CÓDIGO CIVIL COMPLETO CON LAS NOTAS DEL CODIFICADOR VÉLEZ SÁRSFIELD

Ir al inicio

Ir al índice temático

 

TÍTULOS PRELIMINARES

TITULO I

De las leyes

ARTICULO 1º. Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, domiciliados o transeúntes.

Nota: Artículo 1º. L. 15, tít. 1, Part. 1ª. L. 3 y sigts., tít. 2, lib. 3, Nov. Rec. Cód. de Nápoles, art. 5º.

ARTICULO 2º . (*) Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación, y desde el día que determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial.

Nota: Artículo 2º. En la primera parte, conforme con todos los códigos modernos y L. 12, tít. 2, lib. 3, Nov. Rec. ZACHARIAE, t. I, ps. 24 y 25.

Nota de Actualización: (*) Según ley 16.504. Anterior: Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación, y desde el día que ellas determinen. Si no designan tiempo, la ley publicada en la Capital de la República o en la capital de la provincia, es obligatoria desde el día siguiente de su publicación; en los departamentos de campaña, ocho días después de publicada en la ciudad Capital del Estado o capital de la provincia.

ARTICULO 3º . (*) A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales.

A los contratos en curso de ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias.

Nota: Artículo 3º. En los últimos tiempos, MERLIN, CHABOT, MEYER y varios jurisconsultos alemanes han combatido el principio de la no retroactividad de las leyes como incompatible con muchas de las relaciones de derecho. La fuerza de las consideraciones legales de estos jurisconsultos ha hecho decir a Freitas, en la nota que pone al primer artículo de su Proyecto de Cód. Civil para el Brasil, "que el estado de la ciencia sobre este asunto era bien poco satisfactorio". Pero SAVIGNY, antes de ahora, se hizo cargo de contestar las equivocadas teorías de los jurisconsultos citados, y consagró a este objeto doscientas páginas del t. VIII de su grande obra sobre el Derecho romano. Explica perfectamente la materia; destruye todos los argumentos que se oponen al principio recibido y demuestra, sin dejar la menor duda, que en todas las relaciones de derecho: derecho de las personas, derecho de la familia, derecho de las cosas, derecho de las obligaciones, derecho de sucesión, etc., las leyes no pueden tener efecto retroactivo ni alterar los derechos adquiridos; y que esta doctrina, bien entendida, está en plena conformidad con toda la legislación civil y criminal, mientras que el principio contrario dejaría insubsistentes y al arbitrio del legislador, todas las relaciones de derecho sobre que reposa la sociedad.

Nota de Actualización:(*) Según ley 17.711. Anterior: Las leyes disponen para lo futuro; no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos ya adquiridos.

ARTICULO 4º. (*) Derogado por ley 17.711.

Nota: Artículo 4º. Cód. de Prusia, arts. 14 al 21.

Nota de Actualización:(*) Texto derogado: Las leyes que tengan por objeto aclarar o interpretar otras leyes, no tienen efecto respecto a los casos ya juzgados.

ARTICULO 5º. (*) Derogado por ley 17.711.

Nota: Artículo 5º. MORELL, tít. I, cap. 2. Esta materia está perfectamente tratada en una Memoria de DUVERGER que se halla en la "Revista de la Legislación", año de 1845, p. I.

Nota de Actualización: (*) Texto derogado: Ninguna persona puede tener derechos irrevocablemente, adquiridos contra una ley de orden público.

ARTICULO 6º. La capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas en el territorio de la República, sean nacionales o extranjeras, será juzgada por las leyes de este Código, aun cuando se trate de actos ejecutados o de bienes existentes en país extranjero.

Nota: Artículo 6º. La última parte del artículo no se opone al principio de que los bienes son regidos por la ley del lugar en que están situados, pues en este artículo sólo se trata de la capacidad de las personas, y no del régimen de los bienes o de los derechos reales que los afectan.

ARTICULO 7º. La capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas fuera del territorio de la República, será juzgada por las leyes de su respectivo domicilio, aun cuando se trate de actos ejecutados o de bienes existentes en la República.

ARTICULO 8º. Los actos, los contratos hechos y los derechos adquiridos fuera del lugar del domicilio de la persona, son regidos por las leyes del lugar en que se han verificado; pero no tendrán ejecución en la República, respecto de los bienes situados en el territorio, si no son conformes a las leyes del país, que reglan la capacidad, estado y condición de las personas.

Nota: Artículos 6º, 7º y 8º. FREITAS, sobre los arts. 6º, 7º y 8º, que son de su proyecto de código para el Brasil, dice: "El domicilio y no la nacionalidad determina el asiento jurídico de las personas para saber qué leyes civiles rigen su capacidad de derecho. Este es, en verdad, el pensamiento del Cód. Civil francés y de los escritores franceses, cuando dicen que el estado y capacidad de las personas se reglan por las leyes de su nacionalidad, pues confunden la nacionalidad con el domicilio, identificando ideas esencialmente diversas. Esta confusión aparece en el derecho internacional privado de Foelix, quien tratando del estatuto personal, emplea como sinónimos las palabras 'nacionalidad' y 'domicilio' ". En la p. 39 dice que "las expresiones 'lugar del domicilio del individuo' y 'territorio de la nación o patria', pueden ser empleadas indiferentemente"; y en efecto, él lo hace así confundiéndolo todo. Mucho contribuye a esta confusión el art. 9º del Cód. francés, declarando no ser nacional el que hubiese nacido en Francia de un extranjero; y el art. 10, declarando ser nacional el hijo de francés nacido en país extranjero. De esta manera, como el lugar de domicilio de origen no es el del nacimiento sino el del domicilio del padre, resulta que la nacionalidad del Cód. francés es lo mismo que el domicilio de origen. El error de tal suposición es evidente, porque el domicilio no es inmutable; su variación no exige una mutación de la nacionalidad; y por lo tanto, el lugar del domicilio de origen no nos ofrece fundamento para decidir una cuestión de nacionalidad. Esta objeción no tendrá peso alguno para aquellos que, como DEMOLOMBE (t. I, p. 448), sostuvieron contra una realidad innegable, que, en la teoría del Cód. francés, no se puede tener domicilio en país extranjero. DEMANGEAT, en sus notas críticas a Foelix, p. 57, dice: "Según Foelix, no puede tenerse domicilio sino en el territorio de la nación de la cual el individuo es miembro". "Suscítase, entre tanto, la cuestión de saber cuál será la ley personal del extranjero domiciliado en Francia, de que habla el art. 13 del Código, que no ha dejado de pertenecer a su nación. Nosotros creemos que el domicilio prevalece sobre la nacionalidad".

STORY, en su obra "Conflict of Laws", consagra todo el largo cap. IV a discutir la cuestión de cuáles sean las leyes que deban regir la capacidad de las personas. Pone los textos de varios jurisconsultos que han tratado la materia, y apoyado en los poderosos fundamentos que expone, en las decisiones de los tribunales de los Estados Unidos, y en la opinión de los jurisconsultos franceses POTHIER y MERLIN (este último cambió más tarde de opinión), concluye que la ley local del domicilio de la persona es la que rige su capacidad legal. SAVIGNY, que se ocupó extensamente de la cuestión y le consagró el más profundo estudio, demuestra de la manera más incontestable que el domicilio determina el derecho territorial especial, al cual cada uno está sujeto, como a su derecho personal (t. 8, cap. I).

ARTICULO 9º. Las incapacidades contra las leyes de la naturaleza, como la esclavitud, o las que revistan el carácter de penales, son meramente territoriales.

Nota: Artículo 9º. STORY, "Conflict of Laws", p. 105.

ARTICULO 10 - Los bienes raíces situados en la República son exclusivamente regidos por las leyes del país, respecto a su calidad de tales, a los derechos de las partes, a la capacidad de adquirirlos, a los modos de transferirlos, y a las solemnidades que deben acompañar esos actos. El título, por lo tanto, a una propiedad raíz, sólo puede ser adquirido, transferido o perdido de conformidad con las leyes de la República.

Nota: Artículo 10. L. 15, tít. 14, part. 3ª STORY, § 224, SAVIGNY dice respecto a esto lo siguiente: "El que quiere adquirir o ejercer un derecho sobre una cosa, se transporta, con esta intención, al lugar que ella ocupa; y por esta relación del derecho especial se somete voluntariamente al derecho de la localidad. Así pues, cuando se dice que los derechos reales se juzgan según el derecho del lugar donde la cosa se encuentra, 'lex rei sitae', se parte del mismo principio que cuando se aplica el estado de las personas la 'lex domicilii'. Este principio es la sumisión voluntaria" (t. 8, § 366).

ARTICULO 11 - Los bienes muebles que tienen situación permanente y que se conservan sin intención de transportarlos, son regidos por las leyes del lugar en que están situados; pero los muebles que el propietario lleva siempre consigo, o que son de su uso personal, esté o no en su domicilio, como también los que se tienen para ser vendidos o transportados a otro lugar, son regidos por las leyes del domicilio del dueño.

Nota: Artículo 11. Las cosas muebles, sin asiento fijo, susceptibles de una circulación rápida, de fácil deterioro, consumibles algunas veces al primer uso, consistiendo otras, en género y no en especie, determinándose por cantidades abstractas, y pudiendo ser legalmente sustituidas por otras homogéneas, que prestan las mismas funciones, como sucede en el mutuo y en el cuasi-usufructo, no pueden ser afectadas por los derechos reales, no participan del territorio en que ocasionalmente se encuentran, y en esas circunstancias peculiares a ellas, se funda el artículo y la especie. STORY, "Conflict of Laws", § 362 hasta 376 y 380 § 388 al fin. Respecto a la última parte trata extensamente la materia; pero de su misma doctrina se deduce que los muebles que tienen asiento fijo, como los muebles de una casa, de una biblioteca, etc., deben ser regidos por la ley del lugar en que se hallen, SAVIGNY sostiene perfectamente la doctrina del artículo (t. 8, § 366).

ARTICULO 12 - Las formas y solemnidades de los contratos y de todo instrumento público, son regidas por las leyes del país donde se hubieren otorgado.

Nota: Artículo 12. Cód. de Luisiana, art. 10, Cód. francés, art. 293 (sólo respecto a los testamentos). STORY, "Conflict of Laws", desde el párr. 260 -larga e importantísima discusión del artículo-, L. 18, § 4, tít. 20, lib. 10. Nov. Rec.; L. 2. tít. 32, lib. 6, cód. romano, y L. 6, tít. 2, lib. 21, Dig.

ARTICULO 13 - La aplicación de las leyes extranjeras, en los casos en que este Código la autoriza, nunca tendrá lugar sino a solicitud de parte interesada, a cuyo cargo será la prueba de la existencia de dichas leyes. Exceptúanse las leyes extranjeras que se hicieren obligatorias en la República por convenciones diplomáticas, o en virtud de ley especial.

Nota:Artículo 13. La ley extranjera es un hecho que debe probarse. La ley nacional es un derecho que simplemente se alega sin depender de la prueba.

ARTICULO 14 - Las leyes extranjeras no serán aplicables:

1º Cuando su aplicación se oponga al derecho público (1) o criminal de la República (2), a la religión del Estado (3), a la tolerancia de cultos (4), o la moral y buenas costumbres;

2º Cuando su aplicación fuere incompatible con el espíritu de la legislación de este Código (5);

3º Cuando fueren de mero privilegio.

4º Cuando las leyes de este Código, en colisión con las leyes extranjeras, fuesen más favorables a la validez de los actos (6).

Nota: Artículo 14. (1) Como las leyes de Francia y de otros Estados de Europa, que consideran los derechos civiles como únicamente propios a la calidad de nacional.

(2) Como las leyes de los países en que la bigamia es permitida, cuando en la República es un crimen.

(3) Leyes, por ejemplo, en odio al culto católico, o que permiten matrimonios que la Iglesia Católica condena.

(4) Como tantas leyes que fulminan incapacidades de derecho a los herejes, apóstatas, etc., y que aun las declaran a los que no profesan la religión dominante, o como la ley francesa que permite al menor, hijo de familia, abandonar la casa paterna para tomar servicio militar.

(5) Como la institución de la muerte civil que ha regido en Francia hasta el 31 de mayo de 1854, y que aún existe en Rusia.

(6) Aproveche el nacional o al extranjero, como en general lo declara el Cód. de Prusia. Esta misma idea aparece en los escritores franceses, pero sólo como un favor para los nacionales: legislación viciosa impregnada del "jus Quiritium", como dice FREITAS. Sobre esta materia, véase a SAVIGNY, t. 8, § 365.

ARTICULO 15 - Los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes.

Nota: Artículo 15. L. 233, "Del Estilo", Cód. francés, art. 4º.

ARTICULO 16 - Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso.

Nota: Artículo 16. Conforme al art. 7º del Cód. de Austria L. 13, tít. 5, lib. 22, Dig. L. 11, tít. 5, lib. 19, íd. L. 1, tít. 33, Part. 7ª y regla 36, tít. 34, Part. 7ª; pero las leyes 11, tít. 22 y 15, tít. 23, Part. 3ª ordenan que, no pudiendo el juez salir de la duda, de hecho o de derecho, remita la causa al Soberano para que la decida.

ARTICULO 17 - (*) Los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente.

Nota: Artículo 17. LL. 3 y 11, tít. 2, lib. 3, Nov. Rec., que deroga las leyes romanas y la 4 y 6, tít. 2, Part. 1ª. El Cód. francés guarda silencio sobre este punto. El Cód. de Luisiana admite expresamente la costumbre.

Nota de Actualización: (*) Según ley 17.711. Anterior: Las leyes no pueden ser derogadas en todo o en parte, sino por otras leyes. El uso, la costumbre o práctica no pueden crear derechos, sino cuando las leyes se refieren a ellos.

ARTICULO 18 - Los actos prohibidos por las leyes son de ningún valor, si la ley no designa otro efecto para el caso de contravención.

Nota: Artículo 18. Es muy importante sobre este punto la L. Rom. 5, tít. 14, lib. 1 del Código. Cód. de Chile, art. 10, Cód. de Luisiana, art. 12. LECLERQ, "Droit Romain", t. 1, ps. 238 y 239. Igual artículo fue propuesto al formarse el Cód. francés y no fue admitido, quedando este punto sin resolverse. Véase ZACHARIAE, t. 1, p. 46, LL. 17 y 22, tít. 1 y 1ª, tít. 3 y 6ª y 7ª, tít. 11, lib. 10, Nov. Recopilación.

ARTICULO 19 - La renuncia general de las leyes no produce efecto alguno; pero podrán renunciarse los derechos conferidos por ellas, con tal que sólo miren al interés individual y que no esté prohibida su renuncia.

Nota: Artículo 19. Cód. de Austria, art. 937, Cód. de Prusia, Part. 1ª, art. 193. Cód. de Chile, art. 12. Véase ZACHARIAE, t. 1, p. 44, § 34.

ARTICULO 20 - La ignorancia de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por la ley.

Nota: Artículo 20. L. 3, tít. 14, Part. 5ª, Cód. de Luisiana, art. 7º, Cód. de Austria, art. 2º. Véase el proyecto de GOYENA, art. 2º y ZACHARIAE § 26. Las LL. 21, tít. I, parts. 1ª y 6ª, tít. 14, Part. 3ª, copiaron las leyes romanas sobre la ignorancia del derecho.

ARTICULO 21 - Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres.

Nota: Artículo 21. L. 28, tít. 11, Part. 5ª, Cód. francés, art. 6º; de Nápoles, art. 7º; sardo, art. 3º. LL. 27 y 38, tít. 14, L. 2. Dig. y L. 5, tít. 14, lib. 1, Cód. romano.

ARTICULO 22 - Lo que no está dicho explícita o implícitamente en ningún artículo de este Código, no puede tener fuerza de ley en derecho civil, aunque anteriormente una disposición semejante hubiera estado en vigor, sea por una ley general, sea por una ley especial.

Nota: Artículo 22. Cód. del ducado de Baden, art. 1º, letra b).

TITULO II

Del modo de contar los intervalos del derecho

ARTICULO 23 - Los días, meses y años se contarán para todos los efectos legales por el calendario gregoriano.

ARTICULO 24 - El día es el intervalo entero que corre de medianoche a medianoche; y los plazos de días no se contarán de momento a momento, ni por horas, sino desde la medianoche en que termina el día de su fecha.

ARTICULO 25 - Los plazos de mes o meses, de año o años, terminarán el día que los respectivos meses tengan el mismo número de días de su fecha. Así, un plazo que principie el 15 de un mes, terminará el 15 del mes correspondiente, cualquiera que sea el número de días que tengan los meses o el año.

ARTICULO 26 - Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o años, constare de más días que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo corriese desde alguno de los días en que el primero de dichos meses excede al segundo, el último día del plazo será el último día de este segundo mes.

ARTICULO 27 - Todos los plazos serán continuos y completos, debiendo siempre terminar en la medianoche del último día; y así, los actos que deben ejecutarse en o dentro de cierto plazo, valen si se ejecutan antes de la medianoche en que termina el último día del plazo.

ARTICULO 28 - En los plazos que señalasen las leyes o los tribunales, o los decretos del Gobierno, se comprenderán los días feriados, a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así.

ARTICULO 29 - Las disposiciones de los artículos anteriores, serán aplicables a todos los plazos señalados por las leyes, por los jueces, o por las partes en los actos jurídicos, siempre que en las leyes o en esos actos no se disponga de otro modo.

LIBRO PRIMERO

DE LAS PERSONAS

SECCION PRIMERA

De las personas en general

TITULO I

De las personas jurídicas (a)

Nota: (a) Se usa de la expresión "persona jurídica", como opuesta a la persona natural, es decir, al individuo, para mostrar que ellas no existen sino como un fin jurídico. Otras veces se empleaba la expresión "personas morales", denominación impropia, porque nada tiene de común con las relaciones morales. Los romanos no tuvieron ningún término genérico aplicable a todas las personas jurídicas. Para designarlas en general decían que ellas representaban una persona; "hoereditas personae vice fungitur sicuti municipium". L. 22, Dig. "De fidejus" . Del "bonorum possessor", decía igualmente, "vice hoeredis est", L. 2, Dig. "De bonorum possessor". En todos los Códigos modernos no hay un título sobre lo que en ellos, se llama personas morales, a pesar de que necesariamente tienen que disponer sobre el Estado, municipalidades, corporaciones, establecimientos públicos, etc. El Cód. de Austria, en su primera parte, sobre el derecho relativo de las personas, sólo en dos artículos, el 26 y el 27, indica esas personas refiriéndose a las municipalidades y a las sociedades autorizadas o no autorizadas. El Cód. de Prusia contiene un largo tratado sobre las sociedades en general, y sobre las corporaciones y municipalidades en particular. El de Luisiana concluye el primer libro con solo un título sobre las corporaciones. Unicamente el Cód. de Chile contiene un título "De las personas jurídicas"; pero en él hay un error tan grave que destruye toda la importancia que debía prometerse de su ilustrado autor. Los jurisconsultos franceses y españoles no se ocupan de las personas morales; pero en SAVIGNY, se encontrará extensamente tratada la materia (t. 2, del "Derecho Romano"). De él ha tomado FREITAS las doctrinas que forman las bases del título que proyecta, al cual seguimos a la letra.

ARTICULO 30 - . Son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones.

ARTICULO 31 - . Las personas son de una existencia ideal o de una existencia visible. Pueden adquirir los derechos, o contraer las obligaciones que este Código regla en los casos, por el modo y en la forma que él determina. Su capacidad o incapacidad nace de esa facultad que en los casos dados, les conceden o niegan las leyes.

Nota: Artículo 31. Como en un Código Civil no se trata sino del derecho privado, la capacidad artificial de la persona de existencia ideal, sólo se aplica a las relaciones de derecho privado, y no a las de derecho público. Comúnmente, en el dominio del derecho público, ciertos poderes no pueden ejercerse sino por una reunión de personas o una unidad colectiva. Considerar una unidad semejante, por ejemplo, un tribunal de justicia, como persona de existencia ideal, sería errar en la esencia de la constitución de la persona jurídica, porque a esos seres colectivos les falta la capacidad de poseer bienes como tales, de adquirir derechos y contraer obligaciones con los particulares.

ARTICULO 32 - . Todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones, que no son personas de existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas.

ARTICULO 32 bis - . (*)

Nota de Actualización: (*) Derogado por ley 21.173. El texto incorporado por ley 20.889 decía: Toda persona tiene derecho a que sea respetada su vida íntima. El que, aun sin dolo ni culpa, y por cualquier medio, se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, divulgando secretos, difundiendo correspondencia, mortificando a otro en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, será obligado a cesar en tales actitudes y a indemnizar al agraviado. Los tribunales, con arreglo a las circunstancias del caso, aplicarán razonablemente estas dos sanciones.

Véase el art. 107 y sigts.

ARTICULO 33 - (*) Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado.

Tienen carácter público (**)

1º El Estado nacional, las provincias y los municipios;

2º Las entidades autárquicas;

3º La Iglesia Católica.

Tienen carácter privado:

(***) 1º Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar (****).

2º Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar.

Nota de Actualización: (*) Según ley 17.711. Texto del Código Civil: Las personas jurídicas, sobre las cuales este Código legisla son las que, de una existencia necesaria, o de una existencia posible, son creadas con un objeto conveniente al pueblo, y son las siguientes:

1ª El Estado;

2ª Cada una de las Provincias federadas;

3ª Cada uno de sus municipios;

4ª La Iglesia;

5ª Los establecimientos de utilidad pública, religiosos o piadosos, científicos o literarios, las corporaciones, comunidades religiosas, colegios, universidades, sociedades anónimas, bancos, compañías de seguros, y cualesquiera otras asociaciones que tengan por principal objeto el bien común, con tal que posean patrimonio propio y sean capaces, por sus estatutos, de adquirir bienes, y no subsistan de asignaciones del Estado.

(**) Ver ley 24.409.

(***) Respecto de las fundaciones, ver ley 19.836. Respecto de las asociaciones mutuales ver ley 20.321 , modificada por la ley 25.374.

(****) Ver ley 22.315 respecto de las fundaciones de la Inspección General de Justicia en relación a las asociaciones y fundaciones.

ARTICULO 34 - . Son también personas jurídicas los Estados extranjeros, cada una de sus provincias o municipios, los establecimientos, corporaciones o asociaciones existentes en países extranjeros, y que existieren en ellos con iguales condiciones que los del artículo anterior.

Nota:Artículos 33 y 34. El Cód. de Chile, en el título "De las personas jurídicas", no reconoce como tales, al Fisco, a las municipalidades, a las Iglesias, a las comunidades religiosas, ni a las sociedades anónimas, por la razón de ser regidas por legislaciones especiales, o ser personas del derecho público. FREITAS combate la doctrina y las resoluciones del Cód. chileno, diciendo que debe reconocerse la soberanía del derecho civil, siempre que se trate de bienes, de su posesión y dominio; que un Estado extranjero puede verse en el caso de demandar a un individuo en su domicilio por obligaciones o créditos a su favor, sin poder llevar el negocio por la vía diplomática. Desde que se reconoce que las mismas obligaciones que se forman entre particulares, pueden formarse entre un Estado y un particular, es forzoso admitir que los tribunales deben administrar justicia, sin distinción de personas. Los tribunales franceses están declarados competentes para juzgar las cuestiones civiles entre el Gobierno y los simples particulares, lo que no puede explicarse sin admitir la misma personalidad jurídica creada para las asociaciones de interés público.

Para sostener los dos artículos contra la grande autoridad, que para con los jurisconsultos debe gozar el Cód. de Chile, creo que debe decirse algo más.

En nuestra República no puede haber duda alguna en la materia. La Constitución Nacional ha creado una Suprema Corte de Justicia, ante la cual el Estado, en cuestiones con los particulares, debe demandar sus derechos, y ante la cual también puede ser demandado, previa autorización del Congreso. La misma Corte de Justicia es el tribunal competente en las cuestiones civiles de una provincia con otra, o entre un Estado y las personas particulares. Por consiguiente el Estado y las provincias son personas civiles, personas jurídicas, desde que no son personas individuales, y pueden estar en juicio sobre sus bienes, o sobre sus derechos a la par de los particulares. Además, las leyes de la Nación reconocen en los Estados, derechos exclusivos sobre bienes y territorios, y los distinguen de las propiedades nacionales. Las leyes provinciales, por otra parte, clasifican y determinan los bienes que sean municipales, distintos de los bienes del Gobierno del Estado, residiendo el dominio y la administración en las respectivas municipalidades.

Y este derecho no es nuevo; era el derecho administrativo del Imperio Romano, que en mucha parte ha llegado hasta nosotros. En Roma, el Fisco podía ser demandado ante los jueces ordinarios. Mil leyes sobre sus privilegios en los juicios, demuestran que el Estado era considerado como persona civil, capaz de adquirir bienes y contraer obligaciones con los particulares. Las causas fiscales tenían el beneficio de ser juzgadas en presencia del abogado fiscal (1). En los juicios, el Fisco no podía ser condenado a pagar intereses (2). Cuando el Fisco demandaba no se le podía oponer la compensación sino cuando la suma era debida por la misma oficina que demandaba (3). Los jueces no podían, en las cuestiones fiscales, obligar al Fisco a dar fianzas, porque siempre se le presumía solvente (4), y varios otros privilegios, como el de la restitución de la sentencia. En cuanto a las municipalidades, Roma como en los pueblos modernos, tenían bienes propios que no pertenecían al Fisco del Imperio, y que administraban con absoluta independencia de los Emperadores. SERRIGNY, en su grande obra sobre el Derecho Administrativo del Imperio Romano, al tratar de los bienes de las municipalidades, principia el cap. 8 de esta manera: "Desde la más remota antigüedad, las municipalidades han formado personas morales o jurídicas, y en esta calidad han sido reconocidas capaces de adquirir y poseer bienes".

Cuando Roma, por la conquista, se anexaba un Estado, ordinariamente le dejaba su régimen particular, contentándose con solo imponerle algunas cargas. Esto no inquietaba al despotismo imperial. El Derecho Romano reconocía en las municipalidades una persona moral capaz de adquirir bienes y contraer obligaciones (5). El ejercicio de las acciones municipales se hacía bajo el nombre de un actor o síndico elegido por la Curia. La ley permitía el embargo de los bienes de los deudores a una municipalidad; y a su turno, si una municipalidad era condenada, el acreedor podía hacerse dar la posesión de bienes municipales, y obtener un decreto para hacerlos vender (6). Esto prueba que los bienes de las municipalidades pertenecían a una persona igual a las demás en razón de sus bienes, derechos y obligaciones.

Respecto a la Iglesia, podemos decir que después de la Constitución de Constantino en 321 por lo cual cada Iglesia o asamblea católica adquirió la capacidad de recibir bienes de las disposiciones testamentarias de toda persona, llegó ella a ser una persona jurídica (7). No tenía ninguna dependencia del Estado en la administración de sus propiedades (8), y estuvo siempre exenta de las contribuciones directas, derecho que ha regido en España hasta el siglo pasado. Poco importaba pues, que, como Iglesia espiritual, estuviera sujeta a otra legislación, si en cuanto a sus bienes y a las relaciones de derecho sobre ellos con los particulares, debía necesariamente reconocer la autoridad del derecho civil. En Roma abundaban los establecimientos de beneficencia: hospicios para los recién nacidos, para los huérfanos pobres, para los ancianos, para alimentar a los indigentes inválidos, para viajeros pobres, hospitales para curar enfermos, etc., etc. Ninguno de los establecimientos de beneficencia existentes en la época actual, dice SERRIGNY, era desconocido de los romanos; y todos eran considerados como personas jurídicas, con capacidad de poseer y adquirir bienes (9). Las asociaciones, corporaciones o establecimientos públicos, podían, a ejemplo de las municipalidades, poseer bienes, tener una caja y un síndico para administrarlos y representarlos en todos los actos de la vida civil (10). En otros términos, estas corporaciones, continúa el autor citado, constituían una persona moral, enteramente distinta de los miembros que la componían. La consecuencia de la personalidad de una corporación era que lo que ella debía, no era debido por los individuos que la componían, y recíprocamente, que lo que se le debía, no era debido, a ninguno de sus miembros (11).

(1) Quod sine advocato pronunciatum sit. Divus Marcus, rescripsit nihil esse actum. L. 7. Dig. De jure fisci. y L. 3 § 9, eodem tít.

(2) Fiscus ex suis contractibus usuras non dat. L. 17 § 15. Dig. De usuris. L. 6. De jure fisci.

(3) Et senatus censuit et saepe rescriptum est; compensationi in causa fiscali ita demum locum esse, si eadem estatio quid debeat quoe petit. L. 1. Cód. De compensat.

(4) Nec. solet fiscus satisdare. L. 1 § 18. Dig. Ut. legat.

(5) LL. 1 y 2. Dig. Quod cujusq. univer.

(6) L. 8. íd. y LL. 1 y 2 Dig.

(7) Habeat unusquisque licemtiam sanctissimo catholico, venerabilique concilio decedens bonorum quod obtaverit, relinquere.

(8) Véase SERRIGNY, cap. 5.

(9) Lib. 2, tít. 6 § 1002.

(10) L. 1, § 1. Dig. Quod cujusq. univer. SERRIGNY, § 1003.

(11) Si quid universitati debetur singulis non deletur, nec quod debet universitas singuli debent. L. 7, §

ARTICULO 35 - . Las personas jurídicas pueden, para los fines de su institución, adquirir los derechos que este Código establece, y ejercer los actos que no les sean prohibidos, por el ministerio de los representantes que sus leyes o estatutos les hubiesen constituido.

Nota: Artículo 35. Para realizar la idea de la persona jurídica era necesario crear una representación que remediase de una manera artificial su incapacidad de obrar; pero solamente en el dominio del derecho de los bienes. Muchas veces las personas jurídicas son creadas para otros fines más importantes que la capacidad de derecho privado, y entonces, los órganos generales de las personas jurídicas los representan al mismo tiempo en la materia de derecho privado. Cuando se da por fundamento necesario de la representación artificial la incapacidad natural de obrar a la persona jurídica, que es un ser ideal, debe esto entenderse literalmente. Más de un autor se figura que un acto que emanase de todos los miembros de una corporación debía considerarse como acto de la corporación misma, y que la representación no ha sido introducida, sino a causa de la dificultad de traer a todos los miembros de la corporación a una comunidad de voluntad y de acción. Pero en realidad, la totalidad de los miembros que forman una corporación difiere esencialmente de la corporación misma, y aunque los miembros de ella, sin excepción alguna, se reunieran para obrar, no sería esto un acto del ser ideal que llamamos persona jurídica. El carácter esencial de una corporación es que su derecho repose no sobre sus miembros reunidos, sino sobre un conjunto ideal. Una corporación es semejante a un pupilo, cuya tutela será ejercida por el que ha nombrado la ley. Para la formación de la persona jurídica, ha debido preceder su constitución, y a ella la creación de la representación que ha de obrar, como en un banco, el directorio que ha de gobernar los intereses de la sociedad. Todos los miembros reunidos no podrán legalmente apartarse de la constitución, y ejecutar actos que por ella correspondiesen al directorio del banco. La persona jurídica, pues, sólo por medio de sus representantes, puede adquirir derechos y ejercer actos, y no por medio de los individuos que forman la corporación, aunque fuese la totalidad del número (véase SAVIGNY, t. 2, § § 90 y 96).

ARTICULO 36 - . Se reputan actos de las personas jurídicas los de sus representantes legales, siempre que no excedan los límites de su ministerio. En lo que excedieren, sólo producirán efecto respecto de los mandatarios.

ARTICULO 37 - . Si los poderes de los mandatarios no hubiesen sido expresamente designados en los respectivos estatutos, o en los instrumentos que los autoricen, la validez de los actos será regida por las reglas del mandato.

ARTICULO 38 - . Será derecho implícito de las asociaciones con carácter de personas jurídicas, admitir nuevos miembros en lugar de los que hubieran fallecido, o dejado de serlo, con tal que no excedan el número determinado en sus estatutos.

ARTICULO 39 - . Las corporaciones, asociaciones, etc., serán consideradas como personas enteramente distintas de sus miembros. Los bienes que pertenezcan a la asociación, no pertenecen a ninguno de sus miembros; y ninguno de sus miembros, ni todos ellos están obligados a satisfacer las deudas de la corporación, si expresamente no se hubiesen obligado como fiadores, o mancomunado con ella.

ARTICULO 40 - . Los derechos respectivos de los miembros de una asociación con el carácter de persona jurídica, son reglados por el contrato, por el objeto de la asociación, o por las disposiciones de sus estatutos.

ARTICULO 41 - . Respecto de los terceros, los establecimientos o corporaciones con el carácter de personas jurídicas, gozan en general de los mismos derechos que los simples particulares para adquirir bienes, tomar y conservar la posesión de ellos, constituir servidumbres reales, recibir usufructos de las propiedades ajenas, herencias o legados, por testamentos, donaciones por actos entre vivos, crear obligaciones e intentar en la medida de su capacidad de derecho, acciones civiles o criminales.

Nota: Artículo 41. Las consecuencias de este artículo son sumamente importantes y graves. Por él, la Iglesia y las corporaciones religiosas, entre otras facultades, tienen la de poder heredar, recibir donaciones y adquirir propiedades raíces, sin intervención alguna de los gobiernos. Todo lo que a este respecto se ha dicho y hecho desde el siglo pasado, ha sido por un espíritu irreligioso, o con la mira de someter absolutamente a las iglesias al poder temporal, aun cuando se quebrantaran los derechos individuales y la libre disposición de los bienes por los propietarios de ellos. Si el permiso a la Iglesia Católica de heredar y de adquirir bienes, que el emperador Constantino le dio en 321, le ha importado más que la dudosa cesión del gobierno de Roma, como se ha dicho; si los pueblos han sido arruinados por haber pasado casi todos los bienes raíces al poder de la Iglesia, esos males, en verdad, no han procedido de la capacidad legal de la Iglesia para adquirir bienes, sino de las creencias de los pueblos, del fanatismo religioso, de un orden de ideas y de una civilización enteramente diferente de la actual. Así vemos hoy en Inglaterra y en los Estados Unidos, que las Iglesias Católicas y las Congregaciones protestantes tienen, como los particulares, la facultad de adquirir y poseer bienes raíces, sin que los bienes territoriales se degraden, y sin que esa facultad traiga una acumulación de bienes raíces en las personas que se han llamado manos muertas. En la República misma, vemos comunidades religiosas con capacidad de adquirir bienes raíces, que serían muy felices si lograran siquiera vivir de sus rentas. Si la existencia de la Iglesia es conveniente y necesaria, no vemos razón alguna para privarle o limitarle los medios de su propia conservación. El Cód. de Chile adopta un término medio, permitiendo a las iglesias la adquisición de bienes raíces por sólo el término de cinco años, a cuyo plazo deben enajenar los que hubiesen adquirido por compra o donaciones que se les hubiere hecho. Diremos en fin, con SAVIGNY, que si la legislación de algunos países ha restringido la adquisición de las corporaciones de manos muertas, esas restricciones nunca han hecho parte del derecho común. Puede, por lo tanto, sostenerse el artículo, sin perjuicio de que una ley especial limite, cuando fuere oportuno, la capacidad legal de la Iglesia para adquirir bienes raíces.

Sin embargo de haberse reconocido a las iglesias la capacidad de adquirir bienes, el dominio de éstos ha traído cuestiones que sólo están resueltas por el derecho de Justiniano ¿Sobre qué reposa el derecho de propiedad? Los dioses del paganismo eran representados como seres individuales, semejantes al hombre. Nada, pues, más natural que atribuir bienes a cada divinidad. Considerar como persona jurídica un templo determinado, consagrado a una divinidad, era seguir el mismo orden de ideas. La Iglesia Católica, al contrario, reposa sobre la fe de un solo Dios, y sobre la comunidad de fe en este solo Dios y en su revelación, está fundada la unidad de la Iglesia; así es que ordinariamente se atribuye la propiedad de los bienes eclesiásticos, ya a Jesucristo, ya a la Iglesia cristiana, o ya al Papa como a su jefe visible. Mas, reflexionando sobre la generalidad de este punto de vista, él no puede entrar en el dominio del derecho privado, y es preciso admitir la pluralidad de personas jurídicas para los bienes de las iglesias. La aplicación de este sistema la encontramos en una ley de Justiniano (L. 27, Cód. "De Sacros. Eccles."). "Si un testador instituye a Jesucristo por heredero, se entiende, dice el Código, que es a la Iglesia del lugar que aquél habita. Si instituye por heredero a un arcángel o a un mártir, la sucesión corresponde a la Iglesia consagrada al arcángel o al mártir, en el lugar de su domicilio, y en su falta a la que exista en la capital de la Provincia. Si en la aplicación de esta regla hubiese alguna duda, entre muchas iglesias, se prefiere aquella a la cual el testador tenía devoción particular, y faltando esta circunstancia, a la más pobre" (L. 26, Cód. "De Sacros. Eccles."). El sujeto, pues, de la sucesión podía ser una parroquia determinada. Puede decirse, por lo tanto, que en el Derecho romano, ni la Iglesia en general, ni la Iglesia episcopal, tenían la propiedad de los bienes eclesiásticos o de los bienes de cada diócesis.

Las fundaciones piadosas tienen mucha analogía con los bienes destinados a la Iglesia. Ellas comprenden los establecimientos para socorrer a los pobres, a los enfermos, a los peregrinos, a los ancianos, huérfanos, etc. Así, cuando un establecimiento de este género tenga el carácter de persona jurídica, debe ser tratado como un individuo. Las constituciones de los emperadores cristianos los reconocían como personas jurídicas. Si un testador instituía como herederos o legatarios a los pobres en general, esta disposición era nula, porque el derecho prohibía instituir una persona incierta. Pero Justiniano interpretaba el testamento de la manera siguiente: en el caso supuesto, la sucesión correspondía al hospicio que el testador tenía en mira; si había duda sobre este punto, la sucesión o legado correspondía al hospicio del lugar de su domicilio; si no lo había, a la Iglesia del lugar, con el cargo de consagrar los bienes al alivio de los pobres. Así también, si un testador instituía por herederos a los cautivos, la sucesión pertenecía a la Iglesia del lugar de su domicilio, con el cargo de emplear los bienes en rescate de los cautivos (L. 49, Cód. "De Epis.")

Por consiguiente, las fundaciones podían tener, las unas respecto de las otras, respecto del Estado, de las municipalidades y de las iglesias mismas, multitud de relaciones de derecho, que implican necesariamente su individualidad.

ARTICULO 42 - . Las personas jurídicas pueden ser demandadas por acciones civiles, y puede hacerse ejecución en sus bienes.

ARTICULO 43 - . (*) Las personas jurídicas responden por los daños que causen quienes las dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Responden también por los daños que causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas en el título: "De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos".

Nota: Artículo 43. La cuestión de si las personas jurídicas pueden o no cometer delitos y sufrir penas, ha sido vivamente controvertida. Puede verse sobre la materia a SAVIGNY, t. 2, desde la p. 310. Para nosotros, el artículo del proyecto tiene fundamentos incontestables.

El derecho criminal considera al hombre natural, es decir, a un ser libre e inteligente. La persona jurídica está privada de este carácter, no siendo sino un ser abstracto, al cual no puede alcanzar el derecho criminal. La realidad de su existencia se funda sobre las determinaciones de un cierto número de representantes, que en virtud de una ficción, son considerados como sus determinaciones propias. Semejante representación, que excluye la voluntad propiamente dicha, puede tener sus efectos en el derecho civil, pero jamás en el criminal.

La capacidad de las personas jurídicas de poder ser demandadas, no implica una contradicción, aunque toda acción supone la violación de un derecho. Esta especie de violación del derecho tiene una naturaleza puramente material: ella no interesa la conciencia en el mayor número de casos. Las acciones del derecho civil son destinadas a conservar o a restablecer los verdaderos límites de las relaciones individuales del derecho. Teniendo pues las personas jurídicas la capacidad de la propiedad, esta necesidad, la de las acciones civiles, existe respecto de ellas como respecto de las personas naturales. No hay, por lo tanto, inconsecuencia, en decir, que la persona jurídica puede sufrir por un delito, y que no puede cometerlo. Desde que la propiedad existe, ella puede ser violada cualquiera que sea el propietario, un ser de una existencia ideal o un ser inteligente y libre.

Los delitos que pueden imputarse a las personas jurídicas han de ser siempre cometidos por sus miembros o por sus jefes, es decir, por personas naturales, importando poco que el interés de la corporación haya servido de motivo o de fin al delito. Si pues, un magistrado municipal, por un celo mal entendido, comete un fraude con el fin de enriquecer la caja municipal, no deja de ser por eso el único culpable. Castigar la persona jurídica, como culpable de un delito, sería violar el gran principio del derecho criminal que exige la identidad del delincuente y del condenado.

Los que creen que los delitos pueden ser imputables a las personas jurídicas, les atribuyen una capacidad de poder que realmente no tienen. La capacidad no excede del objeto de su institución, que es el de hacerle participar del derecho a los bienes. Para esto, la capacidad de los contratos es indispensable. Si las personas jurídicas tuvieran la capacidad absoluta de derecho y la de voluntad, serían igualmente capaces de relaciones de familia. Los impúberes y los dementes tienen, como las personas jurídicas, la capacidad de derecho sin la capacidad natural de obrar. Para los unos y para los otros, hay los mismos motivos de dar a esta voluntad ficticia una extensión ilimitada, y desde entonces se podría castigar en la persona del pupilo, el delito del tutor, si él comete como tutor un robo o un fraude en el interés de su pupilo. Los casos que se citan de justos castigos a ciudades, municipalidades, etc., han sido o actos del derecho de la guerra, o medidas políticas que nunca se hubieran sancionado por el Poder Judicial, pues en ellas siempre resultaban castigados muchos inocentes. El error del argumento nace de que regularmente los actos del mayor número de los ciudadanos de una ciudad, o de los miembros de una corporación, pasan por ser actos de la ciudad o de la corporación confundiendo así la corporación con sus miembros. Por otra parte, todo delito implica dolo o culpa, y, por lo tanto, la voluntad de cometerlo y la responsabilidad consiguiente. Desde entonces el dolo podría imputarse tanto a las personas jurídicas, como a los impúberes o dementes.

Al lado de la obligación que produce un delito, nace otra del todo diferente, obligatio ex re ex eo, quod aliquem pervenit que se aplica a las personas jurídicas, como a los dementes o a los impúberes. Si, pues, el jefe de una corporación comete fraude en el ejercicio de sus funciones, él sólo es responsable por el dolo; pero la caja de la corporación debe restituir la suma con que el fraude la hubiera enriquecido. Es preciso no decir lo mismo de las multas que pueden imponerse en un proceso, las cuales no son verdaderas penas, sino gastos, partes esenciales del mecanismo de los procedimientos judiciales. Las personas jurídicas deben someterse a esas multas, si quieren participar de los beneficios de un proceso.

Pasando a las disposiciones del derecho sobre la materia, podemos decir que muchas leyes de los Códigos romanos confirman plenamente la doctrina que hemos expuesto. Un texto dice expresamente, que la acción de dolo no puede intentarse contra una municipalidad, porque ella, por su naturaleza, es incapaz de dolo; pero que si se ha enriquecido por el fraude de un administrador, debe restituir la suma de que hubiese aprovechado (L. 15 § 1, Dig. "De dolo").

El poseedor de un inmueble, desposeído violentamente a nombre de una municipalidad, obtiene contra ella el interdicto de "vi" si ella detiene todo o parte del inmueble. "Si vi me dejeccerit quis nomine municipium, in municipes mihi interdictum reddendum. Pomponius ait, si quid ad eos pervenit". (L. 4, Dig. "De vi"). La expresión "municipes" designa siempre la corporación misma. Muchas otras leyes pudiéramos citar que disponen lo mismo.

Nota de Actualización: (*) Según ley 17.711. Texto del Código Civil: No se puede ejercer contra las personas jurídicas, acciones criminales o civiles por indemnización de daños, aunque sus miembros en común, o sus administradores individualmente, hubiesen cometido delitos que redunden en beneficio de ellas.

ARTICULO 44 - . Las personas jurídicas nacionales o extranjeras tienen su domicilio en el lugar en que se hallaren, o donde funcionen sus direcciones o administraciones principales, no siendo el caso de competencia especial.

CAPITULO I

Del principio de la existencia de las personas jurídicas

ARTICULO 45 - . Comienza la existencia de las corporaciones, asociaciones, establecimientos, etc., con el carácter de personas jurídicas, desde el día en que fuesen autorizadas por la ley o por el Gobierno, con aprobación de sus estatutos, y confirmación de los prelados en la parte religiosa.

* Las decisiones administrativas en esta materia podrán ser revocadas judicialmente por vía sumaria, en caso de ilegitimidad o arbitrariedad.

(*) En el supuesto de fundaciones cuyos estatutos no prevean el procedimiento para su reforma, podrá el Poder Ejecutivo disponer su modificación para hacer posible el cumplimiento del fin de la entidad. En este caso los órganos de gobierno de la fundación podrán interponer los recursos mencionados en el párrafo anterior.

Nota: Artículo 45. Independientemente de la razón política, la necesidad del consentimiento del Estado para la formación de una persona jurídica tiene su fundamento en la naturaleza misma del derecho, dice SAVIGNY: "El hombre por el solo hecho de su aparición corporal, manifiesta su título a la capacidad de derecho. Por este signo visible cada hombre, como cada juez, sabe los derechos que debe reconocer, o los que debe proteger. Cuando la capacidad natural del hombre se extiende ficticiamente a un ser ideal, falta este signo visible, y la voluntad de la autoridad suprema puede sólo suplirlo, creando sujetos artificiales de derecho. Abandonar estas facultades a las voluntades individuales sería introducir una grande incertidumbre sobre el estado del derecho, a más de los abusos que podrían cometer las voluntades fraudulentas".

Otras consideraciones políticas y económicas hacen indispensable la autorización del Gobierno para crear la persona jurídica. La extensión ilimitada de las corporaciones de diversas clases, no siempre es conveniente o indiferente a los pueblos. Puede haber conveniencia para la sociedad en evitar la acumulación de bienes en las corporaciones de manos muertas, y esto no podría conseguirse si los particulares pudieran crear a su voluntad nuevas fundaciones.

Nota de Actualización: (*) Párrafos agregados por ley 17.711.

ARTICULO 46 - . (*) Las asociaciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas, serán consideradas como simples asociaciones civiles o religiosas, según el fin de su instituto. Son sujetos de derecho, siempre que la constitución y designación de autoridades se acredite por escritura pública o instrumentos privados de autenticidad certificada por escribano público. De lo contrario, todos los miembros fundadores de la asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos de ésta. Supletoriamente regirán a las asociaciones a que este artículo se refiere, las normas de la sociedad civil.

Nota: Artículo 46. Queda así a los particulares la libertad de hacer las asociaciones que quieran, sean religiosas, de beneficencia, o meramente industriales, sin necesidad de previa licencia de la autoridad pública, como lo exigía el Derecho romano y el Derecho español; pero esas asociaciones no tendrán el carácter que el Código da a las personas jurídicas, creadas por un interés público; y sus miembros, en sus derechos respectivos o en sus relaciones con los derechos de un tercero, serán regidos por las leyes generales.

Nota de Actualización: (*) Según ley 17.711. Texto del Código Civil: Las asociaciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas, serán consideradas como simples asociaciones civiles, comerciales o religiosas, según el fin de su instituto.

ARTICULO 47 - . En los casos en que la autorización legal de los establecimientos fuese posterior a su fundación, quedará legitimada su existencia como persona jurídica, con efecto retroactivo al tiempo en que se verificó la fundación.

CAPITULO II

Del fin de la existencia de las personas jurídicas

ARTICULO 48 - . (*) Termina la existencia de las personas jurídicas que necesitan autorización expresa estatal para funcionar:

1º Por su disolución en virtud de la decisión de sus miembros, aprobada por la autoridad competente;

2º Por disolución en virtud de la ley, no obstante la voluntad de sus miembros, o por haberse abusado o incurrido en transgresiones de las condiciones o cláusulas de la respectiva autorización, o porque sea imposible el cumplimiento de sus estatutos, o porque su disolución fuese necesaria o conveniente a los intereses públicos;

3º Por la conclusión de los bienes destinados a sostenerlas.

La decisión administrativa sobre retiro de la personería o intervención a la entidad dará lugar a los recursos previstos en el artículo 45.

El juez podrá disponer la suspensión provisional de los efectos de la resolución recurrida.

Nota: Artículo 48. La persona jurídica, una vez constituida, no debe ser disuelta por la sola voluntad de los miembros actuales, porque ella existe, como lo hemos dicho, independiente de sus miembros y por el motivo principal de un interés público, permanente, mientras que el Gobierno o la ley no hubiese declarado que había cesado la causa de su existencia.

Las personas jurídicas pueden ser disueltas por la decisión sola de la autoridad pública, si ellas vienen a comprometer los intereses generales, pues que sólo el interés público, y no intereses individuales, religiosos o industriales, por grandes que sean, es el motivo de la autorización para su creación.

El derecho a los bienes fue el objeto de la creación de la persona jurídica. Desde que ella no puede tenerlos, y sólo debe existir dependiente del Estado o del favor público, puede decirse que su existencia no es existencia propia, y que se halla confundida con la del Estado o la de la persona que la sostiene, con relación al derecho de los bienes.

Nota de Actualización: (*) Según ley 17.711. Texto del Código Civil: Termina la existencia de las corporaciones con carácter de personas jurídicas:

1° Por su disolución en virtud de la deliberación de sus miembros, aprobada por el Gobierno;

2° Por disolución en virtud de la ley, no obstante la voluntad de sus miembros, o por haberse abusado o incurrido en transgresiones de las condiciones o cláusulas de la autorización legal, o porque sea imposible el cumplimiento de sus estatutos, o porque su disolución fuese necesaria o conveniente a los intereses públicos;

3° Por la conclusión de los bienes destinados a sostenerlas.

ARTICULO 49 - . No termina la existencia de las personas jurídicas por el fallecimiento de sus miembros, aunque sea en número tal que quedaran reducidos a no poder cumplir el fin de su institución. Corresponde al Gobierno, si los estatutos no lo hubiesen previsto, declarar disuelta la corporación, o determinar el modo como debe hacerse su renovación.

ARTICULO 50 - . Disuelta o acabada una asociación con el carácter de persona jurídica, los bienes y acciones que a ella pertenecían, tendrán el destino previsto en sus estatutos; y si nada se hubiese dispuesto en ellos, los bienes y acciones serán considerados como vacantes y aplicados a los objetos que disponga el Cuerpo Legislativo, salvo todo perjuicio a tercero y a los miembros existentes de la corporación.

Nota:50. Por el Derecho romano, constituida una "universitas", podía continuar con un solo miembro. "Si universitas ad unum reddit, majus admititur posee eum convenire et conveniri cum jus omnium in unum recideri et stet nomen universitatis". (L. 7, "Dig. quod univ."). En tal caso, la persona jurídica continúa su existencia, conserva su nombre, y los bienes de la corporación no vienen a ser del único miembro restante. El caso del texto es, que ese individuo que hubiese quedado, puede obrar directamente en juicio sin el intermedio de un síndico. De este principio y del texto mismo, se ha sacado la conclusión errónea de que una corporación acaba necesariamente por la muerte de todos sus miembros; y que así, si una epidemia acabara con todos los padres de un convento, la corporación quedaría disuelta; y sus bienes, como vacantes, pertenecerían al Estado. Este error nace de olvidar el principio, base de toda la teoría, de que la persona jurídica es independiente de cada uno de sus miembros y de todos ellos.

TITULO II

De las personas de existencia visible

ARTICULO 51 - . Todos los entes que presentasen signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes, son personas de existencia visible.

Nota:51. Proyecto de FREITAS, art. 35, GOYENA, art. 107, L. 5, tít. 23, Part. 4ª y L. 8, tít. 33, Part. 7ª. LL. 12 y 14, tít. 5, lib. 1, Dig.

ARTICULO 52 - . Las personas de existencia visible son capaces de adquirir derechos o contraer obligaciones. Se reputan tales todos los que en este Código no están expresamente declarados incapaces.

Nota:52. La expresión "adquirir derechos", a más de comprender implícitamente la posibilidad de contraer obligaciones, abraza en sí todas las fases de los derechos adquiridos, desde el hecho de la adquisición de cada uno de los derechos, hasta el de su pérdida total.

Esas fases pueden resumirse del modo siguiente:

1° Hecho de la adquisición del derecho.

2° Duración y ejercicio del derecho.

3° Conservación o defensa del derecho.

4° Pérdida total del derecho.

Y así, cuando las leyes civiles permiten la adquisición de un derecho o cuando no la prohíben, permiten su ejercicio, su conservación y la libre disposición de ese derecho.

ARTICULO 53 - . Les son permitidos todos los actos y todos los derechos que no les fueren expresamente prohibidos, independientemente de su calidad de ciudadanos y de su capacidad política.

ARTICULO 54 - . Tienen incapacidad absoluta:

1º Las personas por nacer;

2º Los menores impúberes;

3º Los dementes;

4º Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito;

5º * Derogado por ley 17.711

Nota:54. En el número de los incapaces, no pongo los pródigos porque esa calidad no podrá, según este Código, ni sujetarse a juicio ni traer una interdicción. El Cód. de Luisiana, en el art. 413, abolió la incapacidad de los pródigos o disipadores. Dice así: "La interdicción no tendrá lugar por causa de disipación o de prodigalidad". Las razones de esta resolución son: 1ª que la prodigalidad no altera las facultades intelectuales; 2ª que la libertad individual no debe ser restringida, sino en los casos de interés público, inmediato y evidente; 3ª que en la diferente manera de hacer gastos inútiles que concluyan una fortuna, no hay medio para distinguir con certeza el pródigo del que no lo es, en el estado de nuestras costumbres, y todo sería arbitrario en los jueces, poniendo interdicción a algunos, mientras quedaban innumerables disipadores; y 4ª que debe cesar la tutela de los poderes públicos sobre las acciones de los particulares, y ya que no es posible poner un máximum a cada hombre en sus gastos, el que se llamase pródigo habría sólo usado o abusado de su propiedad, sin quebrantar ley alguna.

Nota de Actualización:* Texto del Código Civil: Los ausentes declarados tales en juicio.

ARTICULO 55 - . * Los menores adultos sólo tienen capacidad para los actos que las leyes les autorizan otorgar.

Nota de Actualización:* Según ley 17.711. Texto del Código Civil: Son incapaces respecto de ciertos actos o del modo de ejercerlos:

1° Los menores adultos;

2° Las mujeres casadas.

ARTICULO 56 - . Los incapaces pueden, sin embargo, adquirir derechos o contraer obligaciones por medio de los representantes necesarios que les da la ley.

ARTICULO 57 - . * Son representantes de los incapaces:

1º De las personas por nacer, sus padres, y a falta o incapacidad de éstos, los curadores que se les nombre;

2º De los menores no emancipados, sus padres o tutores;

3º De los dementes o sordomudos, los curadores que se les nombre.

Nota de Actualización:* Según ley 17.711. Texto del Código Civil: Son representantes de los incapaces:

1° De las personas por nacer, sus padres y a falta o incapacidad de éstos, los curadores que se les nombre;

2° De los menores impúberes o adultos, sus tutores;

3° De los dementes, sordomudos o ausentes, sus padres, y a falta o incapacidad de éstos, los curadores que se les nombre;

4° De las mujeres casadas, sus maridos.

ARTICULO 58 - . Este Código protege a los incapaces, pero sólo para el efecto de suprimir los impedimentos de su incapacidad, dándoles la representación que en él se determina, y sin que se les conceda el beneficio de restitución, ni ningún otro beneficio o privilegio.

Nota:58. Este artículo es el 43 del proyecto de FREITAS para el Imperio del Brasil. En varios Códigos están ya suprimidos los beneficios de los menores, incluso el de restitución "in integrum" , que abrazaba a todos los incapaces, las iglesias, el Fisco, etc., privilegio exorbitante que les dan nuestras leyes, no sólo por un daño recibido, sino por una gran ganancia, que en virtud de él puedan obtener. Esa protección exagerada a los incapaces no presenta una utilidad que compense los males que causa a la sociedad, y a bienes mismos de los menores. La confianza en la adquisición queda vacilante, e impide la seguridad del derecho de propiedad, pues ese beneficio aun dura más que la minoridad de los que favorece. Excluye por el exceso de protección, la concurrencia a la compra de los bienes de los incapaces. Por otra parte, en la época actual, las lesiones no pueden admitirse como vicio en los contratos, según veremos en adelante. Creemos pues, que más valiera a los menores y a los incapaces, una buena administración de sus bienes, que todos los privilegios con que han querido ampararlos las leyes, y a ese objeto tenderán las ulteriores disposiciones de este Código. Más valiera, decimos también, la buena organización del Ministerio de Menores, que podría evitar no sólo los malos contratos de los tutores y curadores, sino la mala conducta de éstos en la administración de los bienes.

ARTICULO 59 - . A más de los representantes necesarios, los incapaces son promiscuamente representados por el Ministerio de Menores, que será parte legítima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que los incapaces demanden o sean demandados, o en que se trate de las personas o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo acto y de todo juicio que hubiere lugar sin su participación.

ARTICULO 60 - . * Derogado por ley 17.711.

Nota de Actualización:* Texto del Código Civil: Exceptúanse de las representaciones del artículo anterior, las mujeres casadas.

ARTICULO 61 - . * Cuando los intereses de los incapaces, en cualquier acto judicial o extrajudicial, estuvieren en oposición con los de sus representantes, dejarán éstos de intervenir en tales actos, haciéndolo en lugar de ellos, curadores especiales para el caso de que se tratare.

Nota de Actualización:* Ver art. 397 inc. 1º.

ARTICULO 62 - . La representación de los incapaces es extensiva a todos los actos de la vida civil, que no fueren exceptuados en este Código.

TITULO III

De las personas por nacer

ARTICULO 63 - . Son personas por nacer las que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno.

Nota:63. Las personas por nacer no son personas futuras, pues ya existen en el vientre de la madre. Si fuesen personas futuras no habría sujeto que representar. El art. 22 del Cód. de Austria, dice: "Los hijos que aún no han nacido, tienen derecho a la protección de las leyes, desde el momento de su concepción. Son considerados como nacidos, toda vez que se trate de sus derechos y no de un tercero". Lo mismo el Cód. de Luisiana, art. 29 y el de Prusia, 1ª parte, tít. 1, art. 10. Pero el Cód. de Chile en el art. 74, dice: "Que la existencia legal de toda persona principia al nacer"; pero si los que aún no han nacido no son personas, ¿por qué las leyes penales castigan el aborto premeditado? ¿Por qué no se puede ejecutar una pena en una mujer embarazada? En el Derecho romano había acciones sobre este punto. "Nasciturus habetur pro nato. Nasciturus pro jam nato habetur si de ejus commodo agitur", etc., etc. Se oponen a éstos, otros textos del Digesto. SAVIGNY los explica perfectamente, demostrando que no hay contradicción entre ellos (t. 2, p. 11).

ARTICULO 64 - . Tiene lugar la representación de las personas por nacer, siempre que éstas hubieren de adquirir bienes por donación o herencia.

Nota:64. En este artículo sólo se trata del feto que puede tener bienes que adquirir por una donación o un testamento, y que necesita una representación protectora; y no para asegurar la legitimidad de los hijos o prevenir las suposiciones de parto, de lo cual se tratará en otro lugar.

ARTICULO 65 - . * Se tendrá por reconocido el embarazo de la madre por la simple declaración de ella o del marido, o de otras partes interesadas.

Nota:65. El Derecho romano en cuatro títulos contenía disposiciones de un rigor excesivo hasta obligar a la mujer embarazada a declarar, bajo juramento, tomándole valores en prenda o imponiéndole multas (títs. 3, 4, 5 y 9; lib. 25, Dig.). Había varias diligencias para el reconocimiento del embarazo, depósito de la mujer y reconocimiento del parto. Pero estas medidas deben abolirse: 1º porque el reconocimiento del embarazo requiere examen de médicos, cuyos resultados son muy falibles; 2º porque la mujer embarazada puede no prestarse a ese examen humillante y ofensivo al pudor y no habría medio de obligarla, por el peligro de su situación, ni hacerle conminaciones penales de ningún género, porque no se trata de su derecho o interés propio. Basta dejar a salvo el derecho de pedir medidas policiales. La materia no puede corresponder a la justicia civil.

Nota de Actualización:* Ver Comp. art. 78.

ARTICULO 66 - . Son partes interesadas para este fin:

1º Los parientes en general del no nacido, y todos aquéllos a quienes los bienes hubieren de pertenecer si no sucediere el parto, o si el hijo no naciera vivo, o si antes del nacimiento se verificare que el hijo no fuera concebido en tiempo propio;

2º Los acreedores de la herencia;

3º El Ministerio de Menores.

ARTICULO 67 - . Las partes interesadas aunque teman suposición de parto, no pueden suscitar pleito alguno sobre la materia, salvo sin embargo el derecho que les compete para pedir las medidas policiales que sean necesarias. Tampoco podrán suscitar pleito alguno sobre la filiación del no nacido, debiendo quedar estas cuestiones reservadas para después del nacimiento.

ARTICULO 68 - . Tampoco la mujer embarazada o reputada tal, podrá suscitar litigio para contestar su embarazo declarado por el marido o por las partes interesadas, y su negativa no impedirá la representación determinada en este Código.

ARTICULO 69 - . Cesará la representación de las personas por nacer el día del parto, si el hijo nace con vida, y comenzará entonces la de los menores, o antes del parto cuando hubiere terminado el mayor plazo de duración del embarazo, según las disposiciones de este Código.

TITULO IV

De la existencia de las personas antes del nacimiento

ARTICULO 70 - . Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas; y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido. Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos, si los concebidos en el seno materno nacieren con vida, aunque fuera por instantes después de estar separados de su madre.

Nota:70. SAVIGNY, en el t. 2, desde la p. 5, reúne toda la Doctrina del Derecho romano sobre la materia, en los términos siguientes:

"1º Es preciso que el hijo sea separado de la madre; 2º separado completamente; 3º que viva después de la separación; 4º que sea una criatura humana. Respecto a lo primero, son indiferentes los medios que se empleen para obtener esta separación. Así pues, en derecho no se distingue el nacimiento natural del que se obtiene por una operación quirúrgica" (1). Una antigua ley ordenaba expresamente que después de la muerte de una mujer embarazada, su cuerpo fuera abierto a fin de salvar, si era posible la vida del hijo (2). La separación debe ser completa (3). Es preciso que el hijo viva después de la separación (4). Si, pues, durante un parto trabajoso, el hijo da signo de vida, pero muere antes de haber sido completamente separado de la madre, nunca tuvo la capacidad de derecho. Debe decirse lo mismo, y con más razón, si antes de comenzar el nacimiento, el hijo hubiese muerto (5). Es preciso que la vida sea indudable, no importa por qué signos. Antiguamente muchos jurisconsultos miraban como condición indispensable que el nacido hubiese dado algún vagido, pero JUSTINIANO condenó expresamente esta opinión (6). La duración de la vida es también cosa indiferente; y el hijo tiene la capacidad de derecho aun cuando muera inmediatamente después de su nacimiento (7). En fin; para tener la capacidad de derecho, el hijo debe presentar los signos característicos de humanidad, exteriormente apreciables; no debe ser, según la expresión de los romanos, ni "monstrum" ni "prodigium" (8); pero una simple desviación de las formas normales de la humanidad, por ejemplo, un miembro de más o un miembro de menos, no obsta a la capacidad de derecho. Los textos no nos dicen por qué signos se reconoce una criatura humana. Parece que la cabeza debe representar las formas de la humanidad (9).

(1) Natum accipe et exsecto ventre editus sit. L. 6, De liberis. Dig. L. 1, § 5, ad S. C. Tertull.

(2) L. 2. De mortuo infer., Dig.

(3) L. 3. Cod. De posthumis. Perfecto natus.

(4) L. 3. Cod. De posthumis. Vivus, natus est.

(5) L.129, Dig. De verb. sig. qui mortui nascuntur neque, procreati vindentur.

(6) L. 3. Cod. De posthumis.

(7) LL. 2 y 3. Cód. eod. Licet illico postquam in terra cecedit, vel in manibus, obstetricis decessit.

(8) L. 3. Cod. De posthumis. Ad. nullum declinans monstrum vel prodigium.

(9) L. 44. Dig. De relig. Las leyes de Partida conformes con las leyes romanas. Véanse las LL. 3 y 5, tít. 23, partes, 4ª y 8ª, tít. 33, part. 7ª.

ARTICULO 71 - . Naciendo con vida no habrá distinción entre el nacimiento espontáneo y el que se obtuviese por operación quirúrgica.

ARTICULO 72 - . Tampoco importará que los nacidos con vida tengan imposibilidad de prolongarla, o que mueran después de nacer, por un vicio orgánico interno, o por nacer antes de tiempo.

Nota:72. El Cód. francés, art. 725, exige que el nacido sea viable, de vida, es decir, que no traiga algún vicio por el cual su muerte pueda asegurarse, o que haya nacido antes de tiempo. Lo mismo dispone el de Nápoles, art. 146; el de Austria, cap. 3, parte 2; el de Baviera, cap. 3, lib. 1. Pero el Cód. sardo, art. 705, dice que se presume viable el que ha nacido vivo. El de Luisiana: "Basta que el hijo haya nacido viable, aunque no haya vivido un instante", art. 948, y en el art. 917, añade: "La existencia del hijo, nacido vivo, se determina por su respiración o sus vagidos, o por otros signos". El Cód. de Chile, art. 74, sólo exige que el hijo, después de separado de la madre, haya vivido siquiera un momento. La L. 2 Rec., tít. 5, lib. 10, para quitar dudas en la materia, exigió que el hijo había de nacer en el tiempo regular, vivir veinticuatro horas y ser bautizado. La cuestión quedaba siempre como cuestión de hecho, sobre un solo momento de vida, pues si el nacido vivía sólo veintitrés horas o veintitrés horas y cincuenta minutos, se tendría como abortivo, o nacido sin vida. Nuestro artículo no exige la viabilidad del nacido como condición de su capacidad de derecho. El fundamento del Cód. francés y de los Códigos que lo siguen, es el siguiente: El hijo que nace antes de los seis meses de la concepción, aunque nazca vivo, es incapaz de prolongar su existencia. Lo mismo se dice del que nace con un vicio orgánico, tan demostrado que pueda asegurarse su pronta muerte; desde entonces a este ser no se le puede atribuir derecho alguno, porque la capacidad de derecho depende, no solamente del nacimiento sino de la capacidad de la vida, de la viabilidad.

Esta doctrina no tiene ningún fundamento, pues es contraria a los principios generales sobre la capacidad de derecho inherente al hecho de la existencia de una criatura humana, sin consideración alguna a la mayor o menor duración que pueda tener esa existencia. Este es el derecho general, y no se comprende qué motivo haya para introducir una restricción respecto al recién nacido. La muerte que sobrevenga puede provenir de circunstancias exteriores y no de la no viabilidad. Por otra parte, ¿cómo conocer el día de la concepción? ¿Qué médico puede decir que el nacido no ha estado sino 178 días en el vientre de la madre, y no los 180, los seis meses fijados por las leyes? Se abriría, así, una puerta a la incertidumbre de los juicios individuales y a las opiniones siempre dudosas de los facultativos, sobre el tiempo que el hijo hubiese estado en el vientre materno, por la imperfección de su constitución material, que vendría a decidir de los derechos más importantes.

Decimos lo mismo respecto de los vicios orgánicos que el recién nacido presente. No porque una persona parezca con signos indudables de una pronta muerte, queda incapaz de derecho. Sería preciso también que la ley fijara el tiempo en que el vicio orgánico debía desenvolverse para causar la incapacidad del recién nacido, y la ciencia por cierto no podría asegurar qué días o qué horas de vida le quedaban al nacido con un vicio orgánico.

SAVIGNY ha tratado esta materia extensamente en el apéndice 1 del t. 2.

ARTICULO 73 - . Repútase como cierto el nacimiento con vida, cuando las personas que asistieren al parto hubiesen oído la respiración o la voz de los nacidos, o hubiesen observado otros signos de vida.

ARTICULO 74 - . Si muriesen antes de estar completamente separados del seno materno, serán considerados como si no hubieran existido.

ARTICULO 75 - . En caso de duda de si hubieran nacido o no con vida, se presume que nacieron vivos, incumbiendo la prueba al que alegare lo contrario.

ARTICULO 76 - . La época de la concepción de los que naciesen vivos, queda fijada en todo el espacio de tiempo comprendido entre el máximum y mínimum de la duración del embarazo.

ARTICULO 77 - . * El máximo de tiempo del embarazo se presume que es de trescientos días, y el mínimo de ciento ochenta días, excluyendo el día del nacimiento. Esta presunción admite prueba en contrario.

Nota de Actualización:* Según art. 1º, ley 23.264. Texto del Código Civil: El máximum de tiempo del embarazo se presume que es de trescientos días, y el mínimum de ciento ochenta días, excluyendo el día del nacimiento. Esta presunción no admite prueba en contrario.

ARTICULO 78 - . * No tendrá jamás lugar el reconocimiento judicial del embarazo, ni otras diligencias como depósito, y guarda de la mujer embarazada, ni el reconocimiento del parto en el acto o después de tener lugar, ni a requerimiento de la propia mujer antes o después de la muerte del marido, ni a requerimiento de éste o de partes interesadas.

Nota de Actualización:* Ver art. 65.

TITULO V

De las pruebas del nacimiento de las personas

ARTICULO 79 - . El día del nacimiento, con las circunstancias del lugar, sexo, nombre, apellido, paternidad y maternidad, se probará en la forma siguiente:

ARTICULO 80 - . De los nacidos en la República, por certificados auténticos extraídos de los asientos de los registros públicos, que para tal fin deben crear las municipalidades, o por lo que conste de los libros de las parroquias, o por el modo que el Gobierno nacional en la capital, y los gobiernos de provincia determinen en sus respectivos reglamentos.

ARTICULO 81 - . De los nacidos en alta mar, por copias auténticas de los actos que por ocasión de tales accidentes, deben hacer los escribanos de los buques de guerra y el capitán o maestre de los mercantes, en las formas que prescriba la respectiva legislación.

