EL PRORRATEO DE HONORARIOS DE LOS ABOGADOS - INCONSTITUCIONALIDAD - QUE ES EL SALDO DE HONORARIOS - LAS COSTAS COMO CASTIGO - LOS IMPUESTOS Y LAS COSTAS PRORRATEADAS - LAS COSTAS Y LA TASA DE JUSTICIA -  PERITOS  - NO DEBEMOS PAGAR

EL TEMA DEL PRORRATEO DE LOS HONORARIOS. LAS COSTAS COMO CASTIGO. INCONSTITUCIONALIDAD. COMO DEBERÍA PLANTEARSE EL TEMA DEL PRORRATEO DE HONORARIOS DEL ARTÍCULO 505 DEL CÓDIGO CIVIL - BAJAR PLANILLA DE CÁLCULO PARA EL PRORRATEO.

Por el Doctor Juan Carlos Muse Generch

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Existen en las provincias y en los distritos federales, legislaciones de honorarios profesionales de los abogados. Dicha legislación establece topes mínimos. Los honorarios legislados con anterioridad fueron entorpecidos por el dictado de la ley 24.432 que modificó varias disposiciones del Código Civil, entre las cuales el art. 505 el que, en su actual redacción quedó conformada de la siguiente forma:

"Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, derivase en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederá del veinticinco por ciento (25 %) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas".

No distingue el tipo de obligaciones como tampoco la forma o la intención de inejecución.

También modificó la regulación de honorarios por los juicios laborales señalando en el art. 8vo. dicha ley que modificó el art. 277 de la ley de contrato de trabajo 20.744:

"La responsabilidad por el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederán del veinticinco por ciento (25 %) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superaran dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas".

Ahora bien, jurisprudencialmente se ha establecido que los aranceles de los profesionales no quedan afectados, desde que si la sumatoria excede al % 25, se deberá prorratear los honorarios regulados, conforme a su monto, y reducirlos para que ingresen en ese % 25. Y a lo restante se lo considera "saldo de honorarios", que están a cargo de nuestro cliente.

"Las costas" incluyen el pago de la tasa de justicia, de manera que ingresan gastos, que nada tienen que ver con los honorarios. Por ejemplo, si en un remate debemos calcular el costo del mismo, ese gasto es comprensivo de las costas. Usualmente se solicita se condene a abonar el capital reclamado con costos y costas. Sin embargo las "costas" incluyen a los "costos", desde que las primeras, son consideradas como el resarcimiento de los gastos que la parte que ha contratado al abogado que ha defendido al vencedor en juicio, ha tenido que soportar.

Son exigibles, sostiene la jurisprudencia, al "obligado al pago", esto es, al cliente, quien puede oponer la excepción de pago, pues, por lo general, estos gastos los cubre el cliente.

Ahora bien, si las costas "no son un castigo" ¿por qué, los abogados, tenemos que castigar a nuestro cliente por quien le hizo necesario ingresar a un juicio contra un adversario que le provocó?

Si las leyes arancelarias específicas establecen determinados porcentuales, la ley, en cuanto exceda de dicho porcentual exige el llamado "prorrateo", en el que no distingue el tipo de incumplimiento de la obligación ni los gastos o costos.

Queda por afirmar que esta ley y la jurisprudencia que la apoyan es ridícula.

En primer lugar para el cliente surge como una suerte de "tributo" o "impuesto al juicio", que nada tiene que ver con la tasa de justicia. Un castigo, en concepto de "saldo de honorarios", por lo que, no se define la naturaleza jurídica de qué es ese concepto. Ontológicamente podemos decir, solamente "honorarios" a cargo de la parte vencedora.

La jurisprudencia ha admitido la constitucionalidad de esa ley, pero, sin embargo, no ha reparado en lo ridículo que se señala en el párrafo precedente. Y esto revela, de alguna manera, por los efectos, la irrazonabilidad de dicha ley.

Que me encuentre obligado a iniciar un proceso judicial, puesto que no me queda mas remedio que hacerlo, no veo una sola razón para que se me castigue pagando mas honorarios a mi abogado cuando, las costas, que deben ser soportadas, en algunas legislaciones, al inicio de la ejecución por honorarios contra el vencido, y, si fracasa el cobro, entonces por la parte vencedora, la que, a su vez, puede repetir, o reembolsar lo pagado al abogado que lo patrocinó o representó. No veo una sola razón para que se me impida cobrarme lo que a mi abogado he pagado, lo mismo que a los peritos y todos los gastos del juicio. Es una suerte - o mejor dicho - "desgracia" del vencedor, que revela, de antemano, que en nuestro país, no existe el principio de "reparación integral", lo que significa, volver las cosas al estado anterior a la contienda. Al no suceder esto, queda fuera de mira el valor justicia.

Por otra parte el abogado también se encuentra afectado, al igual que el perito, toda vez que, estos cobran del patrimonio del deudor de la obligación. Y es aquí donde la misma jurisprudencia se contradice cuando señala que "el patrimonio es prenda común de los acreedores".

