USUCAPION - JUICIO DE USUCAPION DE INMUEBLES - PRESCRIPCION ADQUISITITA DE INMUEBLES - ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR EL PASO DEL TIEMPO - USUCAPION DE 20 AÑOS - USUCAPION DE 10 AÑOS - REQUISITOS - CONDICIONES PARA HACER LA USUCAPION - IMPUESTOS USUCAPION

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Por el Dr. Juan Carlos Muse Generch

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Introducción

Procedimiento

Demandante y demandado

El pago de los impuestos

Los testigos

Caso del propietario fallecido

Competencia

Fuero de atracción sucesoria

¿Puede demandarse al Estado?

Requisitos formales de la demanda

 

Introducción.

Además de lo expresado en la página respectiva USUCAPIÓN Y JUICIO DE USUCAPIÓN lo que resta ahora es dedicar algunas palabras al público que lo que le interesa es la usucapión veinteñal de inmuebles.

Como se dijo la posesión debe ser pacífica, pública, ininterrumpida, no importanto el origen, y no reconociendo en otro el derecho a poseer. Esto es el "poseo porque poseo".

No existe en este caso "justo título" o sea el título en virtud del cual, alguien se cree con derecho. Aquí la prescripción adquisitiva opera de mala fe, pero como dijimos en dicha página, se trata de la mala fe admitida por el Código Civil, es decir, mala fe en la posesión significa, no mas ni menos que eso y nada mas. No se trata de actos delictivos, se trata de saberse sin derecho a poseer y sin embargo se posee. No se trata del uso de la fuerza para mantenerse en la posesión, se trata de la posesión pacífica y nada mas que ello. Como destaqué en el sitio web expresado, el vicio de la posesión, o sea aquel por el cual se ha entrado a poseer por la violencia, clandestinidad o cualquier ilícito, se lo considera saneado en el curso de un año, si el que tiene el derecho a poseer no recurre a la justicia para ejercitar las acciones posesorias que le llevarían a encontrarse con la posesión y se le hubiese reintegrado la misma. Este abandono del titular del derecho de propiedad, aunado a la dinámica del poseedor, de manera productiva, con o sin fines egoístas, pero productiva en definitiva, lo va a convertir en dueño, si solicita se lo declare tal, a la justicia.

Procedimiento.

El Código Civil no tiene normas de procedimiento para la adquisición del dominio por medio de la prescripción adquisitiva, son los Códigos de Procedimientos de cada provincia los que reglamentan los pasos procesales que conducen a la sentencia declarativa del derecho al dominio o, como se guste, "propiedad". No obstante ello, nada impedía al codificador decidir un procedimiento determinado, puesto que, como sostiene la jurisprudencia, el derecho que tienen las provincias de dictar sus propios Códigos Procesales, no impiden que, a los efectos de asegurar un correcto resultado en la aplicación de la ley sustancial, deba seguirse un procedimiento establecido en las leyes de fondo.

Vale decir: que muchas veces nos vemos en la situación de tener que admitir que no pueda reglamentarse por las provincias el procedimiento a seguir, sencillamente por cuanto, un determinado procedimiento, es el absolutamente necesario para que la ley se cumpla.

Así sucede con la ley de quiebras, los procedimientos concursales y los relativos a constitución de sociedades comerciales.

Por consiguiente, en este caso, mas allá de las leyes de procedimientos de cada provincia y de la Capital Federal, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (¿? - cosa que no sé qué es  -), el procedimiento uniforme debe respetarse conforme a la ley 14.159 de Catastro Métrico Parcelario, y su texto es el siguiente y, a lo menos, recomiendo la lectura de las negrillas:

Ley 14.159

TÍTULO I - EL CATASTRO NACIONAL

ARTÍCULO 1.- Procédase a la ejecución del catastro geométrico parcelario de todo el territorio de jurisdicción nacional, en sus dos aspectos fundamentales, el físico y el jurídico, con el propósito determinante de obtener la correcta localización de los bienes inmuebles, fijar sus dimensiones lineales y superficiales, su naturaleza intrínseca, su nomenclatura y demás características y sanear en definitiva los respectivos títulos de propiedad.

ARTÍCULO 2.- Los trabajos a que se refiere la presente ley estarán a cargo de la Dirección Nacional del Catastro, que funcionará como organismo centralizado dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

ARTÍCULO 3.- La ejecución del catastro físico se llevará a cabo separada o simultáneamente en forma de obtener:

a) El catastro preparatorio;

b) El catastro geométrico parcelario definitivo.