ARTICULO 82 - . De los nacionales nacidos en país extranjero, por certificados de los registros consulares, o por los instrumentos hechos en el lugar, según las respectivas leyes, legalizados por los agentes consulares o diplomáticos de la República.

ARTICULO 83 - . De los extranjeros en el país de su nacionalidad, o en otro país extranjero, por el modo del artículo anterior.

ARTICULO 84 - . De los hijos de los militares en campaña fuera de la República, o empleados en servicio del Ejército, por certificados de los respectivos registros, como fuesen determinados en los reglamentos militares.

ARTICULO 85 - . No habiendo registros públicos, o por falta de asiento en ellos, o no estando los asientos en la debida forma, puede probarse el día del nacimiento, o por lo menos el mes o el año, por otros documentos o por otros medios de prueba.

ARTICULO 86 - . Estando en debida forma los certificados de los registros mencionados, se presume la verdad de ellos, salvo sin embargo, a los interesados el derecho de impugnar en todo o en parte las declaraciones contenidas en esos documentos, o la identidad de la persona de que esos documentos tratasen.

ARTICULO 87 - . A falta absoluta de prueba de la edad, por cualquiera de los modos declarados, y cuando su determinación fuere indispensable, se decidirá por la fisonomía, a juicio de facultativos, nombrados por el juez.

ARTICULO 88 - . Si nace más de un hijo vivo en un solo parto, los nacidos son considerados de igual edad y con iguales derechos para los casos de institución o sustitución a los hijos mayores.

Nota:88. Porque el tiempo, como se ha declarado, no se cuenta por horas.

TITULO VI

Del domicilio

ARTICULO 89 - . El domicilio real de las personas, es el lugar donde tienen establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios. El domicilio de origen es el lugar del domicilio del padre en el día del nacimiento de los hijos.

Nota:89. POTHIER, "Introducción general a las costumbres de Orleans", cap. 1, § 1, art. 8º, Cód. francés, art. 102. Cód. sardo, art. 66.

Nota de Actualización:* Ver art. 96.

ARTICULO 90 - . El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de una manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente, y así:

1º Los funcionarios públicos, eclesiásticos o seculares, tienen su domicilio en el lugar en que deben llenar sus funciones, no siendo éstas temporarias, periódicas, o de simple comisión;

2º Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que se hallen prestando aquél, si no manifestasen intención en contrario, por algún establecimiento permanente, o asiento principal de sus negocios en otro lugar;

3º El domicilio de las corporaciones, establecimientos y asociaciones autorizadas por las leyes o por el Gobierno, es el lugar donde está situada su dirección o administración, si en sus estatutos o en la autorización que se les dio, no tuviesen un domicilio señalado;

4º Las compañías que tengan muchos establecimientos o sucursales, tienen su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos, para sólo la ejecución de las obligaciones allí contraídas por los agentes locales de la sociedad;

5º Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tuviesen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual;

6º Los incapaces tienen el domicilio de sus representantes;

7º El domicilio que tenía el difunto determina el lugar en que se abre su sucesión;

8º Los mayores de edad que sirven o trabajan, o que están agregados en casa de otros, tienen el domicilio de la persona a quien sirven, o para quien trabajan, siempre que residan en la misma casa, o en habitaciones accesorias, con excepción de la mujer casada, que, como obrera o doméstica, habita otra casa que la de su marido;

9º ** Derogado por ley 23.515, art. 9º.

Nota:90. ZACHARIAE, § 88.

1º Cód. francés, arts. 106 y 107.

4º POTHIER, "Ad Pand.", lib. 50, tít. 1, núm. 3.

6º Cód. francés, arts. 108 y 109; sardo, art. 71.

7º Cód. francés, art. 110. Cód. sardo, art. 74.

8º Cód. sardo, art. 72.

9º L. 32, tít. 2, Part. 3ª, Cód. francés, art. 108; sardo, art. 71.

Nota de Actualización:** Texto del Código Civil: 9º La mujer casada tiene el domicilio de su marido, aun cuando se halle en otro lugar con licencia suya. La que se halle separada de su marido por autoridad competente, conserva el domicilio de éste, si no se ha creado otro. La viuda conserva el que tuvo su marido, mientras no se establezca en otra parte.

ARTICULO 91 - . La duración del domicilio de derecho, depende de la existencia del hecho que lo motiva. Cesando éste, el domicilio se determina por la residencia, con intención de permanecer en el lugar en que se habite.

ARTICULO 92 - . Para que la habitación cause domicilio, la residencia debe ser habitual y no accidental, aunque no se tenga intención de fijarse allí para siempre.

ARTICULO 93 - . En el caso de habitación alternativa en diferentes lugares, el domicilio es el lugar donde se tenga la familia, o el principal establecimiento.

ARTICULO 94 - . Si una persona tiene establecida su familia en un lugar, y sus negocios en otro, el primero es el lugar de su domicilio.

ARTICULO 95 - . La residencia involuntaria por destierro, prisión, etc., no altera el domicilio anterior, si se conserva allí la familia, o se tiene el asiento principal de los negocios.

ARTICULO 96 - . * En el momento en que el domicilio en país extranjero es abandonado, sin ánimo de volver a él, la persona tiene el domicilio de su nacimiento.

Nota de Actualización:* Ver art. 89.

ARTICULO 97 - . El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. Esta facultad no puede ser coartada ni por contrato, ni por disposición de última voluntad. El cambio de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de la traslación de la residencia de un lugar a otro, con ánimo de permanecer en él y tener allí su principal establecimiento.

Nota:97. Cód. francés, art. 103; sardo, art. 66.

ARTICULO 98 - . El último domicilio conocido de una persona es el que prevalece, cuando no es conocido el nuevo.

ARTICULO 99 - . El domicilio se conserva por la sola intención de no cambiarlo, o de no adoptar otro.

ARTICULO 100 - . El domicilio de derecho y el domicilio real, determinan la competencia de las autoridades públicas, para el conocimiento de los derechos y cumplimiento de las obligaciones.

ARTICULO 101 - . Las personas, en sus contratos, pueden elegir un domicilio especial para la ejecución de sus obligaciones.

ARTICULO 102 - . La elección de un domicilio implica la extensión de la jurisdicción que no pertenecía sino a los jueces del domicilio real de las personas.

Nota:102. L. 32, tít. 2. Part. 3ª. Cód. francés, art. 111; sardo, art. 75.

TITULO VII

Del fin de la existencia de las personas

ARTICULO 103 - . Termina la existencia de las personas por la muerte natural de ellas. La muerte civil no tendrá lugar en ningún caso, ni por pena, ni por profesión en las comunidades religiosas.

Nota:103. Los votos solemnes en comunidades religiosas causan incapacidad para todos los efectos civiles. Desde ese momento, la sucesión de los religiosos es deferida según su testamento, o se da a los parientes que se encuentran en grado de sucederles. Pero esta posición de una persona viva no ha podido sostenerse sino con excepciones tan comunes, que todos los días vemos dejar sin efecto la ley que causó la muerte civil por la profesión religiosa. El religioso profeso que ha sido elevado al episcopado y queda secularizado, recobra por su promoción a esta dignidad la vida civil que había perdido por su profesión y viene a ser capaz de todas las funciones públicas; puede adquirir bienes por toda clase de actos; tiene derecho de disponer por testamento de los que posee y "ab-intestato" transmite su sucesión a sus parientes.

También los religiosos, curas de las parroquias, como ha habido tantos ejemplos en la República, pueden adquirir bienes y disponer de ellos libremente.

Son también restituidos a la vida civil los religiosos que obtienen dispensa de sus votos, dispensas comunes y tan fáciles de obtener, como lo vemos diariamente. Causaba tantas dificultades en las familias esta aparición repentina del individuo a quienes ya se había heredado o contándosele por muerto en la sucesión de los padres, que Francia no reconoció, como asegura POTHIER, la facultad de esas dispensas ni aun en el Sumo Pontífice, y no eran por ellas restituidos a la vida civil los religiosos dispensados de sus votos. En la República Argentina no ha sido así, y ha dependido de un Obispo, de un Vicario Apostólico, y aun de los Vicarios Capitulares, derogar las leyes y restituir a la vida civil a los muertos civilmente por la profesión religiosa. Es mejor pues, que tales leyes no existan, cuando son tantos los medios de dejarlas sin efecto, causando cuestiones difíciles en las familias, tanto más cuanto que ni la muerte civil era efectiva. Mil veces los religiosos han sido miembros de los Cuerpos Legislativos, nacionales o provinciales, y en muchos pueblos lo son hasta hoy.

Así pues, si una sucesión es deferida a un religioso o religiosa, pueden éstos hacer una abdicación voluntaria de ella con más conocimiento que las que hacen de las sucesiones futuras al profesar. El religioso, por conservar la vida civil, no deja de ser miembro de una persona jurídica, su convento, sujeto en un todo a los estatutos que lo rijan.

ARTICULO 104 - . La muerte de las personas, ocurrida dentro de la República, en alta mar o en país extranjero, se prueba como el nacimiento en iguales casos.

ARTICULO 105 - La de los militares muertos en combate, respecto de los cuales no hubiese sido posible hacer asientos, por lo que conste en el Ministerio de Guerra.

ARTICULO 106 - La de los fallecidos en conventos, cuarteles, prisiones, fortalezas, hospitales o lazaretos, por lo que conste de los respectivos asientos, sin perjuicios de las pruebas generales.

ARTICULO 107 - La de los militares dentro de la República, o en campaña, y la de los empleados en servicio del ejército, por certificados de los respectivos registros de los hospitales o ambulancias.

ARTICULO 108 - A falta de los referidos documentos, las pruebas del fallecimiento de las personas podrán ser suplidas por otros en los cuales conste el fallecimiento, o por declaraciones de testigos que sobre él depongan.

* En los casos en que el cadáver de una persona no fuese hallado, el juez podrá tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro, siempre que la desaparición se hubiera producido en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida como cierta. Igual regla se aplicará en los casos en que no fuese posible la identificación del cadáver.

Nota de Actualización:* Párrafo agregado por el art. 33 de la ley 14.394.

ARTICULO 109 - Si dos o más personas hubiesen fallecido en un desastre común o en cualquier otra circunstancia, de modo que no se pueda saber cuál de ellas falleció primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellas.

Nota:109. Todos los Códigos modernos, con excepción del de Chile, han creado presunciones de derecho sobre la prioridad de la muerte, cuando muchos mueren a un tiempo, derivándolas de la edad o del sexo. Para unos, primero deben haber muerto las mujeres que los varones; para otros, la edad de las personas parece que fijaba el orden del fallecimiento. Pero estas presunciones de derecho, que también se ven en las leyes de Partida, eran arbitrarias, y sin ningún fundamento positivo, y lo que es más, no había necesidad alguna de crear tales presunciones de derecho. ¿Qué interés social se presentaba para que necesariamente hubiera una transmisión de derechos entre personas que habían fallecido a un tiempo, o de quienes se ignoraba cuál hubiese muerto primero? Mejor es legislar el caso como el Cód. de Chile y como lo propone FREITAS, estableciendo que han muerto todas en el mismo momento y que no ha habido entre ellas transmisión alguna de derechos. De esto no puede resultar cuestión alguna entre los sucesores de esas personas.

TITULO VIII

De las personas ausentes con presunción de fallecimiento *

Nota de Actualización:* Título reformado por la ley 14.394 (arts. 15 y sigts.). Véase en el Apéndice la ley 22.967.

ARTICULO 110 - La ausencia de una persona del lugar de su domicilio o residencia en la República, haya o no dejado representantes, sin que de ella se tenga noticia por el término de seis años, causa la presunción de su fallecimiento.

Nota:110. FREITAS observa que el Cód. francés y los demás que lo han seguido, no hablan precisamente de la ausencia como presunción de fallecimiento y no se comprende de qué ausencia tratan, pues el carácter de ésta es modificado por la circunstancia de haber dejado o no el ausente, apoderado o representante legal. La declaración judicial, que por esos Códigos debe hacerse, es meramente declaración de ausencia, cuando debía ser declaración del día del fallecimiento presunto, según las mismas resoluciones finales, que en dichos Códigos se advierten. Es, pues, inútil notar las concordancias con los Códigos extranjeros.

En la legislación española sólo hay la L. 14, tít. 14, Part. 3ª, que dice: "Si aquel de cuya muerte dubdan, dicen que en estrañas e luengas tierras es muerto, e gran tiempo es pasado, ansi como diez años arriba, abonda que prueben que esto es fama entre los de aquel logar, o que públicamente dicen todos que es muerto".

ARTICULO 111 - Los seis años serán contados desde el día de la ausencia, si nunca se tuvo noticia del ausente, o desde la fecha de la última noticia que se tuvo de él.

ARTICULO 112 - Causa también presunción de fallecimiento la desaparición de cualquier persona domiciliada o residente en la República, que hubiese sido gravemente herida en un conflicto de guerra, o que naufragase en un buque perdido o reputado por tal, o que se hallase en el lugar de un incendio, terremoto u otro suceso semejante, en que hubiesen muerto varias personas, sin que de ella se tenga noticia por tres años consecutivos. Los tres años serán contados desde el día del suceso, si fuese conocido, o desde un término medio entre el principio y fin de la época en que el suceso ocurrió, o pudo haber ocurrido.

ARTICULO 113 - En los casos de los artículos anteriores, el cónyuge del ausente, los presuntos herederos legítimos, los instituidos por tales en un testamento abierto, o los legatarios, los que tuviesen derecho a bienes poseídos por el ausente, o los que tuviesen sobre sus bienes algún derecho subordinado a la condición de su muerte, el Ministerio Fiscal y el cónsul respectivo, si el ausente fuese extranjero, pueden pedir una declaración judicial del día presuntivo del fallecimiento del ausente, al juez del último domicilio o residencia de aquél.

ARTICULO 114 - Los que se presentasen pidiendo esta declaración, deben justificar el tiempo de la ausencia, las diligencias que hubiesen practicado para saber de la existencia del ausente, sin resultado alguno, el derecho a sucederle, y en su caso, el suceso del naufragio, terremoto, acción de guerra, etc., en que el ausente se encontraba.

ARTICULO 115 - El juez debe nombrar un defensor al ausente y un curador a sus bienes, si no hubiese administrador de ellos, y citar al ausente por los periódicos cada mes, por espacio de seis meses.

ARTICULO 116 - Pasados los seis meses, y recibidas las pruebas que presentaren los que hubiesen pedido la declaración del día presuntivo del fallecimiento del ausente, el juez, oído el defensor de éste, declarará la ausencia y el día presuntivo del fallecimiento del mismo, y mandará abrir, si existiese, el testamento cerrado que hubiese dejado.

ARTICULO 117 - En el caso del art. 110, el juez fijará, como día presuntivo del fallecimiento del ausente, el último día de los primeros tres años de la ausencia, o del día en que se tuvo de él la última noticia; y en el caso del art. 112, el día del conflicto de guerra, naufragio, terremoto, etc., si fuese conocido, y no siéndolo, el día del término medio entre el principio y fin de la época en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido.

ARTICULO 118 - Fijado el día presuntivo del fallecimiento, los herederos testamentarios, y en su falta los legítimos, a la época del presuntivo fallecimiento del ausente, o los herederos de éstos o los legatarios, entrarán en la posesión provisoria de los bienes del ausente bajo inventario formal y fianzas que aseguren su buena administración. Si no pudiesen dar fianzas, el juez podrá exigir la garantía que juzgue conveniente, o poner los bienes bajo la administración de un tercero.

ARTICULO 119 - Los derechos y las obligaciones del que hubiese obtenido la posesión provisoria, serán los mismos que los del curador del incapaz de administrar sus bienes.

ARTICULO 120 - Si dada la posesión provisoria, se presentase el ausente o hubiese noticia cierta de él, quedará sin efecto alguno.

ARTICULO 121 - Los herederos presuntivos o los herederos instituidos, después de dada la posesión provisoria, pueden hacer división provisoria de los bienes, sin poder enajenarlos, sean muebles o raíces, sin autorización judicial.

ARTICULO 122 - Pasados quince años desde la desaparición del ausente o desde que se tuvo noticia cierta de su existencia, u ochenta desde su nacimiento, el juez, a instancia de parte interesada, podrá dar la posesión definitiva de los bienes del ausente a los herederos instituidos, si hubiese testamento, y no habiéndolo, a los herederos presuntivos el día del presunto fallecimiento del ausente, a los legatarios y a todos los que tengan derechos subordinados a la condición de su muerte.

ARTICULO 123 - Con la posesión definitiva queda concluida y podrá liquidarse la sociedad conyugal.

ARTICULO 124 - Si el ausente apareciese después de dada la posesión definitiva de sus bienes, le serán entregados en el estado en que se encuentren, o los que con el valor de ellos se hubiesen comprado; pero no podrá exigir el valor de los consumidos, ni las rentas o intereses percibidos por los que hubiesen tenido la posesión definitiva.

ARTICULO 125 - Si el ausente hubiese dejado hijos legítimos, cuya existencia se ignoraba, podrán éstos pedir, y deberá entregárseles, los bienes del ausente, como en el caso de la aparición de éste. Lo mismo se hará si se presentasen herederos instituidos en un testamento del que no se tenía conocimiento, y los herederos probasen la efectiva muerte del testador.

TITULO IX

De los menores

ARTICULO 126 - Son menores las personas que no hubieren cumplido la edad de DIECIOCHO (18) años.'

texto anterior : Son menores las personas que no hubieren cumplido la edad de veintiún años.

Nota de Actualización:* Según ley 17.711. Texto del Código Civil: Son menores los individuos de uno y otro sexo, que no tuviesen la edad de veintidós años cumplidos.

ARTICULO 127 - * Son menores impúberes los que aún no tuvieren la edad de CATORCE (14) años cumplidos, y adultos los que fueren de esta edad hasta los DIECIOCHO (18) años cumplidos.'

Texto anterior: Son menores impúberes los que aún no tuvieren la edad de catorce años cumplidos, y adultos los que fueren de esta edad hasta los veintiún años cumplidos.

Nota de Actualización:* Según la ley 17.711. Texto del Código Civil: Son menores impúberes los que aún no tuviesen la edad de catorce años cumplidos, y adultos los que fuesen de esta edad hasta los veintidós años cumplidos.

ARTICULO 128 -  "Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad el día que cumplieren los DIECIOCHO (18) años.

El menor que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización, y administrar y disponer libremente de los bienes que adquiere con el producto de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones vinculadas a ello.'

texto anterior: Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad, el día en que cumplieren veintiún años, y por su emancipación antes que fuesen mayores."

Desde los dieciocho años el menor puede celebrar contrato de trabajo en actividad honesta sin consentimiento ni autorización de su representante, quedando a salvo al respecto las normas del derecho laboral. El menor que hubiere obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión podrá ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización.

En los dos supuestos precedentes el menor puede administrar y disponer libremente los bienes que adquiere con el producto de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones vinculadas a ellos.

Nota:128. SAVIGNY, p. 52. La incapacidad de los menores es limitada al derecho privado y no se extiende al derecho público. El hijo sujeto a la patria potestad podía, como su padre, por el Derecho romano, votar en las asambleas del pueblo y ejercer las más altas magistraturas. L.9, Dig. "De is qui sui filium familias in puplicis causis loco patris familias habetur. L. 14, ad. S. C. Trep. Nam. quod ad jus publicum atinet, non sequitur jus potestatis".

Nota de Actualización:* Según la ley 17.711. Texto del Código Civil: Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad, el día en que cumplieren veintidós años, y por su emancipación antes que fuesen mayores.

ARTICULO 129 - La mayor edad habilita, desde el día que comenzare para el ejercicio de todos los actos de la vida civil, sin depender de personalidad * alguna o autorización de los padres, tutores o jueces.

Nota de Actualización:* La edición de Nueva York - anterior a la vigente de la Imprenta La Pampa, dice "formalidad".

ARTICULO 130 - Para que los menores llegados a la mayor edad entren en la posesión y administración de sus bienes, cuando la entrega de éstos dependa de la orden de los jueces, bastará que simplemente presenten la prueba de su edad.

ARTICULO 131 - * Los menores que contrajeran matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil, con las limitaciones previstas en el artículo 134.

Si se hubieran casado sin autorización no tendrán hasta la mayoría de edad la administración y disposición de los bienes recibidos o que recibieren a título gratuito, continuando respecto a ellos el régimen legal vigente de los menores.'

texto anterior: Los menores que contrajeren matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil con las limitaciones previstas en el artículo 134.

Si se hubieren casado sin autorización, no tendrán hasta los veintiún años la administración y disposición de los bienes recibidos o que recibieren a título gratuito, continuando respecto a ellos el régimen legal vigente de los menores, salvo ulterior habilitación.

Los menores que hubieren cumplido dieciocho años podrán emanciparse por habilitación de edad con su consentimiento y mediante decisión de quienes ejerzan sobre ellos la autoridad de los padres. Si se encontraran bajo tutela podrá el juez habilitarlos a pedido del tutor o del menor, previa sumaria información sobre la aptitud de éste. La habilitación por los padres se otorgará por instrumento público que deberá inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Tratándose de la habilitación judicial bastará la inscripción de la sentencia en el citado Registro.

La habilitación podrá revocarse judicialmente cuando los actos del menor demuestren su inconveniencia, a pedido de los padres, de quien ejercía la tutela al tiempo de acordarla o del Ministerio Pupilar.

Nota de Actualización:* Según el art. 1º, ley 23.264. Anterior según ley 17.711: Los menores que contrajeren matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil con las limitaciones previstas en el art. 134.

Si se hubieren casado sin autorización, no tendrán hasta los veintiún años la administración y disposición de los bienes recibidos o que recibieren a título gratuito, continuando respecto de ellos el régimen legal vigente de los menores, salvo ulterior habilitación.

Los menores que hubieren cumplido dieciocho años podrán emanciparse por habilitación de edad mediante decisión de quien ejerza sobre ellos la patria potestad. Si se encontraren bajo tutela podrá el juez habilitarlo a pedido del tutor o del menor, previa sumaria información sobre la aptitud de éste. La habilitación paterna se otorgará por escritura pública que deberá inscribirse en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Tratándose de la habilitación judicial bastará la inscripción de la sentencia en el Registro.

A los efectos del ejercicio del comercio por el habilitado, deberá cumplirse con las disposiciones del Código respectivo.

La habilitación podrá revocarse judicialmente cuando los actos del menor demuestren su inconveniencia, a pedido del padre, de quien ejercía la tutela al tiempo de acordarla o del Ministerio Pupilar. Texto del Código Civil: La emancipación de los menores, sin distinción de sexo, sólo tendrá lugar en el caso de matrimonio de éstos, sin depender tampoco de formalidad alguna, cualquiera que fuese la edad en que se hubieren casado, con tal que el matrimonio se hubiese celebrado con la autorización necesaria, conforme a lo dispuesto en este Código. Ver art. 455, inc. 2º.

ARTICULO 132 - La invalidez del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, salvo respecto del cónyuge de mala fe para quien cesa a partir del día en que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada.

Si algo fuese debido al menor con cláusula de no poder percibirlo hasta la mayoría de edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad

texto anterior: Si el matrimonio fuese anulado, la emancipación será de ningún efecto desde el día en que la sentencia de nulidad pase en autoridad de cosa juzgada.

* En el caso del matrimonio putativo subsistirá la emancipación respecto del cónyuge de buena fe.

Nota de Actualización:* Párrafo agregado por ley 17.711.

ARTICULO 133 - * La emancipación por matrimonio es irrevocable y produce el efecto de habilitar a los casados para todos los actos de la vida civil, salvo lo dispuesto en los arts. 134 y 135, aunque el matrimonio se disuelva en su menor edad, tengan o no hijos. No obstante ello, la nueva aptitud nupcial se adquirirá una vez alcanzada la mayoría de edad.

Nota de Actualización:* Según ley 23.515. Según ley 17.711: 133. La emancipación por matrimonio es irrevocable y produce el efecto de habilitar a los casados para todos los actos de la vida civil, salvo lo dispuesto en los arts. 134 y 135, aunque el matrimonio se disuelva en su menor edad por muerte de uno de ellos, tengan o no hijos. Anterior: La emancipación es irrevocable y produce el efecto de habilitar a los casados para todos los actos de la vida civil, aunque el matrimonio se disuelva en su menor edad por muerte de uno de ellos, tengan o no hijos. Texto del Código Civil: La emancipación es irrevocable y produce el efecto de habilitar a los casados para todos los actos de la vida civil, aunque el matrimonio se disuelva en su menor edad por muerte de uno de ellos, tengan o no hijos.

ARTICULO 134 - * Los emancipados no pueden ni con autorización judicial:

1º Aprobar cuentas de sus tutores y darles finiquito;

2º Hacer donación de bienes que hubiesen recibido a título gratuito;

3º Afianzar obligaciones.

Nota de Actualización:* Según ley 17.711. Texto del Código Civil: Los menores emancipados por el matrimonio, no podrán ni con autorización del Defensor de Menores, y bajo pena de nulidad, aprobar las cuentas de sus tutores, y dar finiquito a éstos, ni hacer donaciones de bienes de cualquier especie y valor, por actos entre vivos. Ver art. 465 respecto de la aprobación de las cuentas de la tutela.

ARTICULO 135 - * Los emancipados adquieren capacidad de administración y disposición de sus bienes, pero respecto de los adquiridos por título gratuito antes o después de la emancipación, sólo tendrán la administración; para disponer de ellos deberán solicitar autorización judicial, salvo que mediare acuerdo de ambos cónyuges y uno de éstos fuere mayor de edad.

Nota de Actualización:* Según ley 17.711. Texto del Código Civil: Tampoco podrán sin expresa autorización del juez, y bajo pena de nulidad, vender o hipotecar bienes raíces, de cualquier valor que sean:

Ni vender los fondos o rentas públicas que tuviesen, ni las acciones de compañías de comercio o de industria;

Ni contraer deudas que pasen del valor de quinientos pesos;

Ni hacer arrendamientos, como arrendadores o arrendatarios, por plazo que exceda de tres años;

Ni recibir pagos que pasen de mil pesos;

Ni hacer transacciones, ni sujetar un negocio a juicio arbitral;

Ni estar en juicio en pleito civil.

ARTICULO 136 - La autorización judicial no será dada sino en caso de absoluta necesidad o de ventaja evidente, y las ventas que se hicieren de sus bienes, serán siempre en pública subasta.

ARTICULO 137 - Si alguna cosa fuese debida al menor con cláusula de sólo poder haberla cuando tenga la edad completa, la emancipación no alterará la obligación, ni el tiempo de su exigibilidad.

ARTICULO 138 - El que mude su domicilio de un país extranjero al territorio de la República, y fuese mayor o menor emancipado, según las leyes de este Código, será considerado como tal, aun cuando sea menor o no emancipado, según las leyes de su domicilio anterior.

ARTICULO 139 - Pero si fuese ya mayor o menor emancipado según las leyes de su domicilio anterior, y no lo fuese por las leyes de este Código, prevalecerán en tal caso aquéllas sobre éstas, reputándose la mayor edad o emancipación como un hecho irrevocable.

TITULO X

De los dementes e inhabilitados *

Nota de Actualización:* Título según ley 17.711. Título del Código Civil: "De los dementes". Ver en el Apéndice la ley 22.914 sobre internación de personas.

ARTICULO 140 - Ninguna persona será habida por demente, para los efectos que en este Código se determina, sin que la demencia sea previamente verificada y declarada por juez competente.

ARTICULO 141 - * Se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes.

Nota de Actualización:* Según ley 17.711. Texto del Código Civil: Se declaran dementes los individuos de uno y otro sexo que se hallen en estado habitual de manía, demencia o imbecilidad, aunque tengan intervalos lúcidos, o la manía sea parcial.

ARTICULO 142 - La declaración judicial de demencia no podrá hacerse sino a solicitud de parte, y después de un examen de facultativos.

ARTICULO 143 - Si del examen de facultativos resultare ser efectiva la demencia, deberá ser calificada en su respectivo carácter, y si fuese manía, deberá decirse si es parcial o total.

ARTICULO 144 - Los que pueden pedir la declaración de demencia son:

1º * El esposo o esposa no separados personalmente o divorciados vincularmente;

2º Los parientes del demente;

3º El Ministerio de Menores;

4º El respectivo cónsul, si el demente fuese extranjero;

5º Cualquier persona del pueblo, cuando el demente sea furioso, o incomode a sus vecinos.

Nota de Actualización:* Según ley 23.515, art. 2. Texto del Código Civil: 1º El esposo o esposa no divorciados.

ARTICULO 145 - Si el demente fuese menor de catorce años no podrá pedirse declaración de demencia.

ARTICULO 146 - Tampoco podrá solicitarse la declaración de demencia, cuando una solicitud igual se hubiese declarado ya improbada, aunque sea otro el que la solicitase, salvo si expusiese hechos de demencia sobrevinientes a la declaración judicial.

ARTICULO 147 - Interpuesta la solicitud de demencia, debe nombrarse para el demandado como demente, un curador provisorio que lo represente y defienda en el pleito, hasta que se pronuncie la sentencia definitiva. En el juicio es parte esencial el Ministerio de Menores.

ARTICULO 148 - Cuando la demencia aparezca notoria e indudable, el juez mandará inmediatamente recaudar los bienes del demente denunciado, y entregarlos, bajo inventario, a un curador provisorio, para que los administre.

ARTICULO 149 - * Si el denunciado como demente fuere menor de edad, su padre o su madre o su tutor ejercerán las funciones de curador provisorio.

Nota de Actualización:* Según art. 1º, ley 23.264. Texto del Código Civil: Si el denunciado como demente fuese menor de edad, su padre o su tutor ejercerán las funciones del curador provisorio.

ARTICULO 150 - La cesación de la incapacidad por el completo restablecimiento de los dementes, sólo tendrá lugar después de un nuevo examen de sanidad hecho por facultativos, y después de la declaración judicial, con audiencia del Ministerio de Menores.

ARTICULO 151 - La sentencia sobre demencia y su cesación, sólo hacen cosa juzgada en el juicio civil, para los efectos declarados en este Código, mas no en juicio criminal, para excluir una imputación de delitos o dar lugar a condenaciones.

ARTICULO 152 - Tampoco constituye cosa juzgada en el juicio civil, para los efectos de que se trata en los artículos precedentes, cualquiera sentencia en un juicio criminal que no hubiese hecho lugar a la acusación por motivo de la demencia del acusado, o que lo hubiese condenado como si no fuese demente el procesado.

ARTICULO 152 bis - * Podrá inhabilitarse judicialmente:

1º A quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio;

2º A los disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en el artículo 141 de este Código, el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio;

3º A quienes por la prodigalidad en los actos de administración y disposición de sus bienes expusiesen a su familia a la pérdida del patrimonio. Sólo procederá en este caso la inhabilitación si la persona imputada tuviere cónyuge, ascendientes o descendientes y hubiere dilapidado una parte importante de su patrimonio. La acción para obtener esta inhabilitación sólo corresponderá al cónyuge, ascendientes y descendientes.

Se nombrará un curador al inhabilitado y se aplicarán en lo pertinente las normas relativas a la declaración de incapacidad por demencia y rehabilitación.

Sin la conformidad del curador los inhabilitados no podrán disponer de sus bienes por actos entre vivos.

Los inhabilitados podrán otorgar por sí solos actos de administración, salvo los que limite la sentencia de inhabilitación teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

Nota de Actualización:* Artículo incorporado por ley 17.711. Sobre la prodigalidad ver nota al art. 54.

TITULO XI

De los sordomudos

ARTICULO 153 - Los sordomudos serán habidos por incapaces para los actos de la vida civil, cuando fuesen tales que no puedan darse a entender por escrito.

ARTICULO 154 - Para que tenga lugar la representación de los sordomudos, debe procederse como con respecto a los dementes; y después de la declaración oficial, debe observarse lo que queda dispuesto respecto a los dementes.

ARTICULO 155 - * El examen de los facultativos verificará si pueden darse a entender por escrito. Si no pudieren expresar su voluntad de ese modo, los médicos examinarán también si padecen de enfermedad mental que les impida dirigir su persona o administrar sus bienes y en tal caso se seguirá el trámite de incapacidad por demencia.

Nota de Actualización:* Según ley 17.711. Anterior: El examen de los facultativos será únicamente para verificar si pueden o no darse a entender por escrito.

ARTICULO 156 - Las personas que pueden solicitar la declaración judicial de la incapacidad de los dementes, pueden pedir la de la incapacidad de los sordomudos.

ARTICULO 157 - La declaración judicial no tendrá lugar sino cuando se tratare de sordomudos que hayan cumplido catorce años.

ARTICULO 158 - Cesará la incapacidad de los sordomudos, del mismo modo que la de los dementes.

SECCION SEGUNDA

De los derechos personales en las relaciones de familia

TITULO I

Del Matrimonio (*)

CAPITULO I

Régimen legal aplicable al matrimonio

Nota de Actualización: (*) Título sustituido por ley 23.515.

La ley 2393 ya derogada, sustituyó el Título original y dispuso en su art. 118 la incorporación al Código Civil en la primera edición oficial. Por no haberse realizado desde entonces ninguna edición oficial, se publicó siempre en el Apéndice .

Se transcribe a continuación el título original del Código con sus notas.

TITULO I

Del matrimonio (a)

CAPITULO I

Régimen del matrimonio

159. La validez del matrimonio, no habiendo poligamia o incesto, es regida por la ley del lugar en que se ha celebrado, aunque los contrayentes hayan dejado su domicilio por no sujetarse a las formas y leyes que en él rigen.

160. Los derechos y los deberes de los cónyuges son regidos por las leyes del domicilio matrimonial, mientras permanezcan en él. Si mudasen de domicilio, sus derechos y deberes personales serán regidos por las leyes del nuevo domicilio.

161. El contrato nupcial rige los bienes de matrimonio, cualesquiera que sean las leyes del domicilio matrimonial, o del nuevo domicilio en que los esposos se hallaren.

162. No habiendo convenciones nupciales, ni cambio del domicilio matrimonial, la ley del lugar donde el matrimonio se celebró, rige los bienes muebles de los esposos, dondequiera que se encuentren, o dondequiera que hayan sido adquiridos. Los bienes raíces son regidos por la ley del lugar en que estén situados.

163. Si hubiese cambio de domicilio, los bienes adquiridos por los esposos antes de mudarlo, son regidos por las leyes del primero. Los que hubiesen adquirido después del cambio, son regidos por las leyes del nuevo domicilio.

164. Es válido en la República, y produce los efectos civiles, el matrimonio celebrado en país extranjero que no produzca allí efectos civiles, si lo ha sido según las leyes de la Iglesia católica.

165. El matrimonio disuelto en territorio extranjero, en conformidad a las leyes del mismo país, pero que no hubiera podido disolverse según las leyes de la República Argentina, no habilita para casarse a ninguno de los cónyuges.

CAPITULO II

De los esponsales

166. La ley no reconoce esponsales de futuro. Ningún tribunal admitirá demanda sobre la materia, ni por indemnización de perjuicios que ellos hubiesen causado.

CAPITULO III

De la celebración del matrimonio

167. El matrimonio entre personas católicas debe celebrarse según los cánones y solemnidades prescriptas por la Iglesia católica.

168. La Ley reconoce como impedimentos para el matrimonio ante la Iglesia Católica, los establecidos por las leyes canónicas, perteneciendo a la autoridad eclesiástica el decidir sobre el impedimento, y el conceder dispensas de ellos.

169. El hijo legítimo de familia y el natural reconocido, que no hubiesen cumplido veintidós años *, necesitan para contraer cualquier clase de matrimonio autorizado por este código, el consentimiento paterno. Si falta el padre o se halla impedido para darlo, corresponde a la madre prestar su consentimiento.

170. Los padres no necesitan expresar la razón en que se funden para rehusar su consentimiento, y contra su disenso no se admite recurso alguno.

171. Exceptúase el caso en que los padres se hallen gozando del usufructo de los bienes particulares de su hijo, y entonces deben manifestar los motivos de su disenso.

172. El hijo menor que se casase sin el consentimiento de los padres, cuando éstos no están obligados a manifestar los motivos de su disenso, o cuando tales motivos se hubiesen juzgado legales, puede ser privado por éstos, hasta de una cuarta parte de la legítima que le corresponda por muerte de ellos.

173. Los menores que están bajo tutela, y los sordomudos que no saben darse a entender por escrito, necesitan para casarse, el consentimiento de sus tutores y curadores. Si éstos no lo prestasen, la causa de su disenso, como la del de los padres en el caso del art. 171, será calificada por el juez competente sin forma de proceso, en juicio privado y meramente informativo.

174. En caso de negar su consentimiento los padres, tutores y curadores, sólo serán atendibles las causas siguientes:

1º La existencia de cualquier impedimento legal;

2º Enfermedad contagiosa de la persona que pretenda casarse con el menor o con la menor;

3º Conducta desarreglada o inmoral de dicha persona;

4º Haber sido ésta condenada por algún crimen;

5º Falta de medios de subsistencia y de aptitud para adquirirlos;

175. Los menores de edad, ciudadanos o extranjeros que no tengan tutores, deben pedir su asentimiento al juez de primera instancia del territorio, quien podrá exigir las informaciones necesarias para prestarlo.

176. El párroco, pastor o sacerdote que casare a personas que debían antes obtener el asentimiento de sus padres, tutores o curadores, sin que le presenten la respectiva licencia, podrá ser acusado por el Ministerio Público.

177. Casándose los menores de uno y otro sexo sin las autorizaciones necesarias, les será negada la posesión y administración de sus bienes, hasta que sean mayores de edad. No habrá medio alguno de cubrir la falta de tales autorizaciones.

178. Los tutores y sus descendientes legítimos que estén bajo su potestad, no podrán contraer matrimonio con el menor o la menor que han tenido o tuviesen en guarda, hasta que, fenecida la tutela, no se hayan aprobado las cuentas de la administración. Si lo hicieren, el tutor pierde la asignación que tiene sobre las rentas del menor; y a más podrá ser acusado criminalmente, por abuso de su cargo.

179. El matrimonio se prueba por la inscripción en los registros de la parroquia o de las comuniones a que pertenecieren los casados. Si no existiesen registros o no pudiesen presentarse por haber sido celebrado en países distantes, puede probarse por los hechos que demuestren que marido y mujer se han tratado siempre como tales, y que así eran reconocidos en la sociedad y en las respectivas familias, y también por cualquier otro género de prueba.

CAPITULO IV

Del matrimonio celebrado con autorización de la Iglesia Católica

180. El matrimonio entre católico y cristiano no católico, autorizado por la Iglesia Católica, será celebrado como fuese de práctica en la Iglesia de la comunión a que perteneciere el esposo no católico.

181. Es nulo el matrimonio celebrado por sacerdotes disidentes, cuando uno de los esposos es católico, si no fuese inmediatamente celebrado por el párroco católico.

182. Corresponde a las autoridades de la Iglesia Católica conocer en los impedimentos de estos matrimonios, del mismo modo que en los matrimonios entre católicos, y conceder dispensas de ellos.

CAPITULO V

Del matrimonio celebrado sin autorización de la Iglesia Católica

183. El matrimonio celebrado sin autorización de la Iglesia Católica es el que se contrae entre cristianos no católicos, o entre personas que no profesan el cristianismo. Produce en la República todos los efectos civiles del matrimonio válido, si fuese celebrado de conformidad a las leyes de este código, y según las leyes y ritos de la Iglesia a que los contrayentes pertenecieren.

CAPITULO VI

Derechos y obligaciones de los cónyuges

184. Los esposos están obligados a guardarse fidelidad, sin que la infidelidad del uno autorice al otro a proceder del mismo modo. El que faltare a esta obligación puede ser demandado por el otro, o civilmente por acción de divorcio, o criminalmente por acusación de adulterio.

179. El matrimonio se prueba por la inscripción en los registros de la parroquia o de las comuniones a que pertenecieren los casados. Si no existiesen registros o no pudiesen presentarse por haber sido celebrado en países distantes, puede probarse por los hechos que demuestren que marido y mujer se han tratado siempre como tales, y que así eran reconocidos en la sociedad y en las respectivas familias, y también por cualquier otro género de prueba.

CAPITULO IV

Del matrimonio celebrado con autorización de la Iglesia Católica

180. El matrimonio entre católico y cristiano no católico, autorizado por la Iglesia Católica, será celebrado como fuese de práctica en la Iglesia de la comunión a que perteneciere el esposo no católico.

181. Es nulo el matrimonio celebrado por sacerdotes disidentes, cuando uno de los esposos es católico, si no fuese inmediatamente celebrado por el párroco católico.

182. Corresponde a las autoridades de la Iglesia Católica conocer en los impedimentos de estos matrimonios, del mismo modo que en los matrimonios entre católicos, y conceder dispensas de ellos.

CAPITULO V

Del matrimonio celebrado sin autorización de la Iglesia Católica

183. El matrimonio celebrado sin autorización de la Iglesia Católica es el que se contrae entre cristianos no católicos, o entre personas que no profesan el cristianismo. Produce en la República todos los efectos civiles del matrimonio válido, si fuese celebrado de conformidad a las leyes de este código, y según las leyes y ritos de la Iglesia a que los contrayentes pertenecieren.

CAPITULO VI

Derechos y obligaciones de los cónyuges

184. Los esposos están obligados a guardarse fidelidad, sin que la infidelidad del uno autorice al otro a proceder del mismo modo. El que faltare a esta obligación puede ser demandado por el otro, o civilmente por acción de divorcio, o criminalmente por acusación de adulterio.

189. Tampoco puede la mujer, sin licencia o poder del marido, celebrar contrato alguno, o desistir de un contrato anterior; ni adquirir bienes o acciones por título oneroso o lucrativo; ni enajenar, ni obligar sus bienes; ni contraer obligación alguna, ni remitir obligación a su favor.

190. Se presume que la mujer está autorizada por el marido, si ejerce públicamente alguna profesión o industria, como directora de un colegio, maestra de escuela, actriz, etc., y en tales casos se entiende que está autorizada por el marido para todos los actos o contratos concernientes a su profesión o industria, si no hubiese reclamación por parte de él, anunciada al público o judicialmente intimada a quien con ella hubiese de contratar. Se presume también la autorización del marido, en las compras al contado que la mujer hiciese, y en las compras al fiado de objetos destinados al consumo ordinario de la familia.

191. No es necesaria la autorización del marido en los pleitos de la mujer contra el marido, o del marido contra la mujer, o cuando la mujer es acusada criminalmente, o cuando hiciere su testamento o revocare el que hubiese hecho, ni para la administración de bienes que ella hubiese reservado por el contrato de matrimonio.

192. La mujer, el marido y los herederos de ambos, son los únicos que pueden reclamar la nulidad de los actos y obligaciones de la mujer por falta de la licencia del marido.

193. Bastará que la mujer sea solamente autorizada por el juez del domicilio, cuando estuviese el marido demente o en lugar no conocido; en los casos del art. 177, por ser menor el marido o la mujer, y se hubiesen casado sin las autorizaciones necesarias; o en los casos del art. 135, en cuanto a los actos que los menores casados no pueden ejecutar.

194. Los tribunales, con conocimiento de causa, pueden suplir la falta de la autorización del marido cuando éste se hallare ausente o impedido para darla, o la rehusare sin motivo fundado, y ella fuese necesaria y útil a la mujer o al matrimonio.

195. El marido puede revocar a su arbitrio la autorización que hubiere concedido a su mujer, pero la revocación no tendrá efecto retroactivo en perjuicio de tercero.

196. El marido puede ratificar general o especialmente los actos para los cuales no hubiese autorizado a su mujer. La ratificación puede ser tácita por hechos del marido que manifiesten inequívocamente su aquiescencia.

197. Los actos y contratos de la mujer no autorizada por el marido, o autorizada por el juez contra la voluntad del marido, obligarán solamente sus bienes propios, si no pidiere ella rescisión de la obligación en el primer caso; pero no obligarán el haber social ni los bienes del marido, sino hasta la concurrencia del beneficio que la sociedad conyugal o el marido hubiesen reportado del acto, a no ser que el régimen del matrimonio fuese el de una comunidad universal.

CAPITULO VII

Del divorcio

198. El divorcio que este Código autoriza consiste únicamente en la separación personal de los esposos, sin que sea disuelto el vínculo matrimonial.

199. No puede renunciarse en las convenciones matrimoniales la facultad de pedir el divorcio al juez competente.

200. No hay divorcio por mutuo consentimiento de los esposos. Ellos no serán tenidos por divorciados sin sentencia del juez competente.

CAPITULO VIII

Del divorcio de los casados ante la Iglesia Católica o con autorización de ella

201. El conocimiento de las causas de divorcio entre los casados ante la Iglesia católica o con autorización de ella, en los matrimonios mixtos, corresponde únicamente a la autoridad eclesiástica.

202. Corresponde exclusivamente a los jueces civiles conocer de todos los efectos civiles del divorcio en relación con la persona de los cónyuges, crianza y educación de los hijos, y de los bienes de la sociedad conyugal.

203. Admitida la demanda de divorcio por el juez eclesiástico, el juez civil, a instancia de parte, señalará los alimentos que el marido debe prestar a la mujer, y dispondrá que las expensas del juicio de divorcio sean satisfechas por el marido.

CAPITULO IX

Del divorcio entre los casados sin autorización de la Iglesia Católica

204. El juez civil conoce de la causas de divorcio entre los casados sin autorización de la Iglesia católica.

Las causas de divorcio en estos matrimonios son las siguientes:

1º Adulterio de la mujer o del marido;

2º Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro;

3º Ofensas físicas o malos tratamientos.

205. Puesta la acción de divorcio, o antes de ella en casos de urgencia, podrá el juez, a instancia de parte, decretar la separación personal de los casados y depósito de la mujer en casa honesta, dentro de los límites de su jurisdicción; determinar el cuidado de los hijos, con arreglo a las disposiciones de este Código, y los alimentos que han de prestarse a la mujer y a los hijos que no quedaren en poder del padre, como también las expensas necesarias a la mujer para el juicio de divorcio.

206. Si alguno de los cónyuges fuese menor de edad, no podrá estar en juicio, como demandante o demandado, sin la asistencia de un curador especial, que para este solo fin elegirá la parte o nombrará el juez.

207. Toda clase de prueba será admitida en este juicio, con excepción de la confesión o juramento de los cónyuges.

CAPITULO X

Efectos del divorcio en toda clase de matrimonios

208. Los esposos que vivan separados durante el juicio de divorcio o en virtud de la sentencia de divorcio, tienen obligación de guardarse mutuamente fidelidad, y podrá ser criminalmente acusado por el otro, el que cometiere adulterio.

209. Separados por sentencia de divorcio, cada uno de los cónyuges puede fijar su domicilio o residencia donde crea conveniente, aunque sea en país extranjero; pero si tuviese hijos a su cargo, no podrá transportarlos a país extranjero sin licencia del juez del domicilio.

210. La mujer podrá ejercer todos los actos de la vida civil, exceptuando el estar en juicio como actora o demandada sin licencia del marido o del juez del domicilio.

211. Si durante el juicio del divorcio, la conducta del marido hiciese temer enajenaciones fraudulentas en perjuicio de la mujer, o disipación de los bienes del matrimonio, ésta podrá pedir al juez del domicilio, que se haga inventario de ellos y se pongan a cargo de otro administrador, o que el marido dé fianza del importe de los bienes dada la sentencia de divorcio, los cónyuges pueden pedir la separación de los bienes del matrimonio, en los términos que se prescribirá en el título de la sociedad conyugal.

212. El cónyuge inocente que no hubiese dado causas al divorcio, podrá revocar las donaciones o ventajas que en el contrato del matrimonio hubiere hecho o prometido al otro cónyuge, y que debían tener efecto en vida o después de su fallecimiento.

213. Los hijos menores de cinco años quedarán siempre a cargo de la mujer. Los mayores de esta edad se entregarán al esposo, que a juicio del juez, sea el más a propósito para educarlos, sin que se pueda alegar por el marido o por la mujer, preferente derecho a tenerlos.

214. Si por acusación criminal de alguno de los esposos, contra el otro, hubiese condenación a prisión, reclusión o destierro, ninguno de los hijos de cualquier edad que sea, deberá ir con el que deba cumplir alguna de estas penas.

215. El padre y la madre quedarán ambos sujetos a todas las cargas y obligaciones que tienen para con sus hijos cualquiera de ellos que sea el que hubiese dado causa al divorcio.

216. El marido que hubiere dado causa al divorcio debe contribuir a la subsistencia de la mujer. El juez determinará la cantidad y forma, atendida las circunstancias de ambos.

217. Cualquiera de los esposos que hubiere dado causa al divorcio, tendrá derecho a que el otro, si tiene medios, le provea de lo preciso para su subsistencia, si le fuese de toda necesidad, y no tuviere recursos propios.

218. Si se reconciliasen marido y mujer, se restituirá todo al estado que tenía antes del día del divorcio o de la demanda. La ley presume la reconciliación, cuando el marido cohabita con la mujer después de haber dejado la habitación común.

CAPITULO XI

De la disolución del matrimonio

219. El matrimonio válido no se disuelve sino por muerte de uno de los esposos.

220. El matrimonio que puede disolverse según las leyes del país en que se hubiese celebrado, no se disolverá en la República sino en conformidad al artículo anterior.

221. Compete al juez eclesiástico conocer de la disolución del matrimonio celebrado ante la Iglesia católica, o con autorización de ella.

222. Corresponde al juez civil conocer de la disolución del matrimonio celebrado sin autorización de la Iglesia católica.

223. El fallecimiento presunto del cónyuge ausente o desaparecido no habilita al otro esposo para contraer nuevo matrimonio. Mientras no se pruebe el fallecimiento del cónyuge ausente o desaparecido, el matrimonio no se reputa disuelto.

CAPITULO XII

De la nulidad del matrimonio

224. La acción de nulidad de un matrimonio no puede intentarse sino en vida de los dos esposos.

225. Compete al juez eclesiástico conocer de la nulidad de los casamientos celebrados ante la Iglesia Católica o con autorización de ella.

226. Corresponde al juez civil conocer de todos los efectos civiles de los matrimonios declarados nulos, o decretar las medidas provisorias que fuesen necesarias durante el juicio de nulidad, respecto a las personas y a los bienes de los esposos.

227. Corresponde exclusivamente al juez civil conocer de la nulidad de los matrimonios celebrados sin autorización de la Iglesia Católica.

228. Las disposiciones de este Código sobre la nulidad de los actos jurídicos, son extensivas a los matrimonios celebrados sin autorización de la Iglesia Católica.

229. Las causas de nulidad de los matrimonios, celebrados ante la Iglesia Católica son extensivas a los que se celebrasen sin autorización de ella, con la sola excepción de necesitar de la asistencia del párroco, siempre que el matrimonio hubiese sido bendecido por algún sacerdote de la comunión de los esposos.

230. Si el matrimonio anulado fuese putativo, es decir, contraído de buena fe por ambos cónyuges, producirá hasta el día de la sentencia que lo anule, todos los efectos del matrimonio válido, no sólo en relación a la persona y bienes de los mismos cónyuges, sino también en relación a los hijos. En tal caso la nulidad sólo tendrá los efectos siguientes:

1º En cuanto a los cónyuges, cesarán todos los derechos y obligaciones que produce el matrimonio. Exceptúase únicamente la obligación recíproca de prestarse alimentos en caso necesario;

2º En cuanto a los bienes, los mismos efectos del fallecimiento de uno de los cónyuges; pero antes del fallecimiento de uno de ellos, el otro no tendrá derecho a las ventajas o beneficios que en el contrato de matrimonio se hubiesen hecho al que de ellos sobreviviese;

3º En cuanto a los hijos concebidos durante el matrimonio putativo, serán considerados como legítimos con los derechos y obligaciones de los hijos de un matrimonio legítimo. En cuanto a los hijos naturales concebidos antes del matrimonio putativo entre el padre y la madre, y nacidos después, quedarán legitimados en los mismos casos en que el subsiguiente matrimonio válido produce este efecto.

231. Si hubo buena fe de parte de uno de los cónyuges, el matrimonio putativo, hasta el día de la sentencia que lo anulare, producirá también los efectos del matrimonio válido, mas sólo respecto al esposo de buena fe y a los hijos, y no respecto al cónyuge de mala fe. La nulidad en este caso tendrá los efectos siguientes:

1º El cónyuge de mala fe no podrá exigir que el de buena fe le preste alimentos.

2º El cónyuge de mala fe no tendrá derecho a ninguna de las ventajas que se hubiesen hecho en el contrato de matrimonio.

3º El cónyuge de mala fe no tendrá patria potestad sobre los hijos.

232. Si el matrimonio anulado no fuese putativo, es decir, si fuese contraído de mala fe por ambos cónyuges, no producirá efectos algunos civiles. Su nulidad tendrá los efectos siguientes:

1º En cuanto a la persona de los cónyuges, su unión será reputada como un mero concubinato;

2º En relación a los bienes, se procederá como en el caso de la disolución de una sociedad de hecho, quedando sin efecto alguno el contrato de matrimonio;

3º En cuanto a los hijos, serán considerados como ilegítimos, y en la clase que los pusiera el impedimento que causare la nulidad.

233. Consiste la mala fe de los cónyuges en el conocimiento que hubiese tenido o debido tener, el día de la celebración del matrimonio, del impedimento que cause la nulidad. No habrá buena fe ni por motivo de ignorancia o error de derecho, ni por motivo de ignorancia o error de hecho que no sea excusable, a menos que el error fuese ocasionado por dolo.

234. El cónyuge de buena fe puede demandar al cónyuge de mala fe, y a los terceros que hubiesen provocado el error, por indemnización de perjuicio recibido.

235. En todos los casos de los artículos precedentes, la nulidad no perjudica los derechos adquiridos por terceros, que de buena fe hubiesen contratado con los supuestos cónyuges.

CAPITULO XIII

De las segundas o ulteriores nupcias

236. La viuda no podrá casarse hasta pasados trescientos días de disuelto o anulado el matrimonio. Si quedase encinta podrá sólo hacerlo después del alumbramiento. Si antes de este tiempo contrajere matrimonio, pierde los legados y cualquiera otra liberalidad o beneficio que el primer marido le hubiese hecho en su testamento.

237. El viudo o viuda que teniendo hijos del precedente matrimonio, pase a ulteriores nupcias, está obligado a reservar a los hijos del primer matrimonio, o a sus descendientes legítimos, la propiedad de los bienes que por testamento o "ab intestato" hubiese heredado de alguno de ellos, conservando sólo durante su vida el usufructo de dichos bienes.

238. Cesa la obligación de la reserva, si al morir el padre o la madre que contrajo segundo matrimonio, no existen hijos ni descendientes legítimos de ellos, aun cuando existan sus herederos.

239. La viuda que teniendo bajo su potestad hijos menores de edad, contrajere segundo matrimonio, debe pedir al juez que les nombre tutor. Si no lo hiciere, es responsable con todos sus bienes de los perjuicios que resultaren en adelante a los intereses de sus hijos. La misma obligación y responsabilidad tiene el marido de ella.

ARTICULO 159 - Las condiciones de validez intrínsecas y extrínsecas del matrimonio se rigen por el derecho del lugar de su celebración, aunque los contrayentes hubiesen dejado su domicilio para no sujetarse a las normas que en él rigen.

Nota:159. "La poligamia y el incesto en toda la cristiandad, dice STORY, causan la nulidad del matrimonio". Pero, ¿hasta qué grado la unión de los parientes puede llamarse incestuosa?. En muchas naciones los grados del Levítico han formado el término desde donde únicamente puede comenzar la unión legítima. En Inglaterra son respetados los grados del Levítico, limitados al tercer grado de consanguinidad, y al segundo de afinidad, es decir que es incestuosa la unión de los sobrinos con los tíos, lo mismo que la de los cuñados. "Mas sería muy difícil, dice KENT ('Lect.', 26, ps. 83 y 84), sostener toda unión como incestuosa fuera del segundo grado, que es entre hermanos en la línea colateral. En la línea recta, toda unión es incestuosa, sea el parentesco de consanguinidad o de afinidad. Si en el país no hay una ley especial sobre incesto, debemos estar a la ley natural. La práctica de todas las naciones de la cristiandad reputa inmoral, incestuosa y contraria a la pureza que debe reinar en las familias, y prohibida también por ley natural, la unión de los hermanos, sean de padre y madre, o sólo de padre o de madre. Esta ha venido a ser la regla o la ley común del género humano, y en ese grado debe acabar el incesto, si la legislatura del pueblo no ha señalado otro grado ulterior".

En cuanto a los parientes por afinidad, puede decirse que no hay incesto fuera de la línea recta. En los Estados americanos, dice STORY, la unión de los cuñados no sólo es tenida como legal, sino que se reputa moral, religiosa y conforme a las doctrinas cristianas.

Respecto al fondo del artículo, STORY, desde el § 121, discute extensamente la materia: transcribe la opinión de los principales jurisconsultos que la han tratado, y expone las razones que la fundan, aun respecto a los que al parecer, por defraudar la ley, salen de su domicilio y van a otro país a celebrar el matrimonio. Demuestra con los textos de los más célebres teólogos españoles, como SANCHEZ, que no hay fraude a la ley y que sólo usan de su derecho, desde que no haya una prohibición especial respecto a ese caso.

(a) La legislación sobre el matrimonio desde la era cristiana hasta el presente, ha partido del punto de vista especial que cada legislador tomó sobre tan importante acto. En un tiempo, la Iglesia católica lo consideró sólo como un sacramento y la idea religiosa dominó todo el derecho. Vino la Revolución Francesa, y el matrimonio fue legislado por sólo los principios que rigen los contratos. La lógica del jurisconsulto fácilmente dedujo del error de que partía, las formas que debían acompañarlo para su validez: el divorcio perpetuo, y la omnímoda facultad de hacer las convenciones matrimoniales que los esposos quisieran. Los extremos no podían satisfacer ni la conciencia de los pueblos cristianos, ni las relaciones indispensables en las familias, ni menos las necesidades sociales. Un hecho de la importancia y resultados del matrimonio no podría descender a las condiciones de una estipulación cualquiera. La sociedad no marcharía a la par de las leyes: serían necesarias tantas excepciones al contrato, que vendrían a quedar sin ninguno de los principios que sirven de base a las convenciones particulares.

Había otra manera de considerar el acto que dejaba completamente libre al legislador para formular las condiciones todas del matrimonio, y era reputarlo como una institución social fundada en el consentimiento de las partes; y entonces las peculiaridades de su naturaleza, su carácter y la extensión de las obligaciones, tan diferentes de las de los contratos, podían corresponder al fin de su institución. Como bajo este punto de vista consideraremos el matrimonio, pondremos un notable párrafo de Lord ROBERTSON, en sus notas a FERGUSTON sobre el matrimonio y el divorcio, que responderá a todas las objeciones jurídicas que pueda hacerse a los artículos de este título.

"Siendo el matrimonio, dice, un contrato consensual, puede juzgarse que la 'Lex loci' es la que debe resolver toda cuestión que respecto a él nazca; pero debe observarse que el matrimonio es un contrato 'sui generis', diferente en muchos respectos de todos los otros contratos, y tanto, que las reglas de derecho aplicables a los otros contratos, no pueden aplicarse a éste, ni en su constitución, 'ni en los medios de ejecución'. El matrimonio es la más importante de todas las transacciones humanas. Es la base de toda la constitución de la sociedad civilizada. Se diferencia de los otros contratos, en que los derechos, las obligaciones y los deberes de los esposos no son reglados por las convenciones de las partes, sino que son materia de la ley civil, la cual los interesados, sea cual fuere la declaración de su voluntad, no pueden alterar en cosa alguna. El matrimonio confiere el 'estado' de la legitimidad a los hijos que nazcan y los derechos, deberes, relaciones y privilegios que de ese estado se originan; da nacimiento a las relaciones de consanguinidad y afinidad; en una palabra, domina todo el sistema de la sociedad civil. No teniendo semejanza con los otros contratos, puede celebrarse a una edad en que no es permitida la más indiferente estipulación, y entre tanto, en las naciones civilizadas no puede ser disuelto por mutuo consentimiento, y subsiste en toda su fuerza, aun cuando una de las partes venga a ser para siempre, incapaz de llenar las obligaciones del contrato, como en el caso de una demencia incurable, que no le permita cumplir la parte que le corresponda en esa convención. No es extraño, pues, que los derechos, deberes y obligaciones que nazcan de tan importante contrato, no se dejen a la voluntad de los contratantes, sino que sean regidos por las leyes de cada país.

"Aunque un matrimonio que es contraído, conforme a la 'lex loci' pueda ser válido en todas partes, sin embargo, la ley pública del domicilio, que es imperativa sobre todos los habitantes que están dentro de su jurisdicción, no puede ser afectada por la circunstancia de que el matrimonio fue celebrado en un país donde la ley era diferente, como sucede en los contratos, porque a un individuo que esté domiciliado aquí, no se le puede permitir que importe a este país una ley peculiar que se halle en oposición a las grandes e importantes leyes públicas que nuestra legislatura ha juzgado esencialmente ligadas a los más grandes intereses de la sociedad".

Agregaremos a esto lo que dice sobre la materia SAVIGNY: "Se ha querido colocar al matrimonio al lado de la venta o de la sociedad, como un mero contrato consensual, que por 'una singular inadvertencia' olvidaron los romanos ". "Cuando el sacerdote pregunta a los esposos si quieren prometerse amor y fidelidad hasta la muerte, y los esposos hacen la promesa, esta declaración no implica la promesa de ciertos actos determinados, ni la sumisión a una ejecución jurídica en el caso de que esos actos no se cumpliesen. Esa promesa significa sólo, que los esposos conocen los preceptos del cristianismo sobre el matrimonio, y que tienen la intención de conformar a ellos toda su vida" (t. 3, § 141).

ARTICULO 160 - No se reconocerá ningún matrimonio celebrado en un país extranjero si mediaren algunos de los impedimentos de los incs. 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, ó 7º del art. 166.

ARTICULO 161 - La prueba del matrimonio celebrado en el extranjero se rige por el derecho del lugar de celebración.

El matrimonio celebrado en la República cuya separación personal haya sido legalmente decretada en el extranjero, podrá ser disuelto en el país en las condiciones establecidas en el art. 216, aunque el divorcio vincular no fuera aceptado por la ley del Estado donde se decretó la separación. Para ello cualquiera de los cónyuges deberá presentar ante el juez de su actual domicilio la documentación debidamente legalizada.

ARTICULO 162 - Las relaciones personales de los cónyuges serán regidas por la ley del domicilio efectivo, entendiéndose por tal el lugar donde los mismos viven de consuno. En caso de duda o desconocimiento de éste, se aplicará la ley de la última residencia.

El derecho a percibir alimentos y la admisibilidad, oportunidad y alcance del convenio alimentario, si lo hubiere, se regirán por el derecho del domicilio conyugal. El monto alimentario se regulará por el derecho del domicilio del demandado si fuera más favorable a la pretensión del acreedor alimentario.

Las medidas urgentes se rigen por el derecho del país del juez que entienda en la causa.

ARTICULO 163 - Las convenciones matrimoniales y las relaciones de los esposos con respecto a los bienes se rigen por la ley del primer domicilio conyugal, en todo lo que, sobre materia de estricto carácter real, no esté prohibido por la ley del lugar de ubicación de los bienes. El cambio de domicilio no altera la ley aplicable para regir las relaciones de los esposos en cuanto a los bienes, ya sean adquiridos antes o después del cambio.

Nota:160, 161, 162 y 163. Estos artículos son tomados de las resoluciones de STORY, en el cap. 6º de su obra "Conflict of Laws", y del Cód. de Luisiana, art. 2370. STORY trae sobre la materia la más importante discusión, exponiendo la opinión de los principales jurisconsultos franceses y alemanes, y las decisiones de los tribunales de Inglaterra y Estados Unidos.

ARTICULO 164 - La separación personal y la disolución del matrimonio se rigen por la ley del último domicilio de los cónyuges, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 161.

Nota:164. El matrimonio meramente religioso no es admitido en Francia, ni lo era por el Cód. de Nápoles, donde para surtir efectos civiles deben celebrarse dos matrimonios, el matrimonio religioso y el matrimonio civil, y el uno sin el otro no produce efecto alguno.

CAPITULO II

De los esponsales

ARTICULO 165 - Este Código no reconoce esponsales de futuro. No habrá acción para exigir el cumplimiento de la promesa de matrimonio.

Nota:165. Las leyes de Escocia declaran disoluble el matrimonio por diversas causas, y cuando el caso ha llegado de quererse casar en Inglaterra los que estaban casados en Escocia, ha nacido la cuestión de si la disolución del matrimonio en conformidad a las leyes del domicilio de los cónyuges, los autoriza para volverse a casar en otro país donde no rijan leyes semejantes.

STORY, en el cap. 5º, se ocupa extensamente de la cuestión que ahora también se presenta en algunos de los Estados de América. Trae y funda las diversas resoluciones de las Cortes de Justicia en Inglaterra. Sea cual fuere la resolución de los países protestantes en este punto, yo creo, que siendo entre nosotros indisoluble el matrimonio, si bien podemos tener por legítimo el que se ha contraído en otro país, disuelto el vínculo de un primer matrimonio, no podemos permitir que tales matrimonios se celebren en la República con efectos civiles.

CAPITULO III

De los impedimentos

ARTICULO 166 - Son impedimentos para contraer el matrimonio:

1º La consanguinidad entre ascendientes y descendientes sin limitación;

2º La consanguinidad entre hermanos o medio hermanos;

3º El vínculo derivado de la adopción plena, en los mismos casos de los incs. 1º, 2º y 4º. El derivado de la adopción simple, entre adoptante y adoptado, adoptante y descendiente o cónyuge del adoptado, adoptado y cónyuge del adoptante, hijos adoptivos de una misma persona, entre sí, y adoptado e hijo del adoptante. Los impedimentos derivados de la adopción simple subsistirán mientras ésta no sea anulada o revocada;

4º La afinidad en línea recta en todos los grados;

5º Tener la mujer menos de dieciséis años y el hombre menos de dieciocho años;

6º El matrimonio anterior, mientras subsista;

7º Haber sido autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges;

8º La privación permanente o transitoria de la razón, por cualquier causa que fuere;

9º La sordomudez cuando el contrayente afectado no sabe manifestar su voluntad en forma inequívoca por escrito o de otra manera.

Nota:166. Proyecto de GOYENA, art. 47. En contra, el tít. 1, de la Part. 4ª, la ley 18, tít. 2, lib. 10, Nov. Rec.: el Cód. sardo, arts. 106 y 107, y los de Baviera, Prusia, Nápoles y Austria. En Inglaterra no hay esponsales, SEOANE, en su obra sobre legislación comparada, dice que en toda la Europa están desusados los esponsales.

ARTICULO 167 - Podrá contraerse matrimonio válido en el supuesto del art. 166, inc. 5º, previa dispensa judicial.

La dispensa se otorgará con carácter excepcional y sólo si el interés de los menores lo exigiese previa audiencia personal del juez con quienes pretendan casarse y los padres o representantes legales del que fuera menor.

Nota:167. Las diversas comuniones cristianas, los cultos idólatras, las religiones que admiten la poligamia y las que autorizan el divorcio, están acordes en dar al matrimonio un carácter religioso. De los Códigos modernos sólo el de Bélgica, el del Ducado de Baden, y últimamente el de Cerdeña, hacen del matrimonio un simple acto civil, que para su validez no requiere la consagración de la Iglesia. Los pueblos sujetos a la iglesia griega reconocen un sacramento en la unión conyugal, y la celebración del matrimonio debe hacerse en conformidad a las leyes de la Iglesia (Cód. de Rusia, Título "Del matrimonio"). Las naciones que siguen las religiones protestantes, aunque miran el matrimonio como un contrato civil, han juzgado que el simple contrato no bastaba para dar al matrimonio el carácter que debe tener, y han dispuesto que para ser válido debe celebrarse ante la Iglesia y por un sacerdote de la religión de los esposos (BLACKSTONE, lib. 1, cap. 15). Podemos decir entonces, que en todas las naciones de Europa y de América, con excepción de tres, el matrimonio civil del Cód. francés no ha encontrado imitadores.

Las personas católicas, como las de los pueblos de la República Argentina, no podrían contraer el matrimonio civil. Para ellas serán un perpetuo concubinato, condenado por su religión y por las costumbres del país. La ley que autorizara tales matrimonios, en el estado actual de nuestra sociedad, desconocería la misión de las leyes, que es sostener y acrecentar el poder de las costumbres y no enervarlas y corromperlas. Sería incitar a las personas católicas a desconocer los preceptos de su religión, sin resultado favorable a los pueblos y a las familias.

Para los que no profesan la religión católica, la ley que da al matrimonio carácter religioso, no ataca en manera alguna la libertad de cultos, pues que ella a nadie obliga a abjurar sus creencias. Cada uno puede invocar a Dios en los altares de su culto.

 

El resultado que ha producido en Francia la ley del matrimonio civil, nos demuestra que el Cód. de Napoleón no ha hecho sino obligar a católicos y protestantes a contraer dos matrimonios, el civil y el religioso. Sólo a los que no profesan religión alguna, puede satisfacer el matrimonio civil. Otras veces ha causado cuestiones de las más grandes consecuencias la validez del acto civil, cuando no es seguido de la celebración religiosa, que debía suponerse una condición implícita, bajo la cual únicamente una persona católica podía consentir en el matrimonio civil. "Cuando una mujer sostenga ante los tribunales, dice BRESSOLLES, que con sólo el acto civil no está casada, que así se lo enseñan y se lo mandan los preceptos de su religión, y que ningún poder sobre la tierra la obligaría a vivir en un estado que para ella no es sino un comercio criminal, ¿qué responderíamos a este grito imperioso de la conciencia, y qué recurso nos ofrece la ley? Ninguno, le responde THIERRIET, por más vergonzoso que esto sea para nuestra civilización. La nulidad del matrimonio, le contesta BRESSOLLES, si nos guiamos por los principios que rigen los contratos" (Revista de legislación de Wolowski, año 1846, t. 3, p. 342). En ese mismo tomo, desde la p. 161, puede verse la discusión sobre el matrimonio civil entre los jurisconsultos BRESSOLLES, DELPECH Y THIERRIET.

