RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADO Y DEL DEPENDIENTE - TRABAJADOR - DEL PRINCIPAL - ACCIONES JUDICIALES POSIBLES ENTRE ELLOS - REEMBOLSOS - DAÑOS OCASIONADOS POR LOS HIJOS - LA POSIBILIDAD DE REHUSAR LA ORDEN O ENCOMIENDA - CASOS JURISPRUDENCIALES -  REEMBOLSO

LA RESPONSABILIDAD POR LOS HECHOS DE LOS TRABAJADORES Y DEPENDIENTES, DE LOS HIJOS, ACCIONES DE REEMBOLSO, DAÑOS SUFRIDOS POR LOS DEPENDIENTES, ACCIONES JUDICIALES POSIBLES CONTRA LOS PRINCIPALES, LA LIBERTAD DEL DEPENDIENTE, SU POSIBILIDAD DE DAR UNA RESPUESTA NEGATIVA A LA ENCOMIENDA DEL PRINCIPAL, LA RESPONSABILIDAD CONSIGUIENTE, SUPUESTOS DE ACCIONES LEGALES ENTRE PRINCIPAL Y DEPENDIENTE, POSIBILIDAD DE ENTRAR EL PRINCIPAL EN EL LITIGIO ENTRE LA VÍCTIMA Y EL DEPENDIENTE, ETC. DESCARGA EN AUDIO TEXTO IMPLICA QUE LO PUEDE ESCUCHAR AL TEMA POR INTERNET O DESCARGAR ESTE CONTENIDO EN AUDIO EN SU PC. 

Por el Doctor Juan Carlos Muse Generch

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Responsabilidad propia por el hecho ajeno.

 

 

 

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Preliminar.

 

Antecedentes

 

Responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos

 

Responsabilidad del principal por el hecho del dependiente.

 

Ámbito por el cual el principal debe responder

 

El nexo causal.

 

La libertad en el dependiente

 

El segundo peligro. El peligro de denominado "brazo extendido".

 

¿Qué significa la responsabilidad de los que están bajo su dependencia?

 

¿Cuál es el riesgo eximente de responsabilidad para el dependiente respecto del principal?

 

¿Es correcta la redacción del art. 43 del Cód. Civil en toda su extensión?

 

¿Se debe conocer al dependientes?

 

¿Puede reembolsarse el principal por los hechos de sus dependientes?

 

¿Puede reembolsarse el principal por los hechos de sus dependientes cuando la responsabilidad de éstos es objetiva, por el riesgo o vicio de la cosa de la que se han valido? ¿Puede irse contra el dependiente por el riesgo o vicio de la cosa que utiliza?

 

¿Puede reducirse la indemnización que debe pagar el dependiente en función del daño causado por sus cosas o que tiene bajo su guarda?

 

¿Puede deducirse acción contra el principal cuando éste no ha tenido o ha tenido muy parcialmente la guarda de la cosa?

 

¿Puede reembolsarse el principal del dependiente por el hecho de las cosas del dependiente?

 

¿Pude existir una responsabilidad compartida en función del daño con las cosas o por el riesgo o vicio de las mismas aunque se trate de un dependiente?

 

¿Puede una empresa, sociedad, asociación, de hecho o instituida conforme a los parámetros de las sociedades regulares ser dependiente?

 

¿Puede accionar el dependiente contra el principal o contra quien le ha ocasionado un daño?

 

¿Este sistema es el aplicable al régimen laboral?

 

¿Cuándo existe una relación laboral?

 

¿Es el mismo el régimen el explicado el aplicable con respecto al Estado?

 

Situación en nuestro país.

 

Precedentes Argentinos de Importancia relativos e personas que no son el Estado ni integran el mismo

 

Conclusión del caso Petrosur.

 

Dependiente que legalmente no debía prestar servicios. Ilicitud de la encomienda Fallo. Policía que prestaba servicios de vigilancia desviados de la custodia social.

 

Conclusión

 

 

 

 

Preliminar.

 

Lo establecido en esta página constituye el esquema actual de la responsabilidad por el hecho ajeno, nuestros tribunales así lo entienden y se ha desarrollado esta página teniendo en cuenta la doctrina de los autores más acorde a la doctrina judicial. Por ende, y para no hacer muy extenso el trabajo, se ha abordado doctrinarios de importancia y casos jurisprudenciales puntuales de dos Cortes Supremas que reflejan la conclusión que desarrollo en este sitio. Y a fin de no agotar al lector, en estas 21 carillas, tendrá todo lo que necesita, podrá buscar toda la jurisprudencia que le guste. La doctrina de los autores, no es unánime. Pero la que importa es la posición judicial.

 

Antecedentes.

 

Salvo por los hechos de los hijos menores, en el Derecho Romano se le dio a responsabilidad a ciertas personas por hechos de terceros en virtud de un acuerdo convencional. Ha sido en virtud de ello que debía responderse por daños ocasionados en el mar, con motivo de las embarcaciones y los hechos que los marinos realizaban en las mismas, con respecto a problemas tales como hechos ocurridos por tráfico comercial marítimo, o por mesoneros, hoteleros, dueños de establos, aún cuando se valieran de sustitutos o auxiliares, sean los principales o los propios dependientes. O sea que la responsabilidad provenía de una relación contractual, verbal, escrita pero acuerdo en sí. Se respondían por los hurtos, daños a los pasajeros en una nave, incorrecta función del dependiente. No se distinguía si el acto cometido por el dependiente era lícito o ilícito.

Pothier, desarrolla un poco el tema bastante poco desarrollado, y establece la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente en la responsabilidad por el acto ajeno, cuando el mismo ha sido cometido en su presencia, aunque el mismo no pudiera ser evitado por dicha presencia, pero el acto ejecutado debía estar situado dentro de las funciones del dependiente. El hablaba de dependientes o servidores.

Con ello podía alcanzarse la exoneración de la responsabilidad, incluso por los hechos de los hijos, cuando los padres no estaba presentes, admitiéndose así la prueba de descargo.

En este sentido la culpa de los padres o de los principales era excusable por los actos cometidos en su ausencia.

En el Derecho Francés, esto llevó a establecerse la responsabilidad sólo por los actos ilícitos cometidos por dichos dependientes, pero no por los lícitos. La idea era que el principal tuviera a su cargo buenos dependientes, y de esa manera se permitía el castigo ( esto es, la atribución de responsabilidad ) al principal por el hecho del dependiente, a fin de que se valga de sus poderes disciplinarios, a fin de que, en definitiva, sepa elegir, quienes van a ser sus dependientes, a fin de que, en definitiva, esa relación, entre patrones y comitentes, fuera mejor organizada.  Así en el Code Francés, no se admitió bajo ningún punto de vista, que pudiera ser factible que el patrón o comitente, pudieran eximirse de responsabilidad por su ausencia. En cambio, si el hecho era lícito, pero ocasionaba igualmente un daño, sea porque el acto lícito no era el que correspondía, o no era exactamente la encomienda del dependiente o encomendado, el patrón o comitente no respondían. La idea era orgánica: es decir, dotar a la sociedad de un mejor sistema de relación entre patrones o comitentes y comisionados, para potenciar el poder de vigilancia del comitente, y saber elegir el mas apropiado.

El art. 1384 del Código Francés establecía la culpa en la elección o en la vigilancia debida, no pudiéndose excusarse el principal por el hecho de estar o no presente. Terrile decía que el factor de atribución de responsabilidad al principal residía en el relajamiento de la disciplina doméstica. Jurídicamente el dominus asumía una garantía civil frente a la sociedad.

