RESPONABILIDAD DE LAS SOCIEDADES DE HECHO -  IRREGULARES -  RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS  EN ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES - DISOLUCIÓN SOCIEDAD DE HECHO - CIERTAS CONVENIENCIAS DE LA SOCIEDAD DE HECHO - FUNDACIONES - COOPERATIVAS - RESPONSABILIDAD

RESPONSABILIDADES DE LAS SOCIEDADES DE HECHO, IRREGULARES, RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS, RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LAS SOCIEDADES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES - Y DE ELLAS MISMAS. DESCARGA EN AUDIO TEXTO IMPLICA QUE LO PUEDE ESCUCHAR AL TEMA POR INTERNET O DESCARGAR ESTE CONTENIDO EN AUDIO EN SU PC. 

Por el Doctor Juan Carlos Muse Generch.

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Se conoce como “sociedad de hecho” a la que, sin estar reconocida conforme a algunos de los tipos de sociedad e inscripta en la Inspección General de Justicia como Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, etc. no se la considera como una persona independiente de los socios que la conforman.

Se ha distinguido entre la sociedad de hecho y la sociedad irregular proponiendo que la segunda no ha concluido el iter constitutivo o se ha extinguido prosiguiendo su actuar societario, cuando, por ejemplo, el plazo de finalización de esa sociedad ha concluido, o cualquier vicio estructural interno que impide reconocerlas como alguno de los tipos sociales reconocidos por la ley de sociedades comerciales 19.550. En síntesis, cualquier vicio que llaman “de forma”.

Doctrina y Jurisprudencia han mostrado rechazo por las sociedades de hecho, sean éstas irregulares o simplemente constituidas sin intención alguna de darle alguna forma societaria de las establecida en la ley 19.550 y sin estar registradas en la Inspección General de Justicia. Se les ha dispensado el mismo tratamiento a ambas, que es lo que hace la ley 19.550. Se ha sostenido que ni siquiera son sociedades ( CNCiv Rosario Sala 3ra., septiembre 29 de 1994 J.A. 1996 – III – síntesis nro. 11 ), e incluso, respecto a las que no pueden superar los vicios de forma, que adolecen de nulidad. Si media nulidad es lo mismo que decir de su inexistencia. Asimismo la ley de sociedades comerciales 19.550 trata con mucho disfavor, casi castigando la formación de sociedades de hecho o aquellas que por algún motivo, incluso formal, no están de conformidad a las pautas de dicha ley.

Así, por ejemplo, el art. 23 de la ley mencionada señala: “La sociedad ni los socios podrán invocar respecto de cualquier tercero ni entre sí, derechos o defensas nacidos del contrato social pero la sociedad podrá ejercer los derechos emergentes de los contratos celebrados”

Nos preguntamos qué sucedería si los terceros hubiesen contratado en virtud de la organización social. La jurisprudencia sostiene que aún así es aplicable la norma del art. 23.

La capacidad para demandar se encuentra por lo tanto limitada, aún cuando no se viole ni la moral ni las buenas costumbres, ni exista ilegalidad para los actos celebrados.

Así aplicado, este artículo aparece como inconstitucional, desde que el 1198 del Código Civil menciona que los “contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión.” Lo cual impone el deber de ejecutar el contrato de acuerdo a lo que se tomó en cuenta en el momento de celebrarlo. Por ende, no se advierte una sola razón por la cual, ciertas organizaciones que lícitamente se compusieron, y respecto de la cual se ha contratado con entero y cabal conocimiento, se pueda generar a través de la disposición citada una importante anarquía y abuso de derecho. Máxime si se admite la posibilidad de que las sociedades irregulares y las de hecho, pueden ser demandas como simples sociedades.

“Con la vigencia del actual régimen societario, consideran ciertos autores, que no existe violación de orden jurídico alguno de producirse la admisión por parte de la ley de sociedades, de que los socios de las sociedades no constituidas regularmente – irregulares o de hecho -, hagan valer lo que es común y co total discernimiento, intención y libertad acordaron ( art. 1197 y 1198 del Código Civil ). No sería posible encontrar violación al orden jurídico vigente ni a los usos y costumbres comerciales, si se produjera la admisión de tal supuesto y por ende – como expresan los doctrores Ferro y Radressa – debe considerarse que la norma establece así una prohibición con neto corte de irrazonabilidad y sin sentido de justicia.- Ese criterio de “razonabilidad”, subyacente necesario de todas las normas de nuestra Constitución Nacional, lleva a esta postura doctrinaria de calificar a la norma del art. 23 de la L.S.C. como inconstitucional, sin por ello dejar los autores de reconocer lo opinable del caso” ( Roberto A. Muguillo “Sociedades Irregulares o de Hecho, 2da. Edición ampliada y actualizada, pág. 70, ed. Gowa, año 2002 ).