ARTICULO 168 - Los menores de edad, aunque estén emancipados por habilitación de edad, no podrán casarse entre sí ni con otra persona sin el asentimiento de sus padres, o de aquel que ejerza la patria potestad, o sin el de su tutor cuando ninguno de ellos la ejerce o, en su defecto, sin el del juez.

ARTICULO 169 - En caso de haber negado los padres o tutores su asentimiento al matrimonio de los menores, y éstos pidiesen autorización al juez, los representantes legales deberán expresar los motivos de su negativa, que podrán fundar en:

1º La existencia de alguno de los impedimentos legales;

2º La inmadurez psíquica del menor que solicita autorización para casarse;

3º La enfermedad contagiosa o grave deficiencia psíquica o física de la persona que pretende casarse con el menor.

4º La conducta desordenada o inmoral o la falta de medios de subsistencia de la persona que pretende casarse con el menor.

Nota:169. L. 18, tít. 2, lib. 10, Nov. Rec.

ARTICULO 170 - El juez decidirá las causas de disenso en juicio sumarísimo, o por la vía procesal más breve que prevea la ley local.

Nota:170. Cód. de Holanda, art. 90; de Chile, art. 112. Proyecto de GOYENA, art. 53. El Cód. francés guarda silencio sobre la materia. En contra: L. 18; tít. 2, lib. 10, Nov. Rec. L. 3, tít. 2, lib. 23, Dig. y los Códigos de Nápoles, art. 165; sardo, art. 112 y prusiano, art. 68.

ARTICULO 171 - El tutor y sus descendientes no podrán contraer matrimonio con el menor o la menor que ha tenido o tuviere aquél bajo su guarda hasta que, fenecida la tutela, haya sido aprobada la cuenta de su administración.

Si lo hicieran, el tutor perderá la asignación que le habría correspondido sobre las rentas del menor.

CAPITULO IV

Del consentimiento

ARTICULO 172 - Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por hombre y mujer ante la autoridad competente para celebrarlo.

El acto que careciere de algunos de estos requisitos no producirá efectos civiles aunque las partes hubieran obrado de buena fe, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.

Nota:172. Véase L. 10, tít. 2, lib. 10, Nov. Rec. La pragmática de 1776 facultaba a los padres para desheredarlos. Lo mismo y con más dureza el Cód. de Chile, art. 114 y el Cód. sardo, arts. 109 y 110. De la mitad de la legítima, el Cód. de Prusia, arts. 997 y 1000.

ARTICULO 173 - Se considera matrimonio a distancia aquel en el cual el contrayente ausente expresa su consentimiento personalmente ante la autoridad competente para autorizar matrimonios del lugar en que se encuentra.

La documentación que acredite el consentimiento del ausente sólo podrá ser ofrecida dentro de los noventa (90) días de la fecha de su otorgamiento.

Nota:173. L. 10, tít. 2, lib. 10, Nov. Rec. y Cód. de Chile, art. 112.

ARTICULO 174 - El matrimonio a distancia se reputará celebrado en el lugar donde se presta el consentimiento que perfecciona el acto. La autoridad competente para celebrar el matrimonio deberá verificar que los contrayentes no están afectados por los impedimentos legales y juzgará las causas alegadas para justificar la ausencia. En caso de negarse el oficial público a celebrar el matrimonio, quien pretenda contraerlo con el ausente podrá recurrir al juez competente.

ARTICULO 175 - Vician el consentimiento la violencia, el dolo y el error acerca de la persona del otro contrayente. También lo vicia el error acerca de cualidades personales del otro contrayente si se prueba que, quien lo sufrió, no habría consentido el matrimonio si hubiese conocido el estado de cosas y apreciado razonablemente la unión que contraía. El juez valorará la esencialidad del error considerando las condiciones personales y circunstancias de quien lo alega.

Nota:175. Cód. de Austria, art. 51.

CAPITULO V

De la oposición a la celebración del matrimonio

ARTICULO 176 - Sólo pueden alegarse como motivos de oposición los impedimentos establecidos por ley.

La oposición que no se fundare en la existencia de alguno de esos impedimentos será rechazada sin más trámite.

ARTICULO 177 - El derecho a deducir oposición a la celebración del matrimonio por razón de impedimentos compete:

1º Al cónyuge de la persona que quiere contraer otro matrimonio;

2º A los ascendientes, descendientes y hermanos de cualquiera de los futuros esposos;

3º Al adoptante y al adoptado en la adopción simple;

4º A los tutores o curadores;

5º Al Ministerio Público, que deberá deducir oposición cuando tenga conocimiento de esos impedimentos.

ARTICULO 178 - Cualquier persona puede denunciar ante el Ministerio Público o ante el oficial público del Registro correspondiente que ha de celebrar el matrimonio, la existencia de alguno de los impedimentos establecidos en el art. 166.

Nota:178. L. 59, tít. 2, lib. 23, Dig. y L. 64, íd., que dice:"Ne pupilae in re familiari circunscribantur ab his qui rationes eis gestae tutelae reddere compelluntur". Cód. de Nápoles, art. 157 y prusiano, art. 14.

ARTICULO 179 - La oposición deberá deducirse ante el oficial público que intervenga en la celebración del matrimonio.

Nota:179. L. 9, Cód. "De nuptis". Respecto de la segunda parte, en contra, Cód. francés, art. 194 y Cód. de Holanda, art. 155. La legislación de España no determina prueba alguna especial. Véase ZACHARIAE, § 116.

ARTICULO 180 - Toda oposición podrá deducirse desde que se hayan iniciado las diligencias previas hasta el momento en que el matrimonio se celebre.

ARTICULO 181 - La oposición se hará verbalmente o por escrito expresando:

1º El nombre y apellido, edad, estado de familia, profesión y domicilio del oponente;

2º El vínculo que lo liga con alguno de los futuros esposos;

3º El impedimento en que funda su oposición;

4º Los motivos que tenga para creer que existe el impedimento;

5º Si tiene o no documentos que prueben la existencia del impedimento y sus referencias. Si el oponente tuviere documentos, deberá presentarlos en el mismo acto. Si no los tuviere, expresará el lugar donde estén, y los detallará, si tuviere noticia de ellos.

Cuando la oposición se deduzca verbalmente, el oficial público levantará acta circunstanciada, que deberá firmar con el oponente o con quien firme a su ruego, si aquél no supiere o no pudiere firmar. Cuando se deduzca por escrito, se transcribirá en el libro de actas con las mismas formalidades.

ARTICULO 182 - Deducida en forma la oposición, se dará conocimiento de ella a los futuros esposos por el oficial público que deba celebrar el matrimonio.

Si alguno de ellos o ambos estuviesen conformes en la existencia del impedimento legal, el oficial público lo hará constar en el acta y no celebrará el matrimonio.

ARTICULO 183 - Si los futuros esposos no reconocieran la existencia del impedimento, deberán expresarlo ante el oficial público dentro de los tres días siguientes al de la notificación; éste levantará acta y remitirá al juez competente copia autorizada de todo lo actuado con los documentos presentados, suspendiendo la celebración del matrimonio.

Los tribunales civiles sustanciarán y decidirán por el procedimiento más breve que prevea la ley local la oposición deducida, y remitirán copia de la sentencia al oficial público.

ARTICULO 184 - El oficial público no procederá a la celebración del matrimonio mientras la sentencia que desestime la oposición no haya pasado en autoridad de cosa juzgada.

Si la sentencia declarase la existencia del impedimento en que se funda la oposición, no podrá celebrarse el matrimonio; tanto en un caso como en el otro, el oficial público anotará al margen del acta la parte dispositiva de la sentencia.

Nota:184. L. 2, tít. 6, Part. 2ª, L. 1, tít. 2, Part. 4ª.

ARTICULO 185 - Si cualquier persona denunciare la existencia de impedimentos de conformidad con lo previsto en el art. 178, el oficial público la remitirá al juez en lo civil quien dará vista de ella al Ministerio Fiscal. Este, dentro de tres días, deducirá oposición o manifestará que considera infundada la denuncia.

CAPITULO VI

De la celebración del matrimonio

ARTICULO 186 - Los que pretendan contraer matrimonio, se presentarán ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, en el domicilio de cualquiera de ellos y presentarán una solicitud que deberá contener:

1º Sus nombres y apellidos y los números de sus documentos de identidad si los tuvieren;

2º Su edad;

3º Su nacionalidad, su domicilio y el lugar de su nacimiento;

4º Su profesión;

5º Los nombres y apellidos de sus padres, su nacionalidad, los números de sus documentos de identidad si los conocieren, su profesión y su domicilio;

6º Si antes han sido casados o no, y en caso afirmativo, el nombre y apellido de su anterior cónyuge, el lugar del casamiento y la causa de su disolución.

Si los contrayentes o alguno de ellos no supieren escribir, el oficial público levantará acta que contenga las mismas enunciaciones.

Nota:186. Proyecto de GOYENA, art. 60. En contra: L. 8, tít. 15, lib. 5, Cód. romano y L. 17, tít. 11, Part. 4ª.

ARTICULO 187 - En el mismo acto, los futuros esposos deberán presentar:

1º Copia debidamente legalizada de la sentencia ejecutoriada que hubiere anulado o disuelto el matrimonio anterior de uno o ambos futuros esposos, o declarado la muerte presunta del cónyuge anterior, en su caso. Si alguno de los contrayentes fuere viudo deberá acompañar certificado de defunción de su anterior cónyuge;

2º La declaración auténtica de las personas cuyo asentimiento es exigido por este Código, si no lo prestaran en ese acto, o la venia supletoria del juez cuando proceda. Los padres o tutores que presten su asentimiento ante el oficial público suscribirán la solicitud o el acta a que se refiere el artículo anterior, si no supieren o no pudieren firmar, lo hará alguno de los testigos a su ruego;

3º Dos testigos que, por el conocimiento que tengan de las partes, declaren sobre su identidad y que los creen hábiles para contraer matrimonio;

4º Los certificados médicos prenupciales*.

Nota:187. Véase todo el tít. 3, lib. 7, Rec. de Indias.

Nota de Actualización:* Ver leyes 12.331 y 16.668.

ARTICULO 188 - El matrimonio deberá celebrarse ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas que corresponda al domicilio de cualquiera de los contrayentes, en su oficina, públicamente, compareciendo los futuros esposos en presencia de dos testigos y con las formalidades legales.

Si alguno de los contrayentes estuviere imposibilitado de concurrir, el matrimonio podrá celebrarse en el domicilio del impedido o en su residencia actual, ante cuatro testigos.

En el acto de la celebración del matrimonio, el oficial público leerá a los futuros esposos los arts. 198, 199 y 200 de este Código, recibiendo de cada uno de ellos, uno después del otro, la declaración de que quieren respectivamente tomarse por marido y mujer, y pronunciará en nombre de la ley que quedan unidos en matrimonio.

El oficial público no podrá oponerse a que los esposos, después de prestar su consentimiento, hagan bendecir su unión en el mismo acto por un ministro de su culto.

Nota:188. LL. 11 y 12, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec. Conforme con el art. 215 del Cód. francés, y 204 de Nápoles. En contra: L. 14, tít. 13, lib. 4, Cód. romano y art. 84, Cód. de Rusia. Las leyes de Partida guardan silencio sobre la materia. El art. 223 del Cód. francés y el 151 del sardo no admiten la autorización general.

ARTICULO 189 - Cuando uno o ambos contrayentes fuesen menores de edad, la autorización que este Código requiere podrá otorgarse en el mismo acto del matrimonio o acreditarse mediante declaración auténtica.

Nota:189. LL. 11 y 14, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec. y L. 12, tít. 23, Part. 1ª. El Cód. francés, art. 117 y el de Holanda, art. 163, exigen a más la autorización de sus próximos parientes.

ARTICULO 190 - Cuando uno o ambos contrayentes ignorasen el idioma nacional, deberán ser asistidos por un traductor público matriculado y, si no lo hubiere, por un intérprete de reconocida idoneidad, dejándose en estos casos debida constancia en la inscripción.

ARTICULO 191 - La celebración del matrimonio se consignará en un acta que deberá contener:

1º La fecha en que el acto tiene lugar;

2º El nombre y apellido, edad, número de documento de identidad si lo tuvieren, nacionalidad, profesión, domicilio y lugar de nacimiento de los comparecientes;

3º El nombre y apellido, número de documento de identidad, nacionalidad, profesión y domicilio de sus respectivos padres, si fueren conocidos;

4º El nombre y apellido del cónyuge anterior, cuando alguno de los cónyuges haya estado ya casado;

5º El asentimiento de los padres o tutores, o el supletorio del juez en los casos en que es requerido;

6º La mención de si hubo oposición y de su rechazo;

7º La declaración de los contrayentes de que se toman por esposos, y la hecha por el oficial público de que quedan unidos en nombre de la ley;

8º El nombre y apellido, edad, número de documento de identidad si lo tuvieren, estado de familia, profesión y domicilio de los testigos del acto.

Nota:191. Todos los Códigos antiguos y modernos; el derecho romano como el derecho español.

ARTICULO 192 - El acta de matrimonio será redactada y firmada inmediatamente por todos los que intevinieren en él o por otros a ruego de los que no pudieren o no supieren hacerlo.

Nota:192. Cód. francés, art. 225. De Nápoles, art. 14.

ARTICULO 193 - La declaración de los contrayentes de que se toman respectivamente por esposos no puede someterse a modalidad alguna. Cualquier plazo, condición o cargo se tendrán por no puestos, sin que ello afecte la validez del matrimonio.

ARTICULO 194 - El jefe de la oficina del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas entregará a los esposos copia del acta de matrimonio. Dicha copia se expedirá en papel común y tanto ella como todas las actuaciones, las que no tributarán impuesto de sellos, serán gratuitas, sin que funcionario alguno pueda cobrar emolumentos.

Nota:194. LL. 13 y 15, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec. Cód. francés, art. 218. De Nápoles, arts. 207 y sigts.

ARTICULO 195 - Si de las diligencias previas no resultara probada la habilidad de los contrayentes o si se dedujese oposición o se hiciese denuncia, el oficial público suspenderá la celebración del matrimonio hasta que se pruebe la habilidad, se rechace la oposición o se desestime la denuncia, haciéndolo constar en el acta de la que dará copia a los interesados, si la pidieren, para que puedan recurrir al juez en lo civil.

ARTICULO 196 - El oficial público procederá a la celebración del matrimonio con prescindencia de todas o de alguna de las formalidades que deban precederle, cuando se justificase con el certificado de un médico, y, donde no lo hubiere, con la declaración de dos vecinos, que alguno de los futuros esposos se halla en peligro de muerte.

En caso de no poder hallarse al oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, el matrimonio en artículo de muerte podrá celebrarse ante cualquier magistrado o funcionario judicial, el cual deberá levantar acta de la celebración, haciendo constar las circunstancias mencionadas en los incs. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º y 8º del art. 191 y la remitirá al oficial público para que la protocolice.

Nota:196. L. 14, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec.

CAPITULO VII

De la prueba del matrimonio

ARTICULO 197 - El matrimonio se prueba con el acta de su celebración, su testimonio, copia o certificado, o con la libreta de familia expedidos por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Cuando existiese imposibilidad de presentarlos, podrá probarse la celebración del matrimonio por otros medios, justificando a la vez esa imposibilidad.

La posesión de estado no puede ser invocada por los esposos ni por tercero como prueba suficiente cuando se tratare de establecer el estado de casados o de reclamar los efectos civiles del matrimonio. Cuando hay posesión de estado y existe el acta de celebración del matrimonio, la inobservancia de las formalidades prescriptas no podrá ser alegada contra su existencia.

Nota:197. Cód. de Chile, art. 146.

CAPITULO VIII

Derechos y deberes de los cónyuges

ARTICULO 198 - * Los esposos se deben mutuamente fidelidad, asistencia y alimentos.

Nota de Actualización:* Ver ley 14.394 y sus modificaciones.

ARTICULO 199 - Los esposos deben convivir en una misma casa, a menos que por circunstancias excepcionales se vean obligados a mantener transitoriamente residencias separadas. Podrán ser relevados judicialmente del deber de convivencia cuando ésta ponga en peligro cierto la vida, o la integridad física, psíquica o espiritual de uno de ellos, de ambos o de los hijos.

Cualquiera de los cónyuges podrá requerir judicialmente se intime al otro a reanudar la convivencia interrumpida sin causa justificada bajo apercibimiento de negarle alimentos.

ARTICULO 200 - Los esposos fijarán de común acuerdo el lugar de residencia de la familia.

CAPITULO IX

De la separación personal

ARTICULO 201 - La separación personal no disuelve el vínculo matrimonial.

Nota:201. L. 7, tít. 10, Part. 4ª, Cód. sardo, art. 140. De Chile, art. 168. GOYENA, art. 75 de su proyecto, propone que el conocimiento de las causas de divorcio corresponda a los jueces civiles, y destina el largo apéndice núm. 1, a demostrar que esto no sería contrario a los cánones de los Concilios de la Iglesia Católica. Esta fue materia muy discutida en las comisiones de legislación para redactar el Cód. Civil de España.

ARTICULO 202 - Son causas de separación personal:

1º El adulterio;

2º La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos, sean o no comunes, ya como autor principal, cómplice o instigador;

3º La instigación de uno de los cónyuges al otro a cometer delitos;

4º Las injurias graves. Para su apreciación el juez tomará en consideración la educación, posición social y demás circunstancias de hecho que puedan presentarse;

5º El abandono voluntario y malicioso.

Nota:202. Cód. sardo, art. 141. Cód. de Chile, art. 168.

ARTICULO 203 - Uno de los cónyuges puede pedir la separación personal en razón de alteraciones mentales graves de carácter permanente, alcoholismo o adicción a la droga del otro cónyuge, si tales afecciones provocan trastornos de conducta que impiden la vida en común o la del cónyuge enfermo con los hijos.

Nota:203. Cód. sardo, art. 141. Cód. de Chile, art. 168.

ARTICULO 204 - Podrá decretarse la separación personal, a petición de cualquiera de los cónyuges, cuando éstos hubieren interrumpido su cohabitación sin voluntad de unirse por un término mayor de dos años. Si alguno de ellos alega y prueba no haber dado causa a la separación, la sentencia dejará a salvo los derechos acordados al cónyuge inocente.

ARTICULO 205 - Transcurridos dos años del matrimonio, los cónyuges, en presentación conjunta, podrán manifestar al juez competente que existen causas graves que hacen moralmente imposible la vida en común y pedir su separación personal conforme a lo dispuesto en el art. 236.

CAPITULO X

De los efectos de la separación personal

ARTICULO 206 - Separados por sentencia firme, cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente su domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos a su cargo se aplicarán las disposiciones relativas al régimen de patria potestad.

Los hijos menores de 5 años quedarán a cargo de la madre, salvo causas graves que afecten el interés del menor. Los mayores de esa edad a falta de acuerdo de los cónyuges, quedarán a cargo de aquel a quien el juez considere más idóneo. Los progenitores continuarán sujetos a todas las cargas y obligaciones respecto de sus hijos.

ARTICULO 207 - El cónyuge que hubiera dado causa a la separación personal en los casos del art. 202, deberá contribuir a que el otro, si no dio también causa a la separación, mantenga el nivel económico del que gozaron durante su convivencia, teniendo en cuenta los recursos de ambos.

Para la fijación de alimentos se tendrá en cuenta:

1º La edad y estado de salud de los cónyuges;

2º La dedicación al cuidado y educación de los hijos del progenitor a quien se otorgue la guardia de ellos;

3º La capacitación laboral y probabilidad de acceso a un empleo del alimentado;

4º La eventual pérdida de un derecho de pensión;

5º El patrimonio y las necesidades de cada uno de los cónyuges después de disuelta la sociedad conyugal.

En la sentencia el juez fijará las bases para actualizar el monto alimentario.

ARTICULO 208 - Cuando la separación se decreta por alguna de las causas previstas en el art. 203 regirá, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo anterior en favor del cónyuge enfermo, a quien además, deberán procurársele los medios necesarios para su tratamiento y recuperación, teniendo en cuenta las necesidades y recursos de ambos cónyuges.

Fallecido el cónyuge obligado, aunque se hubiere disuelto el vínculo matrimonial por divorcio vincular con anterioridad, la prestación será carga en su sucesión debiendo los herederos prever, antes de la partición, el modo de continuar cumpliéndola.

ARTICULO 209 - Cualquiera de los esposos, haya o no declaración de culpabilidad en la sentencia de separación personal, si no tuviera recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos, tendrá derecho a que el otro, si tuviera medios, le provea lo necesario para su subsistencia. Para determinar la necesidad y el monto de los alimentos se tendrán en cuenta las pautas de los incs. 1º, 2º y 3º del art. 207.

ARTICULO 210 - Todo derecho alimentario cesará si el cónyuge que los percibe vive en concubinato o incurre en injurias graves contra el otro cónyuge.

ARTICULO 211 - Dictada la sentencia de separación personal el cónyuge a quien se atribuyó la vivienda durante el juicio, o que continuó ocupando el inmueble que fue asiento del hogar conyugal, podrá solicitar que dicho inmueble no sea liquidado ni partido como consecuencia de la disolución de la sociedad conyugal si ello le causa grave perjuicio, y no dio causa a la separación personal, o si ésta se declara en los casos del art. 203 y el inmueble estuviese ocupado por el cónyuge enfermo.

En iguales circunstancias, si el inmueble fuese propio del otro cónyuge, el juez podrá establecer en favor de éste una renta por el uso del inmueble en atención a las posibilidades económicas de los cónyuges y al interés familiar, fijando el plazo de duración de la locación. El derecho acordado cesará en los casos del art. 210. También podrá declararse la cesación anticipada de la locación o de la indivisión si desaparecen las circunstancias que le dieron lugar.

Nota:211. L. 5, tít. 4, lib. 10 Nov. Rec. L. 1, tít. 9 y L. 8, tít. 23, Part. 3ª. L. 29, tít. 11, Part. 4ª.

ARTICULO 212 - El esposo que no dio causa a la separación personal, y que no demandó ésta en los supuestos que prevén los arts. 203 y 204, podrá revocar las donaciones hechas a la mujer en convención matrimonial.

CAPITULO XI

De la disolución del vínculo

ARTICULO 213 - El vínculo matrimonial se disuelve:

1º Por la muerte de uno de los esposos;

2º Por el matrimonio que contrajere el cónyuge del declarado ausente con presunción de fallecimiento;

3º Por sentencia de divorcio vincular.

Nota:213. L. 3, tít. 19, Part. 4ª. L. 9, tít. 47, lib. 8, Cód. romano. Estas leyes, lo mismo que la 3, tít. 8, lib. 3, del Fuero Real, limitan a tres años lo que llaman el tiempo de la lactancia. En casi todos los Códigos se niega al esposo que ha dado causa al divorcio, el derecho de tener los hijos. Las leyes los dejan a cargo del cónyuge inocente, tenga o no aptitud para crearlos y educarlos. Nada tienen que ver las relaciones del marido y de la mujer con la conducta probable que uno u otro observarán con sus hijos. He creído que los hijos y el derecho de tenerlos, no puede ser objeto de pena al que diese causa al divorcio: que el mejor bienestar de los hijos debe sólo atenderse cuando se trata de la separación personal de los padres.

CAPITULO XII

Del divorcio vincular

ARTICULO 214 - Son causas de divorcio vincular:

1º Las establecidas en el art. 202;

2º La separación de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse por un tiempo continuo mayor de tres años, con los alcances y en la forma prevista en el art. 204.

ARTICULO 215 - Transcurridos tres años del matrimonio, los cónyuges, en presentación conjunta podrán manifestar al juez competente que existen causas graves que hacen moralmente imposible la vida en común y pedir su divorcio vincular, conforme lo dispuesto en el art. 236.

Nota:215. Proyecto de GOYENA, art. 83. La L. 3, tít. 19, Part. 4ª y algunos Códigos modernos hacen sólo cargar con el deber de alimentar y educar a los hijos, al esposo que hubiera dado causa al divorcio.

ARTICULO 216 - El divorcio vincular podrá decretarse por conversión de la sentencia firme de separación personal, en los plazos y formas establecidas en el art. 238.

CAPITULO XIII

De los efectos del divorcio vincular

ARTICULO 217 - La sentencia de divorcio vincular producirá los mismos efectos establecidos para la separación personal en los arts. 206, 207, 208, 209, 210, 211 y 212.

Los cónyuges recuperarán su aptitud nupcial y cesará la vocación hereditaria recíproca conforme a lo dispuesto en el art. 3574, último párrafo.

ARTICULO 218 - La prestación alimentaria y el derecho de asistencia previsto en los arts. 207, 208 y 209 cesarán en los supuestos en que el beneficiario contrajere nuevas nupcias, viviere en concubinato o incurriese en injurias graves contra el otro cónyuge.

Nota:218. L. 8, tít. 17, Part. 7ª. Cap. 10, Novela 134. Cód. de Holanda, art. 271.

CAPITULO XIV

De la nulidad del matrimonio

ARTICULO 219 - Es de nulidad absoluta el matrimonio celebrado con alguno de los impedimentos establecidos en los incs. 1º, 2º, 3º, 4º, 6º y 7º del art. 166. La nulidad puede ser demandada por cualquiera de los cónyuges y por los que hubieren podido oponerse a la celebración del matrimonio.

Nota:219. L. 4, tít. 8, 2 y 5, tít. 10, Part. 4ª, Cód. de Austria, art. 111; sardo, art. 144.

ARTICULO 220 - Es de nulidad relativa:

1º Cuando fuere celebrado con el impedimento establecido en el inc. 5º del art. 166. La nulidad puede ser demandada por el cónyuge incapaz y por los que en su representación podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio. No podrá demandarse la nulidad después que el cónyuge o los cónyuges hubieren llegado a la edad legal si hubiesen continuado la cohabitación, o, cualquiera fuese la edad, cuando la esposa hubiere concebido;

2º Cuando fuere celebrado con el impedimento establecido en el inc. 8º del art. 166. La nulidad podrá ser demandada por los que podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio. El mismo incapaz podrá demandar la nulidad cuando recobrase la razón si no continuare la cohabitación, y el otro cónyuge si hubiere ignorado la carencia de razón al tiempo de la celebración del matrimonio y no hubiere hecho vida marital después de conocida la incapacidad.

3º En caso de impotencia de uno de los cónyuges, o de ambos, que impida absolutamente las relaciones sexuales entre ellos. La acción corresponde al cónyuge que alega la impotencia del otro, o la común de ambos;

4º Cuando el matrimonio fuere celebrado adoleciendo el consentimiento de alguno de los vicios a que se refiere el art. 175. La nulidad sólo podrá ser demandada por el cónyuge que haya sufrido el vicio de error, dolo o violencia, si hubiese cesado la cohabitación dentro de los treinta días de haber conocido el error o de haber sido suprimida la violencia.

CAPITULO XV

Efectos de la nulidad del matrimonio

ARTICULO 221 - Si el matrimonio anulado hubiese sido contraído de buena fe por ambos cónyuges producirá, hasta el día en que se declare su nulidad, todos los efectos del matrimonio válido. No obstante, la nulidad tendrá los efectos siguientes:

1º En cuanto a los cónyuges, cesarán todos los derechos y obligaciones que produce el matrimonio, con la sola excepción de la obligación de prestarse alimentos de toda necesidad conforme el art. 209;

2º En cuanto a los bienes, será de aplicación a la sociedad conyugal lo dispuesto en el art. 1306 de este Código.

ARTICULO 222 - Si hubo buena fe sólo de parte de uno de los cónyuges, el matrimonio producirá, hasta el día de la sentencia que declare la nulidad, todos los efectos del matrimonio válido, pero sólo respecto al esposo de buena fe.

La nulidad, en este caso, tendrá los efectos siguientes:

1º El cónyuge de mala fe no podrá exigir que el de buena fe le preste alimentos;

2º El cónyuge de buena fe podrá revocar las donaciones que por causa del matrimonio hizo al de mala fe;

3º El cónyuge de buena fe podrá optar por la conservación, por cada uno de los cónyuges, de los bienes por él adquiridos o producidos antes y después del matrimonio, o liquidar la comunidad integrada con el de mala fe mediante la aplicación del art. 1315, o exigir la demostración de los aportes de cada cónyuge, a efectos de dividir los bienes en proporción a ellos, como si se tratase de una sociedad de hecho.

ARTICULO 223 - Si el matrimonio anulado fuese contraído de mala fe por ambos cónyuges, no producirá efecto civil alguno.

La nulidad tendrá los efectos siguientes:

1º La unión será reputada como concubinato;

2º En relación a los bienes, se procederá como en el caso de la disolución de una sociedad de hecho, si se probaren aportes de los cónyuges, quedando sin efecto alguno las convenciones matrimoniales.

ARTICULO 224 - La mala fe de los cónyuges consiste en el conocimiento que hubieren tenido, o debido tener, el día de la celebración del matrimonio, del impedimento o circunstancia que causare la nulidad. No habrá buena fe por ignorancia o error de derecho.

Tampoco la habrá por ignorancia o error de hecho que no sea excusable, a menos que el error fuere ocasionado por dolo.

ARTICULO 225 - El cónyuge de buena fe puede demandar, por indemnización de daños y perjuicios al de mala fe y a los terceros que hubiesen provocado el error, incurrido en dolo o ejercido la violencia.

ARTICULO 226 - En todos los casos precedentes, la nulidad no perjudica los derechos adquiridos por terceros, que de buena fe hubiesen contratado con los supuestos cónyuges.

CAPITULO XVI

De las acciones

ARTICULO 227 - Las acciones de separación personal, divorcio vincular y nulidad, así como las que versaren sobre los efectos del matrimonio, deberán intentarse ante el juez del último domicilio conyugal efectivo o ante el del domicilio del cónyuge demandado.

ARTICULO 228 - Serán competentes para entender en los juicios de alimentos:

1º El juez que hubiere entendido en el juicio de separación personal, divorcio vincular o nulidad;

2º A opción del actor el juez del domicilio conyugal, el del domicilio del demandado, el de la residencia habitual del acreedor alimentario, el del lugar de cumplimiento de la obligación o el del lugar de celebración del convenio alimentario si lo hubiere y coincidiere con la residencia del demandado, si se planteare como cuestión principal.

ARTICULO 229 - No hay separación personal ni divorcio vincular sin sentencia judicial que así lo decrete.

ARTICULO 230 - Es nula toda renuncia de cualquiera de los cónyuges a la facultad de pedir la separación personal o el divorcio vincular al juez competente, así como también toda cláusula o pacto que restrinja o amplíe las causas que dan derecho a solicitarlos.

Nota:230. L. 1, tít. 13, Part. 4ª y L. 4, tít. 6, lib. 3. F. R. ZACHARIAE, § 125. En cuanto a los hijos naturales en contra: POTHIER, "Traité du Mariage", § § 418 y 419, y Cód. de Chile, art. 203.

ARTICULO 231 - Deducida la acción de separación personal o de divorcio vincular, o antes de ella en casos de urgencia, podrá el juez decidir si alguno de los cónyuges debe retirarse del hogar conyugal, o ser reintegrado a él, determinar a quién corresponda la guarda de los hijos con arreglo a las disposiciones de este Código y fijar los alimentos que deban prestarse al cónyuge a quien correspondiere recibirlos y a los hijos, así como las expensas necesarias para el juicio.

En el ejercicio de la acción por alimentos provisionales entre los esposos, no es procedente la previa discusión de la validez legal del título o vínculo que se invoca.

ARTICULO 232 - En los juicios de separación personal o divorcio vincular no será suficiente la prueba confesional ni el reconocimiento de los hechos, a excepción de lo dispuesto en los arts. 204 y 214, inc. 2º.

ARTICULO 233 - Durante el juicio de separación personal o de divorcio vincular, y aun antes de su iniciación en caso de urgencia, el juez dispondrá, a pedido de parte, medidas de seguridad idóneas para evitar que la administración o disposición de los bienes por uno de los cónyuges pueda poner en peligro, hacer incierto o defraudar los derechos patrimoniales del otro. Podrá, asimismo, ordenar las medidas tendientes a individualizar la existencia de bienes o derechos de que fueren titulares los cónyuges.

ARTICULO 234 - Se extinguirá la acción de separación personal o de divorcio vincular y cesarán los efectos de la sentencia de separación personal, cuando los cónyuges se hubieren reconciliado después de los hechos que autorizaban la acción. La reconciliación restituirá todo al estado anterior a la demanda. Se presumirá la reconciliación, si los cónyuges reiniciaran la cohabitación.

La reconciliación posterior a la sentencia firme de divorcio vincular sólo tendrá efectos mediante la celebración de un nuevo matrimonio.

ARTICULO 235 - En los juicios contenciosos de separación personal y de divorcio vincular la sentencia contendrá la causal en que se funda. El juez declarará la culpabilidad de uno o de ambos cónyuges, excepto en los casos previstos en los arts. 203, 204, primer párrafo y en el inc. 2º del art. 214.

ARTICULO 236 - En los casos de los arts. 205 y 215 la demanda conjunta podrá contener acuerdos sobre los siguientes aspectos.

1º Tenencia y régimen de visitas de los hijos;

2º Atribución del hogar conyugal;

3º Régimen de alimentos para los cónyuges e hijos menores o incapaces, incluyendo los modos de actualización.

También las partes podrán realizar los acuerdos que consideren convenientes acerca de los bienes de la sociedad conyugal. A falta de acuerdo, la liquidación de la misma tramitará por vía sumaria.

El juez podrá objetar una o más estipulaciones de los acuerdos celebrados cuando, a su criterio, ellas afectaren gravemente los intereses de una de las partes o el bienestar de los hijos. Presentada la demanda, el juez llamará a una audiencia para oír a las partes y procurará conciliarlas. Las manifestaciones vertidas en ella por las partes tendrán carácter reservado y no constarán en el acta. Si los cónyuges no comparecieran personalmente, el pedido no tendrá efecto alguno.

Si la conciliación no fuere posible en ese acto, el juez instará a las partes al avenimiento y convocará a una nueva audiencia en un plazo no menor de dos meses ni mayor de tres en la que las mismas deberán manifestar, personalmente o por apoderado con mandato especial, si han arribado a una reconciliación. Si el resultado fuere negativo el juez decretará la separación personal o el divorcio vincular, cuando los motivos aducidos por las partes sean suficientemente graves. La sentencia se limitará a expresar que dichos motivos hacen moralmente imposible la vida en común, evitando mencionar las razones que la fundaren.

Nota:236. Cód. sardo, art. 145. Cód. de Austria, arts. 120 y 121, Cód. francés, art. 228 y Cód. de Holanda, art. 91. En contra: L. 4, tít. 2, lib. 10, Nov. Rec. que revocó la L. 3, tít. 12, Part. 4ª en la Iglesia griega sólo se permiten tres matrimonios.

ARTICULO 237 - Cuando uno de los cónyuges demandare por separación personal podrá ser reconvenido por divorcio vincular, y si demandare por divorcio vincular podrá ser reconvenido por separación personal. Aunque resulten probados los hechos que fundaron la demanda o reconvención de separación personal, se declarará el divorcio vincular si también resultaron probados los hechos en que se fundó su petición.

Nota: 237. L. 7, tít. 4, lib. 10, Nov. Rec. L. 26, tít. 13, Part. 5ª. L. 3 y siguientes, tít. 9, lib. 5, Cód. romano, Cód. sardo, arts. 146 y 147. En contra: todos los otros Códigos modernos. Las leyes declaraban reservables, a más de los bienes heredados de los hijos del primer matrimonio, todos los demás que hubiese adquirido de su difunto consorte por testamento, donación u otro cualquier título lucrativo. El artículo limita la reserva a sólo los bienes heredados de los hijos del primer matrimonio.

ARTICULO 238 - Transcurrido un año de la sentencia firme de separación personal, ambos cónyuges podrán solicitar su conversión en divorcio vincular en los casos de los arts. 202, 204 y 205. Transcurridos tres años de la sentencia firme de separación personal, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar su conversión en divorcio vincular en las hipótesis de los arts. 202, 203, 204 y 205.

Nota:238. L. 3, tít. 9, lib. 5, Cód. romano.

ARTICULO 239 - La acción de nulidad de un matrimonio no puede intentarse sino en vida de ambos esposos.

Uno de los cónyuges puede, sin embargo, deducir en todo tiempo la que le compete contra el siguiente matrimonio contraído por su cónyuge; si se opusiera la nulidad del anterior, se juzgará previamente esta oposición.

El supérstite de quien contrajo matrimonio mediando impedimento de ligamen puede también demandar la nulidad del matrimonio celebrado ignorando la subsistencia del vínculo anterior.

La prohibición del primer párrafo no rige si para determinar el derecho del accionante es necesario examinar la validez del matrimonio y su nulidad absoluta fuere invocada por descendientes o ascendientes.

La acción de nulidad de matrimonio no puede ser promovida por el Ministerio Público sino en vida de ambos esposos.

Ningún matrimonio será tenido por nulo sin sentencia que lo anule, dictada en proceso promovido por parte legitimada para hacerlo.

TITULO II

De la filiación *

CAPITULO I

Disposiciones generales

Nota de Actualización:* Según art. 2 ley 23.264. Texto del Código Civil: De los hijos legítimos.

ARTICULO 240 - * La filiación puede tener lugar por naturaleza o por adopción. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial o extramatrimonial.

La filiación matrimonial y la extramatrimonial, así como la adoptiva plena, surten los mismos efectos conforme a las disposiciones de este Código.

Nota de Actualización:* Según art. 2, ley 23.264. Texto del Código Civil: La ley supone concebidos durante el matrimonio, los hijos que nacieren después de ciento ochenta días del casamiento válido o putativo de la madre, y los póstumos que nacieren dentro de trescientos días contados desde el día en que el matrimonio válido o putativo fue disuelto por muerte del marido, o porque fuese anulado.

ARTICULO 241 - * El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas expedirá únicamente certificados de nacimiento que sean redactados en forma que no resulte de ellos si la persona ha sido o no concebida durante el matrimonio o ha sido adoptada plenamente.

Nota de Actualización:* Según art. 2, ley 23.264. Texto del Código Civil: Si disuelto o anulado el matrimonio, la madre contrajere otro en el plazo prohibido por el art. 236, el hijo que naciere antes de los ciento ochenta días del segundo matrimonio, se presume concebido en el primero, siempre que naciere dentro de los trescientos días de disuelto o anulado el primer matrimonio.

CAPITULO II

Determinación de la maternidad

ARTICULO 242 - * La maternidad quedará establecida, aun sin reconocimiento expreso, por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido. La inscripción deberá realizarse a petición de quien presente un certificado del médico u obstétrica que haya atendido el parto de la mujer a quien se atribuye la maternidad del hijo y la ficha de identificación del recién nacido. Esta inscripción deberá serle notificada a la madre salvo su reconocimiento expreso o que quien hubiese denunciado el nacimiento fuere el marido.

Nota de Actualización:* Según ley 24540. Texto del Código Civil: Se presume concebido en el segundo matrimonio el hijo que naciere después de los ciento ochenta días de su celebración, aunque se esté dentro de los trescientos días posteriores a la disolución del primer matrimonio.

CAPITULO III

Determinación de la paternidad matrimonial

ARTICULO 243 - * Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los trescientos días posteriores a su disolución, anulación o la separación personal o de hecho de los esposos. No se presume la paternidad del marido con respecto al hijo que naciere después de los trescientos días de la interposición de la demanda de divorcio vincular, separación personal, o nulidad del matrimonio, salvo prueba en contrario.

Nota de Actualización:* Según ley 23.515. Texto del Código Civil: El hijo nacido dentro de los trescientos días posteriores a la disolución del matrimonio de la madre, se presume concebido durante el matrimonio de ella, aun cuando la madre u otro que se diga su padre lo reconozcan por hijo natural.

ARTICULO 244 - * Si mediaren matrimonios sucesivos de la madre se presume que el hijo nacido dentro de los trescientos días de la disolución o anulación del primero y dentro de los ciento ochenta días de la celebración del segundo, tiene por padre al primer marido, y que el nacido dentro de los trescientos días de la disolución o anulación del primero y después de los ciento ochenta días de la celebración del segundo tiene por padre al segundo marido.

Las presunciones establecidas en este artículo admiten prueba en contrario.

Nota de Actualización: * Según art. 2, ley 23.264. Texto del Código Civil: Las presunciones de la ley expresadas en los artículos anteriores no admiten prueba en contra.

ARTICULO 245 - * Aun faltando la presunción de la paternidad del marido en razón de la separación legal o de hecho de los esposos, el nacido será inscrito como hijo de los cónyuges si concurre el consentimiento de ambos.

Nota de Actualización: * Según el art. 2, ley 23.264. Texto del Código Civil:. La ley presume que los hijos concebidos por la madre, durante el matrimonio, tienen por padre al marido.

CAPITULO IV

Determinación y prueba de la filiación matrimonial

ARTICULO 246 - * La filiación matrimonial queda determinada legalmente y se prueba:

1º Por inscripción del nacimiento en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y por la prueba del matrimonio de los padres, de conformidad con las disposiciones legales respectivas;

2º Por sentencia firme en juicio de filiación.

Nota:246. L. 16, tít. 6, Part. 6ª. L. 4, tít. 23, Part. 4ª y véase la L. 2, tít. 5, lib, 10, Nov. Rec. Son muy importantes en la materia las leyes romanas, lab. 5, tít. 4, lib. 2, Dig. 6, tít. 6, lib. 1. ídem, 3 § 12, tít. 16, lib. 38 ídem, L. 29, tít. 2, lib. 28, ídem, y novela 39, cap. 2, art. 312. Código francés; de Nápoles, art. 234; de Holanda, art. 305, y de Austria, art. 138. El Cód. de Prusia exige 210 días, o siete meses cumplidos desde la celebración del matrimonio, y 302 días después de su disolución.

"En los ciento veinte días de los trescientos que han precedido al matrimonio" GOYENA explica este término de la manera siguiente, en las notas al art. 101: "O en los cuatro primeros meses (contándose de treinta días) de los diez anteriores al nacimiento. Probada la imposibilidad física del acceso en el tiempo del artículo, la criatura no habrá nacido dentro de los trescientos días (diez meses), que son el término más largo de los nacimientos tardíos, ni después de los ciento ochenta días (seis meses), término de los nacimientos más precoces; ejemplos:

"La mujer libra en 26 de diciembre.

"Los diez meses de treinta días, o los trescientos días anteriores al nacimiento, comienzan a correr desde el 1 de marzo y se completan el 25 de diciembre, ambos inclusive.

"Los cuatro primeros meses de los diez, o los ciento veinte días de los trescientos, se completan el 29 de junio inclusive; y el marido prueba la imposibilidad física del acceso por haber estado ausente en todo el dicho período, y no haber regresado hasta el 30 de junio.

"El parto no será legítimo, porque pasó ya un día del onceno mes, o tuvo lugar a los trescientos un días desde que sobrevino la imposibilidad física, y dentro de los ciento ochenta días, o sin tocar un solo día del séptimo mes desde que cesó; desde el 30 de junio, en que regresó el marido, hasta el veintiséis de diciembre, en que libró la mujer, ambos inclusive, van seis meses juntos de treinta días, o ciento ochenta días".

Nota de Actualización:* Según art. 2, ley 23.264. Texto del Código Civil: Son hijos legítimos los nacidos después de ciento ochenta días desde la celebración del matrimonio, y dentro de los trescientos siguientes a su disolución, si no se probase que había sido imposible al marido tener acceso con su mujer en los primeros ciento veinte días de los trescientos que han precedido al nacimiento.

CAPITULO V

Determinación de la paternidad extramatrimonial

ARTICULO 247 - * La paternidad extramatrimonial queda determinada legalmente por el reconocimiento del padre o por la sentencia en juicio de filiación que la declare tal.

Nota:247. Véase L. 17, tít. 6, Part. 6ª y L. 1, tít. 9, L. 37, Dig., y los arts. desde el 190 a 197, Cód. de Chile.

Nota de Actualización:* Según art. 2, ley 23.264. Texto del Código Civil: La mujer que, muerto el marido, se creyese embarazada, debe denunciar a los que, no existiendo el hijo póstumo, serían llamados a suceder al difunto. Los interesados pueden pedir todas las medidas que fuesen necesarias para asegurar que el parto es efectivo y ha tenido lugar en el tiempo en que el hijo debe ser tenido por legítimo.

CAPITULO VI

Del reconocimiento de la filiación

ARTICULO 248 - * El reconocimiento del hijo resultará:

1º De la declaración formulada ante el oficial del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en oportunidad de inscribirse el nacimiento o posteriormente;

2º De una declaración realizada en instrumento público o privado debidamente reconocido;

3º De las disposiciones contenidas en actos de última voluntad, aunque el reconocimiento se efectuara en forma incidental.

Lo prescrito en el presente capítulo es aplicable a la madre cuando no hubiere tenido lugar la inscripción prevista en el art. 242.

Nota:248. L. 1, tít. 9, lib. 37, Dig. Cód. de Chile, art. 199.

Nota de Actualización:* Según art. 2, ley 23.264. Texto del Código Civil: La madre tendrá derecho a que de los bienes que han de corresponder al póstumo se le asigne lo necesario para los gastos que se causaren por el parto; y aunque el hijo no nazca vivo, o resulte que la mujer no ha estado embarazada, no estará obligada a restituir lo que hubiere recibido.

ARTICULO 249 - * El reconocimiento efectuado es irrevocable, no puede sujetarse a modalidades que alteren sus consecuencias legales, ni requiere aceptación del hijo.

El reconocimiento del hijo ya fallecido no atribuye derechos en su sucesión a quien lo formula, ni a los demás ascendientes de su rama.

Nota:249. Véase L. 17, tít. 6, Part. 6ª y L. 1, tít. 9, lib. 7, Dig. y los arts. desde el 190 al 197, Cód. de Chile.

Nota de Actualización:* Según art. 2, ley 23.264. Texto del Código Civil: La mujer recién divorciada, que se creyere embarazada, debe denunciarlo al juez o al marido, en el término de treinta días después de su separación; y éste podrá pedir las diligencias necesarias para asegurarse también de que el parto es efectivo, y ha tenido lugar en el tiempo necesario para que el hijo deba ser reputado legítimo.

ARTICULO 250 - * En el acto de reconocimiento, es prohibido declarar el nombre de la persona con quien se tuvo el hijo, a menos que esa persona lo haya reconocido ya o lo haga en el mismo acto.

No se inscribirán reconocimientos que contradigan una filiación anteriormente establecida. Quien pretenda reconocer al hijo deberá previa o simultáneamente ejercer la acción de impugnación de la filiación establecida.

Nota:250. Cód. de Luisiana, art. 207, Cód. de Chile, art. 190.

Nota de Actualización:* Según art. 2, ley 23.264. Anterior según ley 17.711: 250. Si hubiere juicio de divorcio o nulidad de matrimonio y la mujer tuviere algún hijo nacido después de trescientos días desde que la separación tuvo lugar, no se presume la paternidad del marido salvo que se probare que medió reconciliación privada al tiempo de la concepción. Texto del Código Civil: En caso de divorcio, si la mujer después de su separación definitiva o provisoria, tuviere algún hijo nacido después de los trescientos días desde aquel en que la separación se realizó de hecho, el marido o sus herederos tienen derecho a negar la paternidad, a menos que se probase que hubo reconciliación privada entre los esposos. Estas disposiciones se extienden al caso de separación provisoria de los cónyuges, por motivo de acción de nulidad del matrimonio.

CAPITULO VII

Las acciones de filiación

Disposiciones generales

ARTICULO 251 - * El derecho a reclamar la filiación o de impugnarla no se extingue por prescripción ni por renuncia expresa o tácita, pero los derechos patrimoniales ya adquiridos están sujetos a prescripción.

Nota de Actualización:* Según art. 2, ley 23.264. Texto del Código Civil: Declarado el fallecimiento presunto del marido ausente, si la mujer durante la ausencia tuviere algún hijo nacido después de los trescientos días desde el primer día de la ausencia, los herederos presuntivos del marido pueden intentar contra el hijo una acción negativa de la paternidad, si la madre está en posesión provisoria o definitiva de los bienes, o para excluirla, si ella pretende obtenerlos.

ARTICULO 252 - * Si la reclamación de filiación importa dejar sin efecto una filiación anteriormente establecida, deberá previa o simultáneamente ejercerse la acción de impugnación de esta última.

Nota:252. L. 9, tít. 14, Part. 3ª. L. 11, § 9, tít. 5, lib. 48, Dig. y 29 § 1, tít. 3, lib. 22, ídem, Cód. francés, art. 313 y Cód. sardo, art. 152, Cód. de Holanda, art. 307, y véase a LE CLERQ, "Droit Romain", t. 1. p. 333.

Nota de Actualización:* Según art. 2, ley 23.264. Texto del Código Civil: El marido no puede desconocer al hijo, dando por causa el adulterio de la mujer, o su impotencia anterior al matrimonio. Pero si a más del adulterio de la mujer, el parto le fuese ocultado, el marido podrá probar todos los hechos que justifiquen el desconocimiento del hijo.

ARTICULO 253 - * En las acciones de filiación se admitirán toda clase de pruebas, incluso las biológicas, las que podrán ser decretadas de oficio o a petición de parte.

Nota:253. Proyecto de GOYENA, art. 104. Cód. francés, art. 314, para los tres casos. Cód. sardo, art. 153, para los dos primeros casos y Cód. de Austria, art 155, para sólo el primer caso.

Nota de Actualización:* Según art. 2, ley 23.264. Texto del Código Civil: El marido no podrá desconocer la legitimidad de un hijo nacido dentro de los ciento ochenta días siguientes al matrimonio, si supo antes de casarse el embarazo de su futura esposa, o si consintió en que se diera al hijo su apellido en la partida de nacimiento, o que de otro modo hubiera reconocido tácita o expresamente por suyo el hijo de su mujer.

CAPITULO VIII

Acciones de reclamación de estado

ARTICULO 254 - * Los hijos pueden reclamar su filiación matrimonial contra sus padres si ella no resultare de las inscripciones en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

En este caso la acción deberá entablarse conjuntamente contra el padre y la madre. Los hijos pueden también reclamar su filiación extramatrimonial contra quien consideren su padre o su madre. En caso de haber fallecido alguno de los padres, la acción se dirigirá contra sus sucesores universales.

Estas acciones podrán ser promovidas por el hijo en todo tiempo.

Sus herederos podrán continuar la acción iniciada por él o entablarla si el hijo hubiese muerto en la menor edad o siendo incapaz.

Si el hijo falleciere antes de transcurrir los dos años desde que alcanzase la mayor edad o la plena capacidad, o durante el segundo año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se haya de fundar la demanda, su acción corresponde a sus herederos por todo el tiempo que faltare para completar dichos plazos.

Nota:254. Cód de Chile, art. 183. El Cód. francés, art. 316, señala sólo un mes, si el marido se encuentra en el lugar de nacimiento, y dos meses, si está ausente. Lo mismo el Cód. sardo, art. 154, de Nápoles, art. 238, de Holanda, art. 311. El Cód de Austria señala tres meses, art. 158, y un año el de Prusia, art. 2, tít. 2, Parte 2ª.

Nota de Actualización:* Según art. 2, ley 23.264. Texto del Código Civil: Toda reclamación del marido contra la legitimidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, deberá hacerse dentro de sesenta días contados desde que tuvo conocimiento del parto.

ARTICULO 255 - * En todos los casos en que un menor aparezca inscrito como hijo de padre desconocido, el Registro Civil efectuará la comunicación al Ministerio Público de Menores, quien deberá procurar la determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo por el presunto padre. En su defecto podrá promover la acción judicial correspondiente si media conformidad expresa de la madre para hacerlo.

Nota de Actualización:* Según art. 2, ley 23.264. Texto del Código Civil: Cualquiera declaración o confesión de la madre, afirmando o negando la paternidad del marido, no hará prueba alguna.

ARTICULO 256 - * La posesión de estado debidamente acreditada en juicio tendrá el mismo valor que el reconocimiento expreso, siempre que no fuere desvirtuado por prueba en contrario sobre el nexo biológico.

Nota:256. L. 2, tít. 9, Part. 4ª.

Nota de Actualización:* Según art. 2, ley 23.264. Texto del Código Civil: Mientras viva el marido, nadie sino él podrá reclamar contra la legitimidad del hijo concebido durante el matrimonio.

ARTICULO 257 - * El concubinato de la madre con el presunto padre durante la época de la concepción hará presumir su paternidad, salvo prueba en contrario.

Nota de Actualización:* Según art. 2, ley 23.264. Texto del Código Civil: Pero la legitimidad del hijo puede ser contestada por no haber habido matrimonio entre su padre y madre, o por ser nulo, o haberse anulado el matrimonio, o por no ser concebido el hijo durante el matrimonio.

CAPITULO IX

Acciones de impugnación de estado

ARTICULO 258 - * El marido puede impugnar la paternidad de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a su disolución o anulación, alegando que él no puede ser el padre o que la paternidad presumida por la ley no debe ser razonablemente mantenida en razón de pruebas que la contradicen. Para acreditar esa circunstancia podrá valerse de todo medio de prueba, pero no será suficiente la sola declaración de la madre. Aun antes del nacimiento del hijo, el marido o sus herederos podrán impugnar preventivamente la paternidad del hijo por nacer. En tal caso la inscripción del nacimiento posterior no hará presumir la paternidad del marido de la madre sino en caso de que la acción fuese rechazada.

En todos los casos del presente artículo, para la admisión de la demanda se deberá acreditar previamente la verosimilitud de los hechos en que se funda.

Nota:258. Proyecto de GOYENA, art. 106. Cód. francés, art. 317. Cód. de Chile. arts. 184 y 185.

Nota de Actualización:* Según art. 2, ley 23.264. Texto del Código Civil: Los herederos del marido no podrán contradecir la legitimidad de un hijo nacido dentro de los ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio, cuando él no hubiere comenzado la demanda. En los demás casos, si el marido ha muerto sin hacer reclamación contra la legitimidad del hijo, sus herederos y cualquier persona que tenga interés actual en ello, tendrán dos meses para interponer la demanda. Este término correrá desde el día en que el hijo hubiese entrado en posesión de los bienes del marido. No hay lugar a demanda cuando el padre hubiese reconocido al hijo en su testamento, o en otra forma pública.

ARTICULO 259 - * La acción de impugnación de la paternidad del marido podrá ser ejercida por éste, y por el hijo. La acción del marido caduca si transcurre un año desde la inscripción del nacimiento, salvo que pruebe que no tuvo conocimiento del parto, en cuyo caso el término se computará desde el día en que lo supo. El hijo podrá iniciar la acción en cualquier tiempo.

En caso de fallecimiento del marido, sus herederos podrán impugnar la paternidad si el deceso se produjo antes de transcurrir el término de caducidad establecido en este artículo. En este caso, la acción caducará para ellos una vez cumplido el plazo que comenzó a correr en vida del marido.

Nota:259. Cód. francés, arts. 328 y sigts. Cód. de Holanda, arts. 324 y 325. Cód. sardo, arts. 169 y 170.

Nota de Actualización:* Según art. 2, ley 23.264. Texto del Código Civil: Los hijos pueden reclamar su filiación legítima cuando sean desconocidos por los padres. Esta acción es imprescriptible. Los herederos y descendientes podrán continuar la acción intentada por ellos, o entablarla cuando el hijo desconocido por los padres hubiese muerto en la menor edad.

ARTICULO 260 - * El marido podrá negar judicialmente la paternidad del hijo nacido dentro de los ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio. Si se probare que el marido tenía conocimiento del embarazo de su mujer al tiempo de su casamiento o si, luego del nacimiento, reconoció como suyo expresa o tácitamente al hijo o consintió en que se le diera su apellido en la partida de nacimiento, la negación será desestimada. Quedará a salvo, en todo caso, la acción de impugnación de la paternidad que autoriza el artículo 258.

Para la negación de la paternidad del marido rige el término de caducidad de un año.

Nota de Actualización:* Según art. 2, ley 23.264. Texto del Código Civil: La acción de filiación no puede ser intentada sino contra el padre y madre conjuntamente, y por fallecimiento de éstos, contra sus herederos.

ARTICULO 261 - * La maternidad puede ser impugnada por no ser la mujer la madre del hijo que pasa por suyo.

Nota de Actualización:* Según art. 2, ley 23.264. Texto del Código Civil: La filiación de que el hijo esté en posesión, aunque sea conforme a los asientos parroquiales, puede ser contestada en razón del parto supuesto, o por haber habido sustitución del verdadero hijo, o no ser la mujer, la madre propia del hijo que pasa por suyo.

ARTICULO 262 - * La maternidad podrá ser impugnada en todo tiempo por el marido o sus herederos, por el hijo y por todo tercero que invoque un interés legítimo. La mujer podrá ejercer la acción cuando alegue sustitución o incertidumbre acerca de la identidad del hijo.

Nota de Actualización:* Según art. 2, ley 23.264. Texto del Código Civil: El derecho de reclamar la filiación, o de contestar la legitimidad no se extingue, ni por prescripción ni por renuncia expresa o tácita; mas los derechos pecuniarios, ya adquiridos, están sujetos a la prescripción.

ARTICULO 263 - * El reconocimiento que hagan los padres de los hijos concebidos fuera del matrimonio puede ser impugnado por los propios hijos o por los que tengan interés en hacerlo. El hijo puede impugnar el reconocimiento en cualquier tiempo. Los demás interesados podrán ejercer la acción dentro de los dos años de haber conocido el acto de reconocimiento.

Nota:263. Cód. sardo, art. 164, ZACHARIAE, § 162. Merlin, "Rep. Verb. Maternité".

Nota de Actualización:* Según art. 2, ley 23.264. Anterior: según ley 2393, art. 114: 263. La filiación legítima se probará: por la inscripción del nacimiento en el Registro Civil donde exista, y a falta de éste por la inscripción en el Registro parroquial y por la inscripción del matrimonio en el Registro Civil desde la vigencia de esta ley, y en los parroquiales antes de ella. A falta de inscripción o cuando la inscripción en los registros se ha hecho bajo falsos nombres o como de padres no conocidos, la filiación legítima puede probarse por todos los medios de prueba. Texto del Código Civil: La filiación legítima se prueba por la inscripción en los registros parroquiales, tanto del nacimiento como del matrimonio de los padres, o por la posesión constante del estado de hijo legítimo, fundada en actos que la demuestren. A falta de inscripción en los libros parroquiales y de la posesión de estado, la filiación legítima puede probarse con testigos, cuando la inscripción en los registros se ha hecho bajo falsos nombres, o como de padres no conocidos.

TITULO III

* De la patria potestad

Nota de Actualización: * Ver ley 10.903 en lo que respecta a la incidencia del Patronato de Menores.

ARTICULO 264 - * La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de los hijos, para su protección y formación integral, desde la concepción de éstos y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado.

Su ejercicio corresponde:

1º En el caso de los hijos matrimoniales, al padre y a la madre conjuntamente, en tanto no estén separados o divorciados, o su matrimonio fuese anulado. Se presumirá que los actos realizados por uno de ellos cuenta con el consentimiento del otro, salvo en los supuestos contemplados en el art. 264 quater, o cuando mediare expresa oposición.

2º ** En caso de separación de hecho, separación personal, divorcio vincular o nulidad de matrimonio, al padre o madre que ejerza legalmente la tenencia, sin perjuicio del derecho del otro de tener adecuada comunicación con el hijo y de supervisar su educación.

3º En caso de muerte de uno de los padres, ausencia con presunción de fallecimiento, privación de la patria potestad, o suspensión de su ejercicio al otro.

4º En el caso de los hijos extramatrimoniales, reconocidos por uno solo de los padres, a aquel que lo hubiere reconocido.

5º *** En el caso de los hijos extramatrimoniales reconocidos por ambos padres, a ambos, si convivieren y en caso contrario, a aquel que tenga la guarda otorgada en forma convencional, o judicial, o reconocida mediante información sumaria.

6º A quien fuese declarado judicialmente el padre o madre del hijo, si no hubiese sido voluntariamente reconocido

Nota:264. Proyecto de GOYENA, tít. 7, LL. 1 y 3, tít. 17, Part. 4ª, L. 3, tít. 20, Part. 2ª, y 18, tít. 8, Part. 4ª.

Nota de Actualización:* Según art. 3, ley 23.264. Anterior según art. 1, ley 10.903: 264. La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos, desde la concepción de éstos y en tanto sean menores de edad y no se hayan emancipado. Texto del Código Civil: La patria potestad es el conjunto de los derechos que las leyes conceden a los padres desde la concepción de los hijos legítimos en la personas y bienes de dichos hijos, mientras sean menores de edad y no estén emancipados.

Nota de Actualización:** Según ley 23.515. Texto anterior según art. 3º, ley 23.264: 2º En caso de separación de hecho, divorcio, o nulidad de matrimonio, al padre o madre que ejerza legalmente la tenencia, sin perjuicio del derecho del otro de tener adecuada comunicación con el hijo y de supervisar su educación.

Nota de Actualización:*** Ver ley 11.357, art. 2.

ARTICULO 264 bis - * Cuando ambos padres sean incapaces o estén privados de la patria potestad o suspendidos en su ejercicio los hijos menores quedarán sujetos a tutela. Si los padres de un hijo extramatrimonial fuesen menores no emancipados, se preferirá quien ejerza la patria potestad sobre aquel de los progenitores que tenga al hijo bajo su amparo o cuidado, subsistiendo en tal caso esa tutela, aun cuando el otro progenitor se emancipe o cumpla la mayoría de edad.

Nota de Actualización:* Artículos agregados por la ley 23.264.

ARTICULO 264 ter - * En caso de desacuerdo entre el padre y la madre, cualquiera de ellos podrá acudir al juez competente, quien resolverá lo más conveniente para el interés del hijo, por el procedimiento más breve previsto por la ley local, previa audiencia de los padres con intervención del ministerio pupilar. El juez, podrá, aun de oficio, requerir toda la información que considere necesaria, y oír al menor, si éste tuviese suficiente juicio, y las circunstancias lo aconsejaren. Si los desacuerdos fueren reiterados o concurriere cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, podrá atribuirlo total o parcialmente a uno de los padres o distribuir entre ellos sus funciones, por el plazo que fije el que no podrá exceder de dos años.

Nota de Actualización:* Artículos agregados por la ley 23.264.

ARTICULO 264 quater - * En los casos de los incisos 1º, 2º y 5º del art. 264, se requerirá el consentimiento expreso de ambos padres para los siguientes actos:

1º Autorizar al hijo para contraer matrimonio.

2º Habilitarlo.

3º Autorizarlo para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad.

4º Autorizarlo para salir de la República.

5º Autorizarlo para estar en juicio.

6º Disponer de los bienes inmuebles y derechos o muebles registrables de los hijos cuya administración ejercen, con autorización judicial.

7º Ejercer actos de administración de los bienes de los hijos, salvo que uno de los padres delegue la administración conforme lo previsto en el art. 294.

En todos estos casos si uno de los padres no diere su consentimiento, o mediara imposibilidad para prestarlo, resolverá el juez lo que convenga al interés familiar.

Nota de Actualización: * Artículos agregados por la ley 23.264.

ARTICULO 265 - * Los hijos menores de edad están bajo la autoridad y cuidado de sus padres. Tienen éstos la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, no sólo con los bienes de los hijos sino con los suyos propios.

Nota:265. L. 1, tít. 19, Part. 4ª. L. 9, tít. 2, lib. 10 Nov. Rec. La Ley romana decía: "Veluti erga Deum religio ut parentibus et patriae pareamur". LL. 4 y 5, tít. 3, lib. 25, Dig. y 4, tít. 2, lib. 27, ídem, y 16, tít. 10, lib. 37 ídem., Cód. francés, art. 203 y los demás Códigos modernos. ZACHARIAE, § 131. Y véase L. 7, tít. 2, Part. 3ª, y 13, tít. 7, Part. 6ª.

Nota de Actualización:* Según art. 4, ley 23.264. Texto del Código Civil: Los hijos menores de edad están bajo la autoridad y poder de sus padres. Tienen éstos obligación y derecho de criar a sus hijos, elegir la profesión que han de tener, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, no sólo con los bienes de ellos o de la madre, sino con los suyos propios.

ARTICULO 266 - * Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres. Aunque estén emancipados están obligados a cuidarlos en su ancianidad y en estado de demencia o enfermedad y a proveer a sus necesidades, en todas las circunstancias de la vida en que les sean indispensables sus auxilios.

Tienen derecho a los mismos cuidados y auxilio los demás ascendientes.

Nota:266. Las leyes del tít. 19, Part. 4ª.

Nota de Actualización: * Según art. 4, ley 23.264. Texto del Código Civil: Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres. Aunque estén emancipados están obligados a cuidarlos en su ancianidad, en el estado de demencia o enfermedad, y a proveer a sus necesidades en todas las circunstancias de la vida, en que les sean indispensables sus auxilios. Tienen derecho a los mismos cuidados y auxilios los demás ascendientes legítimos.

ARTICULO 267 - * La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad.

Nota:267. L. 5, tít. 33, Parts. 7ª y 2ª. tít. 20, Part. 4ª, ZACHARIAE, § 131. LL. 43 y 44, Dig. "De verb. Signif".

Nota de Actualización:* Según art. 4, ley 23.264. Texto del Código Civil: La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, vestido, habitación, asistencia y gastos por enfermedades.

ARTICULO 268 - La obligación de dar alimentos a los hijos no cesa aun cuando las necesidades de ellos provengan de su mala conducta.

Nota:268. La Nov. 27, cap, 2, dice: "Quia legum contentores et impii sint, parentes tamen sunt". En contra, L. 6, tít. 19, Part. 4ª y Proyecto de GOYENA, art. 72.

ARTICULO 269 - * Si el menor de edad se hallare en urgente necesidad, que no pudiere ser atendida por sus padres, los suministros indispensables que se efectuaren se juzgarán hechos con autorización de ellos.

Nota:269. Cód. de Chile, art. 232. ZACHARIAE, § 131.

Nota de Actualización:* Según art. 4, ley 23.264. Texto del Código Civil: Si el hijo de menor edad, ausente de la casa paterna, se hallase en urgente necesidad, que no pueda ser atendida por los padres, las suministraciones que se le hagan se juzgarán hechas con autorización de ellos.

ARTICULO 270 - Los padres no están obligados a dar a sus hijos los medios de formar un establecimiento, ni a dotar a las hijas.

Nota:270. Cód. francés, art. 204; ZACHARIAE, § 130. TOULLIER, t. 14, núms. 69 y 70. En contra: en cuanto a dotar a las hijas: L. 8, tít. 11, Part. 4ª. Cód. de Nápoles, art. 194. Cód. de Prusia, en cuanto a los hijos e hijas, en contra: arts. 232 y 233.

ARTICULO 271 - * En caso de divorcio vincular, separación personal, separación de hecho o nulidad de matrimonio, incumbe siempre a ambos padres el deber de dar alimento a sus hijos y educarlos, no obstante que la tenencia sea ejercida por uno de ellos.

Nota:271. Véase el tít. "Del matrimonio" , Cap. "Del divorcio".

Nota de Actualización:* Según ley 23.515. Según art. 4, ley 23. 264: 271. En caso de divorcio, separación de hecho o nulidad de matrimonio, incumbe siempre a ambos padres el deber de dar alimentos a sus hijos y educarlos, no obstante que la tenencia sea ejercida por uno de ellos. Texto del Código Civil: En caso de divorcio, o separación judicial de bienes, o de nulidad del matrimonio, incumbe siempre al padre el deber de dar alimentos a sus hijos y educarlos, si el juez los dejare en su poder.

ARTICULO 272 - * Si el padre o la madre faltaren a esta obligación, podrán ser demandados por la prestación de alimentos por el propio hijo si fuese adulto, asistido por un tutor especial, por cualquiera de los parientes o por el Ministerio de Menores.

Nota de Actualización:* Según art. 4, ley 23.264. Texto del Código Civil: Si el padre faltase a esta obligación, puede ser demandado por la prestación de alimentos, o por el propio hijo si fuese adulto, asistido por un tutor especial, o por cualquiera de los pariente, o por el Ministerio de Menores.

ARTICULO 273 - * Derogado según art. 18, ley 23.264.

Nota de Actualización:* Derogado según art. 18, ley 23.264. Texto del Código Civil: Los padres responden por los daños que causen sus hijos menores de diez años, que habiten con ellos.

ARTICULO 274 - Los padres, sin intervención alguna de sus hijos menores, pueden estar en juicio por ellos como actores o demandados, y a nombre de ellos celebrar cualquier contrato en los límites de su administración señalados en este Código.

ARTICULO 275 - * Los hijos menores no pueden dejar la casa de sus progenitores, o aquella que éstos les hubiesen asignado, sin licencia de sus padres.

Tampoco pueden, antes de haber cumplido 18 años de edad ejercer oficio, profesión o industria, ni obligar sus personas de otra manera sin autorización de sus padres.

Nota:275. Cód. de Friburgo, art. 192. En cuanto al enrolamiento militar, en contra: el Cód. francés, art. 274. Cód. sardo, art. 212 y L. 4, § 11, Dig. "De re militare". La razón especial de esta ley puede verse en LE CLERQ, "Droit Romain", t. 1, p. 441.

Nota de Actualización:* Según art. 4, ley 23.264. Texto del Código Civil: Los hijos no pueden dejar la casa paterna, o aquella en que sus padres los han colocado, ni enrolarse en servicio militar, ni entrar en comunidades religiosas, ni obligar sus personas de otra manera, ni ejercer oficio, profesión o industria separada, sin licencia o autorización de sus padres.

ARTICULO 276 - * Si los hijos menores dejasen el hogar, o aquel en que sus padres los hubiesen puesto, sea que ellos se hubiesen sustraído a su obediencia, o que otros los retuvieran, los padres podrán exigir que las autoridades públicas les presten toda la asistencia que sea necesaria para hacerlos entrar bajo su autoridad. También podrán acusar criminalmente a los seductores o corruptores de sus hijos, y a las personas que los retuvieren.

