LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS - EL TRABAJO DEL ABOGADO - SU RESPETO - CONDICIONES POSIBLES PARA HACER EFECTIVA LA JUSTICIA

 

HONORARIOS DE LOS ABOGADOS.

 

Cada caso se examina.

 

 

Nota relativa a honorarios del Dr. Juan Carlos Muse Generch.

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LAS INJUSTICIAS Y EL TRABAJO DEL PROFESIONAL ABOGADO – ACUERDOS.

 

De conformidad con nuestro sistema republicano y democrático de gobierno, donde por el primero, supuestamente se asegura al segundo, y a la función representativa, los jueces no están ajenos a la función.

No importa el modo de nombramiento. Nada tiene que ver el origen de sus nombramientos (desde otro funcionario o por elección a modo de sufragio) con la función a la que están llamados a prestar, es decir, la representación de los intereses del pueblo, y del individuo, en particular, que, al sentir de German Bidart Campos, este último es, el que, realmente tiene existencia real, o sea el individuo de carne y hueso, como él lo llama, con toda razón.

La Constitución Nacional establece el juicio por jurados como medio asegurativo de esa función representativa. Por ende, abarca a todos los funcionarios del Poder Judicial, o de la función judicial, como más apropiadamente se la debe llamar.

Hay elementos por los cuales se advierten, más que deficiencias, falsedades en lo que concierne a la representación democrática y por ende representativa.

Por causa del derecho de generación abstracta heredada, sin beneficio de inventario, del Derecho Francés, comienza a brindarse el mal llamado servicio de justicia en aras de la paz social. Pero, y sin embargo ello ha llevado a una mentira que ha infectado a la democracia y ha hecho que la fe, en esa idea se haya constituido en el motor fundamental por el que el sistema judicial persiste hasta nuestros días de una manera mucho más que deficiente y por ende peligrosa.

Es el llamado “Derecho Continental”, que lo importamos. El derecho continental europeo, o simplemente derecho continental (en ocasiones denominado Sistema romano francés o Sistema romano germano francés) es el sistema jurídico derivado de aquél aplicado en Europa continental, cuyas raíces se encuentran en el derecho romano, germano y canónico y en el pensamiento de la Ilustración, y que es utilizado en gran parte de los territorios europeos y en aquellos colonizados por éstos a lo largo de su historia. Se suele caracterizar porque su principal fuente es la ley, antes que la jurisprudencia, y porque sus normas están contenidas en cuerpos legales unitarios, ordenados y sistematizados (códigos). El otro gran sistema jurídico europeo es el Derecho anglosajón o Common Law.

El nombre de derecho continental proviene de la separación geográfica entre las Islas británicas, de donde proviene el derecho anglosajón, y el resto del continente europeo (central y occidental). Los Estados anglosajones llaman Civil law al derecho continental. Ellos iniciaron su derecho de manera democrática, generando leyes a partir de los precedentes judiciales de muchos casos particulares, invirtiendo lo abstracto por lo concreto – al individuo -, y analizaron primero el conflicto en sí mismo para buscar, para ese conflicto en particular la solución más justa posible, y cuando una cantidad importante de fallos en situaciones similares se dictaron en un sentido, entonces, y sólo entonces, generaron una muy genérica ley, dejando paso a más casos particulares que se asemejen. El Derecho Continental, que heredamos, es el lado contrario a ese sistema de derecho. Es racionalista y constituye, por ende, la negación del individuo y de su realidad particular.

Los mismos jueces reconocen en sus propios fallos, que la maquinaria judicial, es “peligrosa”, y que, por lo tanto, no hay que incitarla a funcionar. Al mismo tiempo que ello sucede afirman su función de promover la paz social. Nada más incompatible que esas dos afirmaciones que hacen de sí.

Los magistrados nos dan, pasando por los excesos rituales y sobrepasando la idea que el proceso es un elemento para la realización de la justicia, en el mejor de los casos, una sentencia justa, se señala en la misma o en el curso previo a su dictado, que es la que resulta más adecuada para un caso en particular.

Nada más falso.

Como demostración de ello tenemos un ejemplo, que es que las leyes se reputan conocidas por todos, no pudiéndose alegar la ignorancia de estas.

