LA INFLACIÓN - LA JUSTICIA Y LA INFLACIÓN - CASOS DE LA CORTE SUPREMA - INFLACIÓN E INTERESES - CASO VIEYTES - LA INDEXACION PROHIBIDA - POSIBILIDAD DE INDEXAR - JUECES INFLACION - CONTRATOS INFLACIÓN - PROBLEMAS INDEMNIZACIÓN INFLACION - CONTRATOS - EFEC

 

LA INDEXACIÓN POSIBLE - LA REPOTENCIACIÓN DE LA DEUDA - LOS INTERESES - LOS SALARIOS - LOS HONORARIOS - LAS DISTINTAS ECONOMÍAS PRODUCIDAS POR TRATAR DE BENEFICIAR A LA MACROECONOMÍA - LA COMPETENCIA FEDERAL - CUANDO PROCEDE.

DESCARGA EN AUDIO TEXTO IMPLICA QUE LO PUEDE ESCUCHAR AL TEMA POR INTERNET O DESCARGAR ESTE CONTENIDO EN AUDIO EN SU PC.

La inflación y sus efectos sobre las deudas - LA INDEXACIÓN POSIBLE.

Por el doctor Juan Carlos Muse Generch

SI ESTE TEMA NO LE INTERESA HAGA CLIC DEBAJO PARA IR A OTRO TEMA DE DERECHO DEL ÍNDICE GENERAL

Volver al índice temático

INDEXACIÓN y CASO "VIEYTES DE FERNÁNDEZ C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES” Y “VALDEZ, J.R. c/ GOBIERNO NACIONAL”  y "Valdez, J.R., c/ Gobierno Nacional” clic aquí.

LA COMPETENCIA, ES ¿FEDERAL U ORDINARIA? CASOS.

CONDICIÓN OBJETIVA DE LA ACCIÓN DE AMPARO - SITUACIÓN ESENCIALMENTE DE HECHO.

DISTINTAS CLASES DE ECONOMÍAS Y  DE CIUDADANOS.

INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO RESPECTO POR EL SOLO HECHO DE TRATARSE DE ENTIDADES FINANCIERAS.

HIPÓTESIS TRATADA: ¿SE TRATA DE UN SOLO ACTO DE GOBIERNO O DE VARIOS? CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El caso disparador.

En el caso se trababa de un crédito a favor de un arquitecto por honorarios profesionales, de una obra para una empresa nipona. Decidieron, en definitiva, que sus honorarios, como los de los abogados generaban inflación en caso de alguna forma de repotención, pedido de inconstitucionalidad mediante. Al poco tiempo, los propios jueces de San Isidro, que lanzaron ese fallo, entraron en un paro por tiempo indeterminado, nadie trabajaba ni abría sus puertas. ¿No es acaso entonces inflacionario el pedido de aumento?

 

     La inflación es un signo característico de las economías  antiguas. Va de la mano no tanto por la cantidad de la producción sino en las cualidades de los productos.

     La inflación, hoy, en países de bajo emprendimiento - entendiendo como emprendedor al poder del hombre en su imaginación para generar mejores condiciones de vida y un espíritu aventurero destinado a ello -, implica que, podamos prevenir que una deuda dineraria naturalmente esté destinada a caer en un signo depresivo.

      Los bancos y las entidades financieras, son emprendimientos de alto riesgo. Por ello la función judicial, en aras de procurar la pacificación social, ha discernido y formulada una distinción entre las deudas de los particulares y las deudas comerciales.

     Que una persona, en particular, en determinado momento, haga actos de comercio, con un cierto grado de riesgo, no significa que su empresa, comercio o negocio, sean igualmente riesgosos. La base o elemento para ponderar cómo paliar los efectos de la depreciación monetaria, tienen su cimiento en el riesgo asumido.

     Dicho riesgo tiene una importancia social mayor o más trascendente que la actividad particular.

     De allí la idea de que es distinta la afectación que se puede producir en una empresa de riesgo, a nivel comunitario, que la que puede generar una situación muy específica o puntual de un particular.

     En nuestro ordenamiento jurídico esta establecido el "principio de reparación integral", conforme con el cual, debe tratarse, por todos los medios disponibles, de volverse al estado anterior a la producción de un evento dañoso, tanto en lo que concierne a responsabilidades derivadas de la inejecución parcial o total de los contratos, como en lo relativo a las responsabilidades por deudas generadas por hechos dañosos,  que no proceden de ningún tipo de relación contractual ( por ejemplo: un siniestro de tránsito ).

     De lo manifestado,  hasta ahora, surge que no existe un trato igualitario. Y es así: se le reconoce a emprendedor, - en forma genérica - intereses compensatorios mas altos que los que a la mayoría.

     De allí que, en lo que es fuero comercial, habitualmente,  los intereses mal llamados compensatorios, son los de "tasa activa", esto es, la tasa que paga el Banco por los descuentos de documentos, o sea el interés para préstamos. En el fuero civil, por el contrario, , lo que sucede habitualmente, es que el interés compensatorio, es el que lleva la tasa de interés pasiva. Esto no es así por disposición legal alguna. Es mera interpretación judicial.

     Esto no significa que no se pueda cuestionar el tipo de interés por deudas impagas.Se lo puede cuestionar.

     Habitualmente se suele hablar de deudas de valor y de deudas de dinero, concepto, que había quedado superado con la permisión de la indexación de las todas las deudas, pero, a partir de la sanción de la ley de convertibilidad, en 1991, hoy derogada parcialmente, se dejó vigente, no obstante, la prohibición de indexar.

     Esto ha traído soluciones injustas. Tuve un caso en el que se trató en el fuero civil, los honorarios de un arquitecto y los propios, quedaron desvalorizados luego de la sentencia, por lo que, al momento de la liquidación, era preciso volver al sistema anterior, esto es, indexar la deuda histórica, lo que no se podía realizar atento a que no había sido derogado, en su totalidad, el decreto 1570/01 en la parte correspondiente a la prohibición de indexar, como he dicho.

   En seis meses la inflación se había desatado de una manera vertiginosa. Como consecuencia de ello, no resultaba justo que tales honorarios quedaran sujetos a la normativa anti indexatoria.

   El actor, arquitecto, había reclamado una deuda por honorarios profesionales, contra una concesionaria de automóviles Toyota.

   También gozaba de beneficio de litigar sin gastos, para poder litigar sin afrontar los gastos de un juicio. Dicho en otras palabras, esto significa, que había sido declarado carente de recursos judicialmente en un % 50,  por resolución judicial firme.

   El señor juez de primer grado razonó que la indexación producía efectos inflacionarios, declarando la constitucionalidad de dicha prohibición. Ante dicha circunstancia, el señor juez de primera instancia, me plantea en el mismo expediente, que debo acudir al fuero federal por estar involucradas "leyes federales" cuya incumbencia les corresponde según él. Esto sucedió durante la tramitación del procedimiento ordinario.

   Presenté los siguientes argumentos:

   A) Porción de las leyes especiales del conocido “corralito” respecto de las cuales cabe declarar o no declarar la inconstitucionalidad.

     Tocante al conjunto de normas de la versión corralito, que tenemos actualmente y de la que oportunamente se ha solicitado la inconstitucionalidad, de las mismas, sostiene el señor juez “a quo”, entiendo, su improcedencia toda vez que las que se refieren a la prohibición de indexar son las normas que cita, o sea, son, o serían los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 5to. de la ley 25.561.

     Así concebida la idea, a mi parecer, involucraría que las inconstitucionalidades parcialmente dictadas, en un conjunto de normas que componen la Política Económica del Gobierno Nacional involucren nuevos actos de gobierno que, por vía de declaraciones de inconstitucionalidad parciales, se generarían.

    Este apelante, en consecuencia, sostiene que se tratan de un cuerpo organizado de normas que constituyen un todo en un único fin y cuyos efectos son inconstitucionales por lesionar los derechos y garantías constitucionales.

    El haber reclamado por la inconstitucionalidad de esta o aquella norma, no parece el criterio mas adecuado, toda vez que la idea fin del acto jurídico gubernamental, no está sustentado por determinada ley en sentido material. Más bien podemos hablar de “normas” que, “in formaliter” aparecen separadas, pero, en realidad, conforman un conjunto en la finalidad.

   De la misma manera puede ocurrir que una norma no sea materialmente tal, sino un complejo de mandatos distintos. En este sentido cuando pedí la inconstitucionalidad de la totalidad de las normas que conforman el corralito, que afectan a mi mandante, como veremos, en su patrimonio también en estas actuaciones. Lo hice para que no quede vulnerado aquel principio según el cual es vedado a los jueces el gobernar. Entendí que si solicitaba exclusivamente la inconstitucionalidad de las normas, a que refiere el señor juez “a quo” y solamente a ellas, estaría provocando una nueva medida de gobierno, pues, como se ha dicho, se trata de un solo acto de gobierno legiferado en distintas normas.

   Este criterio puede ser o no compartido. Pero y sin embargo lo apoya el caso “Smith c/ Bco. Galicia” de la C.S.J.N. No necesariamente hace esto un agravio concreto, en cuanto a la liquidación concerniente si pudiera indexarse por la inconstitucionalidad de las normas que menciona el “a quo” y nada mas. Sino un planteo a consecuencia del cual, entiendo que el señor juez “a quo”, debe decidir el alcance de la inconstitucionalidad pretendida con respecto a más normas atento a las razones que expondré. Y por razones de omisión por parte del “a quo”, se solicitará la inconstitucionalidad a V.E.

   B ) SEGUNDA CRÍTICA: En lo restante sostiene el señor juez “a quo” que la liquidación debe hacerse conforme a las pautas del superior.

   Entiendo que actúa el señor juez, coherentemente con la resolución dictada en el Incidente de Medidas Cautelares y creo se mantiene en la misma posición respecto de la cual recayó apelación.

   Como primera conclusión que ya adelanto, sostengo que el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, está perfectamente habilitado para declarar la inconstitucionalidad de las normas que componen el denominado “corralito” en sus actuales alcances en cuanto es materia de agravio en el presente proceso y sin necesidad de ocurrir al fuero federal.

    No ha variado la pretensión de esta parte accionante al pretender indexar. La pretensión de autos no ha variado en absoluto y no se quiere, ni pretende de mi parte apartarse de los parámetros de la Excma. Cámara de Apelaciones. Entendiendo como “parámetro” el contenido o idea fuerza de justicia que se ha tenido en mira al sentenciar en estos actuados.

   Esto no constituye una variación de la demanda. De donde, se sigue que lo primero, que tenemos que examinar son los conceptos:

   En este sentido “pretensión” “Es el acto en virtud del cual se reclama ante un órgano jurisdiccional ( o eventualmente arbitral ), y frente a una persona distinta, la resolución de un conflicto suscitado entre dicha persona y el autor de la reclamación.”, mientras que “la acción” “puede ser considerada, de acuerdo con un primer punto de vista, como el derecho público subjetivo, de provocar la actividad de los órganos judiciales, y al cual es correlativo deber que incumbe a dichos órganos en el sentido de prestar esa actividad cada vez que le sea requerida” mientras que “demanda” es el “modo de ejercitar la acción en cada caso particular” ( PALACIOS, Derecho Procesal Civil Tomo 1 – Nociones Generales -, pág. 388, 391 y 392 ).

    La pretensión de este accionante coincide con la idea fuerza de la Excma. Cámara de Apelaciones que, al dictar el fallo en estos actuados, tuvo en mira las cuestiones que le fueron sometidas a su juzgamiento, dentro de las cuales, no existía el complejo de normas cuya inconstitucionalidad se ha solicitado al juez “a quo”. Y LA JURISPRUDENCIA ANTIQUÍSIMA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN APOYA ESTA TESIS:

   CASO “VIEYTES DE FERNÁNDEZ C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES” Y “VALDEZ, J.R. c/ GOBIERNO NACIONAL”

    La problemática de las deudas de valor y de dinero ha quedado culminada a partir de esos dos fallos.

