DAÑOS POR CABLEADOS - CAÑERÍAS DE AGUA - SUMINISTROS PUBLICOS -  DERECHOS DEL PROPIETARIO - AFECTACION AL DERECHO DE PROPIEDAD - USO DEL ESPACIO DE UNA PROPIEDAD PARA SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS QUE PASAN POR UNA CASA - SERVICIOS USAN TERRENOS AJENOS

RESPECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL ESPACIO O PROPIEDAD AJENA PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS. DESCARGA EN AUDIO TEXTO IMPLICA QUE LO PUEDE ESCUCHAR AL TEMA POR INTERNET O DESCARGAR ESTE CONTENIDO EN AUDIO EN SU PC. 

Por el Doctor Juan Carlos Muse Generch

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SUMINISTRO DE AGUA, TELEFONÍA, CLOACAS, INTERNET, TELEVISIÓN POR CABLE Y SEMEJANTES - INTRODUCCIÓN.

PARTES PERTINENTES DE LA LEY 22.240 DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESPECTO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

SOLUCIONES REALES.

APLICABILIDAD DE LA LEY 13.512

LA SOLUCIÓN ESTÉRIL: LOS INTERDICTOS.

EL AMPARO COMO MEDIO DE SOLUCIONAR INCONVENIENTES Y CONCLUSIONES.

 

 

SUMINISTRO DE AGUA, TELEFONÍA, CLOACAS, INTERNET, TELEVISIÓN POR CABLE Y SEMEJANTES

Existen, por lo común situaciones potencialmente conflictivas en lo que respecta a la utilización de espacios ajenos para pasar cableados telefónicos, cloacas, agua corriente, internet, televisión por cable, y telefonía.

A poco que miramos la instalación desde los postes, nos encontramos con la casi imposibilidad de determinar cuáles cables perteneces a servicios de internet, telefonía, electricidad, etc.

Una telaraña puede observarse de cables que pasan de una calle a otra, y por encima de techos de casas, o por espacios libres de las mismas, como lo son muros medianeros, divisorios, etc.

De acuerdo a la doctrina civilista mas moderna, uno es dueño del espacio aéreo de su fundo hasta donde le resulta útil.

Pueden ocasionarse situaciones en las cuales el propietario desee desviar el paso de un cable, de un caño, para poder aprovechar mejor su propiedad.

Al mismo tiempo, y del otro lado, tenemos el correlativo derecho del consumidor de estos servicios, por los cuales, hasta desconoce de dónde le viene la conexión.

También sucede con el tipo de construcciones, como lo son las llamadas "casas chorizos" por las cuales cada uno tiene su medidor de electricidad, de teléfono, etc.

La orfandad legislativa a efectos de poner orden y conceder al consumidor los derechos que posee es absoluta, al propio tiempo que no existe doctrina judicial que haya sentado precedentes claros.

La cuestión del juego armónico entre el derecho del propietario de un fundo respecto del consumidor por el que, en el embrollo hace que muchos servicios públicos sean usados aprovechando a la propiedad ajena, deja sin efecto la ya vieja doctrina en lo que resulta que uno es dueño del espacio aéreo de su propiedad hasta donde le resulte útil.

Por cuanto esa doctrina refiere y tiene su uso y razón de ser en un marco meramente teórico, superado por las actuales circunstancias, cuando se sostenía que, con el criterio del Código Civil, no podría existir navegación aérea de ninguna clase.

Pero la altitud de los servicios que se prestar a particulares no tienen tamaña dimensión, y pueden superar en apenas unos centímetros la altitud de la casa o departamento. E incluso, no superarla, y utilizar, incluso el suelo.

Entramos a un nuevo concepto, aún no definido, que consiste en la responsabilidad de los proveedores de los servicios públicos referentes a cómo ellos hacen utilización de espacios ajenos.

Los Códigos de Edificación presentan problemas en lo referente a la actitud de los municipios en lo tocante a la habilitación de obras. Se guían sin inspeccionar visualmente, y sin conocer las actuales circunstancias de las manzanas y de los problemas de los vecinos.

En realidad no son estrictamente los Códigos, sino la aplicación que se hace de los mismos, y la función que ellos tienen dentro de la totalidad del ordenamiento jurídico.

