LOS CONTRATOS EN DOLARES U OTRAS MONEDAS Y LA FUNCIÓN JUDICIAL QUE SE AUTODESALOJA - LA IMPREVISION - EL REAJUSTE EQUITATIVO DE LAS DEUDAS - CONTRATOS DEVALUACION MONEDA - MONEDA EXTRANJERA EXCESIVA -  DEUDAS ONEROSAS POR DEVALUACIONES - SOLUCION JUDICIAL

LOS CONTRATOS EN DÓLARES U OTRAS MONEDAS Y LA FUNCIÓN JUDICIAL QUE SE AUTO DESALOJA. DESCARGA EN AUDIO TEXTO IMPLICA QUE LO PUEDE ESCUCHAR AL TEMA POR INTERNET O DESCARGAR ESTE CONTENIDO EN AUDIO EN SU PC. 

 

Por el Doctor Juan Carlos Muse Generch

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Introducción.

 

La moneda extranjera, para el viejo sistema del Código Civil, era considerada como "cosa", no era reconocida ni como moneda, ni como de cancelación forzosa de deudas. La única moneda que resultaba aplicable para cancelar obligaciones era la argentina.

Pero como consecuencia de la inestablidad y procesos inflacionarios de nuestro país, y la suba de los precios incluyendo el dólar, el euro, o cualquier moneda extranjera, se ha planteado en varias ocasiones, en los tribunales, un "reajuste equitativo", en función de la "teoría de la imprevisión".

 

Enemistades con los contratos en dólares.

 

Suele ocurrir que las personas celebran los contratos en dólares, a fin de cubrirse de las fluctuantes e imprevistas dinámicas de nuestra economía, que ha generado inseguridad jurídica. Por consiguiente, muchos prefieren o contratar en dólares o en otra divisa extranjera, o bien hacer los reajustes por dicha vía.

Aún sigue vigente la prohibición de indexar establecida en la ley de convertibilidad 23.928. Quedó vigente de dicha ley el art. 10. el cual dice: "Deróganse, con efecto a partir del 1º del mes de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional -inclusive convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de Australes que corresponda pagar, sino hasta el día 1º de abril de 1991, en que entra en vigencia la convertibilidad del Austral."

 

De tal modo que, a posteriori esta ley dice:

ARTICULO 11. - Modifícanse los artículos 617, 619 y 623 del Código Civil, que quedarán redactados como sigue:

"Artículo 617: Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero."

"Artículo 619: Si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de determinada especie o calidad de moneda, cumple la obligación dando la especie designada, el día de su vencimiento."

"Artículo 623: No se deben intereses de los intereses, sino por convención expresa que autorice su acumulación al capital con la periodicidad que acuerden las partes; o cuando liquidada la deuda judicialmente con los intereses, el juez mandase pagar la suma que resultare y el deudor fuese moroso en hacerlo. Serán válidos los acuerdos de capitalización de intereses que se basen en la evolución periódica de la tasa de interés de plaza."

 

ARTICULO 12. - Dado el diferente régimen jurídico aplicable al Austral, antes y después de su convertibilidad, considéraselo a todos sus efectos como una nueva moneda. Para facilitar dicha diferenciación, facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL para reemplazar en el futuro la denominación y expresión numérica del Austral, respetando la relación de conversión que surge del artículo 1º.

Los mencionados artículos están vigentes, por lo que resulta un hecho anecdótico que muchos tribunales puedan hacer cancelar obligaciones no ya, con la cantidad de pesos equivalentes a la moneda extranjera, sino con fórmulas inconcebibles, atendiendo al principio de la "teoría de la imprevisión".

Hay fallos ridículos, como éste de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, que dice:

Surge del art. 1° de la ley 25.713 que el C.E.R. se aplicará a las obligaciones que en origen hubieran sido expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera y que hubieren sido transformadas en pesos a partir de la sanción de la ley 25.561. Y si bien el art. 2° de la mencionada norma establece excepciones al principio general del art. 1°, no se constituye la misma cuando se trata de una ejecución que continúa por el remanente habido a favor de la actora luego del remate del bien del que da cuenta la escritura hipotecaria glosada en las actuaciones, y en virtud del embargo sobre la parte indivisa y orden de subasta de un bien ganancial de la deudora de autos. No se está en presencia entonces "ni de un préstamo cualquiera sea su origen o destino, que tengan como garantía hipotecaria la vivienda única, familiar y de ocupación permanente", pues ya no existe derecho real de hipoteca vigente, ni de un préstamo personal en los términos reglados por la ley 25.713 (art. 2° ap. "a" y "b" ), por lo que no es dable analizar si los recaudos del apartado "a" del art. 2° de la ley mencionada se cumplen o no. Rige entonces en la especie, el principio general emergente del art. 1° de la ley 25.713, y por ende corresponde aplicar al capital reclamado el coeficiente de estabilización de referencia (C.E.R.).