    “A fines de 1976, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re: “Vieytes de Fernández c/ Provincia de Buenos Aires” y “Valdez, J.R., c/ Gobierno Nacional” se hace cargo sin ambages, de la problemática de la revalorización de deudas dinerarias ( CSJN ED, 69-186 y 190, fallos 28.635 y 28.636 doctrina luego reiterada en fallo del 24-2-77, LL fallo 74.375. )

   “En el primer caso, se trataba del reajuste de los alquileres no pagados del locador en tiempo oportuno; en el segundo, el reajuste de la indemnización por despido de un empleado público. Ambos casos, como se ve, interesaban típicas obligaciones dinerarias, o sea prestaciones en que la suma en moneda constituye el objeto de la obligación.

   “Respecto de ambos – y como lo sostuvo anteriormente en la causa “Camuso vda. De Marino c/ Perkins S.A.” ( ED, 67-412, fallo 28.347, el Alto Tribunal juzga que “el reajuste de tales créditos no hace a la deuda mas onerosa que en su origen; sólo mantiene el valor económico real de la moneda frente a su progresivo envilecimiento. No se modifica la obligación sino que se determina el quantum en que ella se traduce cuando ha variado el valor de la moneda; el desmedro financiero que para el deudor moroso pudiere derivar de aquel reajuste no reviste entidad que permita entender configurada lesión esencial a su derecho de propiedad; sólo le priva de un beneficio producto de su incumplimiento” Por el contrario el derecho de propiedad afectado sería el del acreedor quien recibiría – de no aplicarse la actualización – una moneda desvalorizada cuyo poder adquisitivo sería muy inferior al que tenía en la época en que debía abonarse la deuda” ( trascripción de pág. 75/76 debajo del título “ALCANCES DE LA DOCTRINA DE LA CORTE SUPREMA EN MATERIA DE REVALORIZACIÓN DE DEUDAS DINERARIAS, perteneciente al libro de EDUARDO ZANONI “REEVALUACIÓN DE OBLIGACIONES DINERARIAS ( INDEXACIÓN )”, ed. De Palma 1977.

   De donde se sigue QUE NO PRETENDO MODIFICAR LA SENTENCIA TAL Y COMO LO DICE EL FALLO, Y DOCTRINA CITADA, NO SE TRATA DE UNA NUEVA DEMANDA.

   “Tal vez se pueda disentir en cuanto a que la actualización por vía de indexación monetaria, no sería el mejor remedio. Sin embargo, si tenemos en cuenta el carácter declarativo de la sentencia, entonces debemos considerar también qué hubiese sucedido si el deudor hubiese pagado a la fecha de la mora.

   “En dicho caso mal pudiera haber ocurrido que recibiese mi conferente, menos de la mitad de la suma que, en justicia, le corresponde. Muy por el contrario hubiese recibido un equivalente a U$S 43.000, con el poder adquisitivo de aquel entonces y esta empresa accionada cuyo objeto es la venta de vehículos automotores de procedencia extranjera le hubiese podido pagar dicha suma.

   “Porque tal y como surge de autos, en el otro incidente de Embargo Preventivo, en el cual, esta empresa depositó como reemplazo del embargo oportunamente trabado y como caución una suma mayor a $ 100.000 está bien claro que, al día de hoy, mi conferente dispondría, por pago, de mas de 100.000 pesos con entera facilidad.

   “Y si bien es cierto que esto hubiese o no sucedido o hubiese sido un “tal vez”, resulta sumamente útil discernir que, si bien efectivamente el precio de la divisa extranjera, es un precio mas entre todos los precios, sin embargo, es un precio dominante del resto.

   “Y este es un hecho que se capta por los sentidos. De modo que la indexación ha sido una idea formulada como pretensión, en el sentido expuesto, y no como nueva demanda a fin de que no se coarte la justicia antes declarada por este mismo Tribunal.

   “Al fin y al cabo, de las circunstancias del caso se desprende que esta empresa que se hace de dólares a la venta de vehículos de procedencia japonesa, hoy paga esta misma sentencia con menos de la mitad de los dólares que ya a esa fecha de mora ha percibido.

   “Entonces cuando hablamos de pretensión, en el sentido antes expuesto citando a PALACIOS, aplicando, no mas que el coeficiente de actualización monetaria, pudiera, incluso, ser pensable, que efectivamente se ha variado dicha pretensión, pero y en todo caso, hacia abajo.

    “Por cuanto incluso, es perfectamente pensable lo que afirmo, y de lo que lo hago con esta presentación, como una pretensión débil que ocasiona u ocasionaría un desmedro del activo patrimonial de mi mandante, que le corresponde por una sentencia DECLARATIVA ( pues ése ha sido su carácter ) y NO SIENDO CONSTITUTIVA, la misma refiere a hechos y situaciones pasadas y a justicia que debió en su momento cumplirse.

    “C ) TERCERA CRÍTICA

    “Las causas de Sala I 89.694 reg. 15/02 y 89.692 de la sala IIa ( en las que se tratan de amparos contra depósitos y se fija el fuero correspondiente, o sea el federal ) hablan de “leyes especiales”.

   Dado su carácter, la consecuente importancia asignada a este conjunto de normas que hace que un juez, cualquiera sea su jurisdicción, no pueda evitar ni omitir pronunciarse a su respecto.

    “De conformidad a estas causas advierto, lo siguiente:

    “a) Del fallo de la Sala IIa.,Citado por el señor juez “a quo” se cita en el punto “D” – 9 a Clemente Díaz y dice V.E. transcribiéndole: “9.- Según Clemente DÍAZ el concepto de “leyes especiales” es sinónimo de legislación federal y hacen al interés nacional y entre ellas cita a la ley de monedas...”

    “De donde, se sigue que la importancia de estas normas son aún mayores que las del Derecho Común. Y he aquí que estas normas no pueden ser omitidas por dichas consideraciones.

   “Por lo tanto, deben ser aplicadas por los jueces nacionales, federales o provinciales. Pero si resultan pasibles de aplicación, también debe ser, siguiendo una ilación lógica, pasibles de una declaración de inconstitucionalidad toda vez que un juez debe, en definitiva, aplicar el derecho, por cuy razón la S.C.B.A. admite la declaración de inconstitucionalidad de oficio.

   “Esa una cuestión: quién debe decidir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estas normas, cuando las mismas se presentan en una ejecución o un embargo preventivo que esta regido por las normas de derecho común y el proceso está tramitando desde su comienzo por parte de un determinado magistrado.

   “De estas causas de esta Cámara citadas: “GINACA, Laura A c/ BANK BOSTON s/ Amparo” y “CAPPONI, Gustavo A. c/ BANK BOSTON s/ Amparo” la doctrina que ha sentado estos fallos es la siguiente:

   “Sala I, causa 89.692: se lee en la parte final de la causa: “Es que si bien el resguardo del orden constitucional compete a todo juez nacional o provincial, cuando – como en el caso – las pretensiones jurídicas en litigio encuentran apoyatura en modo directo e inmediato en el orden normativo federal, la competencia de los tribunales federales es privativa y excluyente...” ( sic ) se citan fallos de la C.S.J.N. y las negrillas son mías.

   “Dijo entonces esta sala, que la apoyatura legal de la pretensión debe ser “directa e inmediata” con respecto al orden normativo federal.

    “Cabe interpretar que esta sala quiso decir: “demanda” y no “pretensión” en el sentido dado en el que se ha leído a PALACIOS.

   “Pero esta demanda, que ya se sentenció y respecto de la cual NO SE VARÍA LA PRETENSIÓN – como se ha dicho – NO TIENE NI HA TENIDO SUSTENTO DIRECTO O INMEDIATO EN ESTAS LEYES ESPECIALES.

    “Por su parte el en la causa de la Sala IIa.- se ha dicho: en el punto 13.- lo que transcribo:

   “Por otra parte es necesario recordar, que es presupuesto de la competencia federal, que el derecho invocado sea directa e inmediatamente una ley nacional, que reglamenta servicios, instituciones o actividades que se extienden a todo el territorio nacional” ( con cita a PALACIO y a ALVARADO PELLOSO )

    “El subrayado es mío:

   “Otra vez se dice: “directa e inmediata”, con lo que vale lo dicho anteriormente: ESTA DEMANDA HA SIDO SENTENCIADA Y NO SE VARÍA LA PRETENSIÓN – como se ha dicho – NO TIENE NI HA TENIDO SUSTENTO DIRECTO O INMEDIATO EN ESTAS LEYES ESPECIALES.

   “Mas abajo en el punto 18 se lee: “Es cierto que por vía interpretativa pueden los magistrados llegar a una solución mas justa, pero no pueden los jueces provinciales intervenir en cuestiones... cuando el tema hace a la política monetaria nacional adoptada”

   “Esta demanda es de daños y perjuicios a la que este artículo incidental se le suma. Pero no como otro proceso ( del latín. Processus, procesión, que difiere del “acto procesal” como tal y tal como difiere una fotografía, de un filme que está constituido por una serie concatenada de fotografías ), proceso éste que se pretende continuar con una liquidación adecuada a la idea fuerza de justicia contenida, en la sentencia definitiva dictada por V.E. y no con meros guarismos. Me explico ahora.

   “Por cuanto la justicia impartida por V.E., creemos, no ha residido en los números sino traducida a números.

   “Hoy hablamos en otro idioma, pesificación, C.E.R., devaluación, derogación de convertibilidad, etc. Y desde esta óptica es necesario reacomodar el lenguaje para que la expresión en la que se traduce la sentencia – numérica – sea el reflejo de la justicia y no lo que una de las partes y el señor juez entienden del idioma anterior. Hay que entonces reacomodarse a los nuevos lenguajes impuestos.

   “La demanda, como tal tuvo su origen en el Derecho Común y es un solo y único proceso y del cual de ninguna variación de pretensión puede hablarse. Porque en ningún momento se debatió en la demanda de otra cosa que el Derecho Común y nadie discute en estos actuados, ni lo ha hecho antes, ni ha debatido, en la demanda sobre “la política nacional adoptada”.

   “Si bien pudiera entenderse que por esta vía se llega a esa conclusión, la misma estaría errada en su apreciación.

    “Bastaría, por ejemplo, que cualquier efecto o artículo incidental de la pronunciación de inconstitucionalidad de tal o cual norma que se dicte en el ínterin de los procesos en trámite pueda ser considerada y alegada como “cuestionamiento de la política nacional adoptada” para evitar que un juez ejecute el derecho declarando, por ejemplo y sólo por ejemplo, una inconstitucionalidad. Si esto es así, he de poner de relieve, que el Poder Judicial permanentemente está vigilando por el Estado de Derecho, perfeccionándolo además. Y, en el ejercicio de esa función siempre existen consecuencias en dicha política nacional.

   “D ) CUARTA CRÍTICA:

   “PERO Y SIN EMBARGO, además de ello, no ha sido el Derecho Común ni la Justicia Ordinaria la que se ha metido en la Política Nacional, sino exactamente al revés: el ordenamiento legal cuya inconstitucionalidad se ha solicitado, es el que se ha embutido contra los Códigos de Procedimientos Provinciales, prohibiendo traba de medidas cautelares y alterando las sentencias y su sentido. Ha sido la “Política Nacional” la que MODIFICA LA IDEA MADRE de las sentencias, que, cuando fueron dictadas, en ejercicio del derecho - deber de la magistratura, tuvieron en miras una idea de lo que era lo justo.

   “De donde se sigue que la “Política Nacional” no puede alterar la función jurisdiccional que es la de impartir justicia. No puede, en definitiva, alterar el contenido de las sentencias, el sentido de la justicia definida en las mismas.

   “Y siguiendo la lectura de este fallo dictado por esta sala IIa. En el punto 21 leo lo siguiente:

   “Entiendo que corresponde a la justicia federal el juicio en que si bien las razones de derecho común sustentan la sentencia recurrida, no puede ser considerada sin previa declaración de inconstitucionalidad de leyes nacionales en que la demanda funda su pretensión ( Fallos 184:319 ), en cambio no es de competencia federal, la demanda fundada en preceptos de legislación común, aunque, como fundamento accesorio haya sido invocada una ley especial del Congreso ( Fallos: 92:181, citados por HARO, Ricardo “La Competencia Federal”, p. 127, De Palma, 1987 )”

   “De donde se sigue que, en el caso de autos, ni fue necesario pedir inconstitucionalidad de ley alguna para poder promover la demanda, ni la legislación especial ha sido la fundamental en este debate de daños y perjuicios y que por lo tanto ningún impedimento surge para declarar la inconstitucionalidad de esas normas especiales. Por lo tanto claramente inferimos que la liquidación está correctamente realizada en el plano dogmático.

