TARJETA MAS Y SEMEJANTES - ACCIÓN DE CERTEZA - DELITO  AMENAZA - RESUMENES DE CUENTA - NECESARIO IMPUGNAR EL RESUMEN CUENTA - TARJETA DE CRÉDITO  LLAMADOS TELEFÓNICOS - LEY TARJETAS CREDITO - CLAUSULAS NULAS - DEBER DE INFORMACION - INTERESES - CONSUMIDOR

TARJETA DE CRÉDITO MAS Y SEMEJANTES - LA ACCIÓN DE CERTEZA - DELITO DE COACCIÓN. DESCARGA EN AUDIO TEXTO IMPLICA QUE LO PUEDE ESCUCHAR AL TEMA POR INTERNET O DESCARGAR ESTE CONTENIDO EN AUDIO EN SU PC. 

Por el Doctor Juan Carlos Muse Generch

SI ESTE TEMA NO LE INTERESA HAGA CLIC DEBAJO PARA IR A OTRO TEMA DE DERECHO DEL ÍNDICE GENERAL

 

 

HAGA CLIC EN EL TEMA QUE MAS LE INTERESE, SI NO DESEA UNA LECTURA COMPLETA, LA QUE RECOMIENDO

Índice.

Sistema de tarjetas de crédito

Delito de amenazas causados por las entidades financieras

El contrato de tarjeta de crédito

Ley de tarjetas de crédito

La prórroga del contrato

Nulidad de cláusulas

Los intereses

Los resúmenes de cuenta

Del cuestionamiento o impugnación de la liquidación o resumen por el titular

El deber de información

El mencionado deber de información no suple las de la ley de defensa del consumidor.

 

El juicio ejecutivo.

Prescripción de la acción ejecutiva.

Competencia judicial.

Deber de callar a las bases de datos y de proceder con cierta y determinada mesura,

DENUNCIAR EN TODOS LADOS, Y DAR AVISO A DEFENSA DEL CONSUMIDOR Denuncia de todos modos

Sistema de tarjetas de crédito

Existen tarjetas de crédito de orden bancario y de las financieras. No hay problemas en su uso, de una y la otra. Pero en la práctica, ciertas empresas como CENCOSUD S.A. tienen instaurado un sistema por el cual, ni siquiera ellos mismos conocen qué es lo que debe pagar una persona. y la amenazan con incluirla en base de datos de deudores morosos, incluyendo Veraz y Banco Central de la República Argentina. Algunos bancos usan esa metodología.

En definitiva, el consumidor o usuario, ante los llamados telefónicos, corre, sale y paga, lo que dice que debe, con tal de cumplir puntillosamente sus obligaciones y al efecto de cesar con las amenazas telefónicas y llamados.

Delito de amenazas causados por las entidades financieras.

Se trata de una amenaza por cuanto el delito se configura como la norma penal indica:

ARTICULO 149 bis - "Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas.

"Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.

La amenaza de la utilización de una potestad normativa, no es una amenaza en sí, pero si, en la norma potestativa, incluimos a un tercero, como es el Banco Central de la República Argentina o bases de datos, a mi entender el delito se pergeña.

Ninguna relación tiene el particular con el Banco Central de la República Argentina, como tampoco en sentido viceversa. ¿Que es Banco Central o el Veraz para el particular? Un cuco, ni mas ni menos que eso. Con eso intimido. También puedo intimidar con hacer un juicio, pero la intimidación es esperada lógica y una cuestión de tiempo. Por no que no ingresa, a mi entender, en el delito de amenazas.

Pero si estoy utilizando una posible relación jurídica que poseo con otra persona, la cual, no tengo conocimiento o relación, al no conocer los detalles de la cuestión y señalar "y le vamos a incluir en la base de datos del Veraz", es sin dudas una amenaza. Por cuanto a esas bases de datos se tiene acceso por ambos lados, por el lado del acreedor y por el lado del deudor. Y cuando se trata de comunicaciones al Banco Central de la República Argentina, al no tener la posibilidad de defendernos ante esa situación, no me caben dudas de que se está en presencia de una amenaza.

El consumidor queda asustado, intimidado, sin posibilidad de defenderse, ni reclamar derecho alguno que puede poseer contra el acreedor. No puede hacer nada.

Sabe o cree que pagando saldría de la situación. Pero ¿cuánto debe pagar? ¿Puede reclamarle al banco o a la entidad financiera lo mismo que ella puede reclamarle al consumidor?

No, porque se está en presencia de un juicio ejecutivo en contra, el cual, si bien permite el denominado "ordinario posterior", éste ordinario posterior que es contra la entidad financiera bancaria o no, y solamente respecto de ella, ocurriría siempre que el daño está consumado. Por ello sostengo que el juicio ejecutivo debe ser interpretado restrictivamente. Ver: http://www.consejosdederecho.com.ar/28.htm.

No voy a negar que el tráfico mercantil necesita de esos juicios, o de esa clase de juicios, el tema ha sido allí tratado.