LEY 25713 Art. 1 ; LEY 25561 ; LEY 25713 Art. 2 ap. a ; LEY 25713 Art. 2 ap. b

CC0002 SI 95392 RSI-746-4 I 31-8-2004 , Juez KRAUSE (SD)

CARATULA: Grundel, Adán c/ Gnoiski Czeslawa E. s/ Cobro hipotecario 
MAG. VOTANTES: Krause-Malamud-Bialade

El poder judicial tiene facultades propias para revisar los contratos por los imprevistos, cuando se tornen excesivamente onerosos, para una de las partes.

Pero en el caso que se ha tratado, no existe onerosidad. Se trata de la aplicación de una ley ( la 25.713 ), que parte de una idea de un "esfuerzo compartido". Es ridículo. Es inconstitucional. Y siendo que la Constitución es la ley suprema, una ley de esta clase ni debe ser atendida.

Desconozco las razones por las cuales los jueces no declarar la inconstitucionalidad de oficio, como es jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Si una norma jurídica es repugnante a la Constitución, como lo es ésa, no cabe sino declararla inconstitucional, desde que se trata de derechos adquiridos a su amparo ( art. 17 de la Constitución ).

Se ha hablado tanto de la "imprevisión" que ya da asco hacer citas. La economía de este país es imprevisible, no una devaluación producida por el propio mercado.

Lamento decir, que, el que desee una economía previsible, deberá mudarse hacia otros países en los cuales la economía sea un tanto aburrida y no ande a los saltos, como la nuestra.

Otro ridículo fallo de San Isidro expresa:

Habiéndose suscripto el contrato de mutuo ejecutado estando vigente la pesificación dispuesta por la ley 25.561 y el decreto 214/02, no resulta de aplicación el art. 1° del decreto 214/02, que pesificó todas las obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en dólares estadounidenses existentes al tiempo de la sanción de dicha ley. Tal obligación debe ser satisfecha en la moneda pactada, esto es en dólares estadounidenses, vigentes como están los arts. 617 y 619 del Código Civil (art. 5° ley 25.561).

DEC 214-2002 Art. 1 ; CCI Art. 619 ; CCI Art. 617 ; LEY 25561 Art. 5

CC0002 SI 93107 RSI-518-3 I 24-6-2003 , Juez KRAUSE (SD)

 

CARATULA: Doracheto, Felipe c/ Cordone, Angel Antonio s/ Ejecución hipotecaria 
PUBLICACIONES: JA 2003 III, 698 
MAG. VOTANTES: Krause-Bialade-Malamud

Un decreto pesificando las obligaciones contraídas con anterioridad. Vaya lo bananero de este fallo y de unos cuantos.

Los jueces tienen la facultad de revisar los contratos por la excesiva onerosidad sobreviniente y no es necesario aplicar decretos que derogan leyes o leyes que derogan derechos adquiridos.

Dicha facultad la conservan en función de la paz social a la que están llamados a representarnos.

El mencionado decreto 212/2002 les quitó esa facultad a los jueces, y por ende, también resulta repugnante a la Constitución por ese lado.

¿Cuando una obligación se torna excesivamente onerosa? Cuando la prestación a cambio de la otra, supera holgadamente su valor de mercado. Pero esto no significa que se derogue el principio por el cual los contratos deben ser cumplidos. Y en muchos casos, quien se dice "víctima" es, a su vez "victimario". Entiendo que al revisar la excesiva onerosidad sobreviviente, habrá de tener que analizarse, previamente, la conducta del deudor y el cumplimiento fiel de sus compromisos. En nuestro país, cualquiera es víctima, pero no se analiza si es a su vez "victimario". La justicia tiene por costumbre analizar la onerosidad desde el punto de vista del contrato en sí mismo, pero no en función de la previsión. Porque puede suceder que ese sujeto, que aduce ser "víctima" de una situación de desborde, esté ejecutando y solicitando la inconstitucionalidad de la pesificación y persiguiendo el cobro de dólares.