Nota de Actualización:* Según art. 4, ley 23.264. Texto del Código Civil: Si los hijos dejasen la casa paterna, o aquella en que sus padres los hubiesen puesto, sea que ellos se hayan sustraído a su obediencia, o que otros los detengan, los padres pueden exigir que las autoridades públicas les presten toda la asistencia que sea necesaria para hacerlos entrar bajo su autoridad. Ellos pueden acusar criminalmente a los seductores o corruptores de sus hijos, y a las personas que los retuvieren.

ARTICULO 277 - * Los padres pueden exigir que los hijos que están bajo su autoridad y cuidado les presten la colaboración propia de su edad, sin que ellos tengan derecho a reclamar pago o recompensa.

Nota de Actualización:* Según art. 4, ley 23.264. Texto del Código Civil: Los padres pueden exigir que los hijos que están en su poder les presten los servicios propios de su edad, sin que ellos tengan derecho a reclamar paga o recompensa.

ARTICULO 278 - * Los padres tienen la facultad de corregir o hacer corregir la conducta de sus hijos menores. El poder de corrección debe ejercerse moderadamente, debiendo quedar excluidos los malos tratos, castigos o actos que lesionen o menoscaben física o psíquicamente a los menores. Los jueces deberán resguardar a los menores de las correcciones excesivas de los padres, disponiendo su cesación y las sanciones pertinentes si correspondieren.

Nota de Actualización: * Según art. 4, ley 23.264. Texto del Código Civil: Los padres tienen la facultad de corregir o hacer corregir moderadamente a sus hijos; y con la intervención del juez, hacerlos detener en un establecimiento correccional por el término de un mes. La autoridad local debe reprimir las correcciones excesivas de los padres.

ARTICULO 279 - Los padres no pueden hacer contrato alguno con los hijos que están bajo su patria potestad.

Nota:279. L. 3, tít. 4, Parts. 5ª y 8ª, tít. 11, lib. 1, Fuero Real.

ARTICULO 280 - * Los padres no pueden hacer contrato de locación de los servicios de sus hijos adultos, o para que aprendan algún oficio sin asentimiento de ellos.

Nota de Actualización:* Ver art. 412.

ARTICULO 281 - * Derogado, según art. 18, ley 23.264.

Nota de Actualización:* Derogado según art. 18, ley 23.264. Texto del Código Civil: El hijo de familia no puede comparecer en juicio como actor, sino autorizado por el padre.

ARTICULO 282 - * Si los padres o uno de ellos negaren su consentimiento al menor adulto para intentar una acción civil contra un tercero, el juez, con conocimiento de los motivos que para ello tuviera el oponente, podrá suplir la licencia, dando al hijo un tutor especial para el juicio.

Nota de Actualización:* Según art. 4, ley 23.264. Texto del Código Civil: Si el padre niega su consentimiento al hijo para intentar una acción civil contra un tercero, el juez, con conocimiento de los motivos que para ello tuviera el padre, puede suplir la licencia, dando al hijo un tutor especial para el juicio.

ARTICULO 283 - * Se presume que los menores adultos, si ejercieren algún empleo, profesión o industria, están autorizados por sus padres para todos los actos y contratos concernientes al empleo, profesión o industria, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 131. Las obligaciones que de estos actos nacieren, recaerán únicamente sobre los bienes cuya administración y usufructo o sólo el usufructo, no tuvieren los padres.

Nota:283. Cód. de Chile, art. 242.

Nota de Actualización:* Según art. 4, ley 23.264. Texto del Código Civil: Se presume que los hijos de familia adultos, si ejercieren algún empleo público, o alguna profesión o industria, están autorizados por sus padres para todos los actos y contratos concernientes al empleo público o a su profesión o industria. Las obligaciones que de estos actos nacieren, recaerán únicamente sobre los bienes, cuya administración y usufructo, o sólo el usufructo, no tuviese el padre.

ARTICULO 284 - * Los menores adultos ausentes del hogar con autorización de los padres, o en un país extranjero, o en un lugar remoto dentro de la República, que tuviesen necesidad de recursos para su alimento u otras necesidades urgentes, podrán ser autorizados por el juez del lugar o por la representación diplomática de la República, según el caso, para contraer deudas que satisfagan las necesidades que padecieren.

Nota de Actualización:* Según art. 4, ley 23.264. Texto del Código Civil: Los hijos de familia adultos ausentes de la casa paterna, con licencia del padre, o en país extranjero, o en lugar remoto dentro de la República, que tuviesen necesidad de recursos para sus alimentos u otras necesidades urgentes, podrán ser autorizados por el juez del lugar, o por el Cónsul de la República para contraer deudas que satisfagan la necesidad en que se hallaren.

ARTICULO 285 - * Los menores no pueden demandar a sus padres sino por sus intereses propios, y previa autorización del juez, aun cuando tengan una industria separada, o sean comerciantes.

Nota de Actualización:* Según art. 4, ley 23.264. Texto del Código Civil: Los hijos de familia no pueden demandar a sus padres sino por sus intereses propios, y previa licencia del juez del territorio, aun cuando tengan una industria separada o sean comerciantes.

ARTICULO 286 - * El menor adulto no precisará la autorización de sus padres para estar en juicio, cuando sea demandado criminalmente, ni para reconocer hijos ni para testar.

Nota de Actualización:* Según art. 4, ley 23.264. Texto del Código Civil: No es precisa la autorización del padre para estar en juicio, cuando el hijo de familia adulto fuese demandado criminalmente, ni para las disposiciones de su última voluntad, ni cuando reconociere sus hijos naturales.

ARTICULO 287 - * El padre y la madre tienen el usufructo de los bienes de sus hijos matrimoniales, o de los extramatrimoniales voluntariamente reconocidos, que estén bajo su autoridad, con excepción, de los siguientes:

1º Los adquiridos mediante su trabajo, empleo, profesión o industria, aunque vivan en casa de sus padres.

2º Los heredados por motivo de la indignidad o desheredación de sus padres.

3º Los adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el donante o testador hubiera dispuesto que el usufructo corresponde al hijo.

Nota:287. L. 5, tít. 17, Part. 4ª L. 13, t. 8, Part. 6ª. Cód. sardo, art. 235. Estas leyes dan sólo el usufructo al padre. En cuanto a los bienes exceptuados, Cód. sardo, art. 226. De Austria, 151 y Cód. francés, art. 387. En contra: L. 7 tít. 17, Part. 4ª. Las leyes 6 y 7, del mismo título conforme con el artículo en cuanto al peculio castrense y en contra respecto a los otros bienes, LL. 4, 6, y 8, tít. 61, lib. 6, Cód. romano.

Nota de Actualización: * Según art. 4, ley 23.264. Texto del Código Civil: El padre y la madre tienen el usufructo de todos los bienes de sus hijos legítimos que estén bajo la patria potestad con excepción de los siguientes:

1º De los bienes que los hijos adquieran por sus servicios civiles, militares o eclesiásticos;

2º De los que adquieran por su trabajo o industria, aunque vivan en casa de sus padres;

3º De los que adquieran por casos fortuitos, como juego, apuesta, etc.;

4º De los que hereden con motivo de la incapacidad del padre para ser heredero.

ARTICULO 288 - El usufructo de dichos bienes exceptuados, corresponde a los hijos.

Nota:288. Argumento de la L. 11, tít. 4, Part. 6ª. y Nov. 117. Cód. francés, art. 387; de Nápoles art. 301; sardo, art. 227.

ARTICULO 289 - * Derogado según art. 18, ley 23.264.

Nota de Actualización:* Derogado según art. 18, ley 23.264. Texto del Código Civil: Tienen también los hijos la propiedad y usufructo de los bienes adquiridos por herencia, donación o legado, cuando el donante o testador ha dispuesto que el usufructo corresponda al hijo.

ARTICULO 290 - * Es implícita la cláusula de no tener los padres el usufructo de los bienes donados o dejados a los hijos menores, cuando esos bienes fuesen donados o dejados con indicación del empleo que deba hacerse de los respectivos frutos o rentas.

Nota:290. L. 5, tít. 17, Part. 4ª. Cód. francés, art. 385; de Nápoles, art. 299 y sardo, 230 y véase la importante L. 8, § 4, tít. 61, Cód. romano.

Nota de Actualización:* Según art. 4, ley 23.264. Texto del Código Civil: Es implícita la cláusula de no tener el padre el usufructo de los bienes donados o dejados a los hijos de familia, cuando esos bienes fuesen donados o dejados con indicación del empleo que deba hacerse de los respectivos frutos, o rentas.

ARTICULO 291 - Las cargas del usufructo legal del padre y de la madre son:

1º Las que pesan sobre todo usufructuario, excepto la de afianzar.

2º Los gastos de subsistencia y educación de los hijos, en proporción a la importancia del usufructo.

3º El pago de los intereses de los capitales que venzan durante el usufructo.

4º Los gastos de enfermedad y entierro del hijo, como los del entierro y funerales del que hubiese instituido por heredero al hijo.

ARTICULO 292 - Las cargas del usufructo legal son cargas reales. A los padres por hechos o por deudas no se les puede embargar el goce del usufructo, sino dejándoles lo que fuese necesario para llenar aquéllas.

Nota:292. Véase sobre la materia ZACHARIAE, § 188 y nota 14.

ARTICULO 293 - * Los padres son los administradores legales de los bienes de los hijos que están bajo su potestad, con excepción de los siguientes:

1º Los que hereden con motivo de la indignidad o desheredación de sus padres.

2º Los adquiridos por herencia, legado o donación cuando hubieran sido donados o dejados por testamento bajo la condición de que los padres no los administren.

Nota:293. L. 5, tít. 17, Part. 4ª. Cód. sardo, art. 231. El Cód. francés, art. 389, de Holanda, art. 362, y el de Nápoles arts. 291 y 311 ponen la cláusula: "durante el matrimonio". Según el artículo y el Cód. sardo, el padre ni por enviudar, ni por contraer segundas nupcias pierde la administración de los bienes de los hijos menores de edad.

Nota de Actualización: * Según art. 4, ley 23.264. Texto del Código Civil: El padre es el administrador legal de los bienes de los hijos que están bajo su potestad, aun de aquellos bienes de que no tenga el usufructo.

ARTICULO 294 - * La administración de los bienes de los hijos será ejercida en común por los padres cuando ambos estén en ejercicio de la patria potestad. Los actos conservatorios pueden ser otorgados indistintamente por el padre o la madre.

Los padres podrán designar de común acuerdo a uno de ellos administrador de los bienes de los hijos, pero en ese caso el administrador necesitará el consentimiento expreso del otro para todos los actos que requieran también la autorización judicial. En caso de graves o persistentes desacuerdos sobre la administración de los bienes, cualquiera de los padres podrá requerir al juez competente que designe a uno de ellos administrador.

Nota de Actualización:* Según art. 4, ley 23.264. Texto del Código Civil: El padre no tiene la administración de los bienes donados o dejados por testamento a los hijos, cuando han sido donados o dejados bajo la condición de que no los administre.

ARTICULO 295 - * La condición que prive a los padres de administrar los bienes donados o dejados a los hijos, no los priva del derecho al usufructo.

Nota de Actualización:* Según art. 4, ley 23.264. Texto del Código Civil: La condición que prive al padre de administrar los bienes donados o dejados a los hijos, no le priva del derecho al usufructo.

ARTICULO 296 - En los tres meses subsiguientes al fallecimiento del padre, o de la madre, el sobreviviente debe hacer inventario judicial de los bienes del matrimonio, y determinarse en él, los bienes que corresponda a los hijos so pena de no tener el usufructo de los bienes de los hijos menores.

ARTICULO 297 - * Los padres no pueden, ni aun con autorización judicial, comprar por sí, ni por interpuesta persona, bienes de sus hijos aunque sea en remate público, ni constituirse cesionario de créditos, derechos o acciones contra sus hijos; ni hacer partición privada con sus hijos de la herencia del progenitor prefallecido, ni de la herencia en que sean con ellos coherederos o colegatarios; ni obligar a sus hijos como fiadores de ellos o de terceros.

Necesitan autorización judicial para enajenar bienes de cualquier clase de sus hijos, constituir sobre ellos derechos reales o transferir derechos reales que pertenezcan a sus hijos sobre bienes de terceros.

Nota:297. L. 24, tít. 13, Part. 5ª. Ley 6, § 2, tít. 61, lib. 6, Cód. romano. Cód. sardo, art. 232; de Nápoles, arts. 291 y 292; de Holanda, art. 364. El Cód. francés guarda silencio.

Nota de Actualización:* Según art. 4, ley 23.264. Texto del Código Civil: Los padres no pueden enajenar sin autorización del juez del domicilio, los bienes inmuebles de los hijos, ni las rentas que estén constituidas sobre la deuda nacional; ni constituir derechos reales sobre dichos bienes; ni transferir derechos reales que pertenezcan a los hijos sobre bienes de otros; ni comprar por sí, ni por interpuesta persona, bienes muebles o inmuebles de sus hijos en remate público; ni constituirse cesionarios de créditos, derecho o acciones contra sus hijos, a menos que las cesiones no resulten de una subrogación legal; ni hacer remisión voluntaria de los derechos de sus hijos; ni hacer transacciones privadas con sus hijos de la herencia materna de ellos, o de herencia en que sea con ellos coheredero o legatario; ni obligar a sus hijos, como fiadores de ellos, o de terceros.

ARTICULO 298 - * Igualmente necesitan autorización judicial para enajenar ganados de cualquier clase que formen los establecimientos rurales, salvo aquellos cuya venta es permitida a los usufructuarios que tienen el usufructo de los rebaños.

Nota de Actualización:* Según art. 4, ley 23.264. Texto del Código Civil: No podrán tampoco enajenar los ganados de cualquier clase, que formen los establecimientos rurales, sino aquellos cuya venta es permitida a los usufructuarios que tienen el usufructo de rebaños.

ARTICULO 299 - Los actos de los padres contra las prohibiciones de los dos artículos anteriores son nulos y no producen efecto alguno legal.

ARTICULO 300 - Los arrendamientos que los padres hagan de los bienes de sus hijos, llevan implícita la condición que acabarán cuando concluya la patria potestad.

ARTICULO 301 - Los padres perderán la administración de los bienes de sus hijos, cuando ella sea ruinosa al haber de los mismos, o se pruebe la ineptitud de ellos para administrarlos, o se hallen reducidos a estado de insolvencia y concurso judicial de sus acreedores. En este último caso podrán continuar con la administración, si los acreedores les permiten y no embargan su persona.

ARTICULO 302 - Los padres aun insolventes, pueden continuar en la administración de los bienes de sus hijos, si dieren fianzas o hipotecas suficientes.

ARTICULO 303 - * Removido uno de los padres de la administración de los bienes, ésta corresponderá al otro; si ambos fueren removidos, el juez la encargará a un tutor especial y éste entregará a los padres, por mitades, el sobrante de las rentas de los bienes, después de satisfechos los gastos de administración y de alimentos y educación de los hijos.

Nota de Actualización:* Según art. 4, ley 23.264. Texto del Código Civil: Removido el padre de la administración de los bienes, el juez la encargará a un tutor especial, y éste entregará al padre el sobrante de las rentas de los bienes de los hijos, después de satisfechos los gastos de la administración de los alimentos y educación de ellos.

ARTICULO 304 - Los padres pierden la administración de los bienes de los hijos, cuando son privados de la patria potestad, pero si lo fuesen por demencia, no pierden el derecho al usufructo de los bienes de sus hijos.

Nota:304. Cód. austríaco, art. 176. Proyecto de GOYENA, art. 163.

ARTICULO 305 - Derogado según art. 18, ley 23.264. Anterior: Los deberes y derechos del padre sobre sus hijos y los bienes de ellos corresponden a la madre viuda.

Nota:305. Proyecto de GOYENA, art. 164. Los códigos modernos no están conformes con la resolución de este artículo. En unos la patria potestad pasa a la madre, después del fallecimiento del padre, con todos los derechos y obligaciones impuestas a éste; en otros, la patria potestad de la madre es limitada en sus facultades; en otros, lo es en sus derechos, no dando a la madre sino la mitad del usufructo en los bienes del hijo menor que está en su poder, y en otros, que son los menos, la patria potestad se acaba con la muerte del padre.

Esta era la marcha natural de la civilización, elevando, contra las más antiguas costumbres, la condición de las madres de familia. El derecho ha marchado también, y acabará por ser reconocida en los países cultos la necesidad y conveniencia de poner a la madre en sus relaciones de derecho, a la par del padre.

El Derecho romano y las Partidas negaron la patria potestad y todas sus ventajas a la madre, aunque la ley romana decía: "Non minorem curam erga filiorum utilitatem matres constat frequenter impendere". ¿Cuál era pues la razón de no dar a la viuda los derechos todos que sobre los hijos tenía el padre? Sólo la razón histórica de que en el matrimonio, la mujer comenzó por ser una hija de familia. Después fue conveniente darle la tutela de los hijos, una patria potestad supletoria sin los derechos de la verdadera patria potestad, y después fue preciso autorizarla con uno de los más importantes derechos de los padres: la necesidad de su asentimiento para el matrimonio de sus hijos. Al fin, el mayor número de legisladores ha dado a la madre viuda la misma autoridad, poder y derechos sobre sus hijos y sus bienes, que los que tenía el marido. GOYENA, en una nota al art. 164 de su Proyecto, funda muy bien el artículo que de él tomamos.

ARTICULO 306 - La patria potestad se acaba:

1º Por la muerte de los padres o de los hijos.

2º Por profesión de los padres, o de los hijos, con autorización de aquéllos, en institutos monásticos.

3º Por llegar los hijos a la mayor edad.

4º * Por emancipación legal de los hijos, sin perjuicio de la subsistencia del derecho de administración de los bienes adquiridos a título gratuito, si el matrimonio se celebró sin autorización.

5º * Por la adopción de los hijos, sin perjuicio de la posibilidad de que se la restituya en caso de revocación o nulidad de la adopción.

Nota:306. LL. 1 y 8, tít. 7, Part. 1ª. L. 8, tít. 1, lib. 5. Nov. Rec.

Nota de Actualización:* Según ley 17.711. Texto anterior según ley 10.903: 4º Por emancipación legal de los hijos. Texto del Código Civil: Por llegar los hijos a la mayor edad.

** Inciso agregado por art. 4, ley 23.264.

ARTICULO 307 - * El padre o madre quedan privados de la patria potestad:

1º Por ser condenados como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona o los bienes de alguno de sus hijos, o como coautor, instigador o cómplice de un delito cometido por el hijo.

2º Por el abandono que hiciere de alguno de sus hijos, para el que los haya abandonado, aun cuando quede bajo guarda o sea recogido por el otro progenitor o un tercero.

3º Por poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica o la moralidad del hijo, mediante malos tratamientos, ejemplos perniciosos, inconducta notoria o delincuencia.

Nota:307. L. 4, tít. 20, Part. 4ª, lib. 2, tít. 52, lib. 8, Cód. romano y Nov. Rec., 153.

Nota de Actualización: * Según art. 4, ley 23.264. Texto anterior según ley 10.903, art. 3º) 307. La patria potestad se pierde:

1º Por delito cometido por el padre o madre contra su hijo o hijos menores, para aquél que lo cometa;

2º Por la exposición o el abandono que el padre o madre hiciera de sus hijos, para el que los haya abandonado;

3º Por dar el padre o la madre a los hijos, consejos inmorales o colocarlos dolosamente en peligro material o moral, para el que lo hiciera. Texto del Código Civil: Los padres que exponen o abandonan a sus hijos en la infancia pierden la patria potestad.

ARTICULO 308 - * La privación de la autoridad de los padres podrá ser dejada sin efecto por el juez si los padres demostraran que, por circunstancias nuevas la restitución se justifica en beneficio o interés de los hijos.

Nota:308. Arg. de la L. 5, tít. 16, Part. 6ª "Autent Sacramentum" a la L. 2, tít. 55, lib. 5, Cód. romano. Véase Cód. francés, art. 386; de Nápoles, art. 300; sardo, art. 235; holandés, 372. Es expreso el Cód. de Vaud, art. 206.

Nota de Actualización:* Según art. 4, ley 23.264. Texto según ley 10.903, art. 3º) 308. El padre o la madre que haya sido condenado por delito grave o que haya sido objeto de varias condenas, que demuestren que se trata de un delincuente profesional o peligroso, pierde el ejercicio de la patria potestad.

La madre que contrajere nuevas nupcias pierde el ejercicio de la patria potestad de los hijos de los matrimonios anteriores, pero enviudando lo recupera. Texto del Código Civil: La madre viuda que contrajere segundas nupcias, pierde la patria potestad.

ARTICULO 309 - * El ejercicio de la autoridad de los padres queda suspendido mientras dure la ausencia de los padres, judicialmente declarada conforme a los arts. 15 a 21 de la ley 14.394. También queda suspendido en caso de interdicción de alguno de los padres, o de inhabilitación según el art. 152 bis, incisos 1º y 2º, hasta que sea rehabilitado, y en los supuestos establecidos en el art. 12 del Código Penal.

Podrá suspenderse el ejercicio de la autoridad en caso de que los hijos sean entregados por sus padres a un establecimiento de protección de menores. La suspensión será resuelta con audiencia de los padres, de acuerdo a las circunstancias del caso.

Nota:309. L. 18, tít. 18, Part. 4ª. L. 5, tít. 12, Lib. 3, Dig. L. 12, tít. 4, lib. 1, Cód. romano. Cód. de Austria, arts. 77 y 78, Cód. de Prusia, tít. 2, parte 1ª, arts. 90 y 91. Cód. de Baviera, art. 7º, núm. 2, cap. 5, lib. 1.

Nota de Actualización:* Según art. 4, ley 23.264. Anterior: según ley 10.903: 309. El ejercicio de la patria potestad queda suspendido en ausencia de los padres ignorándose su paradero, y por incapacidad mental, en tanto dure la ausencia o la incapacidad.

Los jueces pueden suspender el ejercicio de la patria potestad si el padre o la madre tratasen a sus hijos, sin motivo, con excesiva dureza; o si por consecuencia de su ebriedad consuetudinaria, inconducta notoria o negligencia grave, comprometiesen la salud, seguridad o moralidad de los hijos.

Esa suspensión puede durar desde un mes, hasta que el hijo menor llegue a la mayor edad. Y anterior en su redacción original del Código: Los jueces pueden privar a los padres, de la patria potestad, si tratasen a sus hijos con excesiva dureza, o si les diesen preceptos, consejos o ejemplos inmorales. Texto del Código Civil: Los jueces pueden privar a los padres de la patria potestad, si tratasen a sus hijos con excesiva dureza o si les diesen preceptos, consejos o ejemplos inmorales.

ARTICULO 310 - * Si uno de los progenitores fuera privado o suspendido en el ejercicio de la patria potestad, continuará ejerciéndola el otro. En su defecto, y no dándose el caso de tutela legal por pariente consanguíneo idóneo, en orden de grado excluyente, el juez proveerá a la tutela de las paersonas menores de edad.

Nota: * Según art. 73, ley 26.061.

TITULO IV

De la adopción *

Nota de Actualización:* El Título IV, con los arts. 311 a 340, fue incorporado por ley 24.779.

Los arts. 311 a 323 fueron derogados por la ley 23.264, art. 18. Texto del Código Civil:

TITULO IV

De la legitimación

311. Los hijos nacidos fuera del matrimonio, de padres que al tiempo de la concepción de aquéllos pudieron casarse, aunque fuera con dispensa, quedan legitimados por el subsiguiente matrimonio de los padres.

312. En cuanto a los hijos que tuviesen su domicilio de origen en la República, este Código no admite otros modos de legitimación.

313. En cuanto a los hijos que tuviesen su domicilio de origen fuera de la República, se admite los modos de legitimación que dispusieren las leyes del país de ese domicilio.

314. Las disposiciones de este título sobre la legitimación por subsiguiente matrimonio, serán sólo aplicables a los hijos cuyos padres tengan o hubiesen tenido su domicilio en la República, al tiempo de la celebración del matrimonio.

315. En cuanto a los hijos cuyos padres tengan o hayan tenido su domicilio fuera de la República, al tiempo de la celebración de su matrimonio, aunque otro fuese su domicilio al tiempo de la concepción o nacimiento, y aunque el casamiento se haya celebrado en la República, el subsiguiente matrimonio no legitimará los hijos, si las leyes del país del domicilio del padre al tiempo de la celebración del matrimonio no admitieren este modo de legitimación, y si lo admitieren, la legitimación será sólo juzgada por esas leyes.

316. La legitimación puede extenderse a los hijos que hubiesen fallecido al tiempo de celebrarse el matrimonio, dejando descendientes, en cuyo caso aprovecha a éstos.

317. Para que la legitimación tenga efecto, los padres del hijo natural han de reconocerle antes de la celebración del matrimonio, o al inscribirse éste en los registros parroquiales, o dos meses después de celebrado el matrimonio.

318. El reconocimiento deberá hacerse, o en la partida del nacimiento, o ante el juez del lugar, levantándose el acta correspondiente, o por escritura pública, o en presencia del párroco y testigos del matrimonio, si se hiciese al contraerse éste.

319. Los hijos legitimados por subsiguiente matrimonio, son iguales a los legítimos para todos los efectos legales, desde el día de la celebración del matrimonio, y la legitimidad aprovecha a su posteridad legítima. La designación de "hijos legítimos", "hijos de legítimo matrimonio", comprende los hijos legitimados.

320. La persona que tenga la libre administración de sus bienes, podrá aceptar o repudiar la legitimación. Los que estén bajo tutela, y la mujer casada, no pueden aceptarla ni repudiarla sin consentimiento y aprobación del tutor o del marido.

321. Pueden impugnarla los hijos del matrimonio por el que hubieren de legitimarse los hijos, y también los hijos de un anterior o posterior matrimonio, o los que tengan un interés actual en hacerlo.

322. La denegación de la paternidad no obstará a la legitimación de los hijos concebidos antes del matrimonio, y nacidos después, si el marido antes del casamiento supo el embarazo de su esposa, o si por cualquier otro modo reconoció expresamente por suyo el hijo que la mujer diera a luz, sea antes o después del nacimiento.

323. Los derechos y obligaciones que produce la legitimación principian desde el día en que el subsiguiente matrimonio fue celebrado; no remonta al día de la concepción, ni al día del nacimiento de los hijos legitimados, sea para influir en los derechos ya adquiridos de sucesión hereditaria, o para aprovechar al padre en el usufructo que le corresponde sobre los bienes de sus hijos.

TITULO V

De los hijos naturales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos

CAPITULO I

De los hijos naturales

324. Los hijos designados en el art. 311, son hijos naturales.

325. Los hijos naturales tienen acción para pedir ser reconocidos por el padre o la madre, o para que el juez los declare tales, cuando los padres negasen que son hijos suyos, admitiéndoseles en la investigación de la paternidad o maternidad, todas las pruebas que se admiten para probar los hechos, y que concurran a demostrar la filiación natural. No habiendo posesión de estado, este derecho sólo puede ser ejercido por los hijos durante la vida de sus padres.

326. La indagación de la maternidad no tendrá lugar cuando sea con objeto de atribuir el hijo a una mujer casada.

327. Las obligaciones de los hijos legítimos para con sus padres, se extienden a los hijos naturales, respecto a los padres de ellos.

328. El padre y la madre tienen sobre sus hijos naturales los mismos derechos y autoridad que los padres legítimos sobre sus hijos.

329. Los jueces sin embargo, pueden restringir o suspender enteramente el ejercicio de este derecho, cuando así convenga al interés de los hijos.

330. El padre y la madre tienen el deber de criar a sus hijos naturales, proveer a su educación, darles la enseñanza primaria, y costearles el aprendizaje de una profesión u oficio; pero en los casos que el interés de los hijos lo demande, los jueces podrán ordenar que la educación del hijo no sea confiada al padre sino a la madre, o a un tercero a costa de los padres.

331. Los padres están obligados a dar a sus hijos naturales los alimentos necesarios hasta la edad de dieciocho años, y siempre que los hijos se hallen en circunstancias de no poder proveer a sus necesidades. Esta obligación incumbe a los herederos de los padres. La obligación de alimentos es recíproca entre padres e hijos.

332. El reconocimiento que los padres hagan de los hijos naturales, por escritura pública, o ante los jueces, o de otra manera, es irrevocable, y no admite condiciones, plazos o cláusulas de cualquiera naturaleza que modifique sus efectos legales, sin ser necesaria la aceptación por parte del hijo, ni notificación alguna.

333. Se tendrán como reconocimiento hecho del hijo natural en las disposiciones de última voluntad, los términos enunciativos, o de frase incidente, en que se manifieste la voluntad de reconocerlo por su hijo natural; pero todo reconocimiento en testamento puede ser revocado.

334. En el reconocimiento que hagan los padres de sus hijos naturales, es prohibido declarar el nombre de la persona en quien o de quien se tuvo el hijo, a menos que esa persona lo tenga ya reconocido.

335. El reconocimiento que hagan los padres de sus hijos naturales, puede ser contestado por los propios hijos, o por los que tengan interés en hacerlo.

336. Los padres naturales no tienen la administración ni el usufructo de los bienes de los hijos.

337. Los hijos naturales tienen un derecho de sucesión sobre los bienes de sus padres muertos, que será determinado en el lugar correspondiente.

CAPITULO II

De los hijos adulterinos, incestuosos y sacrílegos

338. El hijo adulterino es el que procede de la unión de dos personas que al momento de su concepción no podían contraer matrimonio porque una de ellas, o ambas estaban casadas. La buena fe del padre o la madre que vivían en adulterio sin saberlo, la violencia misma de que hubiera sido víctima la madre, no mudan la calidad de la filiación y en uno y otro caso el hijo queda adulterino.

339. Hijo incestuoso es el que ha nacido de padres que tenían impedimento para contraer matrimonio, por parentesco que no era indispensable según los cánones de la Iglesia Católica. La edición oficial -del Código Civil de 1870 , hoy derogada- dice "dispensable".

340. Hijo sacrílego es el que procede de padre clérigo de órdenes mayores, o de persona, padre o madre, ligada por voto solemne de castidad, en orden religiosa aprobada por la Iglesia Católica.

CAPITULO I

Disposiciones generales

ARTICULO 311 - La adopción de menores no emancipados se otorgará por sentencia judicial a instancia del adoptante. La adopción de un mayor de edad o de un menor emancipado puede otorgarse, previo consentimiento de éstos cuando:

1º Se trate del hijo del cónyuge del adoptante;

2º Exista estado de hijo del adoptado, debidamente comprobado por la autoridad judicial.

Nota:311. L. 4, tít. 15, Part. 4ª, L. 2, tít. 13, Part. 4ª. Cód. francés, art. 331; holandés, 327 y demás Códigos extranjeros. L. 5, tít. 27, lib. 50, Cód. romano. En estas leyes y en estos Códigos están excluidos los hijos incestuosos, aunque se pueda obtener la dispensa del impedimento. GOYENA, en su Proyecto, exceptúa los hijos de parientes entre el segundo grado de afinidad y el tercero de consanguinidad, según la computación civil, es decir, hijos de cuñados y de tío o tía y de sobrino o sobrina.

ARTICULO 312 - Nadie puede ser adoptado por más de una persona simultáneamente, salvo que los adoptantes sean cónyuges. Sin embargo, en caso de muerte del adoptante o de ambos cónyuges adoptantes, se podrá otorgar una nueva adopción sobre el mismo menor.

El adoptante debe ser por lo menos dieciocho años mayor que el adoptado salvo cuando el cónyuge supérstite adopta al hijo adoptado del premuerto.

ARTICULO 313 - Se podrá adoptar a varios menores de uno y otro sexo simultánea o sucesivamente.

Si se adoptase a varios menores todas las adopciones serán del mismo tipo. La adopción del hijo del cónyuge siempre será de carácter simple.

ARTICULO 314 - La existencia de descendientes del adoptante no impide la adopción, pero en tal caso aquéllos podrán ser oídos por el juez o el tribunal, con la asistencia del Asesor de Menores si correspondiere.

ARTICULO 315 - Podrá ser adoptante toda persona que reúna los requisitos establecidos en este Código cualquiera fuese su estado civil, debiendo acreditar de manera fehaciente e indubitable, residencia permanente en el país por un período mínimo de cinco años anterior a la petición de la guarda.

No podrán adoptar:

a) Quienes no hayan cumplido treinta años de edad, salvo los cónyuges que tengan más de tres años de casados. Aún por debajo de este término, podrán adoptar los cónyuges que acrediten la imposibilidad de tener hijos;

b) Los ascendientes a sus descendientes;

c) Un hermano a sus hermanos o medio hermanos.

ARTICULO 316 - El adoptante deberá tener al menor bajo su guarda durante un lapso no menor de seis meses ni mayor de un año el que será fijado por el juez.

El juicio de adopción sólo podrá iniciarse transcurridos seis meses del comienzo de la guarda.

La guarda deberá ser otorgada por el juez o tribunal del domicilio del menor o donde judicialmente se hubiese comprobado el abandono mismo.

Estas condiciones no se requieren cuando se adopte al hijo o hijos del cónyuge.

Nota:316. Cód. francés, art. 332; de Nápoles, art. 254; holandés, 334, sardo, art. 173. En contra: Gregorio López, Glosa 9, a la L. 1, tít. 13, Part. 4ª.

ARTICULO 317 - Son requisitos para otorgar la guarda:

a) Citar a los progenitores del menor a fin de que presten su consentimiento para el otorgamiento de la guarda con fines de adopción. El juez determinará, dentro de los sesenta días posteriores al nacimiento, la oportunidad de dicha citación.

No será necesario el consentimiento cuando el menor estuviese en un establecimiento asistencial y los padres se hubieran desentendido totalmente del mismo durante un año o cuando el desamparo moral o material resulte evidente, manifiesto y continuo, y esta situación hubiese sido comprobada por la autoridad judicial. Tampoco será necesario cuando los padres hubiesen sido privados de la patria potestad, o cuando hubiesen manifestado judicialmente su expresa voluntad de entregar al menor en adopción.

b) Tomar conocimiento personal del adoptando;

c) Tomar conocimiento de las condiciones personales, edades y aptitudes del o de los adoptantes teniendo en consideración las necesidades y los intereses del menor con la efectiva participación del Ministerio Público, y la opinión de los equipos técnicos consultados a tal fin.

d) Iguales condiciones a las dispuestas en el inciso anterior se podrán observar respecto de la familia biológica.

El juez deberá observar las reglas de los incs. a), b) y c) bajo pena de nulidad.

Nota:317. Cód. francés, art. 331; holandés, 327.

ARTICULO 318 - Se prohíbe expresamente la entrega en guarda de menores mediante escritura pública o acto administrativo.

Nota:318. Cód. francés, art. 334; holandés, 336 y sardo, 180.

ARTICULO 319 - El tutor sólo podrá iniciar el juicio de guarda y adopción de su pupilo una vez extinguidas las obligaciones emergentes de la tutela.

Nota:319. L. 1, tít. 13. Part. 4ª, Cód. francés, art. 333; de Nápoles, 254 y sardo, 176.

ARTICULO 320 - . Las personas casadas sólo podrán adoptar si lo hacen conjuntamente, excepto en los siguientes casos:

a) Cuando medie sentencia de separación personal;

b) Cuando el cónyuge haya sido declarado insano, en cuyo caso deberá oírse al curador y al Ministerio Público de Menores;

c) Cuando se declare judicialmente la ausencia simple, la ausencia con presunción de fallecimiento o la desaparición forzada del otro cónyuge.

ARTICULO 321 - En el juicio de adopción deberán observarse las siguientes reglas:

a) La acción debe interponerse ante el juez o tribunal del domicilio del adoptante o del lugar donde se otorgó la guarda;

b) Son partes el adoptante y el Ministerio Público de Menores;

c) El juez o tribunal de acuerdo a la edad del menor y a su situación personal, oirá personalmente, si lo juzga conveniente, al adoptado, conforme al derecho que lo asiste y a cualquier otra persona que estime conveniente en beneficio del menor;

d) El juez o tribunal valorará si la adopción es conveniente para el menor teniendo en cuenta los medios de vida y cualidades morales y personales del o de los adoptantes; así como la diferencia de edad entre adoptante y adoptado;

e) El juez o tribunal podrá ordenar, y el Ministerio Público de Menores requerir, las medidas de prueba o informaciones que estimen convenientes;

f) Las audiencias serán privadas y el expediente será reservado y secreto. Solamente podrá ser examinado por las partes, sus letrados sus apoderados y los peritos intervinientes;

g) El juez o tribunal no podrá entregar o remitir los autos, debiendo solamente expedir testimonios de sus constancias ante requerimiento fundado de otro magistrado, quien estará obligado a respetar el principio de reserva en protección del interés del menor;

h) Deberá constar en la sentencia que el adoptante se ha comprometido a hacer conocer al adoptado su realidad biológica;

i) El juez o tribunal en todos los casos deberá valorar el interés superior del menor.

Nota:321. Véase la nota al art. 208, inc. 3º del Cód. de Chile.

ARTICULO 322 - La sentencia que acuerde la adopción tendrá efecto retroactivo a la fecha del otorgamiento de la guarda.

Cuando se trate del hijo del cónyuge el efecto retroactivo será a partir de la fecha de promoción de la acción.

CAPITULO II

Adopción plena

ARTICULO 323 - La adopción plena, es irrevocable. Confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de origen. El adoptado deja de pertenecer a su familia biológica y se extingue el parentesco con los integrantes de ésta así como todos sus efectos jurídicos, con la sola excepción de que subsisten los impedimentos matrimoniales. El adoptado tiene en la familia del adoptante los mismos derechos y obligaciones del hijo biológico.

ARTICULO 324 - Cuando la guarda del menor se hubiese otorgado durante el matrimonio y el período legal se completara después de la muerte de uno de los cónyuges podrá otorgarse la adopción al viudo o viuda y el hijo adoptivo lo será del matrimonio.

ARTICULO 325 - Sólo podrá otorgarse la adopción plena con respecto a los menores:

a) Huérfanos de padre y madre;

b) Que no tengan filiación acreditada;

c) Cuando se encuentren en un establecimiento asistencial y los padres se hubieran desentendido totalmente del mismo durante un año o cuando el desamparo moral o material resulte evidente, manifiesto y continuo, y esta situación hubiese sido comprobada por la autoridad judicial;

d) Cuando los padres hubiesen sido privados de la patria potestad;

e) Cuando hubiesen manifestado judicialmente su expresa voluntad de entregar al menor en adopción.

En todos los casos deberán cumplirse los requisitos previstos en los arts. 316 y 317.

Nota:325. Prohíben la indagación de la paternidad los Códigos de Francia, Cerdeña, Nápoles, Holanda, Haití, Hesse, Chile y el Proyecto de GOYENA del Código Civil de España. La permiten Luisiana, Suecia, Noruega, Dinamarca, España, Inglaterra, Austria, Baviera, Prusia y todos los Códigos suizos.

La razón que se da para prohibir la indagación de la paternidad es que daría lugar a pleitos inmorales y escandalosos; pero precisamente las leyes que la permiten tienen por objeto evitar fraudes y escándalos de un orden superior. En las cuestiones de filiaciones naturales, la indagación de la paternidad no tendría el resultado de descubrir un crimen. Las leyes no castigan la unión de las personas libres. Ningún hombre se juzgaría deshonrado porque se descubriera que era el padre natural de una persona. ¿Dónde está, pues, el descubrimiento del acto escandaloso? Entre tanto, las leyes de diversas naciones la han permitido y han debido permitirla, porque ellas autorizan para dejar al hijo natural toda sucesión con perjuicio de los ascendientes: de otra manera sería permitido desheredar a los ascendientes con sólo llamar hijo natural al heredero instituido. Las leyes han debido permitir la indagación de la paternidad en las cuestiones de parto supuesto, de falsas filiaciones, toda vez que los padres quieran desconocer a los hijos que verdaderamente lo sean, y no han podido dejar de permitirlo en las cuestiones de filiaciones adulterinas. Si se prohíbe, pues, la indagación de la paternidad se da lugar a verdaderos escándalos y se destruyen todas las leyes que crean el orden de las familias.

¿Y cómo evitar en los juicios la discusión de hechos inmorales o escandalosos? Los pleitos sobre estupros, nulidad de matrimonio, amancebamiento de hermanos con hermanas, incestos, adulterios de la mujer o del marido, son verdaderamente pleitos escandalosos, y sin embargo, es de toda necesidad permitirlos y entrar en la indagación y prueba de los hechos.

Se ha reconocido la necesidad de permitir la indagación de la maternidad. Supóngase que una joven ha concebido un hijo fuera de matrimonio; que oculta el parto para cubrir su honor y pone al hijo fuera de su casa. Corriendo el tiempo esta mujer se casa, es la madre de familia, reputada honrada por su marido y por sus hijos. ¿Se permitirá este juicio escandaloso e inmoral que va a quitar el honor de una mujer casada y traer el desorden en toda su familia? Sí, contestan los autores del Código francés, porque la indagación de la maternidad debe ser permitida, porque la madre es cierta, el hecho puede probarse, no así la paternidad. ¿Y el escándalo y la moralidad del juicio? Luego, no es por la moral que se prohíbe la indagación de la paternidad, sino por lo difícil de la prueba de los hechos.

La madre es siempre cierta, y por esta vulgaridad de antigua jurisprudencia, se permite la indagación de la maternidad y se prohíbe la de la paternidad. En la naturaleza de las cosas, la maternidad es cierta e indudable; pero no en el pleito, en el juicio, si no es que el juez hubiese asistido al parto. El juez tiene que decidir el caso por las declaraciones de testigos, por los informes de los sirvientes, por las pruebas comunes, pruebas iguales a las que pueden darse sobre la paternidad.

Los Códigos que no admiten la indagación de la paternidad se ven en la necesidad de permitirla por las pruebas de escritura pública o de actos auténticos, y la niegan por las pruebas comunes de presunciones de los hechos accesorios que constituyen la posesión de estado. Así, la paternidad demostrada por los hechos más incontestables, justificada por la posesión de estado más notoria, confesada aun por las declaraciones autógrafas más precisas, podrá ser impunemente desmentida a nombre de la ley, y salvada la primera obligación de un padre de alimentar al hijo a quien ha dado el ser, mientras no se le pruebe que es el padre por escritura pública o por actos auténticos. Pero la verdad de la escritura pública es meramente una presunción de la ley, desmentida todos los días, igual a la presunción de verdad de la declaración de los testigos. Las leyes, no pudiendo llegar a una perfección absoluta, se han guiado, en la constitución de las pruebas, por lo que regularmente sucede por meras presunciones de hombre, presunciones que en otros casos pueden ser mayores y más fuertes que la escritura pública, que los actos auténticos, según sean los hechos accesorios que se deduzcan en el juicio para probar la paternidad.

Cuando un hombre ha sostenido y mantenido a la madre, cuando ha sostenido y mantenido al hijo de ella, tratándolo como suyo, cuando lo ha presentado como tal a su familia y a la sociedad, y en calidad de padre ha provisto a su educación, cuando ante cien personas y en diversos actos ha confesado ser padre de él, no puede decirse que no ha reconocido al hijo de una manera tan probada, como si lo hubiera hecho por una confesión judicial. La posesión de estado vale más que el título. El título, la escritura pública, el asiento parroquial, la confesión judicial, son cosas de un momento, un reconocimiento instantáneo; mas la posesión de estado, los hechos que la constituyen, son un reconocimiento continuo, perseverante, de muchos y variados actos, de todos los días, de todos los instantes. La posesión de estado es así, por su naturaleza, una prueba más perentoria que la escritura pública, que los actos auténticos, es la evidencia misma; es la prueba, viva y animada, la prueba que se ve, que se toca, que marcha, que habla; la prueba en carne y hueso, como decía una Corte francesa. El juez puede, pues, por los hechos que constituyen la posesión de estado, dar una sentencia sobre la paternidad con una conciencia más segura que la que le daría una escritura pública, un asiento bautismal.

ARTICULO 326 - El hijo adoptivo llevará el primer apellido del adoptante, o su apellido compuesto si éste solicita su agregación.

En caso que los adoptantes sean cónyuges, a pedido de éstos podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o agregar al primero de éste, el primero de la madre adoptiva.

En uno y en otro caso podrá el adoptado después de los dieciocho años solicitar esta adición.

Si la adoptante fuese viuda cuyo marido no hubiese adoptado al menor, éste llevará el apellido de aquélla, salvo que existieran causas justificadas para imponerle el de casada.

ARTICULO 327 - Después de acordada la adopción plena no es admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos, ni el ejercicio por el adoptado de la acción de filiación respecto de aquéllos, con la sola excepción de la que tuviese por objeto la prueba del impedimento matrimonial del art. 323.

Nota:327. Cód. de Chile, art. 276.

ARTICULO 328 - El adoptado tendrá derecho a conocer su realidad biológica y podrá acceder al expediente de adopción a partir de los dieciocho años de edad.

Nota:328. En contra: L. 2, tít. 17, Part. 4ª. ZACHARIAE, § 171.

CAPITULO III

Adopción simple

ARTICULO 329 - La adopción simple confiere al adoptado la posición del hijo biológico; pero no crea vínculo de parentesco entre aquél y la familia biológica del adoptante, sino a los efectos expresamente determinados en este Código.

Los hijos adoptivos de un mismo adoptante serán considerados hermanos entre sí.

Nota:329. ZACHARIAE, lugar citado.

ARTICULO 330 - El juez o tribunal, cuando sea más conveniente para el menor o a pedido de parte por motivos fundados, podrá otorgar la adopción simple.

Nota:330. L. 3, tít. 8, lib. 3, F. R. ZACHARIAE, § 171, inc. 2º, y véase el § 131, nota 10. MERLIN, "Rep., verb. Education", § 2.

ARTICULO 331 - Los derechos y deberes que resulten del vínculo biológico del adoptado no quedan extinguidos por la adopción con excepción de la patria potestad, inclusive la administración y usufructo de los bienes del menor que se transfieren al adoptante, salvo cuando se adopta al hijo del cónyuge.

Nota:331. ZACHARIAE, § 171, inc. 8º, Cód. de Chile, art. 279, inc. último.

ARTICULO 332 - La adopción simple impone al adoptado el apellido del adoptante, pero aquél podrá agregar el suyo propio a partir de los dieciocho años.

La viuda adoptante podrá solicitar que se imponga al adoptado el apellido de su esposo premuerto si existen causas justificadas.

ARTICULO 333 - El adoptante hereda "ab-intestato" al adoptado y es heredero forzoso en las mismas condiciones que los padres biológicos; pero ni el adoptante hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia biológica ni ésta hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia de adopción. En los demás bienes los adoptantes excluyen a los padres biológicos.

ARTICULO 334 - El adoptado y sus descendientes heredan por representación a los ascendientes de los adoptantes; pero no son herederos forzosos. Los descendientes del adoptado heredan por representación al adoptante y son herederos forzosos.

ARTICULO 335 - Es revocable la adopción simple:

a) Por haber incurrido el adoptado o el adoptante en indignidad de los supuestos previstos en este Código para impedir la sucesión;

b) Por haberse negado alimentos sin causa justificada;

c) Por petición justificada del adoptado mayor de edad;

d) Por acuerdo de partes manifestado judicialmente, cuando el adoptado fuera mayor de edad.

La revocación extingue desde su declaración judicial y para lo futuro todos los efectos de la adopción.

ARTICULO 336 - Después de la adopción simple es admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos y el ejercicio de la acción de filiación. Ninguna de estas situaciones alterará los efectos de la adopción establecidos en el art. 331.

CAPITULO IV

Nulidad e inscripción

ARTICULO 337 - Sin perjuicio de las nulidades que resulten de las disposiciones de este Código:

1. Adolecerá de nulidad absoluta la adopción obtenida en violación de los preceptos referentes a:

a) La edad del adoptado;

b) La diferencia de edad entre adoptante y adoptado;

c) La adopción que hubiese tenido un hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el abandono supuesto o aparente del menor proveniente de la comisión de un delito del cual hubiera sido víctima el mismo y/o sus padres;

d) La adopción simultánea por más de una persona salvo que los adoptantes sean cónyuges;

e) La adopción de descendientes;

f) La adopción de hermanos y de medio hermanos entre sí;

2. Adolecerá de nulidad relativa la adopción obtenida en violación de los preceptos referentes a:

a) La edad mínima del adoptante;

b) Vicios del consentimiento.

Nota:337. ZACHARIAE, § 171, inc. 7º. PROUDHON, "De usufruit" , t. 1, p. 124. En contra, FAVARD, "Verb. enfant naturel", § 2, cuestión muy debatida. En ZACHARIAE y FAVARD, pueden verse los autores que principalmente la han tratado.

ARTICULO 338 - La adopción, su revocación o nulidad deberán inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Nota:338. ZACHARIAE, § 172, nota 1.

CAPITULO V

Efectos de la adopción conferida en el extranjero

ARTICULO 339 - La situación jurídica, los derechos y deberes del adoptante y adoptado entre sí, se regirán por la ley del domicilio del adoptado al tiempo de la adopción, cuando ésta hubiera sido conferida en el extranjero.

ARTICULO 340 - La adopción concedida en el extranjero de conformidad a la ley de domicilio del adoptado, podrá transformarse en el régimen de adopción plena en tanto se reúnan los requisitos establecidos en este Código, debiendo acreditar dicho vínculo y prestar su consentimiento adoptante y adoptado. Si este último fuese menor de edad deberá intervenir el Ministerio Público de Menores.

ARTICULO 341 - Derogado según art. 18, ley 23.264. *

Nota de Actualización:* Texto del Código Civil: Es prohibida toda indagación de paternidad o maternidad adulterina, incestuosa o sacrílega.

ARTICULO 342 - Derogado según art. 18, ley 23.264. *

Nota de Actualización:* Texto del Código Civil: Los hijos adulterinos incestuosos o sacrílegos no tienen, por las leyes, padre o madre ni pariente alguno por parte de padre o madre. No tienen derecho a hacer investigaciones judiciales sobre la paternidad o maternidad.

ARTICULO 343 - Derogado según art. 18, ley 23.264. *

Nota:343. El Derecho romano los privó de alimentos. Autent. 2, a la L. 6, tít. 5, lib. 5, Código. Lo mismo las leyes de Partidas, L. 10, tít. 13, Part. 6ª L. 4, tít. 3, Part. 6ª y L. 5, tít. 19, Part. 4ª. Pero les concedió alimentos la L. 5, tít. 20, lib. 10. Nov. Rec. Se los conceden también el Cód. francés, art. 762, de Luisiana, art. 914, de Holanda, 914, de Nápoles, 678 y el sardo, 957.

Nota de Actualización:* Texto del Código Civil: La sola excepción del artículo anterior, es que los hijos adulterinos, incestuosos o sacrílegos, reconocidos voluntariamente por sus padres, pueden pedirles alimentos hasta la edad de dieciocho años, y siempre que estuviesen imposibilitados para proveer a sus necesidades.

ARTICULO 344 - Derogado según art. 18, ley 23.264. *

Nota:344. Sobre éste y los tres artículos anteriores, ZACHARIAE, § 172.

Nota de Actualización:* Texto del Código Civil: Los hijos adulterinos, incestuosos o sacrílegos no tienen ningún derecho en la sucesión del padre o de la madre, y recíprocamente los padres no tienen ningún derecho en la sucesión de dichos hijos, ni patria potestad, ni autoridad para nombrarles tutores.

TITULO VI

Del parentesco, sus grados; y de los derechos y obligaciones de los parientes

ARTICULO 345 - El parentesco es el vínculo subsistente entre todos los individuos de los dos sexos, que descienden de un mismo tronco.

Nota:345. Cód. de Rusia, art. 143.

ARTICULO 346 - La proximidad de parentesco se establece por líneas y grados.

Nota:346. La L. 2, tít. 13, Part. 6ª, confunde los grados y las líneas: "Tres grados", dice, "o líneas son de parentesco".

ARTICULO 347 - Se llama grado, el vínculo entre dos individuos, formado por la generación; se llama línea la serie no interrumpida de grados.

Nota:347. La L. 2, tít. 6, Part. 4ª, con un árbol genealógico, explica esta materia. El Cód. francés la trata desde el art. 735 muy confusamente, y lo siguen el de Nápoles, desde el art. 656 al 658, el de Holanda, desde el 346 al 349, y el sardo, desde el 917 al 921.

ARTICULO 348 - Se llama tronco el grado de donde parten dos o más líneas, las cuales por relación a su origen se llaman ramas.

ARTICULO 349 - Hay tres líneas: la línea descendente, la línea ascendente y la línea colateral.

ARTICULO 350 - Se llama línea descendente la serie de grados o generaciones que unen el tronco común con sus hijos, nietos y demás descendientes.

ARTICULO 351 - Se llama línea ascendente la serie de grados o generaciones que ligan el tronco con su padre, abuelo y otros ascendientes.

CAPITULO I

Del parentesco por consanguinidad

ARTICULO 352 - En la línea ascendente y descendente, hay tantos grados como generaciones. Así, en la línea descendente el hijo está en el primer grado, el nieto en el segundo, y el bisnieto en el tercero, así los demás. En la línea ascendente, el padre está en el primer grado, el abuelo en el segundo, y el bisabuelo en el tercero, etcétera.

Nota:352. GOYENA acepta el modo de contar los grados de la ley de Partida. "En todas las líneas, dice, hay tantos grados cuantas son las personas, descontando la del tronco". La L. 2, tít. 3, Part. 4ª, dice: "cuantas son las personas quitada una, tantos son los grados entre ellas". Se cree que la palabra "persona" da una idea más clara que la palabra "generación"; pero es tan antiguo el uso de la palabra "generación", que habría algún inconveniente en sustituirla por "persona", que está comprendida en la palabra "generación". La Instituta dice: "semper generata persona gradum adjicit" (lib. 3, tít. 6, § 7).

ARTICULO 353 - En la línea colateral los grados se cuentan igualmente por generaciones, remontando desde la persona cuyo parentesco se quiere comprobar hasta el autor común; y desde éste hasta el otro pariente. Así, dos hermanos están en el segundo grado, el tío y el sobrino en el tercero, los primos hermanos en el cuarto, los hijos de primos hermanos en el sexto, y los nietos de primos hermanos en el octavo, y así en adelante.

ARTICULO 354 - La primera línea colateral parte de los ascendientes en el primer grado, es decir, del padre y madre de la persona de que se trate, y comprende a sus hermanos y hermanas y a su posteridad.

ARTICULO 355 - La segunda, parte de los ascendientes en segundo grado, es decir, de los abuelos y abuelas de la persona de que se trate, y comprende al tío, al primo hermano, y así los demás.

ARTICULO 356 - La tercera línea colateral parte de los ascendientes en tercer grado, es decir, de los bisabuelos y bisabuelas, y comprende sus descendientes. De la misma manera se procede para establecer las otras líneas colaterales, partiendo de los ascendientes más remotos.

ARTICULO 357 - Derogado según art. 18, ley 23.264. *

Nota de Actualización:* Texto del Código Civil: Los grados de parentesco se prueban por los registros parroquiales.

ARTICULO 358 - Derogado según art. 18, ley 23.264. *

Nota de Actualización:* Texto del Código Civil: La calificación de "legítimos" en las relaciones de parentesco, es correlativamente aplicable a todos los individuos de la línea recta o colateral, que tuviesen entre sí parentesco legítimo, esto es, derivado de casamiento válido o putativo, según las disposiciones de este Código.

ARTICULO 359 - Derogado según art. 18, ley 23.264. *

Nota de Actualización:* Texto del Código Civil: Son hijos legítimos los concebidos durante el matrimonio válido o putativo de su padre o madre, y también los legitimados por subsiguiente matrimonio del padre o madre, posterior a la concepción.

ARTICULO 360 - Los hermanos se distinguen en bilaterales y unilaterales. Son hermanos bilaterales los que proceden del mismo padre y de la misma madre. Son hermanos unilaterales los que proceden del mismo padre, pero de madres diversas, o de la misma madre pero de padres diversos.

ARTICULO 361 - Cuando los hermanos unilaterales proceden de un mismo padre, tienen el nombre de hermanos paternos; cuando proceden de la misma madre, se llaman hermanos maternos.

ARTICULO 362 - Los grados de parentesco, según la computación establecida en este título, rigen para todos los efectos declarados en las leyes de este Código, con excepción del caso en que se trate de impedimento para el matrimonio, para lo cual se seguirá la computación canónica.

Nota:362. En la L. 2, tít. 6, Part. 4ª, se explican las diferencias de la computación civil y canónica, sobre la línea colateral. En la línea recta, es la misma en el derecho civil que en el canónico, cuya regla es que los grados son tantos, cuantas son las personas menos una. En la línea colateral el derecho civil es diferente del derecho canónico. La regla del derecho canónico es que las personas distan entre sí tantos grados, cuantos distan del tronco común. Cuando la línea colateral es desigual, la regla es, que las personas distan entre sí tantos grados, cuantos dista del tronco común la más remota de ellas.

CAPITULO II

Del parentesco por afinidad

ARTICULO 363 - La proximidad del parentesco por afinidad se cuenta por el número de grados en que cada uno de los cónyuges estuviese con sus parientes por consanguinidad. En la línea recta, sea descendente o ascendente, el yerno o nuera están recíprocamente con el suegro o suegra, en el mismo grado que el hijo o hija, respecto del padre o madre, y así en adelante. En la línea colateral, los cuñados o cuñadas entre sí están en el mismo grado que entre sí están los hermanos o hermanas. Si hubo un precedente matrimonio, el padrastro o madrastra en relación a los entenados o entenadas, están recíprocamente en el mismo grado en que el suegro o suegra en relación al yerno o nuera.

Nota:363. En el parentesco por afinidad, no hay grados porque no hay generaciones. La computación se hace por analogía, suponiéndose que los dos cónyuges forman una sola persona.

ARTICULO 364 - El parentesco por afinidad no induce parentesco alguno para los parientes consanguíneos de uno de los cónyuges en relación a los parientes consanguíneos del otro cónyuge.

CAPITULO III

Del parentesco ilegítimo *

Nota de Actualización: * Derogado, según art. 18, ley 23.264.

ARTICULO 365 - Derogado según art. 18, ley 23.264. *

Nota de Actualización:* Texto del Código Civil: Los parientes ilegítimos no hacen parte de la familia de los parientes legítimos. Pueden, sin embargo, adquirir algunos derechos en las relaciones de familia, en los casos que este Código determina.

ARTICULO 366 - Derogado según art. 18, ley 23.264. *

Nota de Actualización:* Texto del Código Civil: Son parientes ilegítimos los que proceden de un mismo tronco por una o más generaciones de una unión fuera de matrimonio.

CAPITULO IV

Derechos y obligaciones de los parientes

ARTICULO 367 - * Los parientes por consanguinidad se deben alimentos en el orden siguiente:

1º Los ascendientes y descendientes. Entre ellos estarán obligados preferentemente los más próximos en grado y a igualdad de grados los que estén en mejores condiciones para proporcionarlos.

2º Los hermanos y medio hermanos.

La obligación alimentaria entre los parientes es recíproca.

Nota:367. En el Derecho romano el orden de la obligación de alimentos era el siguiente: 1º, el padre; 2º, los ascendientes paternos; 3º, la madre; 4º, los ascendientes maternos. L. 5, §§ 2 y 8, tít. 3, lib. 25, Dig. En caso de divorcio la madre rica reemplazaba inmediatamente en esta obligación al padre. Nov. 117, cap. 7. La ley romana hizo obligación privativa de la madre, criar a los hijos menores de tres años. L. 9, tít. 47, lib. 8, Código. La ley de Partida adoptó en todas sus partes la ley romana. L. 3, tít. 19, Part. 4ª, y después de los tres años impone la obligación al padre y subsidiariamente a la madre; después a los ascendientes sin distinción de línea, L. 4, ídem. Por este Código se hace común a los dos esta obligación; pues también a la madre se le da toda la autoridad y beneficio que tenía el padre sobre sus hijos y los bienes de ellos. La obligación entre los hermanos estaba establecida por la Nov. 89, cap. 12, § 6. Las leyes de Partidas no la admitieron. Yo he aceptado en esta parte el art. 197 del Código de Nápoles.

Nota de Actualización:* Según art. 4, ley 23.264. Texto del Código Civil: Los parientes legítimos por consaguinidad se deben alimentos en el orden siguiente: el padre, la madre y los hijos. En falta de padre y madre, o cuando a éstos no les fuese posible prestarlos, los abuelos y abuelas y demás ascendientes. Los hermanos entre sí. La prestación de alimentos entre los parientes es recíproca.

ARTICULO 368 - * Entre los parientes por afinidad únicamente se deben alimentos aquellos que están vinculados en primer grado.

Nota de Actualización:* Según art. 4, ley 23.264. Texto del Código Civil: Entre los parientes legítimos por afinidad únicamente se deben alimentos el suegro y la suegra, y el yerno y la nuera.

ARTICULO 369 - Derogado según art. 18, ley 23.264. *

Nota de Actualización:* Texto del Código Civil: Entre los parientes ilegítimos se deben alimentos el padre, la madre y sus descendientes, y a falta de padre y madre, o cuando éstos no pueden prestarlos, el abuelo o la abuela y sus nietos o nietas.

ARTICULO 370 - El pariente que pida alimentos, debe probar que le faltan los medios para alimentarse, y que no le es posible adquirirlos con su trabajo, sea cuál fuese la causa que lo hubiere reducido a tal estado.

Nota:370. LL. 4 y 6, tít. 19, Part. 4ª. Pero no se reputa pobre o necesitado al que puede vivir de su trabajo. Dicha L. 6 y L. 5, § 7, tít. 3, lib. 25, Dig.

ARTICULO 371 - El pariente que prestase o hubiese prestado alimentos voluntariamente o por decisión judicial, no tendrá derecho a pedir a los otros parientes cuota alguna de lo que hubiere dado, aunque los otros parientes se hallen en el mismo grado y condición que él.

ARTICULO 372 - La prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación y vestuario correspondiente a la condición del que la recibe, y también lo necesario para la asistencia en las enfermedades.

ARTICULO 373 - * Cesa la obligación de prestar alimentos, si los descendientes en relación a sus ascendientes, o los ascendientes en relación a sus descendientes, cometieren algún acto por el que puedan ser desheredados.

Nota:373. El Cód. sardo, arts. 109 y 110, conserva los alimentos necesarios a los hijos que se casen contra la voluntad de los padres. Conforme con el artículo cuando haya una . No mecausa de desheredación, el mismo Código, art. 743 y L. 6, tít. 19, Part. 6ª y Nov. 115, caps. 3 y 4.

Nota de Actualización:* Según art. 4, ley 23.264. Texto del Código Civil: Cesa la obligación de prestar alimentos, si los hijos de familia legítimos o legitimados, o los hijos naturales, se casaren sin consentimiento de los padres, y en caso de disenso, sin la autorización judicial; si los descendientes en relación a sus ascendientes, o los ascendientes en relación a sus descendientes, cometieren algún acto por el que puedan ser desheredados; si los hijos de familia dejaren la casa paterna sin licencia de sus padres.

ARTICULO 374 - La obligación de prestar alimentos no puede ser compensada con obligación alguna, ni ser objeto de transacción; ni el derecho a los alimentos pueden renunciarse ni transferirse por acto entre vivos o muerte del acreedor o deudor de alimentos, ni constituir a terceros derecho alguno sobre la suma que se destine a los alimentos, ni ser ésta embargada por deuda alguna.

Nota:374. Cód. de Holanda, art. 384; sardo, 2098; prusiano, 413. Las leyes españolas guardan silencio sobre la materia.

ARTICULO 375 - El procedimiento en la acción de alimentos, será sumario, y no se acumulará a otra acción que deba tener un procedimiento ordinario; y desde el principio de la causa o en el curso de ella, el juez, según el mérito que arrojaren los hechos, podrá decretar la prestación de alimentos provisorios para el actor, y también las expensas del pleito, si se justificare absoluta falta de medios para seguirlo.

ARTICULO 376 - De la sentencia que decrete la prestación de alimentos, no se admitirá recurso alguno con efecto suspensivo, ni el que recibe los alimentos podrá ser obligado a prestar fianza o caución alguna de volver lo recibido, si la sentencia fuese revocada.

Nota: 375 y 376. L. 7, tít. 10, Part. 4ª.

ARTICULO 376 bis - * Los padres, tutores o curadores de menores e incapaces o quienes tengan a su cuidado personas mayores de edad enfermas o imposibilitadas deberán permitir las visitas de los parientes que conforme a las disposiciones del presente capítulo, se deban recíprocamente alimentos. Si se dedujere oposición fundada en posibles perjuicios a la salud moral o física de los interesados el juez resolverá en trámite sumario lo que corresponda, estableciendo en su caso el régimen de visitas más convenientes de acuerdo a las circunstancias del caso.

Nota de Actualización:* Incorporado por ley 21.040.

TITULO VII

De la tutela

CAPITULO I

De la tutela en general

ARTICULO 377 - La tutela es el derecho que la ley confiere para gobernar la persona y bienes del menor de edad, que no está sujeto a la patria potestad, y para representarlo en todos los actos de la vida civil.

Nota:377. L. 1, tít. 16, Part. 6ª. Por el Derecho romano sólo se daban tutores a los varones huérfanos menores de catorce años, y a las mujeres de doce. Desde esta edad hasta los veinticinco se daba curadores a unos u otros. Las LL. 1 y 13, tít. 16, Part. 6ª, aceptaron esta legislación. Los Códigos modernos con excepción del de Luisiana, no la han admitido, y por éste los tutores se dan a los menores hasta que llegan a la mayor edad. La distinción de las leyes romanas y de Partida, a más de no fundarse en razón alguna, causa todos los días cuestiones judiciales sobre si los púberes podían o no ser obligados a recibir curadores, o sobre la validez de sus actos, etcétera.

ARTICULO 378 - * Los parientes de los menores huérfanos están obligados a poner en conocimiento de los magistrados el caso de orfandad, o la vacante de la tutela; si no lo hicieren, quedan privados del derecho a la tutela que la ley les concede.

Nota de Actualización:* Ver art. 398 inc. 14.

ARTICULO 379 - La tutela es un cargo personal, que no pasa a los herederos, y del cual nadie puede excusarse sin causa suficiente.

Nota:379. Cód. francés, art. 419. Proyecto de GOYENA; art. 173.

ARTICULO 380 - * El tutor es el representante legítimo del menor en todos los negocios civiles.

Nota:380. LL. 15 y 17, tít. 16, Part. 6ª. LL. 2 y 3, tít. 7, lib. 3, F. R. Hasta donde se extiende esta representación: ZACHARIAE, § 96 y nota 7ª al § 207.

Nota de Actualización: * Ver art. 411.

ARTICULO 381 - La tutela se ejerce bajo la inspección y vigilancia del Ministerio de Menores.

ARTICULO 382 - La tutela se da, o por los padres, o por la ley, o por el juez.

Nota:382. L. 3, tít. 16. Part. 6ª.

CAPITULO II

De la tutela dada por los padres

ARTICULO 383 - * El padre mayor o menor de edad, y la madre que no ha pasado a segundas nupcias, el que últimamente muera de ambos, puede nombrar por testamento, tutor a sus hijos que estén bajo la patria potestad. Pueden también nombrarlo por escritura pública, para que tenga efecto después de su fallecimiento.

Nota:383. Cód. francés, art. 397; de Nápoles, art. 319; de Luisiana, art. 275. El Cód. sardo sólo reconoce esta facultad en el padre, art. 245. Lo mismo el de Vaud, art. 214. Esta es también la disposición de las leyes de Partida. L. 2, tít. 16, Part. 6ª. En cuanto a la menor edad de los padres, ZACHARIAE, nota 12 al § 208. En cuanto al nombramiento por escritura pública, véase Cód. francés, arts. 392 y 398.

Nota de Actualización: * En cuanto a la prohibición que pesa sobre la madre que ha pasado a segundas nupcias: tener presente leyes 10.903 y 11.357.

ARTICULO 384 - El nombramiento de tutor puede ser hecho por los padres, bajo cualquiera cláusula o condición no prohibida.

ARTICULO 385 - Son prohibidas y se tendrán como no escritas, las cláusulas que eximan al tutor de hacer inventario de los bienes del menor, o de dar cuenta de su administración toda las veces que se le ordena por este Código, o lo autoricen a entrar en la posesión de los bienes, antes de hacer el inventario.

ARTICULO 386 - La tutela debe servirse por una sola persona, y es prohibido a los padres nombrar dos o más tutores, que funcionen como tutores conjuntos; y si lo hicieren, el nombramiento subsistirá solamente para que los nombrados sirvan la tutela en el orden que fuesen designados, en el caso de muerte, incapacidad, excusa o separación de alguno de ellos.

Nota:386. L. 11, tít. 16, Part. 6ª. L. 3, § 6, tít. 7, lib. 26, Dig. TOULLIER, t. 2, núm. 1123. ZACHARIAE, nota 3 al § 198. FREMINVILLE, "Traité de la minorité et de la tut.", núm. 121. En contra: Cód. de Chile, art. 361.

ARTICULO 387 - Los padres pueden nombrar tutores al hijo que deshereden.

Nota:387. Proyecto de GOYENA; art. 117. LL. 4 y 10, tít. 2, lib. 26, Dig.

ARTICULO 388 - La tutela dada por los padres debe ser confirmada por el juez, si hubiese sido legalmente dada, y entonces se discernirá el cargo al tutor nombrado.

Nota: 388. LL. 6 y 8, tít. 16, Part. 6ª.

CAPITULO III

De la tutela legal *

Nota de Actualización:* Según art. 5, ley 23.264. Título del Código Civil: De la tutela legítima.

ARTICULO 389 - * La tutela legal tiene lugar cuando los padres no han nombrado tutor a sus hijos, o cuando los nombrados no entran a ejercer la tutela o dejan de ser tutores.

Nota:389. La L. 9, tít. 16, Part. 6ª, sólo da lugar a la tutela legítima, cuando el padre no nombrase tutor en su testamento; véase a GREGORIO LOPEZ sobre dicha ley, y compárese con la L. 12 del mismo título. Lo mismo que la ley de Partida, el Cód. francés, art. 402; el de Nápoles, art. 665 y sardo, art. 257. Pero si los padres hubiesen nombrado tutor y éste no lo fuese, o dejare la tutela, tenía en tal caso lugar la tutela dativa, y no la legítima. Conforme con el artículo, el Cód. de Luisiana, art. 282, y las leyes romanas 11, tít. 2 y 6, tít. 4, lib. 26, Dig.