   “El fallo recién citado también menciona “LA INEXISTENCIA DE NORMAS PROCEDIMENTALES QUE PERMITAN LOS RECURSOS QUE PREVÉN LAS NORMAS CUYA INCONSTITUCIONALIDAD SE PRETENDE”. Y señala la sala IIa. la modificación el art. 195 bis del Cód. Procesal de la Nación, con lo cual V.E. ha tenido en cuenta la situación de desigualdad que se generaría con el Gobierno Nacional. Por cuanto las cautelares no podrían ser recurridas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por no estar ello previsto en los ordenamientos adjetivos provinciales. Y que ello obligaría a pasar por 2 instancias más antes que el conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se ha instrumentado el “per saltum” en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

   “Sin embargo la mencionada doctrina estaba reconocida desde hace mucho antes, aunque no legislada ni en el art. 195 bis del código adjetivo Nacional, ni en similares provinciales, para el conocimiento directo por el máximo tribunal Nacional con lo cual disiento parcialmente en este punto de vista con V.E.

   “Es más: el “per saltum” se aplicó en el caso “Smith c/ Banco Galicia” y no estaba legislado. Corresponde aún admitirlo en los casos no previstos en dicha norma.

    “Pero mas allá de ello ciertamente es que es un hecho cierto que la Política Nacional no ha previsto un mecanismo para resolver este problema o supuesto problema ( mas aún cuando se entromete en los Códigos de Procedimiento Provinciales con modificaciones en las medidas cautelares y formas de condenas alterando las sentencias ). Pero bien podemos decir que esa es la política nacional y sus torpezas. ¿También debe mi parte y estos letrados y todos los abogados hacerse cargo de las torpezas de la Política Nacional? ¿Más bien no resulta mas justo que el legislador redacte un poco mejor o soporte él las consecuencias de su redacción bajo apercibimiento de que los jueces le declaren la inconstitucionalidad de las normas que redactan? Y ¿por qué no?

   “¿No previeron este problema? ¿NO HAY SOLUCIÓN PARA LA NACIÓN QUE NO SEA INVADIENDO LAS FACULTADES QUE LAS PROVINCIAS NO HAN DELEGADO? ¿O no es invasivo el P.E.N. con su frondosa legislación de emergencia con respecto a las facultades Procesales, que le son propias a esta Provincia para, por ejemplo,  trabar medidas cautelares, promover las ejecuciones, el indexar, y, en definitiva, en un todo, según y conforme EL SENTIDO de la sentencia dictada y según los mecanismos de nuestro Código Adjetivo y de esta manera liquidar las sentencias que condenan a pagar sumas de dinero con la idea de justicia que se ha tenido al dictarlas lo que permite la pretensión de indexar?

   “El P.E.N. ha sido completamente invasivo y si no lo ha sido ha dejado a resguardo las facultades NO DELEGADAS por el Estado de Buenos Aires a la Nación. Bien podemos entender o presumir que al Estado Nacional al legiferar de esta forma no le causa agravio alguno y así lo entendió ( dada la redacción de sus normas ), o bien que soporte las consecuencias de su legislación (incluyendo la inconstitucionalidad de las mismas ) y no que la consecuencias la tengan que soportar la justicia, las partes y el ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, alterándose como en el caso, la justicia conmutativa. En definitiva: alterándose la justicia.

   “Tenemos hasta el momento de esta exposición:

   “1 ) Que se trata de un solo acto de gobierno.

   “2 ) Que de las consecuencias de la redacción de las normas puede caber la inconstitucionalidad de las mismas.

   “3 ) Que dicho acto de gobierno, realizado o forjado por distintas normas resulta no sólo lesivo del derecho de propiedad adquirido por sentencia, sino además que, aparentemente, se ha pretendido avasallar las facultades no delegadas al Estado Nacional por la Provincia de Buenos Aires.

   “Y se confirman mis dichos por lo expuesto por la C.S.J.N. en los autos “Smith c/ Banco Galicia” al decirse en ese fallo lo que transcribo:

   “En este contexto cabe recordar que esta Corte ha subrayado, en reiteradas oportunidades que, el fundamento de las normas de emergencia es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que, atenuar su gravitación negativa, sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto (Fallos: 136:161; 313:1513 y 317: 1462). El Tribunal ha reconocido la constitucionalidad de las leyes que suspenden temporaria y razonablemente los efectos de los contratos, como los de las sentencias firmes, siempre que no se altere la sustancia de unos y otras (Fallos: 243:467), a fin de proteger el interés público en presencia de desastres o graves perturbaciones de carácter físico, económico o de otra índole (Fallos: 238:76).

   “En estos casos, el gobierno está facultado para sancionar las leyes que considere conveniente, con el límite que tal legislación sea razonable, y no desconozca las garantías o las restricciones que impone la Constitución. No debe darse a las limitaciones constitucionales una extensión que trabe el ejercicio eficaz de los poderes del Estado (Fallos: 171:79) toda vez que acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios (Fallos: 238:76).

    “La restricción que impone el Estado al ejercicio normal de los derechos patrimoniales debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato, y está sometida al control jurisdiccional de constitucionalidad, toda vez que la emergencia, a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales (confr. Fallos: 243: 467; 323:1566).”

     “De esta parte del fallo resulta, de las negrillas:

    “1.- Que se alteran las sentencias firmes.

    “2.- Que se traba el eficaz ejercicio de los poderes del Estado.

    “3.- Que hay mutación del derecho adquirido por sentencia.

   “4.- Que todo eso no hace que escape al control de constitucionalidad.

    “HIPÓTESIS TRATADA DE QUE SE TRATA DE UN SOLO ACTO DE GOBIERNO – CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN:

    “Se dijo al respecto en el caso “Smith c/ Banco Galicia”

    “4to) Que cabe señalar, además, que en el transcurso del proceso, han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de esta litis por lo que, de conformidad con reiterada doctrina de esta Corte, su decisión deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuran circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir (Fallos: 308:1489; 312:555; 315:123, entre muchos otros).

    Hasta aquí, pudiera tal vez discutirse la razón del apelante, pero seguimos insistiendo en que se trata de un solo acto de gobierno. Y la Corte lo señala en el caso “Smith c/ Banco Galicia” CUANDO SÓLO SE HABÍA PEDIDO LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO 1570/2001 diciendo:

   “5to) Que el decreto 1570/01, en su art. 2do., inc. “a”, prohibió "los retiros en efectivo que superen los pesos doscientos cincuenta ($ 250) o dólares estadounidenses doscientos cincuenta (u$s 250), por semana, por parte del titular, o de los titulares que actúen en forma conjunta o indistinta, del total de sus cuentas en cada entidad financiera. El actor, en los autos principales, planteó ( solamente ) la inconstitucionalidad de dicha norma ( decreto 1570 ) por cuanto le impedía disponer de la totalidad de los depósitos de los cuales es titular por ser contraria al art. 17 de la Constitución Nacional y a la ley 25.466 de intangibilidad de los depósitos.

    “La circunstancia de que en el sub lite, el titular de los fondos aún no haya visto satisfecha su pretensión (extremo que se verifica mediante la compulsa de los autos principales) pone de manifiesto la diferencia entre el sustrato fáctico de la presente y el de la causa B.1141 XXXVII "Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ solicita se declare estado de emer-gencia económica", sentencia del 28 de diciembre de 2001, lo que habilita pues, un tratamiento diverso.”

   “Lo que está entre paréntesis es mío; y resultando que la Corte Suprema de la Nación declaró, por la conexidad, la inconstitucionalidad de todas las normas relacionadas con dicho decreto, es que considero que estoy en lo correcto, al decir, que no se trata de normas distintas sino de un cuerpo de normas que tienen una sola finalidad y deben ser consideradas en su conjunto, so pena de que, por vía de declaración de inconstitucionalidad parcial, el Poder Judicial haga, mediante un precedente, un acto de gobierno nuevo y distinto.

   También ha dicho la C.S.J.N. en el mismo sentido:

   “11) Que el derecho a disponer libremente de los fondos invertidos o depositados en entidades bancarias y financieras se sustenta, con independencia de los preceptos legales que puedan reconocerlo, en los principios de la Ley Fundamental; y no es dudoso que condicionar o limitar ese derecho afecta a la intangibilidad del patrimonio y obsta al propósito de afianzar la justicia. Tal afectación de los mentados principios constitucionales, dada la gravedad que reviste y la ausencia de razones decisivas que justifiquen la exigencia legal que la provoca, no puede entenderse como fruto de una reglamentación razonable de tales principios, ni encuentra respaldo, por ende, en el art. 28 de la Carta Magna (Fallos: 305:945, considerando 8vo, último párrafo).

    “Tal circunstancia se aprecia nítidamente en la situación planteada en el sub lite, en donde las sucesivas reglamentaciones aludidas han excedido el marco de la delegación imponiendo condicionamientos y restricciones a la libre disposición de la propiedad privada de los particulares en abierta violación de las normas constitucionales mencionadas”

    “De donde tenemos:

   “1.- Que no se afianza la justicia.

   “2.- Que no puede independizarse una norma con respecto a otras tal como se dijo al comienzo de este escrito.

   “LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL HABLAR DE “SENTENCIA” Y DE “AFIANZAR LA JUSTICIA” DE NINGUNA MANERA ESTA EXCLUYENDO AL ÁMBITO PROVINCIAL.

   “DE DONDE SE SIGUE QUE LA “PRETENSIÓN” EN SU CONCEPTO Y DEFINICIÓN ANTES MENCIONADA DE AJUSTAR LA LIQUIDACIÓN POR EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR ES UNA VARIABLE QUE NOS PERMITE VOLVER A TRADUCIR LA SENTENCIA EN GUARISMOS DE JUSTICIA Y ESTO ES COHERENTE CON LOS FALLOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CITADOS SUPRA: VIEYTES DE FERNÁNDEZ C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES” Y “VALDEZ, J.R. c/ GOBIERNO NACIONAL DE 1976.

   “DEBIDA CONCORDANCIA ENTRE LOS FUNDAMENTOS Y DOCTRINA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y TODOS LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA.-

   “En este sentido nuestro máximo tribunal provincial ( SCBA ) y Cámaras de Apelaciones concordantemente han dicho:

   “Existe el deber, de parte de todos los jueces de la República, de conformar sus fallos a los del mimo tribunal federal, incluso tratándose de cuestiones regidas por el derecho común, salvo que serias razones de peso justifiquen una solución diversa”.

    CC0101 LP 211711 RSD-64-92 S 14-4-1992, Juez ENNIS (SD)

   CARATULA: MULTICOMPRAS S.A. c/ Castro, Beatriz Isolina s/ Ejecutivo Prep. Via Ejecutivo MAG. VOTANTES: Ennis - Tenreyro Anaya

   CC0101 LP 212636 RSD-165-92 S 18-8-1992, Juez ENNIS (SD)

   CARATULA: Herrera, Reinaldo Vicente c/ Santillan, Andres Guillermo s/ Cobro de alquileres MAG. VOTANTES: Ennis - Tenreyro Anaya

   Civil y comercial B23542

   INCONSTITUCIONALIDAD - DECLARACIÓN DE OFICIO.

   “La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecido como doctrina que los jueces se hallan inhabilitados para disponer de oficio la inconstitucionalidad de las leyes. Sin perjuicio de mi opinión contraria a tal limitación, considero que dicha doctrina emanada del máximo Tribunal, es en principio que atrapa a  los jueces inferiores quienes les deben obediencia.”

    SCBA, Ac 55536 S 24-10-1995, Juez HITTERS (OP) CARÁTULA: Tenembaum, Carlos c/ Gobierno de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación inversa

    PUBLICACIONES: LL 1997 D, 540 – A. y S. 1995 IV, 13

   MAG. VOTANTES: Hitters - San Martín- Pisano - Laborde - Negri - Salas - Mercader

   TRIB. DE ORIGEN: CC0102SI

   SCBA, Ac 54349 S 15-7-1997, Juez HITTERS (OP) CARÁTULA: La Previsión Coop. Seguros Ltda. c/ Municipalidad de Olavaria y Alvarez, Carlos s/ Cobro australes

   PUBLICACIONES: DJBA 153, 251

   MAG. VOTANTES: Pisano-Negri -San Martín -Ghione-Laborde-Pettigiani-Hitters

   TRIB. DE ORIGEN: CC0000AZ

   SCBA, Ac 54352 S 31-3-1998, Juez HITTERS (OP) CARÁTULA: Campari, H Amado s/ Incidente de ejecución de honorarios en Municipalidad de Avellaneda contra Conarges S.A. Apremio

   MAG. VOTANTES: Pettigiani-Negri-Hitters-Laborde-San Martín-Salas

   TRIB. DE ORIGEN: CC0101LP

   Civil y comercial B24098

   INCONSTITUCIONALIDAD - DECLARACIÓN DE OFICIO.