Sin embargo se admitía que, si le resultaba imposible al padre, maestro o artesano, impedir el hecho ilícito y el consiguiente daño, entonces sí, la función de garantía desparecía. La carga de la prueba de este extremo estaba en el principal. Pero si se trataba de padres o de encomiendas, entonces no tenían excusa alguna. Se partía de la base de que el patrón se beneficiaba con el servicio del dependiente. Y desde esta óptica comienza a desarrollarse la teoría de que el principal, tiene una responsabilidad fundamentada en una situación de provecho por la cual debía responder. Este fundamento podía ser argumentado como elemento de defensa, pero no tenia buen destino, por cuanto, siempre existía la posibilidad de desembarazarse mediante la elección o el poder disciplinario.

Se dieron muchos fundamentos a las razones por las cuales el principal respondía por el dependiente, todas estas teorías ocasionaban confusión a la hora de decidir la responsabilidad del principal o de los padres.

En la doctrina Argentina, el autor Llambías, también hace a la responsabilidad del principal, fundando, filosóficamente, en esa cuestión de “función de garantía”. Pero no es admisible suponerlo de esta manera, por cuanto no necesariamente el principal es más importante en términos de activo patrimonial, con el cual responder delante del injusto cometido por el dependiente.

Estas confusiones recayeron en la redacción del Código Español, que hacía una mera presunción de culpa en el principal.

Jamás en esos antecedentes se ha hablado de responsabilidad objetiva, es decir, de la responsabilidad independiente de la culpa o dolo del dependiente. Lo de la función de garantía si bien se puede aceptar en cuanto a una función social, tampoco es un argumento que explique, hoy día las razones por las cuales el principal responde por los hechos del dependiente, y la responsabilidad de los padres por los hechos de sus hijos menores.

Se ha apelado a otras posiciones como, por ejemplo, la de “representación” del comitente para con respecto al comisionado. Pero esa explicación tampoco satisface.  No puede, por ejemplo, existir representación por los actos ilícitos. Dicho de otra manera, el principal, si representa al dependiente, como la representación siempre cupo en derecho respecto de los actos lícitos, no cuadra delante de los ilícitos.

Se ha llegado a sostener que los menores de 10 años, que cometieran un acto ilícito, es decir, aquellos que no tienen discernimiento alguno, podrían ser objeto de una acción de regreso, por lo pagado por el padre.

Comenzó una distinción entre la responsabilidad directa o la indirecta, por cuanto como se echaba mano a las teorías de los factores de atribución como lo son la culpa o el dolo, alguien siempre respondía a título directo o indirecto por alguno de esos distintos factores de atribución de responsabilidad.

Incluso Bonvincini ha conceptualizado la culpa de los padres por la falta de cuidado en el deber de vigilancia y, en consecuencia, los padres responderían a título de la falta de ese deber, que incluso era disciplinario y de educación. Sin embargo los padres respondían de esa manera por los hechos culposos de los hijos ( art. 2048 del Código Civil Italiano ). O sea los padres tenían una responsabilidad directa, no refleja ni indirecta.

En nuestro derecho Bustamante Alsina sostenía que los padres respondían por la propia culpa pero no  tenían derecho a una acción regresiva, o sea de reembolso, contra el hijo.

Llambías, que ya ha sido citado, explica genéricamente con su teoría de la función de garantía la situación actual, por la cual, se responde, mediando encomienda o no – en el caso de los hijos dada la evolución del Derecho, pero independientemente de la culpa o del dolo del dependiente. O sea se reconoce una responsabilidad objetiva, pero se carece de fundamentos que la expliquen y no tornen confuso el tema.

Por de pronto se puede concluir en lo siguiente tras los antecedentes doctrinarios, legales y jurisprudenciales, que existe responsabilidad de los padres en todo momento, hasta la mayoría de edad, y esta responsabilidad es independiente de la que rige en materia de dependencia. Todos concluyen en que hay que prescindir de las teorías subjetivistas de la culpa o del dolo, que también hay que prescindir de si el hijo o el dependiente cometió el daño por medio de un acto lícito o ilícito, pero al carecer de fundamentos filosófico jurídicos suficientes, menester es establecer las razones que actualmente hacen a la responsabilidad.

 

Responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos.

 

En cuanto a los padres, por cuanto los mismos tienen una representación legal sacramental, basada en el concepto de familia, viciada o no, desde que dicha representación no proviene, en términos jurídicos de una cuestión contractual o cuasi contractual, sino en el sacra que proviene del derecho de familia, receptado en el Código Civil Argentino. De la misma manera que los esposos, al contraer matrimonio no celebran un mero acuerdo, sino un acuerdo sacramental, que es regido por leyes específicas o especiales, distintas a las del derecho común, lo mismo sucede con la representación de los hijos por todos los actos de éstos, hasta la mayoría de edad. La representación, por ejemplo, a diverso criterio que con respecto a contratos, no puede ser renunciada, por cuanto no proviene de un contrato ni de una obligación que proceda de otro elemento del derecho, sino de la propia biología. A partir de la cual se han tejido muchas teorías, pero, de todas maneras, el concepto de familia, es un concepto biológico y religioso que ha influenciado en nuestro sistema legal, y por el cual se ha creado el específico Derecho de Familia. Y en el mismo, no se tiene la libertad de la que se dispone en el resto de los actos jurídicos. Además se ha juzgado que el menor, es como una máquina, y la responsabilidad objetiva proviene del mismo por cuanto, siendo como un animal o una máquina, al no poseer libertad, se responde de la manera analógica establecida en el art. 1113 del Código Civil, como en el caso de daños causados por animales. Pero en definitiva, la teoría más en aceptada, es la biológica y, el entorno teórico sentado dentro de las consecuencias que en el ámbito jurídico se han tejido respecto de esa relación biológica. Desde comienzos del Derecho Romano, y a mero modo de ejemplo, se sostuvo que el descendiente seguía, por “sucesión” al ascendiente, mas todo el ejido familiar, no tuvo un sustento empírico mas allá de la visión del nacimiento y del sólo hecho de que se necesita de un hombre y de una mujer para procrear. Nuestro sistema civil está impregnado de doctrinas que parten de la religión misma. Y ha instaurado un sistema basado en el Derecho Canónico, cualquiera fuera la religión de los ascendientes.

 

Responsabilidad del principal por el hecho del dependiente.

 

Se entiende por dependiente al que le es “encomendado” algo, una tarea específica. O sea que el concepto de dependencia, no involucra una relación laboral necesaria que le sirva de sostén. Si bien se ha hablado de provecho económico – y esto puede ser lo normal -, igualmente se responde por el sólo hecho de la encomienda. Lo que significa que la mera encomienda hace del comitente, que es un término genérico, el responsable por los hechos de su encomendado. El comitente se vale del encomendado por algún motivo particular que él cree le beneficiará. Por lo tanto es como su brazo extendido, hay un acuerdo que sirve de marco referencial. Pero no se excluye la responsabilidad de uno y del otro y no son excluyentes.

El segundo elemento a tener en cuenta es que en ese acto jurídico de encomienda y la ejecución de la misma, exista una intención de provecho, que puede alcanzar al comitente como al encomendado, que puede o no ser económico, pero basta esa intención. Y esa intención es incuestionable en lo referente a los términos de la misma, salvo que la intención mencionada, sea demencial, lo que objetivamente satisface al espíritu humano y a la voluntad libre, es suficiente causal para la responsabilidad directa del dependiente e indirecta para el principal. La responsabilidad es por lo tanto mas aguda, por cuanto no se parte de los problemas de impulsión psíquica como el dolo o la culpa, sino que se objetiviza al ser humano como tal, y, como tal, tiene sus fallas, y por ello debe responder.

