PLANTEOS EN JUICIOS EJECUTIVOS - EXCESO DE JUICIOS EJECUTIVOS - JUICIO DE PAGUE Y LUEGO RECLAME - EL JUICIO EJECUTIVO Y EL DERECHO DE DEFENSA -  PROLIFERACION DE COBRANZAS JUDICIALES - EL DERECHO A RESPONDER - COBROS JUDICIALES - APREMIO - EJECUCION

EL EXCESO EN EL JUICIO EJECUTIVO Y EN LOS APREMIOS. DESCARGA EN AUDIO TEXTO IMPLICA QUE LO PUEDE ESCUCHAR AL TEMA POR INTERNET O DESCARGAR ESTE CONTENIDO EN AUDIO EN SU PC. 

Por el doctor Juan Carlos Muse Generch.

 

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CONSIDERACIONES GENERALES

¿PUEDE PEDIRSE UN EMBARGO PREVENTIVO O UNA CAUCIÓN?

¿PUEDE, EN CIERTA MANERA, PEDIRSE UN EMBARGO, PREVENTIVO AÚN CUANDO NO SE HAYAN CUMPLIDO CON LAS CONDENACIONES DEL EJECUTIVO?

¿QUE PODEMOS HACER CON EL EJECUTANTE INSOLVENTE?

¿QUE SUCEDE EN EL CASO DE QUE EL MISMO TÍTULO CONTENGA UNA ILICITUD?

¿PUEDEN EXISTIR JUICIOS EJECUTIVOS POR ANALOGÍA?

 

CONSIDERACIONES GENERALES:

El art. 18 de la Constitución Nacional declara inviolable el derecho de defensa en juicio. Esto sienta un principio constitucional básico: la bilateralidad, el pleno uso de las facultades defensivas, derecho que por dicha norma se protege.

Sin perjuicio de esa garantía constitucional, existen lo que se denominan "juicios ejecutivos" y "apremios" donde el derecho de defensa, queda casi abrogado, y de tal manera, que dicho derecho, se llama "excepción". Los apremios, juicios ejecutivos en general, tal como la palabra lo indica, no son propiamente juicios, de debate, son ejecuciones. El derecho de defensa queda limitado a cuestiones obvias o elementales. A esas cuestiones se las llama "excepciones".

Los Códigos Procesales en lo Civil y Comercial, establecen en cuáles casos puede incoarse un proceso ejecutivo. Es decir, donde solamente ud. podrá intentar defensas tales como "cosa juzgada", es decir, ya hubo una sentencia sobre el particular, y, en consecuencia, no es dable aceptar otra sentencia mas, "litispendencia" o que el proceso está dependiendo de otro proceso abierto de conocimiento y debate pleno aceptado o bien se están realizando dos procesos ejecutivos por el mismo motivo, "falsedad de la ejecutoria", esto es, que el título por medio del cual se promueve la ejecución está falsificado, total o parcialmente, "inhabilidad de título", esto es, que el mencionado "titulo" con el cual se trae como consecuencia la ejecución, no es de los enumerados por la ley, "incompetencia", en razón de que no es el Departamento Judicial donde debe plantearse el problema, "prescripción", es decir, ha pasado una cantidad de tiempo suficiente como para rechazarse la acción judicial, en virtud de su falta de ejercicio establecido en un lapso determinado, y "pago total o parcial documentado", "quita, "espera", "remisión de la deuda", "transacción", "compromiso", "conciliación", todo documentado. Punto, no busquemos mas, por cuanto se han hecho intentos pero no se ha podido incorporar al derecho de defensa, en este caso, excepcional, mas cuestiones.

Sin embargo, a pesar de que la Constitución Nacional establece el pleno ejercicio de los derechos de defensa, frondosa es la jurisprudencia en sostener que, no cabe aducir de parte del ejecutado, mas defensas que las que permite la ley, desde que, si es de las defensas no enumeradas en los textos legales, que, normalmente son ésas mencionadas, si el ejecutado tiene a su favor la posibilidad de iniciar luego de pagadas "in tutum" las condenas de la ejecución, tiene el derecho de reembolsarse con posterioridad al cumplimiento de las mismas.

Por ello, por disposición legal, se han admitido cantidad enorme de "títulos ejecutivos", en lo cual, el derecho de defensa ha sido conculcado, para el decir, que el Código Procesal habilita la repetición de lo pagado en mas, o lo mal pagado, por no haber podido interponer una de las defensas no previstas en las leyes procesales.

El motivo de las ejecuciones, obedecen a cuestiones relacionadas con premuras, confianza, y crédito.