En consecuencia, cuando habilitan una obra, una construcción cualquiera, el ingeniero o arquitecto se siente desligado de la responsabilidad que le puede caber una vez que cuenta con la habilitación municipal.

Pero he aquí que el Director de Obra, no queda eximido de responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar mediante las construcciones que realiza. Desde que el Poder de Policía Municipal, no exime al profesional del debido auto control que debe ejercer el profesional con respecto a los actos que le resultan de su competencia.

Por ende no se encuentra eximido de responsabilidad aunque la obra se encuentre habilitada y conforme a las reglas de los Códigos de Edificación.

Lo mismo pasa con la maraña de cableados y tuberías que pasan por toda la ciudad.

Si las instalaciones que se hacen, no dejan mas alternativa que la forma en la que han sido realizadas, ello indica que hubo, previamente un estudio previo a fin de no dañar los legítimos derechos de los demás consumidores y de los usuarios.

Generalmente estos estudios no se realizan. En consecuencia el deber de estos prestadores de servicios públicos es realizar inspeccione visuales y consultar a los vecinos respecto de las molestias que pueden eventualmente ocasionar las instalaciones de servicios públicos.

Porque, y precisamente, lo que es un servicio público y su noción, no puede ser retaceada con el acto de la mera instalación, cuando al mismo tiempo, la Municipalidad, en un lugar diferente o distante habilita otras construcciones con entero desconocimiento de las instalaciones del prestador del servicio.

Este tipo de desencuentros pueden generar conflictos entre vecinos, sólo por la propia desorganización que existe entre entidades como la referida y los demás prestadores de servicios públicos. Así, por ejemplo, se instalan cables de muy alta tensión sin importar la vida de las personas que, a posteriori, por ejemplo, generan cáncer.

La jurisprudencia no define bien el concepto de "servicio público" porque no lo tiene en cuenta que el mismo va en función de las necesidades. Y, como las mismas son cada vez mas crecientes, el concepto de "servicio público" va en aumento en razón de lo que son necesidades de consumo.

Esta situación no está contemplada en ley alguna, siendo que, a juicio del que escribe, por analogía, deben aplicarse ciertas normas de la ley 13.512 de Propiedad Horizontal, aunque no nos encontremos en esa situación ( propiedad horizontal ). Pero, por la analogía dispuesta por el art. 16 del Código Civil, encontramos una respuesta de aplicación. El mismo dice que: "Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso."

No se trata de una cuestión se "servidumbre" ni cosa que se le asemeje, por la dinámica propia de las instalaciones. Y la correlativa obligación de los administradores de los servicios de coordinar tareas antes de efectuarlas.

Ante esta situación se ha esbozado la teoría de la "servidumbre pública" pero, la misma, no tiene una ley que le sirva de regla de interpretación.

Por consiguiente existe en esos casos, una responsabilidad solidaria, cuando, a modo de ejemplo, la prestación del servicio de electricidad se mezcla con el de telefonía ocasionando múltiples daños.

Si podemos establecer la causa, mucho mejor, detectaremos qué prestador del servicio público es el responsable, pero no estamos obligados a ello en virtud de que todos somos consumidores, y es allí donde también juegan otras disposiciones como la ley 22.240 y la Constitución Nacional en lo que refiere a los derechos de todos los consumidores.

PARTES PERTINENTES DE LA LEY 22.240 DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR:

Mucho se ha hablado y escrito respecto de esta ley, pero no conozco autor que vaya al meollo de estos problemas descriptos.

Tal vez el articulo. tercero sirva para resolver estos problemas, el que paso a transcribir:"Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas antes definidas, en particular las de defensa de la competencia y de lealtad comercial. En caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor".

El artículo. cuarto en cuanto establece el deber de informar: "Quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos".