De la misma manera, no se ha rechazado la idea de que quien se beneficia con el acto del dependiente, no pueda alegar un daño, por cuanto también es objetiva la persona que lo ha sufrido y lo pudo haber sufrido, tal vez, no en términos económicos, pero sí en la faz espiritual.

Como no es posible conocer a ciencia cierta la diferencia de cada uno para con respecto al otro, y sus conceptos y sus pensamientos y su modo de vivir y de pensar, hablamos de responsabilidad objetiva, partiendo de la base de que el daño y el actuar, tienen que ver con la persona y sus errores.

Entonces tenemos dos elementos que hacen a la asignación de responsabilidad: la encomienda, la persona y sus errores.

Obviamente, la encomienda no es todo en la vida del principal, como tampoco lo es todo en la vida del dependiente, por lo que el principal responde en modo indirecto cuando el daño se produce en ciertos momentos que veremos luego. Pero en ese ámbito común, donde existe la encomienda, hay una voluntad que se juzga como única y no es función su castigo, sino el resarcimiento del daño. En consecuencia, cuando se habla de responsabilidad objetiva, en realidad es mucho mas subjetiva de lo que la palabra presupone. A la inversa, el concepto de dolo y de culpa, presupone elementos psíquicos que son juzgados conforme a reglamentos o artes del quehacer común, y por ende, la responsabilidad sería objetiva en tanto y en cuanto se hablaría de lo que el corriente de la gente hace o deja de hacer. Mientras que, paradójicamente se llama responsabilidad objetiva, cuando estamos examinando al sujeto en particular.

En consecuencia, según esta tesis, tenemos que admitir la singularidad de cada persona como presupuesto del daño. Que dicho daño es el presupuesto de la responsabilidad, y del hecho empírico de la extensión de la voluntad a través de una encomienda. Tales son los actuales principios jurídicos que rigen la materia.

Pero como antes hemos dicho, las voluntades, los individuos, se separan en algún momento: la encomienda no es eterna. Por lo cual se plantea el tema de cuándo responde solamente el dependiente y cuándo responde además, el principal.

Para concluir este capítulo diremos que la responsabilidad, en nuestro derecho, es solidaria, no hay obligación de reclamar a éste o aquel, a ambos. Uno es el responsable inmediato, o directo, el otro el responsable mediato, o indirecto.

 

Ámbito por el cual el principal debe responder.

 

Se hace necesaria la transcripción del art. 43 del Código Civil originario. El mismo decía con nota del codificador: “Las personas jurídicas responden por los daños que causen quienes las dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Responden también por los daños que causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas en el título: "De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos".

El codificador dejó la siguiente nota debajo del artículo:

Nota: Artículo 43. La cuestión de si las personas jurídicas pueden o no cometer delitos y sufrir penas, ha sido vivamente controvertida. Puede verse sobre la materia a SAVIGNY, t. 2, desde la p. 310. Para nosotros, el artículo del proyecto tiene fundamentos incontestables.

El derecho criminal considera al hombre natural, es decir, a un ser libre e inteligente. La persona jurídica está privada de este carácter, no siendo sino un ser abstracto, al cual no puede alcanzar el derecho criminal. La realidad de su existencia se funda sobre las determinaciones de un cierto número de representantes, que en virtud de una ficción, son considerados como sus determinaciones propias. Semejante representación, que excluye la voluntad propiamente dicha, puede tener sus efectos en el derecho civil, pero jamás en el criminal.

La capacidad de las personas jurídicas de poder ser demandadas, no implica una contradicción, aunque toda acción supone la violación de un derecho. Esta especie de violación del derecho tiene una naturaleza puramente material: ella no interesa la conciencia en el mayor número de casos. Las acciones del derecho civil son destinadas a conservar o a restablecer los verdaderos límites de las relaciones individuales del derecho. Teniendo pues las personas jurídicas la capacidad de la propiedad, esta necesidad, la de las acciones civiles, existe respecto de ellas como respecto de las personas naturales. No hay, por lo tanto, inconsecuencia, en decir, que la persona jurídica puede sufrir por un delito, y que no puede cometerlo. Desde que la propiedad existe, ella puede ser violada cualquiera que sea el propietario, un ser de una existencia ideal o un ser inteligente y libre.

Los delitos que pueden imputarse a las personas jurídicas han de ser siempre cometidos por sus miembros o por sus jefes, es decir, por personas naturales, importando poco que el interés de la corporación haya servido de motivo o de fin al delito. Si pues, un magistrado municipal, por un celo mal entendido, comete un fraude con el fin de enriquecer la caja municipal, no deja de ser por eso el único culpable. Castigar la persona jurídica, como culpable de un delito, sería violar el gran principio del derecho criminal que exige la identidad del delincuente y del condenado.

Los que creen que los delitos pueden ser imputables a las personas jurídicas, les atribuyen una capacidad de poder que realmente no tienen. La capacidad no excede del objeto de su institución, que es el de hacerle participar del derecho a los bienes. Para esto, la capacidad de los contratos es indispensable. Si las personas jurídicas tuvieran la capacidad absoluta de derecho y la de voluntad, serían igualmente capaces de relaciones de familia. Los impúberes y los y los dementes tienen, como las personas jurídicas, la capacidad de derecho sin la capacidad natural de obrar. Para los unos y para los otros, hay los mismos motivos de dar a esta voluntad ficticia una extensión ilimitada, y desde entonces se podría castigar en la persona del pupilo, el delito del tutor, si él comete como tutor un robo o un fraude en el interés de su pupilo. Los casos que se citan de justos castigos a ciudades, municipalidades, etc., han sido o actos del derecho de la guerra, o medidas políticas que nunca se hubieran sancionado por el Poder Judicial, pues en ellas siempre resultaban castigados muchos inocentes. El error del argumento nace de que regularmente los actos del mayor número de los ciudadanos de una ciudad, o de los miembros de una corporación, pasan por ser actos de la ciudad o de la corporación confundiendo así la corporación con sus miembros. Por otra parte, todo delito implica dolo o culpa, y, por lo tanto, la voluntad de cometerlo y la responsabilidad consiguiente. Desde entonces el dolo podría imputarse tanto a las personas jurídicas, como a los impúberes o dementes.

Al lado de la obligación que produce un delito, nace otra del todo diferente, obligatio ex re ex eo, quod aliquem pervenit que se aplica a las personas jurídicas, como a los dementes o a los impúberes. Si, pues, el jefe de una corporación comete fraude en el ejercicio de sus funciones, él sólo es responsable por el dolo; pero la caja de la corporación debe restituir la suma con que el fraude la hubiera enriquecido. Es preciso no decir lo mismo de las multas que pueden imponerse en un proceso, las cuales no son verdaderas penas, sino gastos, partes esenciales del mecanismo de los procedimientos judiciales. Las personas jurídicas deben someterse a esas multas, si quieren participar de los beneficios de un proceso.

Pasando a las disposiciones del derecho sobre la materia, podemos decir que muchas leyes de los Códigos romanos confirman plenamente la doctrina que que hemos expuesto. Un texto dice expresamente, que la acción de dolo no puede intentarse contra una municipalidad, porque ella, por su naturaleza, es incapaz de dolo; pero que si se ha enriquecido por el fraude de un administrador, debe restituir la suma de que hubiese aprovechado (L. 15 § 1, Dig. "De dolo").

El poseedor de un inmueble, desposeído violentamente a nombre de una municipalidad, obtiene contra ella el interdicto de "vi" si ella detiene todo o parte del inmueble. "Si vi me dejeccerit quis nomine municipium, in municipes mihi interdictum reddendum. Pomponius ait, si quid ad eos pervenit". (L. 4, Dig. "De vi"). La expresión "municipes" designa siempre la corporación misma. Muchas otras leyes pudiéramos citar que disponen lo mismo.