Por ejemplo, los títulos circulatorios como el vale, pagaré, factura conformada, prenda, mutuo con hipoteca, pago de arriendos, impuestos, fueron receptados por las leyes procesales con el objeto de que, no afectar el crédito con extensos planteos judiciales. Todo lo cual, se favorece mediante este tipo de procesos cortos, que en definitiva, terminan, habitualmente, con un pago, o se procede a la subasta de bienes embargados.

 Con el llamado "juicio ordinario posterior" tenemos, conforme a la legislación y doctrina, la garantía de que, si pagamos, nos reembolsaremos luego, y, en consecuencia, no existe problema de afectación del derecho de defensa en juicio consagrado por la garantía constitucional mencionada.

Esto es falso.

El juicio ejecutivo debe interpretarse restrictivamente, y, es por esa razón que el juez, dicen estos Códigos, previo a emitir una manda de pago, debe estudiar CUIDADOSAMENTE el título con el que se promueve la ejecución.

La minucia del estudio, obedece a la interpretación restrictiva que debe dársele a la procedencia de la ejecución.

¿PUEDE PEDIRSE UN EMBARGO PREVENTIVO O UNA CAUCIÓN?

Las normas procesales impiden cualquier acción judicial no estando cumplidas las condenaciones del proceso de ejecución. Pero considero que una caución es plenamente posible y garantiza en realidad ese derecho de defensa. Hace pensar mucho mejor al que la promueve, de tener que cuidarse en el supuesto caso de haber iniciado un juicio ejecutivo dos veces, por ejemplo.

Es el caso de quien pacta, por medio de un documento, un préstamo, al que refiere una cláusula, que, para el supuesto caso de incumplimiento, se procederá a la vía ejecutiva. Al mismo tiempo, se realizan formalizan pagarés, o cheques diferidos en garantía de ese pacto.

Ocurre, muchas veces que, el pacto se hace valer en un juicio ejecutivo, y los documentos, en otro. Nos encontramos entonces con una duplicación de la suma de condena.

Entiendo que si el juicio ejecutivo ha sido "pactado" en un documento, que no es el de los enumerados por la ley, la exigencia de una caución, es aceptable. Esos pactos, suelen realizarse con motivo de la singularidad del crédito y la necesidad de contar con la cobranza del mismo a velocidad. Obedece a razones comerciales, fiscales, previsionales, o de supuesta urgencia, como el pago de las expensas.

Claro está que quien, firma un cheque, pagaré o un mutuo con garantía hipotecaria, no puede escudarse en el hecho de no conocer la ley.

Pero quien pacta que otro título distinto a los enumerados por la legislación procesal, esta renunciando a la garantía de los derechos de defensa en juicio. Y como esas garantías son irrenunciables, el juez debe establecer una caución real, o sea bienes, para el supuesto caso de que el juicio ejecutivo fuese incorrectamente incoado, sin perjuicio de darle trámite a lo peticionado, siempre que la suma sea líquida, o fácilmente liquidable. Obsérvese que los Códigos Procesales, impiden las liquidaciones discutibles, en cuyo caso, no se permite la ejecución.

Por mucho que se sostenga respecto de la equiparación entre una sentencia firme y el título ejecutivo, la diferencia es obvia: el debate tuvo lugar antes. Y en el caso de los juicios ejecutivos, posiblemente después de pagadas las condenas del ejecutivo. No es válido sostenerlos en pié de igualdad, sino de semejanza en esencia.

No existe norma que obligue a prestar caución real para el caso de una ejecución, pero tampoco existe una prohibición en el planteo de la exigencia.

¿PUEDE, EN CIERTA MANERA, PEDIRSE UN EMBARGO, PREVENTIVO AÚN CUANDO NO SE HAYAN CUMPLIDO CON LAS CONDENACIONES DEL EJECUTIVO?

Lo que los Códigos Procesales establecen es la prohibición de iniciar el llamado "juicio ordinario posterior" hasta tanto se cumplan con las condenaciones establecidas e el juicio ejecutivo.

Pero ese juicio ordinario posterior, tiene un objeto, que es la "repetición de las sumas entregadas" o sea el reembolso de las mismas. Y aún podría tener, como objeto accesorio, una sanción pecuniaria, o una indemnización por el daño moral o patrimonial producida por el despojo ocasionado por un juicio ejecutivo, de parte de quien ha utilizado a la justicia para cometer delitos civiles, y a veces penales.