Ciertamente no constituye delito de amenaza el que indica al deudor, todas las consecuencias que su deuda va a traer aparejado a su vida. Pero si es un desastre como la incorporación a base de datos, se trata de un mal, legalmente factible de realizar, pero que respecto a la persona del consumidor, no tiene dicha base, no es legal para él. Suele decirse que el aviso de la aplicación de una ley no es amenaza, puesto que, nadie puede creerse con derecho a sustraerse de la misma. Pero en todos los casos la amenaza de la aplicación de una ley, está dirigida a una persona a la que le compete dicha ley y nunca a la que compete a otros, puesto que la ley tiene un sentido de relación jurídico social, por cuanto proviene de una comunidad jurídicamente organizada: El Estado. Pero resulta evidente que no puedo decir que voy a utilizar "toda la maquinaria estatal". De la misma manera, no es lógico decir que, porque no se le paga al banco o a la entidad financiera que no es banco, las consecuencias serían peores que los préstamos de los particulares o las deudas de los particulares, por cuanto dichos particulares no tienen una potestad de comunicación directa ni indirecta al Banco Central.

El buen comportamiento de un banco o de una entidad financiera debe ser el prudente, el que rige como principio para un buen hombre de negocios, como cualquier otro. De otra manera se birla el principio de igualdad ante la ley ( art. 16 de la Constitución Nacional ).

Podemos imaginarnos o representarnos que, ante la falta de pago iremos a bases de datos de cualquier clase, pero esas bases de datos, como las que posee el Banco Central, tienen una finalidad distinta que las que se usan para la que fueron pensadas. Se trata de un sistema por medio del cual, se conoce, desde el punto de vista financiero, las posibilidades de un particular cuando concurre o pretende utilizar un medio financiero bancario o extrabancario. Pero no autoriza esto, el decir que, por poseer toda la razón, incorporarán a la base de datos "x" a esta persona, sea o no la base de datos del Banco Central, porque esa persona se encuentra indefensa, al no tener relación jurídica alguna posible, ante esos organismos, que a veces ni conoce.

Máxime cuando la ley de hábeas data, como en la mayoría de los casos, no se cumple. Es evidente el amedrantamiento, se deba o no dinero o una prestación cualquiera, pero lo es, no en función de una ley respecto a la persona del deudor, sino en función de otra que recae como potestativa respecto del acreedor. De ser así, podríamos alegar que la cuenta corriente bancaria no sería tal. cuando por ley, tenemos en cabeza de nuestra persona una facultad tan potestativa,

Muy por el contrario, el Código Civil prohíbe esas potestades y las tiene por no escritas, o inexistentes, se inserten o no en el contrato ( son las denominadas "facultades potestativas" ). Al propio tiempo, la conducta es la que demuestra el verdadero contrato celebrado conforme art. 218v del Código de Comercio cuando dice:

"Art. 218. - Siendo necesario interpretar la cláusula de un contrato, servirán para la interpretación las bases siguientes:

1º Habiendo ambigüedad en las palabras, debe buscarse más bien la intención común de las partes que el sentido literal de los términos;

2º Las cláusulas equívocas o ambiguas deben interpretarse por medio de los términos claros y precisos empleados en otra parte del mismo escrito, cuidando de darles, no tanto el significado que en general les pudiera convenir, cuanto el que corresponda por el contexto general:

3º Las cláusulas susceptibles de dos sentidos, del uno de los cuales resultaría la validez, y del otro la nulidad del acto, deben entenderse en el primero.

Si ambos dieran igualmente validez al acto, deben tomarse en el sentido que más convenga a la naturaleza de los contratos, y a las reglas de la equidad.

4º Los hechos de los contrayentes, subsiguientes al contrato, que tengan relación con lo que se discute, serán la mejor explicación de la intención de las partes al tiempo de celebrar el contrato;

5º Los actos de los comerciantes nunca se presumen gratuitos;

6º El uso y práctica generalmente observados en el comercio, en casos de igual naturaleza, y especialmente la costumbre del lugar donde debe ejecutarse el contrato prevalecerán sobre cualquier inteligencia en contrario que se pretenda dar a las palabras;

7º En los casos dudosos, que no pueden resolverse según las bases establecidas, las cláusulas ambiguas deben interpretarse siempre en favor del deudor, o sea en el sentido de liberación."

 

O sea que no podemos incorporar la cláusula de aviso a base de datos ya que es una cláusula no escrita meramente potestativa.

Rigen al respecto los siguientes artículos del Código Civil:

ARTICULO 526 - Si las cláusulas accesorias de una obligación fueren cláusulas imposibles, con apariencias de condiciones suspensivas, o fueren condiciones prohibidas, su nulidad hace de ningún valor la obligación principal

ARTICULO 530 - La condición de una cosa imposible, contraria a las buenas costumbres, o prohibida por las leyes, deja sin efecto la obligación.