ARTÍCULO 4.- Para la formación del catastro preparatorio se utilizarán todos los trabajos catastrales relacionados con el territorio de jurisdicción nacional, los que serán sometidos a un riguroso análisis que permita establecer su grado de bondad y correlativamente la posibilidad de su aprovechamiento.

ARTÍCULO 5.- En la ejecución del catastro preparatorio se procederá, asimismo, a la demarcación de los límites de los territorios de jurisdicción nacional y sus divisiones con intervención del Ministerio del Interior, cuando así corresponda.

ARTÍCULO 6.- En las zonas territoriales donde no existieran trabajos catastrales, o en las que aun existiendo no resultaren aprovechables, se realizarán aquéllos, con vistas a servir tanto al catastro preparatorio (complementación) como al catastro geométrico parcelario definitivo.

ARTÍCULO 7.- El catastro geométrico parcelario que permitirá obtener con carácter definitivo la correcta localización y descripción física de los inmuebles, se ejecutará en forma de satisfacer a las exigencias técnicas modernas que esta labor impone. A tal fin los trabajos geodésicos fundamentales que sirvan de apoyo a la confección de la carta del país (ley 12696) servirán a su vez para el catastro geométrico parcelario del territorio.

ARTÍCULO 8.- Si la urgencia en acelerar las tareas para la localización geográfica de los inmuebles en las zonas donde no existiere triangulación geodésica, así lo exigiera, se podrán apoyar los trabajos del levantamiento en triangulaciones topográficas y poligonaciones con arranques y controles en puntos determinados por posiciones de astronomía expeditiva. Tales puntos se vincularán posteriormente a la triangulación geodésica fundamental.

ARTÍCULO 9.- Para el cumplimiento de lo estipulado en el artículo 7 de la presente ley el Ministerio de Obras Públicas (Dirección Nacional del Catastro), tendrá derecho a exigir, con prioridad, la realización de los trabajos geodésicos fundamentales por parte del Instituto Geográfico Militar, donde así lo necesitare, quedando eximido de las erogaciones que estipula el artículo 14 de la ley 12696.

ARTÍCULO 10.- El catastro geométrico parcelario definitivo comportará, esencialmente, la ejecución de los trabajos siguientes:

a) Precatastrales;

b) Catastrales propiamente dichos o de levantamiento parcelario.

Como trabajos precatastrales deberán entenderse todos aquellos que sirvan de apoyo a los de levantamiento parcelario (trabajos geodésicoastronómicos, incluso los complementarios de orden topográfico).Trabajos catastrales propiamente dichos se considerarán los que sirven para obtener la delimitación y mensura de todos y cada uno de los predios contenidos en las unidades político-administrativas a que han de aplicarse.

ARTÍCULO 11.- Las operaciones de campo y de gabinete que requieran la realización del catastro físico a que se hace referencia en los artículos 3 y siguientes, así como la confección de cartas de distintas escalas, registros, fichas, nomenclaturas, etcétera, quedarán especificadas en la reglamentación correspondiente de la presente ley.

TÍTULO II - RÉGIMEN DE MENSURAS

ARTÍCULO 12.- La Dirección Nacional del Catastro, para una mejor coordinación de los trabajos catastrales, intervendrá en todas las operaciones de mensura que se realicen, sean éstas judiciales, administrativas o particulares, con aprobación judicial o administrativa.

ARTÍCULO 13.- En forma concordante con lo dispuesto en el artículo anterior la Dirección Nacional del Catastro preparará de inmediato y someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo una reglamentación nacional de mensuras con vistas a su aplicación general en el país, debiendo utilizarse dicha reglamentación tanto en las operaciones de mensura como en los levantamientos del catastro geométrico parcelario que se realice por imperio de la presente ley.

TÍTULO IV - EL CATASTRO JURÍDICO

ARTÍCULO 14.- Las tareas y operaciones inherentes a la realización del Catastro Jurídico deberán concurrir al establecimiento fehaciente del derecho real de dominio sobre los inmuebles y tendrán por finalidad:

a) El catastro jurídico preparatorio, como operación delimitativa tendiente a establecer los presuntos o reales propietarios de los inmuebles y sus respectivos colindantes;

b) El catastro jurídico definitivo, como operación instrumental a fin de demostrar en forma auténtica el derecho de dominio.