Siendo suficientemente clara en cuanto a la responsabilidad criminal, no lo ha sido con respecto al principal, por cuanto lo estableció como no debe, esto es, con una visión organicista y social, llamando “principal”, sólo a las personas jurídicas, no a las personas físicas, por lo cual, éstas no tenían obligación de responder con su activo patrimonial.

El Código Civil, sin embargo, en el art. 1113 expresaba: “La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado.”

La reforma introducida a ese artículos en 1968, pero sí aclaró el tema en el art. 1113 con respecto a las “cosas” diciendo: “La  obligación  del  que  ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia,  o  por las cosas de que se sirve, o  que  tiene  a  su cuidado.

“En los supuestos de  daños  causados  con  las  cosas,  el  dueño  o guardián,  para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no  hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio  de  la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando  la  culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

 “Si la cosa hubiese sido usada contra  la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable.”

Vale decir, que hay un distinto tratamiento entre cosa y persona, y una conceptualización diferente, puesto que de otra manera no se habría incluido el segundo párrafo.

Dejando de lado las cosas, lo cual hemos tratado en     Vamos a tratar de abordar el tema con respecto ael principal, y cuándo éste responde civilmente por los hechos de sus dependientes, dejando de lado las cosas y los hijos.

Tal como lo señala Mosset Iturraspe el dependiente es el brazo largo del principal y éste no puede evitar ciertos hechos dañosos, ni descuidos, ni abandonos ni negligencias ocasionales. Apartarse de este miramiento es obviar un dato de la realidad.

El fundamento reside precisamente en el hecho del llamado “brazo largo” que genera un peligro. Es ese peligro el que genera la obligación de resarcir. El art. 43 del Código Civil dice que el principal responde por los hechos del dependiente “en ejercicio” “o con ocasión de sus funciones”.

Esto significaría que tendría razón el Dr. Llambías en cuanto a todo hecho que se produzca en ocasión de sus funciones y entonces podría comprenderse mejor la naturaleza garantista. Pero no es todo hecho por el cual el principal debe responder.

Sin embargo, debe existir un nexo causal y dicho nexo causal no debe ser interferido para que se pueda establecer la relación causa – efecto, esto es, “en ejercicio” o “en ocasión” de sus funciones, no habría nexo causal, si el dependiente ha sido, amenazado, robado, etc. Tanto el principal como el dependiente deben gozar de libertad, tanto para convenir una encomienda cuanto para ejecutarla.

 

El nexo causal.

 

La relación con el daño, como se ha dicho, debe provenir de una relación de causa efecto. Pero si no es posible establecer esa relación de causa – efecto, bastará con la alegación, para el resarcimiento de los daños, la llamada teoría de la causalidad adecuada, que está establecida en el art. 901 del Cód. Civil: “Las  consecuencias  de  un  hecho  que acostumbra suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas,  se llaman  en  este  código  "consecuencias inmediatas".  Las consecuencias  que  resultan solamente  de la conexión de un hecho con un acontecimiento  distinto,  se  llaman "consecuencias  mediatas".   Las  consecuencias mediatas que no  pueden preverse se llaman "consecuencias causales".

Estamos a una cuestión de “estadística”, si las cosas suelen suceder de determinada manera a partir de cierto obrar, habrá responsabilidad de parte del principal. Si las cosas no suelen suceder de esa manera habrá que establecer en juicio, que han concluido de una manera diversa y habrá que probar esa relación de causalidad que no forma parte de la mentada “estadística”. Pero siempre y en todos los casos no debe existir una desviación de la cadena causal, mediante, por ejemplo, los casos dados ( violencia, amenazas, coacción y todo tipo de actos o de hechos- terremotos, etc -, que obligaron al dependiente a actuar con dolo o culpa ). Y hablo de dolo o culpa en el dependiente porque si esos factores subjetivos no han existido, por ejemplo, encomiendo a un demente a realizar determinada tarea, la responsabilidad no se rige por esta relación o esta temática que estamos tratando, sino de una responsabilidad directa en cabeza del comitente, que no hace solidaridad con quien no sabía qué acto estaba ejecutando.

 

La libertad en el dependiente.

 

Esa libertad de realizar la tarea encomendada en el dependiente es la que hace a la aplicación del art. 902 del Código Civil, en cuanto dice: “Cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y  pleno conocimiento  de  las  cosas,  mayor  será  la  obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos”

Esto habla a las claras de la previsibilidad tanto en el principal como en el dependiente. Solamente un dependiente o un principal que puedan advertir los peligros que pueden suceder son personas libres y con poder de decisión de actuar de una manera o de otra.

Sin embargo, dicho peligro, es de distinta apreciación.

 

El segundo peligro. El peligro de denominado "brazo extendido".

 

Es que, en consecuencia, el “peligro” del brazo extendido, importa dos miramientos distintos, el del principal y el del dependiente. El principal da la encomienda, incluso puede reglamentarla, y el dependiente puede tener una mirada diversa respecto de dicho peligro. Lo importante es la capacidad de darse cuenta de dicho peligro y de ser libre y de rechazar la encomienda si, a su juicio, puede ocasionar una acción a su respecto, por su responsabilidad. Quiere decir entonces que, el principal no puede prever todas las situaciones por las que su encomendado deba tener que atravesar, donde el dependiente hará lo que pueda según su observación de la realidad. Es este el segundo peligro que hace a la responsabilidad del principal: la delegación de la observación del peligro en el dependiente, por lo menos, en alguna medida.

Si el dependiente observa su peligro, y por obedecer o cumplir con el principal, ejecuta el acto, será responsable en cuanto pudo haberlo evitado, pues ha actuado con discernimiento del mismo, no así en el caso de las personas que no tienen la capacidad mental para dicho discernimiento.

En este último caso, el principal será el único responsable, por valerse, para decirlo de alguna manera “instrumentalmente” de una persona que, puede no tener ese discernimiento, o puede no tener esa voluntad de decidir por la negativa.

La cuestión de la decisión por la negativa, por observar peligro el dependiente, a veces está viciada, por ejemplo, porque una relación de dependencia permanente y una necesidad de tener un sustento propio para sí o para su familia han condicionado la posibilidad de utilizar esa libertad, y, aunque haya actuado con discernimiento, o el principal actuó como concausa, por ejemplo, el dependiente actúa bajo amenaza de despido, explícita o implícita, esto es: derivado de las circunstancias, o derivado de un dicho expreso del principal.

Con lo cual, para que podamos hablar de responsabilidad “indirecta” del principal, debemos observar si el dependiente actuó con discernimiento, intención y libertad. De  otra manera, el principal, no es tal, sino el propio autor del hecho, y el responsable único y directo.

Ello así porque no existe el “segundo peligro” sino sólo el primero, el del principal, que, en el caso, es el único autor. Y, como se ha dicho, entonces no estamos hablando de responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, sino por los hechos suyos.

 

¿Qué significa la responsabilidad de los que están bajo su dependencia?

 

El art. 1113 del Código Civil hace responsables a todos los principales por los hechos de ser dependientes. No es incorrecta la redacción, sólo que cataloga de principal en dos sentidos: principal como principal ocasional, y principal por existir una relación de dependencia. Llama “principal” cualquiera sea el caso. Pero, insistimos, que hay casos en los cuales la dependencia está viciada, casos que no. Pero dependencia al fin, sea por una cuestión de poner la fuerza laboral a disposición de un principal, sea por una cuestión de que, por una relación de dependencia y viciosa, sea habitual o transitoria, el artículo menciona la responsabilidad de aquél que ha dado la orden, instrucción o encomienda.