Esto sin lugar a duda es una ficción. O sea, la piedra basal misma de nuestro Derecho, es una ficción, resuelta allá por los años, por Dalmacio Vélez Sarsfield en la redacción del Código Civil, mantenido por el nuevo Código Civil y Comercial del año 20015.

Se señalaba, en el artículo 923 que “La ignorancia de las leyes, o el error de derecho en ningún caso impedirá los efectos legales de los actos lícitos, ni excusará la responsabilidad por los actos ilícitos.”

Veamos sus fundamentos expresados en su Código Civil:

Nota:923. La noción exacta de una cosa puede faltarnos, dice SAVIGNY, ya porque no tengamos ninguna idea, o ya porque tengamos una falsa idea. En el primer caso hay ignorancia, en el segundo, error. La apreciación jurídica de estos dos estados del alma es absolutamente la misma, y desde entonces es indiferente emplear una u otra expresión. Los jurisconsultos han adoptado la segunda, porque respecto a las relaciones de derecho el error se presenta más de continuo que la simple ignorancia. Esta fraseología no ofrece ningún inconveniente desde que es entendido que todo lo que se dice del error se aplica a la ignorancia. Cap. 3, "Origen y fin de las relaciones de derecho" y apéndice 8, al principio. Respecto al artículo, L. 20, tít. 1, Part. 1ª. L. 31, tít. 14, Part. 5ª. L. 24, tít. 22, Part. 3ª. Los arts. 1º y 2º del título preliminar de las leyes: L. 1, tít. 6, lib. 22, Dig. L. 12, tít. 18, lib. 1, cód. romano. Véase cód. francés, art. 1110; sardo, 1196 y 1197; holandés, 1357; de Luisiana, 1813. Este último código trae veintidós artículos sobre el error.

SAVIGNY en el apéndice 8º que se encuentra al fin del t. 3, "Del Derecho Romano", ha tratado extensamente sobre el error de hecho o de derecho, entrando en las cuestiones tan debatidas por CUJACIO y VINNIO. El apéndice de SAVIGNY, es el más ilustrado tratado que puede estudiarse sobre la materia.

En estos últimos tiempos el jurisconsulto POCHANET ha escrito un tratado especial sobre el error, entrando en el examen de las doctrinas asentadas por VINNIO, SAVIGNY y CUJACIO. Este es un trabajo lleno de ciencia y de buen juicio en la interpretación de los textos del Derecho romano. Tomamos de él el párrafo siguiente que enseña y explica la doctrina del artículo. Dice así: "El error de derecho no excusa jamás, no puede tener el efecto de hacer declarar como no sucedida una obligación perfecta, según las leyes, ni hacer renacer un término legalmente vencido. En los casos siguientes, por ejemplo, no es admisible la alegación del error de derecho: Yo he cometido un delito, y para disculparme me excepciono con mi ignorancia de la ley penal. Heredero legítimo, he aceptado una sucesión pura y simplemente, y pido ser librado de mi aceptación, porque ignoraba que el heredero fuese obligado a pagar las deudas de la sucesión 'ultra vires hoereditatis'. Yo demando la resolución de un contrato de venta, porque siendo el vendedor, ignoraba que la ley me imponía la obligación de saneamiento. El sentido de la máxima 'error juris nocet', es bien claro: al que quiere sustraerse a la aplicación de una ley de policía, al que pretende escapar de las consecuencias legales de un acto jurídico regular y válido; al que procura salvarse de un término vencido, alegando su ignorancia del derecho, le oponemos la regla 'error juris nocet'.

La prueba del error de derecho no puede admitirse siempre que se quiera bajo pretexto de error de derecho, eludir una disposición legal que críe una obligación, pronuncie una nulidad, o el vencimiento de un término. La ley, el derecho, se suponen sabidos desde que son promulgados, y esta disposición, base del orden social, no puede admitir que a cada individuo le sea permitido probar que ignoraba la ley". "Revista crítica", t. 8, p. 177, y t. 9, p. 178.

BRESOLLES, sabio jurisconsulto francés, ha tratado últimamente todas las cuestiones sobre el error de derecho, combatiendo muchas de las opiniones de CUJACIO y SAVIGNY, y concluye estableciendo dos reglas que también confirman la disposición de nuestro artículo.