La nota al art. 530 es significativa:

"En el lenguaje del derecho, se entiende por buenas costumbres, el cumplimiento de los deberes impuestos al hombre por las leyes divinas y humanas. La condición, por ejemplo, impuesta a un donatario de no emplear lo que se le daba en libertar a su padre preso por deudas, se tendrá por no escrita, porque ella tendría el efecto inmediato de inducir a un hijo ingrato a faltar a sus primeros deberes. La ofensa a las buenas costumbres debe ser el efecto inmediato y cierto de la condición. Cuando la condición por sí misma no ofende las buenas costumbres, pero sin embargo da lugar a temer que sea ocasión de faltar a sus deberes, a quien se impone, tal condición no entra en la prohibición del artículo, porque la equidad enseña que las acciones de los hombres deben juzgarse por lo que les sea personal y no por el hecho de otro. El ultraje a las buenas costumbres debe encontrarse en la voluntad del que impone la condición, para que ella deje sin efecto el acto. Si su intención es pura e inocente, la condición vale, aunque sea un medio para que la otra parte falte a los deberes civiles o religiosos. Véase CHARDON. "Del dolo y fraude", t. 3, p. 365."

Luego el sistema del Código Civil dice de todas las condiciones que son contrarias a derecho, en el caso que nos ocupa nos sirve la del art. 542 del Código Civil:

"La obligación contraída bajo una condición que haga depender absolutamente la fuerza de ella de la voluntad del deudor, es de ningún efecto; pero si la condición hiciese depender la obligación de un hecho que puede o no puede ejecutar la persona obligada, la obligación es válida."

Nota:542. Instit. "De Verb oblig". § 4. ZACHARIAE en el § 534, nota 16, dice, respecto a la resolución del artículo anterior, que es igual al artículo del Cód. francés: "Toda obligación es nula cuando ha sido contraída bajo una condición potestativa, de parte de quien se obliga. Esta disposición es demasiado general; sólo es verdadera, en el caso de la condición puramente potestativa, es decir, de la que hace que el obligado sólo lo sea cuando él quiera. Pero la obligación es válida, cuando la condición potestativa se halla modificada por una circunstancia que le quite lo que pueda tener de puramente voluntario, de tal suerte que ella dependa, no de la sola voluntad del deudor, sino de un hecho que esté en su poder ejecutar o no. Por ejemplo, si yo os vendo alguna cosa con la condición de que iré a París, la obligación es válida, porque hay un vínculo de derecho, desde que me encuentro colocado entre la obligación de no ir a París o de venderos la cosa prometida en venta". Lo mismo, SAVIGNY, t. 3, p. 140.

 

Con lo cual, no podemos señalar la legalidad de la continuidad del contrato, su continuación o terminación con esas salidas.

El art. 1198 justamente dispone: "Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión" Se entiende que deben culminar también de buena fé.

 

Todos sabemos que ante el incumplimiento podremos quedar registrados en una base de datos del Banco Central, pero si eso formara parte del contrato que celebramos con la entidad financiera, entonces podríamos defendernos.

 

Conclusión: La inclusión de una cláusula, condición, potestativamente al contrato, ante un incumplimiento, por parte de una entidad financiera, no tiene apoyatura en el art. 1198 del Código Civil y constituye una amenaza desde que, el particular no pactó una facultad meramente potestativa de la entidad financiera.

 

Y si bien puede afirmarse que el Poder de Policía del Banco Central implicaría ese deber de informar, ciertamente, dicho poder de policía lo sería con respecto a la entidad financiera y no con respecto a los particulares. Siendo, por otro lado, potestativo de las entidades financieras comunicar o no la situación de tal o cuál deudor, desde que al Central, sólo se le rinden cuentas por medio de comunicaciones ( circulares ), pero el objeto de ellas, no tiene relación alguna con el particular.

 

A tal punto, que es facultativo de las entidades financieras otorgar o no un crédito, no pudiéndoselo impedir el Banco Central, y menos las bases de datos paralelas.

 

Puede decirse que las entidades financieras ejercen un poder de policía, por su conducto, que provienen del Banco Central. Tal afirmación además de no ser cierta, lo único que veda al particular el B.C.R.A. es la posibilidad de ocasionar daños a terceros, por parte del deudor y nada mas que ello.

 

Quiere decir y, en consecuencia: que existe una relación entre el B.C.R.A. y el particular, actuando él, como ente administrador y pacificador de las finanzas. Otros controles que obran en la Carta Orgánica del B.C.R.A, su reglamentación y circulares, destinados a exactamente lo mismo, pero con respecto a las entidades financieras.

 

Pero cuando se usa esa razón de la ley,  no para conseguir dicho orden pacífico, sino con el objeto de presionar a una persona a que pague lo que adeude o no, no mediando ni ley ni razones legales, estamos en presencia de una amenaza.

 

El contrato de tarjeta de crédito.

