo.

El Derecho Internacional obliga a proteger la vida humana, desde la concepción, es decir, tanto antes como después del nacimiento.  Pues la evolución de la internacionalización de los derechos humanos alcanza mayor fuerza día a día y aceptación a nivel mundial.  Es justamente el Derecho Internacional uno de los principales promotores de los derechos humanos y de la protección de los individuos.  El derecho a la vida constituye un valor supremo cuya titularidad corresponde a todos los individuos de la especie humana y cuya violación es de carácter irreversible, ya que desaparece el titular de dicho derecho.

Los tratados y convenciones citados por nuestra Constitución, sea que se los interprete dentro del contexto constitucional, o se los entienda como derechos supra nacionales mientras las leyes en su espíritu reglamentario no alteren su ejercicio (art. 28 Constitución Nacional) y convenciones y tratados mencionados en nuestra Carta Magna sin perjuicio del art. 33 de nuestra Constitución, los que son todos los mencionados en el art. 75 inc. 22 primer y segundo párrafo de la misma, a la que remito por razones de brevedad )

Se trata de derechos irrenunciables – aun por el propio afectado - y debe hacerse abstener al Estado de pretender cobrarlo como una imposición, y menos aun teniendo en cuenta la naturaleza humana de la prestación, la que nunca puede vincularse sino a la cantidad de personas y no a los metros cuadrados de los que se sería poseedor de tierras o parcelas, ya que su naturaleza en la ciudad no es de orden productivo.

Se trata de un derecho a la salud, de incidencia colectiva, y se debe establecer que el servicio debe ser gratuito a ciertos niveles de consumo individualmente considerado.

Es inalienable, pues se trata de un derecho que tiene relación directa con la vida, desde que la misma ha surgido, y ha evolucionado, desde el agua hacia la tierra, siendo que todos los mecanismos biológicos vivos, la necesitan.

 

TRATADOS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES.

 

A nivel mundial se realizaron diversos eventos internacionales y nacionales como Conferencias, Declaraciones, Convenciones, Foros, adoptados por diferentes países del mundo, que vienen a constituir precedentes legales que reconozcan el derecho a acceder al agua potable como un derecho humano, así como precedentes contraria a este reconocimiento. A continuación se menciona los siguientes:

1. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. Mar de Plata – Argentina. 1977.

2. Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Nueva York. 1986.

3. Convención sobre los Derechos del Niño. Nueva York. 1989.

4. Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Nueva York.1990.

5. La Declaración de Nueva Delhi. India. 1990.

6. Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente. Dublín – Irlanda. 1992.

7. Conferencia de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Brasil. 1992.

8. El primer Foro Mundial del Agua. Marrakech-Marruecos. 1997.

9. Declaración Ministerial de La Haya sobre la Seguridad del Agua en el Siglo XXI. Holanda. 2000

10. Conferencia Internacional sobre el Agua Dulce. Bonn – Alemania. 2001.

11. Declaración de Johannesburgo – África del Sur. 2002.

12. Foro Social Mundial de Porto Alegre-Brasil. 2002.

13. III Forum Mundial del Agua. Kyoto – Japón. 2003.

14 Foro Alternativo mundial del agua. Florencia - Italia 2003

15. Declaración de Roma - Italia, 2003

16. La Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros (CNBB). Brasil – Brasília. 2004.

17. Foro Alternativo Mundial del Agua. Ginebra – Suiza. 2005.

18. Declaración de Lima "Defensa y el Derecho Humano Al Agua. Perú. 2005

 

 EL TEXTO PURO EN WORD DEL FALLO EN LA CAUSA SOBRE EL GAS, AUTOS Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo" DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Clic aquí