  “La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene decidido que los jueces se hallan inhabilitados para disponer de oficio, esto es, sin petición expresa de parte, la inconstitucionalidad de las leyes, por consiguiente y sin perjuicio de las consideraciones que sobre el tema pudieran formularse, por razones de celeridad y economía procesal, la decisión de este Tribunal debe adecuarse a lo resuelto por el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación.”

   SCBA, Ac 54349 S 15-7-1997, Juez PETTIGIANI (OP)

  CARATULA: La Previsión Coop. Seguros Ltda. c/ Municipalidad de Olavarría y Alvarez, Carlos s/ Cobro australes PUBLICACIONES: DJBA 153, 251

  MAG. VOTANTES: Pisano-Negri-San Martín-Ghione-Laborde-Pettigiani-Hitters

  TRIB. DE ORIGEN: CC0000AZ

   SCBA, Ac 68238 S 18-4-2000, Juez PETTIGIANI (OP)

   CARÁTULA: Banco Comercial Finanzas S.A. (en liquidación Banco Central de la República Argentina) s/ Quiebra MAG. VOTANTES: Laborde-de Lázzari-Pettigiani-Pisano-Hitters TRIB. DE ORIGEN: CC0101BB

   “Y establecido que esta que la S.C.B.A. debe adecuar sus fallos a los de la C.S.J.N. no se comprende la razón por la cual el “a quo” no ha reparado siquiera en la parte que en negrillas se ha trascripto del caso “Smith c/ Banco Galicia”

   “Ahora bien cuando LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DICE QUE SE ALTERA EL CONTENIDO DE LAS SENTENCIAS, NO REFIERE A LAS SENTENCIAS DEL FUERO FEDERAL EXCLUSIVAMENTE SINO A TODO EL PODER JUDICIAL DE NUESTRO PAÍS EN GENERAL.

   “DE MODO QUE LA “PRETENSIÓN” ES, REALMENTE, “AFIANZAR” LA “JUSTICIA” CONTENIDA EN LA SENTENCIA DICTADA POR V.E. en estos actuados.

   “Y si, sin mas, DEBEMOS SOPORTAR LAS CONSECUENCIAS DE estas facultades NO delegadas por la Provincia de Buenos Aires a la Nación, debemos concluir que GRACIAS A LA LEGISLACIÓN CUYA INCONSTITUCIONALIDAD SE HA PEDIDO CON SUSTENTO TANTO EN LA CARTA MAGNA NACIONAL, COMO EN LA PROVINCIAL QUE ADEMÁS, EXISTE DE NUESTRA PARTE UN INTERÉS, DIFUSO, CONSISTENTE, COMO VECINOS DE ESTA PROVINCIA, EN TENER NUESTRO PODER JUDICIAL PROPIO Y NO UNA SUERTE DE TRIBUNAL DE FALTAS.

   “En este sentido ha dicho la S.C.B.A.:

   “La admisión, en algunos casos, de la definitividad de las resoluciones relativas a la procedencia o no del reajuste por depreciación monetaria recaídas en la etapa de ejecución de sentencia tiene carácter excepcional y queda reservada, entre otros supuestos, a aquéllos en que la procedencia de la indexación no ha sido motivo de decisión en la sentencia al poner fin a la cuestión litigiosa, o cuando en la etapa de ejecución la resolución o las contingencias procesales alteran las previsiones del fallo respecto a dicho tema.”

   SCBA, L 45364 S 27-11-1990, Juez SALAS (SD)

   CARÁTULA: Luna, Celestino c/ Papelera S.R.L. s/ Daños y perjuicios por accidente de trabajo

   PUBLICACIONES: A. y S. 1990-IV, 334

   MAG. VOTANTES: Salas - Rodríguez Villar - Mercader - Laborde - San Martín

   TRIB. DE ORIGEN: TT0100LP NNF: 90010289

   “ES DECIR QUE SE HA ADMITIDO LA INDEXACIÓN AÚN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA CON EL ÚNICO OBJETO DE PONER FIN A LA COSA LITIGIOSA POR CUANTO NO HAN SIDO DECIDIDAS, LÓGICAMENTE, EN LA SENTENCIA

   “E ) QUINTA CRÍTICA: No se sigue que exista tal delegación de facultades al Estado Nacional y menos al P.E.N., no se determina tal delegación ni en el art. 52 ni en el 75, e incluso el art. 100 C.N. sólo admite la administración general del país por parte del P.E.N. E incluso en el artículo 116 de la C.N. se lee que Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75...”

   “Y esta reserva es la que está en negrillas: “Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; ....”

  “Y he aquí que esta legislación separada altera el contenido no puede entenderse como alteración de jurisdicción.

  “Ello así por cuanto el tema de las leyes especiales aparece como cuestión meramente incidental en este proceso.

  “Porque se puede entender que “las cosas” o “las personas” en este litigio han recaído en la jurisdicción provincial y que el señor juez “a quo” no advierte que, de esta manera, se altera la jurisdicción de esta Provincia donde ya hay prevención y consecuente cognición de una causa ( esta causa ) no pudiendo sustentarse solución diversa EN LA FALTA DE PREVISIÓN QUE PUDO HABER TENIDO EL GOBIERNO NACIONAL EN CUANTO A LAS CAUSAS EN TRAMITE EN LOS ÁMBITOS PROVINCIALES SO PENA DE QUE, POR VÍA DE INTERPRETACIÓN DE LO QUE EL GOBIERNO NACIONAL HABRÍA QUERIDO HACER RESULTASE EL GOBIERNO DE LOS JUECES.

  “F ) SEXTA CRÍTICA:

  “LA IRRAZONABILIDAD DE LA RESOLUCIÓN DEL A QUO QUEDA DEMOSTRADA POR SUS EFECTOS:

Y bien conocida es la máxima según la cual LA CAUSA SE CONOCE POR SUS EFECTOS:

  “Y los efectos de la providencia apelada no sólo implican la ruptura de la jurisdicción SINO TAMBIÉN DE LA JUSTICIA.

“Por cuanto importa delegar a la jurisdicción federal el conocimiento y declaración de inconstitucionalidad de esas normas.

“  Y ello, reiterando como lo expuse en mis agravios en el Incidente de Medidas Cautelares surge palmario.

  “En primer lugar se afecta el imperio del Poder Judicial tal como lo ha dicho la Corte en el caso “Smith c/ Banco Galicia”: Basta tener una idea aproximada de las cuantiosas cargas de tareas que cumplen en estos momentos los Juzgados Federales cuando antes ya cumplían en exorbitancia.

   “Viene a mi memoria las palabras de un Juez Federal de San Martín, cuando una vez me manifestó que lee continuamente los edictos, a efectos de verificar la existencia de alguna quiebra o concurso, para remitir siquiera parte de los expedientes de ejecuciones de D.G.I. o A.F.J.P. a la quiebra que vio por medio del edicto.

   “Si cuando de máximas de experiencia hablamos, y con ello nos referimos al conocimiento y percepción del hombre común respecto de lo que suele conocer por el sólo hecho de vivir y experimentar la vida, a los justiciables, en tanto, no se nos puede escapar la realidad de que estos planteos no se pueden realizar sin que el dispendio de tiempo procesal sea tal que la continuación de este proceso se transforme en un imposible y demuestro, creo, las razones seguidamente.

   “Por un momento imaginemos que cada ejecutado o accionado plantee, la suspensión de 180 días y/o la prohibición de potenciar las sumas declaradas en la sentencia. Esta situación no es muy rebuscada. No sería difícil de encontrar un caso así. Al contrario: se plantearía a diario. Es una realidad que conocemos todos, incluso, hasta el lego lo puede imaginar. En consecuencia, he aquí que, a lo menos, ante el planteo de la contraria de estas normas federales cuya inconstitucionalidad se ha pedido, el juez no puede – ni mínimamente - obviar la cuestión ( dada la importancia que él mismo le destaca a esa legislación cuya inconstitucionalidad se pidió, remitiéndose a estas causas de Cámara ). Y ciertamente va a suceder que van a salir mas sentencias y que van a condenar a abonar sumas de dinero. Y va a acontecer, si seguimos la doctrina de este proveído recurrido y con el mismo criterio, que jueces de primera instancia provocarán que el % 100 de las causas que se tramitan en los Departamentos Judiciales de San Martín, San Isidro, Morón y Lomas,  serán remitidas al escaso edificio de 4 pisos de Intendente Bonifacini 1770 donde están funcionando sólo 2 Juzgados Federales, que deberán considerar, por lo menos 10.000 causas adicionales por cada Departamento Judicial. Además de las causas que ya de antes estaban tramitando por ejecuciones,  que corresponden por el fuero federal en sí. con mas las actuales acciones de amparo.

   “Esto implica, en los hechos y como consecuencia de la providencia apelada, lisa y llanamente la abolición del imperio del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y en todas las Provincias sucedería lo mismo.

   “Y PRECISAMENTE A ESTO SE REFIRIÓ LA CORTE EN EL CASO SMITH C/ BANCO GALICIA.

    “¿COMO SE INSTRUMENTARÍA LA INCONSTITUCIONALIDAD POR OTRO MEDIO?

    “Ni siquiera lo puedo imaginar. Tal vez, algunos jueces decidan remitir el expediente, otros, dar “vista” tal vez, otros obliguen a los litigantes a resolver esa cuestión con la iniciación de otro proceso y la expedición de un testimonio, realmente no puedo saber el cómo, pero si tengo en claro cuáles serían los efectos sobre los procesos que ya tienen sentencia y los que la tendrán.

   “Y una buena máxima bien conocida es que la razonabilidad de las decisiones de un magistrado se consideran por sus efectos. De donde este segundo agravio va en ello: lo irrazonable de la decisión apelada pues se vea de una forma o de otra es lógico pensar que todo demandado se opondrá a las ejecuciones y repotenciaciones de deudas CON ESTAS PAVOROSAS CONSECUENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

  “PERO Y ADEMÁS DADA LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA, POR LA QUE ATRAVIESA EL FUERO FEDERAL, LO ANTEDICHO HA QUEDADO PLASMADO EN DOS ACORDADAS:

  "Según la acordada 10/2002 del alto tribunal, los ministros Julio Nazareno, Guillermo López, Enrique Petrachi, Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Gustavo Bossert, Antonio Boggiano y Adolfo Vázquez establecieron un feriado de 15 días en la que todos los Juzgados Federales del interior del país, ante la virtual situación de desborde originadas por las acciones de amparo contra “el corralito” dada la avalancha de demandas.

   “Durante dicho lapso, a excepción de las acciones de amparo promovidas contra el denominado “corralito” se suspende “el trámite de todas las causas civiles, comerciales, laborales y contencioso administrativas que no estén vinculados con procesos de amparo, pedidos de medidas cautelares y toda otra cuestión de urgencia que requiera pronta solución.”

   “Antes de eso se había dictado la acordada 7/2002 que había dispuesto una medida similar para todos los juzgados con asiento en la Capital Federal, para descomprimir el estado de colapso de unos 150.000 amparos.

   “EN CONSECUENCIA LA DERIVACIÓN AL FUERO FEDERAL IMPORTA, ADEMÁS, LA IMPOSIBILIDAD DE HACER JUSTICIA.

   “G ) SÉPTIMA CRITICA:

   “Al interponerse demanda se dejó en claro que el capital reclamado, para el supuesto de que se abandonase la paridad y convertibilidad, respecto de las cifras que compusieron ese libelo de inicio, como pretensión subsidiaria, sean repotenciadas de conformidad al índice de precios al consumidor. Es decir y en otras palabras: esta situación ha sido prevista por esta parte.

    “Y dentro de ello cabe decir que nuestra jurisprudencia permitía reajustar las sumas indicadas como pago de lo que es debido en virtud de los hechos declarados en una sentencia, precisamente por su sentido declarativo y no constitutivo y ello desde el año 1976.