Discutido ha sido el principio de la opción como sujeto demandado. Si era factible demandar a la sociedad y esa vía se había escogitado, ¿podía después demandarse a los socios o hacer extensiva la demanda a los socios a título de reclamo personal? La jurisprudencia capitalina – extrañamente – impulsa a la necesidad de demandar a la sociedad y luego a los socios. Pero la discusión no tiene sentido, si tenemos en cuenta que todos los socios son representantes legales de las sociedades irregulares y de hecho.

La responsabilidad de los socios por los contratos que celebran es solidaria y no sólo responde la sociedad con sus bienes, sino cada socio con todo su activo patrimonial. En lo que respecta a los hechos extracontractuales, existen también responsabilidades, pero las mismas deben ceñirse a resultados culposos, generados por los integrantes de la sociedad, y debe tratarse de actos propios de esa sociedad.

Vale decir que las acciones intencionales que generen resultados dañosos ocasionados por alguno de los socios, están excluidos de la solidaridad en materia de responsabilidad.

Tampoco hay solidaridad en la responsabilidad cuando aún cuando se trate de un actuar negligente, lo que realice uno de los socios nada tenga que ver con la actuación de la sociedad.

La cuestión es lógica: la sociedad puede ocasionar daños a personas, físicas o jurídicas, pero teniendo en cuenta si funciona como tal, y sólo en ese sentido puede ser responsable. La responsabilidad del grupo sólo se entiende cuando se trata de una acción común.

Y respecto a los hechos ocasionados con intencionalidad, los mismos deben juzgarse como intencionalidad de la persona física, cuando de los hechos extracontractuales resulta un daño hacia un tercero.

El objeto social, o sea la actividad que despliega tiene que ver a la hora de juzgar la responsabilidad de la sociedad en su conjunto.

Por ello hablar de la sociedad de hecho como una basura dentro del derecho, es un despropósito que no se condice con la imputación de las responsabilidades.

Esto es importante: si, por ejemplo, se despide a una persona de su trabajo en una sociedad de hecho, la misma, y todos sus integrantes, son responsables por la indemnización que se le otorgar conforme a las normas laborales.

Pero no es responsable si con motivo del despido uno de los socios toma a golpes de puño, insulta o calumnia al despedido.

El responsable en ese caso es quien ha acometido ese acto, que la sociedad, como tal, no lo puede realizar.

No es que el Código Civil no reconozca a la sociedad de hecho, o le dé un trato condenatorio. Lo único que hace es no reconocerle una personalidad con patrimonio propio distinto al de sus miembros y dejarle sin plazo de duración. Ello no obstante que todo el mundo pueda decir, muy criteriosamente, que este tipo de sociedades, es legislada o mirada con disfavor por el ordenamiento jurídico societario, no así por los principios generales del Derecho.

Si les reconoce la capacidad a los individuos de organizarse como mejor les parezca, si no desean estar sujetos a las formas pre establecidas en la ley de sociedades, de fundaciones y de asociaciones civiles.

Así el principio varias veces desconocido es el de la libertad contractual. En uso de esa de libertad los individuos arreglan sus negocios conforme mejor les parezcas. Lo único que sucede es que hay que comprender que el principio es el de la personalidad de las personas físicas y hablar de responsabilidad o hablar de personas de existencia ideal, reconocerles un patrimonio propio distinto al de sus miembros, y responsabilidades propias, distintas a la de sus integrantes, es la excepción. El Código Civil reconoce a la persona física como sujeto de derecho, admitiendo “excepciones”.

Así está señalado en la disposición del art. 33 del Código Civil, a quienes corresponde reconocerles personalidad independiente a la de sus integrantes y señala cuáles son:

1º El Estado nacional, las provincias y los municipios;

2º Las entidades autárquicas;

3º La Iglesia Católica.

Tienen carácter privado:

1º Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar.

2º Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar.