 

¿Cuál es el riesgo eximente de responsabilidad para el dependiente respecto del principal?

 

Como se ha dicho supra, si el dependiente actúa condicionado en su libertad por causa de su principal asumiendo un riesgo mayor, y goza de discernimiento, la responsabilidad del principal será exclusiva y directa. Sin embargo esta situación no debe confundirse con “el actuar contra el riesgo seguro”. Si el dependiente actúa con respecto a una encomienda con un riesgo muy importante que, a sabiendas, está asumiendo, y que, por obedecer al principal, lo ejecuta de todos modos, cabe admitir su dolo en toda su amplitud, porque si bien el mismo no está enderezado a causar daño, hay actitud dolosa en cuanto a generar en el principal una satisfacción o un premio propio para él. Es que, en estos casos, no interesa si el dependiente está condicionado por el principal, aún cuando tenga peligro sobre su relación encomendada o su permanencia en el trabajo. Hay dolo en el acto, de su parte en el hecho dañoso, por cuanto por procurarse algo para sí o para su principal, lleva adelante, a sabiendas, un hecho dañoso. Por ende hay dolo del dependiente cuando actúa de una manera en la que el riesgo tiene una amplitud objetivamente ponderable por cualquier observador con sentido de experiencia mínima.

Se debe tratar de un riesgo que asuma, discutible, dentro de la teoría de la causalidad adecuada, podría tener razón el uno como el otro. El dependiente como el principal.

Son muchas las situaciones que se presentan en los tribunales, y como las situaciones son tan variadas, sólo cabe decir de esta regla.

 

¿Es correcta la redacción del art. 43 del Cód. Civil en toda su extensión?

 

Ya hemos visto que el art. 1113 lo complementa, pero el artículo 43 señala “Las personas jurídicas responden por los daños que causen  quienes las  dirijan  o  administren,  en  ejercicio  o  con ocasión de  sus  funciones.   Responden  también  por  los  daños que causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas  en  el  título: "De las obligaciones que nacen de  los hechos ilícitos que no son delitos".

Aquí plantea la disyuntiva “en ejercicio” o “con ocasión” de sus funciones. La palabra ·”en ejercicio” no trae problemas en cuanto a su interpretación se refiere. La palabra “Con ocasión” si los plantea.

“Ocasión” es un momento de tiempo y de acuerdo a la redacción puedo estar en ocasión de mis funciones pero no en ejercicio de las mismas.

Parecería que el artículo debería rezar de esta manera “En ejercicio y con ocasión de sus funciones”.

Ello así debido a que “en ejercicio” a diferenciar de “ocasión” parece que el tiempo lo decide el dependiente. La ocasión no trae ningún tipo de responsabilidad porque es un momento de tiempo. Si el mencionado artículo dijera, como he señalado “en ejercicio y con ocasión de sus funciones”, entonces se entendería que el ejercicio de las funciones del dependiente deben realizarse en una ocasión especifica.

La doctrina es casi uniforme en entender que “en ocasión” está relacionado con el ejercicio, y que dicho ejercicio es llevado adelante en etapas y que ello significa que, aún antes del ejercicio propiamente dicho de la encomienda del principal, puede el dependiente ocasionar un evento dañoso que no tiene una relación directa con dicha encomienda.

Si así se lo entiende, con ocasión de sus funciones, involucra cualquier acto que no tenga estricta relación con la encomienda, pero el tiempo ( “ocasión” ), era necesario para el ejercicio de la función, o discrecional para el mejor cumplimiento de la misma. Pero no puede decirse que es discrecional, del dependiente, ejercerla cuando a él le parezca, a su entera discrecionalidad, porque en ese caso, no hay encomienda, a no ser que, el principal, le haya señalado un límite de tiempo, dentro del cual, deberá ejercer la función, o pasar por etapas previas, para que la ocasión dé lugar a la función o a la oportunidad que el dependiente se fije para su ejercicio. De otra manera se entiende que “en ocasión” implica la falta completa de directiva de tiempo, de etapa, de criterio de oportunidad por parte del dependiente o del principal, lo cual no es admisible como encomienda. Una encomienda a realizar por el dependiente cuando guste hacerlo puede constituir una función, pero no una encomienda, sino un mero pedido. Aquí no jugaría la responsabilidad por la encomienda puntual o específica, sino la generada por una relación de dependencia preexistente. Por ejemplo: las horas extras que el dependiente puede o no cumplir o por ser directivo o representante legal directo de la empresa asociación, etc, en cuyo caso no hay encomienda. Si una encomienda de esa clase fuera dada por una persona física, no hay encomienda de ninguna clase: “el hazlo cuando quieras”, por una persona física o jurídica, debería ser acreditado como encomienda en sí, dado que, una encomienda, es una tarea asignada y aceptada y no es dable presumirla en el caso de que no se trate, por ejemplo, de horas extras, de tareas que no son las regulares que realiza el principal. Las posibilidades discrecionales del dependiente no pueden llevar al extremo de una libertad absoluta, y si bien es aceptable que se moleste por su principal, una encomienda tan discrecional en el tiempo, si no tiene relación con la actividad del principal, debe ser acreditada, ya que sólo es encomienda el mandado. Y éste no puede estar vacío de contenido.

 

¿Se debe conocer al dependientes?

 

Si se va a alegar una dependencia, lógicamente esto involucra que, de alguna manera, es dependiente, y eso lleva a una identificación, por ligera que sea, la única que interesa es la relacionada con la dependencia. No es necesario probar la encomienda en sí, en sus términos, pero sí la suficiente como para que, del acto lícito o ilícito, o de alguna otra manera ( por ejemplo inscripciones en la vestimenta ) se pueda colegir que es dependiente.

Señala el art. 1122 del Código Civil: “Las personas damnificadas por los dependientes o domésticos,  pueden  perseguir   directamente  ante  los  tribunales  civiles a los que son civilmente  responsables  del  daño, sin estar obligados a llevar a juicio a los autores del hecho” 

 

¿Puede reembolsarse el principal por los hechos de sus dependientes?

 

Absolutamente sí, lo señala específicamente la norma del art. 1123 del Código Civil, al decir: “El que paga el daño causado por sus dependientes o domésticos, puede repetir lo que hubiese pagado, del dependiente o doméstico que lo causó por su culpa o negligencia”

 

¿Puede reembolsarse el principal por los hechos de sus dependientes cuando la responsabilidad de éstos es objetiva, por el riesgo o vicio de la cosa de la que se han valido? ¿Puede irse contra el dependiente por el riesgo o vicio de la cosa que utiliza?

 

Es que el problema se plantea en función de que el art. 1122 del Código Civil nos habla de la culpa o negligencia, pero no menciona a la responsabilidad objetiva. El art. 1113 segundo párrafo, del Código Civil establece: “La  obligación  del  que  ha causado un daño se  extiende a los daños que causaren los que están bajo su  dependencia,  o  por las cosas de que se sirve, o  que  tiene  a  su cuidado.