   “PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDAD:

   “Como se ha visto de la providencia transcripta, se puede entender que el señor juez “a quo” ha omitido la consideración de las normas legales que cita y respecto de las cuales se ha solicitado su inconstitucionalidad o bien ha omitido su consideración, de donde surge el agravio para esta parte de una cuestión que le fue sometida a juzgamiento y no la resolvió o consideró que se tratan de normas que no repugnan a la constitución. Menciona a las siguientes normas: arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 5to. de la ley 25.561.

   “Oportunamente se solicitó la inconstitucionalidad de las mismas y, ante el silencio guardado o su confirmación se viene también a esta alzada a fin de que se pronuncie sobre su constitucionalidad.

   “Puntualmente me he referido en el punto I.- de la liquidación: “Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1570/2001, modificado por el decreto 1606/2001, la ley 25.561, 25.563 y sus normas complementarias y reglamentarias, constituidas, entre otras, por los decretos nros. 71/2002, 141/2002 y 214/2002 en función de que este sistema viola los derechos consagrados por los arts. 17, 14, y 14 bis de la Constitución Nacional en tanto y en cuanto dicho conjunto es materia de agravio respecto del cual me explayaré infra. Asimismo se declare inconstitucional a la ley de convertibilidad en su actual configuración en tanto y en cuanto mantiene la prohibición de indexar, ley 23.928”. ( sic, trascripción )

   “LEY 25.561 y 25.563 combinadas con el decreto 214 y ley 23.928 EN SU ACTUAL CONFORMACIÓN:

   “Para poder pedir la inconstitucionalidad que es materia de agravio, a lo menos deben ser declaradas inconstitucionales estas normas. Con la declaración de inconstitucionalidad de estas normas, ES SUFICIENTE PUES SE CAE TODO EL SISTEMA.

   “La ley 25.561 en su título III, art. 3ro. dice: “Deróganse los artículos 1°, 2°, 8°, 9°, 12 y 13 de la Ley N° 23.928 con las modificaciones incorporadas por la Ley N° 25.445” con lo que quedó vigente el 7mo. de la ley 23.928 y así se prohíbe indexar.

   “Entonces nos encontramos con una contradicción: por un lado, se pretende abandonar el régimen de dolarización establecido por la ley de convertibilidad cuando generó una moneda estable. Al generarse una moneda inestable, como la que tenemos en vigencia, la lógica consecuencia, es la de derivar las cosas al estado anterior jurisprudencial YA MENCIONADO, a fin de mantener vivo el derecho de propiedad consagrado en el art. 17 de la Constitución Nacional.

   “Y la contradicción surge muy palmaria cuando no estamos hablando de cuestiones de índole legal sino de actos de gobierno que no escapan al control de razonabilidad que posee el Poder Judicial.

   “Debe tener en cuenta además V.S. en cuanto a los abogados y las partes concierne que la inflación a la que estamos expuestos surge de los mismos procedimientos judiciales:

   “1.- Los autos, se contradicen, se lleva un ulterior traslado, se notifican por cédula, medidas cautelares, presente pedido de inconstitucionalidad y toda otro artículo incidental es contradicho o, a lo menos, notificado.

    “2.- Se responden al cabo del término conferido en la cédula o por nota.

    “3.- Luego surge el decisorio de V.S.

   “4.- Luego otra notificación por cédula de ese decisorio.

   “5.- Luego corre un plazo para apelar.

  “6.- Sus días tiene esta Excma. Cámara de Apelaciones para resolver.

  " 7.- Hay que notificar el “por devueltos”

   “Estos que no son adelantos, sino los hechos que suelen suceder y suceden conforme al orden natural, ordinario de las cosas, a tal punto que se encuentran previstos en los ordenamientos adjetivos. Implican, que además de la inflación que ya ha ocurrido la que naturalmente viene a suceder como hecho futuro pero cierto.

“Sin perjuicio de que al practicarse liquidaciones con moneda inestable e inflacionada como en otras épocas, estos procedimientos adjetivos mencionados ya conseguían una cierta injusticia por causa de la depreciación monetaria ( a veces, en épocas de muy alta inflación era prácticamente imposible hacer una liquidación sin un cálculo de futuro ), tenemos ahora lisa y llana prohibición de indexar. No sólo tenemos que no se pueden ejecutar las sentencias por 180 días sino que, además, no se puede indexar. De donde se sigue que, a la depreciación monetaria habida, lo que habrá por 6 meses, atento a la derogación de la ley de convertibilidad, y la que resulta de los procedimientos judiciales.

“Si alguna duda pudiera estar residente en el pensamiento de V.E. no puede ya sostenerse semejante norma en crisis que, claramente, priva a mi parte y a todos los profesionales intervinientes, incluso al aquí firmante de su derecho de propiedad protegido en el art. 17 de la Constitución Nacional, al mismo tiempo que se provoca el “traspaso patrimonial indebido”, en forma confiscatoria provocando un enriquecimiento ilícito en el accionado quien detenta en su activo patrimonial cual corralito lo que en realidad es activo patrimonial nuestro.

Como he dicho antes se trata de un conjunto concatenado de normas a las que hay que examinarlas en su funcionalidad más que en la letra de cada ley.

“Poco puedo innovar, además, dada la parquedad de la resolución recurrida respecto de lo cual nada se dice al respecto. Sin embargo, tratando de no entrar en reiteraciones, me referiré a este conjunto de directrices aunque bastaría, en principio, con remitirse, en este punto, a la omisión del señor juez “a quo” o bien considerar que el magistrado de la primera instancia ha considerado constitucionales a estas normas. Trataré en consecuencia de ir lo más sistemáticamente posible:

“Ley 25.563:

“Esta norma, sin criterio alguno que le sustente, viene a alterar las condiciones pactadas, arregladas o esperadas por las partes en sus contingencias particulares.

“De donde ni es válido sostener que sea constitucional, ni que respete derecho a trabajar y el de propiedad.

“El sostener lo contrario implicaría la prescindibilidad de los abogados en su función específica.

“Cabe sostener que “el patrocinio” no es más que un respaldo a la pretensión de la parte por quien se supone más relacionado con el mundo del Derecho que el particular lego. Implica, en otras palabras, una apoyatura de un profesional preparado que, con su firma, por su conocimiento tiene mayor influencia ante el juez en cuanto a que determinado conjunto de pretensiones esta ajustada a derecho, o a lo menos, es discutible pero de procedente consideración. Es un respaldo de quien es más tenido en cuenta por su conocimiento. No es un respaldo de influencia de hecho.

Entre sus funciones, la del abogado y muy a pesar de lo que pueda pensarse internamente en cuanto a un sinnúmero de pedidos notoriamente inoficiosos que a mas de una vez V.E. habrá observado, es la de examinar, primero y principalmente, cual es la pretensión exacta de un pretendido litigante, sacándola del contexto emocional con el que la parte quiere primeramente expresarse. En segundo lugar, el abogado examina la posibilidad de procedencia de la pretensión. En tercer lugar el abogado sigue un método para que el conocimiento del juez sea más adecuado. En cuarto lugar, en su tarea, busca el debate civilizado, dentro del mundo del derecho, tratando de convencer a la contraria y al juez.

“Si, como dije antes, una cantidad de abogados han hecho presentaciones inoficiosas y hasta altamente inoficiosas, y, si, en mas de una vez, algún abogado ha merecido una sanción disciplinaria por el ejercicio de su función y podemos notar que pudo haber ido en aumento esa conducta, sólo cabe el preguntarse ¿ qué es lo de esperar se pueda entender del lego que se vuelca emotivamente, sin que se le reconozca o entienda claramente sus pretensos mas allá de expresar querer justicia y nada mas que ello? ¿Cómo puede manejarse el Poder Judicial sin dichos métodos que el abogado sigue y respeta? ¿Cómo se cree acaso que serían los métodos puros de las partes litigantes? ¿Cómo sería el debate? ¿Cómo sería el disenso con el Señor Juez?

“Los abogados podemos ejercer la profesión de esta o de aquella manera, pero, sin dudas, es que, han sido absolutamente necesarios para el desarrollo del Derecho como para la solución civilizada de las controversias dentro del Estado de Derecho. Por lo tanto, en lo que respecta a los profesionales intervinientes entendemos que se violan las garantías constitucionales de propiedad ( art. 17 ) y derecho a trabajar ( art. 14 y 14 bis de la C.N. ).

“Y en este sentido, el abogado ha sido considerado un “auxiliar de la justicia”. Mas que un “auxiliar” alguien que impensablemente no puede no estar.

“Todo el conjunto de mecanismos por medio del cual se llega al conocimiento y a la justicia ( abogados, peritos, intérpretes ) forma un sistema que, que por su unicidad, no se puede fragmentar o particularizar. Y a tal punto ello es así, que muy difícilmente se pueda llegar a una solución justa sin un integrante de este sistema. Es más: el sistema no funcionaría y dejaría de ser tal.

“Probado que el abogado es necesario y ha sido y es así en todas partes del mundo, como un hecho que no puede escaparse de las máximas de experiencia de un juez, y más allá de las largas explicaciones históricas que aquí podrían volcarse de esa profesión, la “suspensión” de los trabajos profesionales por 180 días ( extremo al que “curiosamente” se llega cuando precisamente cuando actúa con premura trabajando intensamente ) y el no reconocimiento del carácter alimentario del trabajo del profesional abogado – que por vía de prohibición de indexar ya se da - constituiría, ante, además, la imposibilidad de ejecutar las sentencias ante la mora en debida forma una violación clara al precepto constitucional que habilita a trabajar ( arts. 14 y 14 bis de nuestra Carta Magna ).

“Y todo ello constituye una experiencia Nacional aventurada. Y es esta la aventura judicial que tenemos por medio de esta ley o conjunto de leyes. Porque en modo alguno se ha creado un nuevo sistema. Más bien se desplazó a uno de los integrantes del mismo: el profesional abogado, haciendo que, por lógica consecuencia, dicho sistema, el que corresponde a la función judicial, directamente no funcionase.

“Entendemos que el honorario del profesional, como emolumento retribuyente por sus tareas es exigible, por lo tanto, en todas y cada una de las oportunidades que brinda la ley 8.904 y con la posibilidad de indexar.

“Y en cuanto a carácter alimentario discierne la legislación en cuestión (mas allá de que dicho carácter alimentario no es indexable) no hay un parámetro que defina la deuda para con el cliente. El carácter de alimentario que posee para las partes sus respectivos créditos reconocidos en juicio surge evidente y en este proceso mismo.

“En una primera mirada se lo puede observar, a este carácter “alimentario” como algo restringido.

“En una primera idea podemos imaginarnos el alimento físico. Pero sabemos eso no es así. El carácter “alimentario” es un concepto vinculado a necesidades dinerarias de carácter estático, no vinculadas con el desarrollo patrimonial personal sino solamente conservatorio de su estabilidad.

“Haciendo una modesta exégesis de la norma en cuestión, al exponer “lo alimentario” como “excepción” – de la exclusión de la suspensión por 180 días -, aún mediando una supuesta cuestión de orden público, puede darse el supuesto de que resulte inejecutable para un indigente que concurre al Colegio de Abogados para una defensa jurídica gratuita, un crédito que le es debido por parte de una empresa o grupo empresario que lejos está de dicha indigencia.

La ley no ha previsto un procedimiento de conocimiento de los estados patrimoniales de cada persona de donde resulta su irracionabilidad principal. Lo que ha hecho, si, es considerar al ejecutante y al que pretende indexar como un entorpecedor del crecimiento económico o mantenimiento de la situación patrimonial del deudor.