Nota de Actualización: (*) Según ley 17.711. Texto del Código Civil: Las personas jurídicas, sobre las cuales este Código legisla son las que, de una existencia necesaria, o de una existencia posible, son creadas con un objeto conveniente al pueblo, y son las siguientes:

1ª El Estado;

2ª Cada una de las Provincias federadas;

3ª Cada uno de sus municipios;

4ª La Iglesia;

5ª Los establecimientos de utilidad pública, religiosos o piadosos, científicos o literarios, las corporaciones, comunidades religiosas, colegios, universidades, sociedades anónimas, bancos, compañías de seguros, y cualesquiera otras asociaciones que tengan por principal objeto el bien común, con tal que posean patrimonio propio y sean capaces, por sus estatutos, de adquirir bienes, y no subsistan de asignaciones del Estado.

El art. 34 del C. Civil agrega que: “son también personas jurídicas los Estados extranjeros, cada una de sus provincias o municipios, los establecimientos, corporaciones o asociaciones existentes en países extranjeros, y que existieren en ellos con iguales condiciones que los del artículo anterior”

Ahora bien, el tener una personalidad propia, y, por ende distinta a la de sus miembros, no sólo no exime a la sociedad por los actos gravemente culposos que en ejercicio de sus funciones han ocasionado daños a terceros, sino que, además, tales actos, serán de responsabilidad de la sociedad, cualquiera fuere su tipo. Si hablamos de actos realizados con la intención de causar un daño no es diferente. Y aquí la gran diferencia con la sociedad de hecho, porque responden con su patrimonio por todo acto intencional que realicen tanto los representantes como los dependientes. Lo excluido es la pena privativa de la libertad respecto de la sociedad. El requisito para hablar de esa responsabilidad civil, sea culposa o dolosa, es que el acto dañino se realice “con motivo o en ocasión de sus funciones”

Efectivamente, adviértase que el art. 43 si bien señala la limitación de la responsabilidad en estos términos:

“Las personas jurídicas responden por los daños que causen quienes las dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones….

Seguidamente se expone: “Responden también por los daños que causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas en el título: "De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos".

Y en la nota aclaratoria de ese precepto legal el legislador sostuvo:

Nota: Artículo 43. La cuestión de si las personas jurídicas pueden o no cometer delitos y sufrir penas, ha sido vivamente controvertida. Puede verse sobre la materia a SAVIGNY, t. 2, desde la p. 310. Para nosotros, el artículo del proyecto tiene fundamentos incontestables.

El derecho criminal considera al hombre natural, es decir, a un ser libre e inteligente. La persona jurídica está privada de este carácter, no siendo sino un ser abstracto, al cual no puede alcanzar el derecho criminal. La realidad de su existencia se funda sobre las determinaciones de un cierto número de representantes, que en virtud de una ficción, son considerados como sus determinaciones propias. Semejante representación, que excluye la voluntad propiamente dicha, puede tener sus efectos en el derecho civil, pero jamás en el criminal.

La capacidad de las personas jurídicas de poder ser demandadas, no implica una contradicción, aunque toda acción supone la violación de un derecho. Esta especie de violación del derecho tiene una naturaleza puramente material: ella no interesa la conciencia en el mayor número de casos. Las acciones del derecho civil son destinadas a conservar o a restablecer los verdaderos límites de las relaciones individuales del derecho. Teniendo pues las personas jurídicas la capacidad de la propiedad, esta necesidad, la de las acciones civiles, existe respecto de ellas como respecto de las personas naturales. No hay, por lo tanto, inconsecuencia, en decir, que la persona jurídica puede sufrir por un delito, y que no puede cometerlo. Desde que la propiedad existe, ella puede ser violada cualquiera que sea el propietario, un ser de una existencia ideal o un ser inteligente y libre.

Los delitos que pueden imputarse a las personas jurídicas han de ser siempre cometidos por sus miembros o por sus jefes, es decir, por personas naturales, importando poco que el interés de la corporación haya servido de motivo o de fin al delito. Si pues, un magistrado municipal, por un celo mal entendido, comete un fraude con el fin de enriquecer la caja municipal, no deja de ser por eso el único culpable. Castigar la persona jurídica, como culpable de un delito, sería violar el gran principio del derecho criminal que exige la identidad del delincuente y del condenado.