 

La tarjeta de crédito no es un contrato sino el efecto de un contrato ( Daniel Gerardo Reynoso, "Sistema de Tarjetas de Crédito", Roberto Guido, editor, pág. 4, Bs. As. 1995 )., tampoco es un título, porque no vale por si mismo ( mismo autor pág. 5 ). El cliente usa la tarjeta en su carácter de mero tenedor y el objeto de la tarjeta es la simplificación de las operaciones de crédito y de pago.

Por otro lado hay distintos tipos de tarjeta, y, la de crédito es aquella por cuyo contrato se le brinda al contratante la posibilidad de financiar los consumos efectuados, en razón de la credibilidad del tenedor de dicho instrumento, pudiéndose restringir ese crédito ( tarjeta de compra ), o la restricción puede recaer para un comercio o serie de comercios. No dejan de pertenecer al grupo de tarjetas de crédito por las restricciones mencionadas. Se incluyen también las tarjetas de crédito otorgadas "por afinidad" ( por ejemplo, las que se otorgan por pertenecer a alguna asociación, institución social, como clubes deportivos, o a ciertos profesionales ).

En definitiva es tarjeta de crédito el instrumento por el cual, se tiene una herramienta de identificación rápida y de pago con respecto a acreedores adheridos al sistema, por la credibilidad que también le dan, ciertas persona que adhieren al instituido por contrato, caracterizándose por crearse todo un sistema de credibilidad.

 

Ley de tarjetas de crédito.

 

Es muy importante el contenido de esa ley, en especial en lo siguiente, como, he tenido que atender a un cliente de tarjeta MAS, por lo cual no se han cumplido los requisitos con respecto a mi cliente sino que se ve el contrato por Internet, y si bien uno puede adherir o no al contenido de la web, no constituyen las páginas de internet, ni instrumentos públicos ni privados, ya que se mueven o tienen la posibilidad de moverse. Si algo caracteriza a un instrumento público o privado, es la imposibilidad de movimiento. Con el criterio de otros, podría ser la TV un instrumento público o privado. Todo los que así piensan, quieren aplicar el derecho de manera forzosa. Pero digamos que este contenido no se ha cumplido::

 

ARTICULO 6° — Contenido del contrato de emisión de Tarjeta de Crédito. El contrato de emisión de Tarjeta de Crédito debe contener los siguientes requisitos:

 

a) Plazo de vigencia especificando comienzo y cese de la relación (plazo de vigencia de la tarjeta).

 

b) Plazo para el pago de las obligaciones por parte del titular.

 

c) Porcentual de montos mínimos de pago conforme a las operaciones efectuadas.

 

d) Montos máximos de compras o locaciones, obras o retiros de dinero mensuales autorizados.

 

e) Tasas de intereses compensatorios o financieros.

 

f) Tasa de intereses punitorios.

 

g) Fecha de cierre contable de operaciones.

 

h) Tipo y monto de cargos administrativos o de permanencia en el sistema (discriminados por tipo, emisión, renovación, envío y confección de resúmenes, cargos por tarjetas adicionales para usuarios autorizados, costos de financiación desde la fecha de cada operación, o desde el vencimiento del resumen mensual actual o desde el cierre contable de las operaciones hasta la fecha de vencimiento del resumen mensual actual, hasta el vencimiento del pago del resumen mensual, consultas de estado de cuenta, entre otros).

 

i) Procedimiento y responsabilidades en caso de pérdida o sustracción de tarjetas.

 

j) Importes o tasas por seguros de vida o por cobertura de consumos en caso de pérdida o sustracción de tarjetas.

 

k) Firma del titular y de personal apoderado de la empresa emisora.

 

1) Las comisiones fijas o variables que se cobren al titular por el retiro de dinero en efectivo.

 

m) Consecuencias de la mora.

 

n) Una declaración en el sentido que los cargos en que se haya incurrido con motivo del uso de la Tarjeta de Crédito son debidos y deben ser abonados contra recepción de un resumen periódico correspondiente a dicha tarjeta.

 

h) Causales de suspensión, resolución y/o anulación del contrato de Tarjeta de Crédito.

 

ARTICULO 7° — Redacción del contrato de emisión de Tarjeta de Crédito. El contrato de emisión de Tarjeta de Crédito deberá reunir las siguientes condiciones:

 

a) Redactado en ejemplares de un mismo tenor para el emisor, para el titular, para el eventual fiador personal del titular y para el adherente o usuario autorizado que tenga responsabilidades frente al emisor o los proveedores.

 

b) El contrato deberá redactarse claramente y con tipografía fácilmente legible a simple vista.

 

c) Que las cláusulas que generen responsabilidad para el titular adherente estén redactadas mediante el empleo de caracteres destacados o subrayados.

 

d) Que los contratos tipo que utilice el emisor estén debidamente autorizados y registrados por la autoridad de aplicación.

 

ARTICULO 8° — Perfeccionamiento de la relación contractual. El contrato de Tarjeta de Crédito entre el emisor y el titular queda perfeccionado sólo cuando se firma el mismo, se emitan las respectivas tarjetas y el titular las reciba de conformidad.