En cambio el sexto no sirve para nada: "Las cosas y servicios, incluidos los servicios públicos domiciliarios, cuya utilización pueda suponer un riesgo para la salud o la integridad física de los consumidores o usuarios, deben comercializarse observando los mecanismos, instrucciones y normas establecidas o razonables para garantizar la seguridad de los mismos"

Y en el segundo párrafo del sexto solamente se habla de productos elaborados: "En tales casos debe entregarse un manual en idioma nacional sobre el uso, la instalación y mantenimiento de la cosa o servicio de que se trate y brindarle adecuado asesoramiento. Igual obligación regirá en todos los casos en que se trate de artículos importados, siendo los sujetos enunciados en el artículo 4º responsables del contenido de la traducción"

El que sí es útil es el décimo segundo artículo: "Los fabricantes, importadores y vendedores de las cosas mencionadas en el artículo anterior, deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos."

Otro artículo parcialmente útil es el décimo quinto:  "Cuando la cosa hubiese sido reparada bajo los términos de una garantía legal, el garante estará obligado a entregar al consumidor una constancia de reparación en donde se indique:

(a) la naturaleza de la reparación;

(b) las piezas reemplazadas o reparadas;

(c) la fecha en que el consumidor le hizo entrega de la cosa;

(d) la fecha de devolución de la cosa al consumidor.

Absolutamente inútil es el 17 pues, como vemos se refiere a garantías de reparaciones:

"En los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada, las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada, el consumidor puede:

(a) pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características. En tal caso el plazo de la garantía legal se computa a partir de la fecha de la entrega de la nueva cosa;

(b) devolver la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, conforme el precio actual en plaza de la cosa, al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional, si hubiere efectuado pagos parciales;

(c) obtener una quita proporcional del precio.

En todos los casos, la opción por parte del consumidor no impide la reclamación de los eventuales daños y perjuicios que pudieren corresponder."

El art. 23 de dicha ley sí es absolutamente aplicable, con lo cual con un esquema, que podemos ir haciendo, de orden normativo, con un derecho integrado, no aislado, como se ha pretendido hasta ahora, por la doctrina, que no ha tratado estos temas, podemos ir acercándonos a la responsabilidad de los prestadores de los servicios públicos en los casos como los descriptos:

Artículo 23: DEFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Salvo previsión expresa y por escrito en contrario, si dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que concluyó el servicio se evidenciaren deficiencias o defectos en el trabajo realizado, el prestador del servicio estará obligado a corregir todas las deficiencias o defectos o a reformar o a reemplazar los materiales y productos utilizados sin costo adicional de ningún tipo para el consumidor.

Este sería entonces el plazo por el cual el consumidor debe corregir en términos máximos la deficiencia estructural del servicio.

Pero en ese supuesto ( 30 días que se utilizaren de máximo ) deberá corregir sin costo alguno para el usuario, lo que resulte de su necesidad y resulte ser un servicio público. Dentro de esos 30 días deberá corregirse la parte estructural, o sea la incorrección en el modo de prestar el servicio, sin suspensión del mismo.

Por "conclusión de servicio" no podemos entender la terminación del mismo. Puesto que no debe existir una tolerancia ante un servicio deficiente que haga a la conclusión de la prestación, resulta ridículo. Por lo tanto, podemos tomar, en la orfandad legal, a 30 días corridos desde el momento en el que se detecta un incorrecto suministro del servicio.

Esto es así por cuanto, en el conjunto normativo, observando que el suministro de servicios es un contrato, ciertas disposiciones del Código Civil son enteramente aplicables:

Entre ellos el 509 -  "En las obligaciones a plazo, la mora se produce por su solo vencimiento. Si el plazo no estuviere expresamente convenido, pero resultare tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, el acreedor deberá interpelar al deudor para constituirlo en mora".

PERO HE AQUÍ QUE LA MORA, TIENE QUE VER CON EL PAGO Y ES TAL CONFORME ART. 725 DEL CÓDIGO CIVIL:

"El pago es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación, ya se trate de una obligación de hacer, ya de una obligación de dar".

El cumplimiento de la "prestación" o sea el cumplimiento puntual, total, lo exactamente debido, que se cancela, eso es el pago. Eso es lo que hace al "objeto" de la obligación.

Un servicio defectuoso, no es el pago del prestador del servicio público. La mora se produce, en consecuencia de manera automática desde el momento mismo en el que el servicio se advierte defectuoso, de cualquier manera en el que se presente.

LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESPECTO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

Aunque seguimos sin una definición clara doctrinaria de lo que es un servicio público, la ley de defensa al consumidor menciona en algunos artículos cuestiones interesantes, aunque no del todo aplicables para resolver el problema que tratamos, tal vez lo que esté en negrillas sirva para algo...::

"Artículo 25: CONSTANCIA ESCRITA. INFORMACIÓN AL USUARIO: Las empresas prestadoras de servicios públicos a domicilio deben entregar al usuario constancia escrita de las condiciones de la prestación de los derechos y obligaciones de ambas partes contratantes. Sin perjuicios de ello, deben mantener tal información a disposición de los usuarios en todas las oficinas de atención al público.

"Las empresas prestatarias de servicios públicos domiciliarios deberán colocar en toda facturación que se extienda al usuario y en las oficinas de atención al público carteles con la leyenda "Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas. Ley 24.240". [Párrafo agregado por la ley 24.787]

"Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla, serán regidos por esas normas, aplicándose la presente ley supletoriamente.

"Artículo 26: RECIPROCIDAD EN EL TRATO: La empresas indicadas en el artículo anterior deben otorgar a los usuarios reciprocidad de trato, aplicando para los reintegros o devoluciones los mismo criterios que establezcan para los cargos por mora.

"Artículo 27: REGISTRO DE RECLAMOS: Las empresas prestadoras deben habilitar un registro de reclamos, en donde quedarán asentadas las presentaciones de los usuarios. Dichos reclamos deben ser satisfechos en plazos perentorios conforme la reglamentación de la presente ley.

"Artículo 28: SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES. INFORMACIÓN: Los usuarios de servicios públicos que se prestan a domicilio y requieren instalaciones específicas, deben ser convenientemente informados sobre las condiciones de seguridad de las instalaciones y de los artefactos.

Este artículo es de especial aplicación.

Artículo 29: INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE MEDICIÓN: La autoridad competente queda facultada para intervenir en la verificación del buen funcionamiento de los instrumentos de medición de energía, combustibles, comunicaciones, agua potable o cualquier otro similar, cuando existan dudas sobre las lecturas efectuadas por las empresas prestadoras de los respectivos servicios.

Tanto los instrumentos como las unidades de medición, deberán ser los reconocidos y legalmente autorizados. Las empresas prestatarias garantizarán a los usuarios el control individual de los consumos. Las facturas deberán ser entregadas al usuario con no menos de diez (10) días de anticipación a la fecha de su vencimiento.

El artículo que sigue es bastante INÚTIL:

Artículo 30: INTERRUPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Cuando la prestación del servicio público domiciliario se interrumpa o sufra alteraciones, se presume que es por causa imputable a la empresa prestadora. Efectuado el reclamo por el usuario, la empresa dispone de un plazo máximo de treinta (30) días para demostrar que la interrupción o alteración no le es imputable. En caso contrario, la empresa deberá reintegrar el importe total del servicio no prestado dentro del plazo establecido precedentemente. Esta disposición no es aplicable cuando el valor del servicio no prestado sea deducido de la factura correspondiente. El usuario puede interponer el reclamo desde la interrupción o alteración del servicio y hasta los quince (15) días posteriores al vencimiento de la factura.

¿PODEMOS IMAGINARNOS UN CORTE DE SERVICIO DE 30 DÍAS? LA DISPOSICIÓN ES RIDÍCULA Y EL PROCEDER DEL PARTICULAR NO DEBE SER OTRO QUE INTERPELAR BAJO APERCIBIMIENTO DE ACCIÓN DE AMPARO Y DE DAÑOS Y PERJUICIOS. ESO ES TOMADO EN TÉRMINOS CONTABLES, NO EXIMIENDO A LAS EMPRESAS PRESTATARIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS POR TODOS LOS DAÑOS PREVISIBLES, O QUE PUDO PREVER. ES LA RESPONSABILIDAD GENÉRICA ESTABLECIDA EN LOS ARTÍCULOS 901 Y 902 DEL CÓDIGO CIVIL QUE ESTABLECEN: 

"ARTICULO 901 - Las consecuencias de un hecho que acostumbra suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en este código "consecuencias inmediatas". Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman "consecuencias mediatas". Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman "consecuencias casuales".

"ARTICULO 902 - Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos."