En los supuestos de  daños  causados  con  las  cosas,  el  dueño  o guardián,  para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no  hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio  de  la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando  la  culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

 Si la cosa hubiese sido usada contra  la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable”

Se exige que respecto de la cosa de la que se sirve el dependiente, sea el dueño o guardián. Pero si estas situaciones no están en la encomienda de la que forman parte principal y dependiente, no hay acción posible de regreso. La cosa debe ser del dependiente o ser su guardián. Generalmente se presenta la situación de que es meramente un usuario, que custodia la cosa, pero que no la conoce, pues la misma es suministrada por el principal. Todo se basa en el conocimiento que, de la cosa, tenga el dependiente. El conocer a la cosa, le hace guardián de la misma. De otra manera no es posible. Generalmente los dependientes conocen las cosas de pertenencia del principal, y cuando este conocimiento, genérico se da, por haberla usado, por ejemplo, cantidad de veces, puede decirse que es guardián y rige a su respecto, la disposición antedicha, pues no debió tomar la encomienda por imperio de lo dispuesto en el mencionado art. 901 del Código Civil: “Las  consecuencias  de  un  hecho  que acostumbra suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas,  se llaman en  este  código  "consecuencias inmediatas".  Las consecuencias  que resultan solamente  de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto,  se  llaman "consecuencias  mediatas".   Las  consecuencias mediatas que no  pueden preverse se llaman "consecuencias causales". La asunción del riesgo y su captación, posibilidad de conducción de ese riesgo, dentro de un ámbito en el que goza de poca libertad ha sido ya tratado, por lo que haga clic aquí para ir a ese tema. Además de ello, este mismo artículo 1113 del Cód. Civil, menciona, la culpa de un tercero por el cual no se tiene la obligación de responder. El tercero puede ser el mismo principal. Por “tercero” no se entiende “desconocido”. Si así fuera, la jurisprudencia no reconocería como culpa de un tercero, incluso, hasta en la extensión de la propia víctima.

En cambio el principal, a no ser que el dependiente haya tenido efectivamente la guarda o la propiedad de la cosa peligrosa, no puede reembolsarse del dependiente, por el imperio del artículo mencionado. Si efectivamente él, es el propietario o guardián de la cosa peligrosa, no puede reembolsarse.

Si dirá entonces ¿Por cuál razón si la responsabilidad del dependiente es objetiva, delante del damnificado, al valerse de sus cosas o de su guarda paga el principal?

La respuesta es sencilla, existen en tal supuesto, dos responsabilidades objetivas, que no son excluyentes la una de la otra. Por ende el principal debe responder aunque el dueño o guardián de la cosa sea el dependiente.

 

¿Puede reducirse la indemnización que debe pagar el dependiente en función del daño causado por sus cosas o que tiene bajo su guarda?

 

En cuanto a la indemnización que debe pagar el dependiente va a ser menor cuando por las circunstancias del caso, la encomienda le era más necesaria y por ende gozaba de menor libertad de decisión negativa en cuanto al uso de la cosa riesgosa. A mayor libertad, mayor y correspondiente obligación de indemnizar. Al respecto señala el art. 902 del Cód. Civil: “Cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y  pleno conocimiento  de  las  cosas,  mayor  será  la  obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos” Dicho deber descansa primero en cabeza del principal y secundariamente en el dependiente, en la ejecución de las tareas. Por ende, cuanta más libertad, mayor el deber de obrar con el debido cuidado, prudencia y conocimiento de las cosas. En cambio, si esa libertad se encuentra condicionada, como nos hemos referido ( clic aquí ) la indemnización puede ser menor. Y generalmente lo es, por cuanto el principal, generalmente empleador, y la situación particular del dependiente que no puede ni quiere perder su trabajo, generan, por lo común, situaciones límites a las que como he dichos, me he referido.

 

¿Puede deducirse acción contra el principal cuando éste no ha tenido o ha tenido muy parcialmente la guarda de la cosa?

 

Por el art. 1113 en los dos párrafos, es perfectamente viable.

 

¿Puede reembolsarse el principal del dependiente por el hecho de las cosas del dependiente?

 

Si el acto dañoso ha ocurrido por la guarda que ha hecho el dependiente de la cosa o por ser de su propiedad, no podemos olvidar que la responsabilidad del principal es objetiva respecto a la víctima, pero no hay óbice en la demostración de culpa o dolo del dependiente. Esa barrera, de orden subjetivo, en atribución de culpa o dolo del dependiente esta impuesta por el art. 1122 del Código Civil, porque puede válidamente considerado como damnificado, al propio principal, ya que, no sólo altera su situación patrimonial, sino la de su empresa, nombre y prestigio. Más no lo puede hacer si el uso de las cosas del dependiente estaba en la encomienda del principal.

 

¿Pude existir una responsabilidad compartida en función del daño con las cosas o por el riesgo o vicio de las mismas aunque se trate de un dependiente?

 

La responsabilidad establecida en el art. 1113 del Código Civil es solidaria, y, como tal, la posibilidad de repetición de lo pagado, si se trata de un tercero no dependiente, es absoluta, en función de la misma solidaridad que la norma involucra. Las Cámaras de Apelaciones, están agotadas de revocar fallos de jueces de primera instancia que consideran que el reembolso viene a título de dolo o de culpa ( conforme al art. 1109 ). El art. 1113 es autónomo, genera otro tipo de responsabilidad que nada tiene que ver el elemento dolo o culpa. Pero si se trata de un dependiente, la restricción de la responsabilidad sólo a ser, a título de dolo o culpa, cuando se den alguna de las siguientes situaciones:

1.- Se haya probado fehacientemente la culpa del dependiente, ( exigencia del art. 1113 del Código Civil, la exigencia de la demostración fehaciente, la cual puede surgir de uno o del otro lado ) lo cual, aunque la responsabilidad sea objetiva, no obsta a la demostración de la culpa simple. Es un error jurisprudencial bastante importante, impedir que la víctima pueda pretender probar la culpa o el dolo. Adviértase que el principal podría integrar la litis, de su propia voluntad. Y si no fuera así, se le impediría un derecho de defensa, ya que el dependiente podría responsabilizarle, por lo cual cabe que intervenga en calidad de tercero. De otra manera que alguien explique por cuál razón se investiga la culpa o el dolo en sede penal y se puede prevalecer de dicha culpa o dolo cualquiera de las partes. El aislamiento del Derecho, en compartimentos estancos, como el Derecho Penal y el Derecho Civil, no tiene sentido. La cuestión de que en un fuero rija la verdad formal y en el otro la verdad material, ya casi ha sido abolida en las principales potencias, y de hace ya bastante tiempo, para dar ejemplos: los Estados Unidos de América y la Unión Soviética.

Es que la justicia es un valor único y, al respecto el Poder Judicial tiene una sola voz. De tal manera que, si el principal no puede intervenir en sede penal porque no es el damnificado, por lo menos en cuanto a la responsabilidad civil se refiere, pero puede aportar elementos de prueba que siempre inciden en el juicio civil, no se comprende la actitud de algunos jueces en ser reticentes en la intervención del principal, para aportar elementos de convicción en el juicio que se siguen dependiente y víctima.

Adviértase que, por causa de la verdad material, o, mejor dicho, para decirlo más apropiadamente, que la justicia, como institución, tenga una sola y única voz que se establece un orden de sentencias, una de las cuales incide sobre la otra, de alguna manera. Todo para unificar la palabra de la justicia. Así, este tema lo hemos tratado ( clic aquí ), pero de cualquier manera repetimos el contenido del art. 1101 del Cód. Civil: “Si  la  acción  criminal  hubiere precedido a la  acción civil, o fuere intentada pendiente ésta, no habrá condenación en el juicio civil antes de la  condenación  del acusado en  el juicio criminal, con excepción de los casos siguientes:

1.  Si  hubiere  fallecido  el acusado antes de ser juzgada la acción criminal,  en  cuyo  caso la acción  civil  puede  ser  intentada  o continuada contra los respectivos herederos;

 2.  En caso de ausencia  del  acusado,  en  que la acción criminal no puede ser intentada o continuada”.

2.- También, delante de terceros, si uno tiene la guarda y el otro la propiedad, o alguno de estos conceptos están compartidos entre principal y dependiente, lo cual, suele suceder en las encomiendas entre empresas.