 

No se han dado estas circunstancias ni en esta tarjeta ni en otras conocidas.

 

La prórroga del contrato.

 

ARTICULO 10. — Prórroga automática de los contratos. Será facultativa la prórroga automática de los contratos de Tarjeta de Crédito entre emisor y titular. Si se hubiese pactado la renovación automática el usuario podrá dejarla sin efecto comunicando su decisión por medio fehaciente con treinta (30) días de antelación. El emisor deberá notificar al titular en los tres últimos resúmenes anteriores al vencimiento de la relación contractual la fecha en que opera el mismo.

 

Esta disposición es inconstitucional. No pueden ser facultativas las prórrogas si la persona ha cumplido debidamente con sus obligaciones. Hoy día el % 50, no menos, de las transacciones se hacen con el sistema de tarjetas de crédito. Consideramos que la causa debe estar fundada en impedimentos por parte del emisor cuanto dificultades por el tenedor de la tarjeta. De otra manera se viola el art. 17 de la Constitución Nacional, en cuanto a que es un hecho reconocido que el derecho de propiedad se viola cuando las necesidades básicas del hombre le son arrancadas. Si bien no es lo mismo que el servicio de agua potable, energía eléctrica, etc, no es menos cierto que impedir la renovación significaría un retroceso a la prehistoria. Esto no es un pensamiento y nada mas. Son datos que se obtienen de la realidad.

 

¿Será por ello el art. 12 de la citada ley? ARTICULO 12. — Conclusión parcial de la relación contractual o cancelación de extensiones a adherentes u otros usuarios autorizados. La conclusión puede ser parcial respecto de los adicionales, extensiones o autorizados por el titular, comunicada por este último por medio fehaciente.

 

¿Por qué se exige el modo fehaciente si no es por razón de que sería un acto de salvajismo?

 

Nulidad de cláusulas.

 

 

Voy a transcribir el artículo y pondré en negrillas lo que cuestiono y las que resalto como buenas o excelentes,

 

Dice el art. 14 — Nulidad de cláusulas. Serán nulas las siguientes cláusulas:

 

a) Las que importen la renuncia por parte del titular a cualquiera de los derechos que otorga la presente ley.

 

b) Las que faculten al emisor a modificar unilateralmente las condiciones del contrato.

 

c) Las que impongan un monto fijo por atrasos en el pago del resumen.

 

d) Las que impongan costos por informar la no validez de la tarjeta, sea por pérdida, sustracción, caducidad o rescisión contractual.

 

e) Las adicionales no autorizadas por la autoridad de aplicación.

 

f) Las que autoricen al emisor la rescisión unilateral incausada.

 

g) Las que impongan compulsivamente al titular un representante.

 

h) Las que permitan la habilitación directa de la vía ejecutiva por cobro de deudas que tengan origen en el sistema de tarjetas de crédito.

 

i) Las que importen prorroga a la jurisdicción establecida en esta ley.

 

j) Las adhesiones tácitas a sistemas anexos al sistema de Tarjeta de Crédito.

 

 

El monto por atrasos, es reconocido en los contratos como cláusula penal. Es preferible muchas veces poner un monto fijo que intereses escalofriantes. Además hay un mecanismo previsto por el Código Civil que abarca todo un título que es muy interesante.

CÓDIGO CIVIL:

.

TITULO XI

De las obligaciones con cláusula penal

ARTICULO 652 - La cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación.

Nota:652. Cód. de Chile, art. 1535. L. I, tít. 11, lib. I. F. R. L. 34 tít. 11. Part. 5ª. Cód. francés, art. 1126; de Nápoles, 1179; sardo, 1316; holandés 1340.

ARTICULO 653 - La cláusula penal sólo puede tener por objeto el pago de una suma de dinero, o cualquiera otra prestación que pueda ser objeto de las obligaciones, bien sea en beneficio del acreedor o de un tercero.

ARTICULO 654 - Incurre en la pena estipulada, el deudor que no cumple la obligación en el tiempo convenido, aunque por justas causas no hubiese podido verificarlo.

Nota:654. L. 37, al fin, tít. 11, Part. 5ª.

ARTICULO 655 - La pena o multa impuesta en la obligación, entra en lugar de la indemnización de perjuicios e intereses, cuando el deudor se hubiese constituido en mora; y el acreedor no tendrá derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es indemnización suficiente.

Nota:655. Cód. francés, art. 1129; de Nápoles, 1182; sardo, 1319, y respecto a la mora del deudor, Cód. francés, art. 1230; holandés, 1344; de Nápoles, 1183, sardo, 1320.

ARTICULO 656 - Para pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor podrá eximirse de satisfacerla probando que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno.

* Los jueces podrán, sin embargo, reducir las penas cuando su monto desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, configuren un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor.

Nota de Actualización:* Párrafo agregado por ley 17.711.

ARTICULO 660 - Si el deudor cumple sólo una parte de la obligación, o la cumple de un modo irregular o fuera del lugar o del tiempo a que se obligó, y el acreedor la acepta, la pena debe disminuirse proporcionalmente, y el juez puede arbitrarla si las partes no se conviniesen.