“Ninguna solución justa puede obtenerse a partir de dicha consideración. Y si bien en algunos medios el P.E.N. ha dirigido publicidad en el sentido del éxito que supuestamente se está dando en algunas empresas, ciertamente esto no puede ser producto de la aplicación de estas normas sino al enrarecimiento absoluto de la economía. Y dentro de este contexto estoy absolutamente convencido que, si dichos resultados macro económicos se han logrado, lo ha sido por el diálogo y la ética y no por la pesificación o la dolarización de la economía sino por ese embrollo de la misma por cuanto se ha considerado a la “paz social” y “al desarrollo económico” sin el accionar de la justicia, ni la ejecución de los créditos, la actuación del Poder Judicial, de las partes y de los abogados. Son éstos, de conformidad a estas apreciaciones de estas leyes, los factores que han incidido en la supuesta emergencia económica. En definitiva para el Gobierno Nacional: El Poder Judicial, los juicios, el juez, el abogado y la parte acreedora y ejecutante son los coadyudantes o generadores de la supuesta emergencia económica. Absolutamente ridículo toda vez que, por lo contrario, a través de mecanismos civilizados que instauramos, es que se puede llegar a la paz social y al crecimiento económico. A esto se puede llegar, tal como lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación siempre que sea respetado el verbo valor “AFIANZAR LA JUSTICIA”.

“Para esta parte, en la actual situación económica por la que atraviesa nuestro país nada tiene que ver con la necesidad de ejecutar y cobrar íntegramente los créditos. Ningún ejecutante, o particularmente en este caso ( honorarios de un arquitecto ) accionan y piden indexación y posibilidad de ejecutar sentencias para un crecimiento de sus economías particulares. Somos letrados y arquitectos, todos trabajadores y en modo alguno el hecho de que exista un proceso judicial puede ser el generador de una situación de emergencia económica. Para mi parte como para los letrados y profesionales intervinientes, las sumas de autos no importan en absoluto un desarrollo económico de nuestra parte. Por ende tienen carácter alimentario independientemente de que se trate de honorarios y de lo que los presupuestos legales digan. Años se han dedicado al presente proceso y a eso muchos profesionales estamos acostumbrados, para ahora encontrarnos con estas desagradables sorpresas que actúan de la misma forma que el corralito para los depósitos con un agravante: la prohibición de indexar.

“Dicho de otras maneras, suponer que al deudor le debo conceder 180 días conforma una regla que sólo esta dictada por mi ética particular, sólo reservada a Dios y exenta de la autoridad de los funcionarios. En modo alguno, con mi proceder, hemos pretendido ofender a la moral pública o perjudicar a un tercero. Y no estoy obligado a hacer o no hacer lo que no manda la ley. Y la ley Suprema es Nuestra Constitución Nacional.

“Tal como se nota de la pretensión deducida en juicio, y especialmente de las probanzas es que sólo se reclama el monto de lo que es debido. Entendido en debida forma lo que “es debido”, sin que quede afectado el poder adquisitivo mediante la prohibición de indexar tanto a lo que la parte se refiere cuanto a los profesionales intervinientes. Ello no nos beneficia porque, en el sinalagma, ya entregamos nuestro trabajo, pero si no se nos concede, sí nos perjudican estas normas.

Y nos perjudican sólo para que este tercero ( el accionado ) supuestamente se recupere de su no considerada situación de emergencia económica, lo que configura una versión particular de otro modelo de corralito: el activo que pertenece al acreedor debe estar “a disposición” del deudor. Y dicha disponibilidad configura un desapoderamiento que vulnera el derecho de propiedad consagrado en el art. 17 de la C.N.

“De donde la mencionada “JUSTICIA CONMUTATIVA”, o sea la justicia, en definitiva, queda alterada en menoscabo del acreedor y en beneficio del deudor ya declarado moroso.

“De donde se sigue además que quedaría derogada la misma sentencia dictada en autos. Por cuanto mi parte y los profesionales debemos endeudarnos en las actuales normas ( es decir en peores situaciones ) para que el deudor, en este caso empresario, se recobre.

“Mas allá de paliar los efectos de la suba de la divisa extranjera de intercambio por excelencia: el dólar, lo que existe bajo el imperio de estas normas es lo que vengo sosteniendo supra: la abolición del sistema judicial y el reemplazo por este sistema de normas como hipótesis de funcionamiento de un Estado de Derecho que dinámicamente imparte las soluciones que son, para el príncipe, las mas justas para los habitantes de la Nación. Son, para el príncipe, las soluciones que propicia, mejores que los requerimientos que pudieran hacerse en forma judicial y teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, tal como lo hace la majestad de la Justicia. Para el Gobierno Nacional, son soluciones mas justas las que generaliza y he aquí presente la injusticia del caso.

“Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha podido determinar que no se trataba de un compuesto de normas emanadas naturalmente de los órganos del Estado en función del Estado de Derecho. Sino que, la Corte misma, ha podido establecer que la situación es un complejo normativo por medio del cual los bienes y la fortuna de los argentinos y de los bonaerenses han quedado a merced del príncipe.

“Vale decir, y en consecuencia con lo expuesto el conjunto de normas forma un único acto de gobierno que conforma una misma identidad de tal. Y ello se demuestra con el sólo hecho de que sería ininteligible una norma sin la existencia de las restantes. Es mas: no se sabría cuál sería su función y lo que es peor aún, declarada inconstitucional esta o aquella norma con exclusión de otras, se estaría en presencia de la hipótesis de que se pudiera interpretar a la declaración parcial de inconstitucionalidad como otra medida económica distinta, función esta de gobierno que no compete a los jueces.

“En pocas palabras, o se toma el conjunto y se lo acepta como ilación lógica del Estado de Emergencia Económica y dentro de los parámetros de las garantías constitucionales, o se lo declara “in totum” inconstitucional.

“Esta es mi opinión. No es agraviante para los profesionales firmantes ni para mi parte que se declaren inconstitucionales algunas de las normas siempre que se permita la indexación, la libre ejecución de las sentencias y el retiro en efectivo del % 100 de los honorarios que se depositen en el Banco Provincia Sucursal Tribunales, tal como en tiempo anterior teníamos derecho, si bien, esta pretensión es subsidiaria y puede no hacérsela lugar.

“Empero, lo consideramos perfectamente pues hace a nuestro derecho a salir del territorio argentino ( art. 14 de la Constitución Nacional ).

“Para examinar mejor la cuestión pasaré luego revista a la casi totalidad de este conjunto de normas dictadas luego del decreto 1570/2001 y adelantaré que a la cuestión la aceptamos mas como un sistema normativo del príncipe que como emanación de normas desde un Estado de Derecho. Porque precisamente se conculca el Estado de Derecho. Y es por ello, que adelantamos, lo único procesalmente viable es declarar la inconstitucionalidad de todo un conjunto de normas que señalaremos, o a lo menos, las normas que harían suficiente caer este sistema y volver al anterior.

“Como “conjunto sistemático de normas” lo ha sido considerado nuestro Máximo Tribunal Nacional, al sostener en el caso “Banco de Galicia y Buenos Aires s/ Solicita intervención urgente en autos “Smith, Carlos Antonio c/ Poder Ejecutivo Nacional o Estado Nacional s/ Sumarísimo” ( del 1-02-2002 ) cuando habiéndose solicitado la inconstitucionalidad de tan sólo el decreto 1570 se ha considerado lo siguiente: “Pero ello no implica que se admita, sin más, la razonabilidad de todos y cada uno de los medios instrumentales específicos que se establezcan para conjurar los efectos de la vicisitud. Máxime cuando ha existido, en un breve período, una profusión de normas sobre el tema que, en algunos casos, más que propender a la fijación de pautas claras sobre la disponibilidad de las sumas depositadas en instituciones bancarias y financieras por los particulares ha generado un inédito y prolongado estado de incertidumbre.”

“Es así, como en el caso mencionado le otorgamos plena razón a la Corte Suprema de Justicia de la Nación toda vez que la seguidilla de normativa es una confesión normativa, por denominarle de alguna manera no muy técnica pero real.

“Y debo decir que estos actos de gobierno, como tales, en primer lugar, se consideran en un único en el contexto interpretativo, por ser de una sola e idéntica función, que al cumplirse es plenamente confiscatoria, del dinero de los ahorristas o atrapados en los bancos o en poder de los deudores como en el presente caso.

“Y es así desde que es el complejo de normas el que en sí funciona como una totalidad, a un modesto entender, confiscatoriamente.

“Pero mas allá de todo ello, el que se trate de un “paquete” de medidas económicas, o como se quiera denominar, ciertamente no están exentos este o estos actos de gobierno del debido control de razonabilidad, tal como lo ha sostenido la C.S.J.N en el fallo indicado como en otros, control que, de los mismos puede y debe hacer el Poder Judicial, punto sobre el que me explayaré infla, detallando los antecedentes jurisprudenciales en la materia.

“Al hacer un ligero examen de razonabilidad con el simple juego de las normas 25.561 y 25.563 y de la ley de convertibilidad se sigue, además, que media desigualdad manifiestamente arbitraria entre el deudor y acreedor en pesos y el deudor y acreedor en dólares. Y entre deudor y acreedor además. Por lo que se viola el principio de igualdad ante la ley defendido y garantizado por el art. 16 C.N. ( derecho a la igualdad ).

“Esta situación no se ha creado por casualidad. Proviene de un complejo sistema de delegaciones de facultades entre los órganos de gobierno, los Ministerios y los entes autárquicos tal como el B.C.R.A.

“Con fecha 6-01-02 ( Decreto P.E.N. nro. 50/2002, B.O. 9-1-02 ) entra en vigencia la ley 25.561 que declara, en los términos de lo dispuesto por el art. 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo Nacional las facultades que se prevén en dicha norma, con arreglo a las bases que se establecen en el art. 1 de la ley citada.

“Entre esas facultades que fueron delegadas por el Poder Legislativo ( por lo menos segunda delegación ) y como consecuencia de la mencionada ley, comienzan a dictarse, en forma vertiginosa, distintas reglamentaciones y normas complementarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del Ministerio de Economía y del Banco Central de la República Argentina.

“Así hace su aparición el decreto 71/2002 ( B.O. 10 – 1 – 02 )

“Posteriormente, el decreto del P.E.N. nro. 141/2002 ( B.O. 18 – 01 – 02 ) incorporó a dicha norma un tercer párrafo, autorizando al Ministerio de Economía ( otra delegación de facultades mas ) a establecer que la devolución de saldos en moneda extranjera puede efectuarse al tipo de cambio de mercado oficial, como así también los plazos y condiciones para ello, cuando entre los modos de disposición de los fondos se ofrezcan distintas alternativas a opción de los titulares.”

“Estamos examinando la “razonabilidad” de estas normas de gobierno, mas allá de que ya hemos establecido que son actos confiscatorios y que causan los perjuicios antes aludidos.

“Luego el decreto de necesidad y urgencia 214/2002 dictado el 3/2/2002 conocido como “de pesificación”. Y, casi por último, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el referido decreto 214/2002 que dispuso suspender “por el plazo ciento ochenta días la tramitación de todos los procesos judiciales y medidas cautelares y ejecutorias en las que se demande o accione en virtud de los créditos, deudas, obligaciones, depósitos o reprogramaciones financieras que pudieran considerarse afectadas por las disposiciones contenidas en el decreto nro. 1570/01, por la ley 25.561, por el decreto 71/02, el presente Decreto, las resoluciones del Ministerio de Economía y del Banco Central de la República Argentina dictadas en consecuencia y toda otra disposición referida a dichas materias”

Esta no sería la otra delegación de facultades mas, sería ya y directamente una primera “avocación” del P.E.N.

“Entendemos que todas estas disposiciones, en especial, este decreto de “pesificación”, en los términos en los que ha sido dictado y en consonancia con el resto de la legislación, es ilegal y arbitrariamente conculca la legalidad constitucional al violar los artículos 14, 17, 18, 28, de la Constitución Nacional y artículos XIV, XVIII, XXIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, artículos 8, 17, 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículos 8, 21, 25 y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Esto así de conformidad con los fundamentos que a continuación se exponen.

“El artículo 12 del Decreto N° 214/2001 padece graves anomalías que lo tornan manifiestamente inválido y contrario a los principios constitucionales ampliamente reconocidos. Esta es la razón por la cual se solicita a V.S. declare su inconstitucionalidad y ordene suspender su aplicación hasta tanto recaiga resolución definitiva sobre el fondo del asunto.

“La ilegalidad del Decreto es clara y manifiesta, careciendo de respaldo normativo para subsistir como tal, y afectando el debido proceso legal, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, el derecho de trabajar, el derecho a peticionar ante las autoridades, entre otros derechos y garantías constitucionales, cuya lesión se desarrolla en el cuerpo de la presente acción.

“La norma se enmarca dentro del grupo de disposiciones emanadas de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, alineadas tras una política errática, confusa, que ha demostrado ser inadecuada como remedio para hacer frente a los desafíos que presenta la economía actual en la Argentina.