Considero que es carga probatoria de la "víctima" el acreditar su inocencia en este caso, con todos sus antecedentes, y que la cosa juzgada puede ser revisada en cualquier momento, aún después de dictada la sentencia definitiva, que, para el caso, debe ser formal, por ser imposible la investigación en los plazos procesales, de una conducta que puede merecer el reproche del derecho y no puede consolidarse so pena de dar mas importancia al proceso que a la justicia.

Mas allá de los ridículos fallos que como éste han sido dictados, por esa Cámara, lo cierto es que la imprevisión, debe ser unida a otro costado de la contratación: la aventura.

Un país como el nuestro, en el que la impresión es constante, quien se aventura a celebrar contratos en dólares, debe ser considerado ganador o perdedor en los negocios jurídicos.

¿Quien o qué impide la aventura? Nadie, el derecho tampoco. Por lo tanto debe hacerse cargo de las consecuencias.

Ahora bien, esta Cámara, que señaló en un fallo que obra en www.consejosdederecho.com.ar/4.htm caso "Córdoba, Carlos Marcelo c/ TTC AUTO ARGENTINA S.A. s/ Daños y Perjuicios" no permitió la indexación de honorarios de un arquitecto, pues dijo, que dicha indexación, produciría inflación. En la precitada página he transcripto la doctrina anterior a la convertibilidad, o sea:

 “A fines de 1976, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re: “Vieytes de Fernández c/ Provincia de Buenos Aires” y “Valdez, J.R., c/ Gobierno Nacional” se hace cargo sin ambages, de la problemática de la revalorización de deudas dinerarias ( CSJN ED, 69-186 y 190, fallos 28.635 y 28.636 doctrina luego reiterada en fallo del 24-2-77, LL fallo 74.375. )

   “En el primer caso, se trataba del reajuste de los alquileres no pagados del locador en tiempo oportuno; en el segundo, el reajuste de la indemnización por despido de un empleado público. Ambos casos, como se ve, interesaban típicas obligaciones dinerarias, o sea prestaciones en que la suma en moneda constituye el objeto de la obligación.  

   “Respecto de ambos – y como lo sostuvo anteriormente en la causa “Camuso vda. De Marino c/ Perkins S.A.” ( ED, 67-412, fallo 28.347, el Alto Tribunal juzga que “el reajuste de tales créditos no hace a la deuda mas onerosa que en su origen; sólo mantiene el valor económico real de la moneda frente a su progresivo envilecimiento. No se modifica la obligación sino que se determina el quantum en que ella se traduce cuando ha variado el valor de la moneda; el desmedro financiero que para el deudor moroso pudiere derivar de aquel reajuste no reviste entidad que permita entender configurada lesión esencial a su derecho de propiedad; sólo le priva de un beneficio producto de su incumplimiento” Por el contrario el derecho de propiedad afectado sería el del acreedor quien recibiría – de no aplicarse la actualización – una moneda desvalorizada cuyo poder adquisitivo sería muy inferior al que tenía en la época en que debía abonarse la deuda” ( trascripción de pág. 75/76 debajo del título “ALCANCES DE LA DOCTRINA DE LA CORTE SUPREMA EN MATERIA DE REVALORIZACIÓN DE DEUDAS DINERARIAS, perteneciente al libro de EDUARDO ZANONI “REEVALUACIÓN DE OBLIGACIONES DINERARIAS ( INDEXACIÓN )”, ed. De Palma 1977.

Señalé lo siguiente: "DE DONDE SE SIGUE QUE LA “PRETENSIÓN” EN SU CONCEPTO Y DEFINICIÓN ANTES MENCIONADA DE AJUSTAR LA LIQUIDACIÓN POR EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR ES UNA VARIABLE QUE NOS PERMITE VOLVER A TRADUCIR LA SENTENCIA EN GUARISMOS DE JUSTICIA Y ESTO ES COHERENTE CON LOS FALLOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CITADOS SUPRA: VIEYTES DE FERNÁNDEZ C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES” Y “VALDEZ, J.R. c/ GOBIERNO NACIONAL DE 1976."

¿Que dijo el fallo de Cámara ante el pedido formulado por el arquitecto en pos de sus honorarios?

Para confirmar la sentencia de primera instancia, manifestó que, la indexación traería consigo inflación.