Para la ejecución del catastro jurídico preparatorio se tomarán como base las constancias que ya figuran registradas y las que se obtengan del catastro físico.

En la realización del catastro jurídico definitivo se aplicarán todos los procedimientos administrativos y legales que correspondan, en perfecta correlación con el catastro físico geométrico parcelario definitivo.

ARTÍCULO 15.- El cotejo entre las situaciones de hecho surgidas como resultado de la ejecución del catastro físico y las de derecho originadas en las constancias del catastro jurídico, servirán para establecer las diferencias existentes, tanto en la correcta localización de los inmuebles, como en las medidas lineales y de superficie correspondientes y para obtener con ello el paulatino saneamiento de los títulos de propiedad.

ARTÍCULO 16.- Declárase de propiedad fiscal, nacional o municipal, a todos los excedentes que resulten dentro de las superficies de los terrenos particulares, cubiertos que sean sus legítimos títulos y siempre que sobrepasen las tolerancias técnicamente admitidas en la materia.

ARTÍCULO 17.- Se reconoce a favor del propietario el derecho de ubicar el excedente, siempre que sea sobre un costado del terreno y en superficie continua.

En caso que el propietario no ejerciere su derecho, la ubicación del excedente se efectuará por la Dirección Nacional del Catastro.

ARTÍCULO 18.- El propietario tendrá a su favor el derecho de preferencia en la compra del excedente, y en caso de no hacerlo igual derecho se reconoce al lindero de mayor extensión lineal.

En ambos casos al precio de venta será determinado por el Tribunal de Tasaciones que crea el artículo 74 del decreto del Poder Ejecutivo 33405/44, ratificado por la ley 12922, integrado a este solo efecto por un representante del Ministerio de Obras Públicas.

Cuando se trate de tierras situadas en jurisdicción de las municipalidades o comisiones de fomento de los territorios nacionales, el funcionario de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a que se refiere el artículo 74, inciso f) del mencionado decreto 33405/44, será substituido por un representante del Ministerio del Interior.

ARTÍCULO 19.- El comprador de un excedente que lo adquiera en el ejercicio del decreto de preferencia a que se refiere el artículo 18 de la presente ley, en caso de evicción y saneamiento, sólo podrá exigir del Estado nacional o municipal el importe del precio abonado.

TÍTULO V - LA CONSERVACIÓN DEL CATASTRO

ARTÍCULO 20.- La conservación del catastro deberá satisfacer el propósito de reflejar actualizadamente la correcta localización, delimitación y extensión superficial y la posesión real de los inmuebles.

Deberá también establecer una conexión permanente entre el catastro y los registros de la propiedad inmueble.

ARTÍCULO 21.- A medida que una zona se habilite a efecto del funcionamiento del catastro, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la presente ley, los escribanos de registro, actuarios judiciales y demás funcionarios que autoricen actos traslativos o declarativos de dominio, estarán obligados a solicitar a la Dirección Nacional del Catastro, el certificado catastral correspondiente en base al cual se otorgará el acto.

ARTÍCULO 22.- Paralelamente con lo establecido en el precedente artículo, el Registro de la Propiedad, a medida que el desarrollo del catastro lo permita, irá estructurando un índice real, referido a las constancias de la Dirección Nacional del Catastro y que se llevará simultáneamente con el índice alfabético a que se refiere la ley 1893.

ARTÍCULO 23.- En los casos de subdivisión o fraccionamiento de tierras, los propietarios con la firma del profesional debidamente autorizado presentarán los planos respectivos a la Dirección Nacional del Catastro, la que les asignará la nomenclatura correspondiente, como requisito previo a cualquier acto de transferencia o enajenación.