Nota de Actualización:* Según art. 5, ley 23.264. Texto del Código Civil: La tutela legítima tiene lugar cuando los padres no han nombrado tutor a sus hijos, o cuando los nombrados no entran a ejercer la tutela o dejan de serlo.

ARTICULO 390 - * La tutela legal corresponde únicamente a los abuelos, tíos, hermanos o medio hermanos del menor, sin distinción de sexos.

Nota: 390. La ley romana prefería en la tutela legítima a la abuela del huérfano. "Autent. matri", tít. 35, lib. 5, Código. El Cód. de las Partidas da derecho a la tutela a todos los parientes del menor, por el orden de su proximidad en el parentesco, LL. 9 y 11, tít. 16, Part. 6ª y también la L. 2, tít. 7, lib. 3, F. R. El Cód. francés da la tutela aun a los bisabuelos, art. 404. Lo mismo el Cód. sardo.

Nota de Actualización: * Según art. 5, ley 23.264. Texto del Código Civil: La tutela legítima corresponde únicamente a los abuelos y hermanos del menor, en el orden siguiente:

1º Al abuelo paterno;

2º Al abuelo materno;

3º A las abuelas paterna o materna (según ley 17.711). Texto del Código Civil: 3º A las abuelas paterna o materna, si se conservan viudas.

4º A los hermanos o medio hermanos del menor, cualquiera fuere el sexo (según ley 17.711). Texto del Código Civil: 4º A los hermanos varones, siendo preferidos los de ambos lados, y entre éstos, el de mayor edad. Estas personas se reemplazarán en la tutela en el orden en que van designadas.

ARTICULO 391 - * El juez confirmará o dará la tutela legal a la persona que por su solvencia y reputación fuese la más idónea para ejercerla, teniendo en cuenta los intereses del menor.

Nota de Actualización:* Según art. 5, ley 23.264. Texto del Código Civil: El juez no confirmará o dará la tutela legítima sino al que por sus bienes o buena reputación fuese idóneo para ejercerla, quedando esta calificación al arbitrio del juez, debiendo siempre preferir el pariente más idóneo al menos idóneo, no obstante el orden establecido en el artículo anterior.

CAPITULO IV

De la tutela dativa

ARTICULO 392 - * Los jueces darán tutela al menor que no la tenga asignada por sus padres y cuando no existan los parientes llamados a ejercer la tutela legal o cuando existiendo no sean capaces o idóneos, o hayan hecho dimisión de la tutela o hubiesen sido removidos de ella.

Nota:392. L. 12, tít. 26, Part. 6ª. Véase el comentario de GREGORIO LOPEZ a la L. 9, del título. Por el Cod. francés, por el Sardo y otros, la tutela dativa la difiere el consejo de familia.

Nota de Actualización: * Según art. 6, ley 23.264. Texto del Código Civil: Los jueces darán tutor al menor que no lo tenga nombrado por sus padres, y cuando no existan los parientes llamados a ejercer la tutela legítima o no sean capaces e idóneos, o hayan hecho dimisión de la tutela, o cuando hubiesen sido removidos de ella.

ARTICULO 393 - * Los jueces no podrán proveer la tutela, salvo que se tratase de menores sin recursos o de parientes de los mismos jueces, en socios, deudores o acreedores suyos, en sus parientes dentro del cuarto grado; en amigos, íntimos suyos o de sus parientes hasta dentro del cuarto grado; en socios, deudores o acreedores, amigos íntimos o parientes dentro del cuarto grado de los miembros de los tribunales nacionales o provinciales, que ejercieran sus funciones en el mismo lugar en que se haga el nombramiento, ni proveerla dando a una misma persona varias tutelas de menores de diferentes familias, salvo que se tratase de filántropos reconocidos públicamente como tales.

Nota de Actualización:* Según ley 10.903, art. 6º. Texto del Código Civil: El nombramiento de tutor dativo será hecho sin condición alguna, y durará hasta que la tutela se acabe.

CAPITULO V

De la tutela de los hijos naturales

ARTICULO 394 - Derogado según art. 18, ley 23.264. *

Nota:394. L. 8, tít. 16, Part. 6ª. L. 7, tít. 3, lib. 26, Dig. El Cód. de Holanda, art. 408, no exige que los instituya por herederos. Lo mismo el de Luisiana, art. 279. El Cód. francés guarda silencio sobre la materia. En varios Códigos está determinado que el que dejare algún legado a los menores ilegítimos, pueda nombrarles tutor. He creído deber limitar tal facultad a sólo nombrarles administrador de los bienes que les hubiere legado, pues que la tutela es un gran poder que no debe constituirse por un simple legado.

Nota de Actualización:* Texto del Código Civil: El sobreviviente de los padres naturales puede nombrar por escritura pública, o en su testamento, tutores a sus hijos, cuando los hubiere instituido por herederos, o sólo un curador de los bienes que les hubiese dejado.

ARTICULO 395 - Derogado según art. 18, ley 23.264. *

Nota: 395. Proyecto de GOYENA, art. 270.

Nota de Actualización:* Texto del Código Civil: La tutela de los hijos naturales se rige por las mismas reglas que la de los hijos legítimos, con la excepción que la tutela legítima no tiene lugar respecto de ellos.

ARTICULO 396 - Derogado según art. 18, ley 23.264. *

Nota: 396. Cód. de Holanda, art. 421.

Nota de Actualización:* Texto del Código Civil: Los niños admitidos en los hospicios, o en las casas de expósitos por cualquier título y por cualquier denominación que sea, estarán bajo la tutela de las comisiones administrativas.

CAPITULO VI

De la tutela especial

ARTICULO 397 - Los jueces darán a los menores, tutores especiales, en los casos siguientes:

1º Cuando los intereses de ellos estén en oposición con los de sus padres, bajo cuyo poder se encuentren;

2º Cuando el padre o madre perdiere la administración de los bienes de sus hijos;

3º Cuando los hijos adquieran bienes cuya administración no corresponda a sus padres;

4º Cuando los intereses de los menores estuvieran en oposición con los de su tutor general o especial;

5º Cuando sus intereses estuvieran en oposición con los de otro pupilo que con ellos se hallase con un tutor común, o con los de otro incapaz, de que el tutor sea curador;

6º Cuando adquieran bienes con la cláusula de ser administrados por persona designada, o de no ser administrados por su tutor;

7º Cuando tuviesen bienes fuera del lugar de la jurisdicción del juez de la tutela, que no puedan ser convenientemente administrados por el tutor;

8º Cuando hubiese negocios, o se tratase de objetos que exijan conocimientos especiales, o una administración distinta.

TITULO VIII

De los que no pueden ser tutores

ARTICULO 398 - No pueden ser tutores:

1º Los menores de edad;

2º * Los mudos;

3º Los privados de razón;

4º Los que no tienen domicilio en la República;

5º Los fallidos, mientras no hayan satisfecho a sus acreedores;

6º El que hubiese sido privado de ejercer la patria potestad;

7º Los que tienen que ejercer por largo tiempo, o por tiempo indefinido, un cargo o comisión fuera del territorio de la República;

8º ** Las mujeres, con excepción de la abuela, si se conservase viuda;

9º El que no tenga oficio, profesión o modo de vivir conocido, o sea notoriamente de mala conducta;

10. El condenado a pena infamante;

11. Los deudores o acreedores del menor por cantidades considerables;

12. Los que tengan, ellos o sus padres, pleito con el menor por su estado, o sus bienes;

13. El que hubiese malversado los bienes de otro menor, o hubiese sido removido de otra tutela;

14. *** Los parientes que no pidieron tutor para el menor que no lo tenía;

15. Los individuos del ejército y de la marina que se hallen en actual servicio, incluso los comisarios, médicos y cirujanos;

16. Los que hubiesen hecho profesión religiosa.

Nota: 398. LL. 4 y 7, tít. 6, Part. 6ª. Lib. 1, tít. 13, § 3, Instit.

2º L. 4, tít. 16, Part. 6ª.

3º Dicha L. 4, y L. 1, tít. 7, lib. 3, F. R. Lib. 1, tít. 14, § 2, Instit.

4º 5º y 6º Cód. de Chile, art. 497.

7º Cód. de Chile, art. 498.

8º L. 4, tít. 16, Part. 6ª, y "Autent. matri", tít. 35, lib. 5, Cód. romano.

9º L. 1, tít. 18, Part. 6ª, y L. 3, § 12, tít. 10, lib. 26, Dig.

11. L. 14, tít. 16, Part. 6ª, en cuanto a los deudores, y Nov. 72, cap. 1, en cuanto a los acreedores. Lo mismo el Cód. de Chile, art. 506.

12. L. 1, tít. 18, Part. 6ª.

13. L. 1, tít. 18, Part. 6ª, y L. 3, tít. 10, lib. 26, Dig.

15. Cód. de Chile, art. 498.

16. L. 14, tít. 16, Part. 6ª, y Nov. 123, Cap. 5 Cód. sardo, desde el art. 302 al 305. Véase sobre este inciso el Cód. francés desde el art. 442 al 445, y el Cód. de Nápoles, desde el art. 365 al 368.

Nota de Actualización:* Según ley 23.647. Texto del Código Civil: 2º. Los ciegos, los mudos.

** La ley 11.357, art. 3º, inc. 2º, apart. h), dispuso lo contrario sin derogar el texto originario. Luego la ley 17.711, derogó el art. 3º de la ley 11.357. Si bien no se trata de un caso de reviviscencia de la ley, pues el artículo originario nunca fue derogado , lo cierto es que el art. 1° de la ley 11.357 la redacción que le dio la ley 17.711 otorga plena capacidad civil a la mujer cualquiera sea su estado civil, por lo que puede considerarse que el inciso está implícitamente derogado.

*** Ver art. 378.

TITULO IX

Del discernimiento de la tutela

ARTICULO 399 - Nadie puede ejercer las funciones de tutor, ya sea la tutela dada por los padres o por los jueces, sin que el cargo sea discernido por el juez competente, que autorice al tutor nombrado o confirmado para ejercer las funciones de los tutores.

ARTICULO 400 - El discernimiento de la tutela corresponde al juez del lugar en que los padres del menor tenían su domicilio, el día de su fallecimiento.

ARTICULO 401 - Si los padres del menor tenían su domicilio fuera de la República el día de su fallecimiento, o lo tenían el día en que se trataba de constituir la tutela, el juez competente para el discernimiento de la tutela, será, en el primer caso, el juez del lugar de la última residencia de los padres el día de su fallecimiento, y en el segundo caso, el del lugar de su residencia actual.

ARTICULO 402 - Derogado según art. 18, ley 23.264. Anterior: Si los menores fuesen hijos naturales reconocidos por sus padres, o juzgado por tales, se observará respecto de ellos, lo dispuesto en los dos artículos anteriores. Si fuesen solamente reconocidos por la madre, o juzgados tales respecto de ella, el juez competente para el discernimiento de la tutela será el juez del domicilio de la madre, o el del lugar de su residencia, si el domicilio de ella estuviese fuera de la República.

ARTICULO 403 - En cuanto a los expósitos o menores abandonados, el juez competente para discernir la tutela será el del lugar en que ellos se encontraren.

ARTICULO 404 - El juez a quien compete el discernimiento de la tutela, será competente para dirigir todo lo que a ella pertenezca, aunque los bienes del menor estén fuera del lugar que abrace su jurisdicción.

ARTICULO 405 - La mudanza de domicilio o residencia del menor o de sus padres, en nada influirá en la competencia del juez que hubiese discernido la tutela, y al cual sólo corresponde la dirección de ella hasta que venga a cesar por parte del pupilo.

ARTICULO 406 - Para discernirse la tutela, el tutor nombrado o confirmado por el juez, debe asegurar bajo juramento el buen desempeño de su administración.

ARTICULO 407 - Los actos practicados por el tutor a quien aún no se hubiere discernido la tutela, no producirán efecto alguno, respecto del menor; pero el discernimiento posterior importará una ratificación de tales actos, si de ellos no resulta perjuicio al menor.

ARTICULO 408 - * Discernida la tutela, los bienes del menor no serán entregados al tutor, sino después que judicialmente hubiesen sido inventariados y avaluados a menos que antes del discernimiento de la tutela se hubiera hecho ya el inventario y tasación de ellos.

Nota de Actualización:* Ver arts. 417 y 457.

TITULO X

De la administración de la tutela

ARTICULO 409 - La administración de la tutela, discernida por los jueces de la República, será regida solamente por las leyes de este Código, si en la República existiesen los bienes del pupilo.

ARTICULO 410 - Si el pupilo tuviese bienes muebles o inmuebles fuera de la República, la administración de tales bienes y su enajenación será regida por las leyes del país donde se hallaren.

ARTICULO 411 - * El tutor es el representante legítimo del menor en todos los actos civiles; gestiona y administra solo.Todos los actos se ejecutan por él y en su nombre, sin el concurso del menor, y prescindiendo de su voluntad.

Nota:411. LL. 15 y 17, tít. 16. Part. 6ª. LL. 2 y 3, tít. 7, lib. 3, F. R. LL. 12, 30 y 33, lib. 26, Dig.

Nota de Actualización: * Ver art. 380.

ARTICULO 412 - * Debe tener en la educación y alimento del menor los cuidados de un padre. Debe procurar su establecimiento a la edad correspondiente, según la posición y fortuna del menor, sea destinándolo a la carrera de las letras, o colocándolo en una casa de comercio, o haciéndole aprender algún oficio.

Nota:412. Proem. al título 16, Part. 6ª L. 9, de dicho título. ZACHARIAE, § 220.

Nota de Actualización:* Ver art. 280.

ARTICULO 413 - El tutor debe administrar los intereses del menor como un buen padre de familia, y es responsable de todo perjuicio resultante de su falta en el cumplimiento de sus deberes.

Nota:413. L. 94, tít. 18, Part. 3ª. L. 15, tít. 16, Part. 6ª. L. 23, tít. 7, lib. 26, Dig.

ARTICULO 414 - Si los tutores excediesen los poderes de su mandato, o abusasen de ellos en daño de la persona o bienes del pupilo, éste, sus parientes, el Ministerio de Menores, o la autoridad policial, pueden reclamar del juez de la tutela las providencias que fuesen necesarias.

ARTICULO 415 - El menor debe a su tutor el mismo respeto y obediencia que a sus padres.

Nota:415. L. 5, tít. 14, Part. 7ª, Cód. de Prusia, art. 231; austríaco, 217; sardo, 314.

ARTICULO 416 - El menor debe ser educado y alimentado con arreglo a su clase y facultades.

Nota:416. L. 20, tít. 16, Part. 6ª, L. 3, tít. 2, lib. 27, Dig. Cód. francés, art. 454; sardo, 328; de Luisiana, art. 343.

ARTICULO 417 - El juez, discernida la tutela, debe señalar, según la naturaleza y situación de los bienes del menor, el tiempo en que el tutor debe hacer el inventario judicial de ellos. Mientras el inventario no esté hecho, el tutor no podrá tomar más medidas sobre los bienes, que las que sean de toda necesidad.

ARTICULO 418 - * Cualesquiera que sean las disposiciones del testamento en que el menor hubiese sido instituido heredero, el tutor no puede ser eximido de hacer el inventario judicial.

Nota:417 y 418. L. 15, tít. 16, Part. 6ª. L. 24, tít. 37, lib. 5, Cód. romano. L. 7, tít. 7, lib. 26, Dig. Cód. francés, art. 451; holandés, 444; sardo, 316; ZACHARIAE, § 219.

Nota de Actualización:* Ver art. 3515.

ARTICULO 419 - Si el tutor tuviese algún crédito contra el menor, deberá asentarlo en el inventario; y si no lo hiciese, no podrá reclamarlo en adelante, a menos que al tiempo del inventario hubiese ignorado la deuda a su favor.

Nota:419. Cód. francés, art. 451, Nov. 72, cap. 4. ZACHARIAE, § 219.

ARTICULO 420 - Los bienes que en adelante adquiriese el menor por sucesión u otro título, deberá inventariarlos con las mismas solemnidades.

ARTICULO 421 - Si el tutor entrase en lugar de un tutor anterior, debe inmediatamente pedir a su predecesor o a sus herederos, la rendición judicial de las cuentas de la tutela, y la posesión de los bienes del menor.

ARTICULO 422 - Para la facción del inventario el juez debe acompañar al tutor con uno o más parientes del menor, u otras personas que tuviesen conocimiento de los negocios o de los bienes del que lo hubiese instituido por heredero.

ARTICULO 423 - El juez, según la importancia de los bienes del menor, de la renta que ellos produzcan, y de la edad del pupilo, fijará la suma anual que ha de invertirse en su educación y alimentos, sin perjuicio de variarla, según fuesen las nuevas necesidades del menor.

Nota:423. L. 20, tít. 16, Part. 6ª. L. 3, tít. 2, lib. 27, Dig., y 3, tít. 7, lib. 26, ídem.

ARTICULO 424 - Si hubiese sobrante en las rentas del pupilo, el tutor deberá colocarlo a interés en los bancos o en rentas públicas, o adquirir bienes raíces con conocimiento y aprobación del juez de la tutela.

Nota:424. L. 24, tít. 27, lib. 5, Cód. romano. L. 3, tít. 7, lib. 26, Dig. Estas leyes señalaban el término de seis meses para la colocación del dinero que hubiese en los bienes del menor, y dos meses para lo que sobrase de las rentas. Lo mismo el Cód. francés, arts. 455 y 456. El de Nápoles, arts. 378 y 379. El sardo, 329 y 330. El de Luisiana, art. 341, cuando la suma llegue a 500 pesos fuertes. El de Holanda, art. 449, cuando el sobrante llegue a la cuarta parte de las rentas del menor, el empleo debe ser en fondos públicos, en bienes raíces o a interés sobre hipoteca. Por la Nov. 72, cap. 7, el tutor cumple con guardar bien el dinero del menor, y sólo está obligado a emplearlo cuando todo el patrimonio consista en dinero, o no tenga el menor otras rentas de qué mantenerse.

ARTICULO 425 - Los depósitos que se hagan en los bancos, de los capitales de los menores, deben ser a nombre de ellos, lo mismo que las inscripciones en la deuda pública.

ARTICULO 426 - El tutor para usar de los depósitos hechos en los bancos, o para enajenar las rentas públicas, necesita la autorización judicial demostrando la necesidad y conveniencia de hacerlo.

Nota:426. ZACHARIAE, § 221.

ARTICULO 427 - Si las rentas del menor no alcanzaren para su educación y alimentos, el juez puede autorizar al tutor para que emplee una parte del principal, a fin de que el menor no quede sin la educación correspondiente.

Nota:427. Véase la L. 16, tít. 16, Part. 6ª y la 20 del mismo título que no permite que ni aun para esos objetos se disminuya el capital de los menores.

ARTICULO 428 - Si los pupilos fuesen indigentes, y no tuviesen suficientes medios para los gastos de su educación y alimento, el tutor pedirá autorización al juez para exigir de los parientes la prestación de alimentos.

ARTICULO 429 - El pariente que diese alimentos al pupilo podrá tenerlo en su casa, y encargarse de su educación, si el juez lo permitiese.

ARTICULO 430 - Si los pupilos indigentes no tuviesen parientes, o éstos no se hallasen en circunstancias de darles alimentos, el tutor, con autorización del juez, puede ponerlos en otra casa, o contratar el aprendizaje de un oficio y los alimentos.

ARTICULO 431 - El tutor no podrá salir de la República sin comunicar previamente su resolución al juez de la tutela, a fin de que éste delibere sobre la continuación de la tutela, o nombramiento de otro tutor.

ARTICULO 432 - No podrá tampoco mandar a los pupilos fuera de la República o a otra provincia, ni llevarlos consigo, sin autorización del juez.

ARTICULO 433 - * El tutor responde de los daños causados por sus pupilos menores de 10 años que habiten con él.

Nota de Actualización:* Ver art. 1114 modif. por la ley 24.830.

ARTICULO 434 - El tutor no puede enajenar los bienes muebles o inmuebles del menor, sin autorización del juez de la tutela.

ARTICULO 435 - Le es prohibido también constituir sobre ellos derecho real alguno, o dividir los inmuebles que los pupilos posean en común con otros, si el juez no hubiese decretado la división con los copropietarios.

Nota:434 y 435. L. 4, tít. 5, Part. 5ª L. 60, tít. 18, Part. 3ª L. 18, tít. 16, Part. 6ª L. 27, tít. 37, lib. 5, Cód. romano, L. 5, § § 14 y 15, tít. 9, lib. 27, Dig. Cód. francés, art. 457; de Holanda, 451 y sigts., Cód. sardo, arts. 331 y 374.

ARTICULO 436 - El tutor debe provocar la venta de la cosa que el menor tuviese en comunidad con otro, como también la división de la herencia en que tuviese alguna parte.

Nota:436. POTHIER, sostiene por una razón jurídica de muy poco peso, que el tutor no puede provocar la división de la cosa que con otro tenga proindiviso. Tratado "De las personas". Part. 1ª, tít. 16, art. 3, § 2; pero véase L. 2, tít. 15. Part. 6ª L. 14, § 2, y L. 1, tít. 2, lib. 10, Dig. L. 5, tít. 37, lib. 3, Cód. romano.

ARTICULO 437 - * Toda partición en que los menores estén interesados, sea de muebles o de inmuebles, como la división de la propiedad en que tengan una parte proindiviso, debe ser judicial.

Nota:437. ZACHARIAE trata largamente la materia en el § 21, inc. 4º, y en las notas 33 y siguientes.

Nota de Actualización:* Ver art. 450 inc. 7º.

ARTICULO 438 - El juez puede conceder licencia para la venta de los bienes raíces de los menores, en los casos siguientes:

1º Cuando las rentas del pupilo fuesen insuficientes para los gastos de su educación y alimentos;

2º Cuando fuese necesario pagar deudas del pupilo, cuya solución no admita demora, no habiendo otros bienes, ni otros recursos para ejecutar el pago;

3º Cuando el inmueble estuviese deteriorado, y no pudiera hacerse su reparación sin enajenar otro inmueble o contraer una deuda considerable;

4º Cuando la conservación del inmueble por más tiempo, reclamara gastos de gran valor;

5º Cuando el pupilo posea un inmueble con otra persona, y la continuación de la comunidad le fuese perjudicial;

6º Cuando la enajenación del inmueble haya sido convenida por el anterior dueño, o hubiese habido tradición del inmueble, o recibo del precio, o parte de él;

7º Cuando el inmueble hiciese parte integrante de algún establecimiento de comercio o industria que hubiese tocado en herencia al pupilo, y que deba ser enajenado con el establecimiento.

ARTICULO 439 - No será necesaria autorización alguna del juez, cuando la enajenación de los bienes de los pupilos fuese motivada por ejecución de sentencia, o por exigencia del copropietario de bienes indivisos con los pupilos, o cuando fuese necesario hacerla a causa de expropiación por utilidad pública.

ARTICULO 440 - Los bienes muebles serán prontamente vendidos, exceptuándose los que fueren de oro o plata, o joyas preciosas; los que fuesen necesarios para uso de los pupilos según su calidad y fortuna; los que hiciesen parte integrante de algún establecimiento de comercio o industria que a los pupilos les hubiese tocado en herencia, y éste no se enajenase; los retratos de familia u otros objetos destinados a perpetuar su memoria, como obras de arte o cosas de un valor de afección.

ARTICULO 441 - Los bienes muebles e inmuebles no podrán ser vendidos sino en remate público, excepto cuando los primeros sean de poco valor, y haya quien ofrezca un precio razonable por la totalidad de ellos, a juicio del tutor y del juez.

ARTICULO 442 - El juez puede dispensar que la venta de muebles e inmuebles se haga en remate público, cuando a su juicio la venta extrajudicial sea más ventajosa por alguna circunstancia extraordinaria, o porque en la plaza no se pueda alcanzar mayor precio, con tal que el que se ofrezca sea mayor que el de la tasación.

ARTICULO 443 - El tutor necesita la autorización del juez para los casos siguientes:

1º Para vender todas o la mayor parte de las haciendas de cualquier clase de ganado, que formen un establecimiento rural del menor;

2º Para pagar deudas pasivas del menor, si no fuesen de pequeñas cantidades;

3º Para todos los gastos extraordinarios que no sean de reparación o conservación de los bienes;

4º Para repudiar herencias, legados o donaciones que se hiciesen al menor;

5º Para hacer transacciones o compromisos sobre los derechos de los menores;

6º Para comprar inmuebles para los pupilos, o cualesquiera otros objetos que no sean estrictamente necesarios para sus alimentos y educación;

7º Para contraer empréstitos a nombre de los pupilos;

8º Para tomar en arrendamiento bienes raíces, que no fuesen la casa de habitación;

9º Para remitir créditos a favor del menor, aunque el deudor sea insolvente;

10. Para hacer arrendamientos de bienes raíces del menor que pasen del tiempo de 5 años. Aun los que se hicieran autorizados por el juez llevan implícita la condición de terminar a la mayor edad del menor, o antes si contrajere matrimonio, aun cuando el arrendamiento sea por tiempo fijo;

11. Para todo acto o contrato en que directa o indirectamente tenga interés cualquiera de los parientes del tutor, hasta el cuarto grado, o sus hijos naturales * o alguno de sus socios de comercio.

12. Para hacer continuar o cesar los establecimientos de comercio o industria que el menor hubiese heredado, o en que tuviera alguna parte.

13. * Prestar dinero de sus pupilos. La autorización sólo se concederá si existen garantías reales suficientes.

Nota:443. Nº 1º. Muy importante en la materia la L. 22, Cód. romano. "De administ. tut", que revocó las leyes anteriores.

4° Ni en el Cód. romano, ni en nuestras leyes hay disposición alguna sobre la materia; pero el artículo está conforme con el Cód. francés, art. 461; de Nápoles, art. 384; sardo, 338; holandés, 459; de Luisiana, 345; véase ZACHARIAE, § 221, inc. 2°, y notas 25 y siguientes.

5° En el Derecho romano es dudoso este punto; en el Derecho español no hay ley sobre la materia. Véase el Cód. francés, art. 467; napolitano, 390; holandés, 465; sardo, 344. Por estos Códigos debe preceder el dictamen de dos o más letrados, sobre la transacción que intente hacer el tutor. Véase ZACHARIAE, § 221, notas 43 y siguientes.

7° L. 60, tít. 18, Part. 3ª L. 18, tít. 16, Part. 6ª LL. 3 y 4, tít. 5, Part. 5ª. LL. del tít. 39, lib. 5, Cód. romano. Cód. francés, art. 457; napolitano, 384; sardo, 331; holandés, 451, del Luisiana, 348.

9° ZACHARIAE, § 221, notas 48 y 49.

10. Ni en el Derecho romano, ni en las leyes españolas, hay disposición alguna sobre la materia. En los códigos extranjeros se nota un olvido absoluto. Mientras tanto, todos los autores que tratan de la tutela, enseñan la doctrina de nuestro artículo.

Nota de Actualización:* Categoría eliminada por la ley 23.264.

* Agregado por ley 17.711.

ARTICULO 444 - Si el establecimiento fuese social, el tutor, tomando en consideración las disposiciones del testador, el contrato social, su naturaleza, estado del negocio y lugar del establecimiento, informará al juez de la tutela si conviene o no continuar o disolver la sociedad.

ARTICULO 445 - Si el juez, por los informes del tutor, resolviese que continúe la sociedad, autorizará al tutor para hacer las veces del socio fallecido de que el pupilo es sucesor.

ARTICULO 446 - Si el juez resolviese que la sociedad se disuelva luego o después de haberse vencido el tiempo de su duración, autorizará al tutor para que, de acuerdo con los demás interesados, ajuste la venta o la cesión de la cuota social del pupilo, al socio o socios sobrevivientes, o a un tercero, con asentimiento de éstos; y si no fuere posible la venta, para inspeccionar o promover la liquidación final, y percibir lo que correspondiese al pupilo.

ARTICULO 447 - Las disposiciones de los tres artículos anteriores no son aplicables, cuando los pupilos fuesen interesados en sociedades anónimas, o en comandita por acciones.

ARTICULO 448 - Si el establecimiento no fuese social, el juez, tomando pleno conocimiento del negocio, autorizará al tutor para que por sí o por los agentes de su confianza, dirija las operaciones y trabajos, haga pagos y ejecute todos los demás actos de un mandatario con libre administración, sin necesidad de requerir autorización especial, sino en el caso de una medida extraordinaria.

ARTICULO 449 - Si el juez ordenare que el establecimiento cese luego, o cuando juzgare que su continuación sería perjudicial al pupilo, autorizará al tutor para enajenarlo, en venta pública o privada, después de tasada o regulada su importancia; y mientras no fuese posible venderlo, para proceder como el tutor lo encontrase menos perjudicial al menor.

ARTICULO 450 - Son prohibidos absolutamente al tutor, aunque el juez indebidamente lo autorice, los actos siguientes:

1º Comprar o arrendar por sí, o por persona interpuesta, bienes muebles o inmuebles del pupilo o venderle o arrendarle los suyos, aunque sea en remate público; y si lo hiciere, a más de la nulidad de la compra, el acto será tenido como suficiente para su remoción, con todas las consecuencias de las remociones de los tutores por conducta dolosa;

2º Constituirse cesionario de créditos o derechos o acciones contra sus pupilos, a no ser que las cesiones resultasen de una subrogación legal;

3º * Hacer con sus pupilos contratos de cualquier especie;

4º Aceptar herencias deferidas al menor, sin beneficio de inventario;

5º Disponer a título gratuito de los bienes de sus pupilos, a no ser que sea para prestación de alimentos a los parientes de ellos, o pequeñas dádivas remuneratorias, o presentes de uso;

6º Hacer remisión voluntaria de los derechos de sus pupilos;

7º ** Hacer o consentir particiones privadas en que sus pupilos sean interesados;

8º *** Derogado por la ley 17.711;

9º Obligar a los pupilos, como fiadores de obligaciones suyas o de otros.

Nota:450. Nº 1º. En contra, el Derecho romano. L. 5, tít. 38, lib. 4, Cód. romano, L. 5 § 2, tít. 8, lib. 26, Dig., y los Códigos; francés, art. 450; napolitano, 373; sardo, 311; de Luisiana, 327 y de Holanda, 457. Puede deducirse entonces que todas las prohibiciones de los números que siguen podría salvarlas el tutor, siendo autorizado por el juez, lo cual sería dejar al arbitrio del juez toda la hacienda de los menores y la moral del cargo de tutor.

Nota de Actualización:* Ver art. 1361 inc. 2º.

** Ver art. 437.

*** Texto del Código Civil: 8º Prestar dinero de sus pupilos, por más ventajosas que sean las condiciones.

ARTICULO 451 - El tutor percibirá por sus cuidados y trabajos la décima parte de los frutos líquidos de los bienes del menor, tomando en cuenta, para la liquidación de ellos, los gastos invertidos en la producción de los frutos, todas las pensiones, contribuciones públicas o cargas usufructuarias a que esté sujeto el patrimonio del menor.

Nota:451. L. 2, tít. 7, lib. 3, F. R. La tutela era gratuita por el Derecho romano, pero el magistrado podía señalar al tutor un honorario proporcionado a las facultades del menor. L. 3, § 3, tít. 7, lib. 26, Dig. Los Códigos francés, napolitano y sardo nada disponen a este respecto. El Cód. de Luisiana, art. 342, da al tutor el diez por ciento de las rentas del menor. El holandés no le da honorario alguno, sino cuando los padres lo han señalado en su testamento. El de baviera, sólo da al tutor el derecho a una remuneración, acabada la tutela, según hubiese sido su trabajo y el aumento de las rentas del menor. Lo mismo el de Prusia, cuando la tutela le hubiera absorbido mucho tiempo o hubiese tenido que hacer viajes en el interés del menor, art. 231. El de Austria dispone que pueda darse una retribución al tutor, la cual no debe pasar del cinco por ciento de las rentas del menor, arts. 266 y 267. El cód. de Chile está conforme con nuestro artículo.

ARTICULO 452 - Respecto a los frutos pendientes al tiempo de principiar la tutela, se sujetará la décima a las mismas reglas a que está sujeto el usufructo.

ARTICULO 453 - El tutor no tendrá derecho a remuneración alguna, y restituirá lo que por ese título hubiese recibido, si contrariase a lo prescripto respecto al casamiento de los tutores o de sus hijos con los pupilos o pupilas, o si fuese removido de la tutela por culpa grave, o si los pupilos sólo tuviesen rentas suficientes para sus alimentos y educación, en cuyo caso la décima podrá disminuirse o no satisfacerse al tutor.

ARTICULO 454 - Si el tutor nombrado por los padres hubiese recibido algún legado de ellos, que pueda estimarse como recompensa de su trabajo, no tendrá derecho a la décima; pero es libre para no percibir el legado, o volver lo percibido y recibir la décima.

TITULO XI

De los modos de acabarse la tutela

ARTICULO 455 - La tutela se acaba:

1º Por la muerte del tutor, su remoción o excusación admitida por el juez;

2º Por la muerte del menor, por llegar éste a la mayor edad o por contraer matrimonio.

Nota:455. L. 21, tít. 16, Part. 6ª

ARTICULO 456 - Sucediendo la muerte del tutor, sus albaceas, o sus herederos mayores de edad, deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez del lugar, y proveer entretanto a lo que las circunstancias exijan respecto a los bienes y persona del menor.

Nota:456. Véase el art. 3003 del Cód. de Luisiana. Cód. francés, art. 2010; sardo, 2043.

ARTICULO 457 - * Los jueces podrán remover los tutores por incapacidad o inhabilidad de éstos, por no haber formado inventario de los bienes del menor en el término y forma establecidos en la ley, y porque no cuidasen debidamente de la salud, seguridad y moralidad del menor que tuviesen a su cargo, o de su educación profesional o de sus bienes.

Nota:457. LL. 15, tít. 16 y 1, tít. 18, Part. 6ª L. 13, tít. 51, lib. 5, Cód. romano. Nº 3º L. 1, tít. 18, Part. 6ª Lib. 1, tít. 26, § § 5 y 12, Instit.

Nota de Actualización:* Según ley 10.903. Texto del Código Civil: Serán separados de la tutela:

1º Los inhábiles para ejercer este cargo desde que sobrevenga, o se descubra la incapacidad;

2º Los que no formen inventario de los bienes del menor en el término y forma establecidos por la ley, o que no lo hubiesen hecho fielmente;

3º Los que se conduzcan mal en la tutela respecto a la persona, o en la administración de los bienes del menor.

TITULO XII

De las cuentas de la tutela

ARTICULO 458 - El tutor está obligado a llevar cuenta fiel y documentada de las rentas y de los gastos, que la administración y la persona del menor hubiesen hecho necesarios, aunque el testador lo hubiera exonerado de rendir cuenta alguna.

Nota:458. Cód. de Chile, art. 415.

ARTICULO 459 - En cualquier tiempo el Ministerio de Menores o el menor mismo, siendo mayor de 18 años, cuando hubiese dudas sobre la buena administración del tutor, por motivos que el juez tenga por suficientes, podrá pedirle que exhiba las cuentas de la tutela.

Nota:459. El Cód. de Vaud, art. 264, manda al tutor dar cuenta anual de la tutela. Cód. de Chile, art. 416 y las citas del artículo siguiente.

ARTICULO 460 - Acabada la tutela, el tutor o sus herederos deben dar cuenta justificada de su administración, al menor o al que lo represente, en el término que el juez lo ordene, aunque el menor en su testamento lo hubiera eximido de este deber.

Nota:460. L. 6, tít. 11, Part. 3ª L. 94, tít. 18 Part. 3ª L. 21 tít. 16, Part. 6ª L. 2, tít. 7, lib. 3, F. R. Sobre la última parte, L. 5, tít. 10, Part. 5º. Proyecto de GOYENA, art. 255, y todos los Códigos modernos.

ARTICULO 461 - Contra el tutor que no dé verdadera cuenta de su administración, o que sea convencido de dolo o culpa grave, el menor que estuvo a su cargo tendrá el derecho de apreciar bajo juramento el perjuicio recibido, y el tutor podrá ser condenado en la suma jurada, si ella pareciere al juez estar arreglada a lo que los bienes del menor podían producir.

Nota:461. Cód. de Chile, art. 423.

ARTICULO 462 - Los gastos de rendición de cuentas deben ser anticipados por el tutor; pero le serán abonados por el menor, si las cuentas estuviesen dadas en la debida forma.

Nota:462. Cód. francés, art. 471; holandés, 468; napolitano, 394; sardo, 347; de Luisiana, 352. L. 1, § 9, tít. 3, lib. 27, Dig.

ARTICULO 463 - Las cuentas deben ser dadas en el lugar en que se desempeñe la tutela.

Nota:463. L. 32, tít. 2, Part. 3ª véase la "Catorcena". L. 54, tít. 3, lib. 3, Dig. L. 19, tít. 1, lib. 5, Dig.

ARTICULO 464 - Serán abonables al tutor todos los gastos debidamente hechos, aunque de ellos no hubiese resultado utilidad al menor, y aunque los hubiese anticipado de su propio dinero.

Nota:464. L. 3, tít. 4, lib. 27, Dig. véase el art. 471. Cód. francés, holandés, 468; napolitano, 394; sardo, 347; de Luisiana, 352.

ARTICULO 465 - Hasta pasado un mes de la rendición de cuentas, es de ningún valor todo convenio entre el tutor y el pupilo ya mayor o emancipado, relativo a la administración de la tutela, o a las cuentas mismas.

Nota:465. No hay ley sobre la materia, ni en el Derecho español, ni en el romano. El Cód. francés, art. 472, señala sólo diez días. Lo siguen el sardo, art. 349; de Nápoles, 395 y de Holanda, 470.

Nota de Actualización:* Ver art. 134.

ARTICULO 466 - Los saldos de las cuentas del tutor producirán el interés legal.

Nota:466. Cód. francés, art. 474; napolitano, 397; sardo, 351; holandés, 471; de Luisiana, 353, y L. 2, tít. 56, lib. 5, Cód. romano. L. 28, tít. 7, lib. 26, Dig. L. 3, tít. 4, lib. 27, Dig.

ARTICULO 467 - Los que han estado bajo tutela, acabada ésta, pueden pedir la inmediata entrega de los bienes suyos que estén en poder del tutor, sin esperar a la rendición o aprobación de las cuentas.

TITULO XIII

De la curatela

CAPITULO I

Curatela a los incapaces mayores de edad

ARTICULO 468 - Se da curador al mayor de edad incapaz de administrar sus bienes.

Nota:468. Véase Cód. francés, art. 489; de Nápoles, art. 412; sardo, 368.

ARTICULO 469 - Son incapaces de administrar sus bienes, el demente aunque tenga intervalos lúcidos, y el sordomudo que no sabe leer ni escribir.

Nota:469. L. 13, tít. 1, Part. 6a. tít. 23, § 3, lib. 1, Instit. y los Códigos citados en el artículo anterior. El Derecho romano declaraba válido el testamento del demente, hecho en los intervalos lúcidos. Lo mismo podría inferirse de la ley citada Pero el testamento era un acto revocable como no lo serían los demás que se pemitieran al demente en los intervalos lúcidos. Los artículos citados de los Códigos extranjeros no hablan de los sordomudos. El Derecho romano los declaraba incapaces. L. 8, tít. 5, lib. 26, Dig. Lo mismo el Derecho de las Partidas, L. 60, tit. 18, Part. 3ª L. 2, tít. 11, Part. 5ª

ARTICULO 470 - La declaración de incapacidad y nombramiento de curador pueden pedirla al juez, el Ministerio de Menores y todos los parientes del incapaz.

Nota:470. A ejemplo de la tutela, L. 12, tít. 16, Part. 6ª y L. 10, tít. 58 y 6, tít. 56, lib. 6, Cód. romano; Cód. francés, arts. 490 y 491; napolitano, 413 y 414; sardo, 370; el de Luisiana, arts. 384 y 385. admite a los extraños y aun el procedimiento de oficio, si los parientes no se presentasen. El Cód. de Vaud, aún admite a la Municipalidad, art. 290.

ARTICULO 471 - El juez, durante el juicio, puede, si lo juzgase oportuno, nombrar un curador interino a los bienes, o un interventor en la administración del demandado por incapaz.

Nota:471. Cód. francés, art. 497; napolitano, 420; sardo, 378; holandés, 495.

ARTICULO 472 - Si la sentencia que concluya el juicio, declarase incapaz al demandado, serán de ningún valor los actos posteriores de administración que el incapaz celebrare.

Nota:472. Cód. francés, art. 502; holandés, 500; sardo, 384 y véase L. 5, tít. 11, part. 5a. L. 10, tít. 10, lib. 27 y 6, tít. 1, lib. 45, Dig.

ARTICULO 473 - Los anteriores a la declaración de incapacidad podrán ser anulados, si la causa de la interdicción declarada por el juez, existía públicamente en la época en que los actos fueron ejecutados.

* Si la demencia no era notoria, la nulidad no puede hacerse valer, haya habido o no sentencia de incapacidad, contra contratantes de buena fe y a título oneroso.

Nota:473. Cód. francés, art. 503; holandés, 501; sardo, 385; de Luisiana, 394 y véase L. 18, tít. 1, lib. 28, Dig.

Nota de Actualización:* Agregado por ley 17.711.

ARTICULO 474 - Después que una persona, haya fallecido, no podrán ser impugnados sus actos entre vivos, por causa de incapacidad, a no ser que ésta resulte de los mismos actos, o que se hayan consumado después de interpuesta la demanda de incapacidad.

* Esta disposición no rige si se demostrare la mala fe de quien contrató con el fallecido.

Nota:474. Cód. francés, art. 504, napolitano, 427, sardo, 386, y véase L. 1. tít. 14, Part. 3ª.

Nota de Actualización:* Agregado por ley 17.711.

ARTICULO 475 - Los declarados incapaces son considerados como los menores de edad, en cuanto a su persona y bienes. Las leyes sobre la tutela de los menores se aplicarán a la curaduría de los incapaces.

Nota:475. L. 13, tít. 16, Part. 6a. L. 5, tít. 11, Part. 5a. Cód. francés, art. 509; holandés, 506; de Luisiana, 361 y 362, prusiano, 553.

ARTICULO 476 - El marido es el curador legítimo y necesario de su mujer, declarada incapaz, y ésta es curadora de su marido.

Nota:476. Cód. francés, art. 506. Todos los Códigos extranjeros permiten sólo que la mujer sea nombrada curadora del marido. Véase GOYENA, art. 292.

ARTICULO 477 - * Los hijos mayores de edad, son curadores de su padre o madre viudo declarado incapaz. Si hubiera dos o más hijos, el juez elegirá el que deba ejercer la curatela.

Nota:477. LL. 2 y 4, tít. 10, lib 27, Dig. Proyecto de GOYENA, art. 293.

Nota de Actualización:* Según ley 17.711. Texto del Código Civil: Los hijos varones mayores de edad, son curadores de su padre o madre viudo declarado incapaz. Si hubiere dos o más hijos, el juez eligirá el que deba ejercer la curatela.

ARTICULO 478 - * El padre o la madre son curadores de sus hijos solteros, divorciados o viudos que no tengan hijos mayores de edad, que puedan desempeñar la curatela.

Nota:478. Proyecto de GOYENA, art. 293.

Nota de Actualización:* Según ley 23.515. Según art. 6, ley 23.264: 478. El padre o la madre son curadores de sus hijos solteros o viudos que no tengan hijos mayores de edad que puedan desempeñar la curaduría. Texto del Código Civil: El padre, y por su muerte o incapacidad la madre, son curadores de sus hijos legítimos solteros o viudos que no tengan hijos varones mayores de edad, que puedan desempeñar la curaduría.

ARTICULO 479 - En todos los casos en que el padre o madre puede dar tutor a sus hijos menores de edad, podrá también nombrar curadores por testamento a los mayores de edad, dementes o sordomudos.

Nota:479. L. 16, tít. 10, lib. 27, Dig. véase Cód. sardo, art. 390.

ARTICULO 480 - El curador de un incapaz que tenga hijos menores es también tutor de éstos.

Nota:480. Cód. Holandés, art. 507. Proyecto de Goyena, art. 296.

ARTICULO 481 - La obligación principal del curador del incapaz será cuidar que recobre su capacidad, y a este objeto se han de aplicar con preferencia las rentas de sus bienes.

Nota:481. Cód. francés, art. 510; napolitano, 433; sardo, 393.

ARTICULO 482 - El demente no será privado de su libertad personal sino en los casos en que sea de temer que, usando de ella, se dañe a sí mismo o dañe a otros. No podrá tampoco ser trasladado a una casa de dementes sin autorización judicial.

* Las autoridades policiales podrán disponer la internación, dando inmediata cuenta al juez, de las personas que por padecer enfermedades mentales o ser alcoholistas crónicos o toxicómanos pudieren dañar su salud o la de terceros o afectaren la tranquilidad pública. Dicha internación sólo podrá ordenarse, previo dictamen del médico oficial.

A pedido de las personas enumeradas en el art. 144 el juez podrá, previa información sumaria, disponer la internación de quienes se encuentren afectados de enfermedades mentales aunque no justifiquen la declaración de demencia, alcoholistas crónicos y toxicómanos, que requieran asistencia en establecimientos adecuados debiendo designar un defensor especial para asegurar que la internación no se prolongue más de lo indispensable y aun evitarla, si pueden prestarle debida asistencia las personas obligadas a la prestación de alimentos.

Nota:482. Cód. de Chile, art. 466.

Nota de Actualización:* Agregado por ley 17.711.

ARTICULO 483 - El declarado incapaz no puede ser transportado fuera de la República sin expresa autorización judicial, dada por el consejo cuando menos de dos médicos, que declaren que la medida es conveniente a su salud.

Nota:483. Cód. de Luisiana, art. 410.

ARTICULO 484 - Cesando las causas que hicieron necesaria la curatela, cesa también ésta por la declaración judicial que levante la interdicción.

Nota:484. L. 1, tít. 10, lib. 27. Dig. Cód. francés, art. 512; sardo, 395; napolitano, 435, holandés, 516.

CAPITULO II

Curadores a los bienes *

Nota de Actualización:* Ver arts. 486, 3169, 3174, 3377, 3539 y ley 14.394. Ver en el Apéndice la ley 17.944.

ARTICULO 485 - Los curadores a los bienes podrán ser dos o más, según lo exigiese la administración de ellos.

ARTICULO 486 - Se dará curador a los bienes del difunto cuya herencia no hubiese sido aceptada, si no hubiese albacea nombrado para su administración.

ARTICULO 487 - Si hubiese herederos extranjeros del difunto, el curador de los bienes hereditarios será nombrado con arreglo a los tratados existentes con las naciones a que los herederos pertenezcan.

ARTICULO 488 - Los curadores de los bienes están sujetos a todas las trabas de los tutores o curadores, y sólo podrán ejercer actos administrativos de mera custodia y conservación, y los necesarios para el cobro de los créditos y pago de las deudas.

ARTICULO 489 - A los curadores de los bienes corresponde el ejercicio de las acciones y defensas judiciales de sus representados; y las personas que tengan créditos contra los bienes, podrán hacerlos valer contra los respectivos curadores.

ARTICULO 490 - La curaduría de bienes se acaba por la extinción de éstos, o por haberse entregado a aquellos a quienes pertenecían.

TITULO XIV

Del Ministerio Público de Menores

ARTICULO 491 - El defensor oficial de menores debe pedir el nombramiento de tutores o curadores de los menores o incapaces que no los tengan; y aun antes de ser éstos nombrados, puede pedir también, si fuese necesario, que se aseguren los bienes, y se pongan los menores o incapaces en una casa decente.

ARTICULO 492 - El nombramiento de los tutores y curadores, como el discernimiento de la tutela y curatela, debe hacerse con conocimiento del defensor de menores, quien podrá deducir la oposición que encuentre justa, por no convenir los tutores o curadores al gobierno de la persona y bienes de los menores o incapaces.

ARTICULO 493 - El Ministerio de Menores debe intervenir en todo acto o pleito sobre la tutela o curatela, o sobre el cumplimiento de las obligaciones de los tutores o curadores. Debe también intervenir en los inventarios de los bienes de los menores e incapaces, y en las enajenaciones o contratos que conviniese hacer. Puede deducir las acciones que correspondan a los tutores o curadores, cuando éstos no lo hiciesen. Puede pedir la remoción de los tutores o curadores por su mala administración, y ejecutar todos los actos que correspondan al cuidado que le encarga la ley, de velar en el gobierno que los tutores y curadores ejerzan sobre la persona y bienes de los menores e incapaces.

ARTICULO 494 - Son nulos todos los actos y contratos en que se interesen las personas o bienes de los menores e incapaces, si en ellos no hubiese intervenido el Ministerio de Menores.

LIBRO SEGUNDO

DE LOS DERECHOS PERSONALES EN LAS RELACIONES CIVILES

SECCION PRIMERA

PARTE PRIMERA

De las obligaciones en general (a)

TITULO I

De la naturaleza y origen de las obligaciones

Nota:(a) Todos los códigos de Europa y de América, imitando al Código francés, al tratar de las obligaciones ponen la inscripción: "De los contratos o de las obligaciones convencionales" equivocando los contratos con las obligaciones, lo que causa una inmensa confusión en la jurisprudencia, y produce errores que no pueden corregirse. ZACHARIAE, al llegar a esta parte del cód. francés, dice así: "Nada más vicioso que el método seguido por los redactores del código": Hay cinco fuentes de las obligaciones: 1ª Los contratos o convenciones; 2ª Los cuasicontratos; 3ª Los delitos; 4ª Los cuasidelitos y 5ª La ley. Era evidente que para proceder con orden, debieron abrazar en un solo título todas las obligaciones en general pero los redactores del código, al contrario, han comenzado por dividir la materia de las obligaciones en general, en dos títulos: el uno de las obligaciones convencionales, y el otro de las obligaciones que se forman sin convención; y como para disimular la unidad natural de la materia que sometían a esta división ilógica, han afectado reservar el nombre de obligación para las que resultan de los contratos, dando a las otras el nombre de "engagement" como si no fuesen palabras sinónimas. Este primer vicio que causa una mezcla de las ideas más incoherentes, nace de haber olvidado que una cosa es el contrato que da nacimiento a la obligación, y otra la obligación convencional, que no es sino el efecto del contrato. Ha resultado de esto que no hay un título de las obligaciones en general que nacen de tan diversas causas, y que, al tratar de los efectos de las obligaciones y de las causas de ellas, se trate únicamente de los efectos y causas de los contratos, que sólo son una de las fuentes de las obligaciones.

ORTOLAN, conforme con ZACHARIAE, dice: "Hay dos fuentes de las obligaciones en el derecho civil. 'Obligationes aut ex contractu nascuntur, aut ex maleficio, aut proprio, quodam jure ex variis causarum figuris'. Esta es la regla del Digesto. Cuando la jurisprudencia halla otros casos de obligaciones, los refiere sin embargo a las dos fuentes primitivas, y los asimila a ellas. Se dice que son figuras variadas de aquellas causas legítimas de las obligaciones, 'variae causarum figurae', que la obligación nace como nacería de un contrato ('quasi ex: contractu'), o como nacería de un delito ('quasi ex delicto'). Es preciso añadir las obligaciones que resultan de las relaciones entre las personas, por la constitución de la familia, que son las que se dicen originadas de la ley ('quoe ex lege nascuntur') t. 2, tít. "De las obligaciones".

Teniéndose presente, pues, los diversos orígenes de las obligaciones, se advertirá la razón de las diferencias de nuestros artículos, comparados con los de los códigos de Europa y América. En éstos se trata sólo de las obligaciones convencionales, y en nuestro proyecto, de las obligaciones en general.

Por esto también serán muy diversas las causas y los efectos de las obligaciones determinadas en nuestros artículos, de las que señalan los códigos citados.

Para tratar de los derechos personales en las relaciones civiles, tratamos de las obligaciones; porque la teoría de los derechos personales se reduce a la exposición de los principios concernientes a las obligaciones que forman su objeto. La relación que existe entre un derecho personal y la obligación que le corresponde, puede compararse a la que tiene el efecto con la causa que lo produce.

ARTICULO 495 - Las obligaciones son: de dar, de hacer o de no hacer.

Nota:495. Nos abstenemos de definir, porque, como dice FREITAS, las definiciones son impropias de un código de leyes, y no porque haya peligro en hacerlo, pues mayor peligro hay en la ley que en la doctrina. En un trabajo legislativo sólo pueden admitirse aquellas definiciones, que estrictamente contengan una regla de conducta, o por la inmediata aplicación de sus vocablos, o por su influencia en las disposiciones de una materia especial. La definición exacta de los términos de que se sirve el legislador para expresar su voluntad, no entra en sus atribuciones. La definición es del dominio del gramático y del literato, si la expresión corresponde al lenguaje ordinario, y es de la atribución del profesor cuando la expresión es técnica. En todo caso es extraña a la ley, a menos que sea legislativa, es decir, que tenga por objeto restringir la significación del término de que se sirva, a las ideas que reúnan exactamente todas las condiciones establecidas en la ley. Lo que pensamos sobre las definiciones se extiende por los mismos motivos a toda materia puramente doctrinal, a lo que generalmente se llama principios jurídicos, pues la ley no debe extenderse sino a lo que dependa de la voluntad del legislador. Ella debe ser imperativa, y sea que mande o prohíba, debe sólo expresar la voluntad del legislador. Así como existe una diferencia notable entre la jurisprudencia y la legislación, así también la ley nada tiene de común con un tratado científico de derecho.

Contrayéndonos al art. 495, entendemos por la palabra "dar", las prestaciones que tienen por fin un cambio en el derecho de las cosas, en el sentido que el deudor debe procurar al acreedor la propiedad o algún derecho real, "Dare, est accipientis facere", Inst. § 14. "De actionib". La expresión es empleada, ya en un sentido amplio, ya en un sentido estricto. La misma expresión aun se aplica a actos que no se refieren al derecho de las cosas, sino que deben simplemente aumentar el patrimonio del acreedor por una cesión, por ejemplo, o librándole de una deuda.

"Prestar" equivale a entregar, suministrar, procurar alguna cosa por otro título que el de la propiedad. Nosotros tomamos la palabra "prestar", prestación en un sentido general que abraza una y otro idea.

La expresión "hacer, facere" se emplea muchas veces tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo (Inst. "De Verb. Oblig." § 7º L. 75, Dig. eod). El hecho comprende todos los actos u omisiones que no pueden entrar en la dación: yo puedo obligarme a construir una casa, o puedo también obligarme a no impedir que un tercero pase por mi propiedad, SAVIGNY, "Derecho de las obligaciones", § 28, ORTOLAN, "Generalización", núm. 69.

ARTICULO 496 - El derecho de exigir la cosa que es objeto de la obligación, es un crédito, y la obligación de hacer o no hacer, o de dar una cosa, es una deuda.

Nota:496. ORTOLAN, "Generalización", núm. 69, ZACHARIAE, nota 2 al § 525.

ARTICULO 497 - * A todo derecho personal corresponde una obligación personal. No hay obligación que corresponda a derechos reales.

Nota:497. AUBRY y RAU, § 296. El cód. francés distingue las obligaciones en personales y reales, como distingue los derechos. Sus comentadores dicen que una obligación es real, cuando incumbe al deudor, no relativamente a su persona, sino sólo en su calidad de poseedor de una cosa cierta; en otros términos, cuando el deudor, obligado al cumplimiento de la obligación, no lo es personalmente o con su patrimonio, sino sólo como poseedor de ciertas cosas; y que así la obligación de un tercer poseedor de un inmueble hipotecado, de pagar, o hacer entrega del inmueble, es una obligación real. TOULLIER, t. 3, núms. 344 y sigts. ZACHARIAE, § 529. Nosotros decimos que el derecho puede ser un derecho real, como la hipoteca; pero la obligación del deudor es meramente personal con el accesorio de la hipoteca, pero ésta no es una obligación accesoria. Cuando la cosa sale del poder del que la obliga, y pasa a otro poseedor, éste se halla en la misma posición respecto del acreedor, que tiene un derecho real que cualquiera otra persona, a quien se prohíbe impedir el ejercicio de los derechos reales; pero no le constituye la posición de deudor. MARCADE dice, respecto a esto: "Cuando me habéis vendido vuestra casa, estáis obligado a no molestarme en el goce del inmueble; pero esto no es una obligación de no hacer, pues no os priváis de ningún derecho. Esta necesidad nada tiene que os sea personal: ella es común a todos; es para vos, como para los otros, la consecuencia y correlación de mi derecho real existente 'erga omnes'. Esta necesidad general y común a todos que corresponde a un derecho real, forma un deber que cada uno está, sin duda, en el caso de respetar, como una obligación personal, mas no constituye una obligación", sobre el art. 1101, núm. 387.

ORTOLAN, dice: "Derecho personal es aquél en que una persona es individualmente sujeto pasivo del derecho. Derecho real es aquél en que ninguna persona es individualmente sujeto pasivo del derecho. O, en términos más sencillos, un derecho personal es aquél que da la facultad de obligar individualmente a una persona a una prestación cualquiera, a dar, a suministrar, a hacer o no hacer alguna cosa. Un derecho real es aquél que da la facultad de sacar de una cosa cualquiera un beneficio mayor o menor". "Generalización", § 67.

Nota de Actualización:* Ver arts. 3010, 3266 y 3268.

ARTICULO 498 - Los derechos no transmisibles a los herederos del acreedor, como las obligaciones no transmisibles a los herederos del deudor, se denominan en este código: "derechos inherentes a la persona, obligaciones inherentes a la persona".

ARTICULO 499 - No hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos, o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia, o de las relaciones civiles.

Nota:499. El Cód. francés y los demás códigos que lo han tomado por modelo, han confundido las causas de los contratos con las causas de las obligaciones. Como éstas nacen, a más de los contratos y cuasicontratos que son los actos lícitos, de los actos ilícitos, delitos y cuasidelitos, y de las relaciones de familia, la causa de ella debe hallarse en estas fuentes que las originan, y no sólo en los contratos. ORTOLAN, después de hablar de las causas de las obligaciones que nacen de los contratos, continúa así: "Si una persona ha causado perjuicio a otra ya voluntariamente, y con mal propósito, ya involuntariamente, pero por culpa suya, el principio de la razón natural, de que es preciso reparar el mal que se ha causado, nos dice que aquí hay un hecho productor de obligación. Si una persona encuentra que tiene por una circunstancia cualquiera lo que pertenece a otra; si aparece enriquecido de un modo cualquiera en detrimento de otra, ya voluntaria, ya involuntariamente, el principio de la razón natural de que ninguno debe enriquecerse con perjuicio de otro, y de que hay obligación de restituir aquello con que se ha enriquecido, nos dice también que hay en esto un hecho causante de obligaciones. Así, por un lado el consentimiento de las partes, los contratos por otro, los innumerables hechos que son producto, ya de la voluntad o actividad del hombre, ya de causas que son independientes de él, por efecto de las cuales puede una persona haber ofendido por culpa suya a otra, o haberse enriquecido con perjuicio de alguno, nos ofrecen diariamente inmunerables y repetidas causas de obligaciones. Añádanse a esto, en la constitución de la familia, ciertas relaciones entre personas que deben producir vínculos de derechos, obligaciones de unas con respecto a otras, por ejemplo, produciendo el hecho de la generación, obligación entre el padre y la madre por una parte, y los hijos por otra, por la causa de que unos han dado la existencia y los otros la han recibido, tenéis otra fuente de obligaciones según los principios de la pura razón filosófica" (t. 2, p. 160).

Por todo esto, el artículo dice que la causa de las obligaciones debe derivarse de uno de los hechos o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia o de las relaciones civiles.

MARCADE, en su comentario al Cód. francés, art. 1108, demuestra también que las causas de las obligaciones son diferentes de las causas de los contratos.

ARTICULO 500 - Aunque la causa no esté expresada en la obligación, se presume que existe, mientras el deudor no pruebe lo contrario.

Nota:500. Cód. francés, art. 1132; sardo, 1223; de Nápoles, 1086; holandés, 1372.

ARTICULO 501 - La obligación será válida aunque la causa expresada en ella sea falsa, si se funda en otra causa verdadera.

Nota:501. Cód. de Luisiana, art. 1891; holandés, 1372.

ARTICULO 502 - La obligación fundada en una causa ilícita, es de ningún efecto. La causa, es ilícita, cuando es contraria a las leyes o al orden público.

Nota:502. Cód. francés, arts. 1131 y 1133; napolitano, 1085 y 1087; sardo, 1221 y 1224; holandés, 1371 y 1373.

ARTICULO 503 - Las obligaciones no producen efecto sino entre acreedor y deudor, y sus sucesores a quienes se trasmitiesen.

Nota:503. LL. 11, tít. 14, Part. 3a, y 3. tít. 11, lib. 1. F. R. Cód. francés, art. 1165; sardo, 1192; napolitano, 1118; holandés, 1376.

ARTICULO 504 - Si en la obligación se hubiere estipulado alguna ventaja en favor de un tercero, éste podrá exigir el cumplimiento de la obligación, si la hubiese aceptado y hécholo saber al obligado antes de ser revocada.

Nota:504. Proyecto de GOYENA, art. 977. Cód. francés, art. 1121; sardo, 1208; holandés, 1353; napolitano, 1075.

ARTICULO 505 - Los efectos de las obligaciones respecto del acreedor son:

1º Darle derecho para emplear los medios legales, a fin de que el deudor le procure aquello a que se ha obligado;

2º Para hacérselo procurar por otro a costa del deudor;

3º Para obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes.

Respecto del deudor, el cumplimiento exacto de la obligación le confiere el derecho de obtener la liberación correspondiente, o el derecho de repeler las acciones del acreedor, si la obligación se hallase extinguida o modificada por una causa legal.

* Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, derivase en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales, de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederá del veinticinco por ciento (25 %) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas.

Nota:505. El Cód. francés y los otros de Europa que regularmente lo siguen, confunden los efectos de los contratos con los efectos de las obligaciones. "¿Cómo tomar como una misma cosa, dice MARCADE, el efecto del contrato y el efecto de la obligación, cuando las más veces la obligación no es sino un efecto del contrato? Los efectos de los contratos son: 1°, crear obligaciones; 2°, extinguir obligaciones; 3°, transferir la propiedad o sus desmembraciones. En cuanto a los efectos de la obligación, consisten únicamente en permitir al acreedor emplear los medios legales: 1°, para forzar a su deudor a procurarle aquello a que se obligó; 2º, para hacérselo procurar por otros, si hay lugar, a costa del deudor; 3º, como último recurso, para obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. Si la obligación no produce jamás los efectos del contrato, el contrato recíprocamente no produce los efectos de la obligación. Sin duda que si el contrato puede producir la obligación misma puede arrastrar consigo los efectos de esta obligación, mas los llevará como consecuencias ulteriores y no como engendrados por él. En segundo lugar, el contrato puede bien existir sin hacer nacer obligación alguna produciendo sólo extinción de obligaciones, o transmisión de derechos reales. En fin, si la obligación y por consecuencia sus efectos, pueden resultar del contrato, pueden también nacer de otro origen; por lo tanto, los efectos del contrato no pueden ser jamás producidos por la obligación. Y en cuanto a los efectos de la obligación, existen regularmente sin que haya ningún contrato. Recíprocamente un contrato podrá existir sin que haya ningún efecto de obligación; y en el caso mismo que ese efecto descendiese de una obligación, no sería sino como una consecuencia remota; no sería como efecto del contrato, sino como efecto de la obligación, la cual habría siempre producido ese efecto, aunque no tuviera el contrato por principio" (t. 4 núms. 460 y 461).

Nota de Actualización:* Párrafo agregado por ley 24.432.

ARTICULO 506 - El deudor, es responsable al acreedor de los daños e intereses que a éste resultaren por dolo suyo en el cumplimiento de la obligación.

ARTICULO 507 - El dolo del deudor no podrá ser dispensado al contraerse la obligación.

Nota:507. L. 29, tít. 11, Part. 5ª. LL. 27, § 30, tít. 14, lib. 2, y 5, tít. 7, lib. 26, Digesto.

ARTICULO 508 - El deudor es igualmente responsable por los daños e intereses que su morosidad causare al acreedor en el cumplimiento de la obligación.

Nota:508. Sobre la mora pueden verse las LL. 4. tít. 3; 28, tít. 8; 8, tít, 14, y 35, tít. 11, Part. 5a. Véase MAYNZ que trata perfectamente la materia.

ARTICULO 509 - * En las obligaciones a plazo, la mora se produce por su solo vencimiento.

Si el plazo no estuviere expresamente convenido, pero resultare tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, el acreedor deberá interpelar al deudor para constituirlo en mora.

Si no hubiere plazo, el juez a pedido de parte, lo fijará en procedimiento sumario, a menos que el acreedor opte por acumular las acciones de fijación de plazo y de cumplimiento, en cuyo caso el deudor quedará constituido en mora en la fecha indicada por la sentencia para el cumplimiento de la obligación.

Para eximirse de las responsabilidades derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable.

Nota:509. Por las leyes de Partida y por la del Cód. romano, el simple vencimiento de la obligación a plazo equivalía a una interpelación, y ésta no era, por lo tanto, necesaria, LL. 18 y 35, tít. 11, Part. 5a. En las otras obligaciones era necesaria la interpelación, LL. citadas de Partida y 32, tít. 1, lib. 22, Dig. el artículo es conforme al 1139 del Cód. fran-cés, 1272 de Holanda, 1093 de Nápoles y 1230 del sardo. Estando ausente el deudor, la protesta, dice la ley romana, hace las veces de petición. L. 23, tít. 1, Lib. 22, Dig., y L. 2, tít. 2, lib. 22, íd. Respecto al inc. 2º, véase la L. 44, tít. 14, Part. 5a. Sobre todo este artículo trata MAYNZ extensamente en el § 264.

El deudor se encuentra también constituido en mora, sin necesidad de interpelación: 1º. cuando la interpelación se hace imposible por una causa que proviene de su persona; 2º. cuando la obligación resulta de una posesión de mala fe o de un delito; 3º todas las veces que el retardo en la ejecución equivale a una inejecución completa. Véase a MAYNZ, "Derecho romano", § 264.

El acreedor se encuentra en mora toda vez que por un hecho o por una omisión culpable, hace imposible o impide la ejecución de la obligación, por ejemplo, rehusando aceptar la prestación debida en el lugar y tiempo oportuno, no encontrándose en el lugar convenido para le ejecución o rehusando concurrir a los actos indispensables para la ejecución, como la medida o el peso de los objetos que se deban entregar, o la liquidación de un crédito no líquido (La cita anterior).

Nota de Actualización:* Según ley 17.711. Texto del Código Civil: Para que el deudor incurra en mora, debe mediar requerimiento judicial o extrajudicial por parte del acreedor, excepto en los casos siguientes:

1º Cuando se haya estipulado expresamente que el mero vencimiento del plazo la produzca.

2º Cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resulte que la designación del tiempo en que debía cumplirse la obligación, fue un motivo determinante por parte del acreedor

ARTICULO 510 - En las obligaciones recíprocas, el uno de los obligados no incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir la obligación que le es respectiva.

Nota:510. Cód. de Luisiana, art. 1907. L.31 al fin, tít. 1, lib. 12, Dig., y véase LL. 27, tít. 5 y 35, tít. 11, Part. 5a.

ARTICULO 511 - El deudor de la obligación es también responsable de los daños e intereses, cuando por culpa propia ha dejado de cumplirla.

ARTICULO 512 - La culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.

Nota:512. Las leyes de Partida reconocen tres especies de culpas: grave, leve y levísima. El Derecho romano no reconocía en verdad sino las dos primeras.

Si la utilidad es común para deudor y acreedor se presta sólo la culpa leve. Si únicamente es de utilidad para el acreedor, el deudor presta sólo la culpa grave; pero si es de utilidad sólo para el deudor, éste presta la culpa levísima. El tipo que se tomaba para la graduación de las culpas era el buen padre de familia, más o menos diligente, pero toda esta ciencia de nada servía al juez, cuando en los juicios era preciso aplicarla. BARBEY-RAC lo había juzgado así y decía: "La división de las culpas es más ingeniosa que útil en la práctica, pues a pesar de ella, será necesario a cada culpa que ocurra, poner en claro si la obligación del deudor es más o menos estricta, cuál es el interés de las partes, cuál ha sido su intención al obligarse, cuáles son las circunstancias todas del caso. Cuando la conciencia del juez se halle convenientemente ilustrada sobre estos puntos, no son necesarias reglas generales para fallar conforme a la equidad. La teoría de la división de las culpas en diferentes clases, sin poder determinarlas, sólo sirve para derramar una luz falsa y dar pábulo a innumerables contestaciones".

ZACHARIAE dice también, respecto a esto: "La teoría de la prestación de las culpas es una de las más oscuras en el derecho. Pero, en fin, ya no es permitido hablar ni de culpa lata, ni de culpa leve, ni de culpa levísima. Sin duda hay culpas, que por razón de las circunstancias, de la posición de las partes respecto a las obligaciones especiales que le son impuestas, son más graves o más ligeras las una que las otras; pero no hay culpa que considerada en sí misma, prescindiendo de las circunstancias del lugar, del tiempo y de las personas, pueda ser clasificada por datos abstractos y por una medida invariable y absoluta como culpa grave, como culpa leve o como culpa levísima. La gravedad de la culpa, su existencia misma, está siempre en razón de su imputabilidad, es decir, con las circunstancias en las cuales se produce. Donde no hay un hecho legalmente imputable, no hay culpa. Si se conviniese clasificar en abstracto, comparándolas con tipos imaginarios e igualmente abstractos, sería siempre preciso en la práctica considerarlas en concreto: tener siempre el hecho, y seguir los datos positivos del negocio, para determinar la existencia e importancia de las culpas y entonces las divisiones teóricas son más bien un embarazo que un socorro. La sola ley es la conciencia del juez. Si por una reminiscencia de las antiguas denominaciones, el código toma por término de comparación de los cuidados que incumben al que está obligado a velar por la conservación de una cosa, la diligencia de un buen padre de familia, no ha querido sin duda mantener una clasificación que excluyen los términos de los artículos, cuando no hay un tipo conocido, al cual pueda referirse y medir por él las diligencias que hace un buen padre de familia. El Artículo del código se reduce a un consejo a los jueces de no tener ni demasiado rigor, ni demasiada indulgencia, y de no exigir del deudor de la obligación sino los cuidados razonables, debidos a la cosa que está encargado de conservar, sea en razón de la naturaleza de ella, sea en razón de las circunstancias variables al infinito, que modifican su obligación para hacerla más o menos estricta".