Regla 1ª. "La ignorancia de la ley no puede servir de excusa siempre que es invocada para sustraerse a obligaciones que impone, o a las penas que pronuncia contra sus infracciones".

Regla 2ª. "Cuando, al contrario, esta ignorancia es invocada con objeto de aprovecharse de los derechos que la ley concede o protege, puede servir de base a una demanda de restitución". "Revista Wolowski", año 1843, t. 2, p. 158.

ROGRON, en una larga nota al art. 1110 del cód. francés, sostiene que el error de derecho puede ser invocado como una causa de nulidad del acto, cuando el error lo ha motivado, o cuando el acto tiene por fundamento un error de derecho, porque entonces la obligación, el contrato o el acto quedan sin causa.

Es una repetición de un concepto vertido anteriormente en el artículo 20 del Código Civil, al decir: “La ignorancia de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por la ley”.  Nuevamente vemos que el sistema admite ciertas ignorancias.

Nota: Artículo 20. L. 3, tít. 14, Part. 5ª, Cód. de Luisiana, art. 7º, Cód. de Austria, art. 2º. Véase el proyecto de GOYENA, art. 2º y ZACHARIAE § 26. Las LL. 21, tít. I, parts. 1ª y 6ª, tít. 14, Part. 3ª, copiaron las leyes romanas sobre la ignorancia del derecho.

Claro estaba para el redactor del Código Civil que, de esa manera, muchos problemas se solucionaban dentro del concepto abstracto e idealizado.

Diferente al anglosajón de raíz, desde que éste, ha hecho de las costumbres y de la forma de ser de un pueblo, su ley. Por ende, no necesitarían analizarlas o estudiarlas.

Se exige, en realidad, el conocimiento de la ley, no el ser abogado o jurista. La jurisprudencia nacional, por poco nos exige conocimientos de abogados.

Pero Vélez Sarsfield, mediante ese modelo, permitió la consolidación de la colonización europea en territorio nacional. Y por supuesto superaba el problema del aborigen que alegaba o podía alegar el desconocimiento de las leyes.

El pretexto es la anarquía en materia de relaciones jurídicas, o la evitación del problema de alegación “yo no sabía” que, suelen ser alegaciones ciertas, pero que, por una cuestión de seguridad de los actos jurídicos, se ha hecho extensivo a casi toda situación, aún cultural y geográfica ( ver fallo de la Cámara Nacional en lo Civil., Sala D, en ED 102-258, citado en “Comentario al art. 20”, en Llambías, Jorge J.; Raffo Benegas, Patricio y Posse Saguier, Fernando, Código Civil anotado, t. 1-A, Bs. As., Abeledo Perrot, 2002, p. 80.).

Existió una direccionalidad a la ignorancia de las leyes, que se produjo cuando esa situación, está prevista legislativamente como excusa presentable, pero en realidad eran, infinitamente más, los errores de hecho, habiéndose admitido el de derecho cuando el pariente que entra en posesión de la herencia se lo reputaba de buena fe cuando por error de hecho o de derecho se cree legítimo propietario de la sucesión cuya posesión tiene. Los parientes más lejanos que toman posesión de la herencia por la inacción de un pariente más próximo, no son de mala fe, por tener conocimiento de que la sucesión está deferida a este último. Pero son de mala fe, cuando conociendo la existencia del pariente más próximo, saben que no se ha presentado a recoger la sucesión porque ignoraba que le fuese deferida. ( art. 3428 del viejo Código Civil ).

Actualmente bajo el imperio del nuevo Código Civil y Comercial, ni esta excepción está contemplada.

Sea como fuere, la ficción se colocó en un primer lugar, y en otros pueblos como Inglaterra y sus colonias o ex colonias, la ficción ocupó un segundo lugar. Eso ha sido mas democrático. El mundo del Derecho anglosajón se conoce como Commowealth. El vocablo inglés Commonwealth (de common, común, y el antiguo weal, que derivó en wealth, fortuna) significa literalmente riqueza común o en una sola palabra: Mancomunidad. El significado deriva del término latín Res publica (cosa pública) y actualmente se usa en relación con una comunidad política. La más conocida con esta denominación en el mundo actual es la Commonwealth of Nations, una comunidad de naciones vinculada al Reino Unido.