TÍTULO VI - LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE INMUEBLES

ARTÍCULO 24.- En el juicio de adquisición del dominio de inmuebles por la posesión continuada de los mismos (artículo 4015 y concordantes del Código Civil) se observarán las siguientes reglas:

a) El juicio será de carácter contencioso y deberá entenderse con quien resulte titular del dominio de acuerdo con las constancias del catastro, Registro de la Propiedad o cualquier otro registro oficial del lugar del inmueble, cuya certificación sobre el particular deberá acompañarse con la demanda. Si no se pudiera establecer con precisión quién figura como titular al tiempo de promoverse la demanda, se procederá en la forma que los códigos de procedimientos señalan para la citación de personas desconocidas;

b) Con la demanda se acompañará plano de mensura, suscripto por profesional autorizado y aprobado por la oficina técnica respectiva, si la hubiere en la jurisdicción;

c) Se admitirá toda clase de pruebas, pero el fallo no podrá basarse exclusivamente en la testimonial. Será especialmente considerado el pago, por parte del poseedor, de impuestos o tasas que graven el inmueble, aunque los recibos no figuren a nombre de quien invoca la posesión;

d) En caso de haber interés fiscal comprometido, el juicio se entenderá con el representante legal de la Nación, de la provincia o de la municipalidad a quien afecte la demanda.

Las disposiciones precedentes no regirán cuando la adquisición del dominio por posesión treintañal no se plantea en juicio como acción, sino como defensa.

Serán asimismo subsidiarias del régimen especial a que puede someterse por leyes locales, la adquisición por posesión de inmuebles del dominio privado de la Nación, provincias o municipios.

ARTÍCULO 25.- El precedente artículo se tendrá por incorporado al Código Civil y se aplicará de inmediato a todos los juicios de adquisición de inmuebles por prescripción, en los que aun no se haya dictado sentencia con autoridad de cosa juzgada.

TÍTULO VII - DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 26.- Los trabajos inherentes a la realización parcial o integral del catastro geométrico parcelario podrán ser ejecutados por administración o por contrato, con organismos estatales o empresas particulares especializadas. La Dirección Nacional del Catastro fijará, en todos los casos, las condiciones técnicas de su ejecución y tendrá a su cargo el contralor correspondiente.

ARTÍCULO 27.- Las autoridades y los organismos nacionales, provinciales y municipales quedan obligados a contestar las encuestas técnico-informativas que la Dirección Nacional del Catastro considere de interés realizar para el mejor cumplimiento de la presente ley.

La misma obligación existirá para las empresas y sociedades particulares que ejecutan o hayan ejecutado trabajos relacionados con la especialidad.

ARTÍCULO 28.- Los propietario deberán exhibir a la Dirección Nacional del Catastro los títulos de propiedad que se requieran para el cumplimiento de la presente ley.

En su defecto, estarán obligados a presentar un extracto de dichos títulos autorizado por escribano de registro o a indicar la entidad pública o bancaria donde el título se encuentre.

Los datos e informes que la Dirección Nacional del Catastro obtenga por la aplicación del presente artículo serán de carácter absolutamente reservado y no podrán ser invocados en juicio por terceros.

ARTÍCULO 29.- El Ministerio de Obras Públicas (Dirección Nacional del Catastro), está autorizado para adquirir el instrumental, maquinarias, equipos y accesorios que le sean necesarios para el cumplimiento de la presente ley.

ARTÍCULO 30.- Todos los instrumentos, vehículos y materiales que se requieran para el cumplimiento de la presente ley, que por no construirse en el país deban adquirirse en el extranjero, quedan liberados de derechos de aduana y de toda otra carga impositiva.

ARTÍCULO 31.- El Poder Ejecutivo o la respectiva Municipalidad podrá disponer la enajenación en pública subasta de los bienes vacantes que no estén afectados al tesoro escolar y de los excedentes a que se refiere el artículo 16 de esta ley supuesto que no se ejercite sobre éstos, el derecho de preferencia establecido por el artículo 18, cuyo producido ingresará a un fondo específico, dentro de cada jurisdicción, que concurrirá a solventar los gastos que la ejecución del catastro determine.

También ingresará al referido fondo el producido de la recaudación que la Dirección Nacional del Catastro, lleve a cabo en concepto de derechos arancelarios por prestación de servicios que le sean requeridos, venta de planos, publicaciones, etcétera.

Lo que se deja dispuesto es sin perjuicio de las partidas que el Ministerio de Obras Públicas destine a los efectos de esta ley en el plan de trabajos públicos o en el presupuesto y dentro de la suma total que anualmente se le asigne a esa Secretaría de Estado.

ARTÍCULO 32.- Los propietarios de inmuebles rurales tienen la obligación de admitir la ubicación de mojones, marcas o señalamientos geodésicos astronómicos o topográficos que materialicen un punto catastral.

La respectiva marcación estará defendida permanentemente por un área no cultivada de hasta dos metros de radio, según la importancia y localización del punto.