ESTAS SON LAS NORMAS GENERALES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. COMO PODEMOS ADVERTIR, EL LEGISLADOR, NO HA TENIDO LA MENOR IDEA DE QUÉ ES UN SERVICIO PÚBLICO.

PERO PROSEGUIMOS CON ARTÍCULOS BASTANTE ESTÉRILES PARA EL CASO QUE TRATAMOS:

Artículo 30 BIS: [Artículo incorporado por la Ley 24.787] Las constancias que las empresas prestatarias de servicios públicos, entreguen a sus usuarios para el cobro de los servicios prestados, deberán expresar si existen períodos u otras deudas pendientes, en su caso fechas, concepto e intereses si correspondiera, todo ello escrito en forma clara y con caracteres destacados. En caso que no existan deudas pendientes se expresará: "no existen deudas pendientes".

La falta de esta manifestación hace presumir que el usuario se encuentra al día con sus pagos y que no mantiene deudas con la prestataria.

En caso que existan deudas y a los efectos del pago, los conceptos reclamados deben facturarse por documento separado, con el detalle consignado en este artículo.

... [Párrafos cuarto y quinto vetados por el Decreto 270/97]

Artículo 31: [Texto según Ley 24.568] Cuando una empresa de servicio publico domiciliario, con variaciones regulares estacionales, facture en un período consumos que exceden en un setenta y cinco por ciento (75%) el promedio de los consumos correspondientes al mismo período de los dos años anteriores se presume que existe error en la facturación. Para el caso de servicios de consumos no estacionales se tomará en cuenta el consumo promedio de los últimos doce (12) meses anteriores a la facturación. En ambos casos, el usuario abonará únicamente el valor de dicho consumo promedio.

A los efectos de ejercer este derecho, el usuario deberá presentar hasta quince (15) días después del vencimiento de la factura en cuestión, las correspondientes a los períodos que corresponda tomar en cuenta a fin de determinar el consumo promedio.

Si el usuario no presentare la documentación respaldatoria dentro del tiempo establecido, el reclamo caerá de pleno derecho y se entenderá que desiste del mismo y se allana al monto facturado. En ese supuesto deberá abonar el total adeudado con más los intereses y punitorios por el tiempo transcurrido.

La empresa prestataria dispondrá de un plazo de treinta (30) días, a partir del reclamo del usuario, para acreditar en forma fehaciente que el consumo facturado fue efectivamente realizado, en tal caso tendrá derecho a reclamar el pago de la diferencia adeudada, con más los intereses y punitorios correspondientes. En caso contrario, el pago efectuado tendrá efecto cancelatorio.

En los casos que una empresa prestataria de servicios público facturase sumas o conceptos indebidos o reclamare el pago de facturas ya abonadas por el usuario, deberá devolver las sumas incorrectamente percibidas con más de los intereses y punitorios que cobra por mora en el pago de facturas, e indemnizar al usuario con un crédito equivalente al veinticinco por ciento (25%) del importe cobrado o reclamado indebidamente. La devolución y/o indemnización se hará efectiva en la factura inmediata siguiente.

La tasa de interés y punitorios por mora en facturas de servicios públicos pagadas fuera de término, no podrá exceder en más de un cincuenta por ciento (50%) la tasa activa para descuento de documentos comerciales a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina del último día del mes anterior a la efectivización del pago.

COMO PODEMOS VER LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, SOLAMENTE ESTABLECE UN PLAZO DE 30 DÍAS PARA CORREGIR ERRORES ESTRUCTURALES, ES DECIR, LOS QUE DEBIÓ HABER PREVISTO ANTES DE REALIZAR LAS INSTALACIONES.

LA PREGUNTA ES ¿LA FALTA DE PREVISIBILIDAD ES SUBSANADA POR ESA NORMA?

SOLUCIONES REALES:

LOS ARTS. 42 Y 43 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL NOS TRAEN CONTUNDENTES SOLUCIONES ( VER PARTES EN NEGRILLAS ):

Artículo 42- "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control."

Artículo 43- "Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o

discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato aun durante la vigencia del estado de sitio."