Nota:660. L. 9, tít. 20, lib. 3, F. R. L. 199, "De estilo", Cód. francés, art. 1231; sardo, 1321; holandés, 1345; de Nápoles, 1184. L. 9, tít. 11, lib. 2, Dig.

ARTICULO 661 - Sea divisible o indivisible la obligación principal, cada uno de los codeudores o de los herederos del deudor, no incurrirá en la pena sino en proporción de su parte, siempre que sea divisible la obligación de la cláusula penal.

ARTICULO 662 - Si la obligación de la cláusula penal fuere indivisible, o si fuere solidaria aunque divisible, cada uno de los codeudores, o de los coherederos del deudor, queda obligado a satisfacer la pena entera.

ARTICULO 663 - La nulidad de la obligación principal causa la nulidad de la cláusula penal; pero la nulidad de ésta deja subsistente la obligación principal.

Nota:663. L. 56, tít. 5, Part. 5ª, L. 6, tít. 11, lib. I, F. R. Cód. francés, art. 1227; napolitano, 1180; sardo, 1341; holandés, 2115. La obligación de la cláusula penal es sólo una obligación accesoria.

ARTICULO 664 - Subsistirá, sin embargo, la obligación de la cláusula penal, aunque la obligación no tenga efecto, si ella se ha contraído por otra persona, para el caso de no cumplirse por ésta lo prometido.

ARTICULO 665 - Si la obligación principal se extingue sin culpa del deudor queda también extinguida la cláusula penal.

ARTICULO 666 - La cláusula penal tendrá efecto, aunque sea puesta para asegurar el cumplimiento de una obligación que no pueda exigirse judicialmente, siempre que no sea reprobada por la ley.

Nota:666. L. 38, tít. 11. Part. 5ª. Pero véase L. 129, § I, Dig. "De Reg. juris".

ARTICULO 666 bis - * Los jueces podrán imponer en beneficio del titular del derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplieron deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial.

Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.

Nota de Actualización:* Texto introducido por ley 17.711. -

 

Personalmente y creo que no tendré contrincantes en este sentido, creo que la justicia está capacitada para resolver el problema. En cambio si se ponen intereses, ya es un poco mas difícil.

 

En el caso que me ha tocado, de la tarjeta MAS, me resultó imposible. He advertido, a mi entender anatocismo, es decir, "interés sobre interés", el cual está prohibido por toda la legislación argentina.

Además la determinación de los intereses es bastante difícil y en una acción de certeza es, a veces necesario un contador actuando como perito. Ciertamente los intereses por lo menos deben ser sólidamente entendibles.

 

Los jueces, conforme a su doctrina, pueden reducir el monto de los intereses, pero previamente deben conocerlos, lo cual, en el caso de la tarjeta MAS que me ha tocado, eran ininteligibles. Esto atenta contra la claridad y juega al respecto la ley de defensa del consumidor que en su art. 4to. dice; Artículo "Quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos"

 

Los intereses.

 

Señala la ley.

 

CAPITULO VII

 

De los intereses aplicables al titular

 

ARTICULO 16°. — Interés compensatorio o financiero. El límite de los intereses compensatorios o financieros que el emisor aplique al titular no podrá superar en más del veinticinco por ciento (25%) a la tasa que el emisor aplique a las operaciones de préstamos personales en moneda corriente para clientes.

 

En caso de emisores no bancarios el límite de los intereses compensatorios o financieros aplicados al titular no podrá superar en más del veinticinco por ciento (25%) al promedio de tasas del sistema para operaciones de préstamos personales publicados del día uno al cinco (1 al 5) de cada mes por el Banco Central de la República Argentina.

 

La entidad emisora deberá obligatoriamente exhibir al público en todos los locales la tasa de financiación aplicada al sistema de Tarjeta de Crédito.

 

ARTICULO 17. — Sanciones. El Banco Central de la República Argentina sancionará a las entidades que no cumplan con la obligación de informar o, en su caso, no observen las disposiciones relativas al nivel de las tasas a aplicar de acuerdo con lo establecido por la Carta Orgánica del Banco Central.

 

ARTICULO 18. — Interés punitorio. El límite de los intereses punitorios que el emisor aplique al titular no podrá superar en más del cincuenta por ciento (50%) a la efectivamente aplicada por la institución financiera o bancaria emisora en concepto de interés compensatorio o financiero.

 

Independientemente de lo dispuesto por las leyes de fondo, los intereses punitorios no serán capitalizables.

 

Lo que significaba con respecto a las facultades judiciales para reducir los intereses, como la función judicial de instar a la paz social se ve comprometida con la norma del art. 16. Allí se habla de un % 25 del promedio para operaciones de crédito. O sea, la usura se hizo ley. Atento a que es imposible hacer futurología, la norma es tan inconstitucional como el decreto 212/2002 al que hicimos referencia en cuanto a la facultad judicial ( ver http://www.cuadernosdederecho.62.htm ). Obsérvese, por otro lado que se trata de intereses compensatorios, no los punitorios que pueden llegar a sumarse..