ARTÍCULO 33.- Todo aquel que a título de propietario, de simple poseedor o cualquier otro, resistiere de hecho la ejecución de los estudios u operaciones técnicas dispuestas por la presente ley, incurrirá en una multa de $1000 a $ 10000, al arbitrio del juez, quien procederá a su aplicación, previo informe sumarísimo del hecho. La multa se ejecutará por vía de apremio.

ARTÍCULO 34.- Las marcas o señales que sea necesario establecer con carácter permanente o transitorio, serán consideradas como obra pública nacional y toda persona que deteriore, inutilice o haga desaparecer las marcaciones, será castigada conforme a lo establecido en los artículos 183 y 184 del Código Penal.

Las autoridades nacionales y locales quedan obligadas a prestar su cooperación para la custodia y conservación de las expresadas marcaciones.

ARTÍCULO 35.- El Poder Ejecutivo Nacional determinará, en el curso de la realización del catastro geométrico parcelario, las zonas territoriales catastradas, a los efectos de la gradual aplicación de la presente ley.

ARTÍCULO 36.- Todas las publicaciones cartográficas que edite la Dirección Nacional del Catastro serán de propiedad de la Nación, en orden a lo que se establezca en la respectiva legislación sobre propiedad intelectual.

ARTÍCULO 37.- Las provincias podrán adherir al régimen del catastro nacional, si por conducto de sus autoridades competentes así lo resolvieran.

ARTÍCULO 38.- El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente ley dentro de los 60 días de su promulgación.

ARTÍCULO 39.- Deróganse todas las disposiciones de otras leyes que se opongan a la presente.

ARTÍCULO 40.- Comuníquese, etc.

Demandante y demandado:

Conforme se advierte de la norma de referencia, demandante puede ser únicamente el poseedor, de buena o de mala fe y demandado no el titular del derecho real, sino quien figure como titular en el Registro de la Propiedad Inmueble y en la ley catastral, catastral respectiva, debiendo sanearse con la demanda, la reciprocidad o correspondencia entre lo que figura como titular de derecho en uno y otro Registro, puesto que, se debe acompañar, como dice la ley, el plano de mensura correspondiente, y ello obedece a que la Dirección de Catastro, y los Catastros Provinciales, que tienen por objeto delimitar claramente, la superficie de los terrenos, y sus titulares y a aquellos con pretensos derechos a usucapir, para que presentando el plano de mensura se conozca e individualice concretamente la superficie a usucapir y contra quien debe dirigirse la acción usucapiente.

Lo señalado no obsta a lo marcado en negrillas: "d) En caso de haber interés fiscal comprometido, el juicio se entenderá con el representante legal de la Nación, de la provincia o de la municipalidad a quien afecte la demanda"

De este inciso, la justicia infiere que debe darse a conocer, mediante vista, al representante del Ministerio Público, o sea al Estado. Pacífica la jurisprudencia no lo es, por cuanto, si quien pretende usucapir, ha presentado previamente un plano en el que consta perfectamente, titular y superficie, linderos, etc, el Estado, supo antes quien es la persona con la cual puede tener que debatir este tema. Sin perjuicio de ello, el conocimiento debe darse de cualquier forma, cuando no existe pago de impuestos.

Por ello se aconseja, en caso de deber impuestos, que pueden estar alcanzados por el plazo de prescripción, acumular las acciones a fin de que, no sólo se ventile en juicio el interés de quien pretende usucapir, sino también, cuando se pretende la liberación de impuestos que recaen sobre el inmueble. Es la doctrina, por lo menos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Incluso ha llegado a decir dicho tribunal provincial:

"La sentencia que declara la prescripción liberatoria de la deuda de impuestos, suple los recibos y certificados que exige la ley" ( SCBA, 31/7/56, Jurisprudencia Argentina, 1956-III-458 )

El pago de los impuestos.

Es tenido como especial medio de prueba, pero, como elemento demostrativo de la posesión y su continuidad, el pago de impuestos de una sola vez, o la entrada a un plan de pagos o moratoria, no es demostrativo de la posesión por el curso del tiempo. Hay aquí un error sustancial de parte de muchas personas.

Los testigos.