Verdaderamente el modo de ser y de pensar de un pueblo hacía a su democracia y a su Constitución misma, aunque no sea escrita.

Nosotros seguimos con la ficción. Todos somos ya no conocedores de la ley, podemos asegurar que se nos exige ser abogados.

Por otro lado, la inexistencia real de jurados nos apartó del sistema inductivo de la generación de las leyes, propio del derecho anglosajón. Y en cambio se ha adquirido el sistema racionalista francés, por el cual la legislación podía ser imaginada y plasmada en un Código, para luego ser aplicada.

Los que hemos experimentado esto, somos los propios individuos de carne y hueso.

De tal manera que, la legislación, nos ha puesto un traje como sentencia que hace a la paz social, pero nunca se ha podido establecer si ese traje, conforme a este sistema, es del talle del individuo que reclama justicia.

Pero, por otro lado, el monopolio de la violencia por parte del Estado nos lleva a la conclusión que es la única manera de acudir en pos de la justicia.

Luego en un sinnúmero de acepciones, llamaron incluso “equidad” a la aplicación de la justicia de un modo particularizado a las llamadas “circunstancias del caso”.

¿Qué son las circunstancias del caso?

Son nociones jurisprudenciales conforme con las cuales el juez se impondría un poco de la realidad abstracta en la que dictan sus sentencias y se imponen, creen, de ciertas realidades, que hacen al conflicto en sí mismo y a los reclamos precisos de justicia, acercándose, creen, a la realidad de estos individuos de “carne y hueso” que buscan que el Estado haga algo por sus reclamos y las razones de los mismos.

No buscan nuestro bien, sino la paz social, como denominan, concepto puramente abstracto, que tiene que ver más con lo colectivo que con lo individual, mas con el sistema en el que estamos inmersos, del que somos pura herramienta, que superan con creces, la justicia a nivel individual.

Por este motivo se habla de vacíos legales. En realidad, hay una “inflación legislativa” que pretende, ficticiamente abarcar cuanta realidad pueda presentarse.

Y por supuesto, esa inflación legislativa de la que no se puede alegar su ignorancia. Por ende, ese mensaje judicial en las sentencias y todo tipo de resoluciones no es otra cosa que seguir en la ficción y continuar negando la realidad.

Nuestro sistema nos dice: “Busquen en las normas legales y van a ver que su situación particular está contemplada”.

Nada más falso, podemos leer toda la legislación, tal vez, cosa que ni los abogados pueden hacerlo, en realidad, pero ese es el mandato implícito.

De allí que, en las múltiples acepciones de “equidad” se encuentre lo llamado “circunstancias del caso” que es el ficto acercamiento a la realidad.

Y digo ficto, por cuanto del perverso sistema instalado para América Latina, es igual para nuestro país que para cualquier otro de la región como en el continente europeo.

Si bien es cierto que somos diferentes, y que por esa situación somos llamados “individuos”, ciertamente resulta difícil que el Estado pueda darnos la paz y satisfacción de la justicia, como nosotros la vivenciamos. Entonces hay un margen de resignación que debemos aceptar, por cuanto el Estado, nunca puede imponerse completamente de nuestras circunstancias particulares. Ello resulta una misión imposible.

De allí la prohibición de la justicia por propia mano, para empezar, por cuanto no se puede reducir a términos escritos, qué es todo lo que sentimos.

No hay palabra más contundente que la emoción volcada a otra persona, sea magistrado o no para que éste tome mayor conocimiento de nuestras circunstancias particulares.

Ello no está previsto en nuestro orden legal, simple, y sencillamente, por su estructuralismo.

Estos defectos fundamentales de la justicia se ven reflejados en una multiplicidad de situaciones.

Son muchísimos, incontables, los ejemplos que se pueden dar.

Uno de los más relevantes y demostrativos que se me ocurre dar ahora, es esta acepción, meramente racionalista, que es falsa, en el sentido que las costas de un proceso judicial, no constituyen un castigo, sino el reembolso de los gastos que la parte reclamante vencedora en un proceso judicial, tiene derecho al mismo.

Esta consideración volcada en varios fallos es una afirmación falsa.