Paro de la Cámara:

Si mal no recuerdo, durante el curso del año 2004 esa Cámara no atendió al público durante casi todo el año- Y ¿cuál era la razón? El incremento de los sueldos.

O sea que a estos señores no les gusta que su poder adquisitivo se pierda pero, respecto de los honorarios de un arquitecto, como seguramente es ajeno al Poder Judicial, no interesan, generan inflación. Me pregunto si el aumento de sueldos pretendidos no. Entiendo con el mismo criterio que sí.

En el caso apelado se trataba de una concesionaria de automóviles TTC, Auto Argentina, y el arquitecto era un simple particular. Obviamente los vehículos subieron de precio en dólares ante la devaluación producida por el mercado, pero no los honorarios del arquitecto. ¿A quien favoreció la justicia con su equidad? Al mas significante económicamente.

Doctrina de los autores en torno a los contratos en dólares.

Mosset Iturraspe, cree que la economía argentina es previsible por gente de conocimiento, y da como ejemplo el caso del fallecido ingeniero Álvaro Alsogaray a quien lo considera una persona avezada en conocimientos ( pág. 113 del Libro "Contratos en Dólares" de ed. La Rocca, seg. edición, Bs. As. 1989. O por lo menos era previsible el estallido del plan primavera, pero esa previsibilidad no puede juzgar en todos los casos, por lo ser dicho político, una persona de avanzado conocimiento.

Sin embargo la persona de persona de avanzado conocimiento era un político, en una democracia, que advertía del estallido. Si las pobres víctimas no le escucharon, no puede decirse que el ingeniero no les habló y les previno. Estamos en una democracia y todo puede llegar a saberse, incluso, salvo casos de los alienados parcialmente.

En definitiva, la causa de que en nuestro país no existe seguridad jurídica ni paz social ha sido la propia justicia.

El precitado autor en la mencionada obra no sólo discrepa con esta posición, sino con otras, como por ejemplo:

1.- Que discrepa en lo tocante a que es  "el desencadenamiento económico lógico del proceso que se vivió en los últimos años" en referencia a la explosión inflacionaria del "plan primavera". Y señala el autor para criticar esta posición que "la inflación puede avanzar o retroceder. Y que "En febrero de 1989 estaba vigente el plan primavera, cuyo objetivo básico era el combate contra la inflación. El Gobierno Nacional había anunciado su empeño en esta tarea y de allí que se despertara la credibilidad de tales medidas" ( obra citada pág. 114 ).

¿Cómo hace para discrepar? No se lo entiende. En una democracia no hay que creerle al gobierno, sino a todos los políticos, pues, aunque no estén en funciones, cumplen funciones representativas. A lo menos eso creo. El autor no.

También discrepa con los siguientes puntos de vista:

2.- Siendo un proceso general, de dolarización total, no hay daños para nadie o bien los hay para todos; falta el beneficiado y el perjudicado.

Pero este autor vuelve a discrepar en este punto de vista también. Y Dice: "No se puede sostener semejante generalización, sin mas, ni mas, depende de la incidencia de la hiperinflación en el contrato; de sus particularidades"

Me pregunto, cómo es posible que este autor niegue que la hiperinflación nos daña a todos. Obviamente en todos y cada uno de los contratos. Las particularidades de los contratos, específicos, donde una parte se empobrece a costa de la otra, esa es la particularidad que hay que analizar, pero lo que establece como genérico, no lo es. Es este autor que está generalizando y hablando de la incidencia de la hiperinflación en el contrato. Toda la economía se maneja por contratos y todos nos encontramos dañados por la inflación. Todos, todo el país. ¿Que tiene que ver esto los contratos si toda la economía se mueve por contratos?

Contundente es la nota al art. 619 del Código Civil: "Nos abstenemos de proyectar leyes para resolver la cuestión tan debatida sobre la obligación del deudor, cuando ha habido alteración en la moneda porque esa alteración se ordenaría por el Cuerpo Legislativo nacional, cosa casi imposible. La ley declararía el modo de satisfacer las obligaciones que ya estuviesen contraídas. Hoy los conocimientos económicos dan a la moneda otro carácter que el que se juzgaba tener en la época de las leyes que hicieron nacer las cuestiones, sobre la materia. Las leyes romanas decían: "In pecunia, non corpora quis cogitat, sed quantitatem" (L. 99, tít. 3, lib. 46, Dig.), "...eaque materia forma publica percussa, usum dominiumque non tam ex substantia praebet, quam ex quantitate" (L. 1, tít. 1, lib. 18, Dig.). Por cierto que hoy la moneda no se estima por la cantidad que su sello oficial designe sino por la sustancia, por el metal, oro o plata que contenga. Notaremos, sin embargo, las leyes de los diferentes pueblos sobre el cumplimiento de las obligaciones, cuando ha habido cambio en el valor de las monedas"