Salvo muy escasas excepciones, las Cámaras de Apelaciones aplican este prorrateo. No siguiendo la línea de la C.S.J.N. en el caso en e que ha decidido que "Es improcedente la pretensión de que se efectúe el prorrateo de los honorarios de acuerdo con la previsión contenida en el art. 505 del Cód. Civil, ya que, habiendo sido rechazada la demanda, la restricción incorporada por la ley 24.432 (Adla, LV-A, 291) a la norma citada deviene inaplicable" ( Exolgan S.A. c. Distribuidora Química S.A ) del 16/08/2005.

Pero por otro lado, si el patrimonio es prenda común de los acreedores, conforme pacífica interpretación de una característica propia del patrimonio, atributo de la personalidad ¿Cómo podemos entender esta exención de responsabilidad?

Se señala por los tribunales, incluso, que en nada afecta a los honorarios regulados en los distintos regimenes arancelarios. Puntualmente sí lo afecta. El vencedor en juicio puede haber obtenido un beneficio de litigar sin gastos, como, asimismo ser insolvente, y se pone en cabeza del profesional, perito o abogado, un esfuerzo irracional para el cobro de lo que le es debido en concepto de "honorarios" o "saldo de honorarios".

Por un lado leyes de aranceles permiten cobrar indistintamente las costas al vencedor o al vencido, tanto por parte de los peritos como por parte de los abogados, permitiéndose, de esa manera, una mayor facilidad en la cobranza de sus emolumentos por su trabajo profesional.

Pero por otro lado, se le imposibilita, tanto por razones éticas, cuanto por razones de hecho - estados de insolvencia, persecución de activos patrimoniales de su cliente -, o dificulta gravemente el cobro de tales honorarios.

Las costas son soportadas por el accionado vencido, en principio, salvo, que por la índole de la cuestión, lo novedoso del tema en debate, o lo dificultoso de desentrañar, puedan afectarse partes proporcionales, y soportarse por cada litigante en proporciones establecidas por los jueces.

Los honorarios pueden ser perseguidos, a fin de su cobro, por el abogado o el perito, tanto a la parte vencida en juicio, como a la parte vencedora. Esta última tendrá el derecho al reembolso.

Con algunos procedimientos previos, por ejemplo, el intento del abogado de cobrar al vencido en juicio, el derecho se posee de manera indiferente.

Pero la jurisprudencia no ha conceptualizado qué cosa es esta de "saldo de honorarios" a cargo del vencedor en el juicio. Es un misterio sin resolver. Los abogados no lo plantean, y la inconstitucionalidad no queda puesta de relieve. Menos cuando se sostiene, por los mismos magistrados, que "las costas no son un castigo sino el reembolso de los gastos efectuados por la parte vencedora"

Asi, todas las salas, y la jurisprudencia del interior de nuestro país. Como ejemplo expongo la doctrina judicial en cierne de la: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C • 22/11/1996 • Barata, Humberto c. Grupo Universitario de Inmunoalergia.

"La imposición de costas no configura en nuestro ordenamiento procesal un castigo o una pena para el perdedor o temerario, ya que se aplican a título de reparación patrimonial de las expensas del juicio a favor de quien ha debido actuar en defensa de su derecho." Publicado en La Revista Jurídica La Ley 1977-E, 708 y DJ 1997-3, 850
 

Y de Jurisprudencia de Buenos Aires On line se ha dicho:

"Las costas deben ser afrontadas por los demandados vencidos y no constituyen un castigo a su "mera ausencia". No implican una pena sino el resarcimiento de los gastos realizados por quien viera conculcado su derecho debiendo recurrir al órgano jurisdiccional para su protección. Esta norma no se altera por la circunstancia de que los condenados hayan sido representados por el defensor de ausentes."

CC0101 LP 225906 RSD-403-96 S 17-12-1996 , Juez ENNIS (SD)

CARÁTULA: Latrecchiana, Alfredo A. c/ Rodríguez Molina, A. y otro s/ Cumpl. de contrato (Ordinario) MAG. VOTANTES: Ennis-Tenreyro Anaya

Así, tanto en el orden Nacional como en el Provincial podría citar muchísimos fallos mas, como en de otras provincias, del interior, que no son la de Buenos Aires.

En consecuencia: Si no son un castigo ¿Por qué razón nuestro cliente no puede reembolsarse de su pago y al abogado retacearle el cobro?

Si los jueces tienen el control de la racionabilidad de las normas, es incomprensible que este tema no haya sido planteado a partir de la propia lógica judicial.

Tal vez los tribunales se acostumbren a proveer la inconstitucionalidad de dicha ley, por las propias contradicciones en las que incurre, las que hay que poner bien de relieve.

Además de lo expuesto, sabemos que, el patrimonio es prenda común de los acreedores. Por lo tanto, mediante el sistema instaurado, en la modificación criticada, vamos peritos y abogados, a tener menores chances de poder cobrar nuestros honorarios.

Esta tarea esta en manos de los abogados, y he verificado y no he encontrado fallos resolviendo este planteo.

 

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