Si bien la ley es interpretable y hay que hacer el esfuerzo en todo sentido para adecuar la legislación a esas circunstancias del caso ( que mayormente se llama “equidad” ), en la práctica por un tema interpretativo legal en la que los señores jueces disienten con las partes y sus letrados, imponen alegremente costas, por el principio de la victoria y de la derrota en un proceso judicial cualquiera por el simple hecho de vencer y ser vencido.

Y no hay, en general, para no ser injustos, y reitero, en general, otro funcionamiento.

Ocurre así que las costas sí se convierten en un castigo, de manera indirecta, porque se trata de temas interpretativos de una legislación genérica que nunca puede abarcar la tofalidad de los casos particulares.

Este y muchos ejemplos, nos han regresado a las bases de derechos basales establecidos en los tratados internacionales.

Nuevamente revisamos los libros, por decirlo de alguna manera, en cuanto a nuestros derechos como personas, y como individuos.

Entonces la legislación, al fracasar, vuelve a sus orígenes, y vuelve a reglamentar la aplicación de esos derechos reconocidos en tales tratados.

Los autores, dogmáticos, que siguen esta línea, se la pasan escribiendo y haciendo alusiones a lo que el otro autor dijo o señalo, y cuando, para variar, están ya fallecidos, se les llama ya “maestros” del Derecho.

La cruda realidad que vengo exponiendo, es tan clara que, muchos autores señalan que alguno de estos fallecidos “descubrió” alguna verdad en la maraña de la legislación que le tabapa la visión.

En realidad, no descubrió absolutamente nada, sino que, sencillamente, de la maraña legislativa, alcanzó a mirar lo que el propio loquero de legislación le tapaba como ramas que impedían a los demás ver, o dejó de mentirse a sí mismo. Hoy, es un héroe, digámoslo así, un jurista, un, poco más, poco menos, un premio nobel.

Se habla del valor justicia y los mismos magistrados no distinguen la justicia de los tribunales.

Otro ejemplo, es un caso, o mejor dicho, una serie de casos, por los cuales un cónyuge debía guardarle fidelidad al otro, aún separado de hecho, y aún con separación personal dispuesta por los jueces. Ese deber de fidelidad era tan extensivo, que un juez, “se dio cuenta” que ello equivalía a una condena ilícita ( la condena de una persona al celibato ).

Entonces ¿qué sucede? Simple y sencillamente que otro, que, a raíz, del “precedente revolucionario”, y hago bien en ponerlo entre comillas, genera una consecuencia a por dicho precedente judicial, que es que los demás autores hablen de este tema y la justicia, de los autores y viceversa.

Que tampoco es un tema muy complicado, basta con pensar que antes de jueces y abogados, fuimos seres humanos.

Sólo ha consistido en el hecho que un juez, se haya reconocido, así mismo como ser humano y nada más.

La maraña de controversias se suscita, y existen autores que permanentemente han discutido esta solución por la cual, no se condenó por infidelidad al que se encontraba separado.

Pero es tan engorrosa por fracasada nuestra legislación y tan confundidos los autores, que el ser humano mismo, es condenado y sacrificado en la hoguera legal, para la preservación del sistema.

Otro ejemplo más, para dar y no ser tan extenso en esta presentación, es la dogmática de la mayoría de edad. Me he referido a todos estos problemas a los que estoy aludiendo, a lo largo de estas páginas que componen un sitio web, y que es mi deseo decirles a los lectores, cuanta injusticia existe y como procurar evitarla, primero señalando las orientaciones de nuestro Poder Judicial, y luego brindando un servicio de justicia, que es el que más se amolde a las necesidades. Esa es la diferencia entre consulta y asesoramiento.

Por supuesto los abogados somos llamados “auxiliares de la justicia”. Nosotros no somos auxiliares de esa justicia, a lo menos de esa, que ha venido a Latinoamérica por los iluminados racionalistas de la época de la revolución francesa a este continente. Y los demás países que han recibido esa pésima herencia ( casi todos los europeos del continente ) han hecho y siguen haciendo esfuerzos enormes para procurar acercarse más al individuo y alejarse del sistema u ordenamiento abstracto de qué sería para los iluminados, esa realidad que imaginaron.

Lejos estamos de un sistema representativo y por ende de la democracia, cuando el Poder Judicial funciona de esta manera.