APLICABILIDAD DE LA LEY 13.512:

Dados los hechos ya consumados, a veces el amparo no resultaría demasiado convincente para muchos jueces, por lo que, ante el VACÍO LEGAL, y la inacción de los Organismos de Contralor, la ley 13.512 de Propiedad Horizontal, nos puede ayudar a buscar soluciones, a tenor de la analogía establecida en el art. 16 del Cód. Civil:

Por ejemplo el art. 6 de esa ley en su segundo párrafo establece que "Queda prohibido a cada propietario y ocupante de los departamentos o pisos: ... 2 Perturbar con ruidos, o de cualquier otra manera, la tranquilidad de los vecinos, ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble, o depositar mercaderías peligrosas o perjudiciales para el edificio

El art. 7 en su segunda parte cuando señala: "Toda obra nueva que afecte el inmueble común no puede realizarse sin la autorización de todos los propietarios"

LO QUE INVOLUCRA LA NECESIDAD DE QUE, EN LA "CIUDAD COMÚN"  HAY QUE EVITAR O SERVICIOS NUEVOS U OBRAS QUE AFECTEN LA PROVISIÓN DE ESOS SERVICIOS A LOS VECINOS.

TAMBIÉN ES IMPORTANTE EL OCTAVO EN CUANTO DICE: "Cuando las innovaciones ordenadas por los propietarios fueren, a juicio de cualquiera de ellos, de costo excesivo, o contrarias al reglamento o a la ley, o perjudiciales para la seguridad, solidez, salubridad, destino o aspecto arquitectónico exterior o interior del edificio, pueden ser objeto de reclamación formulada ante la autoridad judicial, y resuelta por el trámite correspondiente al interdicto de obra nueva; pero la resolución de la mayoría no será por eso suspendida sin una expresa orden de dicha autoridad"

PUEDE ENTENDERSE COMO TAL NUESTRO BARRIO, NUESTRA CIUDAD.

ES DECIR, DENTRO DE TODO EL ORDENAMIENTO LEGAL, Y ANTE LA INACCIÓN DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE PUEDEN AFECTAR DE DIVERSAS MANERAS NUESTRO PLENO DERECHO DE PROPIEDAD, ASÍ COMO NUESTRO PLENO DERECHO DE SER CONSUMIDORES, HAY DISTINTAS NORMAS APLICABLES, INCLUSO EL AMPARO ANTE EL ESTADO NACIONAL.

NO EXISTE, POR OTRA PARTE MUCHA DIFERENCIA ENTRE EL AMPARO Y EL PROCESO SUMARÍSIMO DE LA LEY 13.512. PERO ESTO HAY QUE SABER ARGUMENTARLO.

 

LA SOLUCIÓN ESTÉRIL: LOS INTERDICTOS.

LOS INTERDICTOS POSESORIOS, ( recobrar, retener, etc. ) constituyen GUERRA entre los propietarios y los habitantes de nuestra ciudad. SON JUICIOS ENTRE VECINOS POR MOTIVOS DE DESORGANIZACIÓN E IMPREVISIÓN DE LOS VERDADEROS RESPONSABLES.

 

TENEMOS NUESTRO DERECHO A SER CONSUMIDORES Y A SER PROPIETARIOS, SIN QUE EL DERECHO DEL CONSUMIDOR AFECTE NUESTRO DERECHO DE PROPIEDAD Y VICEVERSA.

EL AMPARO COMO MEDIO DE SOLUCIONAR INCONVENIENTES Y CONCLUSIONES

Delante de la CLARÍSIMA INACCIÓN DEL ESTADO, y siendo perturbados en nuestro derecho como consumidores, o como propietarios, la acción de amparo prevista en la Constitución Nacional, nos provee una gran solución. Si bien el texto legal dice: "Conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio", lo cierto es que ESA NORMA CONSTITUCIONAL, es operativa por si misma, y delante del delicado equilibrio que a los proveedores de servicios públicos, no les importa mantener, Y NI SIQUIERA PREVER, PARECE SER LA SOLUCIÓN CLARA A ESTE TEMA. SIENDO LA LEY 13.512 Y LA MORA AUTOMÁTICA MENCIONADA. LA SOLUCIÓN A ESTE TIPO DE INCONVENIENTES, CUENTE LO QUE CUESTE....