Los que creen que los delitos pueden ser imputables a las personas jurídicas, les atribuyen una capacidad de poder que realmente no tienen. La capacidad no excede del objeto de su institución, que es el de hacerle participar del derecho a los bienes. Para esto, la capacidad de los contratos es indispensable. Si las personas jurídicas tuvieran la capacidad absoluta de derecho y la de voluntad, serían igualmente capaces de relaciones de familia. Los impúberes y los dementes tienen, como las personas jurídicas, la capacidad de derecho sin la capacidad natural de obrar. Para los unos y para los otros, hay los mismos motivos de dar a esta voluntad ficticia una extensión ilimitada, y desde entonces se podría castigar en la persona del pupilo, el delito del tutor, si él comete como tutor un robo o un fraude en el interés de su pupilo. Los casos que se citan de justos castigos a ciudades, municipalidades, etc., han sido o actos del derecho de la guerra, o medidas políticas que nunca se hubieran sancionado por el Poder Judicial, pues en ellas siempre resultaban castigados muchos inocentes. El error del argumento nace de que regularmente los actos del mayor número de los ciudadanos de una ciudad, o de los miembros de una corporación, pasan por ser actos de la ciudad o de la corporación confundiendo así la corporación con sus miembros. Por otra parte, todo delito implica dolo o culpa, y, por lo tanto, la voluntad de cometerlo y la responsabilidad consiguiente. Desde entonces el dolo podría imputarse tanto a las personas jurídicas, como a los impúberes o dementes.

Al lado de la obligación que produce un delito, nace otra del todo diferente, obligatio ex re ex eo, quod aliquem pervenit que se aplica a las personas jurídicas, como a los dementes o a los impúberes. Si, pues, el jefe de una corporación comete fraude en el ejercicio de sus funciones, él sólo es responsable por el dolo; pero la caja de la corporación debe restituir la suma con que el fraude la hubiera enriquecido. Es preciso no decir lo mismo de las multas que pueden imponerse en un proceso, las cuales no son verdaderas penas, sino gastos, partes esenciales del mecanismo de los procedimientos judiciales. Las personas jurídicas deben someterse a esas multas, si quieren participar de los beneficios de un proceso.

Pasando a las disposiciones del derecho sobre la materia, podemos decir que muchas leyes de los Códigos romanos confirman plenamente la doctrina que hemos expuesto. Un texto dice expresamente, que la acción de dolo no puede intentarse contra una municipalidad, porque ella, por su naturaleza, es incapaz de dolo; pero que si se ha enriquecido por el fraude de un administrador, debe restituir la suma de que hubiese aprovechado (L. 15 § 1, Dig. "De dolo").

El poseedor de un inmueble, desposeído violentamente a nombre de una municipalidad, obtiene contra ella el interdicto de "vi" si ella detiene todo o parte del inmueble. "Si vi me dejeccerit quis nomine municipium, in municipes mihi interdictum reddendum. Pomponius ait, si quid ad eos pervenit". (L. 4, Dig. "De vi"). La expresión "municipes" designa siempre la corporación misma. Muchas otras leyes pudiéramos citar que disponen lo mismo.

Nota de Actualización: (*) Según ley 17.711. Texto del Código Civil: No se puede ejercer contra las personas jurídicas, acciones criminales o civiles por indemnización de daños, aunque sus miembros en común, o sus administradores individualmente, hubiesen cometido delitos que redunden en beneficio de ellas.

Ahora bien, de lo que se habla aquí es del dolo del derecho criminal. Y por el hecho de tener un acto intencionado a causar daño uno de los miembros de la asociación, sin que el mismo implique un delito de derecho criminal, o que, implicándolo, les haga responsable penalmente, no deja de lado la responsabilidad civil, de cualquier tipo de asociación, sea que el hecho ilícito provenga de un principal o de un dependiente.

De manera que, por su el actuar doloso de las asociaciones y sociedades civiles regularmente constituidas, la responsabilidad civil será a título de intención o de culpa, no así la responsabilidad penal, que es de otro rango. Pero si se trata de una sociedad de hecho, sólo puede responsabilizarse a la sociedad a título de culpa en el ejercicio de sus funciones, y no por el acto intencionado de causar daño. Es esta la mejor diferencia que a su favor juega la sociedad de hecho.

Ejemplos claros de responsabilidad con el uso de dolo de derecho criminal que han hecho responsable al Estado Nacional han sido los hechos ocurridos durante el curso de la dictadura militar, y relativamente recientemente, por los hechos ocurridos con culpa, por motivo de llamado corralito.