Otro caso enigmático y que sirve de gran ejemplo, es la prescripción adquisitiva de inmuebles.

Suponer que se posea un inmueble, - también muebles, cuidado con esto – contra la voluntad del titular del dominio, de forma pública, pacifica, e ininterrumpida, supone que ese titular de dominio sea en casi todos los casos imaginables, un mártir que desee morir en la cruz y no vaya a reaccionar tras la ocupación de su propiedad.

Y con todo ello quiero decir y señalar que los abogados, no somos auxiliares de la justicia ni de nadie, ni de los autores.

Somos, para compararnos con alguien, como ajedrecistas de los cuales podemos diferenciar a los honestos y que se imponen de las circunstancias fácticas de un individuo y su problemática y jugamos sucio o lo hacemos de manera honesta.

Se ha hablado mucho de la represión, y de la época de la represión comenzada en la Argentina en 1976, ( en realidad es bastante anterior ), pero en verdad, la represión sigue de otra manera.

La ley es un arma, en definitiva, un arma que sirve para la defensa de los intereses reales del pueblo y del individuo, o para reprimirlo. En esto consiste el juego de ajedrez al que estoy aludiendo.

Creo haber sentido el clamor de justicia y las razones que lo inspiran y lo entiendo. Por ello, quienes más ganan son los más informados, y aquellos que poseen los datos y, a veces, los contactos para circunscribirse a dictar los fallos mediante precedentes obtenidos de libros, de autores que mantienen esta especie de super estructura.

Sirva de ejemplo, además, tanto ruido con los derechos de los consumidores, que antes de existir ese derecho en la consagración legislativa era mucho más respetado que con la legislación actual que específicamente contempla los derechos del consumidor.

De allí que, la inflación legislativa, haya demostrado ser algo bastante estéril y más que estéril, muchas veces una moda, y algo contra producente.

Me llama poderosamente la atención que se diga que la ley de contrato de trabajo, parte de un principio protectorio basado en la desigualdad de fuerzas entre empleador y empleado.

Los juicios laborales duran añares, siendo el carácter alimentario, en consecuencia, risible.

Muchos jueces no disponen de embargos preventivos y el plazo del reclamo laboral es de dos años ( lo cual es lógico siempre que aleguemos ese carácter alimentario ), mientras que en la realidad el trabador en todo ese tiempo no vive de sus ahorros.

Pero los jueces siguen en el racionalismo y la abstracción, creen que en las leyes laborales está todo contemplado.

Veamos algunos ejemplos comparativos: El Código Civil considera un plazo de reclamo judicial por prescripción de 10 años, mientras que la ley 20.744 fija solo dos años.

Además, el Código Civil, por razones atendibles, prevé la dispensa de la prescripción, como, por ejemplo, una enfermedad que le impedía iniciar un reclamo judicial.

La ley de contrato de trabajo 20.744 no contempla esa posibilidad, aun cuando esté el trabajador internado, inconsciente, con un respirador artificial, debe saber que el juez laboral, aplicará sin que nadie se lo solicite ese plazo llamado de “prescripción” ( no lo es ) sin que usted pueda pedir dispensa alguna y pasados esos dos años, nada podrá reclamar.

Para el derecho civil, el despido es un acto ilícito, pero lícito para el Derecho Laboral.

Si bien es cierto que, les sirve muchas veces, más al empresario y al trabajador, ciertamente los mayores beneficios se notan por su ausencia.

Lo mismo sucede con el monto de las indemnizaciones, ilimitadas en las normas civiles, limitadas en las laborales.

 

Con todo lo expuesto, señalo, en consecuencia, el respeto que se debe tener por el abogado, en su duro trazado de una estrategia o un asesoramiento para conseguir justicia. Justamente donde los débiles no valoran y el trabajo es arduo, no se valora adecuadamente el trabajo del profesional abogado.

 

Esto de nada invalida, por el contrario, la posibilidad de celebrar acuerdos que obligan a los abogados y a los clientes a cumplir con sus recíprocas obligaciones, de modo tal que, tanto el abogado como el cliente se sientan seguros en cuanto a los reclamos que puedan hacerse el uno al otro y, obvia, y naturalmente, la asunción de las responsabilidades que en cada caso ello involucra.

 

 

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