Si bien la ley refiere a que no será admisible únicamente la prueba testimonial, no es menos cierto que es admisible dicha prueba, en comprobación con otras. Los ejemplos de posesión, que tiene el Código Civil, como por ejemplo, la plantación, pueden involucrar 3 medios de prueba: el señor X, plantó un árbol, el árbol está, que es materia de pericia química, luego la pericia química demuestra la antigüedad, y resulta ser que, dicha antigüedad, es de mas de 20 años, los testigos dice que vieron al señor X plantar el árbol, con lo cual tenemos 3 elementos de prueba: la plantación del árbol acreditada con testigos, y la pericia que acredita su antigüedad: mas de 20 años. Han habido en este sentido algunos fraudes en los tribunales, con declaraciones falsas y árboles transplantados, pero eso, es harina de otro costal, la cuestión es la posesión continuada, y ella puede demostrarse, por ejemplo, mediante estos medios de prueba. La plantación es un ejemplo típico de posesión.

Así lo dispone el Código Civil al mencionar los actos posesorios en varios artículos: "ARTICULO 2588 - Cuando de buena fe, se edificare, sembrare o plantare, con semillas o materiales propios en terreno ajeno, el dueño del terreno tendrá derecho para hacer suya la obra, siembra o plantación, previas las indemnizaciones correspondientes al edificante, sembrador o plantador de buena fe, sin que éste pueda destruir lo que hubiese edificado, sembrado o plantado, no consintiéndolo el dueño del terreno", En el mismo sentido ARTICULO 2590: "Cuando haya habido mala fe, no sólo por parte del que edifica, siembra o planta en terreno ajeno, sino también por parte del dueño, se arreglarán los derechos de uno y otro según lo dispuesto respecto al edificante de buena fe. Se entiende haber mala fe por parte del dueño, siempre que el edificio, siembra o plantación, se hicieren a vista y ciencia del mismo y sin oposición suya"

Mas específico sobre este tema es el art. 2384 del Código Civil: "Son actos posesorios de cosas inmuebles: su cultura, percepción de frutos, su deslinde, la construcción o reparación que en ellas se haga, y en general, su ocupación, de cualquier modo que se tenga, bastando hacerla en algunas de sus partes."

En este sentido la jurisprudencia ha dicho:

"El plazo de prescripción de las acciones previstas por el art. 4041 (párr. 1 y 2) del Cód. Civil, se cuenta desde la fecha en que el comprador tuvo o pudo tener en conocimiento de los vicios redhibitorios. Para el caso, el alegado vicio de la fracción de campo prometida en venta al apelante (ineptitud para la siembra de trigo), pudo ser conocido por él desde antes de la posesión, pues conforme narra en la contestación de demanda no sólo visitó el predio con anterioridad, sino que lo hizo acompañado con una persona que entiende en el tema". En tal situación, no es razonable alegar que no pudo saber la aptitud o calidad de la tierra que decidió adquirir" (arts. 1111 su doct. 2164, 2168, 2170, 2173, Cód. Civil).

CCI Art. 4041 ; CCI Art. 1111 ; CCI Art. 2164 ; CCI Art. 2168 ; CCI Art. 2170 ; CCI Art. 2173

CC0201 LP, B 74666 RSD-211-93 S 2-8-1993 , Juez CRESPI (SD)

CARATULA: Maceira, Alberto c/ Martínez, Oscar Alfredo s/ Declaración judicial resol. contr. restitución inmueble y daños y perjuicios
MAG. VOTANTES: Crespi-Sosa

Vale decir, que cualquier provecho que se le saque al inmueble en la posesión pacífica e ininterrumpida, hace del mismo, con la continuidad de 20 años, aunque no exista título que, el juez, al dictar sentencia declare que un señor adquirió la propiedad.

No sólo es el pago de impuestos. El pago de impuestos, no necesariamente demuestra posesión.

Ello quedó aclarado, debidamente, mediante el decreto 5756/58 que reformó la ley 14.159 de Catastro Métrico Parcelario.

Caso del propietario fallecido.

Muchos creen que por haber fallecido el propietario, pueden usucapir con mayor facilidad, pero no es así. El juicio de usucapión veinteñal es contradictorio, o sea contencioso, debe seguirse contra los herederos, y si ellos no han impulsado el proceso sucesorio, debe hacerlo el interesado.

Competencia.