Ese debate no ingresa en el mundo de las medidas cautelares, puesto que las mismas tienen por objeto, afianzar, solamente, el eventual resultado adverso de la sentencia a dictarse en un proceso judicial de repetición. En este sentido, no existe prejuzgamiento, pues, en las ejecuciones el juez, no juzga, no conoce, mientras que lo puede hacer en los juicios ordinarios. En consecuencia, el pedido de una medida cautelar, no significa otra cosa que demostrar a un juez, que existe una exorbitancia, y por lo tanto, no contradice al juicio ejecutivo, en el cual, por la legislación vigente, aunque advierta una situación anómala, nada puede hacer, estando sus facultades completamente regladas. Cuando el mismo juez, dicta la sentencia en el ejecutivo, siempre deja a salvo los derechos del ejecutado, por lo que no existe contradicción procesal, sino un hilo coherente.

Tal es que las medidas cautelares nada tienen que ver con el llamado "juicio ordinario posterior" que los términos del debate, los tenemos en las mismas normas procesales, donde observamos que, ese juicio ordinario posterior versa, exclusivamente sobre lo que no se ha discutido en el ejecutivo.

Y así tenemos que en el CPCC de la Provincia de Buenos Aires, que se señala:

"Art. 551. - Juicio ordinario posterior. Cualquiera fuere la sentencia que recaiga en el juicio ejecutivo, el ejecutante o el ejecutado podrán promover el ordinario, una vez cumplidas las condenas impuestas en aquéllas.

Toda defensa o excepción que por la ley no fuese admisible en el juicio ejecutivo podrá hacerse valer en el ordinario.

No corresponderá el nuevo proceso para el ejecutado que no opuso excepciones, respecto de las que legalmente pudo deducir, ni para el ejecutante, en cuanto a las que se hubiese allanado.

Tampoco se podrán discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio ejecutivo, cuya defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas por la ley, ni las interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de la ejecución."

 

De donde se sigue que el ese juicio ordinario posterior es un debate bilateral. Y no debe hacerse extensiva a una medida cautelar trabada inaudita parte.

 

Lo mismo ocurre con la noción de "juicio ordinario posterior" que trae el CPCC de la Nación, que señala, en un artículo semejante, lo siguiente:

 

"Art. 553. - Cualquiera fuere la sentencia que recaiga en el juicio ejecutivo, el ejecutante o el ejecutado podrán promover el ordinario, una vez cumplidas las condenas impuestas.

Toda defensa o excepción que por la ley no fuese admisible en el juicio ejecutivo podrá hacerse valer en el ordinario.

No corresponderá el nuevo proceso para el ejecutado que no opuso excepciones, respecto de las que legalmente pudo deducir, ni para el ejecutante, en cuanto a las que se hubiese allanado.

Tampoco se podrá discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio ejecutivo, cuya defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas por la ley, ni las interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de la ejecución.

La falta de cumplimiento de las condenas impuestas podrá ser opuesta como excepción de previo y especial pronunciamiento.

El juicio ordinario promovido mientras se sustancia el ejecutivo no produce la paralización de este último."

 

Este último párrafo es contundente.

¿QUE PODEMOS HACER CON EL EJECUTANTE INSOLVENTE?

En este caso, no existe ninguna garantía real, del éxito de juicio ordinario posterior. Si esta situación se demuestra en un juicio, el juez, para la procedencia del juicio ejecutivo, debe exigir una caución real, del ejecutante o de un tercero. El valor de la pacificación juntamente con el valor justicia, hacen necesario este tipo de requerimientos no prohibidos.

¿QUE SUCEDE EN EL CASO DE QUE EL MISMO TÍTULO CONTENGA UNA ILICITUD?

Comúnmente llamada "excepción de miedo", el planteo pertinente es la de "inhabilidad de título". Un supuesto muy extremo, pero posible, es un pagaré que señale "por igual valor recibido en... matar a determinada persona"

En este caso la ilicitud surge del mismo título con el que se promueve la ejecución. Si bien es cierto que no corresponde a los jueces investigar la causa de título con el que se promueve la ejecución, ciertamente si la misma surge palmaria del título mismo, la ejecución debe ser rechazada. Es un viejo principio: no existe acción judicial posible donde no hay derecho, siendo la acción un correlato del derecho. Y si del mismo correlato surge una ilicitud, el juez, con el pretexto de "no investigar la causa", no debe hacer de ciego.

Una clara evidencia de que esto debe realizarse, es, por ejemplo, en el caso de intereses extremos, que no tienen razonabilidad. Por consiguiente, la misma jurisprudencia demuestra hacer estos controles al momento de las liquidaciones. Y por lo mismo debe hacerlos al examinar cuidadosamente el título con el que se promueve la ejecución.

¿PUEDEN EXISTIR JUICIOS EJECUTIVOS POR ANALOGÍA?

Por lo expuesto en lo tocante a la interpretación restrictiva de las normas que habilitan el juicio ejecutivo, no es posible admitir la analogía.