ARTICULO 513 - El deudor no será responsable de los daños e intereses que se originen al acreedor por falta de cumplimiento de la obligación, cuando éstos resultaren de caso fortuito o fuerza mayor, a no ser que el deudor hubiera tomado a su cargo las consecuencias del caso fortuito, o éste hubiere ocurrido por su culpa, o hubiese ya sido aquél constituido en mora, que no fuese motivada por caso fortuito, o fuerza mayor.

Nota:513. LL. 3, tít. 2, y 8, tít. Part. 5a. al fin. Sobre la mora, L. 1, tít. 3, § 35, lib. 16, Dig. y L. 6, tít. 24, lib. 4, Cód. romano; Cód. francés, art. 1148; de Nápoles, 1102; sardo, 1238.

ARTICULO 514 - Caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse.

Nota:514. L. 11, tít. 33, Part. 7a y L. 6, tít. 24, lib. 4, Cód. romano. Los casos fortuitos o de fuerza mayor son producidos por dos grandes causas; por la naturaleza o por el hecho del hombre. Los casos fortuitos naturales son, por ejemplo la impetuosidad de un río que sale de su lecho: L. 15, Dig. "Loc. Cond."; los terremotos o temblores de la tierra (íd.), las tempestades; L. 2. Dig. "Si quis caution"; el incendio: Dig. "De incendiis"; las pestes, etc. L. 5, § 4, Dig. "Commodato". Más los accidentes de la Naturaleza no constituyen casos fortuitos, dice TROPLONG, mientras que por su intensidad no salgan del orden común. No se debe por lo tanto calificar como caso fortuito o de fuerza mayor, los acontecimientos que son resultado del curso ordinario y regular de la Naturaleza, como la lluvia, el viento, la creciente ordinaria de los ríos, etc.; pues las estaciones tienen su orden y su desarreglo, que producen accidentes y perturbaciones que también traen daños imprevistos.

Los casos de fuerza mayor son hechos del hombre, como la guerra, el hecho del soberano, o fuerza de príncipe, como dicen los libros de Europa. Se entienden por hechos del soberano los actos emanados de su autoridad, tendiendo a disminuir los derechos de los ciudadanos. Las violencias y las vía de hecho de los particulares, no se cuentan en el número de los casos de fuerza mayor, porque son delitos, y como tales están sujetos a otros principios que obligan a la reparación del mal que causen.

El artículo habla de "casos fortuitos previstos", pero no debe entenderse de una previsión precisa, conociendo el lugar, el día y la hora en que el hecho sucederá, sino de la eventualidad de tal hecho que puede, por ejemplo, destruir los frutos de la tierra, sin que sea posible saber dónde y cuándo sucederá. Por esto, el art. 1773 del Cód. francés dice "La estipulación que pone los casos fortuitos a cargo del tomador de una hacienda de labranza, no se entiende sino de los casos fortuitos ordinarios, tales como el granizo, el hielo, la seca, y no de los casos fortuitos extraordinarios, como la guerra, los terremotos, etcétera".

TITULO II

De las obligaciones naturales

ARTICULO 515 - Las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho a exigir su cumplimiento. Naturales son las que, fundadas sólo en el derecho natural y en la equidad, no confieren en acción para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas por el deudor, autorizan para retener lo que se ha dado por razón de ellas, tales son:

1º *. Derogado por la ley 17.711.

2º. Las obligaciones que principian por ser obligaciones civiles, y que se hallan extinguidas por la prescripción;

3º. Las que proceden de actos jurídicos, a los cuales faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles; como es la obligación de pagar un legado en un testamento, al cual faltan formas sustanciales;

4º. Las que nos han sido reconocidas en juicio por falta de prueba, o cuando el pleito se ha perdido, por error o malicia del juez.

5º. Las que se derivan de una convención que reúne las condiciones generales requeridas en materia de contratos; pero a las cuales la ley, por razones de utilidad social, les ha denegado toda acción; tales son las deudas de juego.

Nota:515. La obligación civil se funda en el derecho civil, y es garantizada por las instituciones civiles, por medio de una acción. Hay obligación natural siempre que, según el "jus gentium", existe un vínculo obligatorio entre dos personas. Este vínculo, a menos que la ley civil no lo repruebe expresamente, merece ser respetado; pero mientras no esté positivamente sancionado, no hay derecho para invocar la intervención de los tribunales, institución esencialmente civil, es decir, que el acreedor no tiene acción para demandar la ejecución de su derecho. Por el Derecho romano no había obligación civil ni pretoriana, por los actos que originaban la obligación natural. Sólo ocasionalmente y por medios menos directos, podía el acreedor hacerla valer. Sin embargo, ella producía muchas veces los efectos de las obligaciones ordinarias. La obligación natural servía de causa de compensación como una obligación ordinaria: L. 6, Dig. "De compent". Excluía la repetición de lo que se había pagado aún por error: L. 10, Dig. "De oblig et act.", y L. 19. Dig. "De condit., indebiti"; podía ser asegurada con fiador, Instit. "De fidejuss' § 1, o con prendas o hipotecas; L. 5, Dig. "De Pign', o ser transformada por la novación en una convención obligatoria; L. 1 Dig. "De Novat". Nuestras leyes les dan casi los mismos efectos; L. 5, tít. 12, Part. 5ª, LL. 4,06, 18 y 31, tít. 14. Part. 5ª. Por estos efectos de tanta importancia DURANTON juzga que hay un blanco en los códigos en materia de obligaciones, y que corresponde a los jueces en virtud del art. 4º del Cód. francés, decidir cuándo hay una obligación natural.

Nota de Actualización:* Texto del Código Civil: 1º las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento, son sin embargo incapaces por derecho para obligarse, como son la mujer casada, en los casos en que necesita la autorización del marido, y los menores adultos.

ARTICULO 516 - El efecto de las obligaciones naturales es que no puede reclamarse lo pagado, cuando el pago de ellas se ha hecho voluntariamente por el que tenía capacidad legal para hacerlo.

Nota:516. En esta expresión "lo pagado", se comprende no sólo la dación o entrega de cualesquiera cosas, sino también la ejecución de un hecho. La fianza de una obligación, la suscripción de un documento, el abandono de un derecho, el perdón de una deuda. La significación jurídica de pago en toda su extensión, se advertirá en el título que trata de los pagos. Véase ORTOLAN, t. 2, p. 417.

La razón de la disposición del artículo es que el pago voluntario de una obligación natural, es la renuncia de hecho de las excepciones, sin las cuales la acción del acreedor hubiese sido admitida. El pago pues, en tal caso, no es una mera liberalidad, ni el deudor de la obligación natural puede a su turno decir que ha pagado lo que no debía. La obligación natural puede ser causa legítima de obligaciones civiles que se contraigan por la novación de ella, y ser considerada como obligación principal para admitir, en seguridad de su cumplimiento obligaciones accesorias.

VIDAL publicó en 1845, en la Revista de Legislación de FOELIX, una larga y excelente disertación sobre las obligaciones naturales, la cual obtuvo el primer premio en el concurso abierto por la Facultad de Derecho de París, en 1840. En ella hace ver las razones filosóficas que tuvieron las Leyes Romanas para dar a las obligaciones naturales los efectos que hemos indicado. MARCADE también las expone por otro género de consideraciones sobre el artículo 1235, núm. 669, y en el núm. 751, sobre el art. 127.

ARTICULO 517 - La ejecución parcial de una obligación natural no le da el carácter de obligación civil; tampoco el acreedor puede reclamar el pago de lo restante de la obligación.

Nota:517. El pago parcial de una obligación natural, es una mera confirmación de ella, que nada de nuevo le agrega. En las obligaciones civiles, el pago parcial no importa sino el reconocimiento de la deuda, y lo mismo debe ser en el pago parcial de una obligación natural, el cual será el reconocimiento de esa obligación. Véase: AUBRY y RAU, sobre ZACHARIAE, § 297.

ARTICULO 518 - Las fianzas, hipotecas, prendas y cláusulas penales, constituidas por terceros para seguridad de las obligaciones naturales, son válidas, pudiendo pedirse cumplimiento de estas obligaciones accesorias.

Nota:515, 516 y 518. Sobre estos tres artículos véase el Cód. de Chile, arts. 1470 y 1472. SAVIGNY, en su obra " Derecho de las obligaciones" §§ 11 y12, trata extensamente de las obligaciones naturales y de sus efectos jurídicos y en el § 14, de cuando exista la obligación natural para poder servir de excepción o causar los efectos designados en los arts. 516 y 518.

TITULO III

De los daños e intereses en las obligaciones que no tienen por objeto sumas de dinero

ARTICULO 519 - Se llaman daños e intereses el valor de la pérdida que haya sufrido, y el de la utilidad que haya dejado de percibir el acreedor de la obligación, por la inejecución de ésta a debido tiempo.

Nota:519. La ley romana, dice: "Quantum mihi abest, quantumque, lucrare potul".

ARTICULO 520 - En el resarcimiento de los daños e intereses sólo se comprenderán los que fueren consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación.

Nota:520. Proyecto de GOYENA, art. 1016, Cód. francés, art. 1150. Los otros códigos copian el francés. El principio de donde se origina la obligación de pagar daños e intereses, lo deriva MARCADE de la misma obligación que debía cumplirse. La deuda, dice, de daños e intereses es el resultado de una convención accesoria, tácitamente estipulada entre el deudor y el acreedor. Esta intención probable de las partes no ha podido comprender sino el perjuicio que podía preverse o que fuese consecuencia inmediata de la inejecución de la obligación, según el curso ordinario de las cosas (sobre el art. 1151 del Cód. francés).

ARTICULO 521 - * Si la inejecución de la obligación fuese maliciosa los daños e intereses comprenderán también las consecuencias mediatas.

** En este caso, no será aplicable el tope porcentual previsto en el último párrafo del artículo 505.

Nota:521. POTHIER, part. 1, cap. 2, art. 3º.

Nota de Actualización:* Según 17.711. Texto del Código Civil: Aun cuando la inejecución de la obligación resulte del dolo del deudor, los daños e intereses comprenderán sólo los que han sido ocasionados por él, y los que el acreedor ha sufrido en sus otros bienes.

** Párrafo agregado por la ley 24.432.

ARTICULO 522 - * En los casos de indemnización por responsabilidad contractual el juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso.

Nota:522. Cód. francés, art. 1152; holandés, 1258; napolitano, 1104. El sardo añade en el art. 1243. "A menos de resultar con evidencia que la suma es enormemente excesiva, en cuyo caso podrá el juez reducirla". El Cód. de Luisiana, art. 1928, dice "Sin embargo, si la obligación ha sido ejecutada en parte, los daños sobre que hayan convenido los contrayentes, pueden ser reducidos a la pérdida o privación de la ganancia realmente sufrida". En contra del artículo: GOYENA, art. 1018, y POTHIER, "De las obligaciones", parte I, cap. 2, art. 3º. La ley romana decía a este respecto "Non illud inspicitur sed quoe sit quantitas, quoeque conditio stipulationis".

Nota de Actualización:* Según ley 17.711. Texto del Código Civil: Cuando en la obligación se hubiere convenido que si ella no se cumpliese se pagaría cierta suma de dinero, no puede darse una cantidad ni mayor ni menor.

TITULO IV

De las obligaciones principales y de las obligaciones accesorias

ARTICULO 523 - De dos obligaciones, una es principal y la otra accesoria cuando la una es la razón de la existencia de la otra.

Nota:523. ZACHARIAE § 538.

ARTICULO 524 - Las obligaciones son principales o accesorias con relación a su objeto, o con relación a las personas obligadas. Las obligaciones son accesorias respecto del objeto de ellas, cuando son contraídas para asegurar el cumplimiento de una obligación principal, como son las cláusulas penales. Las obligaciones son accesorias a las personas obligadas, cuando éstas las contrajeren como garantes o fiadores. Accesorios de la obligación vienen a ser, no sólo todas las obligaciones accesorias, sino también los derechos accesorios del acreedor, como la prenda o hipoteca.

Nota:524. ZACHARIAE, § 538; TOULLIER, t. 6, núms. 463 a 466.

ARTICULO 525 - Extinguida la obligación principal, queda extinguida la obligación accesoria, pero la extinción de la obligación accesoria no envuelve la de la obligación principal.

Nota:525. L. 56, tít. 5º, Part. 5ª, L. 43, tít. 3, lib. 46, Digesto.

ARTICULO 526 - Si las cláusulas accesorias de una obligación fueren cláusulas imposibles, con apariencias de condiciones suspensivas, o fueren condiciones prohibidas, su nulidad hace de ningún valor la obligación principal.

TITULO V

De las obligaciones condicionales

CAPITULO I

De las obligaciones condicionales en general

ARTICULO 527 - La obligación es pura cuando su cumplimiento no depende de condición alguna.

Nota:527. L. 12, tít. 11, Part. 5ª Instit. lib. 3. tít. 16 § 2. Por estas dos leyes la definición es muy lata, porque exige para que la obligación sea pura, que no tenga condición, ni tampoco plazo o día señalado.

ARTICULO 528 - La obligación es condicional, cuando en ella se subordinare a un acontecimiento incierto y futuro que puede o no llegar, la adquisición de un derecho, o la resolución de un derecho ya adquirido.

Nota:528. L. 8, tít. 4, Part. 6ª LL. 12 y 16, tít. 11, Part. 5ª, Instit. lib. 3, tít. 16 § 4. ZACHARIAE § 534, nota 10, Cód. francés, art. 1168; de Nápoles, 1121, sardo, 1260. ZACHARIAE, nota 2, dice: "Un acontecimiento pasado aunque incierto para las partes, o futuro, pero que indudablemente ha de llegar, no es una condición. En el primer caso, la obligación debe considerarse pura y sin condición. En el segundo, la obligación es sólo a término, pero no condicional". Esta doctrina es conforme a la L. 12, citada de Partida, y a la L. 2, tít. 4. Part. 6ª y al § 6, tít. 16 lib, 3 Instit.

ARTICULO 529 - La condición que se refiere a un acontecimiento que sucederá ciertamente, no importa una verdadera condición, ni suspende la obligación, y sólo difiere la exigibilidad de ella.

Nota:529. Las citas del artículo anterior, y POTHIER, "De las obligaciones", p. 103.

ARTICULO 530 - La condición de una cosa imposible, contraria a las buenas costumbres, o prohibida por las leyes, deja sin efecto la obligación.

Nota:530. AUBRY y RAU, § 308, explican muy bien las condiciones de que trata este artículo.

Las condiciones imposibles, tienen una íntima analogía con las prestaciones imposibles, y lo que diremos respecto de éstas, debe aplicarse a las condiciones.

En el lenguaje del derecho, se entiende por buenas costumbres, el cumplimiento de los deberes impuestos al hombre por las leyes divinas y humanas. La condición, por ejemplo, impuesta a un donatario de no emplear lo que se le daba en libertar a su padre preso por deudas, se tendrá por no escrita, porque ella tendría el efecto inmediato de inducir a un hijo ingrato a faltar a sus primeros deberes. La ofensa a las buenas costumbres debe ser el efecto inmediato y cierto de la condición. Cuando la condición por sí misma no ofende las buenas costumbres, pero sin embargo da lugar a temer que sea ocasión de faltar a sus deberes, a quien se impone, tal condición no entra en la prohibición del artículo, porque la equidad enseña que las acciones de los hombres deben juzgarse por lo que les sea personal y no por el hecho de otro. El ultraje a las buenas costumbres debe encontrarse en la voluntad del que impone la condición, para que ella deje sin efecto el acto. Si su intención es pura e inocente, la condición vale, aunque sea un medio para que la otra parte falte a los deberes civiles o religiosos. Véase CHARDON. "Del dolo y fraude", t. 3, p. 365.

ARTICULO 531 - Son especialmente prohibidas las condiciones siguientes:

1º Habitar siempre un lugar determinado, o sujetar la elección de domicilio a la voluntad de un tercero.

2º Mudar o no mudar de religión;

3º Casarse con determinada persona, o con aprobación de un tercero, o en cierto lugar o en cierto tiempo, o no casarse;

4º * Vivir célibe perpetua o temporalmente, o no casarse con persona determinada o separarse personalmente o divorciarse vincularmente.

Nota:531. 1ª) SAVIGNY, "Origen y fin de las relaciones de derecho", § 123.

2ª) SAVIGNY, lugar citado, núm. 4.

3ª) LL. 64 § 1 y 72, § 4. Dig. "De Cond." CHARDON en el tratado "Del dolo y fraude", t. 3, desde la p. 367, trata extensamente este punto.

4ª) LL. 22, 63 y 72, Dig. 'De Cond." Respecto al divorcio. L. 5, Cód. del Inst. Véase L. 3, tít. 4, Part. 5ª al fin. L. 21, tít. 11, Part. 5ª, L. 31, tít. 7, líb. 44, Dig. Cód. francés, art. 1172; de Nápoles, 1125; sardo, 1263; holandés, 1290; POTHIER, núm. 240. MARCADE sostiene que el artículo del cód. francés, igual al nuestro, no puede comprender la condición negativa o de no hacer, y que lo contrario sería un error. Aun cuando la condición de no hacer dice, tuviese por objeto una cosa contraria a las leyes o a las costumbres, una cosa ilícita, no habría siempre nulidad, y sería las más veces, conforme a las reglas de derecho y la sana moral, mantener y reconocer válida la condición y la obligación de que depende. Cuando, por ejemplo, para fortificar vuestra voluntad y ayudaros a vencer una pasión que os arrastra a una mujer casada, hemos convenido que os cedería por precio determinado la casa de campo que deseábais comprarme pero con la expresa condición "Si el delito de ir a casa de esa mujer", es claro que nada hemos hecho que no fuera muy honorable. La religión y la ley exigen cumplir ese contrato. Si al contrario, se trata de un malvado que sólo ha querido hacerse pagar su abstención de un acto malo, es evidente que mi promesa no es obligatoria.

El autor para dar visos de justicia al agente que se abstiene de una acción ilícita, le da el carácter de agente pasivo meramente en el primer ejemplo, y en el segundo ya es activo; ya exige un precio por no cometer un crimen, dándoles iguales funciones, y poniéndolos en iguales casos, todo su argumento desaparece, si traducimos el primer ejemplo, diciendo, uno de los agentes ha exigido, por dejar el adulterio en que vive, que el otro le dé una suma de dinero y que bajo esa condición se abstendrá del crimen: ¿le daría el señor MARCADE el derecho de demandar judicialmente el cumplimiento de la obligación cuando se hubiese en verdad abstenido, y no se le diese el dinero prometido?. No es preciso, por otra parte, que la causa ilícita de una obligación, lo sea para ambos contratantes, basta que lo sea para el que pretende ser acreedor en la obligación.

Nota de Actualización:* Según ley 23.515. Texto del Código Civil: 4ª. Vivir célibe perpetua o temporalmente, o no casarse con persona determinada, o divorciarse.

ARTICULO 532 - La condición de no hacer una cosa imposible no perjudica la validez de la obligación.

Nota:532. L. 17, tít. 11, Part. 5, lib. 3, tít. 20, § 10, Instit. Cód. francés, art. 1173; holandés, 1291; sardo, 1264; de Nápoles, 1126.

ARTICULO 533 - Las condiciones deben cumplirse de la manera en que las partes verosímilmente quisieron y entendieron que habían de cumplirse.

Nota:533. L. 119, Dig. "De Verb oblig" Savigny, t. 3, p. 141; POTHIER, dice: "Si el hecho puesto en la condición es un hecho personal, si es el hecho de una persona elegida para hacerlo, más bien que el hecho en sí mismo, si las partes han tenido esto en mira, en tal caso la condición para que la obligación exista, no puede ser cumplida sino por la persona misma" (núm. 207 de la "Obligaciones").

ARTICULO 534 - Las prestaciones que tienen por objeto el cumplimiento de una condición son siempre indivisibles.

Nota:534. L. 13, tít. 4, Part. 6ª.

ARTICULO 535 - El cumplimiento de las condiciones es indivisible, aunque el objeto de la condición sea una cosa divisible. Cumplida en parte la condición, no hace nacer en parte la obligación.

Nota:535. L. 56, Dig. "De Cond et Dem", POTHIER, "De oblig.", núm. 215, AUBRY y RAU, § 302.

ARTICULO 536 - Cuando en la obligación se han puesto varias condiciones disyuntivamente, basta que una de ellas se cumpla para que la obligación quede perfecta; pero si las condiciones han sido puestas conjuntamente, si una sola deja de cumplirse, la obligación queda sin efecto.

Nota:536. L. 129, Dig. "De Verb Oblig", POTHIER, en el núm. 223.

ARTICULO 537 - Las condiciones se juzgan cumplidas, cuando las partes a quienes su cumplimiento aprovecha, voluntariamente las renuncien; o cuando, dependiendo del acto voluntario de un tercero, éste se niegue al acto, o rehuse su consentimiento; o cuando hubiere dolo para impedir su cumplimiento por parte del interesado, a quien el cumplimiento no aprovecha.

Nota:537. Sobre este artículo y los tres siguientes, véase a SAVIGNY, "Derecho romano", t. 3, ps. 141 y sigts. y AUBRY y RAU, § 302.

ARTICULO 538 - Se tendrá por cumplida la condición bajo la cual se haya obligado a una persona, si ella impidiere voluntariamente su cumplimiento.

Nota:538. SAVIGNY, t. 3, ps. 144 y sigts. Las LL. 14, tít. 4, y 22, tít. 9. Part. 6ª confirman la resolución del artículo. Ellas hablan de las condiciones en las últimas voluntades, pero GREGORIO LOPEZ opina que debe ser lo mismo en las obligaciones. Cód. francés, art. 1178; sardo, 1269; holandés, 1296; napolitano, 1131. L. 89. "De Verb oblig" y LL. 24 y 81, tít. 1, lib. 35. Dig.

ARTICULO 539 - La obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento sucederá en un tiempo fijo, caduca, si pasa el término sin realizarse, o desde que sea indudable que la condición no puede cumplirse.

Nota:539. L. 27, tít. I. Lib. 45, Dig. Cód. francés, art. 1176; holandés, 1294; de Nápoles, 1129; sardo, 1267. Sobre este artículo y los dos siguientes, SAVIGNY, t. 3, p. 141.

ARTICULO 540 - La obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento no se verifique en un tiempo fijo, queda cumplida si pasa el tiempo sin verificarse.

Nota:540. L. 27, tít. 1. Lib. 45, Dig. Cód. francés, art. 1177; holandés, 1295; sardo, 1268, de Nápoles, 1130.

ARTICULO 541 - Si no hubiere tiempo fijado, la condición deberá cumplirse en el tiempo que es verosímil que las partes entendieron que debía cumplirse. Se tendrá por cumplida cuando fuere indudable que el acontecimiento no sucederá.

Nota:541. MARCADE, sobre el art. 1177 del Cód. francés, dice, en el caso de nuestro artículo: "Si la condición negativa para la cual no se ha fijado término, es potestativa para el deudor, y consiste en un hecho que interesa al acreedor, si por ejemplo os habéis obligado a darme quinientos francos, si no hacéis cortar en vuestro terreno un árbol que daña mi casa, yo puedo hacer fijar un plazo, pasado el cual debéis pagarme la suma de dinero, como que la condición se ha cumplido. Es verdad que una de las dos escuelas de los jurisconsultos romanos era de opinión contraria, pero sobre esta opinión no puede ya haber duda alguna, en virtud de la disposición que declara que la condición debe cumplirse, de la manera que las partes entendieron verosímilmente que ella lo fuese".

ARTICULO 542 - La obligación contraída bajo una condición que haga depender absolutamente la fuerza de ella de la voluntad del deudor, es de ningún efecto; pero si la condición hiciese depender la obligación de un hecho que puede o no puede ejecutar la persona obligada, la obligación es válida.

Nota:542. Instit. "De Verb oblig". § 4. ZACHARIAE en el § 534, nota 16, dice, respecto a la resolución del artículo anterior, que es igual al artículo del Cód. francés: "Toda obligación es nula cuando ha sido contraída bajo una condición potestativa, de parte de quien se obliga. Esta disposición es demasiado general; sólo es verdadera, en el caso de la condición puramente potestativa, es decir, de la que hace que el obligado sólo lo sea cuando él quiera. Pero la obligación es válida, cuando la condición potestativa se halla modificada por una circunstancia que le quite lo que pueda tener de puramente voluntario, de tal suerte que ella dependa, no de la sola voluntad del deudor, sino de un hecho que esté en su poder ejecutar o no. Por ejemplo, si yo os vendo alguna cosa con la condición de que iré a París, la obligación es válida, porque hay un vínculo de derecho, desde que me encuentro colocado entre la obligación de no ir a París o de venderos la cosa prometida en venta". Lo mismo, SAVIGNY, t. 3, p. 140.

ARTICULO 543 - Cumplida la condición, los efectos de la obligación se retrotraen al día en que se contrajo.

Nota:543. L. 1, Tít. 4, part. 4ª L. 14, tít. 11, part. 5ª, L. 11, tít. 4, lib. 20. Dig. L. 3, tít. 20, § 24 Inst. Cód. francés, art. 1179; holandés, 1297; napolitano, 1132; sardo, 1270. MARCADE hace notar las consecuencias del artículo, en su comentario al art. 1179. Dice así: "La obligación condicional, y en general todo derecho condicional, cualquiera que sea su naturaleza, no es un derecho que 'existirá' según que el acontecimiento tenga o no lugar; es un derecho que, según la condición prevista, 'existe o no' desde el presente. El derecho no tiene ni tendrá jamás existencia alguna, si la condición no se cumple. Pero tiene existencia actual si más tarde la condición se cumple. El cumplimiento de la condición tiene pues necesariamente un efecto retroactivo en el momento mismo de la obligación. El cumplimiento de la condición, retrotrayendo sus efectos al momento de contraerse la obligación, y haciendo que ésta se encuentre haber sido pura y simple, hace que todos los derechos reales que el deudor habría podido conferir 'pendente conditione' sobre el inmueble que debía entregar, quedan sin efecto". La última consecuencia que el autor deduce, parte del antecedente, que se halla sólo en el Cód. francés, de transferir la propiedad de los bienes raíces por solo el contrato sin necesidad de la tradición. Para nosotros, el efecto retroactivo que produzca la condición no anularía los derechos reales, constituidos durante la condición, sino que el deudor se hallaría, por ejemplo, en el caso del que ha vendido el bien raíz a uno, pero no habiéndolo entregado, lo vende a otro o constituye en él derechos reales.

ZACHARIAE limita al efecto retroactivo de la obligación en el caso del artículo a las obligaciones de dar y no a las obligaciones de hacer: "Esto es verdad, dice, en las obligaciones de dar la condición cumplida tiene entonces un efecto retroactivo al día en que ha sido contraída, porque la cosa que hace el objeto de la obligación de dar, es necesariamente el objeto de los derechos recíprocos en el tiempo intermedio a la obligación, y al cumplimiento de la condición. El cumplimiento, pues, de la condición, hace remontar o cesar los efectos de la obligación al día en que ella se celebró. Mas en las obligaciones de hacer es otra cosa, la condición suspensiva o resolutoria no tiene efecto retroactivo. Si se trata de una condición suspensiva, es evidente que no es obligado a hacer, sino cuando la condición se cumpla. Si se trata de una condición resolutoria, y antes del cumplimiento de ella se ha hecho lo que ella obligaba, este cumplimiento no impide que la cosa haya sido hecha (§ 534, nota 24).

ARTICULO 544 - Los derechos y obligaciones del acreedor y deudor que fallecieren antes del cumplimiento de la condición, pasan a sus herederos.

Nota:544. Las citas y concordancias del artículo anterior.

CAPITULO II

De las obligaciones bajo condición suspensiva

ARTICULO 545 - La obligación bajo condición suspensiva es la que debe existir o no existir, según que un acontecimiento futuro e incierto suceda o no suceda.

Nota:545. MARCADE, sobre del art. 1181 del Cód. francés.

ARTICULO 546 - Pendiente la condición suspensiva, el acreedor puede proceder a todos los actos conservatorios, necesarios y permitidos por la ley para la garantía de sus intereses y de sus derechos.

Nota:546. Cód. francés, art. 1180; holandés, 1298; sardo, 1271, L. 4, tít. 6, lib. 42, Dig. Es verdadero acreedor, aun pendiente la condición. L. 42, tít. 7, lib. 44 y L. 55, tít. 16, lib. 50. Dig. POTHIER, núm. 222. ZACHARIAE dice: "Si el deudor quebrase antes del cumplimiento de la condición, el acreedor podría obligar al concurso a darle fianza de la ejecución de la obligación llegado el caso, pues sin esta fianza sus derechos serían comprometidos por la disminución del activo que le servía de garantía" (§ 535, nota 4).

ARTICULO 547 - El deudor puede repetir lo que durante la condición hubiere pagado al acreedor.

Nota:547. L. 32, tít. 14. Part. 5ª. L. 16, tít. 6, lib. 12 Dig. El fundamento de la ley citada de Partida lo da la L. 14, tít. 11, Part. 5ª, y AUBRY y RAU, § 302.

ARTICULO 548 - Si la condición no se cumple, la obligación es considerada como si nunca se hubiera formado; y si el acreedor hubiese sido puesto en posesión de la cosa que era el objeto de la obligación, debe restituirla con los aumentos que hubiere tenido por sí, pero no los frutos que haya percibido.

Nota:548. ZACHARIAE dice: "El efecto retroactivo de la condición no puede hacer que él no haya tenido el derecho de poseer. Hasta el cumplimiento de la condición ha tenido de buena fe la posesión de la cosa, y por consiguiente el derecho de percibir los frutos" (§ 535 nota 9). DURANTON sostiene la opinión contraria y MARCADE discute la cuestión y la opinión de DURANTON (sobre el art. 1179 del Cód. francés). Respecto a los frutos en contra AUBRY y RAU, § 302.

ARTICULO 549 - Si en la obligación se tratare de cosas fungibles, el cumplimiento de la condición no tendrá efecto retroactivo respecto de terceros, y sólo lo tendrá en los casos de fraude.

ARTICULO 550 - Si se tratare de bienes muebles, el cumplimiento de la condición no tendrá efecto retroactivo respecto de terceros, sino cuando sean poseedores de mala fe.

ARTICULO 551 - Si se tratare de bienes inmuebles, el cumplimiento de la condición no tendrá efecto retroactivo respecto de terceros, sino desde el día en que hubiese hecho tradición de los bienes inmuebles.

Nota:549, 550 y 551. Las resoluciones de estos artículos son los derivados naturales de las leyes que se darán en otro lugar sobre el dominio de las cosas fungibles, de los muebles y de los bienes raíces. En los códigos que siguen al Cód. francés, el efecto retroactivo de las obligaciones condicionales es diverso, tanto respecto de las cosas como respecto de los frutos, porque parten del antecedente de que el dominio de las cosas se adquiere sólo por la obligación convencional, sin necesidad de tradición. Toda esta materia quedará bien clara en el título: "De las obligaciones de dar".

ARTICULO 552 - En los casos en que los terceros poseedores de los bienes sujetos a la obligación condicional sean poseedores de buena fe, queda salvo al acreedor el derecho de demandar a la parte obligada por el pago de lo equivalente y de la indemnización de las pérdidas e intereses.

CAPITULO III

De las obligaciones bajo condición resolutoria

ARTICULO 553 - La obligación es formada bajo condición resolutoria cuando las partes subordinaren a un hecho incierto y futuro la resolución de un derecho adquirido.

ARTICULO 554 - No cumplida la condición resolutoria, o siendo cierto que no se cumplirá, el derecho subordinado a ella queda irrevocablemente adquirido como si nunca hubiese habido condición.

ARTICULO 555 - Cumplida la condición resolutoria deberá restituirse lo que se hubiese recibido a virtud de la obligación.

Nota:555. Véase las LL. 38 y 40, tít. 5, Part. 5ª, L. 4, tít. 3, lib. 18, Dig. Cód. francés, art. 1183; holandés, 1301; sardo, 1274; napolitano, 1136. Respecto a las leyes citadas de Partida y títulos del Digesto, debemos decir, que la condición resolutoria ordinaria no es lo mismo que la cláusula conocida bajo el nombre de "pacto conmisorio". En la condición resolutoria, desde que ésta se cumple, la obligación queda para ambas partes como no sucedida, lo contrario sucede en el "pacto conmisorio". A pesar del cumplimiento de la condición prevista, la obligación no se resuelve mientras no lo quiera la parte que ha estipulado esa condición especial, y se conservará si quiere mantenerla, no obstante la voluntad contraria de la otra parte. Cuando ya os he vendido mi casa, estipulando que la venta será resuelta, si no me pagáis el precio en el término fijado, el cumplimiento de esta condición no trae necesariamente la revocación de la obligación, y podré obligaros a cumplir la obligación, o perseguiros para obtener el precio que rehusáis pagarme. Véase AUBRY y RAU, § 302, notas 47 y 48.

ARTICULO 556 - Si la cosa objeto de la obligación ha perecido, las partes nada podrán demandarse.

Nota:556. DURANTON, t. 11, núm. 91, enseña lo contrario, sosteniendo que cumpliéndose la condición después que la cosa no existe, se opera sin embargo la revocación de la obligación, y obliga a aquel a quien la cosa debía ser restituida, a volver el precio que ha recibido. Pero para esto sería necesario que la condición resolutoria se cumpliera en un momento en que pudiese producir efectos. Si os vendo un caballo por cien pesos, bajo la condición de que la venta quedara sin efecto, si tal buque viene de la India, y éste llega en efecto después que el caballo entregado y pagado ha perecido por un caso fortuito, la condición entonces se cumple inútilmente, pues que ya no hay objeto sobre que pueda recaer. La resolución de la obligación no puede tocar vuestro derecho de propiedad, pues que este derecho no existe, no existiendo el caballo, objeto de la obligación. No pudiendo formarse la obligación de volver el caballo, falta del objeto de ella, no puede tampoco formarse la obligación de restituir el precio por falta de causa. MARCADE, sobre el art. 1183 del Cód. francés, discute y rebate extensamente la opinión de DURANTON; y de sus doctrinas hemos tomado el artículo.

ARTICULO 557 - Verificada la condición resolutoria, no se deberán los frutos percibidos en el tiempo intermedio.

Nota:557. Cód. de Chile, art. 1488, DURANTON es también de opinión contraria a la doctrina de este artículo. ZACHARIAE contesta sus observaciones, diciendo que el efecto retroactivo, tanto en las condiciones suspensivas como en las condiciones resolutorias, no tiene influencia alguna sobre la restitución de los frutos. El efecto retroactivo no tiene lugar sino respecto a la obligación de restituir la cosa con todos sus accesorios esenciales; pero no puede extenderse hasta borrar los hechos cumplidos, y hacer desaparecer el derecho que ha tenido el que ha adquirido la cosa en el tiempo intermedio entre la formación de la obligación y el cumplimiento de la condición. El efecto retroactivo de la condición resolutoria cumplida, no se extiende hasta obligar al que ha percibido los frutos de la cosa, cuya propiedad le pertenecía durante la condición, a restituirlos a aquel a quien el acontecimiento de la condición ha hecho propietario, pero que hasta entonces no tenía sino la expectativa de la propiedad bajo una condición, § 536, nota 4.

Al concluir este capítulo juzgamos con MARCADE que la división de las condiciones en causales *, potestivas y mixtas, no presenta ninguna utilidad, y que no debe adaptarse en los códigos.

* En la Ed. La Pampa dice "causales". Debe tratarse de un error tipográfico. Correspondería leer "casuales".

CAPITULO IV

De los cargos impuestos para la adquisición o

resolución de los derechos

ARTICULO 558 - Los cargos impuestos no impiden la adquisición del derecho, ni su ejercicio, si no fueren impuestos como condición suspensiva. En caso de duda se juzgará que no importan una condición.

Nota:558. Lo que en este capítulo llamamos "cargos", en las leyes romanas y en los escritores de derecho se llama "modo". El lib. 6, tít. 45 del código lleva la inscripción. "De his quoe sub modo legata vel fideicommisa relinquuntur".

MACKELDEY define el "modo" de la manera siguiente "Entiéndese por modo toda disposición onerosa por medio de la cual el que quiere mejorar a otro, limita su promesa, exigiendo de él, y obligándole a una prestación en cambio de lo que recibe". Y agrega: Comúnmente el modo contiene al mismo tiempo una condición o bien está expresado como condición y entonces el acto mismo viene a ser condicional". El "modo" puede existir lo mismo en los actos de beneficencia que en los de título oneroso; pero es de advertir que en los primeros tiene el donador en los casos que no se ejecute el "modo", la elección de intentar su acción, bien sea para la ejecución del "modo" o para la restitución de lo que ha dado, mientras que en los segundos se limita su acción a pedir la ejecución del "modo". Derecho romano. § 179.

Las convenciones que tienen por objeto transferir un derecho sobre bienes, pueden contener disposiciones sobre la suerte ulterior de la cosa transmitida por medio de una obligación contratada por el que la recibe. Las principales disposiciones de este género entran en el contenido de las transacciones mismas. Si el comprador de una casa, por ejemplo, se obliga a no cobrar alquileres al vendedor que la ocupa por el término de un año, sería meramente una convención accesoria, y la acción que resulta del contrato basta para su ejecución; más, hay ciertas materias en que este procedimiento es insuficiente y para las cuales era preciso establecer una especie de convenciones accesorias, y esto es el "modo". Esta es la expresión técnica para designar esta institución, aunque en un sentido general sirve comúnmente para determinar los caracteres particulares de un derecho, como por ejemplo, su extensión, o el modo de su ejercicio.

La distinción entre el modo y la condición puede reducirse a lo siguiente; la condición es suspensiva pero no coercitiva. El modo es coercitivo, pero no suspensivo. Así el "modo" no impide la adquisición del derecho, y no expone al peligro de una pérdida total. El goce del derecho se obtiene dando caución, y sin ejecutar el acto. Si el acto se hace imposible, la imposibilidad no trae ningún perjuicio. Por lo tanto, la distinción entre estas dos formas, tiene una gran importancia. Siempre debe buscarse para fijar si es la una o la otra, la intención verdadera de la gente, en la apreciación de las circunstancias. Si la intención es dudosa, el "modo", como restricción menor, debe admitirse con preferencia a la condición. Aunque la L. I del título citado del cód. romano, dice: "In legatis quidem et fideicommisis etian modus adscriptum pro conditione observatur", no establece por esto una asimilación completa entre ambas cosas, sino que el "modo" debe ser cumplido como la condición, lo cual puede hacerse con una fianza.

Es preciso no confundir el "modo" con aquellas declaraciones de voluntad que no encierran obligación jurídica. Si una suma de dinero, por ejemplo, es legada para que el legatario construya una casa, esta declaración debe sólo considerarse como la expresión de un consejo o como la ocasión que da lugar a la liberalidad. Para admitir una obligación serían necesarias circunstancias particulares que hicieran verosímil la intención de imponerla. Véase LL. 13, § 2, tít. 1, lib. 24, Dig. y 71, íd.; 2. § 7, tít. 5, lib. 39. Dig. SAVIGNY. "Derecho Romano", t. 3, § 123.

ARTICULO 559 - Si hubiere condición resolutoria por falta de cumplimiento de los cargos impuestos, será necesaria la sentencia del juez para que el beneficiado pierda el derecho adquirido.

ARTICULO 560 - Si no hubiere condición resolutoria por falta de cumplimiento de los cargos, no se incurrirá en la pérdida de los bienes adquiridos; y quedará a salvo a los interesados el derecho de compeler judicialmente al adquirente a cumplir los cargos impuestos.

ARTICULO 561 - Si no hubiere plazo para cumplir los cargos, deberán cumplirse en el plazo que el juez señale.

ARTICULO 562 - La obligación de cumplir los cargos impuestos para la adquisición de los derechos, pasa a los herederos del que fuese gravado con ellos, a no ser que sólo pudiesen ser cumplidos por él, como inherentes a su persona. Si el gravado falleciere sin cumplirlos, la adquisición del derecho queda sin ningún efecto, volviendo los bienes al imponente de los cargos, o a sus herederos legítimos.

ARTICULO 563 - La reversión no tendrá efecto respecto de terceros, sino en los casos en que puede tenerlo la condición resolutoria.

ARTICULO 564 - Si el hecho que constituye el cargo fuere imposible, ilícito o inmoral, no valdrá el acto en que el cargo fuese impuesto.

ARTICULO 565 - Si el hecho no fuere absolutamente imposible, pero llegase a serlo después sin culpa del adquirente, la adquisición subsistirá, y los bienes quedarán adquiridos sin cargo alguno.

Nota:565. L. 1, tít. 45, lib. 6, Cód. romano.

TITULO VI

De las obligaciones a plazo

ARTICULO 566 - La obligación es a plazo, cuando el ejercicio del derecho que a ella corresponde estuviere subordinado a un plazo suspensivo o resolutorio.

Nota:566. L. 12 y sigts., tít. 11, Part. 5ª. Instit. lib. 3, tít. 16, § 2.

ARTICULO 567 - El plazo suspensivo o resolutorio puede ser cierto o incierto. Es cierto, cuando fuese fijado para terminar en designado año, mes o día, o cuando fuese comenzado desde la fecha de la obligación, o de otra fecha cierta.

ARTICULO 568 - El plazo es incierto, cuando fuese fijado con relación a un hecho futuro necesario, para terminar el día en que ese hecho necesario se realice.

Nota:567 y 568. LL. 12 y 15, tít. 11, Part. 5ª, Instit. lib. 3, tit. 16, § 3.

ARTICULO 569 - Cualesquiera que sean las expresiones empleadas en la obligación se entenderá haber plazo, y no condición siempre que el hecho futuro fuese necesario aunque sea incierto, y se entenderá haber condición y no plazo, cuando el hecho futuro fuere incierto.

Nota:569. L. 31, tít. 9, part. 6ª, LL. 21 y 22, tít. 2, lib. 36, Dig. La dilación del plazo difiere de la condición suspensiva, en que el plazo no toca a la fuerza jurídica sino sólo a la ejecución de la obligación, AUBRY y RAU, § 303.

ARTICULO 570 - El plazo puesto en las obligaciones, se presume establecido para ambas partes, a no ser que, por el objeto de la obligación o por otras circunstancias, resultare haberse puesto a favor del deudor o del acreedor. El pago no podrá hacerse antes del plazo, sino de común acuerdo.

Nota:570. En contra: Cód. francés, art. 1140; de Nápoles, 2048; sardo, 1278. Conforme con el artículo; el Cód. de Prusia, art. 757. Los códigos y sus comentadores regularmente suponen que el pago se hace en dinero, y que no hay, por lo tanto, perjuicio para el acreedor en recibir el pago antes del plazo. Así es ciertamente en el contrato de venta; pero tratamos sólo del cumplimiento de las obligaciones en las cuales éste puede consistir, como dice ROGRON, en la entrega de un número de ganado o de un buque, para la cual el acreedor puede no estar pronto a recibir, y haberse preparado para hacerlo el día del vencimiento. En el derecho comercial, el término se presume estipulado en el interés común de deudor y acreedor, y no hay razón para que no sea lo mismo en el derecho civil. Por estas consideraciones aceptamos la resolución del Código de Prusia.

ARTICULO 571 - * El deudor de la obligación que ha pagado antes del plazo no puede repetir lo pagado.

Nota:571. En cuanto a la primera parte: Cód. francés, art. 1186, y los demás códigos de Europa. L. 32, tít. 14, Part. 5ª, L. 16 y sigts., tít. 6, lib. 12, Dig. En cuanto a la segunda: MARCADE, sobre el art. 1186 dice lo siguiente: "¿Nuestro artículo equivale a rehusar la repetición absolutamente y sin distinción, entre aquel que ha pagado libremente con conocimiento de causa, y el que lo ha hecho ignorando el término de la obligación? No vacilamos en responder que no. La decisión contraria sería evidentemente opuesta, no sólo a los principios de equidad, sino al espíritu general de nuestro derecho moderno, y a la intención de los redactores del artículo. Si a la muerte de mi padre me encuentro con un testamento que me manda pagar a Pablo inmediatamente veinte mil francos, y después de haberlos pagados descubro un segundo testamento que me concede dos años para pagar dichos veinte mil francos, ¿no es claro que he proporcionado al acreedor una ventaja mayor que la que en realidad le era debida? En el Cuerpo Legislativo el orador del gobierno decía sobre este artículo: que si el deudor hubiese "libremente" hecho el pago con anticipación no sería justo autorizarlo a demandar la repetición".

Nota de Actualización:* Según ley 17.711. Texto del Código Civil: El deudor de la obligación que ha pagado antes del plazo se supone que conocía el término, y no puede repetir lo pagado; pero si lo ha hecho por ignorancia del plazo, habrá lugar a la repetición.

ARTICULO 572 - El deudor constituido en insolvencia y los que lo representen no pueden reclamar el plazo para el cumplimiento de la obligación.

Nota:572. Cód. Francés, art. 1188; de Nápoles, 1141; sardo, 1279; holandés, 1307.

ARTICULO 573 - En las obligaciones a plazo cierto, los derechos son transmisibles, aunque el plazo sea tan largo, que el acreedor no pueda sobrevivir al día del vencimiento.

DE LAS OBLIGACIONES CON RELACION A SU OBJETO

TITULO VII

De las obligaciones de dar

CAPITULO I

De las obligaciones de dar cosas ciertas

ARTICULO 574 - La obligación de dar, es la que tiene por objeto la entrega de una cosa, mueble o inmueble, con el fin de constituir sobre ella derechos reales, o de transferir solamente el uso o la tenencia, o de restituirla a su dueño.

ARTICULO 575 - La obligación de dar cosas ciertas comprende todos los accesorios de éstas, aunque en los títulos no se mencionen, o aunque momentáneamente hayan sido separados de ellas.

Nota:574. y 575. ZACHARIAE, § 531.

ARTICULO 576 - El deudor de la obligación es responsable al acreedor, de los perjuicios e intereses, por falta de las diligencias necesarias para la entrega de la cosa, en el lugar y tiempo estipulados, o en el lugar y tiempo que el juez designare, cuando no hubiese estipulación expresa.

Nota:576. L. 13, tít. 11. Part. 5ª.

ARTICULO 577 - Antes de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real.

Nota:577. L. 46. tít. 28, Part. 3ª. L. 50, tít. 5. Part. 5ª, Instit, L. 2, tít. 1, § 40. Según el Cód. francés, arts. 711 y 1138, la propiedad se transmite por sólo el contrato, sin ser necesaria la tradición; y desde entonces todos los peligros de la cosa son de cuenta del acreedor. TOULLIER, entre otros. t. 4. núm. 54, expone los fundamentos que para tal resolución tuvieron los autores del Código de Napoleón. Pueden verse también en la Colección de Discursos, discurso 70.

FREITAS, sosteniendo el principio de la tradición para la adquisición de la propiedad, dice: "Por la naturaleza de las cosas, por una simple operación lógica, por un sentimiento espontáneo de justicia, por el interés de la seguridad de las relaciones privadas a que se liga la prosperidad general, se comprende desde el primer momento que el derecho real debe manifestarse por otros caracteres, por otros signos que no sean los del derecho personal, y que esos signos deben ser tan visibles y tan públicos cuanto sea posible. No se concibe que una sociedad esté obligada a respetar un derecho que no conoce".

Esta es la razón filosófica del gran principio de la tradición que la sabiduría de los romanos estableció, y que las legislaciones posteriores reconocieron.

Establecido el derecho personal de donde tiene que resultar la transmisión de la propiedad, muchos jurisperitos no quisieron ver nada más, y dieron luego la propiedad como transmitida y adquirida sólo por el simple poder del concurso de las voluntades en un momento dado. Tomóse la propiedad en su elemento individual solamente, y no se atendió a su elemento social. Contóse con la buena fe de las convenciones, como si la mala fe no fuese posible.

Las cosas que se conviene transmitir es posible que no sean transmitidas, y la misma cosa puede ser vendida a dos personas diferentes. Si el contrato es suficiente, independiente de cualquier manifestación exterior de la transferencia del dominio, el segundo comprador podría de buena fe, transmitir también la cosa, que así irá sucesivamente pasando a otros. Tenemos entonces un choque de derechos, una colisión donde por un lado se presenta el interés de uno solo, y por el otro los intereses de muchos. ¿Se puede y debe ser indiferente a la constante incertidumbre del derecho de propiedad, al fundamento de todas las relaciones civiles? Si este mal no puede ser evitado del todo ¿no convendrá evitarlo lo más que sea posible?. Según la teoría del Cód. francés sobre la transmisión de la propiedad, como efecto inmediato de los contratos, no hay intervalo entre la perfección de los contratos, la transmisión y su adquisición realizada. La tradición y la posesión nada valen. El derecho personal, y el derecho real son una misma cosa. El contrato es el propio dominio; y el dominio es el contrato. No hay diferencia alguna entre el título para adquirir y el modo de adquirir, entre la idea y el hecho, entre la causa y el efecto.

La innovación del código civil de Francia fue tan inesperada, tan peligrosa tan opuesta a la buena razón, que por mucho tiempo se dudó que ella hubiese derogado el régimen de las leyes anteriores. TROPLONG, MARTOU y otros muchos jurisconsultos no dejaron de confesar que esta innovación tan grave fue subrepticiamente introducida, sin la discusión especial y profunda que ella reclamaba. Aun así, el nuevo principio no tuvo aplicación respecto a los bienes muebles, según el art. 2279, y en cuanto a los inmuebles fue aplicado con restricciones según los arts. 939 y 1069. En vano el legislador francés proclamó su principio de la transmisión de la propiedad sólo por efecto de las convenciones, pues que la fuerza de las cosas lo obligó a violarlo en relación a los muebles y a no mantenerlo respecto a los inmuebles, sino por medio de disposiciones contradictorias e incompletas, que expusieron la propiedad territorial y la garantía hipotecaria a incertidumbres y peligros tales, que la segunda generación sintió la necesidad de reformar radicalmente la legislación en esta parte.

Lo que desde luego no se había conocido por la fascinación de un bello principio en apariencia, que realzaba el poder de la voluntad humana, vínose a conocer después por las exigencias económicas de un buen régimen hipotecario. Y en verdad, el sistema hipotecario del Código Civil francés quedó profundamente viciado desde que confundió los derechos personales con los derechos reales. Era una anomalía y una providencia inútil manifestarse al público el derecho real de la hipoteca, cuando el primer derecho real, "la propiedad", fuente de todos los otros, no tenía la misma publicidad en los casos más frecuentes.

En la actualidad, felizmente, la teoría del Código francés se halla reducida en todo su valor a un mero aparato de palabras que no tiene significación práctica alguna desde que el propietario no es propietario respecto de terceros, si no hace transcribir sus títulos en un registro especial y público, establecido para este efecto. Teniéndose así reconocida la necesidad de un hecho externo, como indicador legal de la transmisión de la propiedad, no descubrimos razón alguna por la cual, en relación a las partes contratantes, se deba seguir el principio opuesto de la transferencia del dominio, sólo por efecto del consentimiento. ¿Y cómo se concibe que un derecho real sólo puede existir respecto de un individuo?. El dominio es por esencia un derecho absoluto, y sus correspondientes obligaciones comprenden a todos los individuos; y cuando se le niega este carácter no existe el dominio. Si el vendedor, desde el momento del contrato, tiene perdido el dominio de la cosa vendida, no se concibe cómo pueda venderla válidamente por segunda vez, a otra persona, sólo porque el primer comprador no fue diligente en hacer transcribir su título en los registros hipotecarios, pues desde entonces no puede ejercer su dominio, adquirido por el contrato, contra un tercero -el segundo comprador-.

Por la nueva ley hipotecaria de 23 de marzo de 1855, el registro público de la transmisión y constitución de los derechos reales ha sustituido la tradición de la cosa. Esta alteración radical del Código Civil de Francia, había sido ya hecha antes en Bélgica y en todos los países que, por fuerza de circunstancias especiales, se vieron en la necesidad de adoptar aquel código. Así, la falsa idea de la identificación del contrato con el dominio, no fue más que una aberración local ridícula: pertenece a lo pasado, y tiene hoy simplemente valor histórico.

ARTICULO 578 - Si la obligación de dar una cosa cierta es para transferir sobre ella derechos reales, y la cosa se pierde sin culpa del deudor, la obligación queda disuelta para ambas partes.

Nota:578. En contra: L. 17, tít. 10, lib. 3, F.R.L. 23, tít. 5, Part. 5ª, que sólo resuelven la obligación del deudor. Véanse las LL.9, tít 14, Part. 5ª, 27, tít. 5, Part. 5ª y 4ª, tít. 3, Part. íd., 29, tít. 23, Part. 3ª, y 6, tít 14, Part. 6ª. No es extraño que así lo dispongan también el cód. francés y los demás códigos que convierten el título en modo de adquirir, pues las cosas perecen, se deterioran y se aumentan para su dueño; pero parece ilógico que nuestras leyes que declaran que no se adquiere el dominio de las cosas con sólo el título, si no es seguido de la tradición, dispongan que el peligro de la cosa, que es el objeto de una obligación de dar, sea de cuenta del acreedor, aun antes de la tradición fundadas en el principio de que el deudor de cosa cierta se libra de la obligación de entregarla, cuando perece sin su culpa. Esto es confundir el derecho personal con el derecho real. El derecho personal que se constituye por la obligación, no da derecho alguno en la cosa, y sin embargo se le constituyen las consecuencias del derecho real; para él perece la cosa, para él se aumenta, y de su cuenta son la mejora o deterioro. Nuestro artículo también libra al deudor de cosa cierta de la obligación de entregarla, si perece sin su culpa, pero lo libra disolviendo la obligación y no dejando obligado al acreedor.

De los dos principios, que el dominio de las cosas no se adquiere sino por la tradición, y que los peligros, aumentos o desmejoras, son de cuenta del propietario, se derivan las resoluciones de los artículos siguientes, y es innecesario notar la discordancia con los códigos que parten de principios contrarios.

ARTICULO 579 - Si la cosa se pierde por culpa del deudor, éste será responsable al acreedor por su equivalente y por los perjuicios e intereses.

ARTICULO 580 - Si la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el deterioro será por su cuenta, y el acreedor podrá disolver la obligación, o recibir la cosa en el estado en que se hallare, con disminución proporcional del precio si lo hubiere.

ARTICULO 581 - Si la cosa se deteriorare por culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho de exigir una cosa equivalente con indemnización de los perjuicios e intereses, o de recibir la cosa en el estado en que se hallare, con indemnización de los perjuicios e intereses.

ARTICULO 582 - Si la cosa se hubiere mejorado o aumentado, aunque no fuese por gastos que en ella hubiere hecho el deudor, podrá éste exigir del acreedor un mayor valor, y si el acreedor no se conformase, la obligación quedará disuelta.

ARTICULO 583 - Todos los frutos percibidos, naturales o civiles, antes de la tradición de la cosa, pertenecen al deudor; mas los frutos pendientes el día de la tradición pertenecen al acreedor.

ARTICULO 584 - Si la obligación fuere de dar una cosa cierta con el fin de restituirla a su dueño, y la cosa se perdiese sin culpa del deudor, la cosa se pierde para su dueño, salvo los derechos de éste hasta el día de la pérdida, y la obligación quedará disuelta.

ARTICULO 585 - Si se pierde la cosa por culpa del deudor se observará lo dispuesto en el art. 579.

ARTICULO 586 - Si se deteriorare sin culpa del deudor, su dueño la recibirá en el estado en que se halle y no quedará el deudor obligado a ninguna indemnización.

ARTICULO 587 - Si se deteriorare por culpa del deudor, se observará lo dispuesto en el art. 581.

ARTICULO 588 - Si la cosa se mejorare o hubiere aumentado sin que el deudor hubiese hecho gastos en ella o empleado su trabajo, o el de otro por él, será restituida a su dueño con el aumento o mejora; y nada podrá exigir el deudor.

ARTICULO 589 - Si hubiere mejoras o aumento, que con su dinero o su trabajo, o con el de otros por él, hubiere hecho el deudor que hubiese poseído la cosa de buena fe, tendrá derecho a ser indemnizado del justo valor de las mejoras necesarias o útiles, según la avaluación que se hiciere al tiempo de la restitución, siempre que no se le hubiese prohibido hacer mejoras. Si las mejoras fueren voluntarias, el deudor aunque fuese poseedor de buena fe, no tendrá derecho a indemnización alguna. Si el deudor fuese poseedor de mala fe, tendrá derecho a ser indemnizado de las mejoras necesarias.

Nota:589. En cuanto a las mejoras y sus clases, L. 10, tít. 33, Part. 7ª, LL. 41 y 44, tít., 28, Part. 3ª, Cód, sardo, art. 456; holandés, 630, L. 5, tít. 32, lib. 3, Cód, romano. L. 38, tít. 1, lib. 6. Dig.

ARTICULO 590 - Los frutos percibidos, naturales o civiles, pertenecen al deudor, poseedor de buena fe. El deudor que hubiese poseído de mala fe, está obligado a restituir la cosa con los frutos percibidos y pendientes, sin tener derecho a indemnización alguna.

Nota:590. L. 39, tít. 28, Part. 3ª, Cód, francés, art. 549; de Nápoles, 474; holandés, 630; sardo, 453. L. 25, tít. 1, lib. 22, Dig. En cuanto al poseedor de mala fe: L. 4, tít. 14, Part. 6ª. Cód. francés, art. 529; sardo, 455. Instit. lib. 4, tít. 17, § 2.

ARTICULO 591 - Son mejoras necesarias aquéllas sin las cuales la cosa no podría ser conservada. Son mejoras útiles, no sólo las indispensables para la conservación de la cosa, sino también las que sean de manifiesto provecho para cualquier poseedor de ella. Son mejoras voluntarias las de mero lujo o recreo, o de exclusiva utilidad para el que las hizo.

ARTICULO 592 - Cuando la obligación sea de dar cosas ciertas con el fin de transferir o constituir derechos reales, y la cosa es mueble, si el deudor hiciere tradición de ella a otro, por transferencia de dominio o constitución de prenda, el acreedor aunque su título sea de fecha anterior, no tendrá derecho contra los poseedores de buena fe, sino solamente contra los de mala fe. La mala fe consiste en el conocimiento de la obligación del deudor.

ARTICULO 593 - Si la cosa fuere mueble, y concurriesen diversos acreedores, a quienes el mismo deudor se hubiese obligado a entregarla, sin haber hecho tradición a ninguno de ellos, será preferido el acreedor cuyo título sea de fecha anterior.

ARTICULO 594 - Si la cosa fuere inmueble y el deudor hiciere tradición de ella a otro con el fin de transferirle el dominio, el acreedor no tendrá derecho contra tercero que hubiese ignorado la obligación precedente del deudor; pero sí contra los que sabiéndola hubiesen tomado posesión de la cosa.

Nota:594. LL. 50 y 51, tít. 5, part. 5ª. En contra: el Cód. francés y los demás códigos que declaran transmitida la propiedad por sólo la obligación.

ARTICULO 595 - Si la tradición se hubiere hecho a persona de buena fe, el acreedor tiene derecho a exigir del deudor otra cosa equivalente, y todos los perjuicios e intereses.

ARTICULO 596 - Si la cosa fuere inmueble, y concurriesen diversos acreedores a quienes el mismo deudor se hubiese obligado a entregarla, sin que ninguno de ellos le hubiese hecho tradición de la cosa, será preferido el acreedor cuyo instrumento público sea de fecha anterior.

ARTICULO 597 - Con relación a terceros, cuando la obligación de dar cosas ciertas tuviere por fin restituirlas a su dueño, si la cosa es mueble y el deudor hiciere tradición de ella a otro por transferencia de dominio o constitución de prenda, el acreedor no tendrá derecho contra los poseedores de buena fe, sino solamente cuando la cosa le haya sido robada o se hubiese perdido. En todos los casos lo tendrá contra los poseedores de mala fe.

Nota:597. ZACHARIAE, nota 13 al § 558.

ARTICULO 598 - Si la cosa fuere mueble y concurrieren acreedores a quienes el deudor se obligase a la entrega de ella por transferencia de dominio o constitución de prenda, sin haber hecho tradición de la cosa, es preferido el acreedor a quien pertenece el dominio de ella.

ARTICULO 599 - Si la cosa fuere inmueble, el acreedor tendrá acción real contra terceros que sobre ella hubiesen aparentemente adquirido derechos reales o que la tuvieren en su posesión por cualquier contrato hecho con el deudor.

ARTICULO 600 - Si la obligación fuere de dar cosas ciertas para transferir solamente el uso de ellas, los derechos se reglarán por lo que se dispone en el título "Del arrendamiento". Si la obligación fuere para transferir solamente la tenencia de la cosa, los derechos se reglarán por lo que se dispone en el título "Del depósito".

CAPITULO II

De las obligaciones de dar cosas inciertas

ARTICULO 601 - Si la obligación que se hubiese contraído fuere de dar una cosa incierta no fungible, la elección de la cosa corresponde al deudor.

ARTICULO 602 - Para el cumplimiento de estas obligaciones, el deudor no podrá escoger cosa de la peor calidad de la especie, ni el acreedor la de mejor calidad cuando se hubiese convenido en dejarle la elección.

Nota:602. L. 23, tít. 9, Part. 6ª.

ARTICULO 603 - Después de individualizada la cosa por la elección del deudor o del acreedor, se observará lo dispuesto respecto a las obligaciones de dar cosas ciertas.

ARTICULO 604 - Antes de la individualización de la cosa no podrá el deudor eximirse del cumplimiento de la obligación por pérdida o deterioro de la cosa, por fuerza mayor o caso fortuito.

Nota:604. Sobre las obligaciones del género, SAVIGNY, "Derecho de las Obligaciones" § 39.

ARTICULO 605 - La obligación de dar cosas inciertas no fungibles, determinadas sólo por su especie o cantidad, da derecho al acreedor para exigir el cumplimiento de la obligación con los perjuicios e intereses de la mora del deudor, si hubiese incurrido en ella, o para disolver la obligación con indemnización de perjuicios e intereses.

CAPITULO III

De las obligaciones de dar cantidades de cosas

ARTICULO 606 - La obligación de dar cantidades de cosas es la obligación de dar cosas que consten de número, peso o medida.

Nota:606. SAVIGNY en el § 39 del "Derecho de las obligaciones", dice: "Llamamos cantidades de cosas las que circunscriptas en los límites de una clase determinada, no tienen ningún valor individual, y todo su valor no se determina sino por el número, la medida o el peso; por lo que es absolutamente indiferente distinguir las cosas individualmente" Sobre todo este capítulo, LL. 24 y 25, tít. 5, Part. 5ª. L. 2, tít 48, lib. 4, Cód. rom.; L. 35, § 5, tít. 1, Lib. 18, Dig.; Cód. francés, arts. 1585 y 1586; sardo, 1591 y 1592; napolitano, 1430 y 1431: holandés, 1497 y 1498.

ARTICULO 607 - En estas obligaciones, el deudor debe dar, en lugar y tiempo propio, una cantidad correspondiente al objeto de la obligación, de la misma especie y calidad.

ARTICULO 608 - Si la obligación tuviere por objeto restituir cantidades de cosas recibidas, el acreedor tiene derecho a exigir del deudor moroso otra igual cantidad de la misma especie y calidad con los perjuicios e intereses, o su valor, según el valor corriente en el lugar y día del vencimiento de la obligación.

ARTICULO 609 - Las cantidades quedarán individualizadas como cosas ciertas, después que fuesen contadas, pesadas o medidas por el acreedor.

ARTICULO 610 - Si la obligación tuviere por fin constituir o transferir derechos reales, y la cosa ya individualizada se perdiese o deteriorase en su totalidad por culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho para exigir igual cantidad de la misma especie y calidad, con más los perjuicios e intereses, o para disolver la obligación con indemnización de perjuicios e intereses.

ARTICULO 611 - Si se perdiese o se deteriorase sólo en parte, sin culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho para exigir la entrega de la cantidad restante y no deteriorada, con disminución proporcional del precio si estuviese fijado, o para disolver la obligación.

ARTICULO 612 - Si se perdiese o deteriorase sólo en parte por culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho para exigir la entrega de la cantidad restante y no deteriorada, y de la correspondiente a la que faltare o estuviere deteriorada con los perjuicios e intereses, o para disolver la obligación con indemnización de perjuicios e intereses.

ARTICULO 613 - Si la obligación tuviese por fin restituir cantidades recibidas, y la cantidad estuviese ya individualizada, y se perdiese o deteriorase en el todo por culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho para exigir otra igual cantidad de la misma especie y calidad con los perjuicios e intereses, o su valor con los perjuicios e intereses.

ARTICULO 614 - Si se perdiese sólo en parte sin culpa del deudor, el acreedor sólo podrá exigir la entrega de la cantidad restante. Si se deteriorase sólo en parte sin culpa del deudor, el acreedor recibirá la parte no deteriorada con la deteriorada en el estado en que se hallaren.

ARTICULO 615 - Si se perdiese o se deteriorase sólo en parte por culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho para exigir la entrega de la cantidad restante no deteriorada, y de la correspondiente a la que faltare o estuviere deteriorada, con los perjuicios e intereses, o para exigir la entrega de la cantidad restante, no deteriorada, y el valor de la que faltare o estuviere deteriorada con los perjuicios e intereses, o para disolver la obligación con indemnización de perjuicios e intereses.

CAPITULO IV

De las obligaciones de dar sumas de dinero

ARTICULO 616 - Es aplicable a las obligaciones de dar sumas de dinero, lo que se ha dispuesto sobre las obligaciones de dar cosas inciertas no fungibles, sólo determinadas por su especie, y sobre las obligaciones de dar cantidades de cosas no individualizadas.

Nota:616. El dinero pertenece a las cantidades. Hay entre cada pieza de una determinada especie de moneda, una diferencia tan poco sensible como en cada grano de un montón de trigo, y las piezas de monedas tomadas aisladamente no son susceptibles de ser distinguidas. Bajo el punto de vista jurídico, las monedas son cosas de consumo, en el sentido que su uso verdadero consiste en el gasto que se hace, gasto que hace tan imposible, como si la materia se hubiese consumido, toda reclamación ulterior de la propiedad.

ARTICULO 617 - * Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero.

Nota de Actualización:* Según ley 23.928. Texto del Código Civil: Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas.

ARTICULO 618 - Si no estuviere determinado en el acto por el que se ha constituido la obligación, el día en que debe hacerse la entrega del dinero el juez señalará el tiempo en que el deudor deba hacerlo. Si no estuviere designado el lugar en que se ha de cumplir la obligación, ella debe cumplirse en el lugar en que se ha contraído. En cualquier otro caso la entrega de la suma de dinero debe hacerse en el lugar del domicilio del deudor al tiempo del vencimiento de la obligación.

Nota:618. Respecto de la primera parte, L. 13, tít. 11, Part. 5ª, pero la L. 2, tít. 1, Part. íd. al hablar del préstamo, señala diez días. Conforme con el artículo, cód. francés, art. 1900; de Nápoles, 1722; holandés, 1797; sardo, 1928. En cuanto a la segunda parte, L. 32, tít. 2, Part. 3ª, L. 13, tít. 14, Part. 5ª, L. 9, tít. 4, lib. 13, Dig. L. 19, tít. 1, lib. 5, íd. L. 21, tít. 7, lib. 44, íd. El Cód. de Vaud y también el de Holanda, prefieren el domicilio del acreedor, si el acreedor continúa habitando el mismo pueblo que habitaba al tiempo de la obligación.

ARTICULO 619 - * Si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de determinada especie o calidad de moneda, cumple la obligación dando la especie designada, el día de su vencimiento.

Nota:619. Nos abstenemos de proyectar leyes para resolver la cuestión tan debatida sobre la obligación del deudor, cuando ha habido alteración en la moneda porque esa alteración se ordenaría por el Cuerpo Legislativo nacional, cosa casi imposible. La ley declararía el modo de satisfacer las obligaciones que ya estuviesen contraídas. Hoy los conocimientos económicos dan a la moneda otro carácter que el que se juzgaba tener en la época de las leyes que hicieron nacer las cuestiones, sobre la materia. Las leyes romanas decían: "In pecunia, non corpora quis cogitat, sed quantitatem" (L. 99, tít. 3, lib. 46, Dig.), "...eaque materia forma publica percussa, usum dominiumque non tam ex substantia praebet, quam ex quantitate" (L. 1, tít. 1, lib. 18, Dig.). Por cierto que hoy la moneda no se estima por la cantidad que su sello oficial designe sino por la sustancia, por el metal, oro o plata que contenga. Notaremos, sin embargo, las leyes de los diferentes pueblos sobre el cumplimiento de las obligaciones, cuando ha habido cambio en el valor de las monedas.

La L. 18, tít. I, lib. 10, Nov. Rec., dice "Sea permitido a los contrayentes especificar el valor de las monedas, y obsérvese inviolablemente lo convenido. Los deudores de moneda recibida por cualquiera causa en plata u oro, están obligados a pagar en la moneda del mismo valor, peso y ley de la que recibieron y entonces corría. En los demás casos cumplen los deudores con pagar en la corriente al tiempo de la paga".

El Cód. francés, art. 1895: "La obligación que resulta de un préstamo en plata será siempre la de la suma numérica expresada en el contrato. Si ha habido un aumento o disminución de especies antes de la época del pago, el deudor debe volver la suma numérica prestada, y no debe volver sino esta suma en las especies que tengan curso en el momento del pago". Lo siguen, el Cód. de Nápoles, art. 1767; de Luisiana, 2884; holandés, 1793; prusiano, núm. 778, tít. 11, part. 1ª.

Sin embargo el Cód. de Austria dispone lo contrario en los arts. 988 y 990. "Si se ha alterado, dice, el valor intrínseco de las monedas, el que las recibió debe reembolsarlas sobre el pie del valor que tenían al tiempo del préstamo".