La fijan los Códigos Procesales de cada provincia, el de la Nación sostiene:

"Art. 5° - La competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado. Con excepción de los casos de prórroga expresa o tácita, cuando procediere, y sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en este Código y en otras leyes, será juez competente:

1) Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde esté situada lo cosa litigiosa. Si éstas fuesen varias, o una sola pero situada en diferentes jurisdicciones judiciales, será el del lugar de cualquiera de ellas o de alguna de sus partes, siempre que allí tenga su domicilio el demandado. No concurriendo tal circunstancia, será el del lugar en que esté situada cualquiera de ellas, a elección del actor.

La misma regla regirá respecto de las acciones posesorias, interdictos, restricción y límites del dominio, medianería, declarativa de la prescripción adquisitiva, mensura y deslinde y división de condominio."

 

Fuero de atracción sucesoria.

 

Si la sucesión ha sido abierta, como se la asimila a una acción real, y no personal contra el deudor, la misma sigue conforme a la pauta del art. 5to. mencionado y no es atraída por el juicio universal, como lo puede ser, el concurso o la quiebra también.

 

¿Puede demandarse al Estado?

 

Puede serlo, pero respecto de los bienes del dominio privado del Estado, desde que existen dos clases: los terrenos de dominio público. Los bienes del dominio público son los destinados por el Estado con el objeto de satisfacer necesidades públicas. No podemos especificar cuáles necesidades, pero son servicios que presta el Estado y para lo cual, utiliza un predio determinado. No necesariamente los bienes del dominio público deben ser servicios onerosos o gratuitos, basta que tengan por objeto la satisfacción de una necesidad general.

Pero no sucede lo mismo con los bienes del dominio privado del Estado, estos bienes son usucapibles. La señal de que lo son la da el art. 2342 del Código Civil, al decir: "Son bienes privados del Estado general o de los Estados particulares:1º Todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales de la República, carecen de otro dueño;2º. Las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas y sustancias fósiles, no obstante el dominio de las corporaciones o particulares sobre la superficie de la tierra;3º. Los bienes vacantes o mostrencos, y los de las personas que mueren sin tener herederos, según las disposiciones de este código;4º. Los muros, plazas de guerra, puentes, ferrocarriles y toda construcción hecha por el Estado o por los Estados, y todos los bienes adquiridos por el Estado o por los Estados por cualquier título;5º. Las embarcaciones que diesen en las costas de los mares o ríos de la República, sus fragmentos y los objetos de su cargamento, siendo de enemigos o de corsarios"

Se entiende, por la apoyatura que la Constitución Nacional da a la Iglesia Católica comprendidos sus bienes como de dominio público, por ende, no son susceptibles de prescripción adquisitiva de usucapión.

Así, señala el art. 2345 del Código Civil: "Los templos y las cosas sagradas y religiosas corresponden a las respectivas iglesias o parroquias, y están sujetas a las disposiciones de los arts. 33 y 41. Esos bienes pueden ser enajenados en conformidad a las disposiciones de la Iglesia Católica respecto de ellos, y a las leyes que rigen el patronato nacional." Por su lado los arts. 33 y 41 señalan:  33 - Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado. Tienen carácter público 1º El Estado nacional, las provincias y los municipios;2º Las entidades autárquicas; 3º La Iglesia Católica."ARTICULO 41 - . Respecto de los terceros, los establecimientos o corporaciones con el carácter de personas jurídicas, gozan en general de los mismos derechos que los simples particulares para adquirir bienes, tomar y conservar la posesión de ellos, constituir servidumbres reales, recibir usufructos de las propiedades ajenas, herencias o legados, por testamentos, donaciones por actos entre vivos, crear obligaciones e intentar en la medida de su capacidad de derecho, acciones civiles o criminales.

 

De la misma manera que el Estado toma propiedad de las herencias vacantes y, con el mismo criterio, están legitimados para ser demandados por usucapión, pero no otro derecho real que no sea el de dominio, porque es imposible en el caso el desmembramiento de derechos por su distinto carácter ( administrativo público y civil privado ).

 

Los actos administrativos y las resoluciones de la Iglesia que desafecten del dominio público, hacen que el bien sea susceptible de adquisición dominial por usucapión.

 

Requisitos formales de la demanda.

 

Debe acompañarse la valuación fiscal que determina el monto de la tasa de justicia, certificado expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble por el que consta el titular y la condición en la que se encuentra el inmueble, y, finalmente, el plano de mensura, suscripto por agrimensor y aprobado por la oficina técnica.