 

En el caso de la tarjeta MAS hicieron capitalización de los intereses.

 

Efectivamente, aunque retaceados la ley los reconoce: ARTICULO 21. — Punitorios. Procederán cuando no se abone el pago mínimo del resumen y sobre el monto exigible.

 

La ley no señala tiempo, por lo que podrían cobrarse punitorios por un sólo día de atraso.

 

Los resúmenes de cuenta.

 

ARTICULO 23. — Contenido del resumen. El resumen mensual del emisor o la entidad que opere por su cuenta deberá contener obligatoriamente:

 

a) Identificación del emisor, de la entidad bancaria, comercial o financiera que opere en su nombre.

 

b) Identificación del titular y los titulares adicionales, adherentes, usuarios o autorizados por el titular.

 

c) Fecha de cierre contable del resumen actual y del cierre posterior.

 

d) Fecha en que se realizó cada operación.

 

e) Número de identificación de la constancia con que se instrumentó la operación.

 

f) Identificación del proveedor.

 

g) Importe de cada operación.

 

h) Fecha de vencimiento del pago actual, anterior y posterior.

 

i) Límite de compra otorgado al titular o a sus autorizados adicionales autorizados adicionales.

 

j) Monto hasta el cual el emisor otorga crédito.

 

k) Tasa de interés compensatorio o financiero pactado que el emisor aplica al crédito, compra o servicio contratado.

 

l) Fecha a partir de la cual se aplica el interés compensatorio o financiero.

 

m) Tasa de interés punitorio pactado sobe saldos impagos y fecha desde la cual se aplica.

 

n) Monto del pago mínimo que excluye la aplicación de intereses punitorios.

 

ñ) Monto adeudado por el o los períodos anteriores, con especificación de la clase y monto de los intereses devengados con expresa prohibición de la capitalización de los intereses.

 

o) Plazo para cuestionar el resumen en lugar visible y caracteres destacados.

 

p) Monto y concepto detallados de todos los gastos a cargo del titular, excluidas las operaciones realizadas por éste y autorizadas.

 

ARTICULO 24. — Domicilio de envío del resumen. El emisor deberá enviar el resumen al domicilio que indique el titular en el contrato o el que con posterioridad fije fehacientemente.

 

ARTICULO 25. — Tiempo de recepción. El resumen deberá ser recibido por el titular con una anticipación mínima de cinco (5) días anteriores al vencimiento de su obligación de pago, independientemente de lo pactado en el respectivo contrato de Tarjeta de Crédito.

 

En el supuesto de la no recepción del resumen, el titular dispondrá de un canal de comunicación telefónico proporcionado por el emisor durante las veinticuatro (24) horas del día que le permitirá obtener el saldo de la cuenta y el pago mínimo que podrá realizar.

 

La copia del resumen de cuenta se encontrará a disposición del titular en la sucursal emisora de la tarjeta

 

Si a eso le sumamos la claridad que exige la ley de defensa al consumidor, mas de una vez, vamos a tener que ir a Tribunales para incoar una acción de certeza. Así tuve que proceder. El objeto de esta acción es determinar los alcances de una relación jurídica no clara. El caso de la tarjeta de crédito MAS.

 

Respecto de ésto, quiero ser enfático en lo siguiente: esta ley, no excluye la ley de defensa del consumidor. Nos remitimos a la misma. No se olvide de leerla y luego regrese ( http://www.consejosdederecho.com.ar/leydefensadelconsumidor )

 

Del cuestionamiento o impugnación de la liquidación o resumen por el titular.

 

Esto es muy importante y debemos proceder a impugnar por Carta Documento o escrito entregado y sellado en el Banco con copia para nosotros:

ARTICULO 26. — Personería. El titular puede cuestionar la liquidación dentro de los treinta (30) días de recibida, detallando claramente el error atribuido y aportando todo dato que sirva para esclarecerlo por nota simple girada al emisor.

 

ARTICULO 27. — Recepción de impugnaciones. El emisor debe acusar recibo de la impugnación dentro de los siete (7) días de recibida y, dentro de los quince (15) días siguientes, deberá corregir el error si lo hubiere o explicar claramente la exactitud de la liquidación, aportando copia de los comprobantes o fundamentos que avalen la situación. El plazo de corrección se ampliará a sesenta (60) días en las operaciones realizadas en el exterior.

 

 

ARTICULO 28. — Consecuencias de la impugnación. Mientras dure el procedimiento de impugnación, el emisor:

 

a) No podrá impedir ni dificultar de ninguna manera el uso de la Tarjeta de Crédito o de sus adicionales mientras no se supere el límite de compra.

 

b) Podrá exigir el pago del mínimo pactado por los rubros no cuestionados de la liquidación.