En www.infobae.com, concretamente del hipervínculo: http://www.infobae.com/notas/nota.php?Idx=262240&IdxSeccion=150803

Se lee lo siguiente:

“Un fallo condenó al estado a pagar 30 mil pesos a un ahorrista por los daños morales y psicológicos. Por Radio 10 el abogado que ganó el juicio y una psicóloga coincidieron en señalar las graves consecuencias

“En marzo pasado la jueza en lo Contencioso Administrativo María José Sarmiento resolvió que el Estado debe pagar a un ahorrista 30.000 pesos en concepto de daño psicológico y moral.

“El fallo, es el primero de este tipo y beneficia a un hombre de apellido Gutiérrez, de 59 años, soltero, que trabaja en el área de electricidad automotor, quien tenía 118.000 dólares depositados en una caja de ahorros del Banco Nación.

“Este ahorrista había recuperado la totalidad de ese depósito, según revelo su abogado defensor Sebastián Kenig por Radio 10.

“El ahorrista reclamó que se le abonen 30.000 pesos en concepto de indemnización por daño psíquico, 15.000 pesos por daño moral, y 3.500 pesos destinados al pago de tratamientos psicológicos.

“La jueza, hizo lugar en cambio al pedido de indemnización contra el Estado: 25.000 pesos por daño psicológico, más 5.000 por daño moral.

“El letrado señaló que se pudieron probar "los desequilibrios emocionales surgidos de la sensación de despojo porque los bancos se apropiaron de los depósitos".

“En la resolución, se destaca que el ahorrista sufrió "un perjuicio moral caracterizado por una afrenta a su dignidad, a través de la violación a su derecho de propiedad y a su tranquilidad de espíritu ante la incertidumbre del futuro".

“La psicóloga Patricia Levín agregó en Radio 10 que "un alto porcentaje de gente sufrió las secuelas del corralito" porque además de perder su dinero "sintieron atacado su proyecto de futuro y de vejez".

“La profesional detalló que "en su mayoría fueron personas de clase media de alrededor de 65 años, que tenían incorporada la moral del ahorro y actualmente no se pueden insertar en el mercado laboral".

“Levin explicó que los daños del corralito derivaron en distintos tipos síntomas como "shock postraumático, fobias y depresiones profundas".

En cambio se ha desestimado una acción por indemnización por daño moral contra Domingo Cavallo, sosteniéndose que por un defecto en la demanda, no se había mensurado el daño propio.

Esto significa que, a título de dolo, o a título de culpa, como la que de la que se acusó al ex Ministro de Economía, la sociedad “Estado” no puede erigirse tampoco en un límite a la responsabilidad de los funcionarios, en el ejercicio de sus funciones, aún a título personal, siempre que de los hechos dañosos resulte, su causación en hechos ilícitos a título de dolo o de culpa. Esto no interesa para la responsabilidad civil de las personas jurídicas y de sus integrantes. En estos casos, el Estado es responsable siempre. Y en la sociedad de hecho, no lo es en todos los casos, sino que dependiendo del ilícito de que se trate, del objeto y actividad de la sociedad de hecho.

El hecho de ser un Estado, como en el caso analizado, supone cierta confiabilidad en las decisiones que se adopten resultando repugnante al derecho que esa responsabilidad sea eludida o pretendida de eludir, cuando de actos ilícitos se trate. Aquí no hablamos de extensión de responsabilidad a terceros, tampoco decimos que siempre responden con sus bienes, pero habrán de tener que hacerlo, cuando del funcionario que en particular cometió el ilícito se trata y de la sociedad ( Estado, SRL, SA. Etc. forme parte ).

CONCLUSIÓN:

Consecuentemente lo expuesto, cualquier persona jurídica es responsable por los actos de sus integrantes a título de dolo o culpa, pero no así las sociedades de hecho y/o las irregulares, puesto que la misma legislación les concede derechos retaceados, por lo que no pueden ser obligadas a ser personas jurídicas a la hora de responsabilidades.

PUEDE IR A FORMAS ILICITAS DE DISOLVER UNA SOCIEDAD DE HECHO - PRUEBA DE LOS APORTES - CONTRADICCIONES JUDICIALES - LOS DAÑOS Y PERJUICIOS RESARCIBLES ENTRE LOS SOCIOS DE UNA SOCIEDAD DE HECHO.