“A) El Decreto N° 214/2002, calificado de necesidad y urgencia, distorsiona y extralimita las facultades del Poder Ejecutivo Nacional reconocidas en el artículo 99, inciso 3 de la Carta Magna. El exceso reglamentario contenido en el Decreto impugna-do es palmario, pues ninguno de los requisitos que habilitan el derecho de la emergencia se hacen presentes.

“B ) “En primer lugar, “necesidad” es algo más que conveniencia; en este caso parece ser sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y lo urgente es lo que no puede esperar. Necesario y urgente aluden, entonces, a un decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir el procedimiento normal de sanción de las leyes, se hace imprescindible emitir sin demora alguna el decreto sustitutivo”. Dr. Germán J. Bidart Campos. Los decretos de Necesidad y Urgencia, L.L. 2001 – A – 1114.

“C) No existen circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir los trámites previstos por la Constitución para la sanción de las leyes. Antes bien, el Congreso se ha reunido últimamente en forma inmediata para sancionar leyes de emergencia, dando respuesta urgente a los proyectos que le fueran oportunamente remitidos. Esto ha demostrado que el mito de la falta de respuesta del Congreso en tiempo oportuno es sólo eso: un mito.

“Ni el apuro presidencial en tomar una medida, ni la conveniencia, ni la urgencia valorada por el Poder Ejecutivo Nacional, ni la hostilidad hacia algún otro Poder del Estado, configura la imposibilidad que en circunstancias excepcionales habilita a dictar un decreto de necesidad y urgencia.

“Tampoco recomendaciones o presiones – y mucho menos imposiciones – de sectores sociales u organismos internacionales sirven de pedestal para alzar normas presidenciales de naturaleza legislativa, so pretexto de necesidad, urgencia, o cosa semejante” Bidart Campos, ob. cit.

“D) Si bien la suspensión de los procesos judiciales está limitada en el tiempo, es sólo en apariencia transitoria. La extensión del plazo por 180 días, sin aclarar si se trata de días hábiles, hábiles judiciales o corridos, implica que, en los hechos, esta medida se extienda por un periodo que por su extensión es irrazonable, y supone, además, privar a los abogados de un medio de vida legítimo por un plazo excesivamente largo, máxime si es ésta la única área profesional que desarrollan.

“No existen razones válidas que justifiquen la elección arbitraria del plazo elegido. ¿Por qué razón no se limitó a 10 días?; ¿o 20?; ¿Con qué criterio se resolvió que 180 días eran los requeridos?; ¿Es de esperar que este sea el plazo que necesita al Poder Ejecutivo Nacional para resolver la crisis económica e impedir “el colapso final del sistema financiero”, o esperará renovarlo con la misma arbitrariedad con que lo eligió?.

“E ) El Decreto 214/2002 es violatorio de los derechos y garantías reconocidos por nuestra Carta Magna, frustrando los derechos que dice suspender.

“La suspensión de la tramitación de todos los procesos judiciales y medidas cautelares y ejecutorias en los que se demande o accione en razón de créditos, deudas, obligaciones, depósitos o reprogramaciones financieras es una medida que afecta gravemente el legítimo acceso a la justicia y el derecho a trabajar de los abogados. No es una solución idónea para enfrentar los problemas económicos y financieros que atraviesa el país, ni tampoco se presenta como una decisión inevitable, por lo que carece de una justificación suficiente que la respalde y sostenga.

“Pretender silenciar a los abogados, en defensa de las legítimas pretensiones de sus clientes, aún cuando éstas sean contrarias a las decisiones del gobernante de turno, e imponerle a los jueces de la Nación que se abstengan de ejercer libremente la delicada y difícil función de hacer justicia, constituye un atropello al Estado de Derecho, una burla al principio de división de poderes y un insostenible avance sobre el legítimo ejercicio del derecho y de los profesionales que intervenimos para defenderlo.

“Por otro lado, la redacción del artículo 12 del Decreto N° 214/2002 es laxa y confusa, generando legítimas dudas respecto de su alcance y contenido.

“En principio cualquier juicio que se traduzca en el pago de una suma de dinero se encontraría alcanzado por la suspensión decretada. Bastaría que cualquier demandado alegara la imposibilidad de cumplir la obligación en la forma acordada a raíz de las normas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional para que el juicio se paralizara.

En lo que respecta a los fundamentos de la medida que se intenta, el Decreto N° 214/2002 pretende justificar la suspensión de los trámites de los procesos judiciales en que “la preservación de la paz social” como el necesario reordenamiento de las relaciones jurídicas, no se compadece con la masiva concurrencia a los tribunales de quienes procuran la resolución de sus pretensiones, cuando ellas son de imposible satisfacción, sin causar daño irreparable a la economía y al derecho de todos aquellos que no podrían ver satisfechos sus propios derechos de propiedad, de producirse el colapso final del sistema financiero. Si por “paz” social entendemos la abolición del sistema judicial y del legítimo emolumento de los abogados y que los créditos de nuestros patrocinados queden a merced del P.E.N., en poder, bien de las Entidades Financieras, o bien en poder los deudores y la consiguiente falta de disponibilidad de sus créditos, entendemos que dicha “paz” no puede estar configurada. Por el contrario, la administración de justicia que requiere ya de rapidez para ser, precisamente eso: justicia, encima ahora y además de encontrarse sin infraestructura para tener la adecuada velocidad, todavía se la “aparta” con propuestas de “paz” cuando, como se lo sabe, no la hay en la Argentina Y NO POR CAUSA DE LOS PROCESOS JUDICIALES.

“No se advierte cómo a través de la suspensión de los trámites de los procesos judiciales se pretende conjurar la emergencia económica declarada, ni cómo las restricciones de acceso a la justicia por parte de aquellos que procuran la satisfacción de sus legítimas pretensiones pueda ser un camino válido para evitar “el colapso final del sistema financiero” que desde los fundamentos del Decreto se amenaza a no ser que se entienda que existe, o pretende existir, a fin de conjurar la crisis económica una abolición del Estado de Derecho, cosa de la cual bastante se ha hablado en orden a la sucesivas delegaciones de poderes desde el legislativo al P.E.N. y desde éste al Ministerio de Economía y de ambos al Banco Central de la República Argentina.

“La recta interpretación de los requisitos que rigen la legalidad de los decretos de necesidad y urgencia demanda una fundamentación real y completa, que justifique el remedio de excepción utilizado, no siendo suficiente la mera declaración de conceptos generales, tales como “preservación de la paz social”, “masiva concurrencia” o “imposible satisfacción”, que, enunciados en los términos del Decreto N° 214/2002, se convierten en conceptos vacíos de contenido e inútiles.

“El Congreso de la Nación no puede ser marginado de su función legiferante so pretexto de considerar que el tiempo que demande una ley desbarata una decisión política del Poder Ejecutivo Nacional. Antes bien, ello no hubiera ocurrido atento que el plazo normal que conllevan los trámites judiciales hubiera sido garantía de tiempo suficiente para presentar el proyecto de ley y desarrollar el debate que éste requiere.

“No tiene sustento afirmar que los decretos de necesidad y urgencia sólo están sujetos al control parlamentario, pues de tal modo se consagraría una categoría de actos excluidos del examen constitucional que le corresponde a los tribunales. De otra manera se configuraría el absurdo de que una ley pueda ser invalidada por el Poder Judicial por atentar contra la Constitución Nacional, lo mismo que un decreto u otro acto administrativo del Poder Ejecutivo, pero no el de necesidad y urgencia.

“El Poder Judicial, como se ve, no puede ser un convidado de piedra en los casos que se plantea la violación de la Constitución Nacional por el dictado inconstitucional de un decreto de necesidad y urgencia; afirmar esto es pretender un Poder Judicial amordazado, disminuido y limitado, que deviene incompatible con el Régimen Republicano de Gobierno.

“Este es el caso que provoca la profusa legislación en crisis, donde las sucesivas delegaciones han dejado a este accionante a la expectativa de la evolución de los precios contra el Estado de Derecho.

Y es por esta razón sostenemos que, no se trata de esta o aquella norma en particular la que en definitiva es inconstitucional, y no se trata de que sean diferentes las intenciones de legislador en cada una de esas normas, sino que se trata de una sola dirección que toma el príncipe, en sentido confiscatorio del derecho de propiedad garantizado, para todos los habitantes, en el art. 17 de la Constitución Nacional.

“Si el Poder Judicial, los abogados, los acreedores, los Códigos adjetivos de las Provincias somos todos convidados de piedra se sigue que es exacto el criterio sustentado en este escrito, en el sentido de que todo este conjunto de normas, nacen de una idea común: el hecho de que el príncipe, a la sazón salvador, entregue o devuelva, deje, saque, delegue, disponga a como de lugar de las funciones de los órganos de gobierno y conceda a su vez prerrogativas abiertamente inconstitucionales tanto al Ministerio de Economía cuanto al Banco Central de la República Argentina.

“Es decir, y en pocas palabras: en este caso como en similares, de lo que se trata es de resguardar el Estado de Derecho delante de la invasión que contra el mismo desarrolla el Poder Ejecutivo Nacional.

“DEMOSTRACIÓN DE FALTA DE RAZONABILIDAD:

“Conforme ha dicho la Corte la profusión de normas ha creado un estado de incertidumbre contrario a los fines de paliar la emergencia económica que se ha declarado. Pero aún admitiendo que el P.E.N. tuviese tantas facultades, cual el rey Juan Sin Tierra y la Revolución Inglesa a la que dicho rey dio origen ( cuando aquél príncipe sostuvo “estar por encima de la ley” ), este príncipe, en el sentido contemporáneo demuestra su irrazonabilidad en este caso específico en nuestro país. Y así como se prueban los hechos y los actos acertados o eficientes por sus efectos, aún suponiendo y admitiendo que la suma del poder público corresponde en este momento al Poder Ejecutivo Nacional, los efectos primeros que observamos son los siguientes:

“1.- Una moneda y una “economía” distinta para el acreedor en dólares que se “pesifica” a $ 1,40 y sobre el mismo se le aplica un coeficiente llamado CER cuyos alcances son arbitrio del P.E.N.

“2.- Otra moneda y otra “economía” distinta: Para el que no tuvo la suerte, antes de la ley de convertibilidad y, por ejemplo, por el sólo hecho de estar en juicio y de reclamar su crédito, tendrá por cada peso que le es debido un peso sin indexación ni coeficiente de actualización alguno.

“3.- Otra moneda y “otra economía” distinta: Para el que tuvo la suerte de que le hayan pagado y pueda disponer del efectivo fuera del sistema del decreto 1.570/2001.

“4.- Otra moneda y “otra economía distinta” para el que tenga dólares billete por fuera del sistema de dicho decreto.

“5.- Y otra economía y moneda distinta para el que deba pagar sus deudas en dólares estadounidenses, que lo hará ( como seguramente lo estará haciendo la accionada ) a razón de un peso por un dólar.

“Con lo cual los créditos y las deudas se cancelan de conformidad a cada tipo de economía todas las cuales son legalmente reconocida como válidas por el P.E.N.!!

“Por lo tanto nuestro crédito, el de los abogados, cliente y de los demás profesionales, bien puede provenir de la venta de divisas del deudor, o de su pesificación y de esa manera cancelar la deuda de este otro juicio. Con lo cual, estar en mora es o se ha convertido en un privilegio. Y por ello se ve afectado el principio de igualdad ante la ley ( art. 16 C.N. )

“Y mas allá de que con estos efectos se notan irrazonables estas leyes cuya inconstitucionalidad se solicita, no lo serían, acaso tanto, si no fuera porque las sentencias “declaran” que se debió pagar esta o aquella suma en tal o cual año. Y no siendo constitutivas, sin embargo, la ley 25.563 y su símil decreto 214 las hace funcionar como tales al hablar de “procesos” ( pendientes de hace un mes o pendientes de desde hace 10 años – no discrimina - ). Y de esta manera se pone en igual situación al que le toma esta emergencia con la suba del dólar y la inflación por sorpresa y que por ello le podemos entender razonable una suspensión por 180 días, que aquellos a los que se los ha declarado deudores con mucha anterioridad, los que se aprovechan y legalmente se les concede, de los 180 días de suspensión.

“DEMOSTRACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE INDEXAR – Y DEL ESTADO PROLONGADO DE INCERTIDUMBRE Y PROLIFERACIÓN DE NORMAS EN EXTREMO CONFUSAS: EL C.E.R.:

“El Decreto 214/2002 previó en los arts. 3ro y 4to.:

“Art. 3° — Todas las deudas en DÓLARES ESTADOUNIDENSES u otras monedas extranjeras con el sistema financiero, cualquiera fuere su monto o naturaleza, serán convertidas a PESOS a razón de UN PESO por cada DÓLAR ESTADOUNIDENSE o su equivalente en otra moneda extranjera. El deudor cumplirá con su obligación devolviendo PESOS a la relación indicada.

“Art. 4° — A los depósitos y a las deudas referidos, respectivamente, en los Artículos 2°, 3°, 8° y 11 del presente Decreto, se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. Además se aplicará una tasa de interés mínima para los depósitos y máxima para los préstamos. El coeficiente antes referido se aplicará a partir de la fecha del dictado del presente decreto.

“Esto significa moneda extranjera, no pesos: Sobre ese coeficiente previsto para esas monedas en el art. 4to. Se aplica el C.E.R. que es creado por la resolución 47/2002 del Ministerio de Economía:

“Dicha resolución dice:

“Artículo 1º — Dispónese que el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), previsto en el Artículo 4º del Decreto Nº 214/02, se compondrá por la tasa de variación diaria, obtenida de la evolución mensual del Indice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS dependiente de la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA de este Ministerio, tal como explicita el ANEXO que forma parte integrante de la presente resolución.

“Art. 2º — El Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) será informado por las autoridades del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, el día 7 de cada mes.

“Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Jorge Remes Lenicov.

“ANEXO

“Metodología de cálculo del indicador diario:

“A partir del día 7 de cada mes y el último día del mes, el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) se construirá en base a la tasa media geométrica calculada sobre la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior.

“Para la construcción del CER para los días comprendidos entre el primero de cada mes y el 6 del mismo, se empleará la tasa media geométrica calculada sobre la variación del IPC entre el segundo y el tercer mes anterior al mes en curso.

“Estas DOS (2) variantes de cálculo se describen a continuación:

“A partir del día 7 de cada mes y el último día del mismo mes, el CER se actualizará de acuerdo con el factor diario (Ft) determinado como el siguiente:

Ft=((IPC)j-1/(IPC)j-2)1/k

“El CER para los días comprendidos entre el primero de cada mes y el 6 del mismo se actualizará de acuerdo al factor diario (Ft) determinado como el siguiente:

Ft=((IPC)j-2/(IPC)j-3)1/k

“Donde:

“F = Factor diario de actualización del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

“k = número de días correspondiente al mes en curso.

“j = mes en curso.

“(IPC)j-1 = Valor del Índice de Precios al Consumidor en el mes precedente a aquél en que se determina el CER.

“(IPC)j-2 = Valor del Índice de Precios al Consumidor DOS (2) meses antes a aquél en que se determina el CER.

“(IPC)j-3 = Valor del Índice de Precios al Consumidor TRES (3) meses antes a aquél en que se determina el CER.

“De esta forma, el CER se construirá mediante el siguiente cálculo:

“CERT=Ft*CERt-1

“Siendo que el CER en t-1 tendrá un valor de inicio de 1 correspondiente al día anterior al de entrada en vigencia del mismo.

“Dada una tabla de CER diarios, cuando se procede a computar el ajuste entre DOS (2) fechas (entre s y s+r) el factor a aplicar surge del cociente entre el coeficiente del día de actualización (s+r) y el coeficiente del día de inicio (s).

“NO SÓLO LO TENEMOS INAPLICABLE A ESTE C.E.R. para nuestro caso sino que además es ININTELIGIBLE Y NADA PROPICIO PARA ENTENDER EL SENCILLO MECANISMO DE UNA ECONOMÍA.

“Por lo tanto y como lo ha dicho la Corte en el caso “Smith c/ Banco Galicia” las disposiciones CARECEN DE LA RAZONABILIDAD NECESARIA generando esa “profusión de normas” como le llama, mas que una solución, un “prolongado estado de incertidumbre” tal como antes se expuso.

“Por lo tanto este conjunto de normas es ABIERTAMENTE CONFISCATORIA, y no sólo porque un tipo de economía particular compensa y paga a otra en peores condiciones ( según la suerte que cada moneda ha tenido en el contexto en donde estaba ubicada antes de este complejo de normas ) SINO QUE ELLO SURGE POR NO MEDIAR PROHIBICIÓN AL RESPECTO DE NIN-GUNA CLASE. TODAS ESTAS DISTINTAS ECONOMÍAS SON RECONOCIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL, LO QUE IMPLICA LA CONFESIÓN DE LA IRRAZONABILIDAD.

Además esto se demuestra porque esto implica que el dinero, que es debido no sólo está en poder de los Bancos, sino a DISPONIBILIDAD DE LOS DEUDORES YA CONDENADOS A PAGAR, a veces, declarándoselos deudores desde hace años atrás y mucho antes de entrar en esta supuesta emergencia económica ( declarada así por ley ¿? ) de la que se aprovechan.

“Es el caso el accionado, ha sido declarado deudor moroso desde años.

“La Corte tiene dicho además en la causa “Pedro, Emilio Bourdié c/ Municipalidad de la Capital” ( 16/12/1925 ) que “Las palabras libertad y propiedad comprensivas de toda la vida social y política, son términos constitucionales y deben ser tomados en su sentido más amplio. El término propiedad, cuando se emplea en los arts. 14 y 17 de la Constitución o en otras disposiciones del estatuto comprende, como lo ha dicho esta Corte, todos los intereses apreciables que el hombre pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley sea que se origine en las relaciones de derecho privado, sea que nazca de actos administrativos ( derechos subjetivos privados o públicos ) a condición de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce, así sea el Estado mismo, integra el concepto constitucional de propiedad ( Fallos: 145:327/28 )

“Este presentante no desconoce los decisorios de nuestro mas Alto Tribunal, en contra de estas presentaciones como la de autos, pero tampoco ignora que los fallos de la misma no son obligatorios, y que los Tribunales Inferiores pueden apartarse de su doctrina aún para decidir casos análogos sin que se produzca gravamen constitucional, en virtud de la independencia de criterios ( Fallos: C.S.J.N: 280:430, 296:610, 301:198, entre muchos otros casos ) con la única limitación de que dicho apartamiento no sea arbitrario o infundado.

“Y es por lo mismo que consideramos a esta situación más como un modo funcional de normas con una única finalidad que avasalla los derechos adquiridos de naturaleza patrimonial, el derecho a trabajar contemplados en los arts. 17, 14 y 14 bis de nuestra Carta Magna y a salir del país ( art. 14 ) y de ser tratado en igual forma ( art. 16 igualdad ante la ley ), en virtud de lo cual entendemos que sean declaradas inconstitucionales, a lo menos, las normas antedichas que bastan para la caída de todo este sistema, esto es: Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1570/2001, modificado por el decreto 1606/2001, la ley 25.561, 25.563 y sus normas complementarias y reglamentarias, constituidas, entre otras, por los decretos nros. 71/2002, 141/2002 y 214/2002 en función de que este sistema viola los derechos consagrados por los arts. 16 ( igualdad ante la ley ) 17 ( derecho de propiedad ), 14, y 14 bis ( derecho a trabajar y protección de las leyes ) de la Constitución Nacional en tanto sean leyes cuya inconstitucionalidad se pide son materia de agravio. Asimismo se declare inconstitucional a la ley de convertibilidad en su actual configuración en tanto y en cuanto mantiene la prohibición de indexar, ley 23.928 también por violar dichos preceptos constitucionales, en especial el derecho de propiedad ( art. 17 C.N. ). Al por igual queda violado el art. 14 en tanto y en cuanto este sistema instaurado impide salir del país con el patrimonio a lo que se tiene derecho y no se puede realizar mediante tarjetas de débito. Al propio tiempo se entienden violados los preceptos legales siguientes de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires: 11 ( remisión a derechos y garantías de la Constitución Nacional ) lo que significa que cada vez que cito a la C.N. cito por medio de esta disposición a la Bonaerense, 17 ( derecho de propiedad e igualdad ante la ley ), 10 ( derecho a la propiedad ) y 31 ( inviolabilidad de la propiedad ).”

La Cámara de Apelaciones me concedió la razón y le ordenó al juez de primera instancia decidir “respecto del pedido de inconstitucionalidad". Sin embargo el señor juez de primera instancia decidió, en aquel entonces, a los escasos 6 meses de la devaluación el decir, como veremos que la indexación de los honorarios del arquitecto eran generadores de inflación.

Argumentos mas contundentes se presentaron en la Cámara de Apelaciones ya relativos al planteo relativo a que la inflación no debe ni puede ser justo los pague el arquitecto, lo cual era el efecto del decisorio - sino a lo sumo un esfuerzo compartido.

Se sostuvo, entre otras cosas, que, mediando un proceso inflacionario, debía procederse como la jurisprudencia de antaño, esto es, permitir indexar, como la vieja doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires entendía corresponder. Ha sido el primer caso presentado en San Isidro, respecto a esta prohibición de indexar. Mantuvieron que el pedido generaba mas inflación.

Por supuesto para la accionada, concesionaria de autos significaba una ganancia, pues los precios de sus automóviles estaban en dólares.

Terminado este proceso, en el curso del año 2005 un paro por tiempo indeterminado, que casi abarca la totalidad del Departamento Judicial de San Isidro, y que prácticamente duró un año, en reclamo de aumentos salariales. Vaya! ¿No genera eso inflación conforme a esa sentencia de Cámara? ¿Por cuál razón la indexación de los demás profesionales solamente generaría inflación? ¿No es un “aumento de sueldo” – como el pretendido – una forma de repotenciar, o ajustar los ingresos mediante una suerte de “indexación? Sin embargo, el paro judicial tuvo lugar.

 

MI CONSEJO:

- Para el supuesto caso de contratos NO establecer intereses punitorios de ninguna clase, son muchos más eficientes las CLÁUSULAS PENALES. Las cláusulas penales son los daños y perjuicios, que se pactan de antemano para el supuesto de incumplimiento. Una cláusula penal es un monto fijo que debe abonar el deudor para el supuesto caso de incumplimiento. Difiere del interés punitorio, en tanto éste es un porcentual sobre la deuda que no suele soportar el % 24 anual - en términos aproximados y según el acreedor. Es preferible permitir que el deudor se atrase, permitir un cómputo de la cantidad de atrasos, y podemos observar que una sumatoria de los mismos, nos puede tomar por sorpresa para dar lugar a la cláusula penal, cláusula que es perfectamente lícita y que, en PRINCIPIO, nos permitiría realizar un contrato por una suma de $ 100.000 y establecer $ 40.000 como cláusula penal. Esta cláusula es conveniente para todo tipo de contratos y nos permite el pago en tiempo oportuno y sin atrasos de clase alguna.

- En los procesos judiciales por daños y perjuicios contractuales - sin cláusula penal y extracontractuales ( o sea eventos dañosos no producidos por incumplimientos de contratos previos ) es conveniente hacer hincapié no sólo en la famosa fórmula "reclamo ....... $ y/o lo que en mas o en menos resulte de la prueba a producirse" sino, además indicar puntualmente cuáles son los daños NO INDEMNIZADOS, y pedir, dicha indemnización, por los mismos con esta otra fórmula "y/o lo que resulte de los valores a reparar previo al dictado de la sentencia", lo cual forma parte de nuestra pretensión, y, en consecuencia, pedir y producir dicha prueba a último momento y así solicitarle al juzgador con tales argumentos.

De lo contrario, con la duración de los procesos judiciales, estaremos siempre en presencia de una desvalorización monetaria, que, al momento del dictado de la sentencia, luego de la liquidación, no podemos compensar.

Esto no es privativo de siniestros de tránsito, comprende todo objeto que necesitemos al momento del pago indemnizatorio.

Por supuesto hay que analizar cada caso en particular, pero digamos, este sería el esquema básico a fin de evitar las consecuencias derivadas. PERO EN EL CASO DEL ARQUITECTO, QUE CELEBRÓ UN CONTRATO, NO INCLUYÓ CLÁUSULA PENAL ALGUNA.