La disposición es clara, se dirige a lo establecido por el art. 75 de la Constitución Nacional, que señala que corresponde al Congreso: "3.   Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Nación.". Pero como ese mismo artículo señala en su inc. 6 la facultad de "Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales" y tratándose de actos públicos, es mas que difícil entender al autor citado cuando no hay coincidencia entre los actos de las Autoridades Nacionales, que, por un lado, emiten cantidades siderales de la moneda argentina, pero, por otro lado, le dan un valor insignificante a las extranjeras. Si bien hay expertos, no hay necesidad de serlo, cuando actos de esta clase, que no tienen relación, son de conocimiento público.

Obviamente los contratos son revisables por su excesiva onerosidad como se ha dicho, teniendo en cuenta sus particularidades, cuando se torna excesivamente oneroso para una de las partes, no así, cuando es oneroso para ambas, ya que, en este supuesto, puede dejarse sin efecto por imperio del art. 1198 del Código Civil.

Observación del art. 1198 del Código Civil: el mismo dice:

"Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión.

En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales onerosos y conmutativos de ejecución diferida o continuada, si la prestación a cargo de una de las partes se tornara excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución del contrato. El mismo principio se aplicará a los contratos aleatorios cuando la excesiva onerosidad se produzca por causas extrañas al riesgo propio del contrato.

En los contratos de ejecución continuada la resolución no alcanzará a los efectos ya cumplidos.

No procederá la resolución, si el perjudicado hubiese obrado con culpa o estuviese en mora.

La otra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar equitativamente los efectos del contrato"

O sea, que hay soluciones fuera del marco de la ley que cita la jurisprudencia y del decreto 212/02 del Código Civil. Podemos, a fin de no perjudicarnos, incluso, dejar sin efecto el contrato. Los jueces son los encargados de que, ante estas circunstancias de desventura entre la moneda en circulación y el valor que se les fija, de dar una solución a los problemas entre particulares, no la ley. La ley es lo genérico, no los contratos.

Función de contralor de constitucionalidad de las leyes y decretos.

Corresponde al Poder Judicial, esto data del siglo 19 cuando el Sistema de Revisión de la Constitución, Judicial Review, inaugurado por el juez Marshal quien aplicó el método difuso en el caso Marbury vs. Madison en 1803 en USA, todos los jueces y todos los tribunales deben decidir sobre los casos concretos que les son sometidos “de conformidad con la Constitución, desistiendo de la ley inconstitucional”. Lo que constituye “la verdadera esencia del deber judicial”. Sin embargo, en este sistema de control de la constitucionalidad, este papel le corresponde a todos los tribunales y no a uno en particular, y no debe considerarse sólo como un poder, sino como un deber que les está impuesto para decidir sobre la conformidad de las leyes con la Constitución, inaplicándolas cuando sean contrarias a sus normas.

¿Que han hecho? Aplicar la ley y dejarse avasallar en cuanto la parte cuya onerosidad le resulte excesiva, no necesite demandar ni la resolución del contrato ni una amigable componenda. No. El Poder Judicial ha dejado todo en manos del mas inepto: el poder administrador.

Mas argumentos a favor de la pesificación.

El citado autor refiere al plan primavera y que nunca antes se produjo tamaña desproporción en la relación de cambio ( obra citada pág.115 y 116.

No puede comprenderse qué clase de argumento es éste, si existe excesiva onerosidad, que, a mi entender, debe, sólo, hacer cosa juzgada formal, como si fuera un beneficio de competencia, el Código Civil trae el mecanismo apropiado, siendo el Poder Judicial el encargado de velar por la paz social y la justicia, debiendo declarar de oficio la inconstitucionalidad o inconstitucionalidad de aplicación, de las normas que le entorpecen esa función.

Conclusión:

Con esos antecedentes legislativos y con ese auto desplazamiento de la justicia, deberemos seguir celebrando contratos en moneda extranjera, por la ineptitud de los funcionarios del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Nación y del Poder Judicial.  Pero en fin, hay que seguir la pelea, la debemos seguir como hombres de derecho.

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