Si hubiese de darse ley, suponiendo la alteración de las monedas, nosotros aceptaríamos el artículo del Cód. de Austria.

Nota de Actualización:* Según ley 23.928. Texto del Código Civil: Si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de determinada especie o calidad de moneda corriente nacional, cumple la obligación dando la especie designada, u otra especie de moneda nacional al cambio que corra en el lugar el día del vencimiento de la obligación.

ARTICULO 620 - Si la obligación autorizare al deudor para satisfacerla cuando pudiese, o tuviese medios de hacerlo, los jueces a instancia de parte, designarán el tiempo en que deba hacerlo.

Nota:620. Cód. francés, art. 1981; de Nápoles, 1773; sardo 1913; holandés 1798. L. 125, tít. 16, lib. 50, Dig.

ARTICULO 621 - La obligación puede llevar intereses y son válidos los que se hubiesen convenido entre deudor y acreedor.

Nota:621. La materia de intereses convencionales se encuentra tratada extensamente en muchos escritores de crédito, que se podrían citar en apoyo del artículo. Regularmente los códigos de Europa son contrarios a la libertad de las convenciones sobre intereses de los capitales.

ARTICULO 622 - El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar.

* Si las leyes de procedimiento no previeren sanciones para el caso de inconducta procesal maliciosa del deudor tendiente a dilatar el cumplimiento de la obligación de sumas de dinero o que deba resolverse en el pago de dinero, los jueces podrán imponer como sanción la obligación accesoria de pago de intereses que, unidos a los compensatorios y moratorios, podrán llegar hasta dos veces y media la tasa de los bancos oficiales en operaciones de descuentos ordinarios.

Nota:622. Me he abstenido de proyectar el interés legal, porque el interés del dinero varía tan de continuo en la República, y porque es muy diferente el interés de los capitales en los diversos pueblos. Por lo demás, el interés del dinero en las obligaciones de que se trata, corresponde a los perjuicios e intereses que debía pagar el deudor moroso.

Nota de Actualización:* Párrafo agregado por ley 17.711.

ARTICULO 623 - * No se deben intereses de los intereses, sino por convención expresa que autorice su acumulación al capital con la periodicidad que acuerden las partes; o cuando liquidada la deuda judicialmente con los intereses, el juez mandase a pagar la suma que resultare y el deudor fuese moroso en hacerlo. Serán válidos los acuerdos de capitalización de intereses que se basen en la evolución periódica de la tasa de interés de plaza.

Nota:623. Véase Cód. francés, art. 1154; de Holanda 1287. En contra de los intereses de intereses, Cód. sardo, art. 2245, y ley 28, tít. 32, lib. 4, Cód. romano.

Nota de Actualización:* Según ley 23.928. Texto del Código Civil: No se deben intereses de los intereses, sino por obligación posterior, convenida entre deudor y acreedor, que autorice la acumulación de ellos al capital, o cuando liquidada la deuda judicialmente con los intereses, el juez mandase pagar la suma que resultare, y el deudor fuese moroso en hacerlo.

ARTICULO 624 - El recibo del capital por el acreedor sin reserva alguna sobre los intereses, extingue la obligación del deudor respecto de ellos.

Nota:624. L. 13, tít. 11. Part. 5ª. Cód. francés, art. 1908; sardo 1935; holandés, 1806; de Nápoles, 1780, prusiano, 843, sección I, tít. 21, Parte 1ª y L. 43, tít. 3, lib. 46, Dig.

TITULO VIII

De las obligaciones de hacer o de no hacer

ARTICULO 625 - El obligado a hacer, o a prestar algún servicio, debe ejecutar el hecho en un tiempo propio, y del modo en que fue la intención de las partes que el hecho se ejecutara. Si de otra manera lo hiciere, se tendrá por no hecho, o podrá destruirse lo que fuese mal hecho.

Nota:625. Sobre este título véase MARCADE, sobre el art. 1142, del Cód. francés.

ARTICULO 626 - El hecho podrá ser ejecutado por otro que el obligado, a no ser que la persona del deudor hubiese sido elegida para hacerlo por su industria, arte o cualidades personales.

ARTICULO 627 - Si el hecho resultare imposible sin culpa del deudor, la obligación queda extinguida para ambas partes, y el deudor debe volver al acreedor lo que por razón de ella hubiere recibido.

ARTICULO 628 - Si la imposibilidad fuere por culpa del deudor, estará éste obligado a satisfacer al acreedor los perjuicios e intereses.

ARTICULO 629 - Si el deudor no quisiere o no pudiere ejecutar el hecho, el acreedor puede exigirle la ejecución forzada, a no ser que fuese necesaria violencia contra la persona del deudor. En este último caso, el acreedor podrá pedir perjuicios e intereses.

Nota:629. El Cód. francés, por el art. 1142, declara que toda obligación de hacer o de no hacer se resuelve en caso de inejecución por parte del deudor, en la satisfacción de los daños e intereses; pero el art. 1144, declara que el acreedor, puede también en caso de inejecución ser autorizado para hacerlo ejecutar él mismo a costa del deudor. MARCADE sobre el art. 1144, concilia esta aparente contradicción, diciendo que el art. 1142 no debe tomarse a la letra, cuando declara que toda obligación de hacer o de no hacer, se resuelve en caso de inejecución en la satisfacción de daños e intereses. Esto no sucede sino en dos casos: 1º cuando la ejecución forzada no podría resultar sino de violencia dirigida contra la persona del deudor, y 2º cuando el acreedor, aunque pudiendo obtener la ejecución directa por la fuerza, se contentara con la satisfacción de los daños e intereses. Los códigos de Europa copian tanto el art. 1142 del Cód. francés, como el art. 1144. El Cód. de Luisiana en los arts. 1920 y 1921, dice: "En caso de inejecución de un contrato que contenga obligación de hacer o de no hacer, aquél en cuyo favor se ha contraído la obligación puede pedir daños y perjuicios, o si esta indemnización es insuficiente, reclamar la ejecución del contrato a su elección, y en todos los casos, daños y perjuicios". Las leyes de Partida son más claras a este respecto: "El juez débelo apremiar que lo 'faga ansi' como fué puesto é lo prometió", dice una de ellas. LL. 12, tít. 11, Part. 5ª, y 5. tít. 27, Part. 3ª.

ARTICULO 630 - Si el hecho pudiere ser ejecutado por otro, el acreedor podrá ser autorizado a ejecutarlo por cuenta del deudor, por sí o por un tercero, o solicitar los perjuicios e intereses por la inejecución de la obligación.

ARTICULO 631 - El deudor no puede exonerarse del cumplimiento de la obligación, ofreciendo satisfacer los perjuicios e intereses.

ARTICULO 632 - Si la obligación fuere de no hacer, y la omisión del hecho resultare imposible sin culpa del deudor, o si éste hubiese sido obligado a ejecutarlo, la obligación se extingue como en el caso del art. 627.

ARTICULO 633 - Si el hecho fuere ejecutado por culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho a exigir que se destruya lo que se hubiese hecho, o que se le autorice para destruirlo a costa del deudor.

ARTICULO 634 - Si no fuere posible destruir lo que se hubiese hecho, el acreedor tendrá derecho a pedir los perjuicios e intereses que le trajere la ejecución del hecho.

TITULO IX

De las obligaciones alternativas

ARTICULO 635 - Obligación alternativa es la que tiene por objeto una de entre muchas prestaciones independientes y distintas las unas de las otras en el título, de modo que la elección que deba hacerse entre ellas, quede desde el principio indeterminada.

Nota:635. SAVIGNY. "Derecho de las Obligaciones" § 38.

ARTICULO 636 - El obligado alternativamente a diversas prestaciones, sólo lo está a cumplir con una de ellas íntegramente, sea la prestación de una cosa o de un hecho, o del lugar del pago, o de cosas, hechos y lugar de la entrega.

Nota:636. LL. 23 y 24, tít. 11, Part. 5ª, L. 10, §, 6, tít. 3, lib. 23, Dig. L. 2, tít. 4, lib. 13, Dig. Cód. francés, arts. 1189 y 1191; de Nápoles, arts. 1142 y 1144; sardo, 1280 y 1289. MARCADE clasifica muy bien las obligaciones alternativas, sobre el art. 1189.

ARTICULO 637 - En las obligaciones alternativas, corresponde al deudor la elección de la prestación de uno de los objetos comprendidos en la obligación.

Nota:637. LL. 23 y 24, tít. 11, Part. 5ª. Cód. francés, art. 1190; sardo, 1281; holandés, 1316; napolitano, 1143. El principio es general: en todos los actos y contratos, el deudor tiene la elección. Una declaración verbal no le obligaría, y puede cambiar de idea hasta que haya cumplido la prestación. "Cum pure stipulatus sum" dice la ley romana, "illud aut illu dari liaebit tibi, quoties voles mutare voluntatem in eo quod praestaturos sis". L. 138 Dig. "de verb Oblig". "quamdiud id quod promissum est solvatur". (L. 106, cód.). Las mismas reglas se aplican a los contratos. Así, el vendedor que vende muchas cosas bajo una alternativa como el comprador que promete en retorno del objeto comprado, muchas prestaciones alternativas, tiene la elección en el pago de las diferentes cosas prometidas o vendidas. (LL. 25 y 34, § 6, Dig. "De Contr emt" y 21 § 6, "De act emt"). Cuando un comodatario o locatario pierde por dolo o culpa la cosa que se le había confiado, queda obligado a pagar una indemnización al propietario; pero cuando el propietario recobra después la cosa, el que la ha pagado debe obtener, o el dinero que ha entregado o la cosa; de otra manera, el propietario se enriquecería a su costa. La elección entre lo dado en pago o la cosa, queda para el que ha hecho el pago. Lo mismo puede decirse cuando en un pleito sobre la propiedad, pierde la cosa por dolo o culpa, y paga una indemnización al demandante, si el propietario recobra la cosa. La necesidad de recibir la cosa no puede imponerse al que la ha pagado contra su voluntad, porque él puede repetir la suma que ha entregado por una "conditio sine causa". Si, al contrario, prefiere la cosa, no se le puede rehusar, porque la indemnización que ha pagado, hace las veces de la compra. (L. I, tít. 4, lib. 41, Dig.).

La facultad de elegir pasa a los herederos del que tenía el derecho de hacer la elección, y aun al cesionario del derecho, porque la facultad de elegir es inherente al derecho (L. 72 "de verb. Oblig")

Si el deudor que tenía el derecho de elegir, considera por error que una de las prestaciones era objeto de una deuda pura y simple, y por este error no usa de su derecho, puede repetir lo que ha pagado por la "conditio indebit", y dar en cambio la otra prestación. (L. 10, cód. de "Cond Ind"). Véase sobre esta materia a SAVIGNY "Derecho de las oblig", t. 1, § 38.

ARTICULO 638 - Si una de las prestaciones no podía ser objeto de la obligación, la otra es debida al acreedor.

Nota:638. L. 72, tít. 3, lib. 46, Dig Cód. francés, art. 1192; de Nápoles, 1045; sardo, 1282.

ARTICULO 639 - Si uno de los objetos prometidos no pudiese realizarse aunque sea por culpa del deudor, o por otra causa cualquiera, debe prestarse el que ha quedado. Si ninguno de ellos puede prestarse, y el uno ha dejado de serlo por culpa del deudor, éste tiene la obligación de entregar el valor del último que hubiese dejado de poder ser prestado.

Nota:639. L. 23, tít. 11, Part. 5ª. L. 2, tít. 4, lib. 13, Dig. Cód. francés, art. 1193; sardo 1283; de Nápoles, 1146.

ARTICULO 640 - Cuando la obligación alternativa consista en prestaciones anuales, la opción hecha para un año no obliga para los otros.

Nota:640. POTHIER, núm. 247. "De oblig" ZACHARIAE, § 532, nota 4.

ARTICULO 641 - Cuando la elección fuere dejada al acreedor, y una de las cosas se hubiese perdido por culpa del deudor, el acreedor podrá reclamar, o la cosa que ha quedado, o el valor de la que se ha perdido. Si se han perdido las dos por culpa del deudor, el acreedor puede reclamar el valor de la una o de la otra. Lo mismo se observará si las prestaciones que comprende la obligación no fuesen de entregar cosas, estimándose entonces por el juez el valor de la que, elegida por el acreedor, no puede prestarse.

Nota:641. Cód. francés, art. 1194; napolitano, 1147; holandés, 1312; sardo 1284. L. 95. Dig. "De solut". La aplicación de las reglas sobre la prestación de la culpa y del caso fortuito en las obligaciones alternativas según el Derecho romano, presenta algunas soluciones interesantes: si una de las cosas ha perecido por caso fortuito, la obligación viene a ser pura y simple, es decir, que el deudor está obligado a dar la otra. L. 34, tít. 1, lib. 18, Dig. Si es por culpa del acreedor que una de las cosas ha perecido, el deudor que tiene la elección puede tenerse por libre de la obligación, o bien dar la cosa que queda, y demandar el valor de la cosa que ha perecido por culpa del acreedor. L. 105, tít. 1, lib. 145. Dig. Si en este último caso la elección pertenecía al acreedor, la pérdida de la cosa trae la liberación del deudor. Cita anterior y L. 95 tít. 3, lib. 46, Dig. Si las dos cosas han perecido, es preciso distinguir: si ambas han perecido por caso fortuito, el deudor queda libre de la obligación. L. 31, § 6, tít. 1, lib. 18, Dig. Si la primera de las cosas prometidas ha perecido por caso fortuito, y la otra por culpa del deudor, éste está obligado por el valor de la última. L. 95 § 1, tít. 3, lib. 46, Dig. Si la primera ha perecido por culpa del deudor, y la otra por caso fortuito, el Derecho romano, prescindiendo de los principios estrictos, da al acreedor, por motivos de equidad, una acción de dolo para demandar el valor de la cosa que había perecido la última. Si las dos cosas han perecido por culpa del acreedor, el deudor puede reclamar el valor de la que quiera. L. 55, tít. 2, lib. 9, Dig., a no ser que el acreedor no tuviese la elección, porque en este caso el deudor no podría demandar sino el valor de la última que hubiese perecido. L. 95, tít. 3, lib. 46, Dig. Si la primera ha perecido por culpa del acreedor, y la otra por caso fortuito, el deudor es libre y puede demandar el valor de la primera. L. 55, tít. 2. lib. 9. Dig.

ARTICULO 642 - Si las prestaciones se han hecho imposibles sin culpa del deudor, la obligación queda extinguida.

Nota:642. L. 18, tít. 11, Part. 5ª. L. 9, tít. 14. Part. 5ª. Cód. francés, artículo 1195.

TITULO X

De las obligaciones facultativas

ARTICULO 643 - Obligación facultativa es la que no teniendo por objeto sino una sola prestación, da al deudor la facultad de sustituir esa prestación por otra.

ARTICULO 644 - La naturaleza de la obligación facultativa se determina únicamente por la prestación principal que forma el objeto de ella.

Nota:644. Por ejemplo, si es o no obligación divisible o indivisible.

ARTICULO 645 - Cuando la obligación facultativa es nula por un vicio inherente a la prestación principal, lo es también aunque la prestación accesoria no tenga vicio alguno.

ARTICULO 646 - El acreedor de una obligación facultativa puede, en la demanda de pago, no comprender sino la prestación principal.

ARTICULO 647 - La obligación facultativa se extingue cuando la cosa que forme el objeto de la prestación principal perece sin culpa del deudor, antes que éste se haya constituido en mora, o porque se hubiese hecho imposible su cumplimiento, aunque el objeto de la prestación accesoria no hubiese perecido, y fuese posible su entrega.

ARTICULO 648 - Si el objeto de la prestación principal hubiere perecido o se hubiese hecho imposible por culpa del deudor, el acreedor puede pedir el precio de la que ha perecido o la cosa que era el objeto de la prestación accesoria.

ARTICULO 649 - No tendrá influencia alguna sobre la prestación principal, ni la pérdida o deterioro de la cosa, ni la imposibilidad del hecho o de la omisión que constituye el objeto de la prestación accesoria.

ARTICULO 650 - La nulidad del acto jurídico por motivo del objeto de la prestación accesoria no induce nulidad en cuanto a la prestación principal.

ARTICULO 651 - En caso de duda si la obligación es alternativa o facultativa, se tendrá por alternativa.

Nota:651. Cód. de Chile, art. 1507. Son muy notables las diferencias entre la obligación facultativa y la obligación alternativa.

La primera comprende una sola prestación y la segunda varias. En la obligación facultativa la prestación accesoria no forma objeto de la obligación ni la caracteriza: es meramente adjunta para facilitar el pago. Entre tanto, el carácter de una obligación alternativa queda en suspenso hasta que se verifique el pago, y se determina según la prestación por medio de la cual el pago se ha efectuado.

En la obligación alternativa basta para su validez que una u otra de las prestaciones comprendidas en la obligación esté exenta de vicios, cuando en la obligación facultativa basta para invalidarla el vicio en la prestación principal, aunque no lo haya en la obligación accesoria.

En la obligación alternativa el acreedor debe pedir el pago de las diferentes prestaciones que forman el objeto de la obligación, dejando al deudor la libertad de cumplir con la que eligiere, mientras que en la obligación facultativa basta que pida la prestación principal.

La obligación alternativa no se extingue sino cuando las diversas cosas que formen el objeto de la prestación comprendidas en la obligación, hubiesen todas perecido sin culpa del deudor, y antes que éste se hubiese constituido en mora; y la obligación facultativa se extingue cuando hubiese perecido el objeto de la prestación principal, aunque existiera el de la prestación accesoria. Sobre estas diferencias, véase AUBRY y RAU, § 300.

TITULO XI

De las obligaciones con cláusula penal

ARTICULO 652 - La cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación.

Nota:652. Cód. de Chile, art. 1535. L. I, tít. 11, lib. I. F. R. L. 34 tít. 11. Part. 5ª. Cód. francés, art. 1126; de Nápoles, 1179; sardo, 1316; holandés 1340.

ARTICULO 653 - La cláusula penal sólo puede tener por objeto el pago de una suma de dinero, o cualquiera otra prestación que pueda ser objeto de las obligaciones, bien sea en beneficio del acreedor o de un tercero.

ARTICULO 654 - Incurre en la pena estipulada, el deudor que no cumple la obligación en el tiempo convenido, aunque por justas causas no hubiese podido verificarlo.

Nota:654. L. 37, al fin, tít. 11, Part. 5ª.

ARTICULO 655 - La pena o multa impuesta en la obligación, entra en lugar de la indemnización de perjuicios e intereses, cuando el deudor se hubiese constituido en mora; y el acreedor no tendrá derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es indemnización suficiente.

Nota:655. Cód. francés, art. 1129; de Nápoles, 1182; sardo, 1319, y respecto a la mora del deudor, Cód. francés, art. 1230; holandés, 1344; de Nápoles, 1183, sardo, 1320.

ARTICULO 656 - Para pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor podrá eximirse de satisfacerla probando que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno.

* Los jueces podrán, sin embargo, reducir las penas cuando su monto desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, configuren un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor.

Nota de Actualización:* Párrafo agregado por ley 17.711.

ARTICULO 657 - El deudor incurre en la pena, en las obligaciones de no hacer, desde el momento que ejecute el acto del cual se obligó a abstenerse.

ARTICULO 658 - El deudor no podrá eximirse de cumplir la obligación, pagando la pena, sino en el caso en que expresamente se hubiese reservado este derecho.

ARTICULO 659 - Pero el acreedor no podrá pedir el cumplimiento de la obligación y la pena, sino una de las dos cosas, a su arbitrio, a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo, o que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal.

Nota:659. Cód. de Chile, art. 1537. LL. 34 y 35, tít. 11, Part 5ª. Cód. francés, art. 1128; de Nápoles, 1181; sardo, 1318. L. 28, tít. I, lib. 19, Dig. L. 16, Dig. "De trans"

ARTICULO 660 - Si el deudor cumple sólo una parte de la obligación, o la cumple de un modo irregular o fuera del lugar o del tiempo a que se obligó, y el acreedor la acepta, la pena debe disminuirse proporcionalmente, y el juez puede arbitrarla si las partes no se conviniesen.

Nota:660. L. 9, tít. 20, lib. 3, F. R. L. 199, "De estilo", Cód. francés, art. 1231; sardo, 1321; holandés, 1345; de Nápoles, 1184. L. 9, tít. 11, lib. 2, Dig.

ARTICULO 661 - Sea divisible o indivisible la obligación principal, cada uno de los codeudores o de los herederos del deudor, no incurrirá en la pena sino en proporción de su parte, siempre que sea divisible la obligación de la cláusula penal.

ARTICULO 662 - Si la obligación de la cláusula penal fuere indivisible, o si fuere solidaria aunque divisible, cada uno de los codeudores, o de los coherederos del deudor, queda obligado a satisfacer la pena entera.

ARTICULO 663 - La nulidad de la obligación principal causa la nulidad de la cláusula penal; pero la nulidad de ésta deja subsistente la obligación principal.

Nota:663. L. 56, tít. 5, Part. 5ª, L. 6, tít. 11, lib. I, F. R. Cód. francés, art. 1227; napolitano, 1180; sardo, 1341; holandés, 2115. La obligación de la cláusula penal es sólo una obligación accesoria.

ARTICULO 664 - Subsistirá, sin embargo, la obligación de la cláusula penal, aunque la obligación no tenga efecto, si ella se ha contraído por otra persona, para el caso de no cumplirse por ésta lo prometido.

ARTICULO 665 - Si la obligación principal se extingue sin culpa del deudor queda también extinguida la cláusula penal.

ARTICULO 666 - La cláusula penal tendrá efecto, aunque sea puesta para asegurar el cumplimiento de una obligación que no pueda exigirse judicialmente, siempre que no sea reprobada por la ley.

Nota:666. L. 38, tít. 11. Part. 5ª. Pero véase L. 129, § I, Dig. "De Reg. juris".

ARTICULO 666 bis - * Los jueces podrán imponer en beneficio del titular del derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplieron deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial.

Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.

Nota de Actualización:* Texto introducido por ley 17.711. -

TITULO XII

De las obligaciones divisibles e indivisibles (a)

CAPITULO I

De las obligaciones divisibles

Nota:(a) Hemos creído necesario poner algunas notas explicativas en esta materia, para que se conozcan los principios de donde partimos, muy diferentes de los que sirven de base a todos los códigos publicados en Europa y América, que no hicieron sino seguir a la letra al Cód. francés. Algunos comentadores de éste, y otros jurisconsultos de los últimos tiempos, han hecho ver los errores del Cód. de Napoleón, que hace un laberinto inexplicable en sus resoluciones. Por esto no haremos concordancia con los códigos existentes, y nuestros fundamentos serán únicamente las leyes de Partida y el Derecho romano, donde se hallan los verdaderos principios de esta materia.

ARTICULO 667 - Las obligaciones son divisibles, cuando tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial. Son indivisibles, si las prestaciones no pudiesen ser cumplidas sino por entero.

Nota:667. L. 2, tít. I, lib. 45, Dig. SAVIGNY, "Derecho de las obligaciones" § 31 , MAYNZ, Derecho romano § 276. El Cód. francés en el art. 1217 define del modo siguiente las obligaciones divisibles e indivisibles; "La obligación es divisible o indivisible, según ella tenga por objeto una cosa que en su entrega, o un hecho que en su ejecución es o no susceptible de división, sea natural o intelectual". Los códigos de Europa copian a la letra esta definición; pero MARCADE observa que sólo se refiere a la ejecución de la obligación, y no al objeto de ella al contraerse. La ley romana es más clara y enteramente conforme con nuestro artículo: "Stipulationum quoedam in dando, quoedam in faciendo consistunt. Et harum omnium quoedam partis proestationen recipiunt (son divisibles), veluti cum decem dari stipulamur; quoedam non recipiunt, ut in his quoe natura divisionem non admittum, veluti cum viam, iter, actum stipulamur; quoedam partis, quidem dationen natura recipiunt, sed nisi tota dantur, satis stipulationi non fit (no se satisface o cumple la obligación si no se dan por entero o totalmente), veluti cum hominem generaliter stipulor, aut lancem aut quolibet vas".

ARTICULO 668 - La solidaridad estipulada no da a la obligación el carácter de indivisible, ni la indivisibilidad de la obligación la hace solidaria.

Nota:668. Las obligaciones indivisibles, como las obligaciones solidarias, son en verdad exigibles en su totalidad de parte de cada uno de los acreedores contra cada uno de los deudores; pero este efecto común a estas dos especies de obligaciones, procede en la obligación solidaria del título mismo que la constituye como tal, mientras que en la obligación indivisible, ese efecto no es sino el resultado de la imposibilidad de cumplir parcialmente la prestación que es el objeto. En una obligación indivisible cada uno de los deudores no debería pagar, y cada uno de los acreedores no podría reclamar sino su parte, si la prestación fuese susceptible de cumplimiento parcial, mientras que en la obligación solidaria, cada deudor debe pagar y cada acreedor puede exigir el cumplimiento total, aunque sea posible o fácil hacer pagos parciales AUBRY y RAU. § 391.

MARCADE dice: "Si en la obligación indivisible cada uno de los deudores, sean deudores primitivos, sean representantes de un deudor único, debe la cosa entera, no es como la obligación solidaria por una cualidad inherente a la persona, que sería verdaderamente acreedora o deudora, sino solamente por la calidad de la cosa, la cual no es susceptible de partes. De este principio se derivan consecuencias importantes: 1ª aun cuando se reconozca a uno de los acreedores solidarios, el derecho de librar plenamente al deudor, haciéndole remisión de la deuda (POTHIER, núm. 263), no se admite este derecho para uno de los acreedores de la cosa indivisible (POTHIER, núm. 327), porque él no es personalmente dueño del crédito, pues si es autorizado a recibirlo por entero, es únicamente a causa de la naturaleza de la cosa debida; 2ª el uno de los acreedores no es dueño de extinguir el crédito transformándolo en otra clase de crédito, ni de librar al deudor recibiendo el precio del objeto debido en lugar del objeto mismo; 3ª y recíprocamente, como el deudor respecto de muchos acreedores no debe todo a cada uno de ellos, sino por la imposibilidad de dividir la cosa en muchas partes y no personalmente, se sigue que la remisión hecha por uno de los acreedores, o la recepción consentida por él, del precio de la cosa, tendría el efecto de disminuir la deuda" (sobre el art. 1224, cap. I. "De las obligaciones divisibles").

ARTICULO 669 - Las obligaciones de dar son divisibles cuando tienen por objeto entregas de sumas de dinero o de otras cantidades, o cuando teniendo por objeto la entrega de cosas inciertas no fungibles, comprenden un número de ellas de la misma especie, que sea igual al número de acreedores o deudores, o a su múltiple.

Nota:669. La ley romana dice "Quotiens autem genere stipulamur numero fit, inter eos (herederos) divisio". En el caso del artículo no se trata de la obligación de género que tenga por objeto una sola cosa, sino la que tenga por objeto un número de cosas que corresponda al número de acreedores o deudores.

Para que se comprenda exactamente la divisibilidad o indivisibilidad de las cosas, nos permitimos transcribir lo que SAVIGNY dice a este respecto: "Si buscamos qué es lo que constituye la divisibilidad de las cosas, es preciso ante todo reconocer que en el sentido natural de las palabras, todas las cosas son susceptible de descomposición en partes y por consiguiente, son divisibles. Si, pues, dividimos las cosas en divisibles e indivisibles, no es sino con respecto a las relaciones de derecho que tienen una cosa por objeto. Los inmuebles, en tanto que son partes constitutivas de la superficie de la tierra entera, no pueden ser limitados como unidades especiales sino por la voluntad del hombre; pero es de la esencia de esta voluntad ser inconstante y variable. Es imposible pues, crear entre límites ya fijados, nuevos límites más estrechos o pequeños. Esta facultad es la que funda la divisibilidad ilimitada del suelo. Aunque las partes aisladas puedan diferir en bondad y valor, son siempre idénticas a sí mismas, y al todo original.

Sólo el suelo, sobre que reposa una construcción no es divisible, porque forma un todo independiente, un todo artificial, cuya descomposición destruiría la idea de este todo.

"No sucede así con las cosas muebles. Ellas aparecen en el espacio como unidades. Cada unidad constituye un todo independiente, ya un todo natural como los animales vivos, ya un todo artificial como las obras de arte. Estas unidades son, sin duda siempre divisibles en sí mismas, pero bajo una relación jurídica las llamamos indivisibles, y las tratamos como tales en dos casos distintos: 1º, cuando la división destruye la idea del todo, de modo que las partes no sean ya idénticas consigo mismas, y con el todo, como en los animales vivos, en las obras de arte, etc.; 2º, cuando la división deja subsistentes partes idénticas, pero con una disminución de valor en el todo, como en el caso de dividir piedras preciosas, espejos, cristales, etc. Nos resta aun después de esto, las cosas muebles completamente divisibles, que son aquellas cuya división no destruye la idea del todo, ni disminuye el valor total, como en las masas de metal bruto.

"De estas consideraciones resulta que la división de cosas inmuebles o de cosas muebles, es de una naturaleza esencialmente distinta. Para las primeras, la división se causa por un simple cambio de límites que no ejerce sobre las cosas mismas ninguna influencia aparente. Para las segundas, se efectúa por medio de una destrucción material, lo que modifica el estado aparente de la cosa.

"Esta diferencia entre cosas muebles o inmuebles, aparece aun en la reunión de cosas aisladas para formar un todo nuevo. Respecto a los inmuebles, la reunión de muchos campos o territorios se causa por el mismo procedimiento que hemos señalado para la división, a saber, por el simple establecimiento de límites nuevos. En cuanto a las cosas muebles, el todo nuevo, artificial, no consiste sino en la designación y uso común, sin ninguna transformación aparente de las cosas aisladas, contenidas en este todo, como la formación de una biblioteca, de un rebaño de ganado, etcétera.

"Las dos especies de transformación, división y reunión, se encuentran principalmente respecto de las cantidades. La naturaleza propia de ellas consiste en que no son determinadas sino por el número, peso o medida, porque en ellas la unidad originaria no tiene valor propio ni carácter individual. La unidad originaria, por ejemplo, es el grano de trigo aislado, todo indivisible, porque su división produciría partes heterogéneas, pero estas unidades reunidas en grandes masas son individualizadas haciendo la división por número, medida o peso. En cuanto a los cuerpos líquidos no hay unidad originaria, pero ella se crea artificialmente encerrándolos en cuerpos sólidos".

Nosotros podemos decir que con la división de las cosas en corporales e incorporales, llamando cosas incorporales a las obligaciones, y estableciendo arbitrariamente la división meramente intelectual, quedan muy pocas cosas indivisibles. En este título prescindimos de ambos antecedentes, que no han servido sino para producir la mayor confusión en esta materia.

Podemos decir también, que la división material de las cosas, objeto de las obligaciones, no se permite, cuando por la alteración de sus formas se hacen menos útiles o productivas. LL. 2. tít. 3, lib. 3. F. R.: 10, tít. 15. Part. 6ª. 2. tít. 11. Part. 6ª.

 

ARTICULO 670 - Las obligaciones de hacer son divisibles cuando tienen por objeto la prestación de hechos, determinados solamente por un cierto número de días de trabajo, o cuando consisten en un trabajo dado, según determinadas medidas expresadas en la obligación, como la construcción de un muro, estipulada por metros; pero cuando la construcción de una obra no es por medida, la obligación es indivisible.

Nota:670. Véase MAYNZ. § 276 y las leyes romanas citadas en las notas 11 y sigts. SAVIGNY § 32. La construcción de una casa, por ejemplo, es un hecho divisible, cuando se considera esta construcción en sí misma como un hecho susceptible de cumplirse sucesivamente y por partes. Pero en la obligación de construir una casa se mira menos el hecho transitorio de la construcción que su resultado final y permanente, la casa que construir. Una casa no existe como tal sino por la reunión de todas las partes que la forman: ella es indivisible en su forma específica: su construcción es por lo tanto, igualmente indivisible desde que viene a ser el objeto de una obligación. Las mismas observaciones se aplican a toda empresa que tenga por objeto una forma determinada. Tal es también la obligación de entregar un terreno destinado, según la intención de las partes, para una construcción que exige la totalidad del terreno. Aunque un terreno considerado en sí mismo sea divisible, cesa de serlo cuando viene a ser el objeto de una obligación en la cual es considerado como un lugar destinado a una construcción, o a otro uso que exija la totalidad de este terreno. POTHIER. "Oblig", núm. 293. AUBRY y RAU. § 301, notas 8 y 9.

ARTICULO 671 - En las obligaciones de no hacer, la divisibilidad o indivisibilidad de la obligación se decide por el carácter natural de la prestación, en cada caso particular.

Nota:671. "Si os habéis obligado, dice MARCADE, a no cortar sino cincuenta hectáreas del bosque de vuestro campo, para que yo pueda cazar en las restantes, y cortáis cien hectáreas, vuestra obligación queda violada en parte". Ella es pues divisible aunque consiste "in non faciendo". (Sobre el art. 1228 del Cód. francés). SAVIGNY agrega: "En las obligaciones que tienen por objeto una omisión ('non faciendi obligationes'), para juzgar de su divisibilidad o indivisibilidad, todo depende de saber si el acto de que el deudor ha prometido abstenerse, puede en sí mismo ser igualmente cumplido por cada uno de los herederos, o si cada uno no puede cumplirlo sino por parte. En el primer caso, la obligación misma es indivisible: en el segundo, es divisible". "Cuando alguno estipula con su vecino, per te non fieri, neque per heredem tuum quo minus nihil ire agere per fundum tuum liceat", esta obligación es indivisible, porque después de la muerte del deudor, un obstáculo efectivo puede provenir de todos los herederos o de uno de ellos, y en el interés del acreedor es del todo indiferente saber cuál es el autor. Cuando al contrario, un deudor estipula con su acreedor,"non amplius agit" (no demandarlo en adelante) y el acreedor muere, la estipulación se divide entre sus herederos, porque no es posible a cada heredero intentar la acción originaria, sino por su parte hereditaria, y por consiguiente no puede violar la estipulación, sino por partes". L. 4. § 1; "De verb. oblig." SAVIGNY § 32.

ARTICULO 672 - Las obligaciones alternativas que tienen por objeto prestaciones de naturaleza opuesta, no son consideradas como divisibles o indivisibles sino después de la opción del acreedor o del deudor con conocimiento del acreedor.

Nota:672. FREITAS pone los ejemplos siguientes: Si alguien se obliga a entregar un cierto número de botellas de vino, de una o de otra de dos pipas que tiene, esta obligación alternativa, debe ser luego considerada como divisible, porque las dos prestaciones de la alternativa, tienen por objeto la entrega de cantidades.

Si alguien se obliga a entregar un cierto número de botellas de vino, o a hacer un determinado servicio, no será posible saber si esta obligación alternativa es divisible o indivisible, sino después que haya elegido el acreedor o el deudor, o después que hayan escogido los herederos de éstos, entre los dos objetos de la alternativa. La razón es que una de estas prestaciones es divisible mientras que la otra, la de prestar un servicio, es indivisible.

El Derecho romano consideraba la obligación alternativa como indivisible, aunque las dos prestaciones comprendidas en ella fuesen divisibles. Si ella fuese divisible, se decía, el deudor en los casos que le correspondiese la elección, podría dar parte de una de las cosas comprendidas en la obligación. Pero esta razón es de ningún valor, porque es de la naturaleza de las obligaciones alternativas no estar el deudor obligado a todas las prestaciones comprendidas en la obligación sino a una o a otra de ellas íntegramente. Es entonces imposible que pudiese hacer el pago con parte de una de las cosas, y con parte de la otra.

ARTICULO 673 - Las obligaciones divisibles, cuando hay un solo acreedor y un solo deudor, deben cumplirse como si fuesen obligaciones indivisibles. El acreedor no puede ser obligado a recibir pagos parciales, ni el deudor a hacerlos.

Nota:673. Es consecuencia de las LL. 1, 2, 3 y 8, tít. 14 Part 5ª. L. 9, tít. 20, lib. 3 F. R. L. 9, tít. 43 lib. 8, Cód. romano. L. 41 tít. 1, lib. 22, Dig. Cód. francés, art. 1220; napolitano, 1173; sardo, 1310.

Las obligaciones no se distinguen en divisibles e indivisibles sino cuando son muchos los acreedores o los deudores. Habiendo un solo acreedor y un solo deudor, la obligación por divisible que sea, debe siempre tener una ejecución íntegra sin ser jamás susceptible de pagos parciales. Es sólo a la muerte de un deudor o de un acreedor que dejan muchos sucesores, cuando la obligación existente originariamente entre un solo acreedor y un deudor, puede dividirse, si es susceptible de división. No sería preciso que sucediese la muerte de una de las partes para aplicar los principios de la divisibilidad si la obligación se formase desde el principio por muchos acreedores, o contra muchos deudores, o si el acreedor único vendiese su crédito a muchas personas.

Téngase presente que, cuando por la muerte de una de las partes, el derecho se divide entre sus herederos, no es en parte viriles, es decir, en tantas partes cuantos sean los herederos, sino en la proporción de la parte por la cual cada uno de los herederos representa al difunto. Si pues el difunto deja dos herederos, el uno por dos tercios y el otro por un tercio, el primero será deudor o acreedor por dos tercios, y el segundo por un tercio de la obligación.

Respecto a la deuda de la obligación debemos decir que por la división, de ésta, no se divide en muchas deudas. Es sólo una deuda dividida en muchas partes, y que sólo es pagadera en porciones, porque lo es por muchas personas o a muchas personas. Si después de la muerte de un acreedor que ha dejado dos herederos, uno de éstos muere dejando por sucesor al coheredero, éste, resultando ser el único acreedor de la deuda única, no tendría derecho para hacerle el pago en dos porciones, pues la deuda única había cesado de ser pagadera a muchos.

ARTICULO 674 - Si la obligación se contrae entre muchos acreedores y un solo deudor; o entre muchos deudores y un solo acreedor, la deuda se divide entre ellos por partes iguales, si de otra manera no se hubiese convenido.

ARTICULO 675 - Si en las obligaciones divisibles hubiere muchos acreedores o muchos deudores originarios o por sucesión, cada uno de los acreedores sólo tendrá derecho para exigir su parte en el crédito; y el deudor que hubiese pagado toda la deuda a uno solo de los acreedores, no quedará exonerado de pagar la parte de cada acreedor; y recíprocamente, cada uno de los deudores sólo podrá estar obligado a pagar la parte que le corresponda en el crédito, y podrá repetir todo lo demás que hubiere pagado.

Nota:675. Véanse L. 10, tít. I, lib. 10. Nov. Rec. y L. 5, tít. 6, Part. 6ª. SAVIGNY, § 33. El Cód. francés, después de establecer en el art. 1220, casi igual al nuestro, que los herederos del deudor sólo están obligados a pagar la parte de la deuda que corresponda a su parte hereditaria, crea en el art. 1221 cinco excepciones al principio, las que nosotros reducimos a dos "El principio establecido, dice, en el artículo precedente, tiene respecto de los herederos del deudor, las excepciones siguientes:

1ª En el caso en que la deuda es hipotecaria.

2ª Cuando ella es de un cuerpo cierto.

3ª Cuando se trata de una deuda alternativa de cosas, que quedan a elección del acreedor de las cuales una es indivisible.

4ª Cuando uno de los herederos del deudor está él solo encargado, por el título, de la ejecución de la obligación.

5ª Cuando resulta, sea de la naturaleza de la obligación, sea de la cosa que hace el objeto de ella, sea del fin que se hubiesen propuesto en el contrato que la intención de los contratantes ha sido que la deuda no pudiese pagarse parcialmente".

La circunstancia de que uno de los herederos esté en posesión del inmueble hipotecado a la deuda, no cambia en nada el principio de que la obligación se divide entre los herederos del deudor. La hipoteca o la prenda son accesorios de la obligación, y por lo tanto no pueden alterar la naturaleza de la obligación principal que tenía por objeto la entrega de cosas divisibles. La hipoteca no confiere al acreedor ningún poder sobre la cosa hipotecada, sino para el efecto de asegurar el cumplimiento de la obligación. La cosa hipotecada no ha de ser entregada al acreedor, porque no es el objeto de la prestación constitutiva de la obligación principal; debe ser vendida para el pago, si el deudor no lo ejecuta. El heredero del deudor, poseedor de la cosa hipotecada, no puede ser perseguido por el pago como heredero y deudor personal. Si lo es, es por razón de otro principio que no tiene que ver con la división de las obligaciones. El acreedor hipotecario puede perseguir el inmueble hipotecado y a los poseedores del inmueble, aunque estos poseedores no sean herederos del deudor, o sean completamente extraños a la deuda. Si pues, el heredero poseedor puede ser perseguido por el todo, no es por una excepción al principio de la división de la deuda entre él y sus coherederos, sino como tenedor de la cosa hipotecada, como lo sería cualquier extraño a la sucesión, a quien pasase la posesión del inmueble hipotecado. El principio, pues, al cual el Cód. francés pretende poner una excepción, queda completamente intacto. Véase AUBRY y RAU, § 301, nota 26.

Otra excepción pone el artículo citado, y es en el caso de una deuda alternativa de cosas, de las cuales la una es indivisible, y su elección pertenece al acreedor. Pero es claro que si el pago por parte viene a ser entonces imposible, es porque la cosa elegida es indivisible, y la deuda viene a ser por supuesto también indivisible. Si la deuda es indivisible, no es entonces el caso de que habla el Cód. francés, una excepción al principio del pago por partes en las deudas divisibles. Véase MARCADE sobre el art. 1221.

ARTICULO 676 - Exceptúase de la última parte del artículo anterior, el caso en que uno de los deudores o uno de los coherederos tuviese a su cargo el pago de toda la deuda, ya en virtud del título de la obligación, o por haberse así determinado en la división de la herencia, en cuyo caso el deudor podrá ser demandado por el todo de la obligación, salvo sus derechos respecto a los otros codeudores o coherederos.

ARTICULO 677 - Si uno o varios de los codeudores fueren insolventes, los otros codeudores no están obligados a satisfacer la parte de la deuda que a aquéllos correspondía.

ARTICULO 678 - La suspensión de la prescripción respecto a alguno de los deudores, no aprovecha ni perjudica a los otros acreedores o deudores.

CAPITULO II

De las obligaciones indivisibles

ARTICULO 679 - Toda obligación de dar un cuerpo cierto es indivisible.

Nota:679. FREITAS pone una larga nota al núm. 984 de su proyecto, sosteniendo la doctrina de que la obligación de entregar cuerpos ciertos, sea cuál fuere el objeto con que se hiciese, es indivisible, contra lo que disponen algunas leyes romanas y los comentadores del Cód. de Napoleón. Hacer ver que toda la confusión que hay en la materia, ha nacido de la definición que da el art. 1217 del Cód. francés de la obligación divisible. El artículo dice, que obligación divisible es la que tiene por objeto una cosa, que en su entrega es susceptible de división, así "material", como "intelectual". Con base tan amplia, ningún objeto corpóreo puede escapar de la posibilidad de la división. Entre tanto, la naturaleza real de las cosas que no consisten en cantidades, repugna a esa divisibilidad abstracta, pues es imposible la entrega de esas cosas por partes. Las obligaciones se distinguen en divisibles e indivisibles bajo el punto de vista del objeto de su prestación, y no es posible dividirlas bajo otro aspecto. Si la cosa, en una obligación de dar, fuese materialmente divisible, la obligación también sería divisible. En el caso contrario, la obligación es indivisible. Trátase de la divisibilidad material, absoluta. Y no de la que depende de circunstancias independientes de la cosa; y así, vienen a ser divisibles solamente las obligaciones cuya prestación consiste en la entrega de cantidades, e indivisibles las obligaciones de entregar cosas ciertas no fungibles.

Nosotros, fundados en el art. 1221, del mismo Cód. francés y en varias leyes romanas, L. 72. "Dig. de Verb. Oblig.", L. I, § 36, Dig. "Depositi vel contra" y L. 3 § 3. Dig. "Commod, vel contra", aceptamos plenamente los principios de FREITAS.

ARTICULO 680 - Son igualmente indivisibles las obligaciones de hacer con excepción de las comprendidas en el art. 670.

Nota:680. SAVIGNY, § 32, núm. 2. L. 8 § 2 Dig. "de Verg. Oblig.". L. 80, § I, "ad Leg. Falc.". POTHIER: "Oblig." en el núm. 289, sostiene que las obligaciones de hacer o de no hacer pueden ser, ya divisibles o ya indivisibles, según fuese el hecho objeto de la obligación. MARCADE lo sigue; pero de los ejemplos que pone sólo se deduce que aquellos hechos que bajo un solo nombre envuelven muchos hechos, pueden dividirse y hacer resultar divisible la obligación; pero hablamos del simple hecho, y decimos que éste es indivisible, como sería la obligación de salir del país, o de hacer una construcción, el "opus" de los romanos. La L. 80, § 1, que hemos citado, decía"...neque enin ullum balneum, aut ullum theatrum aut stadium fecisse intelligitur, qui ei propriam forman, quoe ex consumatione continguit non dederit".

ARTICULO 681 - La obligación de entregar es indivisible, cuando la tradición tenga el carácter de un mero hecho, que no fuese de los designados en el art. 670, o fuese una dación no comprendida en el art. 669.

Nota:681. Véase L. 5, tít. 2, Part. 5ª, SAVIGNY en el § 32, discute extensamente la indivisibilidad de la tradición.

ARTICULO 682 - * Cuando las obligaciones divisibles o indivisibles, tengan por accesorio una prenda o hipoteca, el acreedor no está obligado a devolver la prenda ni a alzar la hipoteca en todo o en parte, mientras el total de la deuda no fuere pagado, salvo el caso de obligaciones divisibles garantidas con hipoteca en cuya ejecución los jueces declaren procedente la división del bien hipotecado para la enajenación, y la cancelación parcial de la hipoteca.

Nota:682. L. 43, tít. 13. Part. 5ª. L. "Qui pignori", Dig. "De pig. et hipot.".

Nota de Actualización:* Según ley 11.725. Texto del Código Civil: Cuando las obligaciones sean divisibles o indivisibles, tengan por accesorio una prenda o hipoteca, el acreedor no está obligado a devolver la prenda ni a alzar la hipoteca, en todo o en parte, mientras que el total de la deuda no fuese pagado.

ARTICULO 683 - La obligación que tiene por objeto la creación de una servidumbre predial es indivisible.

Nota:683. LL. 2 y 72, "De Verb. Oblig.", L. 9, tít. 31, Part. 3ª y L. 5, tít. 23, Part. 3ª.

ARTICULO 684 - Las obligaciones indivisibles no pueden constituirse respecto de un objeto común a muchos, sino con el consentimiento de todos los condóminos.

Nota:684. L. 10, tít. 31. Part. 3ª

ARTICULO 685 - Toda abstención indivisible hace indivisible la obligación. Sólo el autor de la violación del derecho debe soportar la indemnización que puede exigir el acreedor, quedando libres de satisfacerla los otros codeudores.

Nota:685. L. 2. § último. Dig. "De Verb. Oblig.". L. 199 "Del Estilo". L. 9, tít. 20, lib. 3. F. R.

ARTICULO 686 - Cualquiera de los acreedores originarios, o los que lo sean por sucesión o por contrato, pueden exigir de cada uno de los codeudores, o de sus herederos, el cumplimiento íntegro de la obligación indivisible.

Nota:686. L. 9, tít. 31, Part. 3ª. Las reglas sobre el pago de la obligación indivisible cesan, desde que esta obligación se resuelve por la inejecución de ella, en pago de pérdidas e intereses, porque las pérdidas e intereses consisten siempre en una suma de dinero, y constituyen por consiguiente, una prestación divisible. L. 25. § § 9 y 10. tít. 2, lib. 10. Dig. MAYNZ. § 276.

ARTICULO 687 - Sólo por el consentimiento de todos los acreedores, puede remitirse la obligación indivisible, o hacerse una quita de ella.

Nota:687. L. 17, tít. 31, Part. 3ª.

ARTICULO 688 - Prescripta una deuda indivisible por uno de los deudores contra uno de los acreedores, aprovecha a todos los primeros, y perjudica a los segundos; e interrumpida la prescripción por uno de los acreedores contra uno de los deudores, aprovecha a todos aquéllos, y perjudica a todos éstos.

Nota:688. L. 18, tít. 31, Part. 2ª. SAVIGNY, en el § 36 de su obra. "Derecho de las obligaciones", nos hace saber el resultado de las acciones sobre obligaciones indivisibles, cuando se deducen en juicio en el Reino de Prusia, que pueden ser un gran ejemplo para nuestros tribunales.

Caso de muchos deudores. Constitución de una servidumbre

La obligación solidaria, pesando sobre cada uno de los deudores queda siempre la misma; mas el Derecho romano sacaba el resultado que el deudor elegido como demandado estaba obligado a pagar todo el valor pecuniario de la servidumbre, valor que él recobraba enseguida, parcialmente, de cada uno de sus codeudores.

En el derecho actual, la condenación se hace sobre la constitución misma de la servidumbre, el demandado es considerado en el juicio como representante de sus codeudores. Si el demandado no quiere o no puede proceder a la ejecución de la sentencia en el tiempo que se ha fijado, por ejemplo, a causa de la resistencia de sus codeudores, entonces el juez procede directamente. Para conseguirlo nombra peritos con citación de los codeudores, que fijen la dirección y extensión de la servidumbre, y ésta, así determinada, se declara definitivamente constituida.

Construcción de una obra

La obligación solidaria queda también la misma. En cuanto a la sentencia ella no se dirige sobre el pago del valor pecuniario de la obra, sino sobre la obra misma. Sin embargo, puede suceder de continuo que la ejecución no se obtenga por medio de ejecuciones personales, y que por esta vía no se satisfagan los derechos del demandante; entonces, de acuerdo con el actor, todo se resuelve en un pago de dinero, y se da el trabajo que debe hacerse, a un tercero, de cuenta del demandado, que ha sido condenado.

Abstención indivisible

La obligación solidaria queda siempre la misma. La violación de la convención no da lugar sino a una indemnización; pero el demandante puede exigir al mismo tiempo que una garantía le sea dada de que en adelante no habrá nuevas violaciones. El demandado debe sujetarse a una pena, o dar fianza.

Caso de muchos acreedores. Constitución de una servidumbre

En este caso, cada acreedor obra aisladamente como representante de los otros. La condenación se hace sobre la servidumbre misma, y no de una suma de dinero y por consiguiente no hay cuestión como en el Derecho romano de una condenación, limitada a la parte sola que el demandante tenga en la obligación.

Construcción de una obra

En este caso se aplica la regla que acabamos de dar sobre la servidumbre, teniendo en cuenta lo que hemos dicho en el caso de muchos deudores de una obra.

Abstención indivisible

La restricción del derecho de obrar, limitada únicamente al que ha sido dañado, dándole la misma garantía para lo futuro, que hemos indicado antes.

ARTICULO 689 - Las relaciones de los acreedores conjuntos entre sí, o de los deudores conjuntos entre sí, después que uno de ellos hubiese cumplido una obligación divisible o indivisible, se reglarán de la manera siguiente:

1º Cada uno de los acreedores conjuntos debe pagar una cuota igual o desigual, designada en los títulos de la obligación, o en los contratos que entre sí hubiesen celebrado;

2º Si no hubiere títulos, o si nada se hubiese prevenido sobre la división del crédito o de la deuda entre los acreedores y deudores conjuntos, se atenderá a la causa de haberse contraído la obligación conjuntamente, a las relaciones de los interesados entre sí, y a las circunstancias de cada uno de los casos;

3º Si no fuese posible reglar las relaciones de los acreedores o deudores conjuntos entre sí, se entenderá que son interesados en partes iguales, y que cada persona constituye un acreedor o un deudor.

Nota:689. Véase L. 11, tít. 12, Part. 5ª, respecto a las obligaciones solidarias o mancomunadas, que sigue las sutilezas del Derecho romano en la L. 36, tít. 1, lib. 46, Dig. y el Cód. francés, art. 1213; sardo, 1303; holandés, 1328.

DE LAS OBLIGACIONES CON RELACION A LAS PERSONAS

TITULO XIII

De las obligaciones simplemente mancomunadas

ARTICULO 690 - La obligación que tiene más de un acreedor o más de un deudor, y cuyo objeto es una sola prestación, es obligación mancomunada, que puede ser o no solidaria.

ARTICULO 691 - En las obligaciones simplemente mancomunadas, el crédito o la deuda se divide en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, si el título constitutivo de la obligación no ha establecido partes desiguales entre los interesados. Las partes de los diversos acreedores o deudores se consideran como que constituyen otros tantos créditos o deudas, distintos los unos de los otros.

Nota:691. L. 10, tít, 1, lib. 10, Nov. Rec. MARCADE, sobre el tít. 3, lib. 3, núm. 592. La regla de la primera parte del artículo está sujeta a una modificación, cuando entre los acreedores o deudores haya muchas personas que deban considerarse como que no forman sino una sola, y que deban contarse por una sola cabeza. La misma regla se modifica por la circunstancia de que el uno de los acreedores o deudores originarios se encuentra representado por muchos herederos. En este caso, la parte del difunto se subdivide entre sus herederos a prorrata de sus porciones hereditarias.

ARTICULO 692 - El título de la constitución de la obligación puede hacer que la división del crédito o de la deuda no sea en porciones iguales, sino a prorrata del interés que cada uno de ellos pueda tener en la asociación o comunidad a la cual se refiere el crédito o la deuda.

ARTICULO 693 - Siendo el objeto de la obligación simplemente mancomunada, una cosa divisible, cada uno de los deudores está obligado solamente a su parte en la deuda, y cada uno de los acreedores puede sólo demandar su parte en el crédito. El deudor que pagase íntegra la deuda no será subrogado en los derechos del acreedor contra los otros deudores.

Nota:693. L. 10, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec. En cuanto a la última parte, véase AUBRY y RAU, § 298.

ARTICULO 694 - La insolvencia de uno de los deudores debe ser soportada por el acreedor, y no por los otros deudores.

ARTICULO 695 - Los actos emanados de uno solo de los acreedores, o dirigidos contra uno solo de los deudores, que interrumpan la prescripción, no aprovechan a los otros acreedores, y no pueden oponerse a los otros deudores.

ARTICULO 696 - La suspensión de la prescripción que tenga lugar por parte de uno de los acreedores solamente, no aprovecha a los otros, y recíprocamente, cuando la prescripción es suspendida respecto de uno de los deudores solamente, la suspensión no puede ser opuesta a los otros.

ARTICULO 697 - La mora o la culpa de uno de los deudores no tiene efecto respecto de los otros.

ARTICULO 698 - Cuando en la obligación simplemente mancomunada, hubiere una cláusula penal, no incurrirá en la pena sino el deudor que contraviniese a la obligación, y solamente por la parte que le correspondía en la obligación.

TITULO XIV

De las obligaciones solidarias

ARTICULO 699 - La obligación mancomunada es solidaria, cuando la totalidad del objeto de ella puede, en virtud del título constitutivo o de una disposición de la ley, ser demandada por cualquiera de los acreedores o a cualquiera de los deudores.

Nota:699. L. 8, tít. 12, Part. 5ª. L. 3, tít. 2, lib. 45, Dig.

ARTICULO 700 - La solidaridad puede también ser constituida por testamento, por decisión judicial, que tenga fuerza de cosa juzgada, o puede resultar de la ley respecto de los deudores.

Nota:700. SAVIGNY, § 17. POTHIER, núm. 269. ZACHARIAE, § 526, nota 7, SAVIGNY, en el parágrafo citado trata extensamente del efecto de las sentencias absolutorias y del efecto de las sentencias condenatorias. Cuando el juicio sobre el cumplimiento de la obligación se ha tenido con un solo deudor, o con un solo acreedor, o cuando el juicio ha sido arbitral y el condenado no lo obedece, él solo incurre en la pena del compromiso.

ARTICULO 701 - Para que la obligación sea solidaria, es necesario que en ella esté expresa la solidaridad por términos inequívocos, ya obligándose "in solidum", o cada uno por el todo, o el uno por los otros, etcétera, o que expresamente la ley la haya declarado solidaria.

Nota:701. L. 10, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec. L. 2, tít. 40, lib. 8, Cód. romano. Respecto de los deudores y respecto de los acreedores. L. 11, tít. 2, lib. 45, Dig. Cód. de Chile, art. 1511. Cód. Francés, art. 1202; de Nápoles, 1155; sardo, 1292; holandés, 1318.

ARTICULO 702 - La obligación no deja de ser solidaria, cuando debiéndose una sola misma cosa, ella sea para alguno de los acreedores o para alguno de los deudores obligación pura y simple, y para otros obligación condicional o a plazo, o pagadera en otro lugar.

Nota:702. LL. 2, 7, 9, 12 y 15, tít. 2, lib. 45, Dig. Cód. de Chile, art. 1512. Cód. francés, art. 1201; de Nápoles, 1154; sardo, 1291; holandés, 1317, MAYNZ, "Derecho Romano", §, 271.

ARTICULO 703 - Aunque uno de los acreedores fuese incapaz de adquirir el derecho o contraer la obligación, ésta no dejará de ser solidaria para los otros. La incapacidad sólo puede ser opuesta por el acreedor o deudor incapaz.

Nota:703. AUBRY y RAU, § 298, letra a.

ARTICULO 704 - La obligación solidaria perderá su carácter en el único caso de renunciar el acreedor expresamente a la solidaridad, consintiendo en dividir la deuda entre cada uno de los deudores. Pero si renunciare a la solidaridad sólo en provecho de uno o de alguno de los deudores, la obligación continuará solidaria para los otros, con deducción de la cuota correspondiente al deudor dispensado de la solidaridad.

ARTICULO 705 - El acreedor, o cada acreedor, o los acreedores juntos pueden exigir el pago de la deuda por entero contra todos los deudores solidarios juntamente, o contra cualquiera de ellos. Pueden exigir la parte que a un solo deudor corresponda. Si reclamasen el todo contra uno de los deudores, y resultase insolvente, pueden reclamarlo contra los demás. Si hubiesen reclamado sólo la parte, o de otro modo hubiesen consentido en la división, respecto de un deudor, podrán reclamar el todo contra los demás, con deducción de la parte del deudor libertado de la solidaridad.

Nota:705. Proyecto de GOYENA, art. 1062. L. 8, tít. 12, Part. 5ª, L. 2, tít. 40, lib. 8, Cód. romano. LL. 3 y 11, tít. 2, lib. 45, Dig. L. 1, § 43, tít. 3, lib. 16, Dig. Cód. francés, arts. 1203 y 1204; de Nápoles, 1156 y 1157; sardo, 1293 y 1294; holandés, 1319 y 1320.

ARTICULO 706 - El deudor puede pagar la deuda a cualquiera de los acreedores, si antes no hubiese sido demandado por alguno de ellos, y la obligación queda extinguida respecto de todos. Pero si hubiese sido demandado por algunos de los acreedores, el pago debe hacerse a éste.

Nota:706. ZACHARIAE, § 527, nota 3. L. 5, tít. 14, Part. 5ª. L. 16, tít. 2, lib. 45, Dig. Instit., § 1, tít. 17, lib. 3. Cód. francés, art. 1198; sardo, 1288; de Nápoles, 1153; holandés, 1315. Cada uno de los acreedores solidarios, como cada uno de los deudores es representante y mandatario de los otros. El, pues, antes de ser demandado, es libre de pagar al acreedor que le agrade, porque cada uno tiene capacidad para recibir el todo. Pero puesta ya la demanda por uno de los acreedores, el deudor podría inutilizar la acción deducida en juicio, pagando a otro, pues que el acreedor que lo ha demandado lo ha hecho a nombre y en representación de todos. Véase MARCADE, sobre los arts. 1198 y 1200.

ARTICULO 707 - * La novación, compensación o remisión de la deuda, hecha por cualquiera de los acreedores y con cualquiera de los deudores, extingue la obligación.

Nota:707. Los Códigos francés, sardo, napolitano y holandés, disponen que la remisión o quita de la deuda que no es hecha sino por alguno de los acreedores solidarios, no libra al deudor sino de la parte de ese acreedor. Parece que están conformes en cuanto a la novación y compensación. Las razones que tuvieron los jurisconsultos franceses para no dar ese efecto a la remisión o perdón de la deuda fueron, según se ve en sus discursos, que todo acreedor solidario tiene, en efecto, derecho para hacer ejecutar la obligación, pero que la remisión lejos de ser la ejecución de la obligación, la destruía por un simple acto de liberalidad. Un acreedor y un deudor de mala fe podrían por este medio perjudicar a los otros acreedores, pues les sería fácil suponer una remisión total de la deuda, aun cuando no fuese sino parcial, para sacar ambos provecho de la falsedad. Podía ser además que nada importase el recurso de los acreedores, contra el que hubiese hecho la remisión del crédito, porque podría parecer insolvente.

A estas consideraciones puede contestarse, que a nadie debe suponerse liberal de lo propio y de lo ajeno, cuando tiene obligación de reintegrarlo: que es más fácil hacer el fraude encubiertamente, dándose el acreedor por recibido de la deuda total, cuando sólo recibe un pago parcial, que hacer un fraude manifiesto en la remisión del crédito.

MARCADE, en el comentario al art. 1198 del Cód. francés, va más allá de los códigos citados, y sostiene que ni la novación, ni la compensación, ni la confusión hecha por uno de los acreedores extingue la obligación.

A la autoridad de estos códigos, podemos oponer la autoridad del Cód. romano, Instit., lib. 3, tít. 29, § 1, y la del de Chile, conformes con nuestro artículo: el proyecto de GOYENA, art. 1061, y el de FREITAS, art. 1013. En cuanto a los jurisconsultos, nuestro artículo es conforme a lo que enseña POTHIER, núm. 266, núm. 4. SAVIGNY trata la materia extensamente en el § 18 del "Derecho de las Obligaciones", demostrando que todos los equivalentes de pago, "Datio in solutum", novación, compensación, remisión de la deuda, transacción, confusión, etc., aceptados por uno de los acreedores, extingue la obligación solidaria.

Nota de Actualización:* Según ley 17.711. Texto del Código Civil: La novación, compensación, confusión o remisión de la deuda, hecha por cualquiera de los acreedores, y con cualquiera de los deudores extingue la obligación.

ARTICULO 708 - El acreedor que hubiese cobrado el todo o parte de la deuda, o que hubiese hecho quita o remisión de ella, queda responsable a los otros acreedores de la parte que a éstos corresponda, dividido el crédito entre ellos.

Nota:708. Existe, dice SAVIGNY, § 23, una cuestión muy debatida entre los jurisconsultos referente a la obligación solidaria, tanto respecto de los acreedores, como respecto de los deudores. Cuando uno de los acreedores solidarios ha recibido la totalidad de la deuda, ¿está obligado a dividir con sus coacreedores lo que se le hubiese pagado?. Cuando uno de los deudores solidarios ha pagado el todo, y con su prestación ha puesto fin a la obligación, ¿puede exigir que sus codeudores le indemnicen cada uno por su parte?. Como la obligación es solidaria, el acreedor ha recibido lo que a él se le debía, el todo del crédito, y el deudor ha pagado todo lo que el debía, el total de la deuda. Entre los jurisconsultos romanos había divergencia de opiniones. Entre los glosadores las opiniones se han dividido aún más, y esta controversia existe hasta la época actual, y aun ha tomado mayor extensión. SAVIGNY, discutiendo la materia por todos los principios de las obligaciones, y por el carácter que en la obligación solidaria toman los acreedores y deudores dice, que unos y otros no podrían librarse de las acciones que en los diversos casos podrían ejercer los acreedores y deudores. Ya la acción "pro socio" ya la acción "negotiorum gestorum", ya la acción de mandato, como que unos y otros son representantes y mandatarios de sus coacreedores, codeudores, o comuneros de lo que se ha recibido. La cesión de acciones es otro medio que tendría el deudor para hacerse indemnizar de lo que hubiese pagado por los otros deudores. Como decía la ley romana, el deudor solidario está obligado a pagar al acreedor que le demande el todo de la obligación, "si actiones suas adversus caeteros praestare non recuset". Véase AUBRY y RAU, § 298, nota 17.

ZACHARIAE, conforme con la doctrina de SAVIGNY, dice que sin embargo del principio de la comunidad del crédito, si el acreedor cobrase la parte que a él correspondiese, o si el deudor pagase la parte que tuviese en la deuda, no tendría el primero, nada que comunicar a los otros acreedores, ni el segundo, derecho a ser indemnizado del pago que hubiese hecho, a no ser que la solidaridad de unos y otros naciera de un contrato de sociedad (§ 527, nota 14).

Nosotros juzgamos que la solución de la cuestión debe únicamente determinarse por las relaciones especiales que existan entre los co-interesados, independientemente de toda solidaridad, y que varíen según las circunstancias particulares de los casos. Así, cuando se trata de acreedores solidarios es preciso examinar si según las relaciones obligatorias existentes entre ellos, el objeto pagado debe pertenecer a uno o a todos. En el primer caso, si el pago ha sido recibido por aquél a quien la cosa corresponde, él la guardará para sí: si ha sido recibido por otro, debe restituirla al que se le debe. En el segundo caso, el acreedor que ha recibido el pago, debe comunicarlo a los otros, según las porciones que les correspondan.

Las mismas reglas se aplican a la solidaridad entre deudores. Si yo me he obligado solidariamente con Pedro por hacerle un favor, sin sacar ninguna ventaja de la obligación, es evidente que si él paga toda la deuda, no tiene ningún recurso contra mí: si por el contrario, yo hubiese pagado toda la deuda, puedo exigir de Pedro el reembolso de todo lo que hubiese pagado.

Si Pedro y yo hubiésemos contraído solidariamente una obligación en la cual el uno y el otro tuviera un interés, el que de nosotros hubiese hecho el pago, podría obligar al otro al reembolso de la parte que le correspondía en la deuda, y esta parte no sería precisamente la mitad, sino que sería determinada por las relaciones particulares que hubiese hecho nacer entre nosotros la comunidad de intereses. En ciertos casos esta comunidad existe por la naturaleza de las cosas, por ejemplo, entre los socios; en otros, ha sido establecida por la ley, como entre muchos fiadores solidarios. Por el contrario, no tiene lugar, cuando la obligación proviene de un delito, "nec enim ulla societas maleficiorum", dice la ley romana. "vel communicatio justa damni ex maleficio est". El deudor solidario que tenga derecho a ejercer un recurso contra sus codeudores, usará para este efecto de los medios que le corresponda, según las circunstancias de la causa.

ARTICULO 709 - Si la cosa, objeto de la obligación, ha perecido sin culpa del deudor, la obligación se extingue para todos los acreedores solidarios.

ARTICULO 710 - Si la cosa ha perecido por el hecho o culpa de uno de los deudores, o se hallase éste constituido en mora, los otros codeudores están obligados a pagar el equivalente de la cosa.

Nota:709 y 710. L. 32, § 4, tít. 1, lib. 22, Dig. Cód. Francés, art. 1205; sardo, 1295; de Luisiana, 2091; holandés, 1321; de Nápoles, 1158.

ARTICULO 711 - La indemnización de pérdidas e intereses en el caso del artículo anterior, podrá ser demandada por cualquiera de los acreedores, del mismo modo que el cumplimiento de la obligación principal.

Nota:711. Cód. francés, art. 1205. El Cód. de Chile, art. 1521, dispone que la acción de perjuicios a que dé lugar la culpa o mora de alguno de los deudores, no podrá ser intentada por el acreedor, sino contra el deudor culpable o moroso. Lo mismo el proyecto de GOYENA, art. 1065, a no ser que hubiese estipulado expresamente que en el caso del artículo la responsabilidad debiera ser solidaria. Igual doctrina enseña MARCADE sobre el art. 1205. Pero sin embargo, establecemos lo contrario, siguiendo a FREITAS; porque la obligación de satisfacer los perjuicios en el caso de la inejecución de la obligación, es de ley según lo hemos también establecido. Esta obligación sucede a la obligación primitiva en su importancia y carácter sin necesidad de convención especial. No debe olvidarse tampoco el principio de que los deudores son mutuos mandatarios y representantes los unos de los otros, lo que en tantos casos les es muy favorable. Deben, pues sufrir las consecuencias de la culpa que ha perjudicado al acreedor solidario. "Plures eadem actionem habentes unius loco sunt".

ARTICULO 712 - Si falleciere alguno de los acreedores o deudores, dejando más de un heredero, cada uno de los coherederos no tendrá derecho a exigir o recibir, ni estará obligado a pagar sino la cuota que le corresponda en el crédito o en la deuda, según su haber hereditario.

Nota:712. Véase el art. 698.

ARTICULO 713 - Cualquier acto que interrumpa la prescripción en favor de uno de los acreedores o en contra de uno de los deudores, aprovecha o perjudica a los demás.

Nota:713. L. 5, tít. 40, lib. 8, Cód. romano. Cód. francés, art. 1199; sardo, 1289; de Nápoles, 1152, ZACHARIAE, ha tratado extensamente la materia de este artículo en el § 528, nota 6.

ARTICULO 714 - La demanda de intereses entablada contra uno de los deudores solidarios, hace correr los intereses respecto de todos.

Nota:714. Cód. francés, art. 1207, MARCADE funda la razón de este artículo en el principio de que cada uno de los deudores es mandatario de los otros, y si ha habido mora en el cumplimiento de la obligación basta hacer la interpelación judicial a uno de los deudores.

ARTICULO 715 - Cada uno de los deudores puede oponer a la acción del acreedor, todas las excepciones que sean comunes a todos los codeudores. Puede oponer también las que le sean personales, pero no las que lo sean a los demás deudores.

* La cosa juzgada recaída en juicio, es invocable por los coacreedores, pero no es oponible a los codeudores que no fueron parte en el juicio. Los codeudores pueden invocar la cosa juzgada contra el coacreedor que fue parte en el juicio.

Nota:715. L. 10, tít. 2, lib. 45, Dig. Cód. francés, art. 1208; holandés, 1327; sardo, 1297; de Nápoles, 1151.

Nota de Actualización:* Agregado por ley 17.711.