 

ARTICULO 29. — Aceptación de explicaciones. Dadas las explicaciones por el emisor, el titular debe manifestar si le satisfacen o no en el plazo de siete (7) días de recibidas. Vencido el plazo, sin que el titular se expida, se entenderán tácitamente aceptadas las explicaciones.

 

Si el titular observare las explicaciones otorgadas por el emisor, este último deberá resolver la cuestión en forma fundada en el plazo de diez (10) días hábiles, vencidos los cuales quedará expedita la acción judicial para ambas partes.

 

ARTICULO 30. — Aceptación no presumida. El pago del mínimo que figura en el resumen antes del plazo de impugnación o mientras se sustancia el mismo, no implica la aceptación del resumen practicado por el emisor.

 

El deber de información

 

ARTICULO 32.— Deber de información. El emisor, sin cargo alguno, deberá suministrar a los proveedores:

 a) Todos los materiales e instrumentos de identificación y publicaciones informativas sobre los usuarios del sistema.

 b) El régimen sobre pérdidas o sustracciones a los cuales están sujetos en garantía de sus derechos.

 c) Las cancelaciones de tarjetas por sustracción, pérdida, voluntarias o por resolución contractual.

 

El mencionado deber de información no suple las de la ley de defensa del consumidor.

 

El juicio ejecutivo.

 

No se admite el juicio ejecutivo directo. No se entienden las razones. A veces es indispensable. Mas de las veces.

Sí se admite la preparación de la vía ejecutiva y al respecto la ley trae un procedimiento.

 

ARTICULO 40. — El proveedor podrá preparar la vía ejecutiva contra el emisor pidiendo el reconocimiento judicial de:

 

a) El contrato con el emisor para operar en el sistema.

 

b) Las constancias de la presentación de las operaciones que dan origen al saldo acreedor de cuenta reclamado, pudiendo no estar firmadas si las mismas se han formalizado por medios indubitables.

 

c) Copia de la liquidación presentada al emisor con constancia de recepción, si la misma se efectuó.

 

ARTICULO 41. — Pérdida de la preparación de la vía ejecutiva. Sin perjuicio de quedar habilitada la vía ordinaria, la pérdida de la preparación de la vía ejecutiva se operará cuando:

 

a) No se reúnan los requisitos para la preparación de la vía ejecutiva de los artículos anteriores.

 

b) Se omitan los requisitos contractuales previstos en esta ley.

 

c) Se omitan los requisitos para los resúmenes establecidos en el artículo 23 de esta ley.

 

ARTICULO 42.— Los saldos de Tarjetas de Créditos existentes en cuentas corrientes abiertas a ese fin exclusivo, no serán susceptibles de cobro ejecutivo directo. Regirá para su cobro la preparación de la vía ejecutiva prescrita en los artículos 38 y 39 de la presente ley.

 

En función de lo subrayado tal como ha sucedido con la tarjeta MAS, a la que me he referido, parece que las amenazas vienen a cuenta de la carencia de los incisos b) y/o c) de la ley dado que los resúmenes no son inteligibles.

 

Prescripción de la acción ejecutiva.

 

Pasado un año prescribe la acción ejecutiva, o, mejor dicho, la preparación de la vía ejecutiva. Tienen las entidades financieras, sin embargo 3 años para incoar un juicio ordinario.

 

Competencia judicial.

 

ARTICULO 52. — De los Jueces Competentes. Serán jueces competentes, en los diferendos entre:

 

a) Emisor y titular, el del domicilio del titular.

b) Emisor y fiador, el del domicilio del fiador.

c) Emisor y titular o fiador conjuntamente, el del domicilio del titular.

d) Emisor y proveedor, el del domicilio del proveedor

 

Aquí la ley se inclina tanto por el consumidor, no dejando opción sino todo a favor del consumidor, por lo que, los emisores de tarjetas de crédito tendrán que tener abogados por todo el país. No sé como lo podrán instrumentar los cobros.

 

Deber de callar a las bases de datos y de proceder con cierta y determinada mesura,

 

ARTICULO 53. — Prohibición de informar. Las entidades emisoras de Tarjetas de Crédito, bancarias o crediticias tienen prohibido informar a las "bases de datos de antecedentes financieros personales" sobre los titulares y beneficiarios de extensiones de Tarjetas de Crédito u opciones cuando el titular no haya cancelado sus obligaciones, se encuentre en mora o en etapa de refinanciación. Sin perjuicio de la obligación de informar lo que correspondiere al Banco Central de la República Argentina.

 

Las entidades informantes serán solidaria e ilimitadamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados a los beneficiarios de las extensiones u opciones de Tarjetas de Crédito por las consecuencias de la información provista.

 

Esto no quita mi visión respecto del delito de amenazas. Pero sin embargo siguen amenazando con bases de datos, e incorporación a las mismas, aún cuando están en refinanciación los morosos. Es el caso que me ha tocado.

Por lo demás pueden verse en esta página las leyes referidas, de defensa del consumidor y de tarjetas de crédito. Para ello haga clic aquí