 

¿Puede una empresa, sociedad, asociación, de hecho o instituida conforme a los parámetros de las sociedades regulares ser dependiente?

 

Esto tiene que ver con el concepto de encomienda y el concepto de dependiente. El concepto de encomienda involucra cualquier convención, sea laboral o de cualquier otra índole que convierta a una en dependiente de la otra. E incluso puede haber interdependencia.

 

¿Puede accionar el dependiente contra el principal o contra quien le ha ocasionado un daño?

 

Todo daño es resarcible, y tiene un responsable. Pero debemos diferenciar situaciones:

1.- Si la encomienda dada al dependiente, es de orden laboral, si de alguna manera necesita de esa encomienda y la misma hace a su libertad cercenada por motivos distintos, no sólo laborales, puede ser por condición de un pariente enfermo, razón por la cual, el Hospital le encomienda la tarea de traer ciertos medicamentos por carecer de los mismos. Hay en el caso una encomienda, y una necesidad que no parte de una cuestión laboral. La doctrina pone el acento generalmente en la relación laboral, pero el concepto de encomienda, lo supera, en definitiva: si de alguna manera debe afrontar un peligro adicional al que normalmente esa persona libre rehusaría, el principal, será el empleador, o el Hospital en el caso dado, por motivo de que existe una obligación de asistencia médica y seguramente, de suministro directo de medicamentos. Dado que la encomienda es condicional para la atención del paciente, obviamente, el pariente o amigo del atendido médicamente, actúa como puede, y en el ejercicio de esa encomienda puede causar daños a terceros o sufrir daños propios. En estos casos, si por motivo de la encomienda, se generan daños, el dependiente, a medida que tiene menos libertad, va a tener que recibir del principal, una indemnización mayor, o menor, según la urgencia o la necesidad del caso. A esto nos hemos referido supra..

2.- Respecto de los daños que los terceros le hayan infligido al dependiente, también habrá que estarse a las circunstancias de la convención, o encomienda. Si gozaba de más o menos libertad para optar por otro camino y, con respecto al tercero, habrá que estar a las circunstancias del caso, en orden inverso al seguido en el punto anterior, es decir: se va a entender que el tercero es el agente directo y enteramente responsable del daño, pero puede aducir el dependiente que el principal le quitó una libertad, que, de existir, no hubiese sucedido el evento dañoso.

 

¿Este sistema es el aplicable al régimen laboral?

 

No, en el sistema laboral, se prescinde de los términos de la encomienda en cuanto a riesgo se refiere y también es distinta la responsabilidad si el daño viene del patrón que si viene del empleado. Si lo sufre el empleado o lo sufre la patronal.

Trataremos estos temas por separado:

1.- Daño ocasionado por el dependiente al principal laboral.

En este caso el principal, va a tener que probar el dolo o la culpa, además del daño, que le ha ocasionado el dependiente, salvo la hipótesis de daño con cosas propias por parte del dependiente hacia el patrón.

2.- Daño ocasionado por el principal al dependiente o responsabilidad del principal.

Hipótesis primera: El daño directo, no tiene que ver con cuestión laboral alguna, el patrón será responsable, pero como persona, no como patrón.

Hipótesis segunda: Pero si el daño se produce como consecuencia de la relación de trabajo, se prescinde de los términos de la convención en cuanto a riesgo se refiere. El riesgo “dentro” de las funciones que cumplía el trabajador, no exige más prueba que la del daño, y la demostración de que obraba en consecuencia con sus funciones. No se exige ninguna prueba de riesgo a tenor de circunstancias específicas de un caso. Basta con que el hecho suceda por motivos laborales, sin interesar la cuestión atiente al riesgo aceptado. Sin perjuicio de lo cual, la patronal, puede defenderse de la acción resarcitoria del empleado, cuando éste actuó mal, inadecuadamente,

Hipótesis tercera: El principal responde por todos los daños que le ocurran al dependiente aún cuando no esté cumpliendo ninguna función. Por ejemplo, se retiró del trabajo y se dirigió a su casa, momentos en el que es atropellado por un vehículo. El principal responde

 

¿Cuándo existe una relación laboral?

 

Para que exista una relación laboral, ni es necesario un contrato escrito, ni siquiera uno verbal, bastan los actos demostrativos de una relación laboral. Tales actos se reducen a la mera puesta a disposición del empleador, de su fuerza de trabajo, aunque el dependiente se dedique a la misma cosa en su vida personal. Por ejemplo: si tenemos un jardinero que debe abandonar su trabajo porque lo llaman y debe ponerse a disposición del principal, es suficiente. Lo que importa es, que el dependiente, para ser tal, en el fuero laboral, deba dejar las tareas que estaba realizando para poner su fuerza laboral en manos del empleador.

 

¿Es el mismo el régimen el explicado el aplicable con respecto al Estado?

 

Hay mucha reticencia en conceder al Estado la responsabilidad por los actos ilícitos de sus dependientes, como, asimismo responsabilizar el dependiente por sus actos dañosos, lícitos o ilícitos.

Ninguna de esas reticencias considera que el Poder Judicial forma parte del Estado. Nos estamos refiriendo a otra estructura del Estado, la jerárquica.

También se ha obviado que aunque la estructura sea jerárquica, la función de los administradores es representativa y democrática, o, a lo menos, eso debiera ser.

Muchos se creen dueños de la función pública por creer que la jerarquía abarca a todos los ámbitos del Estado.

El Estado es un ente público del mismo carácter, o sea, con iguales fines, determinado por el art. 33 del Código Civil de esta manera: Artículo 33 Las  Personas  jurídicas  pueden  ser de carácter público o privado.

 Tienen carácter público;

 1.   El  Estado  Nacional,  las  Provincias  y  los Municipios. 

 2.  Las entidades autárquicas.

 3.  La Iglesia Católica.

 Tienen carácter privado:

 1.   Las  asociaciones  y  las fundaciones que tengan  por  principal

 objeto el bien común, posean  patrimonio  propio,  sean  capaces por

 sus  estatutos  de  adquirir bienes, no subsistan exclusivamente  de

 asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar.

 2.  Las sociedades  civiles  y comerciales o entidades que conforme a

 la  ley  tengan  capacidad  para    adquirir   derechos  y  contraer

 obligaciones, aunque no requieran autorización  expresa  del  Estado

 para funcionar.

Nadie cuestiona los mecanismos que posee el Estado para, a su vez, responsabilizar a los funcionarios. Y hasta es cierto que los actos jurídicos realizados por el Estado, en cualquiera de sus formas se lo presume legítimo, sea un acto jurídico general, una norma jurídica pongamos por caso, de alcance general, o un acto jurídico en particular, con relación a cierto administrado y sólo respecto de ése o de ésos.

Los daños latentes o potenciales por actos jurídicos particulares, son objeto de instancia administrativa, mediante la ley de procedimientos administrativos, que, con carácter general, para lo que es el Estado Nacional es la que lleva el número 19.549, Provincia de Buenos Aires, ley 7.647/70, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97, cuyos textos son muy semejantes. Al margen de lo cual, la inflación legislativa hizo normas, como los procedimientos a cada repartición pública y a falta de norma específica, la general, excepciones tales como la ley nacional de procedimientos administrativos 15.465 en Materia de Salud Pública, en todo el territorio de la Nación, etc.

Pero en todos los casos, de lo que se trata es de impugnar decisiones, no reclamar por daños.

La jurisprudencia no es clara al respecto, parecería que respecto del funcionario público hay una suerte de indemnidad, tal como lo sostiene la autora Aída Kermen de Carlucci quien sostiene en su libro “Daños ocasionados por los dependientes, de ed. Hammurabi, Bs. As. 1992, ps. 45 y 159 y subsiguientes, contrariando la doctrina de la mayor parte de los administrativistas, quienes sostienen que siempre la responsabilidad del Estado es directa. Ella citó a Lisandro Segovia, al defender que la eliminación de la responsabilidad directa del empleado público provoca una eliminación del Estado Libre.

Además de ello, la autora sostuvo, la carencia práctica, de la posibilidad de recupero del dinero indemnizatorio yendo contra el funcionario por parte del Estado, y los consiguientes problemas presupuestarios y económicos que ello conlleva.

El sentido contrario lo lleva la tesis francesa de la “inmunidad civil del dependiente”. Pero sostener esto, es sostener la irresponsabilidad. Y la responsabilidad hace a la función pública, su sentido, su valoración, su presencia representativa.

El injusto de la casación francesa se ha advertido en el caso “Coutedat”, en el que se consagró esa indemnidad. En el caso “Mitrerrand”. En este último ha sido patético: se responsabilizó a una empresa periodística, el 14 de Diciembre de 1999 y el médico que había violado el secreto profesional y se había publicado, o se habría publicado, cuestiones atinentes a la vida privada del ex presidente. La justicia penal francesa condenó al médico y el titular de la empresa editorial. Los jueces civiles condenaron al médico, al titular de la empresa editorial y a esta misma. El fundamento que han dado había sido que, si fueron condenados en el fuero penal, lo mismo cupía en el fuero civil. Esta solución fue criticada por Jourdain, quien sostuvo que había que ingresar a la conducta del presidente, en el sentido de si era separable de sus funciones; si lo era, la condena civil era correcta, pero si no era separable de su función como presidente, se lo debió excluir de la condena civil porque este aspecto era extraño a la cosa juzgada. No se pudo investigar ni dilucidar este tema.

En el plenario “Cousín” del 14 de Diciembre de 2001, pero en el caso había sentencia penal condenatoria contra un empleado público.

En el plenario “Coustedat”, el 25 de febrero de 2000 se había decidido que “frente al tercero víctima, el dependiente, autor del hecho dañoso, que actúa dentro de los límites de su misión no ve comprometida su responsabilidad personal”. En ese caso, sólo responde el principal: el Estado. Se sostuvo, que, si en cambio, había traspasado los límites o fronteras de la función, entonces sí era responsable particularmente y en forma directa.

En definitiva, para la doctrina francesa, la cuestión estribaba en el hecho de si el agente público había actuado o no dentro de la esfera de sus actuaciones. No se pudo saber en el caso Miterrand, por cuanto la condena penal, obligó de manera matemática a la civil. Sin embargo, presidente o particular, no tenía nada que ver la responsabilidad penal con la civil, porque la Casación ni siquiera, en el reclamo indemnizatorio, entró a distinguir si las funciones eran separables o no. No son separables en sede penal, pues nadie tiene derecho a esa manera de actuar. Pero si el cuestionamiento era relativo a su función pública, entonces, debieron haber sido escuchados, pero no se les ha dado esa posibilidad defensiva.

 

Situación en nuestro país.

 

Es exactamente la misma, podríamos describirla como lo ha hecho Billiau

Si el dependiente actúa dentro de los límites de su función, el responsable directo es El Estado únicamente.

Si el dependiente actúa dentro de los límites de su función pero también los excede, ambos son responsables.

Finalmente si el dependiente actúa fuera del ámbito de su función, sólo él es el responsable.

 

Precedentes Argentinos de Importancia relativos e personas que no son el Estado ni integran el mismo.

 

En el caso Knoex se ha seguido el criterio flexible de dependencia y de principal que surge de esta página y conforme se ha explicado en la misma. Se trató de una empresa de servicios eventuales que facilitó un trabajador a otra empresa. Libró cheques que fueron cobrados y por la tarde desapareció. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, entendió que la relación con la empresa de servicios eventuales, por mínima que sea, le hacía responsable por el acto ilícito de su dependiente, aunque no existiera un vínculo laboral para con ella.

En el caso “Petrosur” la Suprema Corte de la Provincia de Mendoza ha seguido otro rumbo. Se trataba de que la Dirección Nacional de Vialidad sufrió un delito de defraudación cometido por un dependiente de Petrosur. El tribunal provincial se expidió rechazando el recurso de casación, sosteniendo que se estaba inculpando a la persona jurídica de Pretrosur. Que, al incoar la acción contra Petrosur por este hecho, se la estaba inculpando y que lo que se estaba haciendo era una intentona de conseguir una condena por responsabilidad refleja. El fallo estuvo equivocado, puesto que la única manera de desligarse de responsabilidad es alegar y probar que ese dependiente que han tenido, no era dependiente de Petrosur, puesto que, si bien es cierto que la culpa fue dirigida a Petrosur, por causa del comitente, el mal planteo dirigido por los abogados, no implica que no excluye la posibilidad de incoar una responsabilidad directa basado en el hecho del dependiente, porque no existe obligación de acudir a las normas relativas a las responsabilidades de los principales por los hechos de los dependientes. Basta con allegar al conocimiento del hecho ilícito, pudiendo prescindir el reclamante, de esta responsabilidad refleja e ir directamente contra la otra empresa, alegando, simplemente, el hecho ilícito cometida por la otra, a través de quien sea y sin importar el sistema instaurado por el Código Civil, relativo a la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, basta alegar el hecho ilícito y directamente puede nacer la responsabilidad, sin necesidad de apelar al sistema de responsabilidad por el hecho del dependiente.

 

Conclusión del caso Petrosur.

 

Más allá de la estrategia planteada por los abogados de la Dirección Nacional de Vialidad, lo cierto es que la Suprema Corte de la Provincia de Mendoza ha hecho un miramiento de un planteo de un hecho ilícito cometido por un dependiente de Petrosur. Es cierto que no puede hablarse de “culpa” de la empresa en un planteo directo por un hecho ilícito de un dependiente. Y no hay culpa de la empresa, por no existir un factor psíquico de atribución, pero de todas maneras, aunque no pueda hablarse de la culpa por el hecho del dependiente, podemos hablar de culpa de la empresa en su deber de vigilancia, en su contratación, en su deber de suministrar los medios apropiados para que la Dirección Nacional de Vialidad desarrolle sus tareas. La responsabilidad entre empresas o corporaciones, contrato de por medio, si mal se ejecuta, por un dependiente o por el mismo principal, o por lo que sea, por dicha inejecución contractual es responsable. Y no es necesario en estos casos hablar de relación de dependencia. Basta que al ejecutar el contrato se cometa un error fatal. Y es así como lo ha cometido Petrosur, no importando, si para la ejecución del contrato era necesario tener o no un dependiente, o que la inejecución provenga de otra causa.

 

Dependiente que legalmente no debía prestar servicios. Ilicitud de la encomienda Fallo. Policía que prestaba servicios de vigilancia desviados de la custodia social.

 

fuente: http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=39603

 

Bajarlo de  http://rs378l3.rapidshare.com/cgi-bin/upload.cgi?rsuploadid=312960252859078122

 

Conclusión.

 

Lo establecido hasta aquí, constituye el esquema actual de la responsabilidad por el hecho ajeno, nuestros tribunales así lo entienden y se ha desarrollado esta página teniendo en cuenta la doctrina de los autores más acorde a la doctrina judicial.