ARTICULO 716 - La obligación contraída solidariamente respecto de los acreedores, se divide entre los deudores, los cuales entre sí no están obligados sino a su parte y porción.

ARTICULO 717 - Las relaciones de los codeudores y acreedores solidarios entre sí que hubiesen pagado la deuda por entero, o que la hubiesen recibido, se reglarán como está dispuesto en el art. 689. Si alguno de los deudores resultare insolvente, la pérdida se repartirá entre todos los solventes y el que hubiese hecho el pago.

Nota:717. Cód. francés, arts. 1214 y 1215; sardo, 1304 y 1305; holandés, 1329 y 1330. Por Derecho romano, si el acreedor hubiese demandado a todos los codeudores, y a cada uno por su parte o porción, ninguno de ellos respondía de la insolvencia del otro. L. 16, tít. 41, lib. 8, código. En el caso que el acreedor hubiese dispensado de la solidaridad a uno de los deudores, POTHIER, TOULLIER, DURANTON y ZACHARIAE, enseñan que él debe sufrir el resultado de la insolvencia, MARCADE sostiene lo contrario, y con él están el Cód. francés, art. 1215, el de Chile, Goyena y Freitas.

TITULO XV

Del reconocimiento de las obligaciones

ARTICULO 718 - El reconocimiento de una obligación es la declaración por la cual una persona reconoce que está sometida a una obligación respecto de otra persona.

ARTICULO 719 - El acto del reconocimiento de las obligaciones está sujeto a todas las condiciones y formalidades de los actos jurídicos.

ARTICULO 720 - El reconocimiento puede hacerse por actos entre vivos o por disposición de última voluntad, por instrumentos públicos o por instrumentos privados, y puede ser expreso o tácito.

ARTICULO 721 - El reconocimiento tácito resultará de pagos hechos por el deudor.

ARTICULO 722 - El acto del reconocimiento debe contener la causa de la obligación original, su importancia, y el tiempo en que fue contraída.

Nota:722. TOULLIER, t. 10, núm. 313. DURANTON, t. 13, núm. 257. ZACHARIAE, § 585.

ARTICULO 723 - Si el acto del reconocimiento agrava la prestación original, o la modifica en perjuicio del deudor, debe estarse simplemente al título primordial, si no hubiese una nueva y lícita causa de deber.

SEGUNDA PARTE

EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES

TITULO XVI

Del pago

ARTICULO 724 - Las obligaciones se extinguen:

Por el pago.

Por la novación.

Por la compensación.

Por la transacción.

Por la confusión.

Por la renuncia de los derechos del acreedor.

Por la remisión de la deuda.

Por la imposibilidad del pago.

Nota:724. Se ha dispuesto ya sobre la extinción de las obligaciones por el cumplimiento de la condición resolutoria, y por el vencimiento del plazo resolutorio, y en otro lugar se tratará de la anulación de los actos que las hubiesen creado, y de la prescripción.

ARTICULO 725 - El pago es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación, ya se trate de una obligación de hacer, ya de una obligación de dar.

Nota:725. ZACHARIAE, § 557, LL. 1 y 2, tít. 14, Part. 5ª. L. 176, Dig. "De Verb. signif.". Cód. de Luisiana, arts. 2127 y 2128.

ARTICULO 726 - Pueden hacer el pago todos los deudores que no se hallen en estado de ser tenidos como personas incapaces, y todos los que tengan algún interés en el cumplimiento de la obligación.

Nota:726. L. 3, tít. 14. Part. 5ª. Los incapaces son todas las personas designadas en los arts. 54 y 55. Puede por lo tanto hacer el pago cualquiera de los deudores en una obligación solidaria o indivisible; cualquiera de los codeudores por la cuota que le corresponde, si la obligación fuese simplemente mancomunada y divisible, los fiadores, el heredero único del deudor.

ARTICULO 727 - El pago puede hacerse también por un tercero con asentimiento del deudor y aun ignorándolo éste, y queda la obligación extinguida con todos sus accesorios y garantías. En ambos casos, el que hubiese hecho el pago puede pedir al deudor el valor de lo que hubiese dado en pago. Si hubiese hecho el pago antes del vencimiento de la deuda, sólo tendrá derecho a ser reembolsado desde el día del vencimiento.

Nota:727. L. 3, tít. 14, Part. 5ª. L. 12, tít. 12, Part. 5ª, L. 53, tít. 3, lib. 46, Dig. L. 6, tít. 1, lib. 17, Dig. L. 24, tít. 19, lib. 2, Cód. romano. Véase MARCADE sobre el art. 1236. El jurisconsulto MOURLON ha tratado extensamente del pago hecho por un tercero: discute todas las opiniones relativas a la materia, y sus resoluciones están perfectamente fundadas. Cuando el pago se hace con consentimiento del deudor hay contra él la acción del mandato. Cuando se hace ignorándolo, la acción "negotiorum gestorum".

ARTICULO 728 - El pago puede también ser hecho por un tercero contra la voluntad del deudor. El que así lo hubiese verificado tendrá sólo derecho a cobrar del deudor aquello en que le hubiese sido útil el pago.

Nota:728. En cuanto a la primera parte, véanse las LL. 32, tít. 12, y 3, tít. 14, Part. 5ª. En cuanto a la segunda, en contra, L. 11, tít. 20, lib. 3, F. R. TOULLIER, t. 7, núm. 12, y FREITAS, art. 1036, ZACHARIAE, t. 3, p. 182. Proyecto de GOYENA, art. 1099. Los códigos extranjeros guardan silencio. Pero MARCADE, sobre el art. 1136, núm. 675, sostiene la resolución del artículo, porque habiéndole sido útil el pago al deudor, aunque fuese contra su voluntad, se enriquecería con lo ajeno, si el que ha hecho el pago no pudiera cobrarle ni aquello en que le ha sido útil. Un deudor se niega, por ejemplo, a que un tercero haga el pago, porque se le cobra más de lo que debe, o porque se cobra intereses que no cree deber; pero si el que ha hecho el pago sólo exige aquello que el deudor confesaba deber, no hay motivo para negarle toda acción. DURANTON, t. 12, núm. 19, es de opinión que las circunstancias del caso y los motivos de la negativa del deudor para que se haga el pago, es lo que debe decidir si hay o no alguna acción para el que ha pagado contra la voluntad del deudor. MOURLON discute el punto y resuelve la cuestión como MARCADE, porque no se puede suponer el ánimo "donandi", y porque la verdadera donación no tiene lugar sino cuando hay concurso de voluntades, ofrecimiento por una parte y aceptación por la otra.

Cuando damos al que ha hecho el pago, acción para cobrar aquello en que el pago le ha sido útil al deudor, le reconocemos sólo la acción "in rem verso", que se concede a todo aquel que emplea su dinero o sus valores en utilidad de las cosas de un tercero. Esta es la opinión de MAYNZ, § 369, nota 3.

La ley romana dice: "Liberatur enim et alio solvente sive sciente, sive ignorante debitore, vel invito eo solutio fiat... solvere pro invito, et ignorante quique licet cum sit jure civile constitum, licere etiam ignorantis initique meliorem conditionem facere". Véase sobre el artículo la L. 5, tít, 8, lib. 26, Dig.

ARTICULO 729 - El acreedor está obligado a aceptar el pago hecho por un tercero, ya pagando a nombre propio, ya a nombre del deudor; pero no estará obligado a subrogar en su lugar al que hiciere el pago.

Nota:729. Véase, L. 3, tít. 14, Part. 5ª. L. 53. tít. 3, lib. 46, Dig. El art. 1236 del Cód. francés, y MARCADE sobre dicho artículo.

ARTICULO 730 - Si la obligación fuere de hacer, el acreedor no está obligado a recibir el pago por la prestación del hecho o servicio de un tercero, si hubiese interés en que sea ejecutado por el mismo deudor.

Nota:730. Véase, L. 3, tít. 14, Part. 5ª. L. 31, tít. 3, lib. 46. Dig. Cód. francés, art. 1237; de Luisiana, 2132; sardo, 1327; holandés, 1118; napolitano, 1190.

ARTICULO 731 - El pago debe hacerse:

1º A la persona a cuyo favor estuviere constituida la obligación si no hubiese cedido el crédito, o a su legítimo representante, cuando lo hubiese constituido para recibir el pago, o cuando el acreedor no tuviese la libre administración de sus bienes;

2º A cualquiera de los acreedores, si la obligación fuese indivisible o solidaria, si el deudor no estuviese demandado por alguno de ellos;

3° A cada uno de los coacreedores, según la cuota que les corresponda, si la obligación fuese divisible, y no fuese solidaria;

4° Si el acreedor o coacreedor hubiese fallecido, a sus legítimos sucesores por título universal, o a los herederos, según la cuota que a cada uno perteneciere, no siendo la obligación indivisible.

5° A los cesionarios o subrogados, legal o convencionalmente;

6° Al que presentase el título del crédito, si éste fuese de pagarés al portador, salvo el caso de hurto o de graves sospechas de no pertenecer el título al portador;

7° Al tercero indicado para poder hacerse el pago, aunque lo resista el acreedor, y aunque a éste se le hubiese pagado una parte de la deuda.

Nota:731. LL. 3, 4, 5 y 6, tít. 14, Part. 5ª. L. 49, tít. 3, lib. 46, Dig. Cód. francés, art. 1239; napolitano, 1192; sardo, 1329. En cuanto a los incs. 2ª y 3ª, lo que está resuelto en los títulos de las obligaciones solidarias, y de las obligaciones divisibles e indivisibles. Respecto al 4º, las LL. 11, tít. 14, Part. 3ª y 14, tít. 11. Part. 5ª, L. 3, tít. 11, lib. 1, F. R. Respecto al 5º, lo que se resolverá en el capítulo del pago con subrogación.

En cuanto al 6ª, SAVIGNY, en su obra, "Derechos de las Obligaciones", trata de los títulos al portador desde el § 62 hasta el 71, según la legislación de Prusia. Nos dice que el título al portador no puede ser emitido sino por los gobiernos o sociedades especialmente autorizadas para hacerlo; y que a los particulares sólo les es permitido para dar cumplimiento a una determinada obligación, pues que el título al portador puede causar perjuicio a la moneda o papel moneda del país, y dar lugar a bancarrotas fraudulentas.

Las relaciones de derecho entre acreedor y deudor en los títulos al portador, no están sometidas a las reglas generales del derecho de los obligaciones, sino a condiciones especiales que deben encontrarse en la creación de los títulos, razón por la cual no podremos proyectar leyes sobre la materia.

El verdadero acreedor del título al portador es el poseedor del mismo, porque el hecho de la posesión establece siempre la presunción de la propiedad. Esta presunción de la propiedad tiene una doble significación: de parte del poseedor importa que puede ejercer todos los derechos del propietario; de parte del deudor que él tiene el derecho absoluto de pagar a cualquier portador del título al portador.

El traspaso del derecho tiene lugar por la tradición del título. Es el mismo procedimiento que en el traspaso de la propiedad. La forma de una cesión no es exigida ni posible, pues que el título no indica la persona que tenga el derecho anterior, y que pueda hacerlo.

La reivindicación de los títulos al portador no tiene lugar sino contra el poseedor de mala fe, por ejemplo, el que los hubiese robado, y en cuyo poder aún existiesen, o contra el depositario de ellos que se negara a entregarlos si los hubiese cobrado o dándoles curso, aunque se hallasen indudablemente en poder de determinada persona no habría lugar a la reivindicación, ni de los títulos ni del dinero que hubiesen producido, aun cuando éste existiera en poder del ladrón o depositario infiel, y el dueño anterior no tendría sino una acción personal contra el que se los hubiese sustraído, pues que no hay reivindicación de la moneda corriente.

La dificultad, en el caso de reivindicación, se presenta para la prueba de la propiedad. El demandante debe acreditar todas las indicaciones que pueden concurrir a demostrar que los títulos depositados o robados son los mismos que pretende reivindicar.

Los títulos al portador que emiten los gobiernos, como fondos públicos, billetes de tesorería, pueden sufrir una alteración aparente por una señal cierta que se les agregue, y que los ponga fuera de circulación. Los particulares no pueden dejar sin efecto en sus transacciones esta declaración del Estado, deudor originario, que hace ilegal todo acto respecto a los títulos anulados.

Cuando el propietario de un título al portador, pierde la posesión, sea que este título se le haya perdido o le haya sido robado, o se haya destruido en un incendio o en un naufragio, se encuentra colocado en una situación muy diversa de la del propietario de un papel moneda que sufre un accidente semejante. La moneda lleva su valor en sí misma, y cuando un papel moneda es destruido, la pérdida es irreparable. No sucede así en los títulos al portador que emiten los gobiernos, que no tienen valor en sí mismo, sino que son simples reconocimientos, títulos destinados a probar la obligación. La continuación de la obligación es completamente independiente de la existencia material del título que la comprueba. Puede decirse que el deudor no carga con otra obligación que la de hacer el pago al portador del título; mas aunque éste sea el derecho del deudor, no se entiende que debe ejercerlo en todas circunstancias. Este derecho no existe en casos dudosos. Cuanto antes del pago, el que dice haber perdido la posesión del título, lo notifica al deudor para que no lo pague, éste debe provisoriamente rehusar el pago al portador, a fin de dejar a las partes, la posibilidad de hacer reconocer por medio de un proceso, en quién se halla la verdadera propiedad, por oposición a la propiedad presunta.

El procedimiento que se observa en los títulos al portador que llevan cupones de intereses, es el siguiente: El propietario que ha sufrido el accidente de la pérdida, da la prueba del hecho ante la autoridad pública, encargada de la emisión de los títulos, y particularmente del pago de los intereses. Es preciso designar exactamente los números que llevan títulos y comprobar la posesión que de ellos se tenía; la consecuencia inmediata de esta designación es que la autoridad observa si se presentan cupones de intereses correspondientes a esos números, y si así sucede, no son pagados al portador de ellos. El reclamante debe ser instruido de la presentación, y de la persona del portador, y el negocio se resuelve en un proceso entre las dos partes.

Si se supone una destrucción material, la autoridad hace conocer públicamente por avisos sucesivos la pérdida declarada de los números, y llama a los que puedan ser tenedores de ellos para que los presenten. Si estos avisos no producen ningún resultado satisfactorio en el término de tres años, una decisión judicial declara la no existencia del título, y el que lo ha perdido recibe otro título de igual valor. Si aparece después un poseedor del título perdido, el Estado está exonerado de pagarlo: el negocio es ya entre partes, ante los jueces que declaran a quién pertenece el nuevo título que reemplazó al que se juzgaba perdido.

En cuanto al inc. 7°. L. 5, tít. 14, Part. 5ª, L. 12, tít. 3, lib. 46, Dig.

ARTICULO 732 - El pago hecho al que está en posesión del crédito es válido, aunque el poseedor sea después vencido en juicio sobre la propiedad de la deuda.

Nota:732. Cód. francés, art. 1240; sardo, 1330. Estar en posesión de un crédito no es tener el acto escrito que lo pruebe, sino gozar pacíficamente de la calidad de acreedor. Así, un heredero aparente está en posesión de los créditos hereditarios, y son válidos los pagos que le hacen los deudores de la sucesión, aunque después sea vencido en juicio y declarado no ser heredero. Por lo demás, tener el documento del crédito constituye la posesión cuando se trata de documentos pagaderos al portador. Véase MARCADE, sobre el art. 1240.

ARTICULO 733 - El pago hecho a un tercero que no tuviese poder para recibirlo, es válido en cuanto se hubiese convertido en utilidad del acreedor, y en el todo, si el acreedor lo ratificase.

Nota:733. Regla 17, tít. 34. Part. 7º, y L. 5, tít. 14, Part. 5ª, Cód. francés, art. 1239; napolitano, 1292; sardo 1329.

ARTICULO 734 - El pago no puede hacerse a persona impedida de administrar sus bienes. Sólo será válido en cuanto se hubiese convertido en su utilidad.

Nota:734. Regla 17, tít. 34, Part. 7ª, L. 5, tít. 8, lib. 26, Dig. Cód. francés, art. 1241; napolitano, 1194; sardo, 1431; holandés, 1122.

ARTICULO 735 - Si el acreedor capaz de contraer la obligación se hubiese hecho incapaz de recibir el pago, el deudor que sabiendo la incapacidad sobreviniente se lo hubiese hecho, no extingue la obligación.

ARTICULO 736 - Si la deuda estuviese pignorada o embargada judicialmente, el pago hecho al acreedor no será válido. En este caso la nulidad del pago aprovechará solamente a los acreedores ejecutantes o demandantes, o a los que se hubiesen constituido la prenda, a quienes el deudor estará obligado a pagar de nuevo, salvo su derecho a repetir contra el acreedor a quien pagó.

Nota:736. Cód. francés, art. 1242; napolitano, 1195; sardo, 1332; holandés 1123.

ARTICULO 737 - El pago hecho por el deudor insolvente en fraude de otros acreedores es de ningún valor.

Nota:737. L. 7, tít. 15, Part. 5ª. De la revocación de los pagos hechos por el deudor en fraude de los acreedores, se dispondrá en la sección siguiente.

ARTICULO 738 - Cuando por el pago deba transferirse la propiedad de la cosa, es preciso para su validez, que el que lo hace sea propietario de ella y tenga capacidad de enajenarla. Si el pago fuese de una suma de dinero o de otra cosa que se consuma por el uso, no puede ser repetido contra el acreedor que la haya consumido de buena fe.

Nota:738. Véase Cód. francés, art. 1238, y sobre él a MARCADE. Respecto a la segunda parte, L. 14, § 8, tít. 3, lib. 46, Dig. Cuando el que paga no es propietario de la cosa, y ésta es un inmueble, puede ser reivindicada por el verdadero propietario. Pero si el propietario no ejerce la repetición de la cosa, el deudor que la ha entregado no podrá hacerlo, por el principio "quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio". Si se tratase de un mueble que no fuese perdido ni robado, el acreedor que lo ha recibido de buena fe no puede ser inquietado. Si el mueble hubiese sido perdido o robado, podrá ser repetido por el dueño pero no por el que lo ha pagado. Si el acreedor lo hubiese consumido de buena fe, no hay recurso contra él. Cuando el deudor propietario de la cosa dada en pago, no tenía capacidad para enajenarla, la nulidad del pago no puede ser demandada sino por el incapaz o sus representantes, y no por el acreedor que la hubiese recibido, porque los beneficios de la incapacidad sólo se han establecido a favor de los incapaces.

Estos son los derivados inmediatos del artículo.

ARTICULO 739 - Lo que está dispuesto sobre las personas que no pueden hacer pagos, es aplicable a las que no pueden recibirlos.

CAPITULO I

De lo que se debe dar en pago

ARTICULO 740 - El deudor debe entregar al acreedor la misma cosa a cuya entrega se obligó. El acreedor no puede ser obligado a recibir una cosa por otra, aunque sea de igual o mayor valor.

Nota:740. L. 3, tít. 14, Part. 5ª, L. 17, Cód. "De Solutionibus", Cód. francés, art. 1243.

ARTICULO 741 - Si la obligación fuere de hacer, el acreedor tampoco podrá ser obligado a recibir en pago la ejecución de otro hecho, que no sea el de la obligación.

Nota:741. La ley de Partida antes citada que pone la excepción, cuando el deudor no puede ejecutar el hecho, en cuyo caso debe cumplir la obligación según lo ordene el juez.

ARTICULO 742 - Cuando el acto de la obligación no autorice los pagos parciales, no puede el deudor obligar al acreedor a que acepte en parte el cumplimiento de la obligación.

Nota:742. El espíritu de las LL. 1, 2, 3 y 8, tít. 14, Part. 5ª. Véanse las citas sobre el art. 673.

ARTICULO 743 - Si la deuda fuese en parte líquida y en parte ilíquida, podrá exigirse por el acreedor, y deberá hacerse el pago por el deudor de la parte líquida, aun antes de que pueda tener lugar el pago de la que no lo sea.

Nota:743. Proyecto de GOYENA, art. 195. Arg. de la L. 8, tít. 4, lib. 5, Dig.

ARTICULO 744 - Si se debiese suma de dinero con interés, el pago no se estimará íntegro sino pagándose todos lo intereses con el capital.

Nota:744. Cód. de Chile, art. 1591.

ARTICULO 745 - Si el pago consistiese en la entrega de cosas determinadas, o de cosas inciertas o de cosas fungibles o no fungibles, se observarán las disposiciones contenidas en el título "De las obligaciones de dar".

Nota:745. Las leyes romanas y los códigos modernos exigen la prueba del pago de los tres últimos períodos, para suponer el pago de los anteriores. Pero para esto no hay razón alguna. Si el acreedor o la oficina pública encargada de una contribución, da el recibo por el último año de una pensión o contribución anual, los acreedores sólo deben ser culpados, cuando no expresaron que quedaban impagas las pensiones o contribuciones anteriores. Este es el caso de aplicar el principio: "Plus favemus liberationibus quam obligationibus".

ARTICULO 746 - Cuando el pago deba ser hecho en prestaciones parciales, y en períodos determinados, el pago hecho por el último período hace presumir el pago de los anteriores, salvo la prueba en contrario.

CAPITULO II

Del lugar en que debe hacerse el pago

ARTICULO 747 - El pago debe ser hecho en el lugar designado en la obligación. Si no hubiese lugar designado, y se tratase de un cuerpo cierto y determinado deberá hacerse donde éste existía al tiempo de contraerse la obligación. En cualquier otro caso, el lugar del pago será el del domicilio del deudor al tiempo del cumplimiento de la obligación.

Nota:747. Cód. francés, art. 1247; napolitano, 1101; sardo, 1337; de Luisiana, 2153, en cuanto a los dos primeros párrafos. Respecto al segundo inciso, el Cód. de Holanda, art. 1429, designa el domicilio del acreedor. La L. 13, tít. 11, Part. 5ª, dispone como el primer párrafo del artículo; más la L. 32, tít. 2, Part. 3ª, da competencia al juez del lugar del contrato como que allí fuese el fuero de la causa, sin expresar que el obligado haya de encontrarse o no en ese lugar. Por las leyes romanas el que se obligó a pagar en determinado lugar, no puede hacer el pago en otro contra la voluntad del acreedor. L. 9, tít. 4, lib. 13, Dig. L. 19, tít. 1, lib. 5, Dig.

ARTICULO 748 - Si el deudor mudase de domicilio, en los casos en que el lugar de éste fuese el designado para el pago, el acreedor podrá exigirlo, o en el lugar del primer domicilio, o en el del nuevo deudor.

ARTICULO 749 - Si el pago consistiese en una suma de dinero, como precio de alguna cosa enajenada por el acreedor, debe ser hecho en el lugar de la tradición de la cosa, no habiendo lugar designado, salvo si el pago fuese a plazos.

CAPITULO III

Del tiempo en que debe hacerse el pago

ARTICULO 750 - El pago debe ser hecho el día del vencimiento de la obligación.

Nota:750. L. 13, tít. 11, Part. 5ª, L. 8, tít. 14; Part 5ª, L. 42, tít. 1, lib. 45, Dig., tít. 16, § 2. lib. 8, Instit.

ARTICULO 751 - Si no hubiese plazo designado, se observará lo dispuesto en el art. 618.

ARTICULO 752 - Si por el acto de la obligación se autorizare al deudor para hacer el pago cuando pudiese o tuviese medios de hacerlo, se observará lo dispuesto en el art. 620.

ARTICULO 753 - Puede el acreedor exigir el pago antes del plazo, cuando el deudor se hiciese insolvente, formando concurso de acreedores. Si la deuda fuese solidaria, no será exigible contra los codeudores solidarios, que no hubiesen provocado el concurso.

ARTICULO 754 - Puede también el acreedor exigir el pago antes del plazo, cuando los bienes hipotecados o dados en prenda, fuesen también obligados por hipoteca o prenda a otro acreedor, y por el crédito de éste se hiciese remate de ellos en ejecución de sentencias pasadas en cosa juzgada.

ARTICULO 755 - Si el deudor quisiere hacer pagos anticipados y el acreedor recibirlos, no podrá éste ser obligado a hacer descuentos.

Nota:755. Porque se ha establecido ya, que el plazo en las obligaciones es a favor de deudor y acreedor.

El Cód. francés, por el art. 1244, autoriza a los jueces para conceder dilaciones para el pago, aun después de cumplido el plazo de la obligación, cuando la posición del deudor lo exija. Si los jueces deben tener o no esta facultad, es una cuestión muy debatida entre los jurisconsultos franceses. MARCADE sobre dicho artículo, DURANTON, t. 12, núm. 88, y DALLOZ, sección I, art. 1, § 5, núm. 24, sostienen la afirmativa. En contra MERLIN. "Quoest, verb. Ejecut Parée", TOULLIER, t. 6, núm. 660.

CAPITULO IV

Del pago por consignación

ARTICULO 756 - Págase por consignación, haciéndose depósito judicial de la suma que se debe.

Nota:756. L. 8, tít. 14, Part. 5ª, LL. 19, tít. 32, lib. 4 y 9, tít. 43, lib. 8, Cód. romano. Cód. francés, art. 1257; sardo, 1347; holandés, 1440; napolitano, 1211. En todos los códigos de Europa y América la consignación comprende, tanto las deudas de sumas de dinero, como las deudas de cosas ciertas o inciertas, cuando en realidad la consignación no puede tener lugar, sino respecto a las deudas de dinero. ¿Cómo haría el deudor el depósito judicial de un cargamento de hierro, para ofrecerlo al acreedor en su domicilio, y seguir todas las reglas de la consignación para las sumas de dinero? Para cualquier otra cosa la oferta al acreedor por parte del deudor, para que venga a tomar la cosa debida, debe causar su liberación, y tener los efectos de la consignación.

ARTICULO 757 - La consignación puede tener lugar:

1º. Cuando el acreedor no quisiera recibir el pago ofrecido por el deudor;

2º. Cuando el acreedor fuese incapaz de recibir el pago al tiempo que el deudor quisiere hacerlo;

3º. Cuando el acreedor estuviese ausente;

4º. Cuando fuese dudoso el derecho del acreedor a recibir el pago, y concurrieren otras personas a exigirlo del deudor, o cuando el acreedor fuese desconocido;

5º. Cuando la deuda fuese embargada o retenida en poder del deudor, y éste quisiera exonerarse del depósito;

6º. Cuando se hubiese perdido el título de la deuda;

7º. Cuando el deudor del precio de inmuebles adquiridos por él, quisiera redimir las hipotecas con que se hallasen gravados.

ARTICULO 758 - La consignación no tendrá la fuerza de pago, sino concurriendo en cuanto a las personas, objeto, modo y tiempo, todos los requisitos sin los cuales el pago no puede ser válido. No concurriendo estos requisitos, el acreedor no está obligado a aceptar el ofrecimiento del pago.

ARTICULO 759 - La consignación hecha por depósito judicial, que no fuese impugnada por el acreedor, surte todos los efectos del verdadero pago. Si fuese impugnada, por no tener todas las condiciones debidas, surte los efectos del pago, desde el día de la sentencia que la declare legal.

Nota:759. Las citas sobre el art. 724.

ARTICULO 760 - Si el acreedor no impugnare la consignación, o si fuese vencido en la oposición que hiciere, los gastos del depósito y las costas judiciales serán a su cargo. Serán a cargo del deudor, si retirase el depósito, o si la consignación se juzgare ilegal.

Nota:760. Cód. francés, art. 1260; sardo, 1350; napolitano, 1214.

ARTICULO 761 - Mientras el acreedor no hubiese aceptado la consignación, o no hubiese recaído declaración judicial teniéndola por válida, podrá el deudor retirar la cantidad consignada. La obligación en tal caso renacerá con todos sus accesorios.

Nota:761. Cód. francés, art. 1261; sardo, 1351; napolitano, 1215.

ARTICULO 762 - Si ha habido sentencia declarando válida la consignación, el deudor no puede retirarla, ni con consentimiento del acreedor, en perjuicio de sus codeudores o fiadores.

Nota:762. Cód. francés, art. 1262. El pago estaba definitivamente hecho y extinguida la obligación principal con todos sus accesorios.

ARTICULO 763 - Si declarada válida la consignación, el acreedor consiente que el deudor la retire, no puede, para el pago de su crédito, aprovecharse de las garantías o seguridades que le competían, y los codeudores y fiadores quedarán libres.

Nota:763. Cód. francés, art. 1263; napolitano 1217; sardo 1353.

Deudas de cuerpos ciertos

ARTICULO 764 - Si la deuda fuese de un cuerpo cierto, que deba ser entregado en el lugar en que se encuentre, el deudor deberá hacer intimación judicial al acreedor para que lo reciba; y desde entonces la intimación surte todos los efectos de la consignación. Si el acreedor no lo recibe, la cosa debida puede ser depositada en otra parte con autorización judicial.

Nota:764. Cód. francés, art. 1264. MARCADE sobre este artículo, trata perfectamente esta materia.

ARTICULO 765 - Si la cosa se hallase en otro lugar que aquel en que deba ser entregada, es a cargo del deudor transportarla a donde debe ser entregada, y hacer entonces la intimación al acreedor para que la reciba.

Deudas de cosas indeterminadas a elección del acreedor

ARTICULO 766 - Si la cosa debida fuese indeterminada y a elección del acreedor, el deudor debe hacerle intimación judicial para que haga la elección. Si rehusare hacerla, el deudor podrá ser autorizado por el juez para verificarla. Hecha ésta, el deudor debe hacer la intimación al acreedor para que la reciba, como en el caso de la deuda de cuerpo cierto.

Nota:765 y 766. MARCADE en el lugar citado.

CAPITULO V

Del pago con subrogación

ARTICULO 767 - El pago con subrogación tiene lugar, cuando lo hace un tercero, a quien se transmiten todos los derechos del acreedor. La subrogación es convencional o legal. La subrogación convencional puede ser consentida, sea por el acreedor, sin intervención del deudor, sea por el deudor, sin el concurso de la voluntad del acreedor.

Nota:767. La subrogación es, en verdad, una ficción jurídica admitida o establecida por la ley en virtud de la cual, una obligación extinguida por medio del pago efectuado por un tercero, o por el deudor con los dineros que un tercero le ha dado a ese efecto, es considerada como que continúa subsistiendo a beneficio de este tercero, que está autorizado para hacer valer en la medida de lo que ha desembolsado, los derechos y acciones del antiguo acreedor.

ARTICULO 768 - La subrogación tiene lugar sin dependencia de la cesión expresa del acreedor a favor:

1º. Del que siendo acreedor paga a otro acreedor que le es preferente;

2º. Del que paga una deuda al que estaba obligado con otros o por otros;

3º. Del tercero no interesado que hace el pago, consintiéndolo tácita o expresamente el deudor, o ignorándolo;

4º. Del que adquirió un inmueble, y paga al acreedor que tuviese hipoteca sobre el mismo inmueble.

5º. Del heredero que admitió la herencia con beneficio de inventario y paga con sus propios fondos la deuda de la misma.

Nota:768. Cód. francés, art. 1251; sardo, 1441; holandés, 1438; napolitano, 1204. Por Derecho romano sólo el acreedor hipotecario posterior, que pagaba al hipotecario anterior, queda subrogado por ministerio de la ley, pero no lo quedaba el simple acreedor quirografario, o un tercero, a no mediar pacto o cesión. Lo mismo dispone la ley de Partidas 34, tít. 3, Part. 5ª, LL. 22, tít. 14 y 1, 5, 8 y 10, tít 18, lib. 8, Cód. romano. Véase a GOYENA, art. 1117. Respecto al núm. 2, véase a MARCADE sobre el art. 1252, núm. 718.

ARTICULO 769 - La subrogación convencional tiene lugar, cuando el acreedor recibe el pago de un tercero, y le transmite expresamente todos sus derechos respecto de la deuda. En tal caso, la subrogación será regida por las disposiciones sobre la "cesión de derechos".

Nota:769. Cód. francés, art. 1250; sardo, 1340; napolitano, 1203.

ARTICULO 770 - La subrogación convencional puede hacerse también por el deudor, cuando paga la deuda de una suma de dinero, con otra cantidad que ha tomado prestada, y subroga al prestamista en los derechos y acciones del acreedor primitivo.

Nota:770. Cód. francés, art. 1250, L. 2, tít. 3, lib. 42, Dig. L. 1, tít. 19, lib. 8, Cód. romano.

ARTICULO 771 - La subrogación legal o convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y garantías del antiguo acreedor, tanto contra el deudor principal y codeudores, como contra los fiadores, con las modificaciones siguientes:

1º. El subrogado no puede ejercer los derechos y acciones del acreedor, sino hasta la concurrencia de la suma que él ha desembolsado realmente para la liberación del deudor;

2º. El efecto de la subrogación convencional puede ser limitado a ciertos derechos y acciones por el acreedor, o por el deudor que la consiente;

3º. La subrogación legal, establecida en provecho de los que han pagado una deuda a la cual estaban obligados con otros, no los autoriza a ejercer los derechos y las acciones del acreedor contra sus coobligados, sino hasta la concurrencia de la parte, por la cual cada uno de estos últimos estaba obligado a contribuir para el pago de la deuda.

Nota:771. Cód. francés, art. 1252. Véase a MARCADE sobre este artículo del código, núm. 1. MERLIN, "Quoest, verb. Subrog. de pers.", § 1. DURANTON, t. 12, núm. 122. AUBRY y RAU, lib. 1, § 321, núm. 4.

ARTICULO 772 - Si el subrogado en lugar del acreedor hubiere hecho un pago parcial, y los bienes del deudor no alcanzaren a pagar la parte restante del acreedor y la del subrogado, éstos concurrirán con igual derecho por la parte que se les debiese.

Nota:772. En contra, cód. francés, art. 1152; sardo, 1442; napolitano, 1205. MARCADE sostiene la resolución de nuestro artículo contra el código francés de una manera incontestable, núm. 713.

CAPITULO VI

De la imputación del pago

ARTICULO 773 - Si las obligaciones para con un solo acreedor, tuviesen por objeto prestaciones de la misma naturaleza, el deudor tiene la facultad de declarar al tiempo de hacer el pago, por cuál de ellas debe entenderse que lo hace.

Nota:773. L. 10, tít. 14, Part. 5ª, L. 8, tít. 20, lib, 3. F. R. LL. 1, 2 y 3, tít. 3, lib. 46, Dig. L. 1, tít. 43, lib. 8, cód. romano. Cód. francés, art. 1253; sardo 1343; napolitano, 1707.

ARTICULO 774 - La elección del deudor no podrá ser sobre deuda ilíquida, ni sobre la que no sea de plazo vencido.

ARTICULO 775 - Cuando el deudor no ha escogido una de las deudas líquidas y vencidas para la imputación del pago, y hubiese aceptado recibo del acreedor, imputando el pago a alguna de ellas especialmente, no puede pedir se impute en cuenta de otra, a menos que haya mediado dolo, violencia o sorpresa por parte del acreedor.

Nota:775. Cód. francés, art. 1255. Véase L. 1, tít. 3, lib. 46, Dig. Argumento de la L. 10, tít. 14, Part. 5ª. L. 8, tít. 20, lib. 3, F. R. POTHIER, número 529 al 7.

ARTICULO 776 - Si el deudor debiese capital con intereses, no puede, sin consentimiento del acreedor, imputar el pago al principal.

Nota:776. L. 5, tít. 3, lib. 46, Dig. L. 1, tít. 43, lib. 8, cód. romano. Cód. francés, art. 1254; sardo, 1344; napolitano, 1108.

ARTICULO 777 - El pago hecho por cuenta de capital e intereses, se imputará primero a los intereses, a no ser que el acreedor diese recibo por cuenta del capital.

Nota:777. Véase L. 10, tít. 14, Part. 5ª, L. 1, cód. "De Solutionibus". L. 5, tít. 3, lib. 46, Dig.

ARTICULO 778 - No expresándose en el recibo del acreedor a qué deuda se hubiese hecho la imputación del pago, debe imputarse entre las de plazo vencido, a la más onerosa al deudor, o porque llevara intereses, o porque hubiera pena constituida por falta de cumplimiento de la obligación, o por mediar prenda o hipoteca, o por otra razón semejante. Si las deudas fuesen de igual naturaleza, se imputará a todas a prorrata.

Nota:778. L. 10, tít. 14, Part. 5ª . LL. 5 y 103, tít. 3, lib. 46, Dig. Cód. francés, art. 1256; napolitano, 1110; sardo, 1346. Los comentadores del Cód. francés, enseñan que en caso de dos deudas de igual naturaleza, el pago debe imputarse a la más antigua. MARCADE en el núm. 726. Lo mismo GREGORIO LOPEZ, sobre la ley de Partida citada, y algunas de las leyes romanas citadas, y el inciso 1256 del Cód. francés. Pero para esto no hay razón alguna, ni se presenta para el deudor motivo de preferencia para hacer el pago de la deuda más antigua. Seguimos pues, la resolución de la ley de Partida, que no supone preferencia a la deuda más antigua y que en caso de deudas de igual naturaleza, juzga el pago como hecho a prorrata entre ellas.

CAPITULO VII

Del pago por entrega de bienes

ARTICULO 779 - El pago queda hecho, cuando el acreedor recibe voluntariamente por pago de la deuda, alguna cosa que no sea dinero en sustitución de lo que se le debía entregar, o del hecho que se le debía prestar.

ARTICULO 780 - Si la cosa recibida por el acreedor fuese un crédito a favor del deudor, se juzgará por las reglas de la "cesión de derechos".

ARTICULO 781 - Si se determinase el precio por el cual el acreedor recibe la cosa en pago, sus relaciones con el deudor serán juzgadas por las reglas del contrato de "compraventa".

ARTICULO 782 - Los representantes del acreedor, sean necesarios o voluntarios, no están autorizados para aceptar pagos por entrega de bienes.

ARTICULO 783 - Si el acreedor fuese vencido en juicio sobre la propiedad de la cosa dada en pago, tendrá derecho para ser indemnizado como comprador, pero no podrá hacer revivir la obligación primitiva.

CAPITULO VIII

De lo dado en pago de lo que no se debe

ARTICULO 784 - El que por un error de hecho o de derecho, se creyere deudor, y entregase alguna cosa o cantidad en pago, tiene derecho a repetirla del que la recibió.

Nota:784. LL. 28 y sigts., tít. 14, Part. 5ª, L. 7, tít. 6, lib. 12, Dig. Institut., tít. 28, lib. 3, § 6. Véase los arts. 1376 y 1377 del Cód. francés que hablan tanto del acreedor como del deudor. Lo siguen los demás códigos publicados. En esos códigos no se distingue si la entrega se ha hecho por un error de hecho o por un error de derecho, y esto ha originado una grave cuestión entre los jurisconsultos franceses. TOULLIER, t. 11, núms. 60 y 61, y ZACHARIAE, t. 3, ps. 183 y 185, fundados en el Derecho romano, sostienen que el que paga por un error de derecho no tiene repetición, porque tal error no puede alegarse. Pero el principio de equidad, dice MARCADE, que siempre es principio en nuestro derecho civil no permite enriquecerse con lo ajeno y que un supuesto acreedor se quede con una suma o con una cosa que no se le debía, o que no se la debía el que la entrega. Cuando a él nada se le debe, es indudable que no puede apoyarse en el error ajeno; cuando es verdadero acreedor, y otro, por un error de derecho, le hace el pago, la repetición no le priva de cobrar lo que le deba el verdadero deudor. Un legatario, por ejemplo, que errando en el derecho cree que debe pagar una deuda del testador, y la paga en efecto, no le priva al acreedor, por la repetición que ejerza, cobrar lo que le debe el verdadero deudor.

ARTICULO 785 - El derecho de repetir lo entregado cesa, cuando el acreedor ha destruido el documento que le servía de título a consecuencia del pago; pero le queda a salvo el derecho al que ha pagado, contra el deudor verdadero.

Nota:785. El acreedor que en el caso del artículo recibe el pago, ha podido creer que el que lo hace es un tercero que paga por el verdadero deudor, y ha inutilizado el título del crédito. El error del que le ha hecho el pago no debe perjudicarlo. Al que ha hecho el pago, le queda la acción "negotiorum gestorum" contra el verdadero deudor.

ARTICULO 786 - El que recibió el pago de buena fe, está obligado a restituir igual cantidad que la recibida, o la cosa que se le entregó con los frutos pendientes, pero no los consumidos. Debe ser considerado como el poseedor de buena fe.

Nota:786. No hacemos concordancia en éste y los artículos que siguen, porque nos separamos enteramente, tanto de las resoluciones de nuestras leyes, como de la de los códigos extranjeros en puntos muy importantes.

ARTICULO 787 - * Si el que de buena fe recibió en pago una cosa raíz, la hubiese enajenado por título oneroso o por título lucrativo, el que hizo el pago puede reivindicarla de quien la tuviese.

Nota:787. Esta es otra grave cuestión entre los jurisconsultos. La ley de Partida, 37, tít. 14, Part. 5ª, y todos los códigos extranjeros, sólo obligan al acreedor putativo, a la devolución del precio de la cosa, si la hubiese vendido. TOULLIER, t. 11, núms. 97 y 99, fundado en el Derecho romano le niega al que hizo el pago el derecho de reivindicación; pero DURANTON, t. 13, núm. 683, y MARCADE sobre los arts. 1378 y sigts., sostienen la afirmativa. Lo estricto de los principios del Derecho romano hacía no considerar al acreedor putativo como mero poseedor de buena fe, sino como simple deudor de la cosa, cuando en realidad sólo es poseedor de buena fe de la cosa que se le ha dado en pago. Nosotros lo hemos calificado como tal en los artículos anteriores, y decimos que el poseedor de buena fe, que verdaderamente no es dueño de la cosa, no transmite la propiedad de ella, cuando la enajena, y puede reivindicarla el verdadero propietario. En las herencias, si el heredero aparente, enajena las cosas hereditarias, pueden ser éstas reivindicadas por los verdaderos herederos cuando ha sido vencido en juicio, pues no se le considera, sino como poseedor de buena fe. No se pueden transferir otros derechos que los propios, y la enajenación hecha por el que no es propietario, no hace propietario al que la adquiere. El que ha recibido en pago una cosa que no se le debía, no ha podido llegar a ser propietario de ella, pues la tradición que se le hizo fue por un error y por una falsa causa.

Nota de Actualización:* Ver el art. 1051, Cód. Civil, reformado por ley 17.711.

ARTICULO 788 - Si ha habido mala fe en el que recibió el pago, debe restituir la cantidad o la cosa, con los intereses o los frutos que hubiese producido o podido producir desde el día del pago. Debe ser considerado como el poseedor de mala fe.

Nota:788. Conforme la L. 37, tít. 14, Part. 5ª.

ARTICULO 789 - Si la cosa se ha deteriorado o destruido, aunque sea por caso fortuito, el que la recibió de mala fe en pago, debe reparar su deterioro o su valor, a no ser que el deterioro o pérdida de ella hubiera también de haber sucedido, estando en poder del que la entregó.

Nota:789. Un terremoto, por ejemplo, que hubiese destruido o deteriorado la cosa lo mismo estando en poder del actual poseedor, que en poder de su verdadero dueño. Este es el gran principio de equidad del Derecho romano. "Nullan injurian, aut dam num dare videtur aeque perituris edibus". AUBRY y RAU, § 321. Cód. francés, art. 1302, inc. 1º, Cód. sardo, art. 1393, inc. 1º.

ARTICULO 790 - Habrá también error esencial con lugar a la repetición, aunque el deudor lo sea efectivamente, en los casos siguientes:

1º. Si la obligación fuese condicional, y el deudor pagase antes del cumplimiento de la condición;

2º. Si la obligación fuese de dar una cosa cierta, y el deudor pagase al acreedor, entregándole una cosa por otra;

3º. Si la obligación fuese de dar una cosa incierta, y sólo determinada por su especie, o si fuese la obligación alternativa y el deudor pagase en la suposición de estar sujeto a una obligación de dar una cosa cierta, o entregando al acreedor todas las cosas comprendidas en la alternativa;

4º. Si la obligación fuese alternativa compitiendo al deudor la elección, y él hiciese el pago en la suposición de corresponder la elección al acreedor;

5º. Si la obligación fuese de hacer o de no hacer, y el deudor pagase prestando un hecho por otro, o absteniéndose de un hecho por otro;

6º. Si la obligación fuese divisible o simplemente mancomunada, y el deudor la pagase en su totalidad como si fuese solidaria.

ARTICULO 791 - No habrá error esencial, ni se puede repetir lo que se hubiese pagado, en los casos siguientes:

1º. Cuando la obligación fuere a plazo y el deudor pagase antes del vencimiento del plazo;

2º. Cuando se hubiere pagado una deuda que ya se hallaba prescripta;

3º. Cuando se hubiere pagado una deuda cuyo título era nulo o anulable por falta de forma, o vicio en la forma;

4º. Cuando se pagare una deuda, que no hubiese sido reconocida en juicio por falta de prueba;

5º. Cuando se pagare una deuda, cuyo pago no tuviese derecho el acreedor a demandar en juicio, según este código;

6º. Cuando con pleno conocimiento se hubiere pagado la deuda de otro.

ARTICULO 792 - El pago efectuado sin causa, o por una causa contraria a las buenas costumbres, como también el que se hubiese obtenido por medios ilícitos, puede ser repetido, haya sido o no hecho por error.

Nota:792. Este artículo y los siguientes, son consecuencias necesarias de los artículos desde el 499 hasta el 504 inclusive.

ARTICULO 793 - El pago debe ser considerado hecho sin causa, cuando ha tenido lugar en consideración a una causa futura, a cuya realización se oponía un obstáculo legal, o que de hecho no se hubiese realizado, o que fuese en consideración de una causa existente pero que hubiese cesado de existir.

Nota:793. Por ejemplo, una suma dada a título de dote en mira de un matrimonio legalmente imposible, o que de hecho no se hubiese celebrado; y en el caso de una indemnización pagada por falta de exhibición de una cosa, de la cual el propietario hubiese después recobrado la posesión.

ARTICULO 794 - Es también hecho sin causa, el pago efectuado en virtud de una obligación, cuya causa fuese contraria a las leyes o al orden público; a no ser que fuese hecho en ejecución de una convención, que debiese procurar a cada una de las partes una ventaja ilícita, en cuyo caso no podrá repetirse.

Nota:794. Por ejemplo, en el caso que una sociedad se formase para operaciones de contrabando, y una de las partes quisiera repetir contra la otra las sumas pagadas en ejecución de la convención a título de beneficios o pérdidas.

ARTICULO 795 - El pago hecho por una causa contraria a las buenas costumbres, puede repetirse cuando sólo hay torpeza por parte del que lo recibe, aunque el hecho o la omisión en virtud de la cual el pago ha sido efectuado, hubiese sido cumplido. Si hay torpeza por ambas partes, la repetición no tiene lugar aunque el hecho no se hubiese realizado.

Nota:795. Por la primera parte del artículo resulta que el dinero pagado, o la cosa dada a una persona para que se abstenga de un delito o de una acción inmoral, o para que cumpla una obligación, puede repetirse. L. 2, §§ 1 y 2, Dig. "De cond. ob. turp. cau". La ley romana decía: "quod si turpis causa accipientis fuerit, etiam res secuta sit, repeti potest". L. 1, § 2, Dig. eod. tít. Respecto a la segunda parte del artículo decía también: "ubi autem et dantis et accipientis turpitudo versatur, non posse repeti diximus". L. 3, Dig. eod. tít.

Sobre los cuatro últimos artículos, véase AUBRY y RAU, § 442 bis. POTHIER, "De las obligaciones", núms. 43 a 47. TOULLIER, t. 6, núm. 126. DURATON, t. 10, núm. 374. MERLIN. "Quest. verb. Cause des obligations".

ARTICULO 796 - Lo dispuesto en este capítulo es extensivo a las obligaciones putativas, aunque el pago no se haya verificado; y así, el que por error se constituyó acreedor de otro que también por error se constituyó deudor, queda obligado a restituirle el respectivo instrumento de crédito, y a darle liberación por otro instrumento de la misma naturaleza.

ARTICULO 797 - El que por error aceptó una liberación de su acreedor, que también por error se la dio, queda obligado a reconocerlo nuevamente como a su acreedor por la misma deuda, con las mismas garantías y por instrumento de igual naturaleza.

ARTICULO 798 - No obstante la liberación dada por error, el verdadero acreedor tendrá derecho a demandar a su deudor en los términos del anterior artículo, si la deuda no estuviere vencida, y servirá de nuevo título de crédito la sentencia que en su favor se pronuncie. Si la deuda estuviese ya vencida podrá demandar su pago.

CAPITULO IX

Del pago con beneficio de competencia

ARTICULO 799 - Beneficio de competencia es el que se concede a ciertos deudores, para no obligárseles a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoles en consecuencia lo indispensable para una modesta subsistencia, según su clase y circunstancias, y con cargo de devolución cuando mejoren de fortuna.

ARTICULO 800 - El acreedor está obligado a conceder este beneficio:

1º. A sus descendientes o ascendientes no habiendo éstos irrogado al acreedor ofensa alguna de las clasificadas entre las causas de desheredación;

2º. A su cónyuge no estando divorciado por su culpa;

3º. A sus hermanos, con tal que no se hayan hecho culpables para con el acreedor de una ofensa igualmente grave que las indicadas como causa de desheredación respecto de los descendientes o ascendientes;

4º. * A sus consocios en el mismo caso; pero sólo en las acciones recíprocas que nazcan del contrato de sociedad;

5º. Al donante, pero sólo en cuanto se trate de hacerle cumplir la donación prometida;

6º. Al deudor de buena fe que hizo cesión de bienes, y es perseguido en los que después ha adquirido, para el pago completo de la deuda anterior a la cesión, pero sólo le deben este beneficio los acreedores a cuyo favor se hizo.

Nota:799 y 800. Cód. de Chile, arts. 1625 y 1626. L. 1, tít. 15, Part. 5ª. L. 173, Dig. "De divers. reg. juris".

Nota de Actualización:* Ver art. 1733.

TITULO XVII

De la novación

ARTICULO 801 - La novación es la transformación de una obligación en otra.

Nota:801. MARCADE, núm. 747. La ley romana define la novación: "Novatio est prioris debiti in aliam obligationem transfusio atque translatio". L. 1, tít. 2, lib. 46 Dig. Lo mismo la L. 15, tít. 14, Part. 5ª, que reconoce dos casos de novación: 1°, cambio de la obligación; 2°, cambio del deudor. El Cód. francés, por los arts. 1271 y 1273, reconoce tres casos: 1°, una nueva deuda, 2°, un nuevo acreedor; 3°, un nuevo deudor. Lo siguen el Cód. sardo, arts. 1363 y 1365; holandés, 1449 y 1451; napolitano, 1225 y 1327.

ARTICULO 802 - La novación supone una obligación anterior que le sirve de causa. Si la obligación anterior fuese nula, o se hallaba ya extinguida el día que la posterior fue contraída, no habrá novación.

Nota:802. LL. 129 y 178, Dig. "De Regulis juris" Instit., lib. 3, tít. 30, § 3. La resolución del artículo no impide que una obligación natural pueda por medio de la novación ser convertida en una obligación civil. L. 1, § 1, Dig. "De nov.". POTHIER, "Oblig.", núm. 589. DURANTON, t. 10, núm 330. Tampoco se opone a que una obligación anulable, susceptible de confirmación, pueda, de la misma manera, ser transformada en una obligación válida. AUBRY y RAU, § 324, núm. 1.

ARTICULO 803 - La novación extingue la obligación principal con sus accesorios, y las obligaciones accesorias. El acreedor sin embargo puede, por una reserva expresa, impedir la extinción de los privilegios e hipotecas del antiguo crédito, que entonces pasan a la nueva. Esta reserva no exige la intervención de la persona respecto de la cual es hecha.

Nota:803. AUBRY y RAU. § 324, núm. 5. L. 15, tít. 14, Part. 5ª. LL. 18 y 30, tít. 2, lib. 46, Dig. Cód. francés, arts. 1278 y 1281; sardo 1370; napolitano, 1232; holandés, 1457.

ARTICULO 804 - El acreedor no puede reservarse el derecho de prenda o hipoteca de la obligación extinguida, si los bienes hipotecados o empeñados pertenecieren a terceros que no hubiesen tenido parte en la novación.

ARTICULO 805 - Sólo pueden hacer novación en las obligaciones, los que pueden pagar y los que tienen capacidad para contratar.

Nota:805. L. 17, tít. 14, Part. 5ª, Cód. francés, art. 1272; sardo, 1364.

ARTICULO 806 - El representante del acreedor no puede hacer novación de la obligación, si no tuviere poderes especiales.

ARTICULO 807 - Cuando una obligación pura se convierte en otra obligación condicional, no habrá novación, si llega a faltar la condición puesta en la segunda, y quedará subsistente la primera.

ARTICULO 808 - Tampoco habrá novación, si la obligación condicional se convierte en pura, y faltase la condición de la primera.

Nota:807 y 808. La razón en el caso de los dos artículos es que no existiendo la condición no hay más que una obligación, y toda novación requiere esencialmente dos obligaciones, Instit. § 3, tít. 30, lib. 3.

ARTICULO 809 - La novación entre uno de los acreedores solidarios y el deudor, extingue la obligación de éste para con los otros acreedores.

ARTICULO 810 - La novación entre el acreedor y uno de los deudores por obligaciones solidarias o indivisibles, extingue la obligación de los otros codeudores.

Nota:809 y 810. Porque el pago hecho a uno de los acreedores solidarios extingue la obligación.

ARTICULO 811 - La novación entre el acreedor y los fiadores, extingue la obligación del deudor principal.

Nota:811. Porque los fiadores pueden pagar por el deudor.

ARTICULO 812 - La novación no se presume. Es preciso que la voluntad de las partes se manifieste claramente en la nueva convención, o que la existencia de la anterior obligación sea incompatible con la nueva. Las estipulaciones y alteraciones en la primitiva obligación que no hagan al objeto principal, o a su causa, como respecto al tiempo, lugar o modo del cumplimiento, serán consideradas como que sólo modifican la obligación, pero no que la extinguen.

Nota:812. "Diciendo abiertamente", es la expresión de la L. 15, tít. 14, Part. 5ª, L. 8, tít. 43, lib. 8, cód. romano. Instit., § 3, tít. 30, lib. 3, Cód. francés, art. 1273, sardo, 1365.

ARTICULO 813 - Si el acreedor que tiene alguna garantía particular o privilegio en seguridad de su crédito, aceptase de su deudor billetes suscriptos en pago de la deuda, no hace novación de la primera obligación, si la causa de la deuda fuese la misma en una y otra obligación.

Nota:813. El que recibe billetes o letras, diciéndose en ellos que se reciben en pago de la deuda, no causa novación, porque el recibo en esos papeles de crédito es hipotético, si ellos fueren pagados. Esta verdad, dice MARCADE, ha sido consagrada por las decisiones constantes de los tribunales. Lo mismo enseña POTHIER. Pero DURANTON, t. 12, núm. 287, sostiene lo contrario sin buenos fundamentos. Las sentencias a que se refiere MARCADE tienen por razón el principio reconocido en todas las legislaciones, que en duda, la novación no se presume, y que para que suceda es necesario que la voluntad de las partes se manifieste claramente. La ley romana citada es la más terminante en la materia. La aceptación de los billetes de que habla el artículo, regularmente se hace como un medio para facilitar el pago.

ARTICULO 814 - La delegación por la que un deudor da a otro que se obliga hacia el acreedor, no produce novación, si el acreedor no ha declarado expresamente su voluntad de exonerar al deudor primitivo.

Nota:814. L. 15, tít. 14, Part. 5ª. L. 8, tít. 42, lib. 8, cód. romano. Cód. francés, art. 1275; sardo, 1367.

ARTICULO 815 - Puede hacerse la novación por otro deudor que sustituya al primero, ignorándolo éste, si el acreedor declara expresamente que desobliga al deudor precedente, y siempre que el segundo deudor no adquiera subrogación legal en el crédito.

Nota:815. L. 8, § 5, tít. 2, lib. 46, Dig. Cód. francés, art. 1274; sardo, 1366; holandés, 1452; napolitano, 1228.

ARTICULO 816 - La insolvencia del deudor sustituido, no da derecho al acreedor para reclamar la deuda del primer deudor, a no ser que el deudor sustituido fuese incapaz ya de contratar por hallarse fallido.

Nota:816. L. 15, tít. 14, Part. 5ª. L. 1, § 11, tít. 6, lib. 42, Dig. Cód. francés, art. 1276; holandés, 1454; sardo, 1368.

ARTICULO 817 - Habrá novación por sustitución de acreedor en el único caso de haberse hecho con consentimiento del deudor el contrato entre el acreedor precedente y el que lo sustituye. Si el contrato fuese hecho sin consentimiento del deudor, no habrá novación, sino cesión de derechos.

TITULO XVIII

De la compensación

ARTICULO 818 - La compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda. Ella extingue con fuerza de pago, las dos deudas, hasta donde alcance la menor, desde el tiempo en que ambas comenzaron a coexistir.

Nota:818. La ley romana dice: "Dedidisse intelligendus est, etiam is qui compensabit". L. 76, tít. 16, lib. 50, Dig. ZACHARIAE define la compensación del modo siguiente: "Es la extinción de dos obligaciones recíprocas que se pagan la una por la otra hasta la concurrencia de sus cantidades respectivas entre personas que son deudores la una hacia la otra". Nota primera, al § 570. El Derecho romano la define: "Compensatio est debiti et crediti (mutui) inter se contributio". L. 1, tít., 2, lib. 16, Dig. La Ley de Partidas: "Descuento de un debdo con otro", L. 20, tít. 14, Part. 5ª. Conforme con el artículo, L. 4, tít. 31, lib. 4, Cód. romano. LL. 21 y 22, tít. 14, Part. 5ª. "Fasta aquella quantía que el un deudor debiere al otro", dice la L. 21. "Hasta aquella quantía que montare", dice la L. 22, Cód. francés, art. 1290; napolitano, 1244; sardo, 1381; holandés, 1462; de Luisiana, 2204. La designación, hasta donde alcance la menor, es del cód. de Vaud, art. 961.

ARTICULO 819 - Para que se verifique la compensación, es preciso que la cosa debida por una de las partes, pueda ser dada en pago de lo que es debido por la otra; que ambas deudas sean subsistentes civilmente; que sean líquidas; ambas exigibles; de plazo vencido, y que si fuesen condicionales, se halle cumplida la condición.

Nota:819. LL. 20 y 21, tít. 14, Part. 5ª, L. 14, tít. 31, lib. 4, cód. romano. Cód. francés, art. 1291. ZACHARIAE, § 571, y notas 1, 6, 8 y 9. Se llama deuda líquida aquella cuya existencia es cierta, y cuya cantidad se encuentra determinada, "cum certum est an et quantum debeatur" (POTHIER, núm. 628). Exigiendo que las dos deudas sean igualmente líquidas, la ley, sin embargo, no establece que sean reconocidas por los deudores. Sin duda, una deuda contestada no es líquida, ni susceptible de entrar en compensación, a menos que el que la opone pueda justificarla prontamente. POTHIER, lugar citado. AUBRY y RAU, § 326. MAYNZ, § 372, núm. 4.

ARTICULO 820 - Para que la compensación tenga lugar, es preciso que ambas deudas consistan en cantidades de dinero, o en prestaciones de cosas fungibles entre sí, de la misma especie y de la misma calidad, o en cosas inciertas no fungibles, sólo determinadas por su especie, con tal que la elección pertenezca respectivamente a los dos deudores.

Nota:820. L. 21, tít. 14, Part. 5ª, LL. 4 y 8, tít. 31, lib. 4, cód. romano. LL. 10, 11 y 12, tít. 2, lib. 16, Dig. Cód. francés, art. 1291; sardo, 1382; napolitano, 1245; holandés, 1463; de Luisiana, 2205. "No basta que las cosas sean fungibles separadamente. Es preciso que lo sean la una con relación a la otra. Las cosas son fungibles, o no fungibles, según que son o no susceptibles de ser reemplazadas por otras cosas de la misma especie y calidad 'Res quarum una alterius vice fungitur'. Una pipa de vino de Burdeos de 1846 que formase el objeto de un préstamo de consumo, sería ciertamente una cosa fungible; entre tanto, ella no podría ser compensada con otra pipa igual de vino de Burdeos de 1866, igualmente fungible, considerada aisladamente; porque estas dos pipas de vino de calidad o de valor diferente no son fungibles entre sí". (AUBRY y RAU, §§ 166 y 326, nota 2).

ARTICULO 821 - Cuando ambas deudas no son pagaderas en el mismo lugar, sólo puede oponerse la compensación abonando las costas del pago en el lugar en que deba verificarse.

Nota:821. ZACHARIAE, § 571, nota 15. DURANTON, t. 12, núms. 386 y sigts., trata extensamente este punto. Cód. francés, art. 1296; sardo, 1387; napolitano, 1250; holandés, 1468; de Luisiana, 2210. Las leyes romanas no hablan precisamente de los costos para traer la cosa al lugar del pago sino algo más, abonando el interés del acreedor en ser pagado en el lugar en que debía hacerlo el deudor. "Quanti inter fuerit certo loco pecuaniam dari". Véase L. 15, tít. 2, lib. 16, Dig.

ARTICULO 822 - Para que se verifique la compensación es necesario que los créditos y las deudas se hallen expeditos, sin que un tercero tenga adquiridos derechos, en virtud de los cuales pueda oponerse legítimamente.

Nota:822. Cód. francés, art. 1298; sardo, 1389; napolitano, 1252. Véase MARCADE, sobre el artículo citado del Cód. francés, que pone varios ejemplos del caso de nuestro artículo.

ARTICULO 823 - Las deudas y créditos entre particulares y el Estado no son compensables en los casos siguientes:

1º. Si las deudas de los particulares proviniesen de remates de cosas del Estado, o de rentas fiscales, o si proviniesen de contribuciones directas o indirectas, o de alcance de otros pagos que deban hacerse en las aduanas, como derechos de almacenaje, depósito, etcétera;

2º. Si las deudas y los créditos no fuesen del mismo departamento o ministerio;

3º. En el caso que los créditos de los particulares se hallen comprendidos en la consolidación de los créditos contra el Estado, que hubiese ordenado la ley.

Nota:823. Véase "Proyecto de Freitas", art. 1169. TOULLIER, t. 7, núm. 379. La L. 1 "De Compensat", Cód. romano declaraba: "Compensationi fiscali ita demum locum esse, si eadem statio (oficina), quid debeat quoe petit. Adque hoc juris propter confutionem diversorum officiorum tenaciter servandum est". L. 45, § 5, Dig. "De juri Fisci", L L. 26, tít. 14, Part. 5ª, no permite oponer al fisco la compensación.

Este artículo fue derogado por el dec. 1387/2001. El dec. 1387/2001 a su vez fue derogado por el dec. 282/2002.

Publicamos el texto original del art. 823 por no tratarse de un caso de reviviscencia de la ley sino porque el dec. 1387/2001 fue dictado invocando las facultades de la ley de delegación de facultades Nº 25.414, pero el art. 1º, II, e) de esta ley prohíbe expresamente la modificación del Código Civil. Hoy esta norma también está derogada.

ARTICULO 824 - No es compensable la obligación de pagar daños e intereses por no poderse restituir la cosa de que el propietario o poseedor legítimo hubiese sido despojado, ni la de devolver un depósito irregular.

Nota:824. LL. 5, tít. 3 y 27, tít. 14, Part. 5ª. L. 14, tít. 31, lib. 4, Cód. romano. Se dispone sobre la obligación de satisfacer daños e intereses, y sobre el depósito irregular, porque la compensación no puede tener lugar sino respecto a las deudas de cosas fungibles. En el depósito regular, debe restituirse la misma cosa, un cuerpo cierto, y por consiguiente no sería preciso exceptuar de la regla un caso, que no podría ser comprendido en ella.

La ley de Partidas, el Cód. francés, el de Chile y los demás códigos publicados, siguiendo al Código de Napoleón, exceptúan también de la compensación, el comodato o préstamo a uso, lo que en verdad es un contrasentido. El comodato tiene por su naturaleza, por objeto, un cuerpo cierto y determinado, y desde que el comodatario pudiese volver otra cosa que el cuerpo cierto que se le prestó, no sería comodato o préstamo a uso, sino un préstamo de consumo, un mutuo. Por consiguiente, desde que el objeto del comodato es necesariamente un cuerpo cierto e individualmente determinado, y desde que la compensación no es posible sino entre deudas de cosas fungibles, no hay lugar ni necesidad de la excepción. Véase MARCADE sobre el art. 1293 del cód. francés, núm 830, y principalmente un escrito muy científico de DURANTON, inserto en la "Revista de Legislación", de Foelix, año 1846, contra varios artículos del Cód. francés.

ARTICULO 825 - No son compensables la deudas de alimentos, ni las obligaciones de ejecutar algún hecho.

Nota:825. Las citas de los códigos en el artículo anterior. Siendo la compensación un pago que puede hacerse cumplir aun contra la voluntad de los deudores, no es posible desde que el deudor no puede ser obligado al pago efectivo. La deuda por alimentos, no puede ser embargada. Si la compensación pudiese tener lugar en deuda tal, traería el pago forzoso en una suma o con un derecho que en el juicio no puede ser embargado, ni respecto de la cual el deudor puede ser obligado a cederla. En cuanto a las obligaciones de hacer, el artículo se funda en que esas obligaciones no son sobre cosas fungibles, únicas en que la compensación puede tener lugar.

ARTICULO 826 - No son compensables entre el deudor cedido o delegado y el cesionario o delegatario, los créditos contra el cedente o delegante que sean posteriores a la cesión notificada, o a la delegación aceptada.

Nota:826. Cód. francés, art. 1295; sardo, 1386; napolitano, 1249.

ARTICULO 827 - Tratándose de títulos pagaderos a la orden no podrá el deudor compensar con el endosatario, lo que le debiesen los endosadores precedentes.

ARTICULO 828 - El deudor o acreedor de un fallido sólo podrá alegar compensación en cuanto a las deudas que antes de la época legal de la falencia ya existían, y eran exigibles y líquidas; mas no en cuanto a las deudas contraídas, o que se hicieren exigibles y líquidas después de la época legal de la quiebra. El deudor del fallido en este último caso, debe pagar a la masa lo que deba, y entrar por su crédito en el concurso general del fallido.

Nota:828. En cuanto a la primera parte, la resolución del artículo es el efecto legal de la compensación, dar las deudas por pagadas, desde el tiempo en que los créditos fueron líquidos y exigibles, como queda establecido en el art. 818.

ARTICULO 829 - El fiador no sólo puede compensar la obligación que le nace de la fianza con lo que el acreedor le deba, sino que también puede invocar y probar lo que el acreedor deba al deudor principal, para causar la compensación o el pago de la obligación. Pero el deudor principal no puede invocar como compensable su obligación, con la deuda del acreedor al fiador.

Nota:829. L. 24, tít. 14, Part. 5ª, L. 5, tít. 2, lib. 16, Dig. Cód. francés, art. 1294; sardo, 1385; napolitano, 1248; holandés, 1466.

ARTICULO 830 - El deudor solidario puede invocar la compensación del crédito del acreedor con el crédito de él, o de otro de los codeudores solidarios.

Nota:830. En contra: los artículos de los códigos citados en el artículo anterior. MARCADE, núm. 837, los impugna con las razones más sólidas y nuestro artículo es el resultado de sus doctrinas.

ARTICULO 831 - Para oponerse la compensación, no es preciso que el crédito al cual se refiere se tenga por reconocido. Si la compensación no fuere admitida, podrá el deudor alegar todas las defensas que tuviere.

TITULO XIX

De las transacciones

ARTICULO 832 - La transacción es un acto jurídico bilateral, por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas.

Nota:832. AUBRY y RAU, § 418. Véase L. 34, tít. 14, Part. 5ª. L. 38, tít. 4, lib. 2. Cód. romano. L. 1, tít. 15, lib. 2. Dig. Cód. francés, art. 2044; de Luisiana, 3038; sardo, 2083; holandés, 1888; austríaco, 1380. Las disposiciones de los códigos de Austria y de Prusia sobre la necesidad de concesiones recíprocas y de derechos contestados, confirman la definición que damos. El primero de estos códigos, art. 1381, dice: "La remisión de un derecho litigioso o dudoso hecha al obligado constituye una donación". El de Prusia, art. 408, dice: "Las transacciones sobre derechos no contestados, serán miradas como una renuncia". La ley citada del cód. romano, declara también: "Transactio, nullo dato vel retento seu promisso, minimé procedit".

ARTICULO 833 - Son aplicables a las transacciones todas las disposiciones sobre los contratos respecto a la capacidad de contratar, al objeto, modo, forma, prueba y nulidad de los contratos, con las excepciones y modificaciones contenidas en este título.

ARTICULO 834 - Las diferentes cláusulas de una transacción son indivisibles, y cualquiera de ellas que fuese nula, o que se anulase, deja sin efecto todo el acto de la transacción.

Nota:834. AUBRY y RAU, § 421. MERLIN, "Verb. Trans.", § 5, núm. 3. TROPLONG, "Transact.", núm. 133.

ARTICULO 835 - Las transacciones deben interpretarse estrictamente. No reglan sino las diferencias respecto de las cuales los contratantes han tenido en realidad intención de transigir, sea que esta intención resulte explícitamente de los términos de que se han servido, sea que se reconozca como una consecuencia necesaria de lo que se halle expreso.

Nota:835. L. 9, tít. 15, lib. 2, Dig. Cód. francés, arts. 2048 y 2049; sardo, 2088; holandés, 1892; de Luisiana, art. 3040. AUBRY y RAU, § 421. ZACHARIAE, § 768, MERLIN, "Rep. Verb. Transact.", § 4.

ARTICULO 836 - Por la transacción no se transmiten, sino que se declaran o reconocen derechos que hacen el objeto de las diferencias sobre que ella interviene. La declaración o reconocimiento de esos derechos no obliga al que la hace a garantirlos, ni le impone responsabilidad alguna en caso de evicción, ni forma un título propio en que fundar la prescripción.

Nota:836. L. 33, tít. 4, lib. 2, cód. romano. AUBRY y RAU, § 421. POTHIER, "De la vente", núm. 647. TROPLONG, "Trans.